El gobierno nacional inició este 6 de noviembre de 2025 el proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) mediante la Resolución 1751/2025, que autorizó la venta en bloque del 44% del paquete accionario por licitación pública y la implementación de un Programa de Propiedad Participada por 5% para trabajadores

La resolución establece que el Estado mantendrá la mayoría accionaria y el voto afirmativo en decisiones estratégicas, en tanto la operación quedará a cargo del Ministerio de Economía con intervención de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y otras dependencias

El documento oficial presentado en el Boletín Oficial cuenta con la firma exclusiva del ministro de Economía, Luis Caputo.

La medida busca sumar capital privado para financiar proyectos y mejorar la gestión técnica y financiera de NASA, mientras la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica conservarán la administración y el control mayoritario

La decisión se tomó en el marco del artículo 8° de la ley 27.742, que somete a NASA al régimen de privatización previsto por la ley 23.696 y sus modificaciones. El marco legal exige que el Estado preserve la participación mayoritaria y se reserve el voto afirmativo en cuestiones como la ampliación de capacidad, la construcción de nuevas centrales, la salida de servicio por motivos no técnicos y la incorporación de accionistas que puedan asumir el control de la sociedad

La resolución dispone la venta en bloque del 44% del paquete accionario y la asignación del 5% a empleados con condiciones preferenciales dentro del Programa de Propiedad Participada. Además, ENARSA transferirá su 1% al Estado y NASA cederá 0,01% de su participación en ENARSA

La venta deberá concretarse por licitación pública en un plazo máximo de doce meses desde la vigencia de la resolución y se realizará conforme a la Ley 23.696, con convocatoria nacional e internacional.

La Secretaría de Energía será responsable de elaborar el inventario de bienes tangibles e intangibles que inciden en la valuación y de preparar la documentación técnica, societaria y contractual de la licitación, en coordinación con la Unidad Ejecutora.

El Tribunal de Tasaciones de la Nación informó que solo puede tasar activos físicos, por lo que los activos financieros e intangibles deberán ser valuados por una entidad bancaria pública; la normativa permite contratar organismos internacionales o entidades privadas si fuera necesario.

La oferta pública se realizará a través de la plataforma CONTRAT.AR, en cumplimiento del decreto 416 del 17 de junio de 2025. La Dirección Nacional de Normalización Patrimonial coordinará la implementación y administración del Programa de Propiedad Participada, junto con la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

La tasación que realice la entidad bancaria pública tendrá carácter de presupuesto oficial. Si la entidad no puede valuarlos, la norma permite recurrir a organismos internacionales o entidades privadas, siempre y cuando no hayan intervenido en la selección de compradores.

La adaptación del estatuto social de NASA será necesaria para viabilizar la operación y la Secretaría de Energía deberá gestionar esa tarea con apoyo técnico y operativo de la empresa y la Unidad Ejecutora.

La Agencia de Transformación de Empresas Públicas dirigirá la operación en coordinación con el Ministerio de Economía y deberá adoptar las medidas necesarias para llevar adelante la privatización dentro de los plazos previstos.

Resolución 1751/2025 by El Litoral

El gobierno nacional autorizó el proceso de privatización de Nucleoeléctrica Argentina S.A, la empresa que controla las centrales generadoras de energía Embalse y Atucha I y II.

Fue mediante la publicación del Decreto 695/2025 en el Boletín Oficial de Nación de este 30 de septiembre, el cual cuenta con firma del presidente de la Nación, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Esta norma establece un Programa de Propiedad Participada que permitirá la venta del 44% de las acciones de NASA, manteniendo el Estado Nacional con una participación mayoritaria del 51%.

La medida en cuestión, enmarcada en la Ley N° 27.742 Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, entra en vigencia desde este mismo martes.

Según Nación, la privatización busca atraer inversores privados para mejorar la eficiencia operativa y financiar proyectos estratégicos, como la Extensión de Vida de la Central Nuclear Atucha I.

El decreto detalla: “Instrúyese a NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA a transferir, en el plazo de SESENTA (60) días, el CERO COMA CERO UNO POR CIENTO (0,01 %) de las acciones del capital accionario de ENERGÍA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA al ESTADO NACIONAL -SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA”.

Además, se agrega en el texto: “Instrúyese a ENERGÍA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA a transferir el UNO POR CIENTO (1 %) de las acciones del capital accionario de NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA al ESTADO NACIONAL -SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA- previo al perfeccionamiento del procedimiento de licitación pública de alcance nacional e internacional, con base, previsto en el artículo 2°, inciso b) del presente”.

El bloque kirchnerista del Senado de la Nación presentó este lunes un proyecto de ley que frene la venta del 44% de las acciones de la empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima.

