El mismo día en que la comisión de Presupuesto y Hacienda se reunió para dictaminar el proyecto de gastos y recursos enviado por el Ejecutivo el 15 de septiembre, el flamante jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, confirmó que el texto se tratará en extraordinarias.

El objetivo, como ya se venía advirtiendo, es aprobar la “hoja de ruta” de la gestión nacional 2026 con la nueva conformación del Congreso, donde La Libertad Avanza obtuvo más escaños luego de las elecciones de medio término del 26 de octubre. Será el primer presupuesto propio de la actual gestión, luego de dos prórrogas consecutivas del sancionado en 2023.

Luego de ingresado el proyecto de Javier Milei a la Cámara baja ocurrieron dos hechos trascendentes. Primero, se desplazó al entonces presidente de la comisión José Luis Espert, quien continúa siendo investigado por posibles vínculos con el empresario “Fred” Machado. En su lugar asumió Bertie Benegas Lynch.

En segundo lugar, se estableció un cronograma de trabajo y exposición de integrantes del gabinete nacional (de hecho, el último fue Pablo Quirno, actual canciller pero por entonces Secretario de Finanzas), para llegar este 4 de noviembre a un dictamen.

Con las declaraciones de Adorni, quien reemplazó a Guillermo Francos en su cargo, todo indica que el tema será debatido a partir del 10 de diciembre, es decir en período extraordinario y luego de la jura de los nuevos integrantes de las Cámaras.

No es el único tema que el gobierno nacional se reserva para los meses de verano (el período ordinario de sesiones culmina el 30 de noviembre). En la agenda oficial figuran reformas de alto impacto, como la laboral, tributaria y penal.

No significa que todo el paquete se pueda consolidar antes del 1º de marzo, pero todo indica, también por expresiones de Diego Santilli (flamante ministro del Interior) que la idea de Milei es ir a toda velocidad para lograr estos objetivos.

Para este lunes a las 21 se anuncia el discurso grabado con el que el presidente Javier Milei presentará el proyecto de Presupuesto de Gastos y Recursos para 2026. Será por cadena nacional.

En declaraciones radiales, Adorni también dedicó algunas palabras al ex presidente Mauricio Macri. El jefe del Pro se encontraba cenando con Milei el viernes, cuando se conoció la sorpresiva renuncia de Francos y el rápido reemplazo por Adorni. “No tiene experiencia”, dijo el líder del partido amarillo respecto de esta designación, a lo que el aún vocero respondió: “El Gabinete lo elige el Presidente”.

“Es su opinión, pero la verdad es que es un tema de segundo orden, porque el gabinete lo elige el Presidente. Yo le tomo el desafío para ver cómo me va… Ojalá que me vaya bien, así cuando termine mi función, sea cuando sea, lo llamaré y le diré: ‘Viste que estabas equivocado’”, desafió Adorni, quien había sido electo legislador por CABA en mayo pasado.

Para el vocero presidencial, la tarea de los ex mandatarios es “colaborar con el gobierno de turno”: “Sea cual sea el color político y sean cuales sean las diferencias, tienen que tratar de empujar para adelante”, agregó.

Los últimos días se caracterizaron por un enorme dinamismo en relación con el gabinete presidencial. Antes de las elecciones de octubre, se conoció el alejamiento de Gerardo Werthein del Ministerio de Relaciones Exteriores y su posterior reemplazo por Quirno.

Horas antes de aquellos comicios, trascendió que Mariano Cúneo Libarona también dejaría su cargo aunque luego la novedad fue relativizada por el propio funcionario y finalmente, en la “foto de familia” que publicó este lunes Presidencia, con su gabinete en pleno, sigue presente el ministro de Justicia.

Sí hubo un cambio en la Secretaría de Salud, donde renunció María Cecilia Loccisano (por “razones personales”) y fue nombrado Guido Giana, quien ahora dependerá del ministro Mario Lugones.

Se vienen más modificaciones pero ya están previstos: por un lado en Seguridad, para reemplazar a Patricia Bullrich, electa senadora nacional por CABA; y por el otro en Defensa, para ocupar el lugar de Luis Petri, quien asumirá como diputado nacional por Mendoza.

Por ahora, este es el panorama para afrontar el segundo tramo del gobierno de Milei, aunque todo puede cambiar en una semana. O un día.

Este lunes por la noche se conocerá un mensaje grabado del presidente Javier Milei en Cadena Nacional donde el Jefe de Estado presentará los lineamientos del Presupuesto 2026. En la previa, el mandatario reunió a su gabinete y mesa política.

A las 9.30, en el despacho presidencial, se dieron cita la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el vocero presidencial, Manuel Adorni; y el asesor Santiago Caputo.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el sexto funcionario que suele completar la nómina, se incorporó a las 10.30, con la reunión iniciada debido a que tenía programado un turno médico desde hacía varias semanas.

Por su parte, el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, hizo su ingreso a las 9.22, a la espera de la jura que tuvo lugar en el Salón Blanco de Casa Rosada, en presencia de sus familiares y amigos.

