Varios productores agropecuarios se reunieron a metros de la Legislatura de la provincia de Santa Fe. Llegaron desde Rosario, Rafaela y Sastre. Fue para llegar juntos a las 10 de la mañana de este martes a la mesa de entradas del Senado, lugar donde se entregan las propuestas de reforma para la nueva Constitución de la Provincia. Buscaban hacer lo propio con cuatro proyectos que tienen alrededor de 300 adherentes formales para proteger la propiedad privada y asegurar el equilibrio entre campo y ciudad.

El coordinador de los trabajos fue Bryan J. Mayer, ex candidato a convencional por el departamento Castellanos. Según explicó el funcionario, “estaba trabajando en 14 proyectos de diversos temas que venía desarrollando con mi equipo cuando Fernando Belinde y la Asociación de Productores Unidos me propuso hacer algo en conjunto con colegas de Rosario y Sastre, lo que me pareció muy atinado ya que fueron temas que también impulsé durante la campaña”.

Al revisar los nombres del equipo redactor se distingue a María Soledad Aramendi que, si bien trabajó a título personal, es Presidente de la Sociedad Rural de Rosario. Junto a ella se destaca también la participación del Ing. Agr. Guillermo Farbman. Aramendi mantiene un alto perfil en materia agropecuaria y su presencia en esta movida demuestra las severas inquietudes que hay en el sector rural sobre el contenido de la futura carta magna de nuestra provincia.

Una zona muy golpeada por la legislación vigente y la interpretación de la misma es la de Sastre y Garibaldi, por ello no sorprende que Daniel Bernard, acompañado por Mariano Trossero y María Celia Baldo hayan trabajado en detalle con el resto del equipo. Sumaron fuerte acompañamiento de un nutrido grupo de productores y vecinos autoconvocados que tomaron el toro por las astas, como dicen en el campo.

“Parece que en las comunas y municipios se olvidaron de lo que es el respeto inamovible de la propiedad privada y el respeto por la propiedad preexistente.”

Entre sus declaraciones a la prensa, Belinde hizo hincapié en “el avance que los límites urbanos van teniendo hacia el sector rural y las implicancias que eso tiene para la producción”. Por su parte, Bernard indicó que “la mala información que existe sobre la aplicación fitosanitaria genera un gran prejuicio que se traduce en políticas erradas que generan un gran daño sin que nos den herramientas para contrarrestarlo”. Además, todos coincidieron en que la inseguridad rural es uno de los grandes problemas que acechan el desarrollo productivo sin compromiso político de solución.

En ese marco, los cuatro proyectos se pueden resumir primeramente en uno que propone establecer “principios en materia de protección del ambiente y de los recursos naturales, ordenamiento territorial y ambiental y desarrollo sostenible; contemplando la sostenibilidad económica, social y ambiental de las actividades productivas y garantizando la protección de la propiedad privada.”

El segundo, propone que no se pueda declarar zona urbana a toda aquella donde aún no se hubieran asegurado los servicios básicos. Sin perjuicio de ello, también reclaman un resarcimiento económico para todo actor privado que se vea afectado en su capital o producción por medidas del Estado, en cualquiera de sus niveles, que los afecte. También contiene un inciso para agilizar la reubicación de asentamientos irregulares.

En línea con el cierre del anterior, otro proyecto prohíbe la circulación en propiedad privada en lugares donde existan caminos públicos, excepto previa autorización o por tratarse de una situación de urgencia. Esto se debe a la gran cantidad de casos de intrusión denunciados en toda la provincia, que no guardan consecuencias contundentes.

Finalmente, los referentes y sus adherentes pidieron plasmar que los municipios y comunas no puedan arbitrariamente o subjetivamente, ni sin la participación de personal técnico o profesional llevar adelante restricciones a las diversas actividades económicas legalmente aceptadas; contra la propiedad privada ni contra el derecho al trabajo. También se plantea un resarcimiento en consecuencia, por el lucro cesante. Esta iniciativa apunta especialmente contra los famosos “límites agronómicos” que, según indican, “son cada vez mayores por desconocimiento y sesgo ideológico”, y además generan pérdidas de trabajo, económicas, de consumo y recaudación, perdemos todos. Cuando la solución es el respeto y cumplimiento de las leyes y las buenas prácticas agronómicas.

Cobertura y fotos: Mauro Dalmazzo

El pasado viernes, en las instalaciones del Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Venado Tuerto, se entregaron nuevos aportes a productores rurales del sur-sur santafesino afectados por la sequía extrema que atravesó a todo el territorio provincial. 

En la oportunidad, se hicieron presentes el director provincial de Institucionalidad para el Desarrollo, Ivan Camats, la precandidata a concejal Janina Ferreyra, el precandidato a intendente de Venado Tuerto, Hernán Porta y en representación del Centro Regional para el Desarrollo del sur de Santa Fe, Germán Casalino.  

Hernán Porta, Germán Casalino, Iván Camats y Janina Ferreyra encabezaron la entrega. Foto: Sur24

Esta vez, fueron alrededor de 25 productores los que recibieron créditos blandos y a tasa cero por $400 mil a cada uno, que se suman a los 50 que ya habían sido otorgados en mayo y que marcan el final de esta primera línea de ayuda económica, teniendo en cuenta que el gobierno santafesino ya comenzó con la entrega de la segunda línea, a la espera que en Diputados se discuta la nueva ley de emergencia climática para poder aumentar el monto de los aportes.  

Durante el encuentro realizado el viernes en Venado, el representante de Provincia, Iván Camats habló sobre la sequía que afectó de gran manera a los ruralistas, informando que lamentablemente, para el sector agropecuario “esto es algo que ya venía pasando, incluso en algunos sectores de la provincia venimos desde hace tres años con este problema. En el caso particular de General López, es la primera vez que pasa y este año se dio en todo el territorio provincial. Cuando uno ve el mapa de color de Santa Fe, está todo en rojo, toda seca”.  

