Un hombre y una mujer quedaron en prisión preventiva en Venado Tuerto luego de ser imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La investigación incluyó tareas de vigilancia y allanamientos realizados por la Policía Federal Argentina, en los que fueron secuestrados cocaína, marihuana, teléfonos celulares y una libreta con anotaciones.

La audiencia imputativa se realizó el martes 28 de julio y estuvo a cargo del fiscal Luis Lagioia. Los investigados son Luciano Gabriel V., de 26 años, y Georgina Ayelén F., de 30, quienes fueron asistidos por la defensora pública María Cecilia Tosco.

La Justicia dispuso para ambos la prisión preventiva ordinaria, medida que podrá ser revisada a pedido de las partes una vez transcurridos 30 días.

Los allanamientos

De acuerdo con la atribución formulada por la Fiscalía, los procedimientos que derivaron en las imputaciones se realizaron el viernes 24 de julio, alrededor de las 18, en domicilios de Venado Tuerto.

En la vivienda vinculada a Luciano Gabriel V., ubicada sobre calle Santa Cruz, los investigadores encontraron un envoltorio con seis gramos de cocaína, otro con 48 gramos de marihuana, dos teléfonos celulares y una libreta con distintas anotaciones.

Según la hipótesis fiscal, esos elementos fueron analizados junto con las tareas de campo desarrolladas durante junio y julio por personal de la División Unidad Operativa Federal Venado Tuerto de la Policía Federal Argentina.

Los investigadores sostienen que durante esas tareas se observaron movimientos en las inmediaciones del inmueble que serían compatibles con la comercialización de estupefacientes.

A partir de esos indicios, la Fiscalía atribuyó al joven la presunta tenencia de la droga con fines de comercialización.

Segundo procedimiento

En el caso de Georgina Ayelén F., el allanamiento se concretó en una vivienda de calle San Luis.

Allí, según la imputación, fueron secuestrados 4,27 gramos de cocaína distribuidos en siete envoltorios y un teléfono celular que tenía colocados dos chips.

La Fiscalía agregó que personal de la Policía Federal había realizado tareas investigativas en la zona el 20 de julio, cuatro días antes del operativo, durante las cuales habría registrado movimientos considerados compatibles con la comercialización de drogas.

El fraccionamiento de la cocaína y la información obtenida durante las tareas previas son parte de los elementos que el Ministerio Público de la Acusación presentó para sostener, en esta instancia inicial de la investigación, que el estupefaciente estaba destinado a la venta.

Imputación y prisión preventiva

Los dos investigados fueron imputados por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La atribución fue formulada por el fiscal Luis Lagioia durante la audiencia realizada el martes en los tribunales de Venado Tuerto. La defensa de ambos estuvo a cargo de la defensora pública María Cecilia Tosco.

Tras la audiencia se dispuso que Luciano Gabriel V. y Georgina Ayelén F. continúen privados de su libertad bajo prisión preventiva ordinaria.

Quedó en prisión preventiva un hombre de 34 años e iniciales LEPH que es investigado por haber amenazado a su expareja y por haber agredido al padre de ella en la localidad de Amenábar.

La privación cautelar de la libertad fue ordenada por la jueza Lorena Garini, en una audiencia desarrollada en los tribunales de Rufino.

El fiscal Mauro Menéndez está a cargo de la investigación y es quien solicitó la preventiva. En tal sentido, valoró que “el juez hizo lugar a nuestro requerimiento a pesar de que la Defensa se opuso”.

Menéndez indicó que “el imputado llevó adelante su accionar delictivo el sábado pasado en la vivienda en la que reside su expareja”. En tal sentido, expuso que “la amenazó con matarla si no retomaban la relación que habían mantenido”, y resaltó que “en el marco del amedrentamiento, hizo referencia a una cuchilla que ambos sabían que estaba en un lugar específico de la casa”.

“Momentos más tarde, el hombre investigado volvió al domicilio e ingresó aunque tanto la víctima como otras personas de su entorno familiar le manifestaron expresamente que no querían que entre”, relató el fiscal. “Además, una medida judicial le impedía estar allí”, planteó.

El funcionario del MPA precisó que “el imputado tomó un hacha y usó el mango para golpear en la espalda a su exsuegro, quien resultó herido”.

El hombre que quedó en preventiva es investigado como autor de lesiones leves dolosas, amenazas coactivas, violación de domicilio y desobediencia de un mandato judicial.

Quedó en prisión preventiva un hombre de 48 años, cuyas iniciales son LAL, al que se investiga por haber agredido a dos personas de su entorno en una vivienda ubicada en la localidad de María Teresa).

La medida cautelar fue solicitada por la fiscal Mayra Vuletic e impuesta por la jueza Andrea Cavallero, en una audiencia desarrollada en los tribunales de Venado Tuerto.

La fiscal valoró que “la magistrada consideró acreditada la atribución delictiva que realizamos, sostuvo que la pena en expectativa es de prisión de cumplimiento efectivo y planteó que los riesgos procesales estaban latentes”.

Vuletic indicó que “el domingo 12 de este mes a la madrugada, el imputado llevó a cabo su accionar delictivo de forma coordinada con una mujer con la que mantenía una relación”, y precisó que “en la casa en la que residían, agredieron a una pareja que estaba de visita allí”.

“El investigado y su compañera golpearon con los puños y con un palo a una de las víctimas y atacaron con un hacha a la otra”, afirmó la funcionaria del MPA. “Momentos después, el hombre amedrentado se desvaneció en la vía pública y los coautores le aseguraron que lo iban a matar con un arma de fuego”, remarcó.

La fiscal refirió que “el hombre de iniciales LAL también es investigado porque en diciembre del año pasado agredió físicamente a su pareja en un contexto de violencia de género”, y puntualizó que “ese ilícito también fue cometido en el domicilio que compartían”.

El hombre que quedó en preventiva es investigado como coautor de lesiones graves dolosas, lesiones leves dolosas y amenazas coactivas. A su vez, se le atribuyó la autoría de lesiones leves dolosas calificadas (por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género).

