Ricardo Martín Barrini, un joven de 26 años oriundo de Teodelina, fue detenido nuevamente tras violar el régimen de prisión domiciliaria que le había sido concedido por razones familiares. La medida fue revocada por orden judicial y el acusado quedó bajo prisión preventiva ordinaria, mientras se da intervención a la Justicia de Familia por la situación de su hijo menor de edad.

De la domiciliaria al incumplimiento

Barrini cumplía una condena unificada de cuatro años por delitos de amenazas, lesiones, daños y hurto calificado, impuesta por la jueza Paula Borrello. En el marco de un juicio abreviado, y considerando que tenía a su cargo un hijo menor sin madre, se le había concedido el beneficio de prisión domiciliaria.

Sin embargo, días atrás, el joven fue visto circulando por el pueblo a bordo de una motocicleta que, según se presume, le habría quitado a un familiar sin autorización. La presencia de Barrini en la vía pública fue advertida por vecinos, quienes alertaron a las autoridades. También trascendió que, en ese mismo contexto, una mujer denunció haber recibido insultos y patadas en la puerta de su domicilio, aunque no radicó la denuncia formal. Testigos señalaron que la mujer no se encontraba en su vivienda al momento del incidente.

Finalmente, el acusado fue interceptado por la policía mientras descendía de un automóvil conducido por familiares que habrían salido a buscarlo para que regresara a su domicilio.

Audiencia y resolución judicial

Durante la audiencia judicial, el fiscal Luis Lagioia imputó a Barrini el delito de desobediencia a la autoridad. Aunque el acusado prestó declaración, se negó a responder preguntas tanto del Ministerio Público de la Acusación como de su defensa, representada por la Dra. Gisela Figuera.

El fiscal solicitó la revocación del arresto domiciliario y el dictado de la prisión preventiva ordinaria.

La defensa rechazó la medida y solicitó la continuidad del arresto domiciliario. Sin embargo, el juez Mauricio Clavero, resolvió disponer la prisión preventiva sin plazo para Barrini.

Intervención del fuero de Familia

Ante la nueva situación del imputado, se dio intervención al área de Niñez y al Juzgado de Familia correspondiente, con el objetivo de garantizar la protección y cuidado del hijo del detenido.

El exministro Julio de Vido anunció que impugnará la orden de detención ante un organismo de la ONU y pidió cumplir la pena en su domicilio, luego de que la Corte Suprema rechazara un recurso y quedara firme su condena de cuatro años por administración fraudulenta en la causa por la tragedia de Once.

La defensa, encabezada por el abogado Maximiliano Rusconi, difundió un comunicado en el que cuestionó con dureza la decisión del máximo tribunal y advirtió sobre la existencia de un planteo pendiente sobre la prescripción de la acción penal.

Tras el rechazo de la queja por parte de la Corte, el juez del Tribunal Oral Federal N°4 encargado de ejecutar la sentencia, Ricardo Basílico, citó a De Vido para que se presente a ser detenido; la convocatoria original a las 10 fue adelantada a las 8.30 para no solaparse con la audiencia del juicio por los cuadernos.

La defensa anunció que presentará un pedido ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas para activar un mecanismo de “acción urgente” contra la orden de detención.

Según el comunicado, la presentación buscará que el organismo inste al Estado argentino a impedir lo que la defensa califica de una “privación de libertad arbitraria”.

“La Corte Suprema rechazó sin siquiera tratarlo el recurso de queja, y no tenía jurisdicción porque está pendiente un planteo sobre la prescripción”, Maximiliano Rusconi, abogado>

La defensa sostiene que el delito tiene una pena máxima de seis años y que el plazo de prescripción habría vencido el 10 de diciembre de 2024; por ello considera que cualquier detención sería ilegítima y violatoria de garantías.

Fuentes cercanas indicaron además que De Vido, de 75 años, pidió expresamente la posibilidad de cumplir la condena en su domicilio y que continuará en libertad mientras se tramitan los recursos.

El juez Basílico fijó la comparecencia para ejecutar la sentencia y dispuso medidas para garantizar la conexión con el debate por los cuadernos, en el que De Vido también está imputado.

Además de la condena por la tragedia de Once, De Vido presenta otras sentencias: cuatro años por la compra de trenes chatarras y otra condena vinculada a la compra de gas natural licuado.

El tribunal adelantó la citación para evitar coincidencias de audiencias y aclaró que tomará las medidas necesarias para integrar ambas diligencias.

Por ahora, De Vido sigue en libertad y el proceso de ejecución de la pena continuará con la citación del juez, lo que definirá de manera inmediata si se concreta la detención.

