En una audiencia realizada este jueves en los Tribunales Provinciales de Casilda, la jueza Dra. Minetti formalizó la prisión preventiva efectiva por el plazo de cuatro meses para el joven identificado como FG. agravado por la conducción negligente e imprudente y por la pluralidad de víctimas fatales, en concurso con lesiones gravísimas.

Desde la defensa del acusado pusieron en duda que sea él quién conducía al momento del vuelco.

El trágico suceso tuvo lugar el pasado 27 de junio, aproximadamente a las 05:17 am.. Según la imputación, y se le atribuyó al joven que en momentos en que el imputado circulaba como conductor a bordo de un automóvil marca Peugeot modelo 208 color gris, haciéndolo por la Ruta provincial S26, en sentido de circulación de Casilda a Carcarañá/ acceso a Autopista Rosario - Córdoba, más precisamente en inmediaciones de la curva existente antes del paso a nivel del ferrocarril en la intersección de la mencionada ruta con el camino borde de distrito, cuando causa la muerte de Sabrina Jazmín Correa, de 17 años, Lola Gironacci, de 17 años, Zaira Mariel Lunge de 17 años y Ramiro Tripiana de 24 años y lesiones gravísimas a la llamada M.W. de 17 años, quienes iban como acompañantes en el mencionado vehículo. 

El mismo sucedió atento a su conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria al desplazarse a una velocidad inadecuada para el trayecto mencionado, bajo los efectos de alcohol en sangre medido en 0,93 g/l de etanol a raíz de una muestra de sangre extraída a las 09:40 horas del mismo día, y como consecuencia de todo ello perder el control del vehículo provocando el vuelco del mismo hacia la banquina, produciéndose como consecuencia del impacto el daño total y fractura en dos partes del mismo. Como resultado 4 de los ocupantes quedaron tendidos fuera del automóvil en inmediaciones del lugar hasta el arribo de los agentes policiales convocados por llamadas al 911, siendo que otra víctima quedó atrapada en el interior del habitáculo del vehículo. 

Quedó en prisión preventiva un hombre de 34 años e iniciales CDC que es investigado por delitos contra la propiedad cometidos en Rufino. La privación cautelar de la libertad fue solicitada por el fiscal Mauro Menéndez y ordenada por la jueza Lorena Garini, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales rufinenses.    En el mismo legajo penal, se investiga a un hombre de 38 años, cuyas iniciales son JES, a quien a pedido de Menéndez la jueza Garini le impuso la preventiva en el marco de otra audiencia.El fiscal valoró que “más allá de que los abogados defensores de los imputados se opusieron, la magistrada analizó las particularidades del caso e hizo lugar a nuestros requerimientos”.

Menéndez señaló que “todos los ilícitos por los que investigamos a los imputados fueron cometidos entre la madrugada y la mañana del sábado 20 de este mes”.     Según precisó el fiscal, “el hombre de iniciales CDC ingresó al garaje de una casa ubicada en calle Falucho al 300, removió un portón de acceso sin ejercer fuerza y se apoderó ilegítimamente de una motocicleta que estaba estacionada en el lugar”.     Además, el funcionario del MPA expuso que “el mismo imputado fue hasta un domicilio en calle José Morán al 600, entró al patio del inmueble y sustrajo una bicicleta”. “El hombre de 34 años también robó en una vivienda ubicada en la primera cuadra de la calle Chubut, donde rompió el vidrio de una ventana”, especificó Menéndez. “De allí se llevó una billetera que contenía dinero en efectivo, tarjetas bancarias y documentación personal de la víctima; un televisor; una computadora; un mouse, y un teléfono celular”, enumeró.En tanto, el fiscal afirmó que “el imputado de iniciales CDC a su vez fue hasta otra casa, ubicada en la calle Vieytes al 400, junto con otra persona de su entorno que aún no pudo ser individualizada”, y detalló que “entre los dos, hurtaron un celular”. Asimismo, Menéndez hizo referencia a hechos delictivos en los que intervino el otro hombre investigado. “De forma conjunta y a raíz de lo acordado previamente, los dos imputados entraron sin autorización a una vivienda localizada en Vieytes al 700”, puntualizó. “El hombre de iniciales CDC golpeó la puerta y llamó a una mujer que vive en el lugar con la excusa de que tenía elementos para entregarle”, agregó.

“Al recibir una respuesta negativa por parte de la víctima, los imputados forzaron una abertura y entraron a sabiendas de que no eran bienvenidos”, relató el funcionario del MPA. “Al verlos, la mujer que vive en el lugar los enfrentó con un elemento contundente y ellos se fueron”, manifestó.Por último, el funcionario del MPA informó que “las detenciones se concretaron ese mismo día”, e indicó que “el hombre de iniciales JES opuso resistencia al accionar de la fuerza de seguridad”. Sostuvo que “adoptó una actitud hostil y agresiva hacia los agentes policiales a cargo del operativo, quienes lograron reducirlo y colocarle las esposas reglamentarias tras forcejear varios minutos”.

El hombre de iniciales CDC es investigado como coautor de robo y de violación de domicilio y como autor de hurto.Por su parte, al otro imputado se le endilgó la coautoría de violación de domicilio y la autoría de resistencia a la autoridad.

Un hombre de 32 años e iniciales LAD quedó en prisión preventiva en el marco de un legajo penal en el que se lo investiga por agredir y amenazar a un vecino en Rufino.

La privación cautelar de la libertad fue ordenada por la jueza Lorena Garini, a raíz de lo solicitado por el fiscal Mauro Menéndez, en una audiencia realizada en los tribunales rufinenses. Por su parte, el imputado participó de forma remota desde la unidad penal en la que está alojado.

El fiscal valoró que “la magistrada hizo lugar a nuestro requerimiento aunque la Defensa se opuso”, y explicó que “había riesgos procesales que no podían ser neutralizados con medidas alternativas”. Además, precisó que “la jueza tuvo en cuenta que el investigado tiene antecedentes por delitos contra la propiedad”.

Menéndez puntualizó que “el martes 10 de marzo alrededor de las 10:00 de la mañana, el imputado ingresó sin autorización a una casa ubicada en calle Dorrego al 100”. Según detalló, “su objetivo era amedrentar a un hombre que vive allí, a quien le reclamó el pago de una supuesta deuda”.