Quedó en prisión preventiva un hombre de 36 años, cuyas iniciales son CJM, al que se investiga por haber agredido con un arma blanca a la pareja de su madre en Rufino.

La medida cautelar fue solicitada por la fiscal Rafaela Florit e impuesta por el juez Aldo Baravalle, en una audiencia desarrollada en los tribunales rufinenses.

Florit valoró que “se hizo lugar a nuestro requerimiento a pesar de que la Defensa propuso alternativas”, y puntualizó que “había tanto peligro de fuga como de entorpecimiento probatorio”. Al respecto, precisó que “el imputado vivía en la provincia de Buenos Aires y viajó hasta Rufino sólo para cometer el ilícito”, y mencionó que “una vez que se inició la investigación, se mantuvo prófugo varios días”.

Florit indicó que “el sábado 13 de junio el imputado ingresó sin autorización a la vivienda rufinense en la que residían su madre y un hombre que era la pareja de ella, ubicada en calle Manuel Roca al 900”, y aclaró que “la mujer no estaba allí en ese momento”.

“Una vez en el domicilio, el investigado fue hasta una habitación en la que la víctima estaba durmiendo y la apuñaló en un tobillo mientras la amenazaba de muerte”, especificó la fiscal. “Para cometer el ataque, usó un cuchillo u otro elemento punzante similar”, afirmó.

Asimismo, expuso que “al advertir que el hombre herido perdía mucha sangre, el imputado lo trasladó en un automóvil hasta el hospital SAMCo de Rufino, donde lo obligó a bajar y lo amedrentó con el fin de que no revelara quién lo había agredido”. Según resaltó, “el conductor en ningún momento dejó de empuñar el arma blanca”.

La fiscal detalló que “horas después de la agresión, agentes policiales fueron hasta la casa en la que había tenido lugar, a fin de notificar a la víctima acerca de una medida de exclusión del hogar”, y agregó que “al llegar, encontraron la puerta abierta y una mancha de sangre”.

“Tras constatar que no había nadie en el inmueble, los uniformados contactaron de inmediato a la madre del hombre que quedó en preventiva y ella les dijo que estaba bien y que desconocía lo que había ocurrido en su domicilio”, relató Florit.

En tanto, manifestó que “los miembros de la fuerza de seguridad recibieron información del hospital referida al ingreso de la persona herida de arma blanca, quien expresó que el hijo de su pareja había sido el autor del ataque”. En función de ello, subrayó que “se pidió la colaboración de la mujer, quien se comunicó con el hombre investigado pero no logró que él se presentara de inmediato en una dependencia policial”.

“En el marco de la investigación, se relevaron cámaras de seguridad que permitieron reconstruir el recorrido que el imputado hizo en un auto del que es titular durante 20 minutos en los que estuvo en Rufino el día del ilícito”, sostuvo la representante del MPA.

“Además, se obtuvo documentación en la que figuraba la dirección de un familiar del atacante, en la ciudad bonaerense de Longchamps, donde se realizó un allanamiento en el que no se pudo ubicar al investigado, quien presuntamente residía en su vehículo”, explicitó. “Con todo, luego de ese procedimiento el imputado se presentó en una comisaría de esa localidad, fue detenido y luego extraditado a nuestra provincia”, concluyó.

El hombre de iniciales CJM es investigado como autor de lesiones leves dolosas, amenazas calificadas por el uso de arma, amenazas coactivas y violación de domicilio.

En una audiencia realizada este jueves en los Tribunales Provinciales de Casilda, la jueza Dra. Minetti formalizó la prisión preventiva efectiva por el plazo de cuatro meses para el joven identificado como FG. agravado por la conducción negligente e imprudente y por la pluralidad de víctimas fatales, en concurso con lesiones gravísimas.

Desde la defensa del acusado pusieron en duda que sea él quién conducía al momento del vuelco.

El trágico suceso tuvo lugar el pasado 27 de junio, aproximadamente a las 05:17 am.. Según la imputación, y se le atribuyó al joven que en momentos en que el imputado circulaba como conductor a bordo de un automóvil marca Peugeot modelo 208 color gris, haciéndolo por la Ruta provincial S26, en sentido de circulación de Casilda a Carcarañá/ acceso a Autopista Rosario - Córdoba, más precisamente en inmediaciones de la curva existente antes del paso a nivel del ferrocarril en la intersección de la mencionada ruta con el camino borde de distrito, cuando causa la muerte de Sabrina Jazmín Correa, de 17 años, Lola Gironacci, de 17 años, Zaira Mariel Lunge de 17 años y Ramiro Tripiana de 24 años y lesiones gravísimas a la llamada M.W. de 17 años, quienes iban como acompañantes en el mencionado vehículo. 

El mismo sucedió atento a su conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria al desplazarse a una velocidad inadecuada para el trayecto mencionado, bajo los efectos de alcohol en sangre medido en 0,93 g/l de etanol a raíz de una muestra de sangre extraída a las 09:40 horas del mismo día, y como consecuencia de todo ello perder el control del vehículo provocando el vuelco del mismo hacia la banquina, produciéndose como consecuencia del impacto el daño total y fractura en dos partes del mismo. Como resultado 4 de los ocupantes quedaron tendidos fuera del automóvil en inmediaciones del lugar hasta el arribo de los agentes policiales convocados por llamadas al 911, siendo que otra víctima quedó atrapada en el interior del habitáculo del vehículo. 

Quedó en prisión preventiva un hombre de 34 años e iniciales CDC que es investigado por delitos contra la propiedad cometidos en Rufino. La privación cautelar de la libertad fue solicitada por el fiscal Mauro Menéndez y ordenada por la jueza Lorena Garini, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales rufinenses.    En el mismo legajo penal, se investiga a un hombre de 38 años, cuyas iniciales son JES, a quien a pedido de Menéndez la jueza Garini le impuso la preventiva en el marco de otra audiencia.El fiscal valoró que “más allá de que los abogados defensores de los imputados se opusieron, la magistrada analizó las particularidades del caso e hizo lugar a nuestros requerimientos”.