El riesgo país trepó a 1140 puntos básicos y alcanzó el mayor nivel en los últimos once meses mientras que los bonos soberanos acrecientan su declive al registrar caídas en torno al 3%, en medio de la tensión cambiaria.

El indicador que elabora el JP Morgan llegó a un nuevo máximo en casi un año en el cierre de la semana pasada y promete continuar su escalada de la mano del negativo rendimiento de los títulos en dólares, a causa del panorama incierto sobre la capacidad de pago de la deuda ante la posible utilización de reservas en el mercado cambiario.

Con la tendencia alcista, el riesgo país de la Argentina escaló casi al doble del registro con el que arrancó el año (600 puntos) y está solo por debajo del de Bolivia (1385 puntos), en el segundo lugar del podio, que lo completa Ecuador (689 puntos).

En el arranque de la semana, los bonos siguen retrocediendo, con el Global 2046 liderando las pérdidas (-3,6%), seguido por el Bonar 2041 (-3,6%), y el Bonar 2038 (-3,1%).

En contraste, las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street operan con mayoría de subas, siendo las que más avanzan Transportadora de Gas del Sur (4,1%); IRSA (3,1%), y Cresud (2,4%).

A nivel local, el índice S&P Merval opera en leve alza, subiendo 0,4% a 1.767.299,71 puntos. Entre los mayores avances aparecen Cresud (2,95%), Irsa (2,73%), y Transportadora Gas del Sur (2,30%).

El dólar oficial cerró este lunes en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $10 respecto del cierre del viernes.

En un inicio de semana con incertidumbre, el dólar mayorista escaló y logró tocar los $1470 durante la rueda del lunes, quedando a $3 del techo de la banda que activa la intervención oficial del Banco Central (BCRA) con el dinero que giró el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sobre el cierre cedió y cayó $3 a $1.467, registrando una suba de 0,8% durante la jornada.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, tiene una cita en Casa Rosada este martes al mediodía, donde compartirá un almuerzo con el presidente Javier Milei y miembros del gabinete nacional, junto con otros pares del radicalismo.

El mandatario confirmó su asistencia este lunes a la mañana ante una consulta de El Litoral. Y en el marco de un acto desarrollado en el Mercado Abastecedor de frutas y verduras, por la ampliación del Acuerdo Santa Fe, advirtió que "de ninguna manera sentarse a dialogar con el gobierno nacional sobre deudas es resignar nuestro reclamo ante la Corte por los fondos jubilatorios".

En el encuentro programado para este martes el Presupuesto será tema central, pero no se descarta que el Régimen de Reparación Federal anunciado por el gobierno central para sanear deudas de y con las provincias esté también sobre la mesa.

Al respecto, Pullaro consideró que "es muy difícil el diálogo con el gobierno nacional. No veo cerca un acuerdo por lo que nos deben".

En tal sentido, se pronunció a favor del decreto de venta de terrenos nacionales, "pero somos prudentes cuando se dice que se pueden canjear por las acreencias que tenemos con Nación. Nos deben entre 600 y 800 millones de dólares".

A la cita fueron convidados, además del santafesino, los mandatarios de Jujuy, Carlos Sadir; de Corrientes, Gustavo Valdés; Mendoza, Alfredo Cornejo y Chaco, Leandro Zdero.

En el menú principal estará el Presupuesto 2025, tema sensible para las provincias que desde que conocieron los primeros números de la "hoja de ruta" de gastos y recursos que presentó el Ejecutivo nacional para el próximo año, comprendieron que el equilibrio fiscal que se proyecta como política inamovible impactará una vez más en la remisión de recursos para los territorios y en un rubro particularmente sensible, como es la obra pública.

Pero el encuentro ocurrirá menos de una semana después de que el mandatario nacional declaró, en una disertación realizada en Córdoba, que Raúl Alfonsín "fue partidario de un golpe de Estado", una afirmación que cayó muy mal y fue ampliamente repudiada por propios (radicales) y ajenos que destacaron la figura del presidente que inauguró 41 años de democracia sostenida luego de una sangrienta dictadura cívico militar.

Se desconoce si la carta prevista para este martes incluirá algún reproche por parte de los gobernadores por este mal trago o si la reunión estará centrada en analizar la distribución de los recursos prevista para la ley de leyes en el próximo período. Eso, si el Presupuesto 2025 llega a convertirse en ley y no vuelve a ser reconducido el de 2023 que es el que está en vigencia este año.

El proyecto de ley que el propio Presidente presentó ante el Congreso a mediados de septiembre, tuvo, hasta el momento, tratamiento en la comisión de Diputados que preside el libertario José Luis Espert. Por allí desfilaron integrantes del gabinete nacional; entre ellos, miembros del gabinete económico; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el secretario de Educación, Carlos Torrendel como también Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias. Este, el de las universidades y su financiamiento, es uno de los que mayor tensión viene generando entre el gobierno y un sector del radicalismo.

Por ahora, no hay fecha concreta de tratamiento del proyecto en el recinto de sesiones, aunque se estima que esto podría ocurrir en al semana del 20 de noviembre para ser debatido luego en la Cámara de Senadores, al filo del período ordinario de sesiones que concluye el 30 de este mes. Por ahora no se informó si habría un pedido para habilitar extraordinarias.