Un joven de 25 años fue detenido en Teodelina tras ser sorprendido incumpliendo su régimen de prisión domiciliaria. El hecho ocurrió en la tarde del viernes, cuando personal de la Comisaría 7ª recibió un aviso telefónico que alertaba sobre la presencia del individuo circulando en una motocicleta por calles Sáenz Peña y Urquiza.

Poco después, los agentes constataron que el mismo se había dirigido a una vivienda ubicada en calle Sáenz Peña, donde habría amenazado a una mujer. Si bien la víctima decidió no radicar la denuncia formal, el episodio fue comunicado al fiscal en turno.

Momentos más tarde, el joven fue entregado por sus propios familiares a la policía. Durante su traslado a la dependencia, se mostró alterado y comenzó a golpearse dentro del móvil policial.

Por disposición del fiscal interviniente, fue notificado de la causa por Desobediencia al mandato judicial y quedó alojado en la Comisaría 7ª, a la espera de la audiencia imputativa.

Ornella Pazzi

Esta semana la defensa del abogado Alfonso Storni solicitó en tribunales la excarcelación e imposición de prisión domiciliaria por motivos de salud. La jueza Celeste Minniti le concedió la morigeración.

El letrado se encontraba cumpliendo prisión preventiva en la cárcel de Las Flores, imputado como líder de una banda criminal que se dedicó a cometer estafas inmobiliarias en la ciudad de Santa Fe y alrededores.

La audiencia se concretó el pasado miércoles, durante la cual el abogado particular Claudio Torres Del Sel explicó que su cliente transita una enfermedad crónica que lo llevó a perder 40 kilos en los últimos siete meses, y que lo llevó a requerir una intervención quirúrgica.

Para la jueza Minniti el Servicio Penitenciario no logró brindarle un tratamiento adecuado a Storni, por lo que resolvió otorgarle la domiciliaria. Le prohibió salir de su domicilio, excepto para algún control de salud, así como contactar a los damnificados en la causa judicial que lo tiene bajo investigación.

Los fiscales Barbara Ilera y Federico Grimberg, de la Unidad de Delitos Complejos del MPA, dirigen el proceso judicial que ya tiene tres condenados mediante juicios abreviados: el corredor inmobiliario Agustín Storni, el comerciante Emiliano Lihuel Chacón y el martillero público Diego Marcelo Parisse.

El resto de los imputados son el abogado Alfonso Storni -señalado como el jefe de la asociación ilícita-, el abogado Javier Andrés Cóceres, el jubilado Atilio Domingo Di Mattía y la ama de casa María Fernanda Guerra.

La fiscalía sostiene que la banda criminal que era dirigida por Alfonso Storni se mantuvo en el tiempo con la conformación de diferentes miembros. Primero, desde mediados de 2014 hasta noviembre de 2021, momento en el que se dividió en dos grupos. Los mismos siguieron operando hasta agosto de 2024.

Oportunamente, Ilera arrojó luz sobre el modus operandi utilizado: "A través de las estructuras delictivas, le daban apariencia legal a la venta de terrenos cuyos legítimos propietarios no los habían autorizado a ofertar, publicitar ni transferir".

Así, "engañaron a personas interesadas en adquirir lotes ubicados en las ciudades de Santa Fe –tanto en la zona urbana como en Colastiné Norte–, Santo Tomé y Sauce Viejo, y en la comuna de Arroyo Leyes".

El fiscal Federico Grimberg, de la Unidad de Delitos Complejos. Crédito: Pablo Aguirre

La fiscal indicó que la oferta se realizaba por medios físicos -como cartelería- y digitales -como publicidades y publicaciones en redes sociales y páginas web con nombres de fantasía, que principalmente eran administradas por el condenado Chacón-.

La asociación ilícita contaba con varias oficinas en la ciudad de Santa Fe en las que tenían instaladas sus “sedes comerciales”: Seguí 1.700; 4 de Enero 1.000; Bulevar Pellegrini 2.800; Juan de Garay 2.900; 9 de Julio 1.200; Hipólito Irigoyen 2.900, y una torre ubicada en la zona del Dique 2 del Puerto.

Las víctimas eran citadas a esas oficinas, donde se les exhibían planos y documentos relativos a los inmuebles ofrecidos y les proponían planes de pago y financiaciones competitivas en el mercado.

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En esa línea, la fiscalía sostuvo que "los grupos delictivos falsificaban boletos de compraventa y cesiones de derechos e insertaban declaraciones falsas en instrumentos privados y públicos, como otorgamiento de poderes", y detalló que "contaban con formularios y sellos apócrifos de organismos oficiales".