Menéndez señaló que “todos los ilícitos por los que investigamos a los imputados fueron cometidos entre la madrugada y la mañana del sábado 20 de este mes”.     Según precisó el fiscal, “el hombre de iniciales CDC ingresó al garaje de una casa ubicada en calle Falucho al 300, removió un portón de acceso sin ejercer fuerza y se apoderó ilegítimamente de una motocicleta que estaba estacionada en el lugar”.     Además, el funcionario del MPA expuso que “el mismo imputado fue hasta un domicilio en calle José Morán al 600, entró al patio del inmueble y sustrajo una bicicleta”. “El hombre de 34 años también robó en una vivienda ubicada en la primera cuadra de la calle Chubut, donde rompió el vidrio de una ventana”, especificó Menéndez. “De allí se llevó una billetera que contenía dinero en efectivo, tarjetas bancarias y documentación personal de la víctima; un televisor; una computadora; un mouse, y un teléfono celular”, enumeró.En tanto, el fiscal afirmó que “el imputado de iniciales CDC a su vez fue hasta otra casa, ubicada en la calle Vieytes al 400, junto con otra persona de su entorno que aún no pudo ser individualizada”, y detalló que “entre los dos, hurtaron un celular”. Asimismo, Menéndez hizo referencia a hechos delictivos en los que intervino el otro hombre investigado. “De forma conjunta y a raíz de lo acordado previamente, los dos imputados entraron sin autorización a una vivienda localizada en Vieytes al 700”, puntualizó. “El hombre de iniciales CDC golpeó la puerta y llamó a una mujer que vive en el lugar con la excusa de que tenía elementos para entregarle”, agregó.

“Al recibir una respuesta negativa por parte de la víctima, los imputados forzaron una abertura y entraron a sabiendas de que no eran bienvenidos”, relató el funcionario del MPA. “Al verlos, la mujer que vive en el lugar los enfrentó con un elemento contundente y ellos se fueron”, manifestó.Por último, el funcionario del MPA informó que “las detenciones se concretaron ese mismo día”, e indicó que “el hombre de iniciales JES opuso resistencia al accionar de la fuerza de seguridad”. Sostuvo que “adoptó una actitud hostil y agresiva hacia los agentes policiales a cargo del operativo, quienes lograron reducirlo y colocarle las esposas reglamentarias tras forcejear varios minutos”.

El hombre de iniciales CDC es investigado como coautor de robo y de violación de domicilio y como autor de hurto.Por su parte, al otro imputado se le endilgó la coautoría de violación de domicilio y la autoría de resistencia a la autoridad.

Un hombre de 32 años e iniciales LAD quedó en prisión preventiva en el marco de un legajo penal en el que se lo investiga por agredir y amenazar a un vecino en Rufino.

La privación cautelar de la libertad fue ordenada por la jueza Lorena Garini, a raíz de lo solicitado por el fiscal Mauro Menéndez, en una audiencia realizada en los tribunales rufinenses. Por su parte, el imputado participó de forma remota desde la unidad penal en la que está alojado.

El fiscal valoró que “la magistrada hizo lugar a nuestro requerimiento aunque la Defensa se opuso”, y explicó que “había riesgos procesales que no podían ser neutralizados con medidas alternativas”. Además, precisó que “la jueza tuvo en cuenta que el investigado tiene antecedentes por delitos contra la propiedad”.

Menéndez puntualizó que “el martes 10 de marzo alrededor de las 10:00 de la mañana, el imputado ingresó sin autorización a una casa ubicada en calle Dorrego al 100”. Según detalló, “su objetivo era amedrentar a un hombre que vive allí, a quien le reclamó el pago de una supuesta deuda”.

“La persona que quedó en preventiva interceptó a la víctima dentro del domicilio y, sin mediar palabras, le fracturó un diente al darle un golpe de puño en el rostro”, relató el funcionario del MPA. “Tras atacarlo, el investigado le aseguró al hombre amedrentado que iba a volver para provocarle daños mayores si no recibía el dinero que pretendía cobrar”, indicó.

El fiscal refirió que “el lunes de la semana pasada, el imputado grabó un video en el que ofrecía a la venta una caja de herramientas que había sido sustraída días antes de la parte trasera de una camioneta”. Al respecto, especificó que “él conocía la procedencia ilícita de los elementos que intentaba comercializar”.

“El hombre investigado fue individualizado como la persona que aparece en la filmación a raíz de que en las tomas se ven tatuajes que él tiene en sus manos”, subrayó Menéndez.

Finalmente, el representante del MPA mencionó que “la detención se concretó en el marco de un allanamiento realizado el viernes de la semana pasada”.

Delitos

Al hombre que quedó en preventiva se le atribuyó la autoría de lesiones dolosas graves, amenazas coactivas, encubrimiento por receptación dolosa, violación de domicilio y una tentativa de estelionato.

Un hombre de 79 años e iniciales BAM quedó en prisión preventiva en el marco de un legajo penal en el que es investigado por cometer un hecho ilícito contra la integridad sexual de una niña de su entorno familiar en Rufino.

La medida cautelar fue dispuesta por la jueza Lorena Garini en una audiencia desarrollada en los tribunales rufinenses.

El fiscal Mauro Menéndez representó al MPA ante la magistrada y es quien solicitó que el hombre investigado transite el proceso judicial privado de su libertad.

Menéndez indicó que “el imputado cometió el ilícito en horas del mediodía del sábado 21 de febrero en una plaza de Rufino”.

“El hombre investigado es familiar de la víctima y estaba a su cuidado mientras los padres de ella trabajaban”, detalló.

El fiscal planteó que “BAM se aprovechó de la situación de guarda y confianza” y puntualizó que “la llevó hasta una plaza y utilizó la fuerza para cometer el ilícito”.

El hombre que quedó en preventiva es investigado como autor del delito de abuso sexual simple agravado (por ser cometido por un ascendiente y encargado de la guarda).