La iniciativa lleva la firma del jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans (Formosa), y de otros 24 senadores de la principal bancada de oposición de la Cámara alta. Además, fue presentado esta tarde durante una actividad que tuvo como escenario la sede nacional del PJ y se desarrolló bajo el título “El rol estratégico del sector nuclear para el desarrollo nacional”.

El texto tiene apenas cuatro artículos resolutivos y en el primero se declara “de interés público y estratégico no enajenable el desarrollo nuclear argentino”. Y en clara respuesta a lo anunciado por el Gobierno, en el artículo 3 se exceptúa a Nucleoléctrica Argentina de los alcances de la Ley Bases, que en su articulado facultó al Poder Ejecutivo a realizar acciones de venta o cesión de empresas públicas.

En su cuarto artículo, la iniciativa “deja sin efecto todo proceso administrativo iniciado con el objeto de modificar la composición accionaria y/o transformar la naturaleza jurídica de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA)”.

El gobierno nacional avanzó este jueves de forma concreta con el proceso de venta y privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A. mediante el Boletín Oficial.

Fue mediante la publicación de la Resolución 1049/2025 del Ministerio de Economía de la Nación, conforme al decreto 67/2025. El documento cuenta con la firma de Luis Caputo, ministro titular de dicha cartera.

La privatización se llevará a cabo mediante la desintegración vertical de la empresa, dividiendo sus unidades de negocio: Material Rodante, Vías e Inmuebles Aledaños, y Talleres.

El documento oficial detalla que se prevé la venta del material rodante a través de un remate público, cuyos fondos se destinarán a un fideicomiso para financiar obras en las vías a concesionar.

Además, según el texto publicado este jueves, se realizarán licitaciones para la concesión de las vías de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza.

La Secretaría de Transporte será responsable de la ejecución de este proceso con una serie de tareas adjudicadas principales:

Respecto al procedimiento licitatorio para la concesión de las vías de las Líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza y sus inmuebles aledaños, se adjudicaron otras tareas:

En relación a la concesión de uso de los talleres de las Líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza:

Resolución 1049/2025 by El Litoral

El Gobierno nacional autorizó formalmente la privatización total de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) por medio de la venta de las acciones que posee el Estado, a través del Decreto 494/2025 publicado este miércoles en el Boetín Oficial.

La decisión se formaliza tras la modificación del marco regulatorio para la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales, que habilitó la venta de acciones, la entrada de capital privado en la empresa y los cortes del servicio por falta de pago.

La normativa dispone que la venta del 90% de las acciones de la compañía, que pertenecen al Estado nacional, se llevará a cabo en dos etapas. En una primera instancia, se realizará una licitación pública de alcance nacional e internacional para vender al menos el 51% del total del paquete accionario a un operador estratégico.

En tanto que en segundo orden se determinó que el remanente de las acciones estatales que no haya sido vendido en la licitación se ofrecerá en bolsas y mercados del país. En este proceso no se implementará un nuevo Programa de Propiedad Participada.

En este marco, quedó estipulado que “el Ministerio de Economía, en su carácter de autoridad de aplicación, adoptará las medidas que sean necesarias para garantizar que la modalidad de privatización dispuesta no afecte la continuidad de la prestación del servicio público de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales”.

En el texto oficial, el Ejecutivo fundamentó la decisión aduciendo que “desde su creación, AySA ha sido deficitaria y ha dependido de una constante y relevante asistencia del Tesoro Nacional”, precisando en base a los estados contables de la empresa que entre 2006 y 2023 el Estado realizó transferencias del Tesoro por aproximadamente US$13.400 millones.

Al respecto, indicó que “esta asistencia financiera del Estado Nacional no ha logrado impedir un deterioro en la eficiencia y productividad de AySA, reflejado en la disminución de la productividad laboral y el aumento de los costos operativos, entre otros”.

En este contexto, sostuvo que “la intervención estatal, a través del desarrollo de actividades que pueden ser efectuadas por el sector privado, no ha dado los resultados esperados y ha sido incapaz de brindar una solución eficiente y eficaz en la gestión de los servicios públicos, que no conlleve importantes erogaciones para el Estado Nacional”.

De esta manera, el Gobierno avanza con la privatización total de la firma considerando que “para mejorar la prestación del servicio de agua y saneamiento en el área concesionada a AySA se requiere un nivel de inversión en infraestructura que excede las posibilidades de generación de fondos de la referida empresa”.

En este sentido, explicó que la medida busca “contribuir directamente a la mejora en la prestación del servicio público concesionado de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales en el Área Metropolitana, a partir de la implementación de técnicas regulatorias adecuadas para satisfacer las necesidades de los usuarios”.

El Gobierno convocó a audiencias públicas como parte de la segunda etapa del proceso de privatización de 4.400 kilómetros de rutas nacionales, que actualmente son administradas por la empresa estatal Corredores Viales S.A.