“La persona que quedó en preventiva interceptó a la víctima dentro del domicilio y, sin mediar palabras, le fracturó un diente al darle un golpe de puño en el rostro”, relató el funcionario del MPA. “Tras atacarlo, el investigado le aseguró al hombre amedrentado que iba a volver para provocarle daños mayores si no recibía el dinero que pretendía cobrar”, indicó.

El fiscal refirió que “el lunes de la semana pasada, el imputado grabó un video en el que ofrecía a la venta una caja de herramientas que había sido sustraída días antes de la parte trasera de una camioneta”. Al respecto, especificó que “él conocía la procedencia ilícita de los elementos que intentaba comercializar”.

“El hombre investigado fue individualizado como la persona que aparece en la filmación a raíz de que en las tomas se ven tatuajes que él tiene en sus manos”, subrayó Menéndez.

Finalmente, el representante del MPA mencionó que “la detención se concretó en el marco de un allanamiento realizado el viernes de la semana pasada”.

Delitos

Al hombre que quedó en preventiva se le atribuyó la autoría de lesiones dolosas graves, amenazas coactivas, encubrimiento por receptación dolosa, violación de domicilio y una tentativa de estelionato.

Un hombre de 79 años e iniciales BAM quedó en prisión preventiva en el marco de un legajo penal en el que es investigado por cometer un hecho ilícito contra la integridad sexual de una niña de su entorno familiar en Rufino.

La medida cautelar fue dispuesta por la jueza Lorena Garini en una audiencia desarrollada en los tribunales rufinenses.

El fiscal Mauro Menéndez representó al MPA ante la magistrada y es quien solicitó que el hombre investigado transite el proceso judicial privado de su libertad.

Menéndez indicó que “el imputado cometió el ilícito en horas del mediodía del sábado 21 de febrero en una plaza de Rufino”.

“El hombre investigado es familiar de la víctima y estaba a su cuidado mientras los padres de ella trabajaban”, detalló.

El fiscal planteó que “BAM se aprovechó de la situación de guarda y confianza” y puntualizó que “la llevó hasta una plaza y utilizó la fuerza para cometer el ilícito”.

El hombre que quedó en preventiva es investigado como autor del delito de abuso sexual simple agravado (por ser cometido por un ascendiente y encargado de la guarda).

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Quedó en prisión preventiva un hombre de iniciales KRG al que se investiga por haber cometido delitos contra la propiedad en Venado Tuerto. Así fue dispuesto por la jueza Andrea Cavallero en una audiencia desarrollada en los tribunales venadenses.

La fiscal María Florencia Schiappa Pietra solicitó la medida cautelar y valoró que “la magistrada hizo lugar a nuestro requerimiento y rechazó alternativas no privativas de la libertad propuestas por la Defensa”.

Schiappa Pietra sostuvo que “entre el lunes y el martes de esta semana, el imputado cometió distintos ilícitos con un modus operandi similar”. Especificó que “en la zona céntrica de Venado Tuerto, sustrajo bicicletas que estaban estacionadas en las inmediaciones de comercios”.

“Alrededor de las 2:30 del martes, el investigado se apoderó de un birrodado que el empleado de una panadería había dejado sin medidas de seguridad afuera del local, en Marconi al 600”, expuso la fiscal. “Gracias a que los clientes advirtieron lo que sucedía y avisaron a la Central de Emergencias 911, el autor del hecho fue aprehendido momentos después y la víctima pudo recuperar su vehículo”, destacó.

En tanto, Schiappa Pietra puntualizó que “los uniformados se comunicaron con la Central de Monitoreo municipal y, a partir del análisis de registros de cámaras de seguridad, se detectaron otras conductas delictivas del imputado”. En tal sentido, remarcó que “se pudo determinar de forma clara que la madrugada anterior él había robado una bicicleta que estaba estacionada frente a un bar, en el bicicletero ubicado en Maipú y San Martín”, y detalló que “en esa ocasión, rompió un candado para poder llevarse el vehículo”.

Asimismo, la funcionaria del MPA indicó que “en las grabaciones aportadas por la Central de Monitoreo también se observa que el hombre investigado hurtó un casco que estaba colgado del manubrio de una motocicleta en la vía pública”. Al respecto, precisó que “además se puede ver que, tras ese ilícito, el imputado cambió su vestimenta con el fin de procurar su impunidad”.

Por otro lado, la fiscal afirmó que “las filmaciones permiten reconstruir los movimientos que el investigado tuvo después de cometer los delitos contra la propiedad y fueron fundamentales para esclarecer lo ocurrido”. Según mencionó, “en los videos, su rastro se pierde a una cuadra de su domicilio, donde en el marco de una requisa agentes policiales secuestraron el cuadro de un motovehículo que había sido sustraído a fines de enero en el estacionamiento de motos localizado en la esquina de Belgrano y Maipú”.

Schiappa Pietra refirió que “al imputado a su vez se le endilgó la autoría de una tentativa de hurto cometida el año pasado”, y explicó que “ese hecho fue investigado en un legajo penal en el que había sido declarado rebelde por no comparecer a las audiencias a las que se lo citó”.

En cuanto al ilícito, manifestó que “el hombre de iniciales KRG intentó robar una billetera que estaba en el interior de un automóvil estacionado sin medidas de seguridad en la intersección de Pueyrredón y Monteagudo”, y aclaró que “no logró su cometido porque varios vecinos lo interceptaron antes de que él se alejara”.

Al hombre que quedó en preventiva se le atribuyó la autoría de robo agravado, hurto –tanto consumado como en grado de tentativa–, y encubrimiento.

En las últimas horas se realizó una audiencia imputativa en los Tribunales Provinciales de Casilda, contra S.F.R acusado de robar cinco rodados en el caso urbano de esa localidad del departamento Caseros.