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Quedó en prisión preventiva un hombre de iniciales KRG al que se investiga por haber cometido delitos contra la propiedad en Venado Tuerto. Así fue dispuesto por la jueza Andrea Cavallero en una audiencia desarrollada en los tribunales venadenses.

La fiscal María Florencia Schiappa Pietra solicitó la medida cautelar y valoró que “la magistrada hizo lugar a nuestro requerimiento y rechazó alternativas no privativas de la libertad propuestas por la Defensa”.

Schiappa Pietra sostuvo que “entre el lunes y el martes de esta semana, el imputado cometió distintos ilícitos con un modus operandi similar”. Especificó que “en la zona céntrica de Venado Tuerto, sustrajo bicicletas que estaban estacionadas en las inmediaciones de comercios”.

“Alrededor de las 2:30 del martes, el investigado se apoderó de un birrodado que el empleado de una panadería había dejado sin medidas de seguridad afuera del local, en Marconi al 600”, expuso la fiscal. “Gracias a que los clientes advirtieron lo que sucedía y avisaron a la Central de Emergencias 911, el autor del hecho fue aprehendido momentos después y la víctima pudo recuperar su vehículo”, destacó.

En tanto, Schiappa Pietra puntualizó que “los uniformados se comunicaron con la Central de Monitoreo municipal y, a partir del análisis de registros de cámaras de seguridad, se detectaron otras conductas delictivas del imputado”. En tal sentido, remarcó que “se pudo determinar de forma clara que la madrugada anterior él había robado una bicicleta que estaba estacionada frente a un bar, en el bicicletero ubicado en Maipú y San Martín”, y detalló que “en esa ocasión, rompió un candado para poder llevarse el vehículo”.

Asimismo, la funcionaria del MPA indicó que “en las grabaciones aportadas por la Central de Monitoreo también se observa que el hombre investigado hurtó un casco que estaba colgado del manubrio de una motocicleta en la vía pública”. Al respecto, precisó que “además se puede ver que, tras ese ilícito, el imputado cambió su vestimenta con el fin de procurar su impunidad”.

Por otro lado, la fiscal afirmó que “las filmaciones permiten reconstruir los movimientos que el investigado tuvo después de cometer los delitos contra la propiedad y fueron fundamentales para esclarecer lo ocurrido”. Según mencionó, “en los videos, su rastro se pierde a una cuadra de su domicilio, donde en el marco de una requisa agentes policiales secuestraron el cuadro de un motovehículo que había sido sustraído a fines de enero en el estacionamiento de motos localizado en la esquina de Belgrano y Maipú”.

Schiappa Pietra refirió que “al imputado a su vez se le endilgó la autoría de una tentativa de hurto cometida el año pasado”, y explicó que “ese hecho fue investigado en un legajo penal en el que había sido declarado rebelde por no comparecer a las audiencias a las que se lo citó”.

En cuanto al ilícito, manifestó que “el hombre de iniciales KRG intentó robar una billetera que estaba en el interior de un automóvil estacionado sin medidas de seguridad en la intersección de Pueyrredón y Monteagudo”, y aclaró que “no logró su cometido porque varios vecinos lo interceptaron antes de que él se alejara”.

Al hombre que quedó en preventiva se le atribuyó la autoría de robo agravado, hurto –tanto consumado como en grado de tentativa–, y encubrimiento.

En las últimas horas se realizó una audiencia imputativa en los Tribunales Provinciales de Casilda, contra S.F.R acusado de robar cinco rodados en el caso urbano de esa localidad del departamento Caseros.

En tanto, el Fiscal Dr. Emiliano Ehret le atribuyó el delito de Hurto calificado de vehículo dejado en la vía pública con llave verdadera hallada en carácter de autor en grado consumado. Asimismo, el Juez de primera instancia Dr. Pangrazi tuvo por formalizada la audiencia, haciendo lugar al pedido Fiscal, disponiendo la prisión preventiva efectiva hasta el 13 de noviembre de 2025. Luego de vencido el plazo la Fiscalía podrá solicitar su prórroga.

El sujeto había sido detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) el pasado día miércoles en una vivienda ubicada en Fray Luis Beltrán al 4300 de ese distrito del sur santafesino. Durante el allanamiento, los agentes secuestraron prendas de vestir usadas en los robos, un Chevrolet Cruze, $300.000 en efectivo con faja de traslado de caudales, armas y municiones, entre otros elementos.

Este individuo había salido de prisión en diciembre, luego de cumplir una condena unificada de 12 años, que incluía un recordado atraco en banda a una mueblería casildense en 2008 y un tiroteo con policías en el oeste de Rosario en 2016.

En 2012, protagonizó una persecución que terminó con un choque a gran velocidad en la ruta 11. El vehículo guardaba en su interior un fusil AK 47 y varias pistolas. En 2016 volvió a enfrentarse a tiros con la policía en Avellaneda Oeste y dos años después aceptó otra condena.

El juez penal Aldo Baravalle, integrante del tribunal que condenó a Pedro Ortiz y Hontoria a 15 años de prisión por cuatro hechos de abuso sexual agravado, explicó los fundamentos del fallo y defendió la decisión de dictar prisión preventiva tras la lectura de la sentencia.

“El tribunal entendió que los hechos que fueron acusados oportunamente tanto por la querella como por la Fiscalía fueron debidamente probados con la prueba que se rindió en el debate”, sostuvo Baravalle, quien también remarcó que la pena impuesta de 15 años se ajusta a los pedidos de las partes y a las escalas penales vigentes.

En relación a la entrega de fundamentos, indicó que quedarán a disposición de todas las partes y podrán ser analizados de cara a eventuales apelaciones. “Seguramente será la defensa quien recurra la decisión”, anticipó.

El magistrado también se refirió a la decisión de dictar prisión preventiva para el condenado, que hasta ese momento transitaba el proceso en libertad con restricciones. “Al haber una sentencia condenatoria, aunque no esté firme, se agrava la situación procesal del imputado. Evaluamos que era necesario cautelar su persona con la máxima medida, que es la prisión preventiva”, explicó.

