El Ministerio Público de la Acusación solicitó la homologación de un procedimiento abreviado mediante el cual Marcelo Ariel Rodríguez aceptó su responsabilidad penal por una serie de delitos cometidos en Villa Cañás y la región. El acuerdo contempla una pena única de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo.

Entre los hechos atribuidos se encuentra un grave episodio ocurrido el 7 de junio de 2026, cuando Rodríguez interceptó en la vía pública al secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villa Cañás, Cándido Santa Cruz, para exigirle la eliminación de multas de tránsito que pesaban sobre su hijo.

De acuerdo con la investigación, el acusado se encontraba acompañado por su hijo cuando abordó al funcionario municipal. En ese contexto, lo amenazó de muerte y luego lo agredió físicamente, provocándole lesiones que fueron constatadas por personal médico.

El ataque contra Santa Cruz fue considerado uno de los hechos de mayor gravedad dentro del legajo. Según la acusación, la agresión tuvo como finalidad condicionar el accionar del funcionario público mediante violencia e intimidación, en reclamo por infracciones de tránsito.

La pesquisa reunió una importante cantidad de elementos probatorios, entre ellos la denuncia de la víctima, informes médicos, actuaciones policiales y registros de cámaras del Centro de Monitoreo Municipal.

Las imágenes permitieron reconstruir la secuencia del episodio y corroborar la agresión denunciada por el funcionario.

El procedimiento abreviado también comprende un hecho anterior, ocurrido en agosto de 2023, vinculado con un intento de sustracción de autopartes en el Puesto Policial de Santa Emilia.

Según se informó, ese episodio fue cometido junto a otras personas, entre ellas un menor de edad. Por ese motivo, dentro del acuerdo también se incluyó la figura de intento de hurto agravado por la participación de un menor.

Rodríguez aceptó su responsabilidad penal por delitos que incluyen amenazas coactivas agravadas, lesiones leves dolosas y tentativa de hurto agravado por la participación de un menor de edad.

La pena acordada entre las partes es de cinco años de prisión efectiva, aunque resta la homologación judicial del procedimiento abreviado presentado por la Fiscalía.

Desde la Fiscalía destacaron que el caso representa un mensaje claro frente a hechos de violencia dirigidos contra funcionarios públicos.

En ese sentido, remarcaron que las amenazas, agresiones e intentos de condicionar decisiones administrativas mediante intimidación deben recibir una respuesta penal acorde a su gravedad.

También subrayaron que la persecución de este tipo de conductas no solo apunta a proteger la integridad física de las víctimas, sino también el normal funcionamiento de las instituciones públicas y el principio de igualdad ante la ley.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal adjunta del Ministerio Público de la Acusación, Larisa Celeste Barucca, quien reunió la evidencia que permitió acreditar los hechos y alcanzar el acuerdo de procedimiento abreviado.

Con esta actuación, el MPA reafirmó su compromiso con la persecución de delitos cometidos mediante violencia e intimidación contra funcionarios públicos, buscando garantizar una respuesta judicial proporcional a la gravedad de los hechos investigados.

Personal de la Dirección General de Aduanas y de la Unidad de Investigaciones “Venado Tuerto” de la Gendarmería Nacional Argentina realizaron una serie de allanamientos en Venado Tuerto y otras localidades del sur provincial. El importante operativo comenzó en horas tempranas de la mañana y continuó por la tarde.

Uno de los lugares donde están trabajando los efectivos es un local de venta de celulares e insumos tecnológicos ubicado en San Martín a metros de Alvear. Según fuentes consultadas por Sur24, allí llegaron alrededor de las 11 y durante más de una hora y media avanzaron en la búsqueda de elementos de interés para la causa.

Despliegue de las fuerzas federales en Venado Tuerto.

Desde las fuerzas actuantes informaron que se trata de una investigación de contrabando de distintos productos, principalmente teléfonos celulares.

Los locales allanados, que en principio serían del mismo titular, se encuentran ubicados en las ciudades de Venado Tuerto (dos de ellos), Rufino, Firmat, San Lorenzo, Rosario y en Río Cuarto.

La denuncia fue radicada por la Dirección General de Aduanas ante la Fiscalía Federal de Venado Tuerto a cargo de Javier Arzubi Calvo quien solicitó los allanamientos al titular del Juzgado Aurelio Cuello Murúa.

Algunos de los lugares incluidos en el procedimiento son locales que no tienen atención al público y que comercializan los teléfonos a través de cuentas de redes sociales.

En horas de la madrugada del sábado, personal de la Sección Seguridad Vial Avellaneda de Gendarmería Nacional emplazado sobre la ruta nacional 11 procedió al control de un auto Renault Megane, que se trasladaba hacia el sur proveniente de la ciudad de Florencia y con destino a la ciudad de Avellaneda, departamento General Obligado de la provincia de Santa Fe.

Al momento del control físico del rodado, los gendarmes constataron en el baúl del vehículo dos bolsas de arpillera que en su interior contenían varios paquetes envueltos en nylon de color transparente y otros en nylon de color negro, los cuales emanaban un aroma característico al marihuana.

En tal sentido, los integrantes de la fuerza de seguridad federal solicitaron la presencia de testigos civiles a los fines de proceder a un control más exhaustivo del rodado.

Fue así que contabilizaron un total de 9 bultos de sustancia vegetal de color verde amarronada, que al ser sometida al examen de orientación de campo Narco-Test arrojó resultado positivo para “cannabis”.

Seguidamente, procedieron al pesaje de los bultos, sumando un total de 9,945 kilos de cogollos de marihuana, lo cual fue secuestrado por orden del juez federal de Reconquista.

También se secuestró dinero en efectivo por 45.851 pesos, tres teléfonos celulares y el automóvil Renault Megane.

En virtud de ello, los tres individuos quedaron detenidos por orden del Dr. Aldo Mario Alurralde, quien les imputará transporte de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas organizadas para cometerlo.

Los detenidos fueron identificados como Griselda Bandeo, Martín Darío Carrizoy Gustavo Osvaldo Reneggio.