En tanto, el Fiscal Dr. Emiliano Ehret le atribuyó el delito de Hurto calificado de vehículo dejado en la vía pública con llave verdadera hallada en carácter de autor en grado consumado. Asimismo, el Juez de primera instancia Dr. Pangrazi tuvo por formalizada la audiencia, haciendo lugar al pedido Fiscal, disponiendo la prisión preventiva efectiva hasta el 13 de noviembre de 2025. Luego de vencido el plazo la Fiscalía podrá solicitar su prórroga.

El sujeto había sido detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) el pasado día miércoles en una vivienda ubicada en Fray Luis Beltrán al 4300 de ese distrito del sur santafesino. Durante el allanamiento, los agentes secuestraron prendas de vestir usadas en los robos, un Chevrolet Cruze, $300.000 en efectivo con faja de traslado de caudales, armas y municiones, entre otros elementos.

Este individuo había salido de prisión en diciembre, luego de cumplir una condena unificada de 12 años, que incluía un recordado atraco en banda a una mueblería casildense en 2008 y un tiroteo con policías en el oeste de Rosario en 2016.

En 2012, protagonizó una persecución que terminó con un choque a gran velocidad en la ruta 11. El vehículo guardaba en su interior un fusil AK 47 y varias pistolas. En 2016 volvió a enfrentarse a tiros con la policía en Avellaneda Oeste y dos años después aceptó otra condena.

El juez penal Aldo Baravalle, integrante del tribunal que condenó a Pedro Ortiz y Hontoria a 15 años de prisión por cuatro hechos de abuso sexual agravado, explicó los fundamentos del fallo y defendió la decisión de dictar prisión preventiva tras la lectura de la sentencia.

“El tribunal entendió que los hechos que fueron acusados oportunamente tanto por la querella como por la Fiscalía fueron debidamente probados con la prueba que se rindió en el debate”, sostuvo Baravalle, quien también remarcó que la pena impuesta de 15 años se ajusta a los pedidos de las partes y a las escalas penales vigentes.

En relación a la entrega de fundamentos, indicó que quedarán a disposición de todas las partes y podrán ser analizados de cara a eventuales apelaciones. “Seguramente será la defensa quien recurra la decisión”, anticipó.

El magistrado también se refirió a la decisión de dictar prisión preventiva para el condenado, que hasta ese momento transitaba el proceso en libertad con restricciones. “Al haber una sentencia condenatoria, aunque no esté firme, se agrava la situación procesal del imputado. Evaluamos que era necesario cautelar su persona con la máxima medida, que es la prisión preventiva”, explicó.

Ante la consulta sobre los fundamentos de esta decisión, Baravalle destacó el incremento del peligro de fuga: “El riesgo procesal aumenta considerablemente cuando hay una condena, por más que no esté firme”.

Además, reconoció que el tribunal tuvo en cuenta las circunstancias personales y expectativas de las víctimas al resolver la prisión preventiva: “Cuando una sentencia reconoce los derechos de una víctima, es necesario asegurar que esa decisión se haga efectiva. Si no se ejecuta, se produce una nueva frustración para quienes atravesaron todo el proceso”.

Sobre los elementos de prueba, Baravalle afirmó que “están analizados en forma exhaustiva en el fallo de fondo”, y que la resolución sobre la prisión preventiva remite a esos argumentos. “Las partes tendrán oportunidad de analizarlos y eventualmente apelarlos”, aclaró.

Finalmente, el magistrado desestimó los dichos de la defensa, que aludieron a una supuesta presión social. “Evidentemente hay casos que generan más atención pública, pero eso no condiciona nuestra tarea. Hemos resuelto muchos juicios por abuso con una sola víctima y sin público, siempre aplicando la ley y los tratados internacionales”, concluyó.

La fiscal Florencia Schiappa Pietra celebró el fallo, que consideró un avance significativo en la protección de víctimas vulnerables.

Durante la audiencia de lectura del fallo, los jueces hallaron culpable al religioso por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por su rol educativo y por el daño ocasionado a la salud mental de una de las víctimas. Además, se lo responsabilizó por tres hechos más de abuso sexual simple, también agravados por su función como docente.

“La Fiscalía había solicitado 16 años y el tribunal condenó a 15, manteniendo las calificaciones legales que propusimos. Estamos muy conformes”, expresó Schiappa Pietra.

Schiappa Pietra también hizo hincapié en la reciente reforma del Código Procesal Penal de Santa Fe, que permite considerar una condena de primera instancia como un nuevo factor de peligrosidad procesal para dictar prisión preventiva. “Esto fue discutido durante la audiencia y los jueces coincidieron en que esta reforma no hizo más que reafirmar criterios que ya venían aplicándose”, explicó.

Si bien la medida cautelar ya fue dispuesta, se espera que la defensa de Ortiz y Hontoria apele tanto el fallo como la prisión preventiva. La fiscal anticipó que primero se llevará a cabo la audiencia por la apelación de la cautelar. Mientras tanto, el condenado será trasladado al establecimiento penitenciario de Melincué.

“No venía sintiendo una respuesta que estuviera a la altura del daño sufrido por las víctimas, pero este fallo repara en parte esa deuda y marca un precedente”, concluyó Schiappa Pietra.

Cobertura y fotos: Mauro Dalmazzo. 

Dos hombres de 20 años, cuyas iniciales son NFF y AJI, quedaron en prisión preventiva en el marco de un legajo en el que se los investiga por un robo cometido en la vivienda de una adulta mayor en Venado Tuerto.

Las privaciones de la libertad fueron dispuestas por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Adrián Godoy, en una audiencia realizada en los tribunales venadenses.

La fiscal Andrea Cavallero está a cargo de la investigación penal y es quien solicitó las preventivas. En tal sentido, valoró que “aunque la Defensa se opuso a nuestros requerimientos, el magistrado consideró que estaban acreditadas las circunstancias para hacer lugar a lo que pedimos”. Según remarcó, “más allá de que ninguno de los imputados tiene antecedentes penales, los riesgos procesales estaban latentes”.

Cavallero sostuvo que “alrededor de las 3:30 de la madrugada del lunes pasado, los hombres investigados treparon el tapial de una casa en la que vive una mujer de 87 años”, y agregó que “una vez en el patio trasero, utilizaron un fierro para forzar una puerta de ingreso al domicilio”.

