La Empresa Provincial de la Energía (EPE) continúa con el proceso de reordenamiento de recursos humanos y el fortalecimiento del servicio en calle. Al fin del cobro de boletas en oficinas comerciales, sumó el reconocimiento facial para el ingreso y los concursos para cubrir las vacantes. “Acá se terminó la joda: es el fin de privilegios arraigados en la EPE. A partir de ahora, las personas que ingresen van a ser profesionales capacitados para cubrir un puesto determinado”, anticipó Gustavo Puccini.

El gobierno de la provincia sigue adelante con medidas que implican cambios estructurales en la Empresa Provincial de la Energía. En este sentido, la presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez, firmó dos resoluciones que apuntan a refuncionalizar el área de Transporte y Distribución, y a capacitar a más de 300 empleados para reforzar las cuadrillas de tareas subterráneas y conexiones domiciliarias. Además, en pocos días se realizará el primer concurso para cubrir vacantes, proceso que reemplaza al viejo sistema de “derecho hereditario”. Todo esto, sumado a la puesta en funcionamiento del ingreso biométrico en Rosario y Santa Fe, junto al fin del cobro de facturas en las oficinas comerciales, constituyen un cambio de paradigma en la EPE, profundizando el plan de eficiencia y modernización dispuesto por el Gobierno Provincial. 

“El gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, marcaron un norte, que fue tener empresas de servicios más eficientes, con mejor prestación y procesos internos más ágiles, así como mejorar el control de personal y de gastos”, señaló Rodríguez, quien destacó que en ese camino, además de generar ahorros en materia fiscal -tanto en la compra de insumos como de materiales y en licitaciones-, se avanzó con ordenamientos internos y reestructuración de personal. 

En ese sentido, la titular de la Empresa anunció que “vamos a capacitar a más de 300 empleados en conexiones domiciliarias de red subterránea que hoy están vinculados al servicio de red aérea. Con esto buscamos que los empleados tengan mayores herramientas y perspectivas de futuro, además de fortalecer la prestación del servicio en calle”. 

Asimismo, se dispuso una reorganización de la estructura de la Empresa, composición que no fue alterada en los últimos 30 años. Así, se reubicará dentro de una misma Unidad de Trabajo a los choferes de equipos pesados, equipos livianos, equipos de izaje y otros. También se realizarán las modificaciones de perfiles necesarias “a los efectos de equiparar las funciones y misiones dentro de los sectores operativos, garantizando la disponibilidad de al menos dos choferes por equipo de trabajo, equiparando su funcionamiento al resto de la Empresa”, expresa la resolución, que establece también “aprobar el procedimiento de reconocimiento de carnet de conducir de equipos pesados, grúas e izaje”, lo que permitirá que cualquier empleado con carnet de conducir habilitante podrá maniobrar estos equipos.

Otra de las acciones dispuestas por la gerencia de la EPE es modificar la forma en la que se cubren los puestos vacantes: el ya suprimido “derecho hereditario” (mediante el cual cuando un cargo quedaba vacante, este era ocupado por un familiar directo de quien era titular de ese cargo) fue reemplazado por la convocatoria abierta a concursos.

Este nuevo sistema tendrá un examen escrito, una entrevista personal, y se tomarán en cuenta los antecedentes laborales de aquellos que se presenten a la convocatoria, que constará de perfiles profesional, para tareas manuales, y administrativos. Esto permitirá cubrir la vacante con un candidato idóneo y apropiado al perfil solicitado.

“En los próximos días vamos a anunciar la fecha del concurso de ingreso de personal en la EPE”, adelantó Puccini, quien explicó que “estamos terminando de delinear los perfiles, pero va a ser un hecho histórico. Es el fin de un privilegio arraigado en la Empresa. A partir de ahora, las personas que ingresen a la EPE van a ser profesionales capacitados para cubrir un puesto determinado: se terminó la joda y eso de cubrir un puesto porque quedó vacante sin un rumbo claro”.

Por otro lado, desde EPE recordaron que a partir de este lunes en las oficinas comerciales de la Empresa se dejó de cobrar facturas de manera presencial. Los usuarios podrán abonar sus facturas mediante diversas plataformas digitales y servicios de pago como Rapipago, Pago Fácil, Cobro Express y Mercado Pago, además del débito automático y el pago mediante CBU. 

Además, ya comenzó a funcionar en Santa Fe y Rosario el sistema de ingreso con reconocimiento facial y huella dactilar para controlar los horarios de ingreso y egreso del personal.

“Los fideicomisos son impuestos ilegales. No están sancionados por el Congreso de la Nación. Son disposiciones dictadas por un secretario del Poder Ejecutivo que no deben seguir existiendo. Le pedimos a las entidades de productores, CIARA-CEC y FAIM, que vayan a la Justicia porque les están reteniendo plata sin su consentimiento. Es imprescindible terminar con estas cosas que cotidianamente estamos viviendo”, dijo el presidente de la institución, Fernando Rivara.

El titular de los Acopiadores criticó el hecho de que se le saquen recursos a la producción para mantener precios accesibles del pan, la carne y el aceite. “Lo que le falta a los políticos -oficialistas y de la oposición- es coraje para terminar con los privilegios”, dijo y aclaró que ése el mecanismo para terminar con “el déficit fiscal, el origen de todos los problemas que estamos viviendo”.