“Una vez que las víctimas accedían a concretar el negocio, los abogados imputados presentaban la documentación falsificada en los Juzgados Civiles y Comerciales de la ciudad de Santa Fe, con el fin de iniciar juicios ordinarios o de escrituración", relató Ilera, "así, lograron defraudar a diferentes magistrados que emitieron sentencias que revistieron de legalidad las maniobras delictivas".

En el marco de los engaños, numerosas personas les entregaron a los estafadores dinero en moneda nacional y extranjera, así como automóviles, camionetas y motocicletas, todo como parte de pago de lotes que finalmente no obtuvieron.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA), a través de la fiscal Mayra Vuletic, presentó un recurso de inconstitucionalidad para que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe revise una decisión de segunda instancia que autorizó la prisión domiciliaria de Daniel Iván Favilla, un hombre condenado a 19 años de prisión por delitos sexuales cometidos contra la hija de su pareja.

La resolución impugnada fue dispuesta por el camarista Tomás Orso, quien dejó sin efecto una medida de primera instancia que revocaba la morigeración de la detención del imputado. A partir de ese fallo, quedó habilitada la posibilidad de que Favilla –de 55 años– cumpla su condena en su domicilio, aunque todavía no se efectivizó el cambio de modalidad en la ejecución de la pena.

Para la fiscal Vuletic, la decisión del camarista Orso "es inconstitucional porque carece de fundamentación adecuada". Según advirtió, “sin argumentos suficientes, se concedió la detención domiciliaria a una persona que fue condenada a casi dos décadas de prisión por haber cometido severos delitos contra la integridad sexual”.

La funcionaria del MPA alertó que “bastará con que la Defensa solicite el cambio de modalidad de detención en una audiencia de baja instancia para que la prisión domiciliaria se concrete, en función de lo ordenado arbitrariamente por la Alzada”.

Además, remarcó que la medida "pone en riesgo la estabilidad de la condena y atenta contra la integridad de la víctima, quien formaba parte del entorno familiar del condenado y debe ser resguardada".

Favilla fue hallado culpable de haber abusado sexualmente de la hija adolescente de su pareja, en reiteradas oportunidades entre los años 2017 y 2021, mientras la víctima cursaba la escuela secundaria.

De acuerdo con lo sostenido por la fiscal Vuletic, el hombre también “la obligaba a ver videos con contenido sexual”, lo que sumó gravedad al cuadro de violencia y abuso prolongado.

“El daño causado fue de tal entidad que afectó y corrompió el normal desarrollo psicosexual de la adolescente”, subrayó la funcionaria judicial.

En mayo pasado, Daniel Iván Favilla fue condenado a 19 años de prisión por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado –por la convivencia con una menor de edad y por haber provocado un grave daño a su salud mental– y corrupción de menores agravada.

Antes del juicio, Favilla había estado detenido en su domicilio como medida cautelar. Tras el veredicto condenatorio, el tribunal de primera instancia revocó esa modalidad, pero la defensa apeló y logró revertir la decisión ante la Cámara, lo que motivó la actual presentación del MPA ante la Corte provincial.

La titular del Juzgado Federal 1 de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, dispuso este viernes otorgar la prisión domiciliaria a Alexia Abaigar, la directora de Sensibilización y Promoción de Derechos del Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense, quien había sido detenida por el ataque con materia fecal en la casa del diputado libertario José Luis Espert.

La detenida deberá utilizar tobillera electrónica. Además, padece una enfermedad autoinmune que debe tratar.

Se encuentra detenida en el penal de Ezeiza. Está investigada en la causa junto a la jefa de la bancada del kirchnerismo en Quilmes y mano derecha de Mayra Mendoza, Eva Mieri; a las militantes Aldana Muzzio y Candelaria Montes; y también a Iván Díaz Bianchi.

“Están sufriendo un acto de persecución por realizar acciones políticas simbólicas, sin que hubiera violencia ni afectara bienes de nadie”, sostuvieron sus defensas.

Dos semanas atrás, el diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, había denunciado que su domicilio fue blanco de amenazas y ataques vandálicos, específicamente el lanzamiento de estiércol en la vereda de su casa.

El hecho, que generó repercusión política y mediática, ayer tuvo un giro relevante, cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció la detención de Alexia Abaigar, funcionaria del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, como presunta responsable del episodio.

La ministra, a través de su cuenta de X, había brindado detalles sobre la detención y el perfil de la acusada. En su mensaje, afirmó: “A la mañana trabaja en el MMyD de la PBA y a la noche tira caca en la casa del diputado Espert. Un Ministerio con presupuesto enorme y los únicos resultados son mantener delincuentes. La militante kirchnerista Alexia Abaigar quedó detenida. Vamos por el segundo”.

