La Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó la pena de ocho años de prisión para el cirujano Aníbal Lotocki, en una causa que investigó las lesiones y la estafa sufridas por Pamela Sosa, Silvina Luna, Gabriela Trenchi y Estefanía Xipolitakis.

El fallo también ratificó la inhabilitación para ejercer la medicina durante diez años. Los jueces evaluaron que Lotocki incumplió con su rol profesional y ocultó información clave sobre los productos que aplicó en cirugías estéticas.

El médico ya se encontraba detenido con prisión preventiva en el Penal de Ezeiza, en el marco de otra causa por la muerte de Rodolfo Zárate, quien falleció por complicaciones tras una intervención estética similar.

En 2022, un tribunal oral había condenado a Lotocki a cuatro años por lesiones. Pero en noviembre de 2023, Casación amplió la pena al incluir el delito de estafa, tras constatar que el médico mintió sobre los procedimientos y los materiales utilizados.

El caso de Gabriela Trenchi fue clave: pidió no recibir PMMA, sin embargo, Lotocki le aplicó esa sustancia. “No exageren”, les dijo a la víctima y a su amiga cuando alertaron sobre los síntomas. La Justicia remarcó esa falta de empatía.

La defensa pidió que se revise el fallo y calificó como “desproporcionada” la pena, pero los jueces Eugenio Sarrabayrouse y Horacio Días lo rechazaron. También la Corte Suprema desestimó un recurso del médico por las lesiones.

Con esta decisión, queda firme la pena de ocho años de prisión y la prohibición de ejercer su profesión por diez. La causa quedó cerrada en lo penal, aunque restan instancias civiles de reclamo por parte de las víctimas.

Un hombre de 32 años, identificado como Jonatan Emanuel Benavídez, fue condenado a seis años de prisión por haber agredido físicamente a su hijo y a su hija menores de edad en Venado Tuerto.

La sentencia fue dispuesta por la jueza Paula Borrello, en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de la capital provincial. A raíz de un antecedente penal condenatorio por violencia de género, la magistrada declaró reincidente a Benavídez.

La fiscal que estuvo a cargo de la investigación es Mayra Vuletic. En tal sentido, aseveró que "para determinar el monto de la pena, se ponderó el daño provocado a las víctimas", y remarcó que "con su accionar delictivo, el condenado demostró total desinterés por la integridad física y psicológica de su grupo familiar".

Por otro lado, Vuletic destacó que "hoy en día, tanto el niño como la niña que fueron atacados pudieron normalizar sus vidas", y explicó que "se mudaron a otra provincia junto con su madre y otro hijo de ella y participan de actividades acordes a su corta edad".

La funcionaria del MPA sostuvo que "Benavídez cometió los ilícitos entre 2022 y 2023 en perjuicio de las dos víctimas, quienes actualmente transitan los primeros años de su escolaridad".

Afirmó que "en una oportunidad, el condenado agredió con un cinturón a su hijo y le causó heridas en diferentes partes del cuerpo", y agregó que "como consecuencia, el niño debió ser hospitalizado".

En tanto, la fiscal indicó que "la niña fue atacada por su padre mientras estaba sentada en una silla infantil". Relató que "Benavídez la levantó y le sumergió la cabeza en un balde con 20 litros de agua", y resaltó que "durante esa maniobra, le golpeó el rostro con el borde del recipiente".

"En otra ocasión, el condenado hirió nuevamente a su hija mientras ella estaba en una crisis de llanto", manifestó Vuletic. "Tras tomarla del cuello de su remera, tiró a la niña con fuerza hacia el suelo", subrayó.

La representante del MPA también refirió que "el hombre de 32 años además ejerció violencia en perjuicio de su pareja". Al respecto, señaló que "le propinó golpes de puño y la amedrentó con un cuchillo". A su vez, expuso que "luego de uno de los ataques a la niña, el condenado amenazó a la mujer con matarla si lo denunciaba o le 'sacaba a los chicos'".

Asimismo, la fiscal mencionó que "la mayoría de los hechos delictivos fueron cometidos frente a un adolescente que es hermano por parte de madre de las pequeñas víctimas". Según valoró, "en una entrevista en cámara Gesell, él pudo dar cuenta del contexto de violencia doméstica al que Benavídez sometía a toda la familia".

En cuanto a la denuncia que originó la investigación, Vuletic detalló que "fue radicada por las autoridades del jardín de infantes al que las víctimas menores de edad asistían cuando vivían en Venado Tuerto".

La fiscal explicitó que "a partir de que una docente del niño detectó indicios de la agresión, intervino una trabajadora social que se desempeña en la institución", y añadió que "ese mismo día, la directora informó la situación en un Centro Territorial de Denuncias (CTD)".

Benavídez admitió expresamente su responsabilidad penal como autor de lesiones graves dolosas agravadas (por el vínculo), lesiones leves dolosas agravadas (por el vínculo) y amenazas.

Junto con su abogada defensora, el condenado aceptó la atribución delictiva, la pena impuesta y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.

Por su parte, la madre de las víctimas menores de edad manifestó su conformidad con lo resuelto.

Este lunes se realizó una audiencia imputativa en los Tribunales Provinciales de Casilda -departamento Caseros-, contra un sujeto implicado en un hecho de robo calificado. Todo sucedió cuando el detenido asaltó a una mujer, en Vicente López entre Las Heras y Güemes, mientras la misma se dirigía a trabajar.

Según fuentes oficiales, el delincuente interceptó a la víctima, amenazándola con un cuchillo, y luego le robó una mochila que contenía varias pertenencias. En esos instantes, la joven en estado de shock, llamó al 911 de inmediato para reportar el atraco.

Posteriormente, las autoridades comenzaron la búsqueda del agresor, pero inicialmente no lograron localizarlo. Sin embargo, la víctima denunció el robo y posteriormente recibió mensajes informándole que sus tarjetas de crédito estaban siendo utilizadas en una estación de servicio de esa localidad del sur santafesino.

Finalmente, toda esa información permitió a la policía rastrear al delincuente, quien fue apresado poco después.

El hombre fue imputado por robo agravado por el uso de arma blanca. Por tal motivo, la jueza Mariel Minetti dispuso prisión preventiva efectiva por un plazo de 50 días, mientras continúa la investigación a cargo del Fiscal Juan Pablo Baños.