Volviendo a la agenda del martes, si la reunión con gobernadores radicales se concreta, el Ejecutivo habrá completado el ciclo de diálogo del gobierno nacional con mandatarios peronistas y aliados, y que involucró a los del PRO, a excepción, tal cual detalla la agencia Noticias Argentinas, de los sectores más críticos impulsados por Gildo Insfrán (Formosa); Ricardo Quintela (La Rioja); Axel Kicillof, (Buenos Aires); Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

El gobernador Maximiliano Pullaro admitió que los desorientó el presidente Javier Milei, cuando enunció el domingo pasado los lineamientos generales del proyecto de presupuesto nacional y la política fiscal para 2025. "Nos desconcertaron un poco las variables que presentó el Presidente", admitió el mandatario provincial ante la consulta de la prensa.

Como informara El Litoral, el Poder Ejecutivo pedirá una prórroga a la Legislatura, probablemente de treinta días, para enviar la proyección de gastos y recursos que la provincia prepara sobre el ejercicio del año que viene. Según la Constitución, debería ser girado antes del 30 de setiembre. Precisamente, los parámetros económicos y financieros revelados por Milei obligan a "reescribir" el proyecto provincial que estaba semi elaborado.

Pullaro dijo que, a raíz del discurso presidencial, "hubo que empezar a reformular muchas variables. Nosotros entendíamos que las inflacionarias, fundamentalmente, iban a ser más altas, en función del impacto sobre el presupuesto 2024 respecto del de 2025", planteó.

La inflación anual que se plantea en el presupuesto nacional es apenas del 18%. La variable se interpreta como subestimada, si se tiene en cuenta que, para lograr tal guarismo, debería registrarse una inflación promedio del 1,4% mensual.

Según adelantó el gobernador, los ejes prioritarios que tendrá el proyecto de presupuesto provincial 2025 serán seguridad, educación y obras. Sobre el último ítem, destacó que "con toda la inversión que viene realizando el gobierno provincial a través de créditos subsidiados y mediante cursos de capacitación para acceder a un empleo, se logró que casi la mitad de los 14 mil trabajadores que habían sido cesanteados (en los primeros trimestres del año en curso), ya han sido reincorporados. El esfuerzo que está haciendo la provincia empieza a funcionar", celebró.

En materia de seguridad, dijo que "estamos mejor" pero admitió que "falta muchísimo para consolidar la baja de violencia en los principales centros urbanos". Finalmente, aludió al fortalecimiento del sistema educativo. "Se hizo mucho para ordenar, pero falta para consolidar el aprendizaje", destacó.

Los alcances que tendrá el presupuesto 2025 y sus lineamientos fueron planteados en trazos generales durante la reunión que mantuvo este miércoles el frente Unidos para Cambiar Santa Fe, y a la que asistió el propio gobernador.

Las primeras lecturas del proyecto de ley de Presupuesto 2025 del gobierno nacional ratifican el rumbo anunciado en enero pasado por la Secretaría de Energía de la Nación, que el ministerio de Economía ha retrasado con pragmatismo, según lo que le indicaba el índice inflacionario.

Habrá, según lo previsto, una quita de subsidios a los hogares de ingresos medios y bajos, que aún gozan de subsidios que cubren hasta el 57% de los costos reales en generación y transporte de los kilovatios (en gas natural 70%). A la diferencia la paga el Estado Nacional y las cuentas proyectadas para el año próximo hablan de una sensible disminución, ahora con registros de la inflación que parecen permitirla.

Un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la Universidad Nacional de Buenos Aires y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas dice que en agosto los usuarios residenciales N1 (altos ingresos) cubrieron con el pago de sus boletas el 86% de los costos de producir y transportar energía eléctrica; que los sectores medios o N3 lo hicieron en un 38%; y que los bajos o N2 en apenas un 24%. La Nación aspira a que solo familias parte de esas familias subsidiadas mantengan las ayudas, en un cronograma para aplicar en lo que queda de 2024 y a lo largo de 2025.

Cada segmento inscripto en el RASE tiene un número de usuarios cambiante. En los primeros días de septiembre venció el plazo para las familias que no habían hecho su declaración jurada ante el Registro de Acceso a los Subsidios de la Energía y tenían sin embargo esos beneficios porque la Nación (en el gobierno nacional anterior) los inscribió por contar con ayudas sociales. Dos semanas después, el gobierno nacional aún no ha brindado información actualizada, que es clave para saber que sucede en cada provincia.

En la norma presupuestaria que tratará el Congreso el objetivo es el déficit cero. A ese número se llega (entre otras muchas variables) con proyecciones de menos gastos en subsidios a la energía, que ciertamente fueron el talón de Aquiles del rojo fiscal durante años y hoy se busca no repetir. Pero el costo es a cargo de los usuarios.

El secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, en un hilo de X explicó "De dónde venimos y hacia dónde vamos" en su materia. Respecto de los subsidios escribió que se busca crear "un sistema de autosuficiencia económica-financiera; tarifas que cubran el costo del suministro; subsidios focalizados". También "un modelo exportador de los recursos energéticos" que en rigor ya se ha iniciado con ventas de gas natural a Brasil, vía la agotada Bolivia.

¿De dónde venimos y hacia dónde vamos en materia energética? Vamos camino a la autosustentabilidad del sistema, la normalización de los mercados de energía y hacia un esquema de inversión privada.Así, estamos dejando atrás un modelo que fracasó por estas tres razones: 1) No… pic.twitter.com/1dbZWCrbxG

Se apuesta a "un esquema de inversión privada" aunque 2024 se caracterizó por una dura pulseada entre Economía y las empresas de generación térmica que tienen acreencias sobre el Estado nacional que fueron otra vez prorrogadas. Se piensa que será posible que los acuerdos entre privados sustituyan a Cammesa, sin que el Estado se haga cargo de los faltantes entre actores del sistema. La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (una SA que controla el sector público) es quien asume lo que los usuarios argentinos no pagan, por vía de su deuda con las grandes termoeléctricas (además de los subsidios).

"Este nuevo modelo viene a reemplazar el vigente entre 2002 y 2023", puntualizó Chirillo. El horizonte es hacer caer "el gasto público continuo a través de subsidios a la oferta y la demanda" actualizar las "tarifas deprimidas" de esos años y derrumbar "subsidios elevados y generalizados". De hecho, se calcula que a fines de 2023 todos los usuarios residenciales pagaban apenas 48% del verdadero valor de la energía eléctrica. (Con el gas natural por redes los números son aún peores).

Quienes han podido leer el presupuesto estiman que la aspiración del gobierno es que los usuarios cubran con sus facturas un 85% de los costos de producción y transporte de los kW en 2025, en promedio. Y que para fines de 2024 esa proporción ya llegue a un 65% y en el año próximo apenas 15% sea afrontado por el Estado.

Propios y extraños admiten que según los años, luego del estallido de la Convertibilidad, los subsidios de luz, gas, transporte y combustibles líquidos (en este último caso por vía de la quita de impuestos) llegaron a ser 3,5 puntos del PBI. Hoy es de menos de un punto. Y bajará aún más el año próximo según lo que se diseña en el presupuesto.

En la explicación oficial la reducción de los subsidios se ejecutará mediante una selección más "eficiente" de la asignación en los subsidios energéticos. En otras palabras, que las ayudas del Estado lleguen solo a los casos más desesperantes. El pato de la boda es, otra vez, la clase media al compararse sus ingresos por grupo familiar (el Estado para ello cruzará datos de sus bases de distintos orígenes para discriminar a unos y otros según los criterios de una Canasta Básica Energética (CBE).

Si su costo (según clima y características del grupo familiar) supera cierto porcentaje del ingreso de un hogar, el Estado subsidia. De lo contrario, no.

Los subsidios eran una forma de transferencia de recursos del Estado a los usuarios de forma indiscriminada, al punto de que eran ayudados por el Estado los multimillonarios igual que los más pobres. Ahora serán lo contrario. Sin términos medios que lleguen a esas capas, identificadas como N3 en el RASE.

El ritmo de cómo se haga esa quita de subsidios dependerá según lo visto en 2024 de lo que decida el ministerio de Economía bajo cuya órbita se encuentra Energía.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se reunió con diputados oficialistas, del PRO y del MID a fin de diagramar la estrategia parlamentaria de cara al tratamiento que se avecina sobre el Presupuesto 2025 y leyes sobre desregulación económica.

A horas de que el presidente Javier Milei presentara la ley de gastos y recursos del 2025, Francos, junto al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mantiene un encuentro con legisladores de La Libertad Avanza, y de los bloques aliados.

Fuentes oficiales señalaron que el objetivo es empezar a diagramar aspectos de la agenda legislativa, que tendrá como tema central el Presupuesto 2025, que proyecta una inflación del 18 por ciento, un crecimiento de la economía del 5 por ciento, y una meta de déficit cero.

Participaron del encuentro, el presidente del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni y sus pares de bancada Nicolás Mayoraz, Santiago Santurio, Nadia Márquez y Carlos Zapata, del PRO su titular Cristian Ritondo, Silvana Giúdici, Alejandro Finocchiaro, Sabrina Ajmechet y Silvia Lospennato. En tanto, por el MID lo hicieron Oscar Zago y Eduardo Falcone.

Además se encuentran presentes también el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, el vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi, y el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña.

El jefe de Gabinete de la Nación, Agustín Rossi, deberá presentar este viernes el proyecto de Presupuesto 2024, tal cual lo establecen las leyes, iniciativa que contempla un déficit cero según anticipó el Palacio de Hacienda hace un mes.

Luego de las elecciones primarias del 13 de agosto, el Ministerio de Economía dejó trascender una serie de medidas, entre las cuales se contempla el envío de un proyecto de Presupuesto equilibrado, tal cual proponen los principales candidato de la oposición.