En el marco del desarrollo de la Red Federal de Concesiones (RFC), el Ejecutivo lanzó la Etapa II, para avanzar en el nuevo sistema a cargo de la operación y mantenimiento de la Red Vial Nacional.

De esta manera, la Dirección Nacional de Vialidad llamó a una serie de audiencias públicas mediante la Resolución 827/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, con "el objetivo de promover una mayor competencia, generar mayor transparencia y confianza y lograr mejores resultados para los usuarios".

En dichos espacios se tratarán los tramos que conforman la segunda fase de la RFC, constituida por más de 4.400 kilómetros de rutas nacionales, divididos en 8 tramos ubicados en el sector centro del país, abarcando las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa.

En los mencionados tramos se incluyen las autopistas Ricchieri, Ezeiza-Cañuelas, y Newbery, así como las rutas nacionales 3, 5 y 7, y los trazados que dan acceso a los puertos del Paraná, en torno a la ciudad de Rosario y sus alrededores.

Las instancias de participación pública se llevarán a cabo entre el 11 y 13 de junio y para quienes tengan interés, deberán inscribirse por un formulario disponible en la web de Vialidad Nacional, de forma libre y gratuita desde este lunes y hasta el 9 de junio de 2025.

Desde el Gobierno destacaron que "el desarrollo de la Red Federal de Concesiones es posible gracias a que se generaron las condiciones para que los capitales privados puedan invertir en la operación y mantenimiento de estas trazas nacionales y de esta manera, reducir los gastos que esto genera al Tesoro nacional".

Asimismo, recordaron que "el nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del sector público, que hasta el momento realizaba aportes para sostener un esquema de concesión deficitario y que no brindaba beneficios reales para los usuarios".

A su vez, aclararon que "Vialidad Nacional, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría de Transporte, será la autoridad encargada de supervisar y controlar los contratos de concesión actuales y futuros, asegurando su cumplimiento en beneficio de los usuarios y el desarrollo de la infraestructura vial".

Además, remarcaron que "reforzamos el compromiso del Gobierno Nacional con el desarrollo de un sistema vial moderno, seguro y eficiente, promoviendo la integración territorial y el crecimiento económico del país".

A través del Decreto 286/2035, el Gobierno inició el proceso de privatización total de Energía Argentina S.A. (ENARSA), que se llevará a cabo mediante la separación de las actividades y bienes de cada una de sus unidades de negocio.

Como primera etapa, se autoriza la venta del 100% de las acciones de ENARSA en CITELEC S.A., empresa controlante de Transener, responsable de la transmisión eléctrica en todo el país. Esta operación se realizará mediante concurso público nacional e internacional.

El documento publicado este viernes cuenta con la firma del presidente de la Nación, Javier Milei, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Durante años, ENARSA requirió transferencias millonarias del Tesoro para sostener una estructura que no logró resultados eficientes ni en calidad de servicio ni en administración. Este proceso apunta a ordenar el funcionamiento del Estado y permitir que el sector privado, con capacidad de inversión y experiencia, asuma la gestión de actividades clave como la transmisión eléctrica.

La medida busca mejorar el servicio, fomentar la competencia y garantizar precios reales y sostenibles para todos los argentinos.

El sector privado no solo puede hacerlo mejor, sino que además es el motor natural de la inversión, el empleo y la innovación.

El Estado se enfoca en lo que debe hacer: organizar, regular y cuidar el buen funcionamiento del sistema energético.

El presidente Javier Milei se pronunció este miércoles sobre las tensiones con los gremios aeronáuticos, en medio de las negociaciones por el futuro de Aerolíneas Argentinas. En una entrevista en Radio Rivadavia, el mandatario reafirmó su decisión de avanzar con la privatización de la aerolínea estatal y cuestionó el rol de los sindicatos en su gestión: “Aerolíneas es una empresa que, desde que se nacionalizó, nos costó US$8.000 millones y pierde casi US$2 millones diarios. Alguien tiene que pagar eso”, sostuvo.

En sus declaraciones, Milei criticó la lógica de subsidiar a una empresa que, según él, “beneficia solo al 2% de los más ricos, mientras el 98% restante financia sus pérdidas en un país donde dos tercios de los niños son pobres”. “¿Dónde se ve el dinero de esos subsidios? ¿En mejor calidad o precios? No. Solo en mantener privilegios”, disparó.

Refiriéndose a los sindicatos del sector, Milei fue tajante: “Los defensores de la aerolínea de bandera nunca lograron que funcione bien, y los gremios rompieron todas las posibilidades de que funcione. Si no se atienen a trabajar de manera eficiente, o se cierra para cortar el déficit o se privatiza. Pero lo que está claro es que no seguirá en manos del Gobierno”.