Se limitaron las comunicaciones telefónicas desde prisión para los narcos rosarinos Esteban Lindor Alvarado y Claudio “Morocho” Mansilla.

Alvarado se encuentra alojado en los pabellones de la Unidad Regional VI de la cárcel de Ezeiza. Había sido capturado en un camping de Córdoba y protagonizó un cinematográfico intento de fuga con un helicóptero.

Mansilla, al cual Alvarado le prometió venganza luego de un traslado desde Piñero, fue recapturado en un departamento del barrio Fontanarrosa de la ciudad de Rosario y actualmente se encuentra en Marcos Paz.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 298/2024 del Ministerio de Seguridad de la Nación publicada este martes en el Boletín Oficial.

El documento cuenta con la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En el texto se detalla que por el término de 30 días se suspendieron las comunicaciones telefónicas de ambos líderes narcos “a excepción de aquellas que cursen con sus abogados defensores debidamente acreditados en los expedientes judiciales; con los abogados que hubieran designado en carácter de defensores y dentro del plazo previsto para la formal aceptación del cargo y con los organismos de control”.

“Al término del plazo previsto, se formulará una consulta a la Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe respecto de la continuidad de la medida”, agrega la Resolución.

La misma se da en el marco del Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo en el Servicio Penitenciario Federal que tiene como objetivo enfrentar, disuadir, desarticular y neutralizar el accionar de miembros de organizaciones criminales nacionales y transnacionales, grupos organizados u organizaciones complejas alojados en el Servicio Penitenciario Federal.

Resolución 298/2024 by El Litoral

Este miércoles se llevó a cabo una audiencia en los Tribunales Provinciales de Cañada de Gómez -dpto. Iriondo-, contra un hombre sindicado como responsable de violar a una menor de edad. Por lo tanto, el Juez de Primera Instancia Dr. Campos resolvió homologar el procedimiento abreviado presentado por la fiscalía, representada por el Fiscal Dr. Franco Miatello, aceptado por la defensa, convalidado por la víctima, condenando a Alfredo Edgardo Benítez a 10 años de prisión efectiva por los delitos de Grooming, Amenazas coactivas y Abuso sexual con acceso carnal en concurso real y en carácter de autor.

La Fiscalía le atribuyó desde tiempo previo al 18 de enero de 2021, haber establecido comunicación por medios electrónicos cuando desde su celular se contactó mediante WhatsApp con la víctima de 13 años, presentándose con otra identidad teniendo la edad de 16 años. Luego de entablar una conversación utilizando otro nombre, le efectúa amenazas diciéndole que iba a exponerla si ésta no le enviaba material audiovisual exhibiendo sus partes íntimas. Además, se le endilga a Benítez exigirle a la menor verla, concretando el encuentro en la ciudad de Armstrong -dpto. Belgrano- en una zona no habitada, abusando sexualmente de ella, bajo amenazas de que si no accedía publicaría el material que le envió.

Los demás datos en relación a cómo ocurrieron los hechos y a la identidad de la víctima se mantienen en reserva para preservar su integridad.

El fiscal federal Abel Córdoba solicitó la inmediata detención de Leonardo Fariña para que cumpla con su condena de 3 años y seis meses de prisión en la causa por la Ruta del dinero K. Esta petición se realiza debido a que ya fue detenido en otra investigación por lavado de dinero.

Fariña fue detenido por orden del juez en lo penal económico Pablo Yadarola, quien lo encontró en una financiera del barrio porteño de Belgrano. Se lo acusa de lavado de dinero y violación al régimen cambiario, a lo que alegó que no es el propietario de la financiera, sino que estaba allí para visitar a sus amigos, quienes son los dueños.

La detención de Fariña complica su situación en otras causas, como la de la “ruta del dinero K”, donde ya fue condenado a una pena de 3 años y seis meses, pero estaba en libertad. Ahora, el fiscal Abel Córdoba reclama al Tribunal Oral Federal 4 que ordene su detención y le haga cumplir la pena.

Fariña estaba en libertad mientras se discutía la ejecución de la condena, que estaba en manos de la Cámara Federal de Casación Penal.

Además, el fiscal también solicitó que sea detenido preventivamente en el juicio iniciado recientemente por lavado de dinero en la compra del campo “El Entrevero” en Uruguay, una maniobra por la cual también está siendo juzgado el empresario Lázaro Báez.

Al pedir la medida, el fiscal Córdoba argumentó que Fariña “cuenta con acceso a medios económicos suficientes y al margen de cualquier control, como para lograr eludir la acción de la Justicia”. Además, consideró que tiene “vínculos con diversas personas con las que actualmente comparte condición de imputados”.

También señaló el riesgo de entorpecimiento de la investigación y la “expectativa de nuevas condenas” por los juicios del Entrevero y esta otra causa en el fuero penal económico.

La Fiscalía a cargo de la investigación sobre la muerte de Cristian Zárate presentó una solicitud para llevar a juicio a Aníbal Lotocki, quien fue arrestado hace dos semanas.

El médico enfrenta cargos por homicidio simple con dolo eventual debido a la muerte de Rodolfo Cristian Zárate, quien lamentablemente falleció el 16 de abril de 2021 en el centro médico, ubicado en el barrio porteño de Caballito.

Este trágico suceso ocurrió después de una intervención quirúrgica realizada por el propio cirujano un día antes.

El fiscal a cargo del caso, Pablo Recchini, solicitó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°60, encabezado por Luis Schelgel, que la investigación contra Lotocki sea llevada a juicio.

Lotocki está acusado por el homicidio de Cristian Zárate tras una operación estética.Además, el fiscal pidió que Lotocki sea enjuiciado por presuntamente modificar el historial médico del paciente. Según las alegaciones, el protocolo quirúrgico en cuestión habría sido creado después de la trágica muerte de Zárate el 16 de abril de 2021 y contendría información falsa o inexistente.

El representante del Ministerio Público Fiscal argumenta que el cirujano procedió con el procedimiento a pesar de estar al tanto de los graves riesgos que podrían llevar a su fallecimiento.

También, se alega que confió en que dicha muerte no ocurriría, sin tomar medidas para prevenirla.

Se le acusa de omitir de manera deliberada, consciente y voluntaria la implementación de acciones que podrían haber evitado este desenlace trágico, haciendo caso omiso de las señales de alerta que se presentaron de manera evidente desde antes del inicio de la intervención quirúrgica hasta el momento del fallecimiento de Zárate.

