El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció este martes que suspendió temporalmente su participación en el proceso de transición, como reacción a un allanamiento del Ministerio Público al depósito del material de las recientes elecciones, en un procedimiento que fue cuestionado por la justicia electoral guatemalteca, la OEA y Estados Unidos.

"Ante la situación provocada por Porras, Curruchiche y Orellana, hemos informado al presidente (Alejandro) Giammattei que suspendemos temporalmente nuestra participación en proceso administrativo de transición en tanto se restablecen las condiciones políticas institucionales necesarias", informó Arévalo este martes por la noche en conferencia de prensa.

Arévalo aludió a la fiscal general, Consuelo Porras; el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y el juez Fredy Orellana, a los que acusa de perseguir a su partido, el Movimiento Semilla, y de "golpistas".

"Los golpistas deben renunciar", remarcó el mandatario electo, en declaraciones que él mismo reprodujo en su cuenta en la red X (antes Twitter).

Personal de la FECI allanó esta mañana las instalaciones donde se resguardan las cajas que contienen los votos emitidos, nulos, en blanco y las boletas no utilizadas por cada mesa electoral de la primera vuelta del 25 de junio, a raíz de una denuncia de supuestas anomalías en el escrutinio.

"Este allanamiento surge derivado de una denuncia de un ciudadano" que argumentó ilegalidades en una de las cajas donde se archivaron las boletas de los cinco cargos a elección popular, explicó Curruchiche.

El fiscal afirmó que la diligencia en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE) del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en la capital, se debió a que se consideró necesario "hacer una verificación sobre la base de esa denuncia".

Además, el funcionario subrayó que el allanamiento es ajeno a una investigación sobre el Movimiento Semilla.

"No hay una implicación directa al partido político Movimiento Semilla y sus dirigentes como para que se puedan victimizar o ir a organismos internacionales o gobiernos extranjeros" a denunciar una persecución judicial, sostuvo Curruchiche.

Después de la primera vuelta, varios partidos perdedores y ciudadanos denunciaron fraude electoral y pidieron un recuento de votos, cuya revisión confirmó los resultados, que ubicaron a Arévalo y a Sandra Torres en la segunda vuelta del 20 de agosto.

El vocero del TSE, Gerardo Ramírez, detalló que la documentación del allanamiento ordenó abrir 160 cajas de la primera vuelta.

Sin embargo, la presidenta del TSE, Irma Palencia, aclaró más tarde que el oficio de la FECI se limitaba a ordenar el "allanamiento, registro, inspección, secuestro de evidencia y extracción" de "información y análisis de datos digitales", pero "en ningún momento habla de la apertura de las cajas" y "mucho menos del conteo de votos o registro de los contenidos que las cajas tienen".

Palencia sostuvo que el operativo "fue grotesco" y puso en duda el origen indicado por Curruchiche: "Cuando vemos el número de referencia, este es un caso que no es una denuncia ciudadana, sino es una denuncia que obedece a una causa distinta y es, además, de la FECI", manifestó.

"Sí hay un quebrantamiento de la custodia del voto, definitivamente", agregó Palencia, según el diario local Prensa Libre.

La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó su "profunda preocupación" por el allanamiento, al que señaló como "una prueba más de que el Ministerio Público, lejos de ajustar sus acciones a los estándares democráticos, viene agudizando una estrategia de cuestionamiento al proceso electoral y de intimidación a las autoridades electorales".

La preocupación de la OEA por el proceso electoral en Guatemala se refleja en la prolongada presencia del secretario general del organismo, Luis Almagro, en la capital del país centroamericano desde la semana pasada.

Por segundo lunes consecutivo, Giammattei y Arévalo se reunieron ayer para avanzar en el proceso de transición, y Almagro fue testigo de la conversación en ambos casos.

Paralelamente, también Estados Unidos cuestionó esta noche el operativo en el centro electoral.

"Condenamos los allanamientos del Ministerio Público al TSE, al Registro de Ciudadanos y a los almacenes que albergan los resultados electorales; esta acción sin precedentes socava la transición democrática y la voluntad del pueblo guatemalteco", afirmó el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, en X.

Arévalo había vuelto a reclamar ayer el cese de la persecución judicial a Semilla, que, sostuvo, afecta la transición hacia su investidura en enero de 2024.