Ante la consulta sobre los fundamentos de esta decisión, Baravalle destacó el incremento del peligro de fuga: “El riesgo procesal aumenta considerablemente cuando hay una condena, por más que no esté firme”.

Además, reconoció que el tribunal tuvo en cuenta las circunstancias personales y expectativas de las víctimas al resolver la prisión preventiva: “Cuando una sentencia reconoce los derechos de una víctima, es necesario asegurar que esa decisión se haga efectiva. Si no se ejecuta, se produce una nueva frustración para quienes atravesaron todo el proceso”.

Sobre los elementos de prueba, Baravalle afirmó que “están analizados en forma exhaustiva en el fallo de fondo”, y que la resolución sobre la prisión preventiva remite a esos argumentos. “Las partes tendrán oportunidad de analizarlos y eventualmente apelarlos”, aclaró.

Finalmente, el magistrado desestimó los dichos de la defensa, que aludieron a una supuesta presión social. “Evidentemente hay casos que generan más atención pública, pero eso no condiciona nuestra tarea. Hemos resuelto muchos juicios por abuso con una sola víctima y sin público, siempre aplicando la ley y los tratados internacionales”, concluyó.

La fiscal Florencia Schiappa Pietra celebró el fallo, que consideró un avance significativo en la protección de víctimas vulnerables.

Durante la audiencia de lectura del fallo, los jueces hallaron culpable al religioso por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por su rol educativo y por el daño ocasionado a la salud mental de una de las víctimas. Además, se lo responsabilizó por tres hechos más de abuso sexual simple, también agravados por su función como docente.

“La Fiscalía había solicitado 16 años y el tribunal condenó a 15, manteniendo las calificaciones legales que propusimos. Estamos muy conformes”, expresó Schiappa Pietra.

Schiappa Pietra también hizo hincapié en la reciente reforma del Código Procesal Penal de Santa Fe, que permite considerar una condena de primera instancia como un nuevo factor de peligrosidad procesal para dictar prisión preventiva. “Esto fue discutido durante la audiencia y los jueces coincidieron en que esta reforma no hizo más que reafirmar criterios que ya venían aplicándose”, explicó.

Si bien la medida cautelar ya fue dispuesta, se espera que la defensa de Ortiz y Hontoria apele tanto el fallo como la prisión preventiva. La fiscal anticipó que primero se llevará a cabo la audiencia por la apelación de la cautelar. Mientras tanto, el condenado será trasladado al establecimiento penitenciario de Melincué.

“No venía sintiendo una respuesta que estuviera a la altura del daño sufrido por las víctimas, pero este fallo repara en parte esa deuda y marca un precedente”, concluyó Schiappa Pietra.

Cobertura y fotos: Mauro Dalmazzo. 

Dos hombres de 20 años, cuyas iniciales son NFF y AJI, quedaron en prisión preventiva en el marco de un legajo en el que se los investiga por un robo cometido en la vivienda de una adulta mayor en Venado Tuerto.

Las privaciones de la libertad fueron dispuestas por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Adrián Godoy, en una audiencia realizada en los tribunales venadenses.

La fiscal Andrea Cavallero está a cargo de la investigación penal y es quien solicitó las preventivas. En tal sentido, valoró que “aunque la Defensa se opuso a nuestros requerimientos, el magistrado consideró que estaban acreditadas las circunstancias para hacer lugar a lo que pedimos”. Según remarcó, “más allá de que ninguno de los imputados tiene antecedentes penales, los riesgos procesales estaban latentes”.

Cavallero sostuvo que “alrededor de las 3:30 de la madrugada del lunes pasado, los hombres investigados treparon el tapial de una casa en la que vive una mujer de 87 años”, y agregó que “una vez en el patio trasero, utilizaron un fierro para forzar una puerta de ingreso al domicilio”.

“Luego fueron hasta una habitación en la que la víctima estaba durmiendo y la amenazaron de muerte para que se levantara y les entregara objetos de valor”, subrayó la fiscal. “Tras el amedrentamiento, los imputados se apoderaron ilegítimamente de 500.000 pesos, dos teléfonos celulares, un reloj de plata y un juego de llaves y se fueron del lugar”, afirmó.

En cuanto a las detenciones, la funcionaria del MPA señaló que “momentos después del ilícito, el hombre de iniciales AJI fue aprehendido en la vía pública por agentes policiales”, y agregó que “el otro investigado fue privado de su libertad en el marco de un allanamiento que se realizó en el domicilio en el que residía”.

A los imputados se les atribuyó la coautoría de robo agravado (por escalamiento).

Un joven de 23 años, cuyas iniciales son RJC, fue imputado y quedó en prisión preventiva por 30 días, acusado de cometer varios delitos en un contexto de violencia de género contra su expareja en la ciudad de Rufino. Así lo resolvió la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Lorena Garini, durante una audiencia desarrollada este lunes en los tribunales locales.

La fiscal Rafaela Florit, a cargo de la investigación, solicitó la privación de libertad del acusado por considerar que representa un riesgo procesal. “Aunque la Defensa propuso otras medidas, la magistrada hizo lugar a nuestro requerimiento. Las alternativas no eran suficientes para mitigar los peligros procesales”, explicó Florit.

Entre los fundamentos para dictar la prisión preventiva, la jueza contempló que RJC también es investigado en otro legajo por hechos delictivos contra la misma mujer. Además, la fiscal remarcó que el imputado “incumplió normas de conducta impuestas previamente y carece de residencia fija, lo que demuestra que es capaz de entorpecer el proceso judicial”.

El hecho por el que fue imputado ocurrió en la madrugada del jueves pasado, cuando RJC se presentó en la casa de su expareja, forzó violentamente la puerta de ingreso y generó destrozos. “La víctima estaba durmiendo, se despertó al escuchar ruidos extraños y fue hasta la cocina, donde se encontró con su expareja, quien tenía en la mano una varilla gruesa de madera”, relató Florit.