En principio, para alcanzar ese objetivo, el gobierno propondría la reducción del gasto fiscal, el cual para los analistas privados se encuadra en una menor recaudación de impuestos, equivalente a cerca del 2,4% del PBI.

En esa línea, el gasto fiscal es el que se ocasiona a través de exenciones impositiva y programas de promoción de actividades que contemplan rebajas de impuestos, entre ellos, el IVA para algunos alimentos, jueces que no pagan Impuesto a las Ganancias, promociones industriales que permiten tomar a cuenta de Ganancias una parte de las contribuciones patronales o el sistema de bono fiscal para industrias que producen bienes de capital.

Para algunos analistas, este año el gobierno no va a poder alcanzar la meta de un déficit fiscal del 1,9% del PBI acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) debido a la merma de la recaudación y a mayores gastos incurridos este año debido a la sequía.

Agustín Rossi. Crédito: Agustin Marcarian / Reuters

Algunos estudios privados plantean que este año el quebranto del Sector Público Nacional va a ser de entre el 2,4% y 2,5%, en un marco de aceleración de la inflación, que probablemente permita licuar algo de gasto en los meses que quedan hasta el fin de año.

Un documento de Economía recuerda que el "gasto tributario" abarca el conjunto de reducciones impositivas que disminuyen las obligaciones tributarias de ciertos contribuyentes, "usualmente grupos empresarios y grandes firmas, lo que provoca una merma en los recursos tributarios públicos".

Reducir ese "gasto", explican, "permitiría robustecer los recursos del sector público, contar con mayor financiamiento para el desarrollo de políticas públicas prioritarias y alcanzar el déficit primario cero en la Ley de Presupuesto 2024 de la República Argentina".

Mientras tanto, el gobierno planea la eliminación del pago del Impuesto a las Ganancias para el 90% de los asalariados que contemplaría una merma de recaudación del 30% de lo que genera ese tributo en año próximo.

Como formalmente el funcionario que maneja el presupuesto de la Nación es el Jefe de Gabinete, aunque los números se elaboren en el Ministerio de Economía, el actual candidato a vicepresidente de Unión por Todos tiene la tarea de envíar un anticipo del proyecto al Congreso este 15 de septiembre, como se hace todos los años.

El haber mínimo es actualmente de $ 33.000 y, entre marzo del año pasado y el mismo mes de este año, habrá registrado una suba del 52,78%, apenas por encima de la inflación. 

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, confirmó la convocatoria del Consejo del Salario, que integran empresarios y sindicalistas, con el arbitraje del Gobierno. 

El haber mínimo es tomado como referencia para los trabajadores informales y, en el transcurso de 2021, fue ajustado en dos oportunidades, a raíz de la inflación. 

Moroni anticipó que la pauta de aumentos salariales para el sector formal trepará al 40% este año, pero con cláusulas de revisión en función del costo de vida. 

Ese porcentaje está por encima del 33% proyectado en el Presupuesto Nacional para 2022, pero por debajo del 55% que estiman las consultoras privadas. 

Para Moroni, el esquema de paritarias prevé “trabajar con una pauta de 40%” con “revisiones a los seis o siete meses” de la firma del acuerdo salarial. 

En 2021, los gremios más poderosos cerraron acuerdos con aumentos en torno al 54% y en lo que va de 2022, la Federación de la Industria Aceitera ya logró un incremento del 39%. 

La Asociación Bancaria llegó a un entendimiento con las cámaras del sector ara otorgar dos sumas puente equivalentes a entre el 8 y el 12% de los sueldos por enero y febrero. 

Según datos oficiales, entre diciembre de 2020 y el mismo mes de 2021 el sueldo de los trabajadores formales creció en promedio 53,42%, dos puntos y medio por encima de la inflación anual. 

Ignacio Pellizzón

Mirador Provincial

La Provincia de Santa Fe podría perderse, por lo menos, unas 20 obras de mediana y gran envergadura producto del rechazo al presupuesto nacional 2022. El hecho de que la oposición haya votado en contra, perjudica en trabajos importantes a la Provincia, que dependía de recursos nacionales para poder llevarlas a cabo, según entienden funcionarios del gobierno provincial y otros dirigentes políticos ligados al oficialismo.

Las obras que estaban en carpeta, en su mayoría, se iban a desarrollar con subsidios nacionales y, en otros casos, con financiamiento externo, pero que también dependían de la esfera estatal para poder iniciarse.

La Provincia se verá perjudicada no solo en el aumento del 70% al subsidio del transporte del Interior que estaba previsto, sino también en cómo se percibirán los más de 100 mil millones de pesos que debe recibir en concepto de coparticipación, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Pero las obras proyectadas de cara al año que viene son los ítems que más le duelen a Santa Fe. Es que sin recursos nacionales hay trabajos históricos y emblemáticos que ni siquiera se podrán licitar porque no son viables con fondos provinciales únicamente.

Entre ellas se destacan, por ejemplo, los nuevos ingresos a los puertos del Cordón Industrial, el puente Santa Fe-Santo Tomé, acueducto San Javier-Tostado, también el puente Reconquista-Avellaneda y la lista sigue.

