Un tribunal definirá el próximo jueves en la ciudad pampeana de Santa Rosa, si la madre de Lucio Dupuy y la novia de ella son culpables de homicidio calificado y abuso sexual contra el pequeño, tras lo cual se impondrá la pena que por el delito prevé prisión perpetua.

Fueron 18 las audiencias en las que se juzgó a las acusadas y la Fiscalía integrada por Verónica Ferrero, Máximo Paulucci y Mónica Rivero, dio por probado que Magdalena Espósito Valenti, mamá de Lucio, y su novia, Abigail Páez, mataron al niño de cinco años entre las 17:30 y 19:40 del 26 de noviembre de 2021 en Santa Rosa.

La fiscal Ferrero, basándose en la autopsia, habló de un maltrato físico continuo -aludió a lesiones de vieja data- y consideró que también quedaron acreditados los abusos sexuales en reiteradas ocasiones.

Espósito Valenti fue acusada de abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de realización con acceso carnal vía anal con un objeto (agravado por haber sido cometido por la ascendiente) con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años. Todo como delito continuado en concurso real con homicidio calificado por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía.

A Páez le imputó abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de realización y con acceso carnal vía anal con un objeto; agravado por haber sido cometido por la guardadora, con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años. Todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ensañamiento y alevosía.

El jueves, el Tribunal integrado por Alejandra Ongaro, Daniel Sáez Zamora y Andrés Olié determinará si son o no culpables y, por disposición del código procesal de La Pampa, se hará una audiencia de cesura: esto es que determinarán ese día si son o no culpables y, en caso de serlo, en otra audiencia impondrán la pena.

Junto a la acusación de la Fiscalía, el apoderado de la querella particular, José Mario Aguerrido, quien representa al padre de Lucio, Christian Dupuy, adhirió a esas calificaciones legales y agregó el agravante de odio de género para el homicidio a la vez que sostuvo que ése fue el móvil para matar a Lucio.

La acusada Páez, representada por el defensor oficial Blanco Gómez, aseguró que no existió un homicidio agravado sino un homicidio preterintencional, es decir, que no existió intencionalidad y que no buscó el resultado de muerte. Como defensa, justificó que la acusada intentó hacerle masajes de reanimación para evitar que muera aquel día, que fue en búsqueda de la Policía y lo llevó al hospital Evita.

La defensa aseveró que “ninguna de las tres agravantes” planteadas por el Ministerio Público Fiscal para el homicidio quedaron probadas, agregando que¨, en el peor escenario, pudo existir un homicidio simple con dolo eventual, esto es que debió representarse que lo podía matar con los golpes que le dio.

A raíz del pedido de ambas defensas, se hará lo que comúnmente se denomina juicio de cesura o cesura de juicio. Se da para “cuando la pena máxima de los hechos punibles imputados, según la calificación jurídica de la acusación y del auto de apertura, supere los seis años de prisión”.

Por lo tanto, cuando se conozca la sentencia, el Tribunal resolverá solamente si Espósito Valenti y Páez son culpables o inocentes, pero no fijará una pena. Para ello habrá una nueva audiencia en un plazo no mayor a los 15 días a partir de conocerse el fallo.

Salto Culshaw había sido condenado en 2016, después de permanecer durante unos dos años prófugo y oculto en Paraguay. El caso, que causó una profunda conmoción cuando ocurrió, el 22 de diciembre de 2010,  tuvo ribetes escalofriantes por la forma en que fue cometido el crimen.

Padre e hijo mantenían una tirante relación por los reproches que el progenitor le hacía a su hijo por sus problemas con las drogas, que incluso lo llevaron al precipitado fin de su carrera policial.

La noche del crimen, ambos discutieron y cuando el padre estaba sentado frente a una notebook, Salto Culshaw le disparó en la cabeza con un arma a la que previamente le había colocado un silenciador. El homicidio ocurrió dentro del departamento de la víctima, sobre la calle Quirno, en el barrio porteño de Flores.

Salto Culshaw fue condenado por el delito de “homicidio agravado por el vínculo calificado por haber sido cometido mediante el empleo de arma de fuego”. La Cámara Nacional de Casación confirmó la condena en octubre de 2018, pero la defensa del imputado, a cargo del defensor Claudio Martín Armando, apeló ante la Corte.

En su último acuerdo, el máximo tribunal, con las firmas de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, declaró “inadmisible” el último recurso y en una resolución de sólo dos párrafos dejó a la condena con fuerza de cosa juzgada.

El ex policía bonaerense Matías Ezequiel Martínez, de 26 años, fue condenado este martes a la pena de prisión perpetua por el femicidio de su ex pareja Úrsula Bahillo, la joven de 18 años a quien tenía prohibido acercarse a partir de las múltiples denuncias por violencia de género que ella había presentado en su contra.

Martínez -separado de la Policía Bonaerense con una carpeta psiquiátrica meses antes del crimen- fue encontrado culpable de haber apuñalado 15 veces con un cuchillo de carnicero a la joven el 8 de febrero de este año en el paraje rural Guido Spano -cercano a la ciudad de Rojas, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires- a donde la había citado supuestamente para resolver sus diferencias.

Los jueces Karina Piegari, Claudia Dana y Esteban Melilli del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de la ciudad siguieron de esa forma los lineamientos de la acusación que había hecho el fiscal Sergio Terrón, que también instruyó la causa y pidió que Martínez sea condenado a perpetua.

Insólitamente, personal del Tribunal se negó a acreditar a Infobae en el juicio oral y público para presenciar la audiencia de manera remota. Tras diversas dilaciones, optaron por no enviar el enlace con diversas excusas y negativas. La presidencia del TOC N°1 no ofreció una explicación tampoco ante los repetidos llamados.