El gobierno de Italia aprobó la creación de nuevos centros para acoger a migrantes sin documentos, donde podrán residir durante 18 meses antes de ser repatriados a sus países de origen.

Esta decisión se tomó en respuesta a la crisis provocada por el aumento de la llegada de miles de migrantes a las costas de Lampedusa en los últimos meses. La isla se encuentra en el mar Mediterráneo, a medio camino entre África y Sicilia, en el sur de Italia.

El Ministerio de Defensa se encargará de construir estos centros, conocidos como Centros Permanentes para la Repatriación (CPR), que operarán de manera similar a una prisión.

Migrantes rescatados por la Guardia Costera en el Mar Mediterráneo. Crédito: REUTERS.

Está previsto abrir estos centros en cada una de las 21 regiones de Italia, además de los diez que ya existen en lugares como Turín, Roma, Bari y Brindisi.

En el caso de los solicitantes de asilo, la legislación no cambiará y podrán permanecer hasta doce meses.

Migrantes africanos se sientan en lo alto de una valla fronteriza. Crédito: REUTERS.

Además, el gobierno planea aprobar nuevas medidas la próxima semana con respecto a los migrantes menores que viajen solos.

Hasta la fecha, más de 130.000 migrantes, en su mayoría procedentes de Túnez, han llegado a las costas italianas este año, casi el doble de la cifra registrada durante el mismo período en 2022.

Emma Coronel Aispuro, la esposa del encarcelado narcotraficante mexicano Joaquín "Chapo" Guzmán, fue puesta en libertad este miércoles (13.09.2023) en Estados Unidos tras cumplir casi dos de tres años de condena por narcotráfico y blanqueo de dinero.

Coronel, de 34 años, salió de un centro de reinserción social de Long Beach (California), al sur de Los Ángeles, informó la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés).

La madre de dos de las hijas de "El Chapo" llevaba desde el pasado 30 de mayo en régimen de confinamiento comunitario dentro de una "casa de transición", una instalación gestionada por la BOP para agilizar su proceso de reinserción.

Desde este miércoles entrará en libertad condicional durante los próximos 4 años, en los que deberá permanecer dentro del distrito judicial que se le asigne y comunicar a agentes gubernamentales cualquier cambio de domicilio o empleo.

La exreina de belleza, que se casó con el otrora poderoso capo de las drogas cuando era adolescente, fue condenada a tres años de prisión por un juez estadounidense en noviembre de 2021. Guzmán fue extraditado de México a Estados Unidos en 2017 y condenado en julio de 2019 a cadena perpetua.

Durante el juicio de la mujer, los fiscales y sus abogados defensores dijeron que Coronel no estaba involucrada en el negocio principal del Cártel de Sinaloa de Guzmán, que envió cientos de toneladas de cocaína, heroína, metanfetamina y otras drogas a Estados Unidos.

"El papel real de la acusada era mínimo", dijo el fiscal Anthony Nardozzi.

"La procesada no era una líder, organizadora, jefa u otro tipo de gerente", añadió Nardozzi. "Más bien era un engranaje en una rueda muy grande de una organización criminal".

Coronel, que ayudó a facilitar la espectacular fuga de Guzmán en 2015 de una prisión mexicana, asistió regularmente al juicio de su esposo en Nueva York.

Con doble nacionalidad estadounidense y mexicana, Coronel pudo entrar y salir libremente de Estados Unidos hasta que fue detenida en el aeropuerto internacional de Dulles, a las afueras de Washington, en febrero de 2021.

El reconocido humorista Cacho Garay fue trasladado a una cárcel común después de que el juez Federico Martínez revocara su prisión domiciliaria.

Garay está acusado de varios delitos, incluyendo amenazas agravadas, tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, abuso sexual con acceso carnal, privación de la libertad agravada y desobediencia a una orden judicial.

Después de realizar el procedimiento correspondiente de reconocimiento y actualización de datos de su prontuario, el humorista de 68 años quedó alojado en dicha unidad, donde pasará el fin de semana antes de ser trasladado a una prisión común.

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La decisión de revocar la prisión domiciliaria fue tomada por el juez a pedido de la fiscal de Violencia de Género, Mónica Fernández Poblet, y los abogados querellantes Agustín Magdalena y Cristian Vaira Leyton.

El argumento principal de la fiscal y los abogados querellantes fue un agravamiento en la imputación.

Garay fue trasladado hacia la Unidad 12 – Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (ESTRADA).

Por otra parte, se ha informado que la fiscal también ratificó la misma situación para la presunta cómplice del abuso sexual, Sandra Astudillo Staffolani, de 56 años, quien es empleada legislativa.

El caso se inició en los primeros días de abril cuando Verónica Macías denunció a su esposo, por violencia de género. La mujer relató ante la justicia que el 5 de abril tuvo una discusión con Garay en su hogar y la situación escaló hasta que el acusado tomó un arma de fuego, la apuntó a la cabeza y le amenazó de muerte.

Tras la denuncia, el humorista fue arrestado el 12 de abril, posteriormente fue liberado y más tarde se le impuso la prisión domiciliaria, la cual ha sido revocada en esta ocasión.

Pasaron cinco meses desde que los ocho jóvenes de Zárate fueron condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, y su vida en el penal de Melchor Romero se mantiene prácticamente inalterada desde el primer día de su ingreso.

Se encuentra en el pabellón 6 del Área de Admisión de la Alcaidía III. Por cuestiones de seguridad, se mantienen aislados del resto de la población carcelaria. A pesar de las especulaciones de que serían trasladados a otras prisiones, hasta ahora no hubo cambios en su ubicación.

Los familiares de los condenados continúan visitandolos semanalmente, cumpliendo con el mandato de acompañamiento establecido. Cada uno tiene habilitadas las visitas de hasta cuatro familiares, y algunos rotan los nombres en la lista. En uno de los casos se solicitó la incorporación de una joven, supuestamente pareja de uno de los condenados, aunque se indica que solo uno de ellos mantiene una relación de ese tipo.

En el penal de Melchor Romero, los jóvenes comparten dos celulares, sin acceso a redes sociales pero con la posibilidad de enviar mensajes de texto. Además, cuentan con asistencia psicológica, como cualquier otro interno. Sin embargo, la información sobre su tratamiento y estado de salud mental se mantiene en secreto profesional.