Solamente pasó una semana desde que el gobierno del presidente Alberto Fernández sufrió la dura derrota política. La Cámara de Diputados rechazó el Presupuesto 2022, considerado clave para la negociación en curso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la reestructuración de la deuda.

Después de más de 20 horas de debate en las que el oficialismo buscó consensuar cambios, la oposición terminó por decantarse en contra después de un duro discurso del diputado Máximo Kirchner. Por 132 votos en contra, 121 a favor y una abstención, la Cámara Baja rechazó el proyecto presentado por el Ejecutivo, al mando del peronismo.

Ante este escenario, el presidente mantuvo este martes al mediodía en la residencia de Olivos una reunión de trabajo con 13 gobernadores, según informaron fuentes oficiales. Entre ellos estuvo el jefe de la Casa Gris, Omar Perotti.

El encuentro se mantuvo luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, los interpelara durante el fin de semana a través de un mensaje de Twitter en el que exponía: “Son ellos y ellas quienes deberán definir si rehacen sus presupuestos o si recortan gastos por la caída de recursos para cada provincia. Comparto el Informe General y el lunes enviaré a cada gobernador de manera individual el informe para que tomen la decisión correspondiente”.

La ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la Provincia de Santa Fe, Silvina Frana, contó a Mirador Provincial algunas de las que más ansiaban poder ejecutar a partir del año que viene, pero que “no será posible” al no contar con los recursos de Nación.

“Entre algunos de los proyectos y diseños que teníamos en mente se encuentra sin dudas todo lo que tiene que ver con el ingreso a puertos del cordón industrial de la provincia junto con un diseño para Arroyo Seco y General Lagos”, indicó.

A su vez, una obra que hace años que se viene reclamando y pidiendo y que estaba dentro de las posibilidades, si se hubiera aprobado el presupuesto, es “el puente Santa Fe-Santo Tomé”, del mismo modo que se pensaba llevar adelante trabajos con “el de Santa Fe-Paraná”, señaló Frana.

Otra obra de envergadura que quedará en stand by, de no remediarse esta situación presupuestaria, “es el acueducto San Javier-Tostado”, contó la funcionaria y explicó: “Nosotros, en estos dos años de gestión, venimos manteniendo un diálogo constante con Santiago del Estero y Salta, provincias integrantes de la cuenca del Salado, para que abran compuertas y envíen agua. Con buenos resultados, pero con permanente gestión porque dependemos de un río”.

El problema es que, en Santiago del Estero, antes de llegar a Santa Fe, “aparecieron zonas productivas que toman de ese caudal de agua y, en consecuencia, lo que llega a Santa Fe es cada vez menos, más aún en época de bajante”.

Por eso, el acueducto mencionado es muy importante, “no sólo para Tostado, que es donde llega el río salado, sino para la región, atravesando zonas del departamento San Cristóbal, donde hace años se toma agua con arsénico”, señaló Frana y enfatizó: “Era una obra más que emblemática”.

Toda esta infraestructura “la iba a financiar Nación con el fondo hídrico”, es decir, cada obra tenía un esquema diferente. En el caso del puente, por ejemplo, se pensaba en un “financiamiento externo”. Pero para ello, “nosotros tenemos que tener aprobado todo, porque hay un conjunto de obras que hay que hacer previas a la licitación del puente, que tienen que ver con las orillas con liberaciones de trazas y demás trabajos adicionales”, detalló la ministra.

Después, otra obra de envergadura que estaba en carpeta era “el puente que une Reconquista con Avellaneda”. “No sé cuál será el camino a seguir, pero hoy estas obras no están incluidas” de cara a las proyecciones del año que viene, se lamentó Frana.

Según entiende la funcionaria, “lo más triste (de que no se aprobó el presupuesto 2022) es que en realidad la moción fue pasarlo a revisión de comisión, donde seguramente se iban a buscar algunos acuerdos para cuestiones observadas y demás, pero se negaron”.

Por eso, “creo que esa opción fue un gesto real del oficialismo, con lo cual cualquier otro argumento que no sea la intencionalidad de la oposición que no sea votar en contra está de más. Se les dio la posibilidad de revisarlo”, aseveró Frana, y continuó: “Entiendo que se votó así como una postura política. No creo en la mala intencionalidad de que las obras no se hagan francamente, lo que pasa es que esa intencionalidad política tiene otras consecuencias. No se midieron las consecuencias justamente”.

“Además, había un artículo que indicaba que el jefe de gabinete podía tomar las medidas para cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que favorece a Santa Fe en la deuda. Ahora hay que ver cómo. Había un conjunto de cosas que favorecían a la Provincia. También estaban los subsidios al transporte, es decir, había un largo listado”, concluyó.