"Es necesario que, además de este proceso (de transición), cese la persecución judicial y la intimidación que se ejerce desde instituciones del sector justicia en contra de nuestro partido y de los funcionarios que han sido electos", dijo el lunes por la noche, en un discurso en la antigua sede del gobierno de la capital.

De su lado, Giammattei se comprometió a entregar el mandato en la fecha prevista y hasta juró que daría su vida para que Arévalo asuma el 14 de enero próximo.

"Le aseguro y si es necesaria mi vida para que usted tome posesión, ahí la tiene, pero usted va a ser el próximo presidente de Guatemala, me guste o no me guste, lo que importa es que a usted el pueblo lo eligió", manifestó.

"Como jefe del Estado yo le garanticé a usted hace una semana y se lo garantizo hoy, va a tomar posesión el 14 de enero, esa es la decisión del pueblo de Guatemala; será buena, será mala, eso no importa, y esa decisión se respeta", agregó el mandatario.

Después de la primera vuelta, la Fiscalía pidió cancelar la personería jurídica a Semilla, lo que fue avalado por el juez Fredy Orellana, aunque después la Corte de Constitucionalidad revocó el fallo y permitió a Arévalo competir en la segunda vuelta.

Tras el balotaje, el fiscal volvió a arremeter contra el partido y el Registro de Ciudadanos suspendió a Semilla, lo que le impedía hacer actividades, e hizo que la conducción del Congreso declarara a la bancada como independiente.

Pocos días más tarde, sin embargo, el TSE levantó la inhabilitación a Semilla hasta el 31 de octubre, una vez que termine formalmente el actual proceso electoral.

El tramo final de la recta que conducirá a las elecciones primarias del próximo domingo 16 de julio en la provincia de Santa Fe se vio atravesado por denuncias cruzadas sobre “campaña sucia”. Los protagonistas son dos pre candidatos a gobernador que disputan integrar la fórmula, precisamente, por el mismo frente político.

La estrategia para intentar desprestigiar al adversario político a través de noticias falsas, tergiversadas o agraviantes, ha sido moneda corriente en los procesos electorales. Pero la posibilidad de difundir esos contenidos mediante múltiples plataformas digitales, donde se especula a partir del anonimato del emisor y de la ausencia de controles en la rendición de cuentas sobre su financiamiento, potenció la práctica.

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Las denuncias fueron presentadas en diferentes ámbitos y las hipótesis sobre cuál sería el origen de dichas “descalificaciones” difiere en ambos casos. Por un lado, Maximiliano Pullaro recurrió directamente a los Tribunales provinciales y presentó una querella por calumnias e injurias; por el otro, Carolina Losada formalizó su escrito ante el Tribunal Electoral. Ambos protagonizan la principal competencia interna en el marco del frente Unidos para Cambiar Santa Fe, en la que se definirá el binomio por la gobernación.

Los asesores de Pullaro hablan en el escrito de “fake news” y piden a la Justicia que identifique a los titulares de al menos treinta páginas web falsas que difunden “masivamente contenidos” para difamarlo. Del mismo modo, piden que se indague respecto de cuál es el origen de los fondos con los que se financian dichas publicaciones. La hipótesis del equipo del ex ministro de Seguridad sobre quiénes promueven estas acciones, paradójicamente, no está asociada a ningún rival interno o potencial competidor político en la elección general: la presunción es que dichos fondos están siendo aportados por sectores del narcotráfico.

En el caso de Losada, después de intimar sin éxito a Google Argentina para que se abstuviese de difundir contenidos – según su parecer- agraviantes a través de diferentes plataformas, la pre candidata recurrió al Tribunal Electoral Provincial (TEP) con la misma pretensión. Tras un dictamen favorable del Procurador Jorge Barraguirre, el TEP, encabezado por el presidente de la Corte, Daniel Erbetta, ordenó a la empresa de búsqueda de contenidos en internet que baje las páginas web objetadas. Su fundamento es que el “anonimato no brinda transparencia”, al tiempo que se transgrede la Ley de Financiación de los partidos políticos, que obliga a identificar a los aportantes. A diferencia de la hipótesis que sostiene el equipo de Pullaro, en el caso de Losada sí se le atribuye a algún adversario político interno o externo la presunta responsabilidad de la campaña negativa en su contra.