Alexia Abaigar, quien ocupa desde enero de 2024 el cargo de directora de Sensibilización y Promoción de Derechos en el MMyD bonarense -bajo el segundo mandato del gobernador Axel Kicillof- tiene una trayectoria de una década en la función pública, que abarca diferentes gestiones y áreas.

Su ingreso al Estado se remonta a 2015, cuando asumió como analista administrativa en la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales (AFSCA), organismo dirigido en ese momento por Martín Sabbatella durante los últimos meses del segundo mandato de Cristina Kirchner, donde se desempeñó hasta septiembre de 2016, ya bajo la gestión de Mauricio Macri.

Allí coordinó las tareas administrativas entre las Delegaciones de la Pcia. de Buenos Aires y el AFSCA central. También realizó seguimiento de los FOMECA (Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual), dictó Talleres de Comunicación Popular y participó en convenios de promoción con organismos e instituciones.

En FOMECA, desde mediados de 2016 hasta diciembre de 2019, realizó el lanzamiento de líneas de concursos de fomento para medios comunitarios. Como así también su análisis y seguimiento.

Antes de su paso por la AFSCA, trabajó como analista de producto en la esfera privada y hasta fue asistente de vestuario en producciones fotográficas.

Con el inicio de la gestión de Axel Kicillof en diciembre de 2019, Abaigar pasó a desempeñarse en el recién creado Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual.

Allí, durante dos años, ocupó el cargo de directora de Prevención, Articulación Interinstitucional y con Organizaciones Sociales, y luego fue asesora del Gabinete bonaerense hasta abril de 2024.

Su ascenso a directora de Sensibilización y Promoción de Derechos, desde enero de ese año, marcó un nuevo hito en su carrera dentro de la administración pública en la PBA.

Cristina Fernández de Kirchner ya cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica en su departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. El dispositivo fue colocado este jueves por la tarde por personal del Ministerio de Seguridad de la Nación, tras una evaluación técnica y social favorable.

El procedimiento fue ordenado por el Tribunal Oral Federal N.º 2, el mismo que la condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad. La medida se da en el marco del fallo de la Corte Suprema que dejó firme la condena.

Uno de los puntos que generó controversia en los últimos días fue si la expresidenta tenía permitido o no usar el balcón de su departamento, lugar habitual de contacto con sus simpatizantes. En ese sentido, los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu aclararon que no hay ninguna prohibición específica, aunque pidieron que Cristina Kirchner actúe con “criterio, prudencia y sentido común”.

“Se espera de la solicitante el criterio suficiente para discernir en qué contexto el uso del balcón resultará una acción inocua y en cuál podrá implicar una perturbación para la convivencia pacífica del vecindario”, explicaron en su resolución. La advertencia surgió luego de que Kirchner afirmara en un acto que tenía prohibido salir a ese espacio, lo cual fue desmentido por el tribunal.

Antes de colocar la tobillera, especialistas del Ministerio de Seguridad inspeccionaron la vivienda para determinar la viabilidad técnica del monitoreo. La señal del dispositivo debía ser clara y efectiva, condición que se cumplió según los informes presentados al TOF2. También se llevó a cabo una evaluación social, que no halló impedimentos para el arresto domiciliario.

La colocación fue ejecutada tras una orden enviada a la directora de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica, Regina Victoria Zaffireau. El proceso concluyó este jueves pasadas las 18 horas.

El arresto domiciliario de Cristina Fernández de Kirchner se concretó tras la confirmación de su condena por parte de la Corte Suprema. La sentencia, dictada en diciembre de 2022, la responsabiliza de administración fraudulenta en la obra pública durante su gobierno. La expresidenta quedó inhabilitada para ejercer cargos públicos de por vida, aunque aún enfrenta otros procesos judiciales.

El tema del balcón tomó relevancia luego de que la exmandataria afirmara públicamente que tenía restricciones para usarlo. “Con prohibición de salir al balcón, dios mío, qué cachivaches que son”, dijo durante su discurso en Plaza de Mayo. Incluso ironizó: “Menos mal que no tengo macetas, porque no las podría regar”. Su abogada, Mayra Mendoza, también había sostenido esta versión.

Sin embargo, la Justicia negó rotundamente que exista tal limitación. “El tribunal no ha vedado el uso y goce de ningún espacio específico del inmueble”, aclaró el fallo.

Durante este jueves, Cristina apareció varias veces en su balcón, saludando y bailando frente a una multitud que se congregó en la puerta de su domicilio. La escena fue ampliamente difundida por medios y redes sociales.

La Justicia insistió en que la expresidenta debe respetar las normas impuestas en su arresto. Entre ellas, abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario o alterar la convivencia. “No es función del tribunal zanjar debates mediáticos sobre temas de interés general”, remarcaron los magistrados en su resolución.