“Luego fueron hasta una habitación en la que la víctima estaba durmiendo y la amenazaron de muerte para que se levantara y les entregara objetos de valor”, subrayó la fiscal. “Tras el amedrentamiento, los imputados se apoderaron ilegítimamente de 500.000 pesos, dos teléfonos celulares, un reloj de plata y un juego de llaves y se fueron del lugar”, afirmó.

En cuanto a las detenciones, la funcionaria del MPA señaló que “momentos después del ilícito, el hombre de iniciales AJI fue aprehendido en la vía pública por agentes policiales”, y agregó que “el otro investigado fue privado de su libertad en el marco de un allanamiento que se realizó en el domicilio en el que residía”.

A los imputados se les atribuyó la coautoría de robo agravado (por escalamiento).

Un joven de 23 años, cuyas iniciales son RJC, fue imputado y quedó en prisión preventiva por 30 días, acusado de cometer varios delitos en un contexto de violencia de género contra su expareja en la ciudad de Rufino. Así lo resolvió la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Lorena Garini, durante una audiencia desarrollada este lunes en los tribunales locales.

La fiscal Rafaela Florit, a cargo de la investigación, solicitó la privación de libertad del acusado por considerar que representa un riesgo procesal. “Aunque la Defensa propuso otras medidas, la magistrada hizo lugar a nuestro requerimiento. Las alternativas no eran suficientes para mitigar los peligros procesales”, explicó Florit.

Entre los fundamentos para dictar la prisión preventiva, la jueza contempló que RJC también es investigado en otro legajo por hechos delictivos contra la misma mujer. Además, la fiscal remarcó que el imputado “incumplió normas de conducta impuestas previamente y carece de residencia fija, lo que demuestra que es capaz de entorpecer el proceso judicial”.

El hecho por el que fue imputado ocurrió en la madrugada del jueves pasado, cuando RJC se presentó en la casa de su expareja, forzó violentamente la puerta de ingreso y generó destrozos. “La víctima estaba durmiendo, se despertó al escuchar ruidos extraños y fue hasta la cocina, donde se encontró con su expareja, quien tenía en la mano una varilla gruesa de madera”, relató Florit.

Según la reconstrucción fiscal, el agresor le recriminó a la mujer, con violencia verbal, que hubiera iniciado una relación con otra persona. Luego, salió del domicilio y utilizó el mismo palo para destrozar el parabrisas y dañar la óptica delantera del auto de un hombre que se encontraba en la casa.

Florit agregó que, con esta conducta, el joven desobedeció una prohibición judicial de acercamiento y contacto vigente con la víctima.

Entre las medidas probatorias que aún restan, la fiscal mencionó la realización de una entrevista en cámara Gesell a una niña que presenció los hechos. “Por eso se fijó un plazo de 30 días de prisión preventiva”, explicó. Asimismo, destacó que antes del inicio de la audiencia, la víctima fue escuchada por la jueza.

A RJC se le atribuyó la autoría de los delitos de violación de domicilio, daño y desobediencia de un mandato judicial, todos ellos cometidos en un contexto de violencia de género.

El ex presidente comunal de Melincué y candidato en esta elección por el mismo cargo, Silvio Garbolino, acusado por el delito de “administración infiel”, fue imputado en los Tribunales de Rufino, donde se pidió la prisión preventiva y este miércoles la jueza Lorena Garini expondrá su decisión.

De cumplirse a la solicitud del Ministerio Público de la Acusación, con el fiscal Mauro Menéndez a cargo, Garbolino podría permanecer en prisión, a pocos días de la elecciones que lo tienen como candidato.

El ex mandatario comunal está acusado en el marco de una investigación por presunta defraudación vinculada a su rol como gerente de una mutual con sede en San Gregorio.

Las recientes denuncias que se incorporaron al expediente se suman a antecedentes ya existentes. “La gravedad de los hechos y el riesgo de entorpecimiento de la investigación motivaron el pedido de detención”, explicaron desde Fiscalía.

Entre las denuncias que pesaban sobre el dirigente libertario se encuentra la presentada por un comerciante, quien afirmó haberle entregado tres cheques en blanco con el compromiso de que serían utilizados únicamente como respaldo para un préstamo personal solicitado por su suegro. No obstante, según consta en el expediente, los cheques fueron completados por montos de $29.300.000 cada uno -muy por encima de los $300.000 originalmente previstos- y se utilizaron como garantía de un crédito por más de $88 millones ante la mutual AMFAC.

Este dato resulta especialmente relevante, dado que Garbolino se desempeñaba como gerente de la mutual en la sucursal San Gregorio, lo que plantea un posible conflicto de intereses y agrava su posición judicial. Sin dudas, la utilización de esos cheques en una entidad bajo su órbita funcional compromete aún más la legalidad de la operatoria.

Como consecuencia de esta causa por presunta defraudación, Garbolino ya había sido imputado por “abuso de confianza” en un proceso llevado adelante por el fiscal Julián Cochero. En ese marco, la Justicia le impuso restricciones, como la prohibición de salir del país, la fijación obligatoria de domicilio en Melincué y presentaciones periódicas ante los tribunales locales.

Quedó en prisión preventiva un hombre de 42 años, cuyas iniciales son DAM, al que se investiga como autor de una tentativa de homicidio en perjuicio de un policía en Villa Cañas (departamento General López). Además, al imputado se le endilgó haber amenazado a la mujer que era su pareja, a su excuñado y a amigos de ella y haber ingresado sin autorización a la casa de sus exsuegros.

La investigación está a cargo de la fiscal Andrea Cavallero, quien hizo la atribución imputativa y luego solicitó la medida cautelar privativa de la libertad. Por su parte, el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Adrián Godoy, fue quien ordenó la prisión preventiva pedida por la funcionaria del MPA.

“El magistrado consideró que, en esta instancia del proceso penal y con las evidencias que presentamos, estaban acreditadas la materialidad de los ilícitos y la probabilidad de autoría de los ilícitos”, destacó la fiscal. “Para tomar la decisión, el juez también contempló que la pena en expectativa es a prisión de cumplimiento efectivo y sostuvo que los riesgos procesales estaban latentes”, especificó la funcionaria del MPA.