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Más allá del carácter intrínsecamente injurioso o no de los contenidos, estos episodios dejan al descubierto una cuestión de fondo, que es el vacío legal en cuanto a la regulación de la difusión de contenidos electorales por las redes sociales, sobre todo en período de campaña (por ejemplo, mientras rige la veda). En alguna medida, el TEP se hace cargo de ello, e insta a Google a ejercer algún tipo de control, y no limitarse a dar curso a cualquier publicación.

Mientras ésas han sido algunas de las novedades en el frente que fusiona a Juntos por el Cambio y al ex Frente Progresista, en el peronismo uno de los datos salientes ha sido la decisión de Omar Perotti de empezar a compartir actividades junto al pre candidato a gobernador, Marcelo Lewandowski. El bendecido del mandatario para esa compulsa era Roberto Mirabella, pero tras un ríspido cierre de listas, la postulación recayó en Lewandowski. Las tensiones quedaron expuestas en los días posteriores al cierre y se cruzaron reproches, incluso cuando ya había arrancado la campaña. Finalmente, Perotti empezó a mostrarse junto al candidato que representaría al oficialismo. Los actos entre ambos comenzaron a darse exactamente un día después de que Perotti se reuniese con Sergio Massa. El martes fue la audiencia; el miércoles, el gobernador recorrió obras con Lewandowski en Santa Fe, estuvo el jueves en un encuentro de sus equipos técnicos y el sábado, en un almuerzo. “Estamos transitando una campaña tranquila, al menos en nuestro frente, con una convivencia importante y con madurez”, dijo Perotti. Lo planteó en contraposición con el nivel de confrontación que protagonizan algunos candidatos de la oposición; y jactándose de la pacificación – al menos aparente- con la que transitan la campaña los pre candidatos del PJ.

El Gobierno Nacional encara una semana clave para el reordenamiento y las primeras definiciones del armado electoral del oficialismo. El miércoles, el actual titular de la AFI, Agustín Rossi, asumiría en reemplazo de Juan Manzur como jefe de Gabinete, luego de que el tucumano ya anunciara que volverá a su provincia para trabajar en las elecciones. Se trata de un recambio anticipado que obliga al presidente Alberto Fernández a efectuar el primer movimiento del año.

Rossi es un hombre de su entera confianza, formó parte de su cartera inicial como ministro de Defensa y a pesar de su salida para competir en Santa Fe, siempre estuvo en la órbita del mandatario como una especie de asesor consejero en medio de la interna. Además, cuenta con el visto bueno del resto de las fuerzas que componen la coalición.

A su vez, Manzur retomará su trabajo en sus tierras, y junto a Osvaldo Jaldo, actual gobernador interino, cerrarán fórmula para competir en las elecciones que tendrán lugar el 14 de mayo. Jaldo – Manzur es la sociedad que aspira a retener la gobernación de Tucumán. Ambos anunciaron que respaldarán al Presidente en su decisión camino a las presidenciales de agosto y octubre.

Agustín Rossi saldría de la AFI para reemplazar a Juan Manzur

“Querido Alberto: Tucumán te quiere, te valora, te está agradecido, y obviamente decir que lo que decidas el peronismo tucumano te va a seguir”, expresó el hasta entonces titular de ministros en un acto junto al jefe de Estado en la provincia.

No es el único que hizo referencia a la falta de definiciones del mandatario que, en más de una oportunidad, dejó notar sus deseos de ir por la reelección, aunque debió acallar sus planes por la presión del sector que responde a la vicepresidenta Cristina Kirchner. .

Según supo NA, el actual ministro de Economía y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, le pidió expresamente a Alberto Fernández que decida y comunique cuanto antes sus intenciones de lanzarse por una nueva gestión y que habilite la competencia electoral interna.

Lo hizo rodeado de intendentes de la primera y tercera sección electoral, reunidos el pasado martes en la quita de Olivos por llamado del mandatario. .

Durante las últimas semanas, el Presidente se ha mostrado cercano a los mandatarios municipales. El pasado viernes compartió un asado que se realizó en el Complejo Cultural La Calle, en Berazategui. Del encuentro, participaron el ex jefe comunal de Florencio Varela y actual diputado nacional Julio Pereyra, Fernando Espinoza (La Matanza), Julio Zamora (Tigre), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Carlos Ranil (Escobar), Blanca Cantero (Presidente Perón), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Juan Patricio Mussi (Berazategui), Andrés Watson (Florencio Varela), Mario Secco (Ensenada) y Fabián Cagliardi (Berisso), entre otros.