La instalación de la tobillera marca el inicio formal del cumplimiento efectivo de la pena, aunque el resto de las causas que la involucran aún continúan su curso.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner reapareció este miércoles con un mensaje grabado dirigido a la militancia peronista que colmó Plaza de Mayo. "Vamos a volver", repitió, en referencia al clásico canto partidario, y agradeció el acompañamiento popular tras la confirmación de su condena en la causa Vialidad.

Desde su domicilio en la calle San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria, la ex mandataria se manifestó "firme y tranquila", pero lamentó no poder salir al balcón por una prohibición judicial que calificó como "un cachivache". "Estoy presa porque este modelo se cae", afirmó.

Kirchner remarcó la importancia de la organización popular: "Podrán encerrarme a mí, pero no a todo un pueblo. Tenemos que organizarnos y actuar con claridad". El mensaje fue emitido a través de altavoces instalados frente a la Casa Rosada.

En su discurso, la ex presidenta convocó a defender la democracia "con las mismas herramientas con las que la construimos". Prometió acompañar desde "la trinchera que toque", y sostuvo: "Tenemos algo que ellos no tienen: pueblo, memoria, historia y patria".

La manifestación fue convocada bajo el lema "Argentina con Cristina" y reunió a una multitud que se concentró desde temprano sobre la Avenida 9 de Julio. Según los organizadores, más de un millón de personas participaron de la jornada.

La movilización contó con la participación de La Cámpora, el Frente Renovador, Patria Grande, Nuevo Encuentro, el Movimiento Evita, Barrios de Pie, el Polo Obrero y partidos de izquierda como el FIT y el Nuevo MÁS.

Aunque la CGT no convocó oficialmente, diversos gremios marcharon, entre ellos SMATA, UOM, UOCRA, Canillitas, UTE, CTA, Sipreba, ATE y La Bancaria.

En Santa Fe también hubo una concentración en la Plaza del Soldado, encabezada por gremios y representantes de partidos políticos, en repudio a la decisión de la Corte Suprema.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, cuestionó la situación: "No puede haber movilizaciones constantes ni puede salir todo el tiempo al balcón a arengar". Si bien reconoció que la sentencia tiene impacto político, aseguró que "no hay proscripción, hay Justicia".

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó este martes, a través de sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, un pedido formal de aclaratoria ante el Tribunal Oral Federal 2 para que se precise si puede o no salir al balcón de su casa a saludar a la militancia, en el marco de la prisión domiciliaria que comenzó a cumplir tras el fallo de la causa Vialidad.

El planteo se enfoca en el punto III.b de la resolución judicial notificada el lunes, donde se le impone a la exjefa de Estado “abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”.

Ante la ambigüedad del enunciado y el debate público que se generó, los letrados solicitaron que el Tribunal indique de manera concreta si ese comportamiento está prohibido total o parcialmente, y en ese caso, cuáles son los alcances de esa restricción.

“Para que la regla de conducta antes aludida adquiera la debida precisión, deviene imprescindible que sea integrada con una indicación específica por parte del órgano jurisdiccional competente”, expresaron en el texto presentado.

Además, la defensa hizo reserva del caso federal y anticipó que podría acudir a organismos internacionales, en función de las garantías constitucionales que consideran involucradas en esta etapa del cumplimiento de la condena.

La propia Cristina Kirchner difundió el documento desde su cuenta de X con una ironía: “¿Puedo salir o no al balcón de mi casa? Parece joda, pero no…”.

La decisión de otorgarle la prisión domiciliaria, que incluye el uso de una tobillera electrónica, se tomó tras evaluar diversas circunstancias relacionadas con su salud y edad, en un fallo que generó amplio debate en el ámbito político y judicial. Ahora, la exmandataria cumplirá la detención en su departamento bajo una serie de requisitos.

El fallo del TOF 2 estableció un régimen estricto de reclusión domiciliaria, con medidas de control que incluyen:

Estas condiciones buscan evitar que el domicilio de la exmandataria se convierta en un punto de reunión militante, como ha ocurrido en ocasiones anteriores.

La Justicia argentina resolvió este martes que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumpla su condena de seis años en prisión domiciliaria por la causa Vialidad, que la semana pasada confirmó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desestimando la postura inicial de los fiscales que habían rechazado esta modalidad.

La decisión, que incluye el uso de una tobillera electrónica, se tomó tras evaluar diversas circunstancias relacionadas con su salud y edad, en un fallo que generó amplio debate en el ámbito político y judicial. Ahora, la exmandataria cumplirá la detención en su departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat, bajo una serie de requisitos.

