La Cámara de Senadores completó la sanción de una ley sobre los plazos y otros aspectos del juicio abreviado, que fue impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro y que, tras su paso por Diputados, recibió modificaciones que ahora conforman la norma.

El texto de la Casa Gris llegó a la Legislatura el 12 de marzo pasado y contó con media sanción en unas pocas semanas, el 9 de abril por parte de los diputados. Ahora, por unanimidad, los senadores completaron el trámite legislativo.

Casa de Gobierno de la provincia de Santa Fe. Crédito: Flavio Raina

Inicialmente la Casa Gris había pedido la modificación de un artículo del Código Procesal Penal pero luego Diputados agregó otro, criterio que fue aceptado por la Cámara alta. Hubo senadores que participaron de las labores previas a esa modificación, que incluyeron consultas a funcionarios de Gobierno.

En el recinto, Rodrigo Borla por la mayoría y Rubén Pirola por el justicialismo explicaron que se busca dotar de “más herramientas” a los fiscales y también hacer más ágil el proceso.

El radical recordó que antes de los alegatos finales de fiscales y defensores, “tanto en los delitos de acción privada como pública”, existe desde hace años la posibilidad de que el acusado admita su culpa y así obtenga algún beneficio por su colaboración con la justicia.

“Lo que hace esta reforma -puntualizó- es cambiar plazos solo en casos de delitos de acción pública”, es decir en aquellos en los que se afecta a la sociedad. Ahora habrá solo tres días tras la notificación.

Y por otra parte, cambia el artículo 401 de la Ley 12.734 - Código Procesal Penal, que también procura acelerar los tiempos. Respecto del trámite judicial se ordena que “abierto el recurso, el Tribunal convocará a una audiencia con un intervalo no menor de tres días ni mayor de quince, según la urgencia o complejidad del caso, en la que se producirá la prueba y se oirá a las partes, las que podrán ampliar la fundamentación o desistir de algunos motivos, pero no podrán introducir otros nuevos, salvo los previstos para el recurso de revisión”. Antes, esa audiencia era convocada luego de informar a las partes sobre el caso, lo que demandaba otros diez días. Eran en total hasta 25.

“Desde nuestro bloque acompañamos al votar de manera positiva esta norma: entendemos que son herramientas que brindamos al Poder Judicial para que sea más ágil y más eficiente”, ratificó Pirola.

Diputados y Senadores avalaron el proyecto impulsado por el Ejecutivo.

En su último informe a los legisladores, la fiscal general María Cecilia Vranicich mostró datos estadísticos que ratifican que para el Ministerio Público de la Acusación son clave los juicios abreviados.

En su exposición referida a 2025, indicó que “transcurridos casi dos años desde la entrada en vigencia de la Ley 14.258 -publicada el 15 de abril de 2024- que reformó el artículo 339 del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe, corresponde efectuar una evaluación integral de su implementación y de los efectos institucionales derivados del control jerárquico de la Fiscalía General en materia de procedimientos abreviados”.

En otras palabras, la titular del órgano acusador llevó a la Legislatura una evaluación que parte de la estadística respecto de los resultados de las últimas modificaciones a la norma, al cabo de dos años de aplicación.

Subrayó “la disminución significativa en el porcentaje de acuerdos abreviados rechazados (por los jueces), que en 2024 representó un 3,3% y en 2025 apenas un 2,27%”. Sostuvo que existe “una adecuada adaptación de los órganos fiscales a las pautas orientadoras dispuestas para la individualización de penas y unificación de condenas”.

Además, para cuando se produjo la ponencia anual del MPA, ya estaba en discusión la nueva reforma. Fue también en abril, cuando Vranicich pidió a los diputados y los senadores que los “plazos sean perentorios” y así evitar que “los operadores judiciales luego tienden a no cumplirlos, interpretando que son plazos meramente ordenatorios”, que se argumente que “exigir su cumplimiento implica un ‘excesivo ritual manifiesto’, como ya lo ha dispuesto un juez de cámara”, lamentó.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Transcurría el año 2018 cuando la Fiscalía, encabezada por Matías Merlo comenzó una investigación por defraudaciones inmobiliarias ocurridas en Venado Tuerto y la región. 