Giran aportes por 28 millones de pesos a escuelas del sur santafesino

Además, el director provincial de Institucionalidad para el Desarrollo expresó que, en ese contexto tan complejo, “venimos trabajando con las asociaciones y agencias para el desarrollo, en este caso con el Centro Regional para el Desarrollo del sur de Santa Fe y, a través de ellos, hemos aportado en concepto de emergencia climática cerca de 30 millones de pesos en Villa Cañás y también aportamos en Rufino y, por la sequía, ya hemos firmado desde hace un mes y en esta oportunidad más de 30 millones a 80 productores agropecuarios a través de créditos a tasa cero por un monto de $400 mil a cada uno que, si bien sabemos que son montos pequeños o no tan significativo para el sector sabemos que, el contexto provincial, económico y la ley de emergencia que tenemos no nos permite tener tantos fondos”. 

Seguidamente, Camats se refirió a la nueva ley de emergencia climática que el gobierno provincial presentó en la Cámara de senadores y donde obtuvo media sanción, pero que aún no fue tratada entre los diputados. “Hemos llevado un al senado una ley que pasó esa instancia y ahora duerme en diputados. Necesitaríamos que la traten urgentemente porque con ella, ante cualquier emergencia climática, el Estado provincial podría responder con más fondos”.

Entregan créditos a productores de cuatro departamentos afectados por la sequía

Además, Iván Cammats, junto a Janina Ferreyra, Hernán Porta y Germán Casalino destacó que “Los fondos ya están depositado hace bastante tiempo en el Centro Regional para el Desarrollo, pero el productor beneficiado también tiene que completar la documentación. Esta entrega es la última de la primera línea en toda la provincia -añadió Camats- y ya estamos empezando a entregar la segunda línea, como lo hicimos en San Justo y Reconquista, donde arrancamos con esa segunda línea que son $500 millones para productores rurales afectados”. 

En cuanto a las pérdidas que la crisis del campo derivada de la sequía trae a las arcas públicas y a los productores afectados, el integrante del gobierno santafesino aseguró que “es muy difícil poner un número; no es solamente los 20 mil millones que le faltan a Argentina, sino el impacto en cada localidad. Cuando te encontrás que en los pueblos no hubo viajes de transportistas y no tenés semillas ni insumos, que no te genera DReI ni Ingresos Brutos, se puede hacer una evaluación, pero a toda la provincia la ha afectado contundentemente y por suerte Santa Fe está ordenada económicamente, sino estaríamos pasándola muy mal”.  

Por la sequía, el Estado dejó de recaudar $580.000 millones

Por último, Camats subrayó: “Queremos estar cerca del productor y ayudarlo porque sabemos que son los que producen, trabajan e invierten a cielo abierto; siempre peleamos para que ellos puedan invertir y generar trabajo”. 

La Asociación de Productores Rurales del Sur de Santa Fe (APRUSFE), elevó un pedido al gobernador Omar Perotti para que, de forma urgente, decrete el “desastre agropecuario”, a raíz de la situación que se abrió con la tremenda sequía que se azotó recientemente esta zona del país. La medida, obedece a las pérdidas y falta de ingresos para cubrir deudas bancarias e impositivas.

La nota, lleva la firma de APRUSFE junto a la del presidente comunal de Teodelina, Joaquín Poleri; y de Soledad Aramendi, de la Sociedad Rural de Rosario. Se suman así al planteo que recientemente dio a conocer CARSFE sobre este tema.

Desde la entidad sureña, explicaron que el certificado es de suma importancia por la homologación con la Nación, para la regularización ante la AFIP, siendo imprescindible para garantizar la situación del productor ante entidades bancarias, financieras, gubernamentales y todas aquellas que emitan embargos o cobros, pudiendo así justificar la situación de pérdidas y refinanciar deudas si así lo requieran.

“El sur santafesino es el lugar por excelencia de la producción agropecuaria. Estamos ocupados y preocupados por la actual situación que vive nuestro motor económico”, remarcaron, explicando que la medida debe alcanzar a todo productor que trabaje en la provincia de Santa Fe.

“Con la información y la tecnología existente, por cruzamiento de datos y mapas satelitales, puede corroborarse la veracidad de la situación”, fundamentaron. En esta línea de reclamos, solicitaron al gobernador Omar Perotti que también se ponga al frente para gestionar la derogación definitiva de la resolución del Banco Central, la disposición A7600, en la que se establece una sobretasa de interés en los créditos solicitados por productores que acrediten no tener un acopio de su producción de soja superior al 5 % de su capacidad de cosecha anual.

“Hacemos esta petición ante la situación de catástrofe que atraviesa la actividad agropecuaria y toda la cadena. Solicitamos garantías para poder hacer frente a otros problemas, como las pérdidas de trabajo, las obligaciones a cumplir en arrendamientos y deudas de inversión productiva y ante años de desfinanciamiento por la enorme carga fiscal, que además nos limita la capacidad para poder hacer frente a estas situaciones inusitadas, tan imperioso revertir para el desarrollo de la provincia”, ampliaron desde APRUSFE.

“Solicitamos que ejecuten estas medidas lo antes posible, teniendo en cuenta que los plazos se acortan y que día a día nos están complejizando la subsistencia, en medio de una situación imperiosa y asfixiante”, completaron.

En la tarde de este martes, en el marco de Expoagro 2023, y la presentación oficial de ExpoVenado 2023 en la muestra que se está desarrollando en San Nicolás, el intendente Leonel Chiarella realizó un importante anuncio para el sector agropecuario, seriamente afectado por la actual sequía. 

El mandatario informó que el gobierno de Venado Tuerto elevó para su tratamiento y aprobación al Concejo Deliberante una ordenanza en la que se contempla la situación de sequía que viven los productores, condonando el 50% de la Tasa de Red Vial para aquellos que se encuentren en Emergencia Agropecuaria y el 100% de la misma tasa para quienes estén encuadrados en la categoría de Desastre Agropecuario.  