Con esta decisión CFK no deberá presentarse mañana en Comodoro Py para comenzar a cumplir la condena. Además, deberá presentar una lista de familiares y custodios que podrán visitarla durante este lapso de tiempo.

La resolución judicial establece que CFK deberá permanecer en su domicilio particular en la Ciudad de Buenos Aires. Reuters/Pedro Lázaro Fernández

Inicialmente, los fiscales del caso se habían opuesto a la solicitud de prisión domiciliaria presentada por la defensa de Cristina Kirchner. Argumentaron que no se cumplían los requisitos legales para otorgar este beneficio y que la exmandataria debía permanecer en un establecimiento penitenciario.

Esta postura reflejaba la visión de la fiscalía sobre la gravedad de los delitos imputados y la necesidad de asegurar el cumplimiento efectivo de la condena.

Contrariamente a la postura fiscal, el juez a cargo de la causa ponderó distintos informes médicos y pericias que daban cuenta de la situación de salud de la expresidenta. Si bien no se han detallado públicamente las afecciones específicas, trascendió que se evaluaron condiciones que, según el magistrado, justificaban la excepcionalidad de la prisión domiciliaria.

La edad de Cristina Kirchner también fue un factor considerado en la decisión, en línea con normativas que prevén tratamientos especiales para personas mayores en el sistema penal.

La resolución judicial establece que Cristina Kirchner deberá permanecer en su domicilio particular en la Ciudad de Buenos Aires y estará bajo un estricto monitoreo a través de una tobillera electrónica.

Este dispositivo permitirá a las autoridades controlar su ubicación y asegurar el cumplimiento de la medida, alertando sobre cualquier intento de vulnerar las restricciones impuestas. La medida busca garantizar el control sobre la condenada sin necesidad de su internación en una unidad carcelaria.

La exmandataria deberá presentar una lista de familiares y custodios que podrán visitarla durante este lapso de tiempo. Reuters/Matias Baglietto

La noticia de la prisión domiciliaria para Cristina Kirchner ha generado un intenso debate. Sectores de la oposición y algunas voces dentro del Poder Judicial han expresado su descontento, argumentando que se trata de un privilegio y que la exmandataria debería cumplir su condena en una prisión común.

Por otro lado, los defensores de la medida sostienen que se ajusta a derecho y que responde a criterios humanitarios y legales previstos para casos particulares. Se espera que la decisión continúe generando reacciones y análisis en los próximos días, en un contexto político polarizado.

Cristina Fernández de Kirchner confirmó este viernes que se presentará en Comodoro Py el próximo miércoles 18 de junio tras la condena en tercera instancia por la causa Vialidad.

Fue mediante la publicación de un breve texto en su cuenta oficial de X (ex Twitter), donde compartió además el documento oficial de su solicitud de prisión domiciliaria.

Respecto a su accionar el próximo miércoles, Cristina expresó “me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”.

A la hora de compartir en enlace de la solicitud, también atacó a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que fallaron en su contra: “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona, poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”.

Sobre los argumentos del pedido, CFK comentó: “No se trata de un privilegio. Por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal. Por un lado, existen motivos institucionales. Fui Presidenta durante dos períodos consecutivos y, de acuerdo a la normativa vigente, debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella. Dicha custodia obedece a los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”.

El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona, poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención…

“Fui objeto de un intento de magnicidio durante la sustanciación de la etapa final del engendro político-electoral conocido como “Vialidad”, que culminó este martes con “el fallo que sí salió”, agregó la ex vicepresidenta durante el periodo anterior.

También trajo a colación el caso de Fabián “Pepin” Rodríguez Simón, el ex asesor de Mauricio Macri durante su presidencia: “No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea”.

“Pepin” Rodríguez Simón fue declarado en rebeldía y se le dictó una orden de captura por parte de la jueza María Romilda Servini de Cubría, quien lo investigaba por presunta extorsión a los dueños del Grupo Indalo, Fabián De Sousa y Cristóbal López. Rodríguez Simón, que luego ocupó banca en el Parlasur, se declaró un “perseguido político”.

Solicitan detención domiciliaria. Reserva by El Litoral

Finalmente fue negada la excarcelación del padre Julio César Grassi, sentenciado a 15 años de cárcel por dos hechos de abuso sexual.

Según establece la condena, Grassi debería ser excarcelado en mayo de 2028, pero pidió que la Justicia revise su posible “liberación anticipada", algo que el Tribunal en lo Criminal N°1 de Morón resolvieron este jueves a las 11.

Durante su estadía en la prisión, Grassi se recibió de abogado y en esta audiencia clave se representó a sí mismo, algo que no habría ocurrido en otras causas.