“El error está en sacarle a la producción, a los que generan trabajo y riqueza. Necesitamos gente valiente que ataque los privilegios”, insistió y ejemplificó: “la sociedad argentina le dona cada año 2.400 millones de dólares a un par de empresas radicadas en Tierra del Fuego”. En tanto, “un empleado del poder judicial no paga impuestos a las ganancias”.

Durante su mensaje, Rivara destacó el aporte del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), creado por instituciones con identidades diversas, pero objetivos comunes. “La piedra fundamental es trabajar por una sociedad argentina que sea federal, inclusiva y con posibilidades de ser sustentables en el tiempo”, expresó.

“Muchas veces sale la foto de alguien del CAA con un funcionario, pero hay mucho otro trabajo detrás que no se ve: el último sirve de ejemplo. Hay un debate mundial sano y positivo sobre el cuidado del ambiente, un tema que nos incumbe a todos. Detrás de esos debates nobles se esconde la pregunta de quién pagará todo eso. Y hay que tener cuidado: muchos trabajan para que la disminución de los GEI la paguen países que generan el 0.03% y los que generan el 23 o 28% van viendo. El CAA ha hecho un gran aporte para que el gobierno argentino presente una posición sólida, con bases científicas, en consenso con el Mercosur, en la 27ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27) que culmina mañana en Egipto. Eso nos enorgullece”, desarrolló.

La pelea por la Ley de Fomento a las Inversiones Agroindustriales es otro de los temas en los que el CAA enfoca sus esfuerzos. “Hace años que venimos trabajando en eso. La ley no sale, está dormida y la necesitamos. Dejen de rosquear, saquen las leyes”, dijo Rivara para agregar que “este Consejo va a seguir trabajando en los desafíos que presenta este país, que tiene impuestos a la riqueza, a la renta inesperada, pero nadie contempla la sequía inesperada”.

“Ya nadie nos presta más y tenemos que empezamos a luchar con lo que nos queda”, expresó e invitó a los representantes de las organizaciones presentes a aprovechar las oportunidades para pedirles explicaciones a los candidatos a presidentes. “Ajustar, hay que ajustar. Pero ¿dónde lo van a hacer? ¿Van a tener la valentía de ajustar en los privilegios de la política? Hace 20 años atrás se decía que, con una cosecha, Argentina sale adelante. Hemos tenido montones de cosechas y estamos cada vez peor. Se sale con honestidad, transparencia y trabajo”, concluyó Rivara.

(Por Magalí Suárez) – Este jueves la Cámara de Diputados de la Nación le dará tratamiento y todo indica que se aprobaría una polémica ley referida a la “equidad de género” en los medios de comunicación privados que otorgaría “privilegios” a quienes acrediten fehacientemente el cupo requerido por este proyecto.

Esta controversial iniciativa, fue elaborada por las diputadas kirchneristas Gisela Marzziota y Mónica Macha y cuenta con el apoyo de diferentes organizaciones de tinte feministas.

En el octavo artículo del proyecto, se especifica: “Los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión privada los que se otorgue el certificado de equidad en la representación de los géneros tienen preferencia la asignación de publicidad oficial efectuada por el Sector Público Nacional, integrado por los organismos comprendidos en el artículo 8º de la ley 24.156, el Banco de la Nación Argentina y sus empresas vinculadas, sin perjuicio de los criterios objetivos y requisitos establecidos por la normativa vigente en la materia”.

Cabe señalar que el proyecto original, que obtuvo media sanción en Senado y cuya autora fue Norma Durango, solo abarcaba a los medios estatales, pero ahora el texto que tendrán en sus manos los diputados incluye a “todos los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión estatal y prestadores de gestión privada con o sin fines de lucro”.

Ese texto generó rechazos de entidades periodísticas como Adepa, la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA) y Asociación de Radios Privadas Argentinas (ARPA),  quienes a través de un documento expresaron su postura de discordancia. “Entendemos que el artículo en cuestión resulta contradictorio con los principios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular con lo establecido en 2012 por el Documento “Principios sobre regulación de la publicidad oficial y libertad de expresión”, elaborado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En dicho texto se señala claramente que los criterios de adjudicación no pueden estar sujetos a ponderaciones extrañas a la propia dinámica del mensaje a comunicar y de la audiencia a la que se debe llegar”, explican.

Y agregan: “Creemos, en consecuencia, que tal criterio podría desvirtuar el sentido de difusión eficiente de los actos de gobierno que debe tener la pauta publicitaria oficial; y que abriría la puerta a que en el futuro se pretenda asociar la distribución de la misma a criterios subjetivos que puedan implicar una intromisión sobre los medios o sus contenidos”.

El citado proyecto kirchnerista establece una especie de “certificado” que será emitido por una autoridad de aplicación que dispondrá el Poder Ejecutivo, que podría ser el Ministerio de la Mujer. Para conseguir este “permiso”, se establecen “procesos de selección de personal basados en el respeto del principio de equidad en la representación de los géneros”; también, que los medios adopten “políticas de inclusión laboral con perspectiva de género y de diversidad sexual”; y que implementen “capacitaciones permanentes en temáticas de género y de comunicación igualitaria y no discriminatoria”.

De aprobarse este proyecto, se impondrá como condicionante para la obtención del certificado “la promoción del uso de lenguaje inclusivo en cuanto al género en la producción y difusión de contenidos de comunicación”. Según dejaron trascender algunos diputados de la oposición, este punto sería rechazado con el argumento de que “no puede constituir un requisito obligatorio para acceder al régimen de incentivos (…), ya que los cambios en la lingüística y en la morfología de la lengua requieren un tiempo para asentarse”.