Chiarella destacó que “en términos conceptuales es un acompañamiento que hacemos desde el Gobierno municipal a todos los productores que están afectados por esta sequía, y en términos concretos habrá un descuento del 100%, es decir una exención total de la Tasa de Red Vial para todos los campos que tengan la declaración de Desastre que emite la provincia, y para los que tengan la condición de Emergencia van a tener el 50% de descuento de esa misma tasa”. 

En esta línea, el jefe del Ejecutivo planteó que “creemos que todos los Estados, tanto nacional, provincial, como municipal, tenemos que hacer los esfuerzos necesarios y los gestos de acompañamiento al sector que está atravesando una situación muy complicada con las condiciones climáticas actuales”. 

Un dato para destacar es que este beneficio para los productores no implicará que se destinen menos recursos del Estado municipal al arreglo de caminos, dado que estas obras forman parte de una planificación anual que no sufrirá alteraciones. 

La comitiva que acompañó la presentación de ExpoVenado en Expoagro 2023, la completaron el presidente de Sociedad Rural Venado Tuerto, Claudio Berrueta; el secretario de Desarrollo Productivo y Planeamiento Urbano, Santiago Meardi; su par de Servicios y Obras Públicas, Guillermo Kovacevich; las directoras de Empleo, Inés Paitoví, y de Emprendedurismo y Economía Social, Camila Vicente; Sara Gardiol, presidenta de Carsfe; Jorge Chemes, presidente de CRA; y Carlos Castagnani, vicepresidente tercero de la misma entidad. 

El precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio se encuentra en el norte de la provincia recorriendo la zona azotada por la sequía. En ese contexto mantuvo encuentros con productores afectados y se mostró preocupado por la actitud del gobierno provincial. “La sequía en el norte hizo estragos y los anuncios del gobierno no alcanzan para paliar el desastre. En El Nochero como en otras partes de la provincia el panorama es desolador y los productores están abandonados a su suerte. El gobierno no tiene plan para cambiar una realidad que es preocupante”, expresó Pullaro. Junto al diputado Fabian Bastía, el secretario administrativo de la Cámara de Diputados Gustavo Puccini y Esteban Motta, referente agrícola ganadero que forma parte de sus equipos técnicos, Pullaro emprendió este miércoles un recorrido que comenzó en el departamento 9 de Julio donde pasó por El Nochero, Villa Minetti y Tostado. No sólo se reunió con referentes locales, si no también con productores quienes le contaron el desamparo en el que se encuentran. “Preocupa que el gobernador Omar Perotti tenga miles de millones en las cuentas de la Provincia y no les dé respuestas a quienes hoy ven con desesperación como pierden su capital y su trabajo. Las medidas anunciadas son insuficientes y quienes conocen la realidad del campo lo saben”, enfatizó. “Se necesita una línea de crédito real, que sostenga al productor y no las anunciadas que no alcanzan ni para cubrir el gasoil que se usa para sembrar 140 hectáreas. Los fondos están, la intención es lo que falta como en otras áreas de la gestión. Es un gobierno de improvisados”, agregó. La recorrida continuará el jueves en el departamento Vera donde visitarán en el corredor de la ruta 3, Fortín Olmos y Laguna La Loca zonas también muy golpeadas por la sequía, junto al presidente de la sociedad rural de Reconquista Augusto Gastaldo, la referente de los productores Yolanda Arce y la diputada nacional de la Coalición Cívica Carolina Castets. Luego, por la tarde pasarán por Los Tábanos dónde recibirán a productores y referentes de Intiyaco, Golondrina, Los Tábanos y Tartagal, acompañados por Reynaldo Fabronni. Finalmente en Villa Ana recorrerán un Frigorífico y mantendrán un encuentro con el Pte. Comunal Catalino Coman y referentes del norte provincial. La gira terminará el viernes por la mañana con una reunión en la Sociedad Rural de Vera.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Por Ignacio Hintermeister

El ministro de Economía de la Nación, por resolución 16/2023, prorrogó hasta el 31 de mayo en la provincia de Santa Fe el estado de emergencia y/o desastre agropecuario a las explotaciones agrícolas, ganaderas y frutihortícolas, afectadas por sequía, ubicadas en todo el territorio provincial con excepción del Departamento General López, que fuera declarado mediante la Resolución Nº 31 de fecha 17 de febrero de 2022 .

A los efectos de la aplicación de la Ley Nº 26.509 (Sistema Nacional Para La Prevencion y Mitigacion De Emergencias Y Desastres Agropecuarios) y sus modificatorias, dase por declarado, el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, desde el 1° de noviembre de 2022 hasta el 31 de mayo de 2023, a las explotaciones agropecuarias afectadas por sequía del Departamento General López”, añade la resolución en su segundo artículo.

Nación homologó hasta mayo la emergencia agropecuaria para Santa Fe

A continuación establece: “determínase que el 31 de mayo de 2023 es la fecha de finalización del ciclo productivo para las explotaciones agropecuarias afectadas del área declarada en los Artículos 1º y 2º de la presente resolución, de acuerdo con lo estipulado en los Artículos 22 y 23 del Anexo al Decreto Nº 1.712 de fecha 10 de noviembre de 2009.

A los efectos de poder acogerse a los beneficios que acuerda la Ley Nº 26.509 y sus modificatorias, conforme con lo establecido por su Artículo 8º, los productores y las productoras afectados deberán presentar certificado extendido por la autoridad competente de la provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los casos previstos en dicho artículo.

Carsfe pide los productores que tramiten la Emergencia Agropecuaria

A su vez el gobierno provincial remitirá a la secretaría técnica ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, el listado de los productores y las productoras afectados, acompañando copia del certificado de emergencia emitido por la autoridad provincial competente.

Cabe recordar que la provincia emitió el decreto Nº 2.476 el 25 de noviembre de 2022, que prorrogó la declaración de Emergencia y/o Desastre Agropecuario dispuesta por los Decretos Nros. 20/22 y 80/22 desde el día 1° de julio de 2022 hasta el 31 de mayo de 2023.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_raw_html]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[/vc_raw_html][/vc_column][/vc_row]

El conflicto generado entre los propietarios de campos inundados por la laguna La Picasa y el gobierno provincial, por la decisión de declarar de interés general y calificar como “servidumbre administrativa de ocupación hídrica” a aquellos lotes que se encuentren en los reservorios 6, 7 y 8 de dicha Cuenca, recrudeció en los últimos días.  