En otro tema, Milei celebró la reciente confirmación de la condena a seis años de prisión para la ex-presidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad. “Se terminó la Argentina de unos pocos vivos en contra de los argentinos de bien. El que las hace, las paga. Nosotros no intervenimos en la Justicia, ahí está la sentencia”, remarcó, reforzando su postura en torno a la lucha contra la corrupción y la transparencia judicial.

El reciente anuncio del Gobierno de Javier Milei sobre la concesión de rutas bajo la Red Federal de Caminos, que incluye a la Circunvalación, ha desatado alertas sobre el futuro de esta vía. La incertidumbre crece en torno al mantenimiento y la posibilidad de un peaje, en un contexto donde la infraestructura muestra claros signos de abandono.

En 2023, se aprobó un proyecto para renovar las luminarias de sodio por tecnología LED en un esfuerzo por mejorar la iluminación y reducir costos energéticos. No obstante, los trabajos prometidos aún no han comenzado, lo que deja a la Circunvalación en una situación preocupante. Vecinos han expresado sus quejas ante la falta de luces y el riesgo que esto implica, especialmente en las colectoras.

Se ha formalizado un pedido de informe al Ejecutivo Municipal para que actúe y gestione la reparación del alumbrado público en las áreas afectadas. Este llamado incluye la exigencia de aclarar el destino de las obras que se habían comprometido pero que hasta ahora permanecen sin realizarse. Las autoridades deben asegurar que el mantenimiento no se vea comprometido con la privatización.

La comunidad exige respuestas inmediatas. Con sus 30 kilómetros de extensión, la Avenida Circunvalación es un punto neurálgico que conecta con las principales rutas del país, como la AU 9, AP 01, RN 174, RN 11, RN 34, RN 33 y RN 9. La falta de acciones concretas podría comprometer la seguridad vial y la conectividad de toda la región. Los ciudadanos merecen una Circunvalación en condiciones óptimas y con iluminación adecuada para garantizar su seguridad en cada viaje.

El Gobierno nacional privatizará en los próximos seis meses cuatro centrales hidroeléctricas en lo que resulta ser su primer paquete de concesiones, según estableció mediante el decreto 718/204 publicado este lunes en el Boletín Oficial.

Las generadoras incluidas en este proceso son Alicurá, Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, que estaban siendo operadas con prórrogas transitorias.

El artículo 6 indica que "dentro de los ciento ochenta (180) días corridos siguientes a la entrada en vigencia del presente la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía llamará a Concurso Público Nacional e Internacional, competitivo y expeditivo, con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante" de las empresas indicadas.

La norma establece que las empresas ENARSA y NASA deberán transferirle a la Secretaría de Energía las acciones de las empresas a privatizar dentro de los próximos seis meses para formalizar el proceso.

Asimismo, se facultó a la Secretaría de Energía a fijar las pautas del Concurso Público Nacional e Internacional que deberá incluir el esquema de remuneración de los concesionarios durante el Período de Concesión y como mínimo los siguientes anexos: (i) Contrato de Concesión, (ii) perímetro y descripción, (iii) inventario, (iv) seguridad de presas, embalses y obras auxiliares; (v) normas de manejo de aguas; (vi) guardias permanentes; (vii) protección del ambiente; (viii) seguros; (ix) obras y trabajos obligatorios.

En caso que el proceso de privatización quede desierto las acciones volverán al Estado nacional.

El artículo 1 del decreto también estableció que los actuales concesionarios de estas hidroeléctricas seguirán operándolas hasta que se complete el proceso de privatización.

Luego de idas y vueltas, el gobierno nacional coronó en la medianoche del jueves una reforma en el articulado de la Ley Ómnibus, que derivó en una serie de modificaciones en el texto original.

Tras una intensa negociación con la oposición dialoguista del Congreso, el Ejecutivo aceptó no incluir a la petrolera YPF entre las más de cuarenta compañías que en principio podían ser privatizadas.

La exclusión de la petrolera de este punto fue una de las condiciones impuestas por legisladores del radicalismo, el PRO y Consenso Federal para levantar la mano el jueves próximo durante la sesión.

Los encuentros se sucedieron en el despacho del presidente de la Cámara, Martín Menem, y participaron el ministro del Interior Guillermo Francos, y Santiago Caputo, figura muy allegada al presidente Javier Milei, que se encontraba de regreso desde Davos.

Las consideraciones sobre YPF que los diputados trasladaron al gobierno es que, a partir de Vaca Muerta, la empresa aumentará significativamente en su valor en los próximos cinco años y que, además, la petrolera ya se privatizó "y no salió bien".

Finalmente, tras las negociaciones y al regreso del mandatario, el Ejecutivo decidió presentar un nuevo texto con modificaciones en el mega proyecto de ley, entre los que se encontró la exclusión de la petrolera nacional del listado de empresas públicas a privatizar.