Los pedidos de definición y el recambio en el Gabinete se enmarcan en la previa de la primera reunión de la Mesa Nacional del Frente de Todos que tendrá lugar el próximo jueves en la sede del Partido Justicialista (PJ) porteño.

A pesar de contar -hasta el momento- con escasas confirmaciones, la instancia de diálogo entre las fuerzas ya abrió un nuevo debate. El kirchnerismo demanda que además de las estrategias electorales se pueda discutir sobre el rumbo de la gestión de Gobierno, mientras que Fernández se niega a abrir el juego y socializar la toma de decisiones al frente del país. En ese sentido, dejó en claro, incluso a pesar de los reclamos, solo discutirá sobre el armado electoral de cara a las presidenciales.

A pesar de las aclaraciones a través de una carta abierta que firmó como titular del PJ y que publicó en sus redes sociales, los cuestionamientos no tardaron en llegar. Según supo Noticias Argentinas, de fuentes cercanas al diputado Máximo Kirchner y a la exmandataria, hay “mucha expectativa” en la estrategia, pero además de debates electorales sobre candidaturas ven “necesario discutir las políticas que se desarrollarán para conquistar a la mayoría electoral que acompaña y acompañó a nuestro frente político”.

En la misma línea, otro alta fuente que responde al kirchnerismo cuestionó la convocatoria mediante redes, y disparó: “primero tiene que arreglar las cuestiones internas”. “Hay que hablar, y solucionar lo que está pasando. No sabemos qué quieren hacer con esta mesa electoral”, plantearon.

Todos quieren tener su representación e imponer sus condiciones en el intercambio que estará liderado por las tres principales fuerzas que componen a la coalición.

En las últimas semanas, gremios, movimientos sociales, intendentes y gobernadores blanquearon la necesidad de acercar posturas y debatir en el armado que competirá con Juntos por el Cambio. .

Mientras tanto, se esbozan algunas intenciones de posicionar a distintos candidatos, y la opción del ministro del Interior y dirigente nacional de La Cámpora, Eduardo “Wado” de Pedro a presidente resuena cada vez con mayor fuerza.

“No es que me haya transformado en un senador del oficialismo”, bromeó Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal) para pedir el tratamiento sobre tablas de un veto propositivo del Poder Ejecutivo Provincial para cambiar la llamada Ley de Ficha Limpia que fuera aprobada por la Legislatura santafesina.

El Senado santafesino, siempre por unanimidad, trató sobre tablas y aprobó la nueva versión normativa impulsada por el gobernador Omar Perotti, que logró el acuerdo de los opositores con el oficialismo en la Cámara alta provincial.

La broma del norteño reflejó también el clima de acuerdos entre los bloques del Senado que permitió cerrar el año sin tensiones. Hasta los pedidos de los sobre tablas se los dividieron: fue para un radical el correspondiente al veto propositivo, para un peronista del NES (Armando Traferri) el pedido de tratamiento expreso para sostener en poder de los trabajadores los bienes de la fábrica de jugos y aguas Naranpol y para otro compañero de Lealtad (Alcides Calvo) lo mismo respecto del nuevo régimen de ayudas estatales al campo ante factores climáticos adversos.

La norma ratificada por el Senado según la versión que impulsó el gobierno cambia algunos aspectos del expediente que habían iniciado en Felipe Michlig en el Senado y Ximena Sola y Alejandro Boscarol en Diputados.

Se aceptaron las enmiendas porque se mantiene lo principal: si lo mismo ocurre en Diputados se impedirá presentarse a cargos públicos electivos a personas con condena por delitos de corrupción, delitos por violencia de género y delitos contra la libertad, entre otras prohibiciones.

“Consideramos oportuno aceptar el veto propositivo a fin de otorgar más plazo al momento de la presentación por parte de los candidatos de los nuevos requisitos establecidos con la nueva ley de Ficha limpia N° 14180”, dijo Michlig.

La propuesta establecida en el veto “nos parece conveniente, ya que estaremos otorgando un plazo más razonable al momento de la presentación del certificado de antecedentes penales, que pasa a ser ‘al momento de la presentación de las adhesiones’, tal cual lo refiere el artículo 5 de la ley que regula el proceso electoral provincial”, indicó el radical.