Según los productores, el problema resurgió cuando la Provincia rechazó los recursos de amparo que a mediados de este año se habían presentado para que no se avance hasta tener mayores precisiones al respecto.   

Otro dato que tensó más la situación fue el llamado, con fecha del 4 de noviembre, realizado por el Colegio de Profesionales de la Agrimensura de Santa Fe – Distrito Sur a sus afiliados, para dar cumplimiento al convenio firmado con el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat. En él se detalla que la oferta laboral corresponde a “la mensura para Modificación de Estado Parcelario y Mensura para Constitución de Servidumbre Administrativa de Ocupación Hídrica de la obra: Obras Internas Cuenca Laguna La Picasa – Departamento General López”.  

Foto: Juan Jose Garcia.

El sorteo para la adjudicación de los trabajos profesionales fue este lunes 21 de noviembre, a las 10.30, y se llevará a cabo en las instalaciones del Colegio (Bv. Oroño 396, Rosario, Santa Fe).  

La decisión de Provincia se basa en la Resolución 382/2022 decretada el 28 de abril pasado, la misma que en mayo desembocó en la presentación de 26 recursos de amparo, entre ellos el del Comité de Cuenca de La Picasa, que hicieron dar marcha atrás y abrir una instancia de debate e información luego del enojo de parte de los propietarios sureños por la falta de información. Cabe recordar que ese mismo mes se desarrolló una reunión con el gobierno provincial que no dejó nada conformes a productores de la zona.    

Según los productores agrupados en la Asociación de Productores Rurales del Sur de Santa Fe, al proceder a la servidumbre o expropiación, y con los datos que poseen sobre el llamado a concurso para dividir los lotes por parte del Colegio de Agrimensores, se elevaría la cota a 104 metros y podrían inundarse Diego de Alvear, San Gregorio y Aarón Castellanos. También sostienen que La Picasa tiene que estar en un nivel de cota 90-102 para que no tenga ningún tipo de problema y que eso se podría lograr con bombeos.   

“Necesitamos parar esto”, explicó a Sur24 el presidente de la entidad, Enrique Rey, añadiendo que “ya estamos en contacto con legisladores, como Carolina Losada, para que esto se investigue y llegue ‘más arriba’. Nosotros necesitamos que Provincia saque el agua, no que pague servidumbre ni nada, porque hacen firmar a los productores y los condenan para toda la vida”.  

 “Al elevar la cota a 104 -explicó el productor de San Gregorio- suben las napas y se inundan todos los campos a los que nunca les llegó el agua de la laguna, además de que Aaron Castellanos queda bajo agua, Diego de Alvear al límite y lo mismo San Gregorio. Si les llega el agua a los lotes que hoy no tienen se perdería toda la producción y, por supuesto, todos los productores se quedarían sin nada”  

Para Rey, a través de lo hecho hasta aquí se podría trabajar de otra manera. “Hay obras que se están haciendo y hay un canal por gravedad que se ejecutó hace tiempo y tenía una loma que se logró cortar para que el agua pueda tener su caudal”, expresó.  

Las sospechas vienen por el lado del interés que, según los productores locales, puede tener el gobierno de Omar Perotti para expropiar. “Creemos que el tema viene por el lado del interés turístico, por la presión que ejercen las comunas sobre el tema. No nos dejaron ver el expediente cuando pidieron la expropiación o servidumbre para saber por qué la provincia la pedía”, observó.  

Entre las gestiones iniciadas por la Asociación de Productores Rurales del Sur de Santa Fe, se encuentra una carta que fue enviada al gobernador Omar Perotti; a la Confederación Rural Argentina (CRA) y a la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de Santa Fe, Silvina Frana, donde expresan su desconformidad por las medidas que se pretenden implementar y explican los motivos. 

“En relación al Proyecto de Resolución N° 382 emitido por la Provincia con fecha 28 de abril donde se habla de Expropiaciones y Servidumbres de Uso, a los productores afectados por los desbordes de la Laguna La Picasa, vemos con preocupación que se sigue adelante con tal iniciativa pese a que varios productores se manifestaron en forma contraria a través de varios recursos de amparos, además del emitido por el Comité de Cuenca”, comienza el escrito.  

La preocupación, según los productores, se basa en que dicho proyecto “no está acorde a la realidad económica actual, ya que las hectáreas a expropiar o destinar a las mal llamadas servidumbres de uso implican cifras millonarias en U$S que en la actualidad son de imposible cumplimiento. Dichos importes superan holgadamente los U$S 55.000.000 que, si se destinaran a bajar el agua de la laguna, ofrecerían una solución definitiva al problema y solo se necesitaría un porcentaje menor al importe mencionado”. 

La carta prosigue: “No es este el momento ni la forma para proceder a tal ejecución (especialmente a los productores afectados por el crecimiento directo de la laguna). Primero habría que bajar la laguna y luego ofrecerles a los productores que decidan”. 

También hacen mención en cuanto a lo ofrecido por el gobierno provincial, afirmando que, en el caso de elegir servidumbre de uso, “la Provincia ofreció un monto mínimo en U$S a determinar en el futuro, a cambio de aceptar una cláusula por la cual nunca demandarían al Estado por las pasadas y futuras inundaciones. Sería mucho más útil que ese monto sea entregado como subsidio, una vez bajada la cota de la laguna y que sea exclusivamente utilizado en inversión para infraestructura productiva (alambrado, molinos, tanques bebederos, etc) sin la cláusula que impida ejercer sus derechos, si el Estado no vela por los intereses de los productores. En el caso de elegir Expropiación el Estado en la reunión realizada en Diego de Alvear el día 17 de mayo, informó no tener plan a futuro, con lo cual seguramente van a terminar siendo usurpadas”. 