Por otra parte, este viernes la provincia de Santa Cruz anunció un acuerdo con YPF para que le sea devuelta la explotación de los pozos petrolera tradicionales que están en mano de la compañía con mayoría estatal.

El gobernador santacruceño Claudio Vidal podrá así disponer de los yacimientos convencionales ubicados sobre la franja norte del territorio provincial.

En un hecho sin antecedentes, Santa Cruz es la primera provincia en obtener la reversión de áreas convencionales de petróleo, relegadas por la operadora estatal, que tiene sus ojos puestos en el Shale de Vaca Muerta.

El acuerdo se selló en una reunión en la que participaron, además de Vidal, el presidente de YPF, Horacio Marín, el ministro de Energía de Santa Cruz, Jaime Álvarez, el vicepresidente de Asuntos Públicos, Lisandro Deleonardis; y el gerente de Relaciones Laborales de la firma, Marcelo Aldeco.

Vidal explicó que “se trata de las áreas de YPF –algunas de ellas sin inversión-, con notables pérdidas de producción en los últimos años. Como consecuencia de ello, muchas empresas pymes dejaron de funcionar, otras enfrentan la reducción de sus contratos, y la sociedad absorbe la pérdida del movimiento económico regional”.

De este modo, los yacimientos de Barranca Yankowsky, Cañadon de la Escondida-Las Heras, Cañadon León-Meseta Espinosa, Cañadon Vasco, Cañadon Yatel, Cerro Piedra-Cerro Guadal Norte, El Guadal-Lomas del Cuy, Los Monos, Los Perales-Las Mesetas y Pico Truncado-El Cordón; pasan a manos de la provincia, que podrá decidir sobre sus destinos y términos de explotación.

El mandatario santacruceño busca reactivar esas áreas “para sostener y generar una mayor cantidad de empleo genuino en el sector privado, además de incrementar la producción para obtener mayores regalías; y así afrontar con éxito el alto gasto público que tiene hoy la provincia en materia de salud, educación y salarios estatales”.

"Eficiencia", van a escuchar mucho esa palabra, anticipó en plena transición un legislador que ahora tiene su despacho ministerial cerca del gobernador Maximiliano Pullaro, en la Casa Gris. El hoy ministro de Gobierno se sentaba en la banca ubicada al lado de la del entonces candidato a la Casa Gris, que ya había ganado en las Paso, cuando la Asamblea Legislativa debatía (y rechazaba en buena medida) un enorme paquete de pliegos para fiscales y defensores: se aceptaron apenas 19 de 48.

Fabián Bastia, ex director de la Empresa Provincial de la Energía en tiempos de Miguel Lifschitz -cuando Pullaro era su ministro de Seguridad- tal vez pensaba en aquella definición tan tajante, "e-fi-cien-cia", lanzada en sílabas a varios periodistas, bastante más allá del funcionamiento de los órganos penales, que ciertamente el gobernador ha criticado al asumir el 10 de diciembre (como a la Justicia) por lo mismo: pocos resultados.

En cualquier caso, el término hoy es el norte de lo que se pretende de las empresas públicas provinciales en las que en los últimos quince o casi veinte años se ha apostado por sostener cierto statu quo, hoy sacudido por un nuevo clima de época. Tanto en la Empresa Provincial de la Energía como en Aguas Santafesinas SA el gobierno espera cambios, sobre todo en esta última.

El país ha ingresado en tan solo un año en un resurgimiento de las consignas que gobernaron en la década del '90, que ahora el presidente electo por La Libertad Avanza reivindica. Las privatizaciones fueron un medio para el ingreso de capitales y para disminuir el gasto público que tuvieron un enorme consenso, durante los 10 años de los gobiernos del peronista Carlos Menem y parte de los apenas dos del radical Fernando de la Rúa. Pero la realidad es que el mapa de aquella Argentina es sumamente diferente al actual: hoy ya son privadas las empresas que actúan en el mercado eléctrico más concentrado, el del Conurbano y la Ciudad de Buenos Aires (con resultados pésimos que este verano quedarán otra vez expuestos frente a compañías en manos de las provincias, como la Epe o Epec en Córdoba). Además, ya han sido privatizadas y vueltas a estatizar porque la realidad de la desinversión lo impuso, el agua potable y las cloacas de bonaerenses y porteños, así como Aerolíneas Argentinas.

Es cierto que sin los enormes recursos transferidos por todos los argentinos a todas las empresas nacionales mencionadas (también las privadas Edenor y Edesur) no podrían haber funcionado, con tarifas bajas, durante más de una década, pero está claro que las políticas pendulares espantan a los inversores.