Ignacio Hintermeister El Litoral La provincia de Santa Fe está entre las más relegadas en la distribución provincial del gasto, según el análisis que hace del proyecto de Presupuesto Nacional 2022 el Instituto Argentino de Análisis Fiscal. Según el proyecto, la Administración Nacional prevé gastar en 2022 $ 13.336.520 millones; de este total, 76% ($ 10.085.663 millones) es imputable a alguna provincia, en tanto que el 24% se atribuye a gasto interprovincial. En ese esquema, detalla Iaraf que Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia homónima “acumulan el 58% del gasto” por concentrar empleados públicos y población. “Son seguidas por las provincias de Córdoba, Santa Fe y Mendoza, con un 6%, 5% y 4% respectivamente”. “Para analizar el presupuesto con una visión económica es conveniente relativizar el gasto por provincia a su cantidad de habitantes”, advierten los autores. Y es allí dónde Santa Fe pasa a contabilizar sólo 156.706 pesos por habitante, sólo por encima de Corrientes, Entre Ríos y Misiones, la más relegada, con $ 139.073. En este reparto, la administración de Alicia Kirchner recibe el equivalente a $ 266.132 por habitante de Santa Cruz. La Ciudad de Buenos Aires encabeza la lista con $ 932.320 “per cápita” (explicado por la imputación a esta jurisdicción de los gastos centrales de la administración de gobierno en Argentina). El informe del Iaraf detalla además las inversiones en obra pública, sumando las Inversiones Reales Directas (IRD) del gobierno central en territorios subnacionales, y las Transferencias de Capital (TC) que la Casa Rosada realiza para que los gobernadores realicen licitaciones.

Siempre según el proyecto de ley, la Casa Rosada le asigna al territorio de Buenos Aires $ 208.618 millones. A CABA le contempla $ 185.611 millones. A la provincia administrada por Alicia Kirchner, $ 40.192 millones y a Santa Fe $ 39.044 millones ($ 27.943 millones en IRD y  $ 11.101millones en TC). Cabe destacar aquí que “no se dispone de la información desagregada geográficamente” para la distribución de fondos sin destino provincial predeterminado. Allí están, por ejemplo, las transferencias que tienen como destinatario AYSA (la empresa de aguas y cloacas que administra la esposa de Sergio Massa) que opera en C.A.B.A. y el Conurbano bonaerense, “las cuales explican buena parte del monto de las Transferencias de Capital clasificadas como interprovinciales”.

Escasa asignación de obra pública, menor en seguridad y en salud pública, son algunas de las advertencias que presentaron los legisladores provinciales de la Unión Cívica Radical acerca del proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos y Recursos de la Nación presentado ante el Congreso.

“El presupuesto nacional para el año 2022 genera muchas dudas y discrimina a Santa Fe”, es el título del pronunciamiento firmado por Felipe Michlig, titular del bloque de senadores, y por Maximiliano Pullaro, jefe del bloque de diputados.

La primera parte del texto advierte que en lo macroeconómico prevé la continuación de una apreciación cambiaria porque el tipo de cambio se mueve por debajo de la inflación, “lo que significa pérdida de competitividad para la economía, afecta tanto al que exporta como a quien produce para el mercado interno, agrava el problema del sector externo y pone freno al propio crecimiento que el Gobierno estima alcanzar”. Enseguida aclara que “9 de cada 10 pesos del presupuesto son para atender gastos corrientes, es decir sólo $ 1 es para inversión pública en gastos de capital”.

Acota que “el Gobierno, por un lado, reconoce que aun no pagando al FMI va a tener un déficit de más de 3 billones de pesos, es decir 3 millones de millones de pesos. Pero, por otro lado, minimiza el financiamiento con emisión del Banco Central diciéndonos que va a conseguir recursos del mercado de capitales y de organismos internacionales”.

“Por un lado, anticipa que no va a pagar a uno de los organismos internacionales más grandes, y por otro lado confía que más del 80% del déficit lo va a solventar con financiamiento voluntario de organismos y del mercado. Nos parece que se oculta una emisión superlativa para 2022 lo cual será echar más nafta al fuego de la inflación”.

A Michlig y Pullaro les preocupa “tener otro año con aumento de presión tributaria, porque los recursos crecen por encima del producto bruto nominal. Los que crecen muy por encima del producto son el Impuesto a las Ganancias y a Bienes Personales, con claro impacto en la clase media”.

Marca el texto que se conocieron valores de indicadores del mercado de trabajo y de pobreza en niveles de alarma, pero el proyecto de presupuesto nacional prevé una caída en la participación en el gasto del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Luego, el documento se detiene en partes del presupuesto que inciden directamente sobre la provincia.

“Los santafesinos aportarán unos $ 980.000 millones a la recaudación del Estado Nacional en 2022 y el gasto público en territorio santafesino será de solo $ 548.215 millones. Es decir que regresará a Santa Fe apenas el 55% de lo que los santafesinos aportaron”. Acotan que “Santa Fe contribuye en aproximadamente un 10% del valor bruto de la producción argentina, y continúa siendo relegada, ya que recibe poco más de un 5% del total para obras públicas, el que dista no solo de lo aportado, sino del propio porcentaje de coparticipación federal”.