Según la reconstrucción fiscal, el agresor le recriminó a la mujer, con violencia verbal, que hubiera iniciado una relación con otra persona. Luego, salió del domicilio y utilizó el mismo palo para destrozar el parabrisas y dañar la óptica delantera del auto de un hombre que se encontraba en la casa.

Florit agregó que, con esta conducta, el joven desobedeció una prohibición judicial de acercamiento y contacto vigente con la víctima.

Entre las medidas probatorias que aún restan, la fiscal mencionó la realización de una entrevista en cámara Gesell a una niña que presenció los hechos. “Por eso se fijó un plazo de 30 días de prisión preventiva”, explicó. Asimismo, destacó que antes del inicio de la audiencia, la víctima fue escuchada por la jueza.

A RJC se le atribuyó la autoría de los delitos de violación de domicilio, daño y desobediencia de un mandato judicial, todos ellos cometidos en un contexto de violencia de género.

El ex presidente comunal de Melincué y candidato en esta elección por el mismo cargo, Silvio Garbolino, acusado por el delito de “administración infiel”, fue imputado en los Tribunales de Rufino, donde se pidió la prisión preventiva y este miércoles la jueza Lorena Garini expondrá su decisión.

De cumplirse a la solicitud del Ministerio Público de la Acusación, con el fiscal Mauro Menéndez a cargo, Garbolino podría permanecer en prisión, a pocos días de la elecciones que lo tienen como candidato.

El ex mandatario comunal está acusado en el marco de una investigación por presunta defraudación vinculada a su rol como gerente de una mutual con sede en San Gregorio.

Las recientes denuncias que se incorporaron al expediente se suman a antecedentes ya existentes. “La gravedad de los hechos y el riesgo de entorpecimiento de la investigación motivaron el pedido de detención”, explicaron desde Fiscalía.

Entre las denuncias que pesaban sobre el dirigente libertario se encuentra la presentada por un comerciante, quien afirmó haberle entregado tres cheques en blanco con el compromiso de que serían utilizados únicamente como respaldo para un préstamo personal solicitado por su suegro. No obstante, según consta en el expediente, los cheques fueron completados por montos de $29.300.000 cada uno -muy por encima de los $300.000 originalmente previstos- y se utilizaron como garantía de un crédito por más de $88 millones ante la mutual AMFAC.

Este dato resulta especialmente relevante, dado que Garbolino se desempeñaba como gerente de la mutual en la sucursal San Gregorio, lo que plantea un posible conflicto de intereses y agrava su posición judicial. Sin dudas, la utilización de esos cheques en una entidad bajo su órbita funcional compromete aún más la legalidad de la operatoria.

Como consecuencia de esta causa por presunta defraudación, Garbolino ya había sido imputado por “abuso de confianza” en un proceso llevado adelante por el fiscal Julián Cochero. En ese marco, la Justicia le impuso restricciones, como la prohibición de salir del país, la fijación obligatoria de domicilio en Melincué y presentaciones periódicas ante los tribunales locales.

Quedó en prisión preventiva un hombre de 42 años, cuyas iniciales son DAM, al que se investiga como autor de una tentativa de homicidio en perjuicio de un policía en Villa Cañas (departamento General López). Además, al imputado se le endilgó haber amenazado a la mujer que era su pareja, a su excuñado y a amigos de ella y haber ingresado sin autorización a la casa de sus exsuegros.

La investigación está a cargo de la fiscal Andrea Cavallero, quien hizo la atribución imputativa y luego solicitó la medida cautelar privativa de la libertad. Por su parte, el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Adrián Godoy, fue quien ordenó la prisión preventiva pedida por la funcionaria del MPA.

“El magistrado consideró que, en esta instancia del proceso penal y con las evidencias que presentamos, estaban acreditadas la materialidad de los ilícitos y la probabilidad de autoría de los ilícitos”, destacó la fiscal. “Para tomar la decisión, el juez también contempló que la pena en expectativa es a prisión de cumplimiento efectivo y sostuvo que los riesgos procesales estaban latentes”, especificó la funcionaria del MPA.

Cavallero indicó que “el sábado 29 de marzo pasado, alrededor de la 1.50 de la madrugada, el imputado ingresó sin autorización a la casa de los padres de su expareja”. Al respecto, aclaró que “la mujer se tuvo que mudar a esa vivienda a raíz de los hechos de violencia que venía sufriendo de parte de él”.

La fiscal aseguró que “previamente, el imputado golpeó las ventanas y las puertas mientras gritaba por la mujer”. Afirmó que “una vez dentro del inmueble, amedrentó a su excuñado y le dijo que le dispararía con un arma de fuego si no le decía dónde estaba su expareja”. En tal sentido, agregó que “el hermano de la mujer le explicó que su hermana estaba en lo de una amiga y el hombre se fue”.

“El imputado se dirigió a otra vivienda en busca de su expareja”, relató Cavallero y agregó que “también amedrentó a los dueños de esa casa mientras preguntaba por la mujer, que tampoco estaba en el lugar”, detalló.

La representante del MPA expuso que “el imputado volvió a la casa de los padres de su expareja, y ahora lo hizo con una escopeta cargada y cuatro municiones que llevaba en el bolsillo de su pantalón”. Cavallero informó que “al lugar habían llegado dos móviles policiales que fueron comisionados luego de un llamado al 911”.

La funcionaria explicó que “el imputado se bajó de la camioneta, se posicionó para disparar y apoyó el caño de la escopeta sobre la caja trasera”. Agregó que “al ver esto, el personal policial le solicitó reiteradas veces que baje el arma a lo cual respondió negativamente y los amenazó con disparar”.

“Finalmente, el hombre investigado le disparó a un suboficial con el objetivo de matarlo y fue repelido con disparos policiales”, puntualizó la fiscal, quien concluyó que “el imputado recibió un disparo en la cabeza y quedó herido en la vía pública”.

La funcionaria del MPA se refirió a la salud del imputado. “A raíz del impacto recibido, el imputado sufrió una herida en su cabeza, con orificio de entrada pero no de salida”, detalló Cavallero.

