El argumento utilizado por Casal para aconsejar a la Corte nacional actuar en ese sentido es que no hay coincidencia en los fundamentos de los votos expresados por los cinco ministros que conformaron la mayoría: Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler, Roberto Falistocco, Mario Netri y María Angélica Gastaldi, con disidencia del actual presidente del tribunal, Daniel Erbetta.

En el marco de una investigación penal preparatoria, los representantes del Ministerio Público de la Acusación citaron a Traferri a audiencia imputativa. El senador se negó invocando sus fueros, y el desafuero solicitado por los fiscales fue rechazado por el Senado, manteniendo la inmunidad de Traferri.

La investigación sobre Traferri todavía tiene puertas abiertas

A partir de allí se inició el camino judicial. Los fiscales plantearon la inconstitucionalidad del artículo 27 del Código Procesal y del artículo 51 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, en cuanto establecen la inmunidad de proceso de los legisladores provinciales, con un alcance mayor del que asiste a los legisladores nacionales (que sí pueden ser procesados e incluso juzgados, aunque no encarcelados) y en violación del principio de igualdad y de los tratados internacionales.

A principios de 2021 la jueza Eleonora Verón rechazó el planteo de inconstitucionalidad de los fiscales e impidió que se cite a audiencia a Traferri. Meses después, el camarista José Luis Mascali dio la razón a los fiscales: desconoció la decisión de Verón señalando que el artículo de la Constitución de Santa Fe que impide investigar a un legislador es inconstitucional. Y autorizó la audiencia imputativa.

El 22 de febrero de 2022, la Corte Suprema de Justicia de la provincia, con mayoría de cinco de sus seis integrantes y abundante fundamentación, validó la constitucionalidad plena de los fueros legislativos al rechazar la resolución de Mascali. Pero los fiscales apelaron ante la Corte nacional, y es en este punto en que se produce el dictamen de Casal.

Caso Traferri: la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ratificó que los fueros son constitucionales

El procurador de la Corte considera que al revisar la decisión de Mascali, por la cual se autorizaba citar a audiencia a Traferri, “dos jueces del tribunal superior (Gutiérrez y Spuler) se pronunciaron sin más por la validez del régimen de inmunidades, tal como se encuentra previsto en el orden local, por considerar que no excedía el margen bajo el cual la Constitución Nacional garantiza a cada provincia el ejercicio de su autonomía. Sin contradecir ese aserto, otros dos jueces (Falistocco y Netri), en cambio, lo vincularon a una interpretación determinada de las normas locales según la cual —y al contrario de lo que postuló la cámara— la inmunidad de proceso relativa que rige en la provincia no impedía citar al legislador a la audiencia imputativa, sino que era la inmunidad de arresto la que en todo caso podía impedir la celebración de esa audiencia en el caso de que el legislador se negare a concurrir voluntariamente. Finalmente, la restante opinión que concurrió a la mayoría (Gastaldi), afirmó que el fallo debía revocarse por apartarse de las constancias de la causa que indicaban que, de hecho, el órgano acusador no sólo citó al legislador para formularle cargos, sino que el acto se cumplió”.

El procurador interino señaló que “de esta forma, no se puede asegurar que exista una clara y explícita mayoría de fundamentos concordantes, y ello también se evidencia en la dificultad de la parte impugnante para identificar cada uno de los fundamentos individuales que confluyeron en la decisión y someterlos a su crítica, con el riesgo que ello supone de que sea una parte interesada la que le atribuya al pronunciamiento un fundamento que aquel, como tal, no tuvo”.

Casal abundó citando criterios fijados por la propia Corte nacional, en el sentido de que “los pronunciamientos de tribunales colegiados son inválidos cuando resultan de una mera agregación de opiniones individuales que no exhibe una coincidencia mayoritaria sobre la sustancia de las razones que dan fundamento a lo que se resuelve”.

“Atento lo expuesto –concluye Casal- y en vista de los antecedentes antes narrados, estimo que la resolución recurrida no exhibe una coincidencia mayoritaria sustancial sobre los fundamentos que dan apoyo a la decisión que el tribunal adopta, por lo que opino que corresponde descalificarla y ordenar el dictado de una nueva”, indicó.

Cabe subrayar que la opinión de Casal no opera más que como una recomendación hacia la Corte nacional, y será el cuerpo el que deba resolver en el sentido propuesto o de otra manera, sin que tampoco tenga plazos perentorios para hacerlo.

El gobierno de Omar Perotti intentará promover un proyecto propio e independiente que permita en el corto plazo reforzar la estructura de la justicia federal en Santa Fe. La decisión fue anunciada por el mandatario en la reunión que mantuvo el miércoles con los presidentes de los 17 bloques y autoridades de la Cámara de Diputados.

Según pudo saber El Litoral, la intención es “desmarcarse” del proyecto de ley que ya está en discusión en el Congreso de la Nación, pero cuyo tratamiento está prácticamente estancado. Hace meses, el Senado nacional otorgó media sanción a una iniciativa que pretende robustecer toda la estructura de la justicia federal del país. Pero por lo ambicioso -en el derrotero, todas las jurisdicciones sumaron sus pretensiones y demandas-, es improbable que pueda lograr sanción definitiva en lo inmediato. La decisión de Perotti es, entonces, impulsar un proyecto propio que contemple la creación de los juzgados y fiscalías federales que necesite particularmente la provincia de Santa Fe. La fundamentación pasará por la situación de extraordinaria violencia e inseguridad que atraviesa la jurisdicción, sobre todo en la ciudad de Rosario, a partir del accionar de bandas narcocriminales.

La pretensión de Perotti es que la iniciativa sea ingresada y respaldada por los 19 diputados y tres senadores nacionales que representan a la provincia de Santa Fe. La presentación colectiva ratificaría que la decisión de impulsar el proyecto trasciende los sectores partidarios y las ideologías, y se fundamenta por la situación de emergencia que atraviesa la provincia. Por eso el planteo fue formulado en la reunión del miércoles, donde estaba representado todo el arco político de la provincia.

En paralelo al impulso de esa iniciativa y mientras se logra avanzar con el trámite parlamentario, el Poder Ejecutivo pretende reforzar la estructura federal a través de la designación de fiscales federales auxiliares. Perotti anunció ante los legisladores provinciales que para ello, iniciará gestiones con el Procurador de la Nación, Eduardo Casal.

Con ese propósito -según pudo saber El Litoral-, ya estaba redactada la nota a través de la cual el gobernador le solicita audiencia a Casal con carácter de urgente, a fin de poder discutir la problemática y adoptar medidas que permitan “fortalecer el Ministerio Público Fiscal de la Nación” en el corto plazo. Concretamente, Perotti solicitará la designación de un cuerpo de fiscales auxiliares federales para ser distribuidos entre las distintas fiscalías federales con asiento en la provincia. Asimismo, pedirá la creación de una unidad especializada en narcocriminalidad con sede en las ciudades de Rosario y Santa Fe, que deberá estar a cargo de un fiscal federal experimentado.