En Santa Fe hay además, a diferencia de lo que ocurría en aquella década, un gobierno con una visión diferente de la de los anarco capitalistas, o liberales libertarios. El radicalismo y sus socios en Unidos para Cambiar Santa Fe no tiene esa agenda, ni esos compromisos electorales. Y las designaciones al frente de la Epe y de Aguas confirman que la palabra que Bastia lanzó en agosto, hace solo cuatro meses es el objetivo a llevar a cabo: más eficiencia en el sector público.

En términos legales, doctrinarios, e incluso ideológicos, la distribución de la energía eléctrica en casi toda la provincia está en manos de la provincia; y lo mismo las redes sanitarias de las ciudades más importantes, que cubren dos tercios de la población santafesina. Pero cualquier dirigente político en Santa Fe sabe que, en cierta medida, Aguas y la Epe son de las corporaciones que las hacen funcionar, que las líneas de mandos medios son decisivas aunque se cambien las conducciones. Son de los santafesinos, pero también de sus actores permanentes, los funcionarios y los gobiernos pasan.

Es interesante: un contexto nacional de espada de Damocles para los sectores sindicales, con concesiones o ventas de activos en las empresas públicas estatales del gobierno de Javier Milei, en proyecto o realizadas, puede hacer más eficientes a las compañías también estatales santafesinas. ¿Cómo? La explicación está en el segundo gobierno de Jorge Obeid, cuando el justicialista acordó con los gremios lucifuercistas de la Epe una resignación de posiciones salariales bajo el compromiso de la no privatización que quería el reutemannismo.

Por supuesto, aquella negociación que logró que la empresa tuviera tarifas más competitivas a favor del sector industrial, en medio de aumentos generalizados a nivel nacional, se expresó en otros términos más agradables, en favor de la gestión pública en la que coincidieron las gestiones gubernamental y gremial de entonces. La empresa ciertamente inició un ciclo virtuoso que continuó con los gobiernos del Frente Progresista, Cívico y Social que no dejó atrasar las tarifas y mantuvo un servicio muy superior al que sufren porteños y bonaerenses pero bastante más caro. Luego, por los años de la pandemia (y las elecciones de 2023) durante la gestión de Omar Perotti las tarifas quedaron retrasadas.

En la Epe hay además otra cuestión a analizar: desde que el gobierno nacional con Sergio Massa como ministro de Economía (con la secretaría de Energía bajo su órbita) comenzó el retiro de los subsidios mediante la segmentación tarifaria, el espacio para cobrar el Valor Agregado de Distribución está "acotado" en las facturas finales. Con generación subsidiada por la Nación era más digerible el aumento provincial.

El año termina con una novedad que para nadie es sorpresa. La Epe actualiza sus tarifas en casi 10%, de manera prudente. Tenía justificada una suba de hasta 20%) pero se ha preferido cuidar al usuario residencial.

El marco regulatorio, la legislación vigente, el organigrama y las funciones del Ente Regulador y la existencia de una Sociedad Anónima en la figura de la compañía que controla el agua potable y las cloacas para la mayoría de los santafesinos está también en manos del Estado Provincial.

Santa Fe posee las acciones de Aguas Santafesinas SA. Su historia sigue el camino inverso al de la Epe, porque la Dipos sí fue concesionada durante el primer gobierno peronista de Carlos Reutemann y reestatizada durante el segundo mandato de Obeid, de idéntico signo político. Es más: la vuelta al control público de la ex Aguas Provinciales SA (primero en manos francesas y luego de un consorcio que sumó empresas argentinas) fue anterior a la Aguas Argentinas SA.

En otras palabras: primero se creó la santafesina Assa y luego la porteña y bonaerense Aysa (que subsidian todos los argentinos mediante sus impuestos). Lamentablemente para los habitantes del interior, el proceso de traspaso de las concesiones de la energía eléctrica y del agua y las cloacas al gobierno de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se había iniciado durante el gobierno de Mauricio Macri, se revirtió con Alberto Fernández.

Mientras la Epe es una empresa provincial que ha logrado cierto sentido de pertenencia y orgullo de su personal, no sucede lo mismo en la ciudad de Rosario en el caso de Aguas. Allí la nueva conducción de la sociedad anónima del Estado sabe que tiene un desafío: recuperar la verticalidad en la toma de decisiones y que sea menor el peso en el presupuesto de los pagos a empresas tercerizadas (de fuerte presencia gremial). Se observa con preocupación la productividad y la eficiencia de la empresa de aguas en la ciudad más importante, que hay casi un doble comando en áreas de respuesta al usuario en las calles de Rosario. El caso de un dirigente sindical apaleado por empleados de Assa, dentro de sus instalaciones expuso con crudeza la situación. Y del incremento de los gastos en empresas tercerizadas (mientras no se reduce la planta de personal propio) fue expuesto por el Enress en sus resoluciones no vinculantes ante pedidos de aumentos de Assa.