“El magistrado ordenó que se tenga en cuenta el tratamiento indicado y que se continúe con lo prescripto por los médicos, en el lugar en el que cumpla la medida cautelar privativa de la libertad”, finalizó la fiscal.

El hombre que quedó en prisión preventiva es investigado como autor de los delitos de tentativa de homicidio calificado (por haberse perpetrado contra miembro de las fuerzas de seguridad y por el uso de arma de fuego); portación indebida de arma de fuego; amenazas y violación de domicilio.

Un hombre quedó en prisión preventiva luego de que le iniciaran una causa por violencia de género. Ella tramitó una medida de distancia, él la golpeó y violó la disposición judicial para amenazarla y terminó tras las rejas.

Se trata de Alejandro Evaristo Montojo, quien permanece privado de su libertad por disposición del juez penal Sergio Carraro. La investigación de los hechos está en manos de la fiscal Milagros Parodi, de la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas).

La audiencia se realizó en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, y contó con la presencia de la defensora pública Sonia Bustos, que asistió técnicamente a Montojo.

Según lo imputado, la primera agresión ocurrió la noche del 28 de enero, alrededor de las 20. Montojo interceptó a su expareja en la vía pública cuando ella caminaba junto al hijo de ambos hasta un almacén en la zona de Pasaje Denis y Espora.

La empujó y le propinó un golpe de puño en la nariz, provocándole lesiones consistentes con una contusión en la región del tabique nasal. Cuando ella intentó alejarse, la amenazó de muerte.

Dos meses después, el 31 de marzo, Montojo volvió a agredirla. Ese día por la tarde la esperó en inmediaciones de su lugar de trabajo, en la zona de Bulevar Pellegrini al 3000, hasta que la mujer pasó por allí.

Fue entonces cuando se le abalanzó y la amenazó de muerte mientras le exhibía un cuchillo con el que intentó lastimarla, no logrando su cometido porque la mujer portaba un gas pimienta, que utilizó para repelerlo. Roció el contenido sobre el rostro de Montojo para defenderse, logrando que él se fuera de lugar.

Haciendo esto, Montojo desobedeció la orden judicial dispuesta el 18 de diciembre del año pasado por el Dr. Alejandro Azvalinsky del Juzgado de Familia N°7, que disponía la prohibición de acercarse a su expareja.

La víctima radicó la denuncia correspondiente, y la fiscal Parodi dispuso la detención de Montojo. El hombre fue imputado como autor de los delitos de “lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo y por ser cometidas por un hombre contra una mujer en contexto de violencia de género”, “desobediencia de mandato judicial” y “amenazas calificadas por el uso de arma”

La fiscalía hizo hincapié en que Montojo cometió los hechos “valiéndose de la relación de desigual poder que él ejerce con relación a su ex pareja en contexto de violencia de género”.

El hombre permanecerá preso mientras el proceso judicial avanza.

Quedó en prisión preventiva un hombre de 64 años, cuyas iniciales son DAF, al que se investiga por haber amenazado con un arma blanca al presidente comunal de la localidad de Miguel Torres (departamento General López). Así fue dispuesto por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Mariana Vidal, en una audiencia realizada estes martes por la mañana en los tribunales de Melincué (cabecera del departamento General López).

Al imputado además se le atribuyó haber amedrentado a un hijo del funcionario público y haber provocado daños en un automóvil perteneciente a las víctimas. A su vez, se le endilgó haber tenido una actitud hostil ante los agentes policiales que lo aprehendieron. Los ilícitos fueron cometidos el sábado pasado.

La investigación penal está a cargo de la fiscal Vanina Servidio Pozzi, quien representó al MPA y solicitó que el imputado transite el proceso penal detenido. En tal sentido, valoró que “aunque la Defensa propuso alternativas, la magistrada las rechazó porque eran insuficientes para mitigar los peligros procesales y ordenó la preventiva sin plazos”.

“La jueza tuvo en cuenta que el imputado es vecino del presidente comunal, lo que incide en la ponderación del riesgo de entorpecimiento probatorio”, explicó la fiscal.

“Además, consideró la violencia desplegada en el amedrentamiento y que el funcionario público intimidado expresó en la audiencia que temía sufrir represalias si el investigado recuperaba su libertad”, agregó.

Servidio Pozzi sostuvo que “alrededor de las 2:00 de la madrugada del sábado pasado, el imputado fue hasta la casa del presidente comunal, quien en ese momento estaba allí junto con su hijo menor de edad”. En tal sentido, relató que “al verlos, los amenazó de muerte mientras trataba de apuñalarlos con una cuchilla tipo facón”.

“En el marco de la situación violenta, las personas intimidadas lograron cerrar la puerta de su domicilio para resguardarse”, indicó la funcionaria del MPA. “Entonces, el hombre investigado se acercó al automóvil de las víctimas, que estaba en las inmediaciones, y utilizó el arma blanca para romper la luneta trasera”, destacó.

Asimismo, puntualizó que “el jefe comunal convocó a la policía y, cuando llegaron los uniformados, el imputado tuvo una actitud hostil hacia ellos”. Afirmó que “hizo caso omiso a las primeras órdenes que le dieron”, y aclaró que “finalmente fue aprehendido en el lugar”.

Al imputado se le atribuyó la autoría de amenazas calificadas (por el uso de arma), daño y desobediencia a la autoridad.

El ilícito ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada del domingo 26 en una casa ubicada cerca del Concejo Deliberante de Venado Tuerto. Los acusados, identificados por sus iniciales NC y FNL, junto con un tercer implicado, RAR, habrían forzado la cerradura de la puerta principal para ingresar y sustraer diversos objetos, incluyendo una bicicleta, un televisor, una consola de videojuegos, un teléfono celular, ropa y dinero en efectivo. En el momento del robo, la vivienda se encontraba vacía.