Fue en junio de 2009 cuando el TOC N°1 de Morón lo sentenció a 15 años de prisión por los delitos de abuso sexual agravado por ejercer el rol de sacerdote, estar encargado de la educación y la guarda del menor en víctima.

En el juicio se comprobó que Grassi atacó en 1996 a dos menores en la Fundación Felices los Niños, la cual había creado años atrás.

En 2017, la Corte Suprema dejó firme la condena y quedó alojado en el pabellón N° 6 de la Unidad Penitenciaria N° 41, sector donde están los presos con buena conducta.

En una extensa audiencia que se llevó a cabo en horas de la mañana de este viernes, en los tribunales venadenses, los jueces Leandro Martín, Aldo Baravalle y Mariana Vidal rechazaron el pedido de prisión domiciliaria para Antonio Di Benedetto, quien fue condenado en la causa conocida como Megaestafa inmobiliaria, a 12 años de cárcel por ser considerado el jefe de una asociación ilícita dedica a apropiarse ilegalmente de campos y terrenos en Venado Tuerto, San Eduardo y Maggiolo. 

En el primer tramo de la jornada, que comenzó pasadas las 8 tal como estaba previsto, la defensa del reconocido abogado local integrada por los hermanos Lucio y Ángelo Rossini, presentaron las fundamentaciones de la solicitud, que hacen referencia a problemas de salud que atraviesa interno y que podrían agravarse en prisión, incluso exhibieron una serie de informes médicos que hacían referencia a sus afecciones. 

Sin embargo, en su resolución, los jueces consideraron que su cuadro puede ser tratado en un establecimiento carcelario, con la recomendación que se aloje en un pabellón acorde a su edad. Incluso, se autorizó a una junta médica de la que participarán los profesionales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) para evaluar su evolución. 

Finalizada la audiencia, la fiscal Mayra Vuletic, quien relevó a Matías Merlo que está como interventor en el MPA de Rosario, se mostró conforme porque “se hizo lugar a todo el pedido de la Fiscalía”, con el agregado de que sea alojado en un lugar más propicio a su edad y condición, siempre dentro de un establecimiento carcelario.  

“El espíritu de nuestro Ministerio es que las sanciones impuestas sean cumplidas del modo en que se han dispuestos, es decir, en este caso, en carácter efectivo”, había expresado previamente Vuletic.

Carlos Retamal Este miércoles 16 de febrero, en el marco de una audiencia llevada a cabo en el Centro de Justicia Penal, se revocó la prisión preventiva que pesaba sobre el ex fiscal regional Patricio Serjal, quien está imputado en una causa por haber cobrado coimas para no investigar al capitalista del juego clandestino, Leonardo Peiti. Para liberarlo, le impusieron varias restricciones, entre ellas la entrega de pasaporte, la prohibición de salir de Rosario, que siga adelante con un tratamiento psicológico y que abone una caución de 10 millones de pesos. El juez Guillermo Llaudet revocó la decisión que había tomado la magistrada de primera instancia Eleonora Verón, que había extendido la prisión domiciliaria del ex funcionario judicial, quien está imputado de los delitos de cohecho pasivo agravado en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y transmisión de datos reservados en carácter de coautor y en grado consumado; cohecho pasivo agravado en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real con y falsedad ideológica de documento público agravado por la condición de funcionario público en carácter de coautor y en grado consumado; omisión de persecución en carácter de coautor y en grado consumado y peculado de servicios en carácter de autor, y consumado. La audiencia de apelación había sido solicitada por la defensa del ex fiscal. Cabe remarcar que los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, de la Agencia de Criminalidad Organizada se opusieron a la apelación y solicitaron que el imputado continúe en prisión preventiva con modalidad domiciliaria como la venía cumplimentando hasta el momento. Sin embargo, el juez de 2ª Instancia, Guillermo Llaudet hizo lugar al pedido de la defensa y dispuso revocar la resolución de primera instancia donde se dictaba la prisión preventiva, sustituyéndola por una medida cautelar no privativa de la libertad con reglas alternativas a la prisión preventiva. El ex fiscal tiene prohibida su salida del país; deberá entregar a la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) su DNI y los pasaportes tanto nacional como extranjero, si lo tuviere; evitar todo tipo de contacto, acercamiento o reunión –tanto personal como telefónico o por cualquier instancia de comunicación– con los restantes coimputados o testigos vinculados a cualquiera de las causas en que se encuentra involucrado y hacer frente a caución por una suma no inferior a la de diez millones de pesos. Además, deberá comparecer semanalmente ante la Oficina de Gestión Judicial y mantener las condiciones de abordaje terapéutico dispuestas al momento de concedérsele la prisión domiciliaria. Serjal estaba detenido desde agosto de 2020 y en febrero pasado, el juez de primera instancia, Carlos Leiva, le concedió la prisión domiciliaria, por cuestiones de salud.