Para los agrupados en Aprusfe, lo resuelto puede generar un problema mayor a futuro, para la región y los productores a los “que “aparentemente” se quiere beneficiar. En el futuro sea quién fueren los circunstanciales administradores estatales podrían por acción u omisión no gestionar adecuadamente los recursos hídricos dejando totalmente indefensos a los productores, esto implica que esos miles de hectáreas no tendrán valor de mercado, ya que nadie compraría o alquilaría un campo para invertir en mejoras, porque los funcionarios de turno son los que van a decidir sobre su propiedad, independientemente si la cota de determinación de Servidumbre de Uso es 102,50 o de 104”. 

El secretario de Recursos Hídricos de Santa Fe, Roberto Gioria, se manifestó sobre el tema y aclaró que “lo que estamos haciendo nosotros es cumplir con lo que nos comprometimos hacer, que es expropiar los campos que están bajo agua y dentro de los reservorios. El nivel máximo de cota que se espera es de entre 98,5 y 102,5; de ninguna manera se pretende llevar la cota a 104. Y añadió: “Puede pasar que La Picasa, como ocurrió en febrero, pase la cota establecida e inunde por encima de esa cota. En ese caso, se le pagaría al productor por el uso de esos lotes que se inunden”. 

Además, Gioria destacó que es en ese sentido que están trabajando y para ello contrataron al Colegio de Profesionales de la Agrimensura de Rosario, “para hacer las mediciones correspondientes y delimitar dónde serían las expropiaciones”, destacando que “primero se mide, después llega a una junta que hace una evaluación de lo que se expropia o puede llegar a un acuerdo de servidumbre, después se le ofrece un monto al dueño del campo; ahí puede aceptar o no, y luego viene al negociación, y el pago, se encarga el Ministerio de Economía; tengo entendido que es un pago único, en una vez”. 

“Lo que se pretende es resarcir a los productores por la afectación que nosotros le podemos provocar por el uso que le daremos a esa servidumbre o expropiación. La Picasa se usa como una represa, entonces, a los dueños hay que resarcirlos. La servidumbre es un beneficio para el productor, porque no se le saca el campo, no se le afecta en nada, es más, se les paga cuando la laguna suba y tengamos que usar esos lotes para inundarlos y bajar la cota”, afirmó. 

Además, destacó que la laguna “ocupaba 3 mil hectáreas y cuando tuvo su inundación máxima pasó a afectar 60 mil hectáreas”, por lo que “se hizo un sistema de drenaje y reservorios donde las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe tienen cada una un porcentaje para disminuir los picos de la crecida. A través de este acuerdo interjurisdiccional también hicieron sistemas de bombeos (norte y sur) que sacan el agua hacia otro sistema”.  

Respecto a las dudas sobre los intereses turísticos detrás de la intención de provincia, el funcionario resaltó que “la provincia no está vinculada a ese tipo de cosas; no quiero hablar de invento, pero es una cosa que extrañamente trae confusión”. 

Seguidamente, el secretario de Recursos Hídricos de Santa Fe aseguró que “de ninguna manera se pretende aumentar la cota a 104 y dejarla permanente, y estamos trabajando para aumentar el bombeo y dejar la cota por debajo de 102,5”. 

Gioria aseguró que “la intención del gobierno provincial es buena” y admitió que “a aquellos productores que no quieran recibir una servidumbre no se le va a hacer, aunque esté por debajo de 102,5”.  

El Gobierno de Venado Tuerto viene haciendo un fuerte trabajo de mantenimiento de los caminos rurales del distrito, labor para la cual el Estado provincial tiene desarrollado un programa específico, pero al que la ciudad todavía no pudo acceder pese a realizarse varias gestiones en los últimos meses.

En este sentido, el intendente Leonel Chiarella informó que “junto a la Sociedad Rural, le planteamos el tema de los Caminos de la Ruralidad en ExpoVenado al gobernador (Omar Perotti), porque los proyectos los presentamos un tiempo atrás junto al Club El Empalme, un grupo de productores y la Sociedad Rural, pero nunca se logró que esta situación se acelere”.

Al mismo tiempo, se quejó porque “vemos que estos fondos llegan a otros distritos como Labordeboy, María Teresa, Murphy y a nosotros que presentamos el proyecto y lo hicimos en conjunto, no nos están llegando”.

Como resultado del planteo del domingo 14, avanzada la semana hubo una reunión entre personal técnico del gobierno provincial con el secretario de Servicios y Obras Públicas municipal, Guillermo Kovacevich, y “estaría todo encaminado para que en las próximas semanas se pueda avanzar en ese proyecto de Caminos de la Ruralidad”, adelantó Chiarella.

“Vemos que estos fondos llegan a otros distritos como Labordeboy, María Teresa, Murphy y a nosotros, que presentamos el proyecto y lo hicimos en conjunto, no nos están llegando”.  

Sobre el resultado del encuentro con los técnicos provinciales, Kovacevich apuntó que “se avanzó en lo administrativo. Esta semana se estará conformando un comité vecinal y en 15 días los funcionarios provinciales vendrán a ultimar detalles para las últimas firmas y enviar los fondos”.

Al mismo tiempo, Kovacevich especificó: “las dos trazas que se ejecutarán son la conexión de la Ruta 4 S con Club El Empalme y Ruta 4S con escuela de El Empalme. En total son 4.300 metros de enripiado. Nuestro compromiso, nuestras máquinas y trabajadores están, solo falta que Provincia aporte lo que se comprometió para hacer estos trabajos”.

Vale recordar que Caminos de la Ruralidad es un programa por el cual el Estado provincial le aporta dinero a los municipios y comunas para la construcción y mejorado con ripio de las trazas rurales de los distintos distritos.

PUBLICADA EN LA EDICIÓN IMPRESA DE ESTE LUNES 22 DE AGOSTO DE 2022

En estos días se encendió un nuevo foco de conflicto en torno a La Picasa entre los productores rurales afectados por las inundaciones y el gobierno de Omar Perotti, por la intención de expropiar los lotes inundados.   