Cavallero indicó que “el sábado 29 de marzo pasado, alrededor de la 1.50 de la madrugada, el imputado ingresó sin autorización a la casa de los padres de su expareja”. Al respecto, aclaró que “la mujer se tuvo que mudar a esa vivienda a raíz de los hechos de violencia que venía sufriendo de parte de él”.

La fiscal aseguró que “previamente, el imputado golpeó las ventanas y las puertas mientras gritaba por la mujer”. Afirmó que “una vez dentro del inmueble, amedrentó a su excuñado y le dijo que le dispararía con un arma de fuego si no le decía dónde estaba su expareja”. En tal sentido, agregó que “el hermano de la mujer le explicó que su hermana estaba en lo de una amiga y el hombre se fue”.

“El imputado se dirigió a otra vivienda en busca de su expareja”, relató Cavallero y agregó que “también amedrentó a los dueños de esa casa mientras preguntaba por la mujer, que tampoco estaba en el lugar”, detalló.

La representante del MPA expuso que “el imputado volvió a la casa de los padres de su expareja, y ahora lo hizo con una escopeta cargada y cuatro municiones que llevaba en el bolsillo de su pantalón”. Cavallero informó que “al lugar habían llegado dos móviles policiales que fueron comisionados luego de un llamado al 911”.

La funcionaria explicó que “el imputado se bajó de la camioneta, se posicionó para disparar y apoyó el caño de la escopeta sobre la caja trasera”. Agregó que “al ver esto, el personal policial le solicitó reiteradas veces que baje el arma a lo cual respondió negativamente y los amenazó con disparar”.

“Finalmente, el hombre investigado le disparó a un suboficial con el objetivo de matarlo y fue repelido con disparos policiales”, puntualizó la fiscal, quien concluyó que “el imputado recibió un disparo en la cabeza y quedó herido en la vía pública”.

La funcionaria del MPA se refirió a la salud del imputado. “A raíz del impacto recibido, el imputado sufrió una herida en su cabeza, con orificio de entrada pero no de salida”, detalló Cavallero.

“El magistrado ordenó que se tenga en cuenta el tratamiento indicado y que se continúe con lo prescripto por los médicos, en el lugar en el que cumpla la medida cautelar privativa de la libertad”, finalizó la fiscal.

El hombre que quedó en prisión preventiva es investigado como autor de los delitos de tentativa de homicidio calificado (por haberse perpetrado contra miembro de las fuerzas de seguridad y por el uso de arma de fuego); portación indebida de arma de fuego; amenazas y violación de domicilio.

Un hombre quedó en prisión preventiva luego de que le iniciaran una causa por violencia de género. Ella tramitó una medida de distancia, él la golpeó y violó la disposición judicial para amenazarla y terminó tras las rejas.

Se trata de Alejandro Evaristo Montojo, quien permanece privado de su libertad por disposición del juez penal Sergio Carraro. La investigación de los hechos está en manos de la fiscal Milagros Parodi, de la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas).

La audiencia se realizó en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, y contó con la presencia de la defensora pública Sonia Bustos, que asistió técnicamente a Montojo.

Según lo imputado, la primera agresión ocurrió la noche del 28 de enero, alrededor de las 20. Montojo interceptó a su expareja en la vía pública cuando ella caminaba junto al hijo de ambos hasta un almacén en la zona de Pasaje Denis y Espora.

La empujó y le propinó un golpe de puño en la nariz, provocándole lesiones consistentes con una contusión en la región del tabique nasal. Cuando ella intentó alejarse, la amenazó de muerte.

Dos meses después, el 31 de marzo, Montojo volvió a agredirla. Ese día por la tarde la esperó en inmediaciones de su lugar de trabajo, en la zona de Bulevar Pellegrini al 3000, hasta que la mujer pasó por allí.

Fue entonces cuando se le abalanzó y la amenazó de muerte mientras le exhibía un cuchillo con el que intentó lastimarla, no logrando su cometido porque la mujer portaba un gas pimienta, que utilizó para repelerlo. Roció el contenido sobre el rostro de Montojo para defenderse, logrando que él se fuera de lugar.

Haciendo esto, Montojo desobedeció la orden judicial dispuesta el 18 de diciembre del año pasado por el Dr. Alejandro Azvalinsky del Juzgado de Familia N°7, que disponía la prohibición de acercarse a su expareja.

La víctima radicó la denuncia correspondiente, y la fiscal Parodi dispuso la detención de Montojo. El hombre fue imputado como autor de los delitos de “lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo y por ser cometidas por un hombre contra una mujer en contexto de violencia de género”, “desobediencia de mandato judicial” y “amenazas calificadas por el uso de arma”

La fiscalía hizo hincapié en que Montojo cometió los hechos “valiéndose de la relación de desigual poder que él ejerce con relación a su ex pareja en contexto de violencia de género”.

El hombre permanecerá preso mientras el proceso judicial avanza.

Quedó en prisión preventiva un hombre de 64 años, cuyas iniciales son DAF, al que se investiga por haber amenazado con un arma blanca al presidente comunal de la localidad de Miguel Torres (departamento General López). Así fue dispuesto por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Mariana Vidal, en una audiencia realizada estes martes por la mañana en los tribunales de Melincué (cabecera del departamento General López).

Al imputado además se le atribuyó haber amedrentado a un hijo del funcionario público y haber provocado daños en un automóvil perteneciente a las víctimas. A su vez, se le endilgó haber tenido una actitud hostil ante los agentes policiales que lo aprehendieron. Los ilícitos fueron cometidos el sábado pasado.

La investigación penal está a cargo de la fiscal Vanina Servidio Pozzi, quien representó al MPA y solicitó que el imputado transite el proceso penal detenido. En tal sentido, valoró que “aunque la Defensa propuso alternativas, la magistrada las rechazó porque eran insuficientes para mitigar los peligros procesales y ordenó la preventiva sin plazos”.

“La jueza tuvo en cuenta que el imputado es vecino del presidente comunal, lo que incide en la ponderación del riesgo de entorpecimiento probatorio”, explicó la fiscal.

“Además, consideró la violencia desplegada en el amedrentamiento y que el funcionario público intimidado expresó en la audiencia que temía sufrir represalias si el investigado recuperaba su libertad”, agregó.