Otro ítem del documento es la baja participación asignada a Santa Fe en áreas críticas. “Mientras se sobreactúa el apoyo nacional para resolver el problema de la inseguridad en la provincia, el presupuesto nacional prevé que sólo un 2% del gasto en Seguridad se destine a Santa Fe. En el caso de Salud, es de apenas el 0,6%. En Desarrollo Social y Obras Públicas no llega al 5%. Eso es mucho menos de la participación de la población santafesina en la población del país y mucho menos de la participación de Santa Fe en la economía nacional. En Santa Fe se produce el 10% de la riqueza del país”.

Acota que en los gastos para contratación de obras de inversión con incidencia en años futuros Santa Fe solo tiene $ 8.060 millones sobre los $ 141.445 millones o sea apenas un 5,7%, y en el caso de todos los proyectos previstos para el 2022 es menor aún, ubicándose en un 4,7%.

Destaca que en el presupuesto 2022 “increíblemente se excluyen compromisos de obras establecidas en los presupuestos de los sucesivos gobiernos kirchneristas -particularmente de Cristina Fernández-, como lo son la autovía de la Ruta 11, el puente Reconquista Goya, la reconversión del Puerto de Santa Fe y particularmente del puente Santa Fe-Santo Tomé comprometido por el propio Néstor Kirchner, entre otras, reiterando el nivel de incumplimiento para con los santafesinos”.

Por último plantea duda con la autopista de la ruta 33 “prometida en sucesivos presupuestos y que para el 2022 la plantean con la solicitud de endeudamiento y dentro de un marco complejo para la Argentina”.

El documento radical refleja que “los fondos destinados a universidades también preocupa. El proyecto de presupuesto contiene más de $ 41.000 millones por debajo de lo que el Consejo Interuniversitario Nacional solicitó como necesidades mínimas. Son $ 2.256 millones de menos para las universidades nacionales con sede en la provincia”, en alusión a las casas de estudio de UNL, UNR, UNRaf y las sedes de la Tecnológica.

Un párrafo del documento de Michlig y Pullaro es sobre la decisión expuesta en el Presupuesto “de que no prevé cumplir con la deuda que tiene el Estado Nacional con la Provincia, la cual ya tiene fallo de la Corte Suprema y todas las cuestiones técnicas que faltaban resolver están allanadas. Por el fallo de San Luis, se sabe qué criterio de actualización se debe aplicar y la Corte siempre dejó abierta la instancia de que Nación y Provincia lleguen a un acuerdo. Ahora hay gobiernos nacional y provincial del mismo signo y ¿cómo puede ser que no haya acuerdo? Evidentemente hay una decisión del Gobierno Nacional de no pagar esa deuda, o al menos de estirar en el tiempo para que se siga licuando, combinado con una pasividad cómplice del gobernador Omar Perotti, que ayuda a que el Gobierno Nacional se salga con la suya”.

La candidata a senadora nacional, Clara García, y el candidato a diputado nacional, Gonzalo Saglione, del Frente Amplio Progresista (FAP), cuestionaron el proyecto de Presupuesto nacional enviado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, al Congreso de la Nación. “Más allá del análisis detenido que requiere, en una simple lectura se identifican tres aspectos que impactan negativamente sobre la economía santafesina y que deben ser revisados por nuestros legisladores antes de votarlo”, afirmaron.

“Uno de los mayores impactos sobre la economía santafesina lo provoca la prórroga hasta 2024 de las retenciones sobre la soja, que por Ley 27.541 vencía el 31 de diciembre de este año. Durante este año el estimado de recaudación en concepto de aranceles de exportación es de $ 566.000 millones, mientras que para el presupuesto 2022 esa cifra se eleva a $ 1.074.000 millones, es decir un 100% más que 2021”, analizó García y sostuvo: “Es inconcebible que el gobernador y nuestros legisladores avalen esta prórroga y semejante aumento. Es vital que nuestros representantes en el Congreso defiendan a quienes producen y trabajan en Santa Fe, y no al gobierno de su color político”.

Asimismo, García y Saglione advirtieron que la provincia “fue ignorada una vez más en cuanto al pago de la deuda de coparticipación reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Se trata de la deuda que el ex gobernador Hermes Binner exigió ante el máximo tribunal en 2010, por recursos de coparticipación detraídos indebidamente. La provincia de Santa Fe obtuvo un fallo favorable en 2015 y se estima que esa obligación asciende hoy a más de $110.000 millones.

“En ninguno de los 95 artículos que tiene el proyecto de ley se hace referencia al pago de este fallo”, lamentaron García y Saglione. “Es una deuda que generó el kirchnerismo, que el macrismo nunca pagó, que Alberto Fernández tampoco honra, y que ni los senadores ni los diputados nacionales de Santa Fe están reclamando”, señalaron.

Por último también apuntaron que la provincia de Santa Fe figura, una vez más, en las últimas posiciones en cuanto a obra pública per cápita asignada. Según afirmaron, la inversión pública nacional presupuestada para 2022 deja a Santa Fe en el puesto N° 20, de un total de 24 jurisdicciones. “Se sigue repitiendo la historia de los últimos años, en la que nuestra provincia está relegada por las decisiones de la Casa Rosada”, cuestionaron García y Saglione.

En este sentido, de los $1.437.000 millones que el gobierno nacional estima ejecutar de gastos de capital durante 