Lo cierto es que la Casa Gris hizo saber a los propietarios de campos anegados de la laguna La Picasa, su decisión de declarar de interés general y expropiar o calificar como “servidumbre administrativa de ocupación hídrica”, a aquellos inundados que se encuentren en los reservorios 6, 7 y 8 de la laguna La Picasa. La decisión se basa en la Resolución 382/2022, del 28 de abril pasado, pero 26 recursos de amparo, entre ellos el del Comité de Cuenca de La Picasa, hicieron dar marcha atrás y abrir una instancia de debate e información.   

Al respecto, la delegada regional del Ministerio de Infraestructura provincial, Liliana Rostom explicó: “El 17 de mayo hicimos una reunión en el Comité de Cuenca La Picasa, que tiene sede en Diego de Alvear, para informarles la Resolución 382. Además, ya se venía hablando en otras reuniones con el Comité y los productores afectados, que hace 21 años que están inundados y nunca el Estado los expropió ni hizo frente a la situación económica de ellos, haciéndose cargo del espacio que se les estaba ocupando con obras. Hay propietarios -reforzó- que tienen reservorios dentro de su campo donde se hicieron obras; eso no lo pueden usar más, incluso ahí se construyeron embalses”.  

A continuación, Rostom destacó: “Nosotros vimos justo el reclamo, desde Recursos Hídricos, junto a la ministra Silvina Frana y el Gobernador (Omar Perotti) lo veníamos hablando y fue así que la ministra firmó la resolución”. 

Seguidamente, la funcionaria dijo que “en la reunión nos dimos cuenta de que el decreto no fue bien interpretado y no tenían el conocimiento necesario”, asumiendo que “nos adelantamos con la resolución por querer satisfacer un viejo pedido de ellos; primero deberíamos haber informado más y luego emitirla. Ahora vendrá una instancia de debates”.  

Por su parte, Enrique Rey, actual presidente de la Asociación de Productores Rurales del Sur de Santa Fe (Aprusfe), afiliada a Carsfe, indicó que, en lo personal, “corriéndome del cargo de presidente de la Asociación de Productores, me parece una locura que la provincia quiera expropiar campos, porque es lo mismo que te fueran a quitar tu casa. Hay otros intereses atrás, porque no se explica que una lucha que venimos sosteniendo desde hace 30 años la provincia, de un día para otro, lo quiere solucionar. Vieron un negocio inmenso en la pesca”.  

Seguidamente, Rey explicó que “cuando empezaron a venir las notificaciones, que fue de un día para otro sin informar nada al respecto, los productores se comunicaron con la Asociación para ver qué podíamos hacer. Trajimos un letrado de la ciudad de Rosario para que pueda evacuar todas las dudas”, y resaltó que “la norma se frenó con la presentación de 26 recursos de amparo para pedir que se baje el expediente y saber por qué realmente el gobierno los quiere expropiar”.  

Por último, Rey subrayó que “hay productores que quieren la expropiación, pero la mayoría no. Estamos luchando para que se terminen las obras que estaban empezadas y las que están en proyecto, porque hay posibilidad de bajar el agua”. 

No pasó una semana desde que se hiciera viral la foto de Armando Rey sentado sobre el techo de su camioneta sumergida en un profundo pozo y en las redes sociales volvieron a verse imágenes similares de otros vehículos en el mismo sitio.

“El camino Iriarte-San Gregorio todavía no se señalizó para que no transite nadie hasta que se le encuentre una solución, debido a esto dos autos más cayeron en el mismo pozo que cayó Armando Rey”, tuiteó Enrique, hijo de Armando y titular de la Asociación de Productores Rurales del Sur de Santa Fe (APRuSFe).

El camino Iriarte/San Gregorio todavía no se señalizó para que no transite nadie hasta que se le encuentre una solución, debido a esto dos autos más cayeron en el mismo pozo que cayó @ArmandoERey pic.twitter.com/gf7sQHnj1P

— Enrique Rey (@EnriqueARey) January 30, 2022

Tal como hizo el pasado 24 de enero, cuando tras la copiosas lluvias en la región su padre quedó varado en el camino que une San Gregrorio (Santa Fe) con Iriarte (Buenos Aires), ayer el productor volvió a mostrar el mismo problema. Esta vez fueron dos automóviles, en hechos diferentes, que -tal como le ocurrió a la camionera de su padre- quedaron semisumergidos, con la trompa y el motor bajo el agua sobre la ruta (de tierra), en jurisdicción del partido bonaerense de General Pinto.

Estos hechos reavivaron el reclamo por el estado de los caminos rurales, que los productores de la zona denuncian sin mantenimiento por parte de las autoridades.

Desde la cuenta de twitter de APRuSFe también reclamaron por el llamado “camino del lavadero”, que une San Gregorio con el tambo de Adecoagro, en jurisdicción de Christophersen. “Cuando hablamos de faltas de obras, hablamos de estas consecuencias”, indicaron los ruralistas, e incluyeron en el tuit los pozos que se hicieron en el camino comunal con la escorrentía del agua de lluvia. “Están sin marcar ni señalizar, son realmente peligrosos, sobre todo de noche”, agregaron.

Cuando hablamos de faltas de obras, hablamos de estas consecuencias. Estos posos se hicieron en el camino del lavadero, yendo de San Gregorio a @adecoagro_ están sin marcar ni señalizar, son realmente peligrosos sobre todo de noche. pic.twitter.com/Zr8SgEOomZ

— APRUSFE (@aprusfe) January 28, 2022

La semana pasada, tras protagonizar el insólito hecho que cobró relevancia nacional a raíz de la viralización de su imagen sobre el techo de la camioneta, Armand Rey declaró a medios locales que existe un proyecto de canalización que desde hace años está parado en Casa de Gobierno.

Al respecto explicó que el agua inundó la zona porque la “aligeraron” desde General Pinto “y cortó campos y se metió en la calle”, que ahora -dijo- “forma parte de un canal” a raíz del descenso de nivel, producto de que “nunca le hicieron mantenimiento”.