Servidio Pozzi sostuvo que “alrededor de las 2:00 de la madrugada del sábado pasado, el imputado fue hasta la casa del presidente comunal, quien en ese momento estaba allí junto con su hijo menor de edad”. En tal sentido, relató que “al verlos, los amenazó de muerte mientras trataba de apuñalarlos con una cuchilla tipo facón”.

“En el marco de la situación violenta, las personas intimidadas lograron cerrar la puerta de su domicilio para resguardarse”, indicó la funcionaria del MPA. “Entonces, el hombre investigado se acercó al automóvil de las víctimas, que estaba en las inmediaciones, y utilizó el arma blanca para romper la luneta trasera”, destacó.

Asimismo, puntualizó que “el jefe comunal convocó a la policía y, cuando llegaron los uniformados, el imputado tuvo una actitud hostil hacia ellos”. Afirmó que “hizo caso omiso a las primeras órdenes que le dieron”, y aclaró que “finalmente fue aprehendido en el lugar”.

Al imputado se le atribuyó la autoría de amenazas calificadas (por el uso de arma), daño y desobediencia a la autoridad.

El ilícito ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada del domingo 26 en una casa ubicada cerca del Concejo Deliberante de Venado Tuerto. Los acusados, identificados por sus iniciales NC y FNL, junto con un tercer implicado, RAR, habrían forzado la cerradura de la puerta principal para ingresar y sustraer diversos objetos, incluyendo una bicicleta, un televisor, una consola de videojuegos, un teléfono celular, ropa y dinero en efectivo. En el momento del robo, la vivienda se encontraba vacía.

Una vecina alertó a las autoridades tras escuchar ruidos sospechosos, lo que permitió a la fiscalía, bajo la dirección de Mayra Vuletic, iniciar rápidamente las diligencias correspondientes. Mediante el análisis de imágenes de cámaras de seguridad de la zona, se logró identificar a los sospechosos. Al día siguiente, se llevaron a cabo allanamientos que culminaron con la detención de los tres individuos y la recuperación de los objetos robados, los cuales fueron restituidos a la víctima.

A los tres detenidos se les imputó el delito de robo agravado por efracción y por ser cometido en poblado y en banda. Además, NC y FNL enfrentan cargos adicionales por resistencia a la autoridad en un incidente ocurrido el 8 de enero durante un control policial. FNL también fue acusado de amenazas calificadas por el uso de un arma blanca contra su expareja y la actual pareja de ella.

En la audiencia celebrada en los tribunales de Venado Tuerto, la jueza Paula Borello consideró que existían pruebas suficientes para acreditar la posible autoría de los delitos y, ante los riesgos procesales, ordenó la prisión preventiva para NC y FNL. En cuanto a RAR, la jueza decidió que continúe el proceso en libertad, aunque seguirá siendo investigado.

El ministro de Seguridad, Pablo Coccocioni, confirmó que la provincia propondrá un cambio en el protocolo para abordar los casos de violencia de género. Según detalló ante la consulta de El Litoral, la intención es invertir la carga que hoy recae sobre la víctima, y fijar la atención en el presunto agresor.

Así, la decisión es reemplazar los botones antipánico o aplicaciones telefónicas, por una tobillera que deberá portar el violento.

"Hasta ahora -dijo el ministro de Seguridad-, mayormente las denuncias en los Tribunales de Familia por un hecho de violencia familiar implica un procedimiento a través del cual se le da (si hay cupo) a la víctima que casi siempre es mujer, un botón o ahora se está pensando en una app", explicó.

"Se le dice que si el agresor se acerca, presione el botón y la verdad es que cuando llega el violento, lo primero que hace es arrebatarle la botonera o el teléfono celular para que no pueda llamar a nadie", agregó.

En ese sentido, Cococcioni manifestó: "Entonces, pensamos en hacerlo al revés e invertir el escenario, para que no sea la persona que sufre violencia de género quien deba reaccionar, sino que sea el presunto agresor quien tenga la carga tecnológica".

"Para ser simples -explicó-; en lugar de que esté la mujer con el botón en la mano mirando hacia todos los costados a ver si viene el golpeador, el presunto agresor va a tener que portar una tobillera", siguió.

"Va a tener una perimetral que debería ser de no menos de 700 u 800 metros, y si la transgrede, automáticamente se activa un protocolo que puede implicar el envío de un móvil policial y la aprehensión y puesta a disposición de la justicia y después se le avisa a la víctima", señaló.

El gobierno pondrá a disposición de la Justicia los aparatos.

Para el funcionario, este cambio de procedimiento busca "llevarle la tranquilidad a la víctima de que el Estado la va a estar cuidando y no debe cuidarse ella sola y andar con el botón para todos lados".

Coccocioni dijo que este mecanismo será propuesto por la provincia pero aclaró que "la resolución será judicial y de acuerdo con cada caso". "Lo que vamos a hacer es, como provincia, poner a disposición de los jueces esta herramienta".

"Habrá dos dispositivos; uno que será dual para casos de violencia intrafamiliar donde la persona protegida tiene un dispositivo que marca la distancia, en tanto que la persona con la medida de restricción tiene la tobillera. Y otros que son dispositivos domiciliarios sólo con tobillera, para los casos penales que tengan detención domiciliaria como alternativa a la prisión preventiva", detalló.

El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni.

Según mencionó, a lo largo del año "y de manera escalonada, irá llegando un combo de ambos dispositivos" a la provincia y se comenzará con una suerte de prueba piloto. "Seguramente va a haber no menos de 200 o 300 dispositivos en toda la provincia", adelantó.

Consultado sobre el número de casos que demandan en la actualidad el uso de botón de pánico, el ministro dijo que "hasta aquí no hay mucha demanda pero porque no hay recursos". "Cuando se pone el recurso, empieza a aparecer la demanda. Cuando aparezca esto, los jueces se van a animar a usarlo", concluyó.

Quedó en prisión preventiva un hombre de 30 años, cuyas iniciales son MSC, al que se investiga por delitos contra la propiedad y amenazas cometidas con un arma de fuego en Firmat. Así fue dispuesto por la jueza Silvina Marinucci, en una audiencia desarrollada este viernes en la mañana en los tribunales de Melincué.