En la primera y única audiencia del debate declararon diez testigos -el 3 de diciembre útlimo- entre ellos el padre de la víctima y también el expolicía y expareja de Bahillo. Martínez aseguró ante el TOC 1 que no tuvo intenciones de matar a la joven y que ella lo “agredió” en primera instancia.

La defensa de Martínez, por otra parte y en consonancia con la versión del acusado, había pedido que Martínez sea condenado por un homicidio en exceso de la legítima defensa. Esto fue descartado por el tribunal.

A su turno, el abogado Emiliano Basso, que representa a la familia de la joven asesinada como particular damnificada en la causa, acompañó el pedido del representante del Ministerio Público Fiscal.

Martínez –separado de la Policía Bonaerense desde el año 2020– está actualmente detenido en la Unidad Penal 49 de Junín desde el día del crimen. El pasado 22 de febrero, además, fue condenado por el juez en lo Correccional 1 de Junín, Héctor Alberto Barbera, por los delitos de lesiones leves agravadas en concurso con amenazas agravadas, en perjuicio de otra ex pareja, atacada en 2017.

Estos cuatro años de cárcel se unificarán con la pena única de reclusión perpetua por el femicidio de Úrsula, según confirmaron los voceros judiciales.

Denunció ser victima de violencia de género y la encontraron muerta

De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio realizado por Terrón, “el mismo día del hecho, en horas de la mañana, el imputado Martínez fue convocado a la Ayudantía Fiscal de Rojas para ser notificado de la imposición de un perímetro que le vedaba acercarse a Úrsula Bahillo y, como bien consta en el acta de procedimiento, tenía en su poder al momento de su aprehensión”.

El documento indica que “dicha restricción no fue un obstáculo para concertar un encuentro con la víctima en horas de la tarde” y que “dicho encuentro al que accedió la víctima, debe hacerse insoslayablemente desde una mirada de perspectiva de género, entendiendo que una mujer manipulada que no puede romper una telaraña de amenazas y violencia, acude a hablar con el imputado para aclarar la situación que estaban viviendo y por la que lo había denunciado”, sostuvo Terrón.

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El fallo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 de Quilmes, integrado por los jueces Martín Mata, Gustavo Farina y Mónica Rodríguez, recayó sobre Mariano Rubén Fernández, de 31 años, por el delito de “homicidio triplemente agravado por el vínculo, por haber mediado violencia de género y por el uso de arma de fuego”.

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Los jueces coincidieron con el pedido de la fiscal Mariel Calviño, quien había solicitado la pena máxima por los mismos delitos.

El debate comenzó el miércoles pasado, mientras que el último viernes tuvieron lugar los alegatos, donde la fiscal Calviño pidió que el imputado sea condenado a prisión perpetua al dar por acreditado que mató a su concubina de un disparo en la cabeza y luego escapó.

En la previa del veredicto, afuera de los tribunales estuvieron familiares, amigos y vecinos de Florencio Varela que marcharon desde la Plaza Yrigoyen de Quilmes hasta los Tribunales.

El recuerdo de una hermana

“Yo sé que ella no va a volver pero la perpetua es lo que se merecía, ahora Ali va a poder volar alto”, dijo a Télam Daniela, hermana de Vallejos, quien además criticó a la abogada del imputado porque en su alegato había dicho “algo aberrante” respecto a que el disparo “podría haber sido autoinfligido”, lo cual fue descartado por los jueces.

“Si Ali se disparó, ¿por qué el tipo se dio a la fuga? ¿por qué nunca apareció el arma? Yo sé que ella no se mató porque tenía toda una vida por delante. Ella tenía ganas de vivir. Él le arrebato todas las posibilidades. Nosotros la amábamos y él no”, relató Daniela.

La mujer recordó que la víctima “siempre” padeció violencia de género y ejemplificó cuando en 2011 Fernández la intentó apuñalar.

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“Ella lo denunció y cinco años después concretó lo que quiso hacer en esa ocasión. Ali era una nena muy vulnerable, lo amaba a su asesino que es muy manipulador, el cobarde fue él”, expresó.

Daniela había publicado una petición en la página Change.org que contaba antes del inicio del juicio con la adhesión de casi 10.000 personas y que ahora cuenta con más de 31.000, para exigir que Fernández sea condenado.

Finalmente, recordó a su hermana como “una chica hermosa a la que amaba muchísimo”.

El hecho y los antecedentes de violencia

“Me quedan miles de recuerdos de ella. Yo al ser la hermana más grande, ella era la malcriada. La recuerdo como el último día que la vi, aquel 13 de agosto, donde me despidió pedaleando su bicicleta, mientras me decía que me amaba infinitamente”, expresó.

De acuerdo al acta de elevación a juicio al que Télam tuvo acceso, el crimen ocurrió el 14 de agosto de 2016 entre las 15.30 y las 16 en una vivienda ubicada en la calle Monserrat al 800 entre Okinawa y La Meca de Florencio Varela, en el sur del conurbano.

Allí, Vallejos fue encontrada con un disparo en la nuca y trasladada de urgencia al hospital Mi Pueblo, donde murió como consecuencia de las lesiones sufridas.

El acusado, con el que convivió unos ocho años, escapó a la casa de su tío situada en una torre de la Villa Los Eucaliptos, situada en la localidad de Quilmes, donde fue detenido por la Policía.

Según determinó la fiscal de instrucción, Gisela Olszaniecki, Fernández había sido condenado por dos hechos de “amenazas con el empleo de armas” hacia la joven y su grupo familiar.

“Se acreditó la existencia de hechos anteriores de violencia e intimidación hacia la víctima, lo que derivaba en una relación de continuo sometimiento y temor”, explicó la funcionaria judicial.

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