Tras aclarar que se trata de una ruta provincial, indicó que “ahí va el canal Salamanca”, sobre el cual un equipo de técnicos de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) hizo un proyecto “que está en los cajones de la gobernación, nunca se logró hacer nada”. Explicó que se trata de “un canal viejísimo que se tapó” y el proyecto implicaba reservorios, alcantarillas con regulación de agua. “Lo pagó el Comité de Cuenca, seiscientos y pico de mil pesos, hace 6 o 7 años; pero quedó en el estudio”, lamentó.

El productor sostuvo que el reclamo “es a Hidráulica de la provincia, tanto de Buenos Aires como de Santa Fe, porque hay una comisión interjurisdiccional que debería estar actuando, pero parece que se reúnen a tomar café, porque solución no le dan a nada”.

Rey, finalmente lamentó que estos problemas contribuyeron a expulsar productores lecheros de la zona. “Estos son campos clase uno, es lo más rico que hay en la Argentina”, aseguró, y relató que “ya no hay más vacas acá, lo dejaron de hacer porque se pudrieron de gastar plata sin rédito, abandonaron todos los campos”.

Luego de la viralización a nivel nacional de la foto que mostraba a Armando Rey, productor agropecuario de San Gregorio con su camioneta tapada por el agua en la ruta provincial S2 que une esa localidad del departamento General López con Iriarte (BS. As.), su hijo, Enrique Rey, que fue quien expuso la situación del mencionado camino rural en sus redes sociales habló con Sur24 sobre el contexto de la imagen y las dificultades que atraviesan los productores agropecuarios del sur-sur santafesino para transitar por los campos, elevando el reclamo a los gobiernos Nacional y provincial para buscar soluciones a una problemática de larga data.  

“Ese es un camino de tierra que une las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, incluso sale a la Ruta 7 y a nosotros nos queda mucho más corto que dar toda la vuelta por Diego de Alvear para tomar esa arteria. Mi viejo salió a recorrer los campos para ver como estaban los cultivos y cuando pasa por ese camino, que suele tener agua, hay unos alcantarillados que están mal hechos y tapados por 20 cm de agua no los vio y se cayó”, aseguró Enrique Rey.  

“La camioneta se llenó de agua y no sabemos si va a tener arreglo; está parada en un galpón hasta que el seguro decida que va a hacer”, contó el productor de San Gregorio.  

Enrique Rey, actual presidente de APRUSFE (Asociación de Productores Rurales del Sur de Santa Fe – Afiliada CARSFE), dio detalles sobre la tasa vial que pagan los productores para el arreglo de los caminos, reclamando sobre el destino de esos fondos. “Lamentablemente se paga una tasa vial que va al Estado y no sabemos dónde se usa ese dinero, porque para arreglar los caminos no está”, afirmó Rey, añadiendo que “mi viejo fue presidente de la Asociación de Productores y estuvo luchando años por el tema de los caminos y ahora yo estoy en su lugar haciendo lo mismo y con el tema de la laguna La Picasa para poder sacar el agua, porque cada vez que llueve nos anega el camino y no podemos pasar a ver los cultivos ni entrar los campos”. 

“Es una realidad tristísima la que estamos viviendo, porque no hay solución de los gobiernos. Nosotros queremos que los gobiernos Nacional y provincial se contacten para llegar a un acuerdo. No pedimos que nos regalen, sino que nos den una mano para arreglas los caminos. Dentro de dos meses hay que sacar los cultivos y no se puede pasar porque las calles están con agua y destrozados. Ellos recaudan, pero nosotros necesitamos que las cosas estén en orden y no lo están”, sentenció el oriundo de San Gregorio.  

Gizzi y los legisladores mantuvieron un encuentro con productores agropecuarios cañaseños que fueron afectados por la fuerte tormenta (tornado, granizo y lluvia) que se produjo el martes pasado. 

De la reunión también participaron miembros del Gabinete Municipal, concejales, la presidenta de la Sociedad Rural de Rosario, Soledad Aramendi, y la productora rufinense Fernanda Castellani. 

El objetivo de la convocatoria fue escuchar a los productores y comentarles las acciones que se están llevando a cabo desde el Municipio para que puedan recibir asistencia por parte del gobierno nacional y provincial. 

Por su parte, Losada y Figueroa Casas brindaron su apoyo y dieron detalles del proyecto de ley que presentaron, en el cual solicitan la emergencia agropecuaria económica, productiva y fiscal para aquellos departamentos afectados de la provincia, entre ellos General López.  

“Desde el Municipio conjuntamente con los legisladores continuaremos  gestionando ante el Gobierno nacional y provincial para que los productores puedan recibir asistencia y acceder a beneficios que les permitan paliar la difícil situación que están atravesando”, expresó el intendente. 

Gizzi agradeció “a la senadora Losada, a la diputada Figoroa Casas y al senador Enrico por llegar hasta nuestra ciudad, escuchar a los damnificados y por preocuparse, ocuparse y conocer la problemática del sector rural de nuestro distrito”. 

Los meteorólogos afirman que se trataron de dos tornados los que llegaron este martes por la tarde a la ciudad de Villa Cañás; donde la zona rural fue la más afectada ya que la granizada fue más intensa que en el sector urbano.

Es por esta razón y debido a los graves daños causados en los sembradíos, que fueron arrasados, junto a edificaciones rurales, es que el Municipio convocó para este jueves a una reunión los productores damnificados.

“La Municipalidad de Villa Cañás convoca a una reunión a los productores rurales cañaseños que fueron afectados por la fuerte tormenta que se registró ayer en nuestra ciudad. El encuentro se realizará mañana jueves 16, a partir de las 20 horas, en las instalaciones del Club Argentino de Servicio (CAS)”, anuncian.

El tema a tratar será “la presentación de una nota a la Comisión de Emergencia provincial, a través de Obras Menores Agropecuaria y Urbana (Ley N°12385), solicitando aportes no reintegrables para brindar asistencia a los productores ante los daños sufridos por el temporal”.