El régimen interno del penal es una de las mayores dificultades a las que se enfrentan los condenados. Pasan 20 horas al día encerrados en sus celdas de poco más de 2×2 metros, con solo cuatro horas diarias para realizar actividades. Tienen acceso al patio de recreo y, dependiendo del día, pueden participar en actividades de esparcimiento o deportivas, supervisadas por un profesor de educación física.

Tres años y cuatro meses después de su ingreso al penal, todavía los consideran prisioneros “de riesgo”. Los directivos de la unidad prefieren mantener el estado actual de alojamiento a intentar alguna variación.

“En estos casos de detenidos ‘famosos’ se intenta preservarlos porque siempre generan algún tipo de reacción”, dijeron en la penitenciaría. Eso ocurrió en las primeras semanas de su llegada a la Alcaidía III. Entonces, los hostigaban desde otros pabellones y los insultaban cuando los identificaban a distancia en los patios internos.

En cuanto a las condenas y apelaciones, los ocho jóvenes siguen siendo representados por el abogado Hugo Tomei, quien sostiene que existe una condena “mediática” contra ellos y que la Justicia no tiene intenciones de desmoronarse. Aunque han apelado la sentencia y están a la espera de una decisión del Tribunal de Casación, su situación en prisión no ha cambiado.

A pesar de la monotonía y el encierro, desde el entorno de los condenados aseguran que la convivencia se mantiene tranquila y sin conflictos. Sin embargo, las autoridades penitenciarias continúan considerándolos “prisioneros de riesgo” y prefieren mantenerlos aislados en Melchor Romero para evitar posibles reacciones negativas por parte de otros internos.

Mientras aguardan una posible revisión de la postura de los jueces que los condenaron, los ocho rugbiers de Zárate se aferran a la mínima esperanza de un cambio en su situación, buscando encontrar algún apoyo emocional en medio de su difícil realidad en prisión.

El requerimiento fue efectuado por el fiscal Raúl Villalba, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 de Moreno-General Rodríguez, ante el juez de Garantías 2 del mismo departamento judicial, Gabriel Castro, el mismo magistrado que le otorgó la semana pasada la excarcelación extraordinaria al L-Gante.

El fiscal solicitó la prisión preventiva con similares argumentos con los que apeló la excarcelación extraordinaria, entre ellos, la existencia del riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación si L-Gante recupera la libertad.

“No debe asimismo dejar de tenerse en cuenta, que el imputado ha entrado y se mantiene en conflicto con la ley penal en diversas ocasiones, afrontando numerosas acusaciones con el trámite de diversas causas, estando-incluso algunas de las mismas ya elevadas a juicio oral, debiendo ser expuesto además, que algunas de ellas se vinculan a hechos relacionados con amenazas y la utilización de armas”.

A su vez, el fiscal también apeló la decisión del juez Castro de no hacer lugar al pedido de detención a un segundo sospechoso que sería cómplice en los hechos investigados.

Por otro lado, el miércoles pasado, una de las presuntas víctimas, Darío Gastón Torres, y sus abogados denunciaron un aparente acto intimidatorio, ya que alrededor de las 21.30hs prendieron fuego al auto que su esposa tiene asignado en su trabajo como fotógrafa en la Secretaría de Prensa del Municipio de General Rodríguez.

El incidente fue en el Barrio Bicentenario de General Rodríguez, frente a la casa de Torres y su pareja, donde tuvieron que intervenir los bomberos para sofocar las llamas.

En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 de General Rodríguez, la misma fiscalía que tiene la causa por las amenazas y privación ilegal de la libertad de L-Gante.

Por su parte, el juez Castro impuso al músico una serie de condiciones para ser excarcelado –además de una caución de 20 millones de pesos-, como la prohibición de salir del país, la obligatoriedad de comparecer una vez al mes en la sede de su juzgado, una prohibición de acercamiento de hasta 500 metros a sus presuntas víctimas, Torres y Rosa Catalina Passi, así como la imposibilidad de comunicarse con ellos bajo ningún medio.

La denuncia que derivó en el arresto del cantante fue realizada el 27 de mayo último por Torres, vecino de la familia de Valenzuela, que reside en el barrio Bicentenario de General Rodríguez, en el oeste del conurbano.

Por Mario Cáffaro

La Cámara de Diputados votó, por unanimidad, un proyecto de ley disponiendo la instalación de inhibidores de señal de telefonía móvil e internet inalámbrica en las unidades penitenciarias provinciales. El objetivo es evitar que desde las cárceles se ordenen negocios ilícitos e incluso ejecuciones como viene ocurriendo tanto desde institutos santafesinos como federales.

Durante el paso por tres comisiones, la Cámara elaboró un texto a partir de iniciativas de Ximena Sola (Pro) que apunta a regular el derecho a comunicación telefónica que gozan quienes se encuentran recluidos en establecimientos penitenciarios para tomar contacto con familiares, amigos, abogados, curadores y abogados; y otro de Nicolás Mayoraz y Natalia Armas Belavi (Vida y Familia) que se propone prohibir el uso de telefonía móvil e internet inalámbrica creando el programa “Cárceles seguras, Santa Fe segura”.

El texto votado por los 33 diputados presentes determina que la Secretaría de Asuntos Penales y Penitenciarios, dependiente del Ministerio de Seguridad, es la encargada de la aplicación para lo cual deberá realizar las licitaciones correspondientes para contratar el servicio de provisión, control técnico y reparación del sistema de inhibición de señal que garantice un adecuado funcionamiento sobre la telefonía móvil, internet inalámbrica, sistema de telefonía fija e internet por cable. También deberá brindar mecanismos especiales de seguridad a la empresa prestadora del servicio, a fin de garantizar una segura prestación del mismo; y ejercer el contralor del cumplimiento de la norma.

Por otra parte, la Secretaría de Asuntos Penales y Penitenciarios deberá realizar las gestiones pertinentes ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) correspondientes a la asistencia técnica y las excepciones normativas, para dar cumplimiento con lo dispuesto.

Sola no estuvo presente en la sesión durante la votación mientras que Mayoraz expuso argumentos a favor del proyecto aunque adelantó que insistirá su bloque en profundizar acciones para evitar la continuidad de “negocios” ordenados desde los establecimientos penitenciarios. El legislador señaló que a decir de los fiscales de Rosario especializados en balaceras, el 90% de los hechos son ordenados desde las cárceles, especialmente desde Piñero.