El fiscal investigó a varias personas entre los que había médicos, escribanos, abogados, entre otros, acusados de participar en decenas de maniobras en las que los integrantes de esta asociación ilícita cumplían diferentes tareas según las escuchas telefónicas y los datos recabados de las investigaciones. Según la acusación de la Fiscalía, la organización ilícita se apropió de manera ilegal de casas y campos de personas fallecidas o vulnerables. En total habrían sido alrededor de 32 propiedades, por una cifra cercana a los 1.000 millones de pesos.

 La acusación formal fue presentada por el Ministerio Público de la Acusación en el 2019 y después de atravesar la etapa intermedia, la causa se encontraba a punto de ser sometida a juicio oral y público el año pasado, donde habría ocho acusados. No hubo novedades sobre el caso hasta ayer, cuando la mayoría de los acusados aceptaron un proceso abreviado asumiendo la autoría de los hechos que se les atribuían. El juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Benjamín Révori fue quien confirmó la sentencia.  

En diálogo con Sur24, el fiscal de la causa, Matías Merlo dio detalles sobre los beneficios del proceso abreviado celebrado ayer y que ahora espera por la homologación luego de la que los condenados, con Antonio Di Benedetto a la cabeza acusado de ser el jefe de la asociación ilícita, quedarán a disposición del servicio Penitenciario.  

“De las 15 personas que investigamos por la causa de la asociación ilícita involucrada con el tema de los terrenos, varias ya habían aceptado su responsabilidad y cinco que estaban en la estructura de esta organización y en condiciones de ser llevadas a juicio aceptaron realizar un proceso abreviado, asumieron la responsabilidad en el hecho y convinieron diferentes penas que son de cumplimiento efectivo. Una vez homologado el acuerdo tienen que estar a disposición del Servicio Penitenciario”, señaló el fiscal Matías Merlo.  

El juicio oral y público estaba preparado para ser de dimensiones acordes a la magnitud de las estafas que esta banda llevó a cabo. La Fiscalía había presentado una lista de 300 testigos y estaba previsto que el proceso dure más de tres meses, además de la etapa de alegatos y demás cuestiones que podrían dilatar aún más las sentencias para los enjuiciados.  

“Evaluamos las circunstancias concretas y nos pareció más acorde ponerle un punto final. De las 15 personas que teníamos investigadas, 14 ya están condenadas y los principales actores con penas de prisión efectiva. Si bien en un juicio oral y público podíamos tener un poco más de pena de la establecida (7 u 8 años para el principal autor) nos pareció oportuno fijar una pena y que se empiece a cumplir”, destacó Merlo. 

 Penas y glorias 

Antonio Di Benedetto, el abogado sindicado como cabecilla de la organización ilícita.

La sentencia lograda ayer a través del proceso abreviado, además e la condena de los acusados salvo uno que no aceptó la culpabilidad y será sometido a la instancia del juicio oral, representa para los afectados poder acudir a la Justicia Civil en reclamo de la nulidad de las escrituras que habían sido adulteradas por la organización delictiva.  

Respecto a las penas para los acusados, Merlo informó: “Logramos una pena de seis años y medio para (Antonio) Di Benedetto (Jefe de la organización) de ejecución efectiva de lo que le queda alrededor de cuatro años por cumplir, costas judiciales ($1.500.000) más una reparación económica para las personas que entregaron dinero ($3.500.000), lo que no quita que después estos damnificados tengan abierta la vía Civil para reclamarle más dinero por los daños ocasionados. También fueron condenados el gestor, Raúl Jaime (5 años de prisión efectiva y pago de reparación de daño); María de los Ángeles Sarría (4 años de prisión efectiva); Luis Restovich (4 años de prisión efectiva); Danisa Elisabet Pintos (4 años de prisión efectiva); el escribano de Armstrong, Ángel Emilio Moreale (3 año de prisión condicional, 6 años de inhabilitación profesional y una cifra de reparación de daño). En total se va a repartir entre las víctimas alrededor de cinco millones de pesos. Después ellos seguirán por la vía Civil para recuperar sus bienes”, aseguró el fiscal del MPA, agregando que “para una de las víctimas, esta sentencia representa que vuelvan 240 hectáreas a favor de ella, para otra representa 160 hectáreas, y así muchas más”. 

“Para el Ministerio Público de la Acusación es importante poner punto final y que las víctimas puedan recuperar al menos algo de lo perdido en un corto plazo y antes de un juicio que demoraría mucho tiempo”, concluyó Matías Merlo.  [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text]

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