Además se determinó que Prestofelippo deberá cumplir una perimetral de contacto de 200 metros respecto de la Primera Dama durante un año, tendrá que realizar un curso del Inadi “Taller de violencia de género y respeto a las mujeres” y pagar las costas del proceso, tal como lo había solicitado la defensa de Yañez.

Por la mañana, al llegar a los Tribunales de Comodoro Py por la denuncia de agresiones en redes sociales y violencia de género en vídeos publicados durante el 2020 en su canal de YouTube y en Facebook contra la primera dama, El Presto enfrentó violentamente a una de las periodistas de C5N y el video rápidamente circuló por todas las redes sociales.

En los videos analizados y descriptos por la fiscal Daniela Dupuy, Prestofelippo se refiere a Yañez de manera despectiva y sus expresiones son acompañadas por imágenes íntimas y privadas de la damnificada.

En uno de los videos por los que el youtuber hoy fue condenado a 30 días de prisión domiciliaria, El presto decía: “Si yo el día de mañana en twitter publico una foto de tu mujer en pelotas, porque las tiene, porque es el pasado de tu mujer, yo termino en cana (…) de última flaco, bancate la mina con la que te acostás, hay que tener pelotas, no te buscaste una mina de su casa, te buscaste una mina que en los grandes canales de televisión no la conocen precisamente por ser primera dama, la conocen por otros prontuarios, déjate de joder Alberto, déjate de joder (sic)”.

Este viernes, por orden del Juzgado Federal de Venado Tuerto, se realizaron sendos allanamientos por infracción a la Ley 23.737, solicitados en forma simultánea por la Fiscalía Federal de Venado Tuerto, a cargo de Javier M. Arzubi Calvo.

En horas de la tarde de la víspera, personal de la División Unidad Operativa Federal Venado Tuerto de la Policía Federal Argentina se encontraba realizando un control vehicular en calles Jujuy y Chaco, en momentos en los que detuvo la marcha de una persona que se desplazaba en una motocicleta transportando estupefacientes. El mismo llevaba más de 1/4 kilo de marihuana y distintos envoltorios con cocaína.

El imputado, oriundo de la localidad de Carmen, algunos días de la semana residía en Venado Tuerto, procediéndose por tanto al allanamiento de ambos domicilios.

La persona imputada quedó sujeta a la causa y, por el momento, en prisión domiciliaria a disposición del Juzgado Federal a cargo de Aurelio Cuello Murúa, y será indagado en los próximos días por video conferencia.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Desde el Ministerio Público de la Acusación informaron respecto a la investigación en la que está imputado el fiscal adjunto suspendido de Venado Tuerto, Dr. Mauro Blanco, y por quien hoy se realizaron –de forma remota– dos audiencias en los tribunales de Venado Tuerto.

A primera hora de la mañana -detallaron- se llevó a cabo la audiencia imputativa, y luego la de medidas cautelares que finalizó en horas de la tarde-noche.

El fiscal a cargo de la investigación es Leandro Mai, de la Unidad Fiscal Reconquista. Por su parte, el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) es Adrián Godoy de Venado Tuerto.

“En primer lugar, realizamos la imputación de nueve hechos ilícitos”, informó Mai. En tal sentido, Mai se refirió a las calificaciones legales atribuidas y dijo que “se le endilgó la autoría de enriquecimiento ilícito de funcionario público;omisión de insertar datos en la declaración jurada; omisión de denunciar; omisión de los deberes de funcionario público; cohecho pasivo agravado por ser miembro del Ministerio Público de la Acusación (dos hechos); incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal; violación de los deberes de funcionario público; revelación de información secreta e incumplimiento de los deberes de funcionario público; y allanamiento ilegal”.

El funcionario del MPA agregó que “luego se debatió acerca de la legalidad de la detención del imputado”, indicó Mai. “Si bien los abogados defensores plantearon objeciones, el juez resolvió declarar legal la detención”, agregó.

“Finalmente, pedimos la prisión preventiva sin plazo y el magistrado resolvió imponer la prisión preventiva domiciliaria”, aclaró el fiscal. “El magistrado fundamentó su decisión en cuestiones familiares, puntualmente, refirió a la existencia de jóvenes a cargo del imputado”, señaló Mai.

“Por otra parte, el magistrado consideró que había evidencias suficientes en cuatro de los nueve hechos ilícitos atribuidos: el de enriquecimiento ilícito; uno de los cohechos pasivos agravados; la violación de secreto y el incumplimiento de los deberes de funcionario público”

El fiscal del MPA también indicó que “se ordenó la inscripción de los bienes del imputado como litigiosos”.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]