“Privados de la libertad y a cuidado del Estado, se las arreglan para seguir cometiendo delitos e incluso con mayor violencia para intentar mantener el territorio”, señaló. “Rosario es víctima de delitos ordenados desde las cárceles, donde la sociedad está azorada y la política no da respuesta. Es difícil explicar a la sociedad porqué no sancionamos una ley para prohibir el uso de celulares en las cárceles”, acotó. Recordó que en la discusión en comisiones, algunos legisladores y funcionarios hicieron notar que hay una ley nacional que prohíbe el uso de ese tipo de tecnología y que la provincia de Santa Fe adhirió a esa norma nacional.

El legislador rosarino que votó favorablemente el texto admitió que éste tiene “sabor a poco” porque está ordenado en la ley nacional. No dejó de marcar que “no espero nada de este gobierno provincial que se fue en promesas, en expedientes para colocar inhibidores que nunca llegan. Necesitamos un régimen legal que llene en vacío que tiene la legislación santafesina donde no hay un régimen de sanciones para el que use celulares”. Relató las quejas del personal penitenciario que requisa, quita aparatos que luego vuelven a los internos, sin sanción alguna. “Nuestro proyecto busca un régimen sancionatorio severo, prohibición acompañada de régimen sancionatorio. Hay otros herramientas además de los inhibidores” y aclaró que no se violan derechos humanos porque se cumple a rajatabla con las reglas de Mandela de Naciones Unidas para personas privadas de su libertad.

“Es absolutamente necesario reglamentar el derecho de los internos a las comunicaciones telefónicas como mecanismo para poner freno a la recurrente ola de delitos que padece la sociedad, buscando permanentemente la reinserción social de quienes se encuentran en establecimientos carcelarios”, escribió Sola en los fundamentos del proyecto.

“Privados de la libertad y a cuidado del Estado, se las arreglan para seguir cometiendo delitos e incluso con mayor violencia para intentar mantener el territorio”, aseguró el diputado Mayoraz.

Mediante la Ley N° 11.661 (de ejecución penal) la provincia adhirió a la Ley Nacional N° 24.660. Así afirma la norma santafesina que “la ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad. (Art. 1 Ley 24.660 Ejecución de pena privativa de la libertad)”.

“El condenado podrá ejercer todos los derechos no afectados por la condena o por la ley y las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten y cumplirá con todos los deberes que su situación le permita y con todas las obligaciones que su condición legalmente le impone. (Art. 2 Ley 24. 660 Ejecución de pena privativa de la libertad)”.

“El dinero, los objetos de valor y demás prendas propias que el interno posea a su ingreso o que reciba con posterioridad y que reglamentariamente no pueda retener consigo serán, previo inventario, mantenidos en depósitos. Se adoptarán las disposiciones necesarias para su conservación en buen estado. Conforme los reglamentos, el interno podrá disponer de su dinero y otros objetos. Los efectos no dispuestos por el interno y que no hubieren sido retenidos o destruidos por razones de higiene, le serán devueltos a su egreso. De todo depósito, disposición o devolución se extenderán las correspondientes constancias y recibos. (Art. 68 Ley 24.660 Ejecución de pena privativa de la libertad)”.

“Las visitas y la correspondencia que remita el interno y las comunicaciones telefónicas, se ajustarán a las condiciones de oportunidad y supervisión que determinen los reglamentos, los que no podrán desvirtuar lo establecido en los artículos 158 y 159.- (Art. 160 Ley 24.660 Ejecución de pena privativa de la libertad)”.

90% de las balaceras en Rosario son hechos “ordenados” desde las cárceles, especialmente desde Piñero, según los informes de fiscalía.

El cantante de cumbia Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, continúa detenido en la DDI de Quilmes desde la semana pasada desde donde volvió a escribir una carta en la que aseguró que “si no salgo ganando prefiero no salir”.

El joven está acusado de cometer los delitos de privación ilegítima de la libertad y amenazas por un hecho en el que habría amedrentado a punta de pistola a dos empleados municipales luego que demoraran tras una pelea en un boliche a sus amigos, integrantes de una banda que la denomina como “La Mafilia”.

Además, en las últimas horas, ampliaron su acusación por tenencia simple de drogas: encontraron 40 gramos de marihuana en un allanamiento en su casa del country Banco Provincia.

Se conoció una nota que L-Gante escribió durante su detención: qué dice

A través de su cuenta de Instagram, L-Gante compartió una serie de cartas para sus seguidores, en las que, entre otras cosas, remarcó que está bien.

“Si no salgo ganando prefiero no salir. Diego Crónica, tenés razón. Para muchos soy más que un grano”, expresó.

Y siguió: “Me encanta escuchar a Sigal en vivo. Jaja. Tiene menos chamu. Jajaja. Los turros te dan vuelta la tortilla”.

Así, cerró: “Gracias por el aguante. Yo toy re piola. Descansando. Nos vemos pronto y mejor que nunca. C-420. Celda 4″.

No es la primera vez que L-Gante escribe una carta a mano. La primera vez fue al boxeador Ezequiel Matthysse, un amigo suyo que integra “La Mafilia; y la segunda fue una para sus fanáticos, acción que se volvió a repetir hace pocos días atrás.

“Gracias a todos por el aguante. Estoy bien preparándome para dar lo mejor de mí cuando salga”, redactó.

“Espero que les guste el último tema. Se viene mucho más. Los quiero”, finalizó.

L-Gante, de 23 años, fue detenido este miércoles en su propiedad del barrio privado Provincia, en Francisco Álvarez, y fue llevado detenido a la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes, donde quedó alojado, a unos 60 kilómetros de su domicilio.

El músico está acusado del delito de “amenazas simples, privación ilegal de libertad y amenazas coactivas agravadas por el uso de armas de fuego” y será indagado este jueves”.

En las últimas horas se conocieron detalles de las denuncia realizada contra el músico por un empleado municipal llamado Gastón Torres, que además es vecino de L-Gante en el barrio Bicentenario de General Rodríguez.

El hecho se produjo el 27 de mayo pasado con una discusión cuando un integrante de la Mafilia, el grupo que conforman los allegados al artista, se encontraba en el boliche Río.

Uno de ellos había subido un auto en la vereda y cuando intentó moverlo estuvo cerca de atropellar a una vecina de 53 años, lo que originó una discusión y una trifulca que no llegó a mayores.