Este miércoles, diputadas y diputados del Bloque UCR-Evolución de la Legislatura Provincial presentaron una serie de pedidos para que el Gobierno declare la emergencia agropecuaria y/o desastre para los departamentos General López, Caseros, Castellanos y San Martín, por las pérdidas que ocasionaron los temporales que se registraron en los últimos días.

Entendiendo la necesidad que implica el acompañamiento a los sectores afectados, los legisladores del bloque que conduce Maximiliano Pullaro, reclamaron al Ejecutivo que tome acciones: “Es imprescindible que se asista rápidamente a los productores afectados por tratarse de uno de los sectores que más beneficios le genera a la provincia y que ahora vieron totalmente destruida su cosecha”, afirmaron Georgina Orciani y Juan Cruz Cándido.

Como ayer informamos el fenómeno producido lo denominaron tornado no súpercelular y según Meteored fueron dos los episodios de esta característica que se desplazaron por la ciudad, afectando en su paso más de 30.000 hectáreas, informó el portal Infotec.

Este es el informe realizado por el aficionado a la meteorología y tormentas, Fernando Caffa, que vive en la localidad

Este viernes, 9 de julio, los sectores relacionados con el campo realizarán una multitudinaria manifestación organizada por productores rurales autoconvocados en la ciudad de San Nicolás, más precisamente en el kilómetro 228 de la Ruta 9 en sentido a la Capital Federal, en lo que será otro capítulo de la desgastada relación entre el gobierno de Alberto Fernández y el sector agropecuario. Según se informó, participarán delegaciones de 100 localidades de 15 provincias y Venado Tuerto dirá presente.

Uno de los principales pedidos de los dirigentes y productores agropecuarios, es eliminar de manera inmediata las restricciones para exportar carne vacuna.

En dialogo con Sur 24, el consignatario de hacienda y expresidente de la Sociedad Rural de Venado Tuerto, Esteban Boyle, explicó los alcances de la manifestación del próximo viernes y las causas que llevaron a tomar esta decisión: “Es una marcha totalmente genuina, organizada por productores. Acá no se trata de hacer política, es más, se le pidió a los políticos que traten de no participar para no desvirtuar lo que significa esta manifestación del campo, sobre todo del sector ganadero que es el que hoy está más perjudicado por la prohibición de exportar a China y todo lo que eso contrajo porque, como dije anteriormente, la receta era totalmente equivocada con un Gobierno que repite lo que ya hizo en el 2006, tropezando con la misma piedra por segunda vez”.

Sobre las medidas impulsadas por el Gobierno Nacional de impedir la salida de carne de Argentina con rumbo al mercado chino, Boyle destacó que “se sabía que esto era pan para hoy y hambre para mañana, y ni siquiera eso, porque la carne no bajó y a los frigoríficos exportadores los metieron en un problema muy grande porque inclusive, con la media sanción que dictaron después de los 30 días, hay conteiners que estaban en los barcos para ser remitidos de ventas ya realizadas y ordenaron sacar la carne, generando una pérdida total por una prohibición de venta al exterior de carne que no consumimos en el país”.

“Todas las entidades de campo van a participar y por supuesto, la Sociedad Rural de Venado Tuerto también; es intentar que el Gobierno abra los ojos y se den cuenta que ha tomado una medida totalmente errónea que no beneficia a nadie. Nosotros estábamos vendiendo la carne que no consumimos en dólares, porque los chinos pagan en esa moneda; le estamos quitando a todo el proceso comercial de la carne enorme. Una vaca, que se venía vendiendo en 100 pesos la estamos vendiendo al 50% de su valor. Es una cantidad de plata enorme que se le quita al productor que, de esa manera, empieza a liquidar su stock y esa es la receta equivocada, porque donde tenemos que aumentar stock de hacienda para poder tener carne barata estamos achicando el stock ganadero”.

Carne para pocos

Las medidas adoptadas por la administración del presidente Alberto Fernández, con el objetivo de bajar los precios de la carne fronteras adentro no obtuvo los resultados esperados y solo llegó a algunos sectores de la población, como indica Boyle a continuación: “Lo único que se logro con esto es que la oferta de carne barata llegue a muy pocas personas, solo en el conurbano bonaerense y no mucho más; acá (en Venado) tuvimos un episodio con Swift un día y no mucho más. Son kilos de carne que se tiran en una negociación entre el Gobierno y los exportadores que no sirve para nadie”.

Además, el consignatario venadense resaltó que las medidas “destruyeron a las carnicerías de barrio, porque con los costos que tienen no pueden operar al precio que quiere el Gobierno de ninguna manera. En la venta que le hacemos a los frigoríficos, matarifes y a toda la cadena de distribución nunca les puede llegar para ponerlo en el mostrador al precio que pretende Nación”, y añadió: “Tomando como ejemplo el matambre, el Gobierno pretende que se venda entre 350 y 400 pesos el kilo, cuando la media res que le bajan al carnicero completa, con hueso, grasa y cortes baratos le llega a 450-480 pesos el kilo, ahí te das cuenta que es imposible”.

Por otro lado se encuentra al situación de los empleados de los frigoríficos que se están viendo afectados por el conflicto Campo-Gobierno al ver disminuidas sus fuentes laborales y, en el mejor de los casos, sus salarios: “Ya se están viendo paros en algunos frigoríficos, porque los gremios de la carne empezaron a defender a sus trabajadores ya que hay gente despedida o con salarios al 50%, porque van en desmedro a la producción por lo que descuentan salarios. Esto hace que se enfríe totalmente la ganadería. Hoy al productor le han hecho bajar los brazos; hay una decepción total en algo que venía caminando totalmente bien, que funcionaba y que no había que tocar; el Gobierno se tiene que dedicar a bajar la inflación y buscar que el salario de la gente les alcance para vivir y llegar a fin de mes”.

“Hay una ley natural en lo que es la comercialización de carne que es oferta y demanda; no hay que tocar los mercados, solos se guían”, cerró Esteban Boyle.