Una vecina alertó a las autoridades tras escuchar ruidos sospechosos, lo que permitió a la fiscalía, bajo la dirección de Mayra Vuletic, iniciar rápidamente las diligencias correspondientes. Mediante el análisis de imágenes de cámaras de seguridad de la zona, se logró identificar a los sospechosos. Al día siguiente, se llevaron a cabo allanamientos que culminaron con la detención de los tres individuos y la recuperación de los objetos robados, los cuales fueron restituidos a la víctima.

A los tres detenidos se les imputó el delito de robo agravado por efracción y por ser cometido en poblado y en banda. Además, NC y FNL enfrentan cargos adicionales por resistencia a la autoridad en un incidente ocurrido el 8 de enero durante un control policial. FNL también fue acusado de amenazas calificadas por el uso de un arma blanca contra su expareja y la actual pareja de ella.

En la audiencia celebrada en los tribunales de Venado Tuerto, la jueza Paula Borello consideró que existían pruebas suficientes para acreditar la posible autoría de los delitos y, ante los riesgos procesales, ordenó la prisión preventiva para NC y FNL. En cuanto a RAR, la jueza decidió que continúe el proceso en libertad, aunque seguirá siendo investigado.

El ministro de Seguridad, Pablo Coccocioni, confirmó que la provincia propondrá un cambio en el protocolo para abordar los casos de violencia de género. Según detalló ante la consulta de El Litoral, la intención es invertir la carga que hoy recae sobre la víctima, y fijar la atención en el presunto agresor.

Así, la decisión es reemplazar los botones antipánico o aplicaciones telefónicas, por una tobillera que deberá portar el violento.

"Hasta ahora -dijo el ministro de Seguridad-, mayormente las denuncias en los Tribunales de Familia por un hecho de violencia familiar implica un procedimiento a través del cual se le da (si hay cupo) a la víctima que casi siempre es mujer, un botón o ahora se está pensando en una app", explicó.

"Se le dice que si el agresor se acerca, presione el botón y la verdad es que cuando llega el violento, lo primero que hace es arrebatarle la botonera o el teléfono celular para que no pueda llamar a nadie", agregó.

En ese sentido, Cococcioni manifestó: "Entonces, pensamos en hacerlo al revés e invertir el escenario, para que no sea la persona que sufre violencia de género quien deba reaccionar, sino que sea el presunto agresor quien tenga la carga tecnológica".

"Para ser simples -explicó-; en lugar de que esté la mujer con el botón en la mano mirando hacia todos los costados a ver si viene el golpeador, el presunto agresor va a tener que portar una tobillera", siguió.

"Va a tener una perimetral que debería ser de no menos de 700 u 800 metros, y si la transgrede, automáticamente se activa un protocolo que puede implicar el envío de un móvil policial y la aprehensión y puesta a disposición de la justicia y después se le avisa a la víctima", señaló.

El gobierno pondrá a disposición de la Justicia los aparatos.

Para el funcionario, este cambio de procedimiento busca "llevarle la tranquilidad a la víctima de que el Estado la va a estar cuidando y no debe cuidarse ella sola y andar con el botón para todos lados".

Coccocioni dijo que este mecanismo será propuesto por la provincia pero aclaró que "la resolución será judicial y de acuerdo con cada caso". "Lo que vamos a hacer es, como provincia, poner a disposición de los jueces esta herramienta".

"Habrá dos dispositivos; uno que será dual para casos de violencia intrafamiliar donde la persona protegida tiene un dispositivo que marca la distancia, en tanto que la persona con la medida de restricción tiene la tobillera. Y otros que son dispositivos domiciliarios sólo con tobillera, para los casos penales que tengan detención domiciliaria como alternativa a la prisión preventiva", detalló.

El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni.

Según mencionó, a lo largo del año "y de manera escalonada, irá llegando un combo de ambos dispositivos" a la provincia y se comenzará con una suerte de prueba piloto. "Seguramente va a haber no menos de 200 o 300 dispositivos en toda la provincia", adelantó.

Consultado sobre el número de casos que demandan en la actualidad el uso de botón de pánico, el ministro dijo que "hasta aquí no hay mucha demanda pero porque no hay recursos". "Cuando se pone el recurso, empieza a aparecer la demanda. Cuando aparezca esto, los jueces se van a animar a usarlo", concluyó.

Quedó en prisión preventiva un hombre de 30 años, cuyas iniciales son MSC, al que se investiga por delitos contra la propiedad y amenazas cometidas con un arma de fuego en Firmat. Así fue dispuesto por la jueza Silvina Marinucci, en una audiencia desarrollada este viernes en la mañana en los tribunales de Melincué.

El fiscal que está a cargo de la investigación y solicitó la preventiva es Julián Cochero. Por su parte, dos mujeres que resultaron víctimas de los ilícitos participaron de la audiencia y declararon ante la magistrada.

Cochero indicó que “los hechos delictivos fueron cometidos entre el domingo 17 de noviembre del año pasado y este martes 31”.

En relación al ilícito más reciente, precisó que “el imputado ingresó a una vivienda tras forzar una reja y una puerta y robó una motocicleta marca Honda modelo Wave, dos televisores y 800.000 pesos en efectivos que había en el lugar”. A su vez, señaló que “semanas antes, había hurtado otro televisor en otra casa”.

En tanto, sostuvo que “en otra ocasión, accedió de madrugada a un predio rural ubicado en las inmediaciones de la calle pública número 1 y la ruta provincial número 93 y se apoderó ilegítimamente de un animal que estaba allí”. Según especificó, “sustrajo una chancha de aproximadamente 12 kilogramos”.

Por otro lado, afirmó que “el miércoles de la semana pasada, el hombre que quedó en preventiva amenazó a una de las mujeres que estuvieron presentes en la audiencia de hoy”. Expuso que “desde una moto que era conducida por otra persona, el imputado le dijo a la víctima que los iba a matar a ella y a los integrantes de su entorno mientras le mostraba una escopeta y le reprochaba haber hecho una denuncia en su contra”.

Al hombre investigado se le atribuyó la autoría de robo, abigeato, hurto y amenazas calificadas (por el uso de arma de fuego).