L-Gante declaró en la causa por secuestro y tenencia ilegal de armas: seguirá detenido

Sin embargo, miembros de la “Mafilia” se presentaron en la casa de González y amenazaron con agredirlo junto a su familia, lo que motivó la intervención de la Guardia Urbana de Protección Ciudadana del Municipio.

En medio de los episodios, uno de los integrantes del grupo le envió un mensaje a L-Gante, quien se había presentado en un boliche del barrio porteño de Palermo, por lo que el músico decidió acudir en ayuda de sus amigos en su auto BMW de color blanco junto a un acompañante.

En el camino, comenzó a mandarle mensajes amenazantes al empleado municipal: “Llamá a alguien para que liberen a mi gente o te hago boleta. Te voy a matar a tu familia”, le espetó según consta en la denuncia.

El músico arribó a la casa del denunciante, de unos 40 años, y a punta de arma de fuego lo obligó a subir al auto, mientras lo mismo hizo con una mujer de unos 50 que habría participado del altercado a la que también recogió en su domicilio.

Ya mientras paseaban a los secuestrados volvió a insistir hablando con otra persona: “Liberame a los pibes o al que llevo acá atrás lo hago boleta”, expresó mientras la sensación de terror recorría a los cautivos. Otro mensaje, volvió a sacudir especialmente al damnificado: “Prepará la quinta que estoy yendo con este perejil”, le dijo a otro allegado. La situación recién se calmó cuando L-Gante entendió que sus amigos solo fueron identificados y que no habían sido detenidos.

En ese momento decidió liberarlos frente a una remisera y les dejó dinero para que vuelvan por ese medio a sus domicilios.

Ted Kaczynski, conocido como el Unabomber por aterrorizar a Estados Unidos durante décadas al mandar una serie de cartas bomba que dejaron tres muertos y 23 heridos, murió este sábado a los 81 años en prisión.

Kaczynski, un matemático graduado de Harvard, fue encontrado sin vida en la mañana en su celda en una cárcel de Carolina del Norte, donde había sido trasladado en 2021 desde una prisión de máxima seguridad por problemas de salud, sin que por el momento se conozcan las causas de su fallecimiento, informó la cadena NBC News.

Entre 1978 y 1995 había enviado 16 bombas escondidas en paquetes postales a diversas personas y empresas. Después de una larga cacería policial, fue arrestado en 1996 y condenado a prisión perpetua en 1998 después de declararse culpable.

Las bombas de fabricación casera que Kaczynski mandó por correo, entre ellas una que explotó en un vuelo debido a la altitud, modificaron la forma en que los estadounidenses enviaban paquetes y embarcaban en los aviones, incluso antes del 11 de septiembre.

El FBI lo llamó Unabomber porque en principio creía que su objetivo eran las universidades y las aerolíneas.

El matemático, que se había recluido en las montañas de Montana, donde vivía como ermitaño, no conocía a ninguna de sus víctimas y, hasta que fue capturado en 1996, desconcertó a las fuerzas de seguridad y generó inquietud en la población al perpetrar ataques aparentemente aleatorios en todo el país.

En septiembre de 1995, bajo la promesa de que dejaría de enviar bombas, consiguió que los diarios The New York Times y The Washington Post publicaran un largo manifiesto en el que expresaba su odio a la tecnología y al mundo moderno, apuntó la agencia de noticias AFP.

El texto, de todos modos, permitió que su hermano David Kaczynski y su cuñada Linda Patrik lo reconocieran y alertaran al FBI, lo que llevó a su captura.

Cuando en abril de 1996 las autoridades lo encontraron en su pequeña cabaña en Montana, donde vivía desde los años 70, el lugar estaba lleno de diarios, ingredientes para fabricar explosivos y dos bombas.

“Desde luego, no pretendo ser un altruista ni actuar por el ‘bien’ (sea lo que sea eso) de la raza humana”, escribió en uno de sus diarios, según se dio a conocer durante el juicio. “Actúo simplemente por deseo de venganza”, indicó.

Un psiquiatra que evaluó a Kaczynski en prisión le diagnosticó esquizofrenia paranoide, pero el matemático no permitió que sus abogados utilizaran la defensa de que era enfermo mental y se declaró culpable.

Sus víctimas fueron Hugh Scrutton, dueño de un negocio de alquiler de computadoras; el ejecutivo publicitario Thomas Mosser y el lobista de la industria maderera Gilbert Murray. Además, un genetista de California y un experto informático de la Universidad de Yale sufrieron mutilaciones por las bombas que mandó Kaczynski en 1993.

El expresidente de Brasil, Fernando Collor de Mello (1990-1992), fue condenado este miércoles (31.05.2023) por la Corte Suprema a ocho años y diez meses de prisión por corrupción, en una investigación derivada de la megacausa Lava Jato.

Collor, de 73 años, fue hallado culpable de recibir 20 millones de reales entre 2010 y 2014 (4 millones de dólares, al cambio actual) cuando era senador, para “viabilizar irregularmente contratos” entre una constructora y una exfilial de Petrobras.

Por 8 votos contra 2, el Supremo Tribunal Federal (STF) lo halló culpable el jueves pasado por los delitos de corrupción y lavado de dinero y este miércoles dictó su sentencia.

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“La pena total queda fijada en ocho años y diez meses” de prisión, anunció al final del juicio la presidenta del STF, Rosa Weber.

El juez relator del caso, Edson Fachin, había sugerido una pena de hasta 33 años de prisión, pero el tiempo de la sentencia fue reducido por el conjunto de la Corte.

Los hechos “comprobados” en el proceso son “gravísimos” y “retratan el nefasto uso indebido de funciones públicas para promoción personal y patrimonial”, dijo Fachin este miércoles, último día del juicio.

En su voto, Fachin consideró que “el entonces senador se valió de la influencia político-partidaria para promover nombramientos en el directorio de (la filial de Petrobras) BR Distribuidora y crear facilidades para el establecimiento de contratos”, según el sitio oficial del tribunal.

La investigación cayó bajo el paraguas de la megacausa Lava Jato, que salpicó al conjunto de la clase política brasileña desde 2014.

El blanqueo del dinero fue realizado mediante más de 40 depósitos en cuentas a nombre de Collor y en 65 cuentas de empresas de su propiedad.

Su defensa niega las acusaciones.

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Primer presidente elegido por sufragio universal después del régimen militar (1964-85), Collor renunció a la presidencia en 1992 en medio de denuncias de desvíos y corrupción.

