El fiscal Iván Gastón Raposo presentó la acusación contra Brian Ezequiel Ramírez por cinco hechos delictivos ocurridos entre diciembre de 2025 y enero de 2026. La investigación permitió vincularlo con la sustracción de motocicletas, una bicicleta, una bomba de agua y un episodio de amenazas. La Fiscalía también ponderó una condena anterior y solicitó que sea declarado reincidente.

El Ministerio Público de la Acusación, a través del fiscal Iván Gastón Raposo, presentó formalmente el requerimiento acusatorio contra Brian Ezequiel Ramírez, en el marco de cinco hechos delictivos investigados en la ciudad de Venado Tuerto.

La acusación comprende tres hechos de hurto simple, un robo simple y un episodio de violación de domicilio y amenazas simples, todos atribuidos en calidad de autor y en concurso real de delitos.

Según la investigación, el primero de los hechos ocurrió el 19 de diciembre de 2025, cuando el acusado habría sustraído una motocicleta Keller 110 del pasillo de un complejo de departamentos ubicado en calle Lavalle al 3000.

Tres días después, el 22 de diciembre, habría ingresado a un galpón de calle Lisandro de la Torre al 2700, desde donde sustrajo una bicicleta Firebird rodado 29. Este episodio quedó registrado por cámaras de seguridad, cuyas imágenes resultaron relevantes para avanzar en la identificación del sospechoso.

El 19 de enero de 2026, Ramírez habría ingresado a una vivienda de calle Francia al 3200 y sustraído una bomba centrífuga de agua, previo forzar la caja que la protegía.

Al día siguiente, el 20 de enero, habría ingresado sin autorización a un domicilio de calle Dorrego al 2900, donde amenazó a su morador con prenderle fuego la vivienda y atacarlo con un arma blanca.

Finalmente, el 25 de enero de 2026, se le atribuye haber sustraído una motocicleta Corven Energy 110 del interior de una propiedad ubicada en calle Francia al 2400.

Uno de los aspectos centrales de la investigación fue el análisis de cámaras de seguridad y la comparación de imágenes, tareas que permitieron establecer coincidencias en la vestimenta, características físicas y tatuajes del acusado.

En ese sentido, resultaron relevantes las actuaciones desarrolladas por personal de la Comisaría Segunda, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Grupo de Investigación y Análisis Criminal (GIAC) del Ministerio Público de la Acusación, cuyos informes fueron incorporados como evidencia para sustentar la acusación.

La Fiscalía también ponderó los antecedentes penales del acusado. En particular, se tuvo en consideración una condena anterior de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, dictada el 6 de septiembre de 2023, mediante Resolución N.º 873, Tomo XXXIII, Folios 177/194, por el juez penal Eduardo Bianchini.

Al fundamentar la pena solicitada, Raposo destacó la reiteración de las conductas investigadas y las consecuencias que este tipo de delitos generan en las víctimas.

«Detrás de cada uno de estos hechos hay vecinos que se vieron privados de bienes que utilizan para trabajar, trasladarse o satisfacer necesidades esenciales. No podemos minimizar estas conductas por el valor económico de los objetos sustraídos, porque el perjuicio que ocasionan muchas veces supera ampliamente su valor material», expresó el fiscal.

Asimismo, sostuvo: «La reiteración de hechos delictivos en un período tan breve, sumada a la existencia de antecedentes condenatorios, constituye una circunstancia que debemos valorar al momento de solicitar una pena. Desde la Fiscalía vamos a sostener las acusaciones con la evidencia reunida y procurar una respuesta judicial proporcional a la gravedad de las conductas investigadas».

En función de los elementos probatorios incorporados, las características de los hechos y los antecedentes del acusado, el fiscal Iván Gastón Raposo solicitó una pena de siete (7) años y seis (6) meses de cumplimiento efectivo, accesorias legales, costas del proceso y declaración de reincidencia.

La presentación del requerimiento acusatorio constituye un nuevo avance hacia la instancia de juicio oral, donde se debatirá la responsabilidad penal del acusado por los hechos investigados.