Más allá de esos problemas, es evidente que lo urgente es resolver el déficit actual que muestra Aguas, con un aporte del sector público del 85% de los gastos corrientes. Los santafesinos (tengan o no servicios de la SA) pagan esa proporción; los usuarios apenas el resto. Pero a esas cuentas se le deberán revisar lo que a principio de estas líneas se comentó: la eficiencia en el uso de los recursos.

El pedido para el incremento del 128% en 2024 se inició en plena transición, se debate a toda velocidad a fines de diciembre, pero la empresa comenzará a percibir sus frutos recién a mediados del año próximo. Hasta entonces necesitará el auxilio estatal.

El ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, confirmó este sábado que el Gobierno apunta a privatizar las empresas de trenes y, así, "retirar al Estado de la Economía".

"Nuestra orientación, el vector con el cual trabajamos, es que todo lo que pueda hacer el sector privado, que lo haga, y retirar al Estado de la economía", afirmó Ferraro en diálogo con Radio Mitre, al responder una consulta sobre el proyecto que tiene la actual administración en torno del sistema ferroviario.

En este sentido, remarcó que "hay distintas formas de hacerlo y distintas actividades e industrias que atañen al ferrocarril".

"Una cosa es el ferrocarril que transporta pasajeros y otra es el de carga", refirió el ministro, tras lo cual destacó que "también está una estructura que se quiso hacer en los 90".

Sobre esto último, Ferraro se explayó: "Fíjese lo que es el Estado, este monstruo que crece solo, que cuando se privatizaron se trató de llevar a Argentina el modelo europeo, por el cual se creó una empresa que administre la infraestructura ferroviaria, esto es las vías y señalizaciones, y otra que administre la operación ferroviaria".

"Eso quedó abierto para que las unidades de negocios sean claramente diferenciadas hacia un sistema open access, por lo cual también se avanzó entre 2015 y 2016 mediante una Ley, pero nunca se implementó", añadió.

En relación con el sistema open access, el funcionario graficó: "Esto es que las vías estén a cargo de una empresa, ADIF -mencionó-, y que por ello cobre un canon a quien las use, tanto operadores de pasajeros como de cargas".

"Así quedan definidos dos modelos de negocios con dos objetivos y dos performances: el que administra la infraestructura tiene la obligación y vende el servicio de mantener las vías bajo un régimen de carga y velocidad adecuados y por eso cobra un canon; el que opera el pasajero tiene un modelo de negocio y el de carga otro", distinguió, aunque reiteró que "nunca se implementó" ello.

En cambio, señaló que "hoy está todo mezclado, y sobre esas dos estructuras, más otras que se crearon, se quedaron empresas de empresas y sobre eso una empresa madre, Ferrocarriles Argentinos S.A., que funciona como holding", evaluó Ferraro sobre el actual modelo de los trenes en el país.

"Todo eso que está por arriba de estas dos estructuras es burocracia que se ha creado de manera inútil y que encarece todo el sistema", aseveró.

Ferraro anticipó que la semana que viene habrá "novedades normativas y de leyes”, entre las que se encuentran una iniciativa de "desregulación de la actividad económica” y otra que “tiene que ver con las reformas del Estado”.

“Fue una semana intensa y va a seguir siendo así por un tiempo. Hay mucho por hacer y el ánimo tanto del presidente (Javier Milei) como del Gabinete es redoblar el esfuerzo para hacerlo lo más rápido posible. La que viene va a ser una semana de novedades normativas y de leyes”, adelantó el ministro de Infraestructura en declaraciones a radio Mitre.

Al especificar, Ferraro contó que “hay (iniciativas) de distinto tenor" y agregó: "Hay un paquete que podemos titular 'de desregulación de la actividad económica' y otro paquete que tiene que ver con las reformas del Estado”.

“En ambos casos tienden a liberar y reducir el costo del Estado y liberar de obstáculos tanto producido por el Estado como dentro de la actividad económica”, precisó.

En ese sentido, señaló que “hay alguna (de las propuestas) que está vinculada a facilitar que el sector privado tenga la posibilidad de ser el factor más dinámico en la inversión pública sobre todo en obras de infraestructura”.

Sobre la conversión de empresas del Estado (Sociedad del Estado) pasen a ser Sociedades Anónimas, el funcionario nacional afirmó que dicho paquete “establece normativas para reformar la Sociedad del Estado”.

“Hay un programa que venimos trabajando hace muchos meses y hoy está plasmado en una estructura que tiene la Jefatura de Gabinete, una subsecretaría específica dedicada a mapear las empresas que ya son sociedades anónimas con el capital en manos del Estado y otras que son Sociedad del Estado”, apuntó.

Al respecto, explicó que “mapearlas significa hacer un diagnóstico a aquellas que son rentables; ver la posibilidad de privatizar aquellas que no sólo no son rentables, sino que no tienen sentido que existan, la intención es disolverlas; y aquellas que son deficitarias, pero pueden llegar a estar en equilibrio, aplicar una terapia de racionalización para llegar al punto de equilibrio y ver qué se puede hacer”.