Sin embargo, su triunfo electoral en 1989, con solo 40 años, frente al actual presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, había generado muchas expectativas.

Con un discurso inconformista y una imagen jovial, Collor había prometido reformar en profundidad la vida política y social de Brasil, tomando el apodo de “cazador de marajás”, como llamaba a los altos funcionarios de altos sueldos.

Excampeón nacional de karate, aprovechaba su imagen de atleta exitoso.

Pero pronto los brasileños se cansaron. Tras apenas dos años en el poder, renunció luego de que el Congreso abriera un proceso de destitución tras denuncias de corrupción.

Miles de personas salieron a las calles para pedir su salida, en un movimiento impulsado por los “caras pintadas”, jóvenes con los rostros pintados de verde y amarillo, colores de la bandera de Brasil.

Posteriormente, fue acusado en la justicia ordinaria de recibir sobornos a cambio de facilitar contratos con empresas de publicidad durante su gobierno, pero fue absuelto de los cargos, por falta de pruebas.

Logró volver a la política en 2006, al ser elegido senador por Alagoas, un estado pobre del noreste. Ocupó ese escaño hasta el final del año pasado.

En los últimos años, Collor se acercó al expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, por quien hizo campaña en 2022, frente a Lula.

Actualmente es miembro del Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), de centro-derecha.

Desde el regreso de la democracia en Brasil, otros dos expresidentes fueron llevados a prisión, también por corrupción.

Lula estuvo 18 meses en la cárcel, entre 2018 y 2019, también en el marco de la causa Lava Jato, antes de ser liberado por orden de la Corte Suprema.

El expresidente de centroderecha Michel Temer (2016-2018) fue puesto bajo detención preventiva en marzo de 2019, pero fue liberado cuatro días después por un juez de apelaciones.

El juez Martelossi autorizó un botón de pánico para las víctimas, tobillera electrónica y un dispositivo de geolocalización para el acusado. También reglas de conductas habituales.

El abogado defensor, Dr. Roberto Pagura, explicó que “pidieron una pericial para que se establezca que el imputado estaba disponiendo de una preventiva en la policía y tenía riesgo médico. El juez estableció que lo vea el médico forense, pero como está de licencia, lo vio el médico policial. El día miércoles tuvimos la audiencia, donde estuvo Bianchini y yo, como abogados de la defensa, el doctor Parquet, y el médico Salinas, que era el perito”.

Agregó que “le hicieron la pericia y el médico determinó que no eran las condiciones necesarias por el riesgo psiquiátrico y cardiológico que tiene el acusado de estar preso en la comisaría”, por lo que el magistrado definió que “siga preso, pero en la casa”.

Pagura afirmó que “la fiscalía y la gente del CAJ, que patrocinó a las víctimas, pedían más pericial, querían que otro médico especialista, a lo que a nosotros nos opusimos, nos parecía innecesario. Decían que Salinas no tenía en su carácter de médico las condiciones necesarias para que dicte ese examen, nnosotros creemos que si”.

“Otra de las discusiones fue que era muy cerca la casa de una de las víctimas, de 750 metros más o menos, de donde vive el detenido al de las víctimas, que las perimetrales son de 200 metros, inclusive de 300. O sea, es imposible él que no puede salir de la casa, vaya y amedrente a las víctimas”, sostuvo el abogado.

Por último, subrayó que “su señoría le dijo que no nos puede llamar por teléfono, no puede comunicarse ni por telegram, ni por instagram, ni por cualquier vía. O sea que ahora él se va a ir a su casa detenido y no va a poder salir de ahí. Y en su celular se va a poner una geolocalización para saber si está o no está en su casa. Y bajo la guarda de su esposa”.

Las presuntas víctimas que denunciaron al funcionario de 58 años y con un puesto encumbrado en la Dirección Municipal de Tránsito, son PBL, de 37 años, y JAR, de 36 años.

Los hechos expuestos por las agentes municipales fueron haber sido víctima de acoso sexual, y manoseos, quien además la habría obligado a que le practicara sexo oral; y haber sido víctima de acoso sexual y hostigamiento, respectivamente.

El intendente de licencia de Gilbert, Ángel Fabián Constantino, fue condenado este lunes a 14 años y seis meses de prisión por triple abuso sexual por denuncias que lo llevaron a la prisión, aunque el Tribunal de Gualeguaychú determinó que esté detenido en su casa.

Constantino fue acusado de los hechos que hicieron las tres mujeres que estuvieron este lunes en la sala de audiencias y la fiscal Martina Cedrés había pedido la pena de 15 años en tanto que la querella a cargo de Juan Ignacio Weimberg la de 22 años.

El primer hecho denunciado fue el de Luján de un mujer que era secretaria de prensa del Municipio de Gilbert y tenía la oficina al lado de la del intendente. Entre los meses de febrero de 2021 y junio del mismo año, él abusó en su despacho de ella aplicando violencia de género laboral, es decir, la amenazaba con despedirla si hablaba.

El segundo episodio fue el que sufrió Verónica, quien estaba casada con el sobrino del intendente, que también trabajaba en el Municipio. Constantino en una oportunidad se ofreció a llevarla a su lugar de trabajo y se desvió del camino, para forzarla y violarla, según la denuncia hecha y por la cual fue condenado.

Norma fue la primera de las tres víctimas en sufrir el acoso sexual. Fue en 2019 cuando Constantino era comerciante y, si bien había ganado las elecciones a intendente, quedaban aún meses para asumir su cargo.

Además de comerciante, Constantino en ese momento era Director de Cultura y organizó la entrega de vestimenta para lo que iba a ser poco después la celebración del Día de la Tradición en Gilbert. Norma fue a retirar su vestido a ese local y fue recibida por Constantino quien, primero se mostró muy amable, la invitó a pasar adentro del local y, una vez allí, abusó de ella sexualmente.

“Los testimonios de Norma, María Luján y Verónica en el amplísimo contexto probatorio producido durante el debate, permiten concluir sobre la sinceridad, veracidad y verosimilitud que tales relatos han presentado en lo que hace específicamente a los aspectos fácticos que permiten recrear la materialidad de los hechos atribuidos y de la participación en los mismos del acusado”, señaló el Tribunal.

“Se han aportado gran cantidad de detalles que muestran a las claras que responden a las vivencias de las víctimas, patentizado de tal modo la veracidad con que se han conducido y la credibilidad de la que son merecedoras, más allá de las particularidades de cada uno de esos relatos según se analizará”, agregó.