El fiscal que está a cargo de la investigación y solicitó la preventiva es Julián Cochero. Por su parte, dos mujeres que resultaron víctimas de los ilícitos participaron de la audiencia y declararon ante la magistrada.

Cochero indicó que “los hechos delictivos fueron cometidos entre el domingo 17 de noviembre del año pasado y este martes 31”.

En relación al ilícito más reciente, precisó que “el imputado ingresó a una vivienda tras forzar una reja y una puerta y robó una motocicleta marca Honda modelo Wave, dos televisores y 800.000 pesos en efectivos que había en el lugar”. A su vez, señaló que “semanas antes, había hurtado otro televisor en otra casa”.

En tanto, sostuvo que “en otra ocasión, accedió de madrugada a un predio rural ubicado en las inmediaciones de la calle pública número 1 y la ruta provincial número 93 y se apoderó ilegítimamente de un animal que estaba allí”. Según especificó, “sustrajo una chancha de aproximadamente 12 kilogramos”.

Por otro lado, afirmó que “el miércoles de la semana pasada, el hombre que quedó en preventiva amenazó a una de las mujeres que estuvieron presentes en la audiencia de hoy”. Expuso que “desde una moto que era conducida por otra persona, el imputado le dijo a la víctima que los iba a matar a ella y a los integrantes de su entorno mientras le mostraba una escopeta y le reprochaba haber hecho una denuncia en su contra”.

Al hombre investigado se le atribuyó la autoría de robo, abigeato, hurto y amenazas calificadas (por el uso de arma de fuego).

Los fiscales de la causa por la desaparición del pequeño Loan en Corrientes solicitaron los procesamientos con prisión preventiva de los siete detenidos, indagatorias a personas involucradas y la realización de nuevas pericias. Ahora resta saber si la jueza Cristina Penzo acepta.

En las últimas horas el fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán, y los responsables de la Procuraduría contra la Trata y Explotación de Personas (Protex) le pidieron a la jueza nuevos requerimientos a 168 días de la búsqueda del menor.

En este sentido, la Justicia subrayó que Antonio Benítez, Mónica del Carmen Millapi, Daniel “Fierrito” Ramírez, Carlos Pérez, Victoria Caillava y Laudelina Peña deberán ser procesados por la sustracción y ocultamiento del menor, mientras que para el comisario Walter Maciel por haber entorpecido la investigación y facilitado el encubrimiento.

Además, se le suma las indagatorias a Macarena Peña, prima de Loan e hija de Laudelina, y de Cristian Agustín Gutiérrez, amigo de Benítez.

Por último, el próximo 27 de diciembre se llevarán a cabo las pericias tecnológicas en el Comando Unificado Corrientes (CUC) donde se analizarán todos los dispositivos secuestrados en la causa.

Este lunes, se llevó a cabo en los Tribunales de Venado Tuerto la audiencia imputativa y cautelar contra Ramiro D., el segundo implicado en la causa se investiga el violento ataque que sufrió el pasado 8 de noviembre, Juan Carlos Salinas, quien aún permanece internado en el Hospital Dr. Gutiérrez de Venado Tuerto. 

El detenido, quien sería hermano de la persona que en un primer momento se había sindicado como sospechoso, también empleado de la concesionaria de autos propiedad del principal acusado Kevin P., recibió la misma imputación, “homicidio en grado de tentativa” y se le dictó la prisión preventiva ordinaria.

Según se supo, las imágenes que lograron recolectar durante el proceso de investigación, fueron evidentes para involucrar a Ramiro en el hecho y ponerlo en el lugar del ataque durante la mañana del 8 de noviembre cuando Salinas recibió dos puñaladas en la zona abdominal, mientras se encontraba fuera de su vivienda en Pringles 88. 

En este marco, la abogada Ana María Regidor, quien representa a la familia de la víctima, explicó en el programa radial “Antes que nada” (LT29) confirmó que “las imágenes de las cámaras de seguridad demostraron su participación”, en el hecho. 

“Tras un análisis meticuloso de las grabaciones, se pudo establecer que Kevin y Ramiro estuvieron juntos desde la noche anterior al ataque, y que fue Kevin quien apuñaló a Juan Carlos Salinas. Las pruebas son claras: las vestimentas, el comportamiento y la secuencia de los hechos apuntan directamente a él”, afirmó la abogada.

Las imágenes fueron fundamentales para poner mayor claridad al caso. Según Regidor, los videos muestran a ambos detenidos, que habrían pasado la noche en vela, en dos lugares claves: la agencia de automóviles de Kevin y el edificio donde pasaron la noche antes del ataque. En estos videos se observa a Kevin y Ramiro en el Fiat Palio en el que se dirigieron al lugar del apuñalamiento, así como el regreso al vehículo poco después del incidente. Además, se detallan los movimientos de ambos dentro de la agencia de automóviles, donde se muestra al segundo imputado recibiendo dinero poco antes de la agresión.

En cuanto al desarrollo de la causa, la abogada indicó que se estableció la prisión preventiva también para este segundo implicado. “El riesgo de fuga y la peligrosidad procesal son factores determinantes. La fiscalía y la defensa coincidimos en que la coautoría está suficientemente probada y que la prisión preventiva es necesaria hasta el avance del juicio”, explicó Regidor.

La investigación ha sido compleja, con semanas de trabajo detrás de las pruebas y una serie de testigos y elementos que continúan surgiendo. Además, la abogada dejó claro que no se descartaron nuevas detenciones, ya que aún falta mucho por esclarecer en este caso.

Un hombre de 32 años cuyas iniciales son EMA quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación en la que está imputado por delitos contra la propiedad cometidos en la localidad de María Teresa. Además, se le atribuyó haber resistido el accionar de la policía en dos oportunidades.

La medida cautelar fue impuesta por el juez Leandro Martín a raíz del pedido que formuló la fiscal Florencia Schiappa Pietra en una audiencia realizada en los tribunales de Venado Tuerto.

“Si bien la Defensa pidió la libertad y la imposición de normas de conducta para el hombre investigado, el juez rechazó la solicitud y entendió que correspondía la medida cautelar privativa de la libertad tal como lo planteamos desde la Fiscalía”, valoró la fiscal del MPA. 