Consultado sobre la Ley de Alquileres, respondió: “No voy a decir menos que lo que dijo el Presidente. La Ley de Alquileres es nefasta y habría que derogarla. Probablemente esté dentro de las normativas que se presenten”, cerró.

“Como mínimo hay que decir que el presidente electo se está probando la piel del oso antes de haberlo cazado”, aseguró Jorge Lapeña respecto del enunciado de Javier Milei sobre la privatización de YPF, lo que supone vender las acciones de lo que en realidad es una sociedad anónima en la que el Estado nacional posee mayoría accionaria.

Para el titular del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, “el presidente electo revela con este anuncio que no ha enfundado aún la ‘motosierra de juguete’ de los días de campaña. Lapeña plantea una auditoría sobre la privatización que llevó adelante Axel Kicillof y propone conocer quién está detrás del juicio contra la Argentina en Nueva York por esa decisión.

“En el mejor de los escenarios -explicó el ex secretario de Energía de la Nación- el anuncio se trata de un proyecto demagógico y extemporáneo. Primero el presidente electo debería garantizarse contar con 37 Senadores y 129 diputados nacionales para asegurar la viabilidad de su idea extemporánea, peligrosa e inconveniente.

“Debe tenerse presente -planteó Lapeña en Twitter- que YPF es una empresa ‘cuasimonopolica’ que maneja el 60 % del mercado nacional de combustibles líquidos y produce el 48 % del petróleo y el 25 % del gas natural. Una privatización de semejante poder de mercado es inconveniente y peligrosa”.

Añadió en su cuenta de X que “la experiencia y la historia de países de economía competitiva muestra que ningún gran país toleraría semejante poder de mercado concentrado en una única empresa privada”.

“La privatización de una empresa de esta magnitud no puede manejarse por mero ideologismo como parecería ser este caso. Creo que sería oportuno encarar una auditoría sobre lo actuado en relación a la estatización de YPF ; deslindar responsabilidades en relación al juicio contra la Argentina en el juzgado de Nueva York que podría construir un gran pasivo para su gobierno”.

Por César Rodríguez

El presidente electo, Javier Milei, ratificó que su intención es privatizar YPF, pero aclaró que para hacerlo “primero hay que recomponerla”.

En cambio, fue enfático en el traspaso al sector privado del sistema público de medios de comunicación.

“A YPF primero la tienen que recomponer. Desde que el señor Axel Kicillof decidió estatizarla, el deterioro que han hecho de la empresa en términos de resultados para que valga menos que cuando se la expropió”, señaló en declaraciones radiales.

Milei indicó que en el proceso de transición energética, “YPF y Enarsa tienen un rol” con el objetivo de “racionalizar estructura para ponerlas en valor para que se las pueda vender de una manera muy beneficiosa para los argentinos”.

En otro orden, afirmó que privatizará la Televisión Pública, Radio Nacional y la agencia nacional de noticias Télam. “Consideramos que la Televisión Pública se ha convertido en un mecanismo de propaganda”, sostuvo el mandatario electo y remarcó que “durante la campaña, el 75% del tiempo que se habló de nuestro espacio se hizo de una manera muy negativa, abonando la campaña sucia, la campaña del miedo”.

“No adhiero a un Ministerio de Propaganda encubierto: tiene que ser privatizado. Lo mismo con Radio Nacional. Todo lo que pueda estar en manos del sector privado, va a estar en manos del sector privado”, subrayó. En esa política también incluyó a la agencia de noticias Télam.

Además, el presidente electo aseguró que para levantar el cepo cambiario en primer lugar hay que solucionar el “problema de las Leliqs” porque caso contrario Argentina podría caer en una hiperinflación.

“No se puede resolver el el problema del cepo cambiario sino se resuelve el problema de las Leliqs. Es la otra cara de la moneda”, señaló Milei en declaraciones a Radio Rivadavia.

Milei enfatizó que “si no resolvés el problema de las Leliqs te vas a una hiperinflación” e insistió: “Hay que resolver el problema de las Leliqs y después liberas”.

Consultado sobre cuánto podría ser el precio del dólar en ese caso, el mandatario surgido de las urnas sostuvo que “los precios los va a determinar el mercado, pero antes tenes que corregir los desequilibrios de stocks porque la dinámica de ajuste sin corregir los desequilibrios de stocks puede ser letal y llevarte a una hiperinflación”.

Milei reiteró que está dispuesto a “aplicar el manual a rajatabla para arreglar los problemas” y marcó los ejes de su gobierno: “Estado pequeño y comprometido a honrar los compromisos, respeto el derecho de propiedad, una posición abierta hacia el mundo en términos comerciales”.