Junto con el relato, los jueces valoraron la opinión de los peritos forenses que determinaron que las tres víctimas padecen de “estrés postraumático”. También esos peritos dieron “credibilidad” a los relatos “verificándose de tal modo la existencia material de los hechos objeto de acusación”, expresaron los magistrados.

Además, valoraron los dichos del propio intendente en juicio quien intentó “desacreditar” a las víctimas basándose en que las denuncias eran por “espurios objetivos” o una suerte de “oscuro complot o conciliábulo político”.

“Ningún dato válido surgió que abonara la hipótesis de tal conspiración o tramado político sobre el que ha argüido, por lo que la versión defensiva, intrínsecamente inconsciente e inverosímil, revierte en contra de los propios intereses del acusado, alzándose como un indicio de mala justificación”, replicó el Tribunal.

Constantino seguirá detenido en su casa tal cual lo está desde antes del veredicto, aunque las víctimas dicen que los vecinos lo ven salir por la noche, violando la detención domiciliaria. La fiscal Martina Cedrés también se hizo eco de esas denuncias pero, al no haber pruebas para presentarlas ante el Tribunal, el ahora condenado gozará, por ahora, de ese beneficio.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 18 condenó a 11 años de prisión a un comerciante por abusar sexualmente de una joven a la que había contratado para trabajar en su local, en el barrio porteño de Balvanera, en enero de 2021.

El fiscal Guillermo Morosi, que intervino en el juicio, había solicitado 13 años de prisión para el responsable del delito de “abuso sexual con acceso carnal” contra una joven venezolana.

Según publicó el Ministerio Público Fiscal de la Nación, los jueces Domingo Altieri, Luis Márquez y Darío Medina ordenaron también que se disponga la obtención y extracción del perfil genético del condenado para que sea remitido al Banco de Datos Genéticos, de acuerdo a la Ley N°26.879, que creó el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.

Según la acusación, el hombre había publicado una oferta laboral en el grupo “Venezolano en Argentina”, en la red social Facebook, y la víctima, quien entonces tenía 18 años, respondió al aviso y luego de un intercambio de mensajes, fue al local a la hora acordada, donde encontró la persiana baja.

La madre de la joven que estaba al tanto de la situación, llamó al hombre para decirle que la joven estaba frente al comercio, por lo que el acusado la hizo pasar y le explicó los detalles del trabajo.

Además, el hombre le hizo preguntas sobre cuestiones de índole personal y ajenas al trabajo que ofrecía.

En ese momento, se le acercó desde la parte de atrás del lugar y le quiso besar, mientras le preguntaba si le gustaba el vodka y le decía que “necesitaba una pareja para que se quedara con el negocio y así poder abrir otra sucursal”. Luego bajó las persianas del local.

Más tarde pasó por el lugar la madre de la joven, le preguntó si estaba todo bien y la joven le respondió que se quería ir, que estaba asustada y que su jefe había cerrado el local. En ese momento la mujer llamó al 911, sin embargo, el hombre no le dio acceso a la Policía.

Finalmente los efectivos lograron ingresar y en el fondo del local encontró a la víctima desvanecida y en estado de shock, por lo que debió ser trasladada al Hospital Ramos Mejía.

Según la acusación fiscal, el imputado aprovechó que la víctima estaba confundida e indefensa -tras haber ingerido una bebida que él le dio- para desvestirla y abusar sexualmente de ella, causándole lesiones en distintas partes del cuerpo.

La causa estuvo a cargo de la titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°41, Silvana Russi.

Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo jueves 9 de febrero.

El expresidente peruano Pedro Castillo pasará 18 meses en prisión preventiva, según resolvió este jueves el Poder Judicial, que lo acusa de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y atentado contra la tranquilidad pública.

En una audiencia virtual que comenzó por la mañana, fue interrumpida y continuó por la tarde, el juez Juan Carlos Checkley hizo el anuncio en una extensa resolución que leyó, mientras Castillo fue asistido por un letrado oficial.

Además de los 18 meses de prisión preventiva contra Castillo, el magistrado resolvió que el ex primer ministro Aníbal Torres un régimen de comparecencia con restricciones por los presuntos delitos de rebelión y otros.

Castillo permanece detenido en la sede de la Diroes, en Ate, desde el 7 de diciembre cuando perpetró un golpe de Estado.

En el inicio de la extensa sesión, Checkley informó que Castillo se había negado a recibir la notificación del requerimiento fiscal y dispuso que la defensa del destituido mandatario la asumiera el letrado oficial Ítalo Díaz. Ronald Atencio, uno de los defensores de Castillo, confirmó después, en un mensaje en la red Twitter, que ni él ni su colega Raúl Noblecilla participarían de la audiencia.

“Son muchos los argumentos que, en conversación con Pedro (Castillo), nos impulsaron a tomar esa decisión”, indicó y mencionó a la “vacancia (destitución) ilegal y exprés” entre esas razones.

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La Fiscalía General abrió formalmente una causa contra el presidente destituido y presentó el martes un pedido de prisión preventiva contra Castillo por 18 meses.

A la audiencia de este jueves, en cambio, sí se conectó, desde la clandestinidad –como anunció la semana pasada- el exjefe de ministros Aníbal Torres, a quien el fiscal Alcides Chinchay señala como el responsable del escrito que leyó Castillo cuando anunció el cierre del Congreso y el inicio de un Gobierno de Emergencia que actuaría por decretos. Chinchay pidió también para Torres los 18 meses de arresto preventivo, según el sitio del diario La República.

El abogado de Torres, Duberlí Rodríguez, remarcó que su defendido no puede representar un peligro para la sociedad, por lo que no corresponde que esté en prisión preventiva, además de subrayar que tiene arraigo domiciliario y que pretende volver a ejercer como abogado.

Según Rodríguez, Torres solo acompañaba a familia de Castillo hacia la embajada de México. “Siempre solidario”, resaltó el letrado, que aclaró que Torres no sabía lo que diría Castillo en su mensaje. Para el fiscal, ese viaje de Castillo hacia la sede diplomática mexicana implica un riesgo de fuga.

Castillo es acusado de rebelón, conspiración, abuso de autoridad y atentado contra la tranquilidad pública, por lo que podría recibir una pena de 10 a 20 años de cárcel. Torres y los exfuncionarios Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez son sindicados como coautores del delito de rebelión.