“El magistrado tuvo en cuenta las evidencias que presentamos y también consideró que el imputado tiene antecedentes penales condenatorios y una causa abierta en la Justicia Federal por comercialización de estupefacientes”, agregó.

Por otra parte, Schiappa Pietra hizo hincapié en que “el juez también hizo lugar a la solicitud que hicimos de que el legajo tramite bajo el procedimiento por flagrancia”.

La fiscal informó que “al hombre investigado se le atribuyeron cuatro hechos ilícitos”, y detalló que “tres de ellos fueron cometidos entre la 1:30 y las 2:30 de la madrugada del jueves de la semana pasada”.

“El imputado forzó la cerradura de un local comercial ubicado en calle Saenz Peña al 300 e ingresó con el objetivo de sustraer mercadería”, sostuvo la fiscal en la audiencia y precisó que “se llevó 52 paquetes de cigarrillos; gran cantidad de golosinas; pilas; maquinitas de afeitar; encendedores; dos aromatizantes y dinero en efectivo”.

Schiappa Pietra remarcó que “una hora después de cometer el primer robo, intentó hacer lo mismo en otro negocio ubicado en Calle 8 y Pedro Loretto”. No obstante, la fiscal señaló que “solo alcanzó a forzar una puerta de aluminio que hay en el frente del local, y fue aprehendido gracias a la coordinación del personal de la Guardia Urbana de la comuna con la policía, a partir de llamados telefónicos que hizo un vecino para advertir lo que estaba ocurriendo”.

“Finalmente, cuando los agentes de seguridad le dieron la voz de alto, hizo caso omiso, exhibió un cuchillo tipo serrucho y se negó a entregarlo hasta que fue aprehendido”, relató la fiscal.

En relación con el cuarto ilícito por el cual se investiga al imputado, la fiscal explicó que fue cometido en horas de la noche del lunes 2 de septiembre.

“Minutos después de las 22:30, insultó a un suboficial de la policía e intentó agredirlo físicamente”, expuso la fiscal. “El agente de la fuerza de seguridad había ido a una casa ubicada en Calle 10 y Calle 12 a raíz de una pelea del imputado con su pareja”, aclaró Schiappa Pietra.

Por los ilícitos cometidos la semana pasada, al imputado se le atribuyó la autoría de los delitos de robo; tentativa de robo y resistencia a la autoridad. Por su parte, en función de lo ocurrido en septiembre, se le endilgó la autoría de resistencia a la autoridad.

Ornella Pazzi

El ex gremialista Emanuel David Araya, quien supo estar al frente de la Uocra de Santa Fe, quedó en prisión preventiva en el marco de una causa judicial por violencia de género.

La cautelar fue dispuesta durante una audiencia realizada el viernes, a la que la víctima acudió para manifestar su temor: “Tengo miedo, pasé por mucho, tiene influencia y mucho poder”.

La causa está en manos del fiscal Ignacio Suasnábar, de la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas), quien atribuyó al ex líder sindical una serie de delitos cometidos contra su pareja, enmarcados en un contexto de violencia de género.

La prisión preventiva fue consentida por Araya y su abogado defensor, Néstor Pereyra, y dispuesta por el juez penal José Luis García Troiano.

Según la atribución delictiva, Araya agredió a su pareja en la casa de Laprida al 3900 donde convivían. El viernes 25 de octubre la amenazó de muerte, asegurándole “te voy a volar la cabeza, no te puedo ni ver” mientras le apuntaba con una escopeta.

La imputación no consistió sólo en ese hecho. Al ex gremialista también le endilgaron haber agredido físicamente a la mujer, al día siguiente de las amenazas, provocándole lesiones en el rostro y las piernas.

Durante la audiencia de medidas cautelares, el fiscal resaltó que las acciones desplegadas por Araya se enmarcaron en un contexto de violencia de género, en el que él desplegaba su poder sobre ella en la relación, durante la cual llegó a agredirla varias veces.

Fue una llamada de la mujer a la Central de Emergencias 911 la que alertó sobre la situación de violencia. El domingo 27 se efectuó la detección del ex sindicalista en su vivienda, donde la policía también secuestró una escopeta de dos caños superpuestos.

Respecto a ésta, la fiscalía afirmó que el arma fue peritada y se encuentra apta para realizar disparos. Al solicitar la prisión preventiva, Suasnábar también destacó que la víctima le contó lo sucedido a uno de sus hijos, y que al momento de los delitos imputados Araya se encontraba bajo medidas alternativas no privativas de la libertad en el marco de otra causa judicial.

El defensor no cuestionó la imputación ni las evidencias presentadas por la fiscalía, y consintió la cautelar de máxima. Tras obtener el consentimiento de Araya, el magistrado le impuso la prisión preventiva sin plazos.

Araya no era un desconocido en los pasillos de tribunales, no sólo por su rol sindical, sino también porque se vio envuelto en una causa judicial de gran trascendencia.

En 2013 quedó en prisión preventiva luego de que lo procesaran por los delitos de “coacciones agravadas y usurpación”. La causa investigó los hechos ocurridos el 30 de agosto de 2013 en la Central Termoeléctrica de Sauce Viejo, más precisamente en el obrador que tenían a su cargo las empresas Isolux Ingeniería SA e Iecsa SA, encargadas de la ampliación de la usina de Enarsa.

Ese día, alrededor de las 7.30 de la mañana, un grupo de 80 trabajadores dependientes de la Uocra-oficial arribó al obrador para reanudar las tareas suspendidas unos días antes por la facción de la denominada Uocra-Araya.

Cuando los obreros se encontraban dentro del predio, aguardando órdenes para comenzar la labor, una turba de más de 100 hombres los atacó con palos, hierros, piedras y armas.

La justicia santafesina investigó a Araya, a su hermano y a otros integrantes de la agrupación. Sin embargo, Araya nunca fue condenado.

Actualmente, Araya se encuentra identificado junto a 31 personas más en una investigación por la instigación de la violenta usurpación de la sede de la Uocra en Paraná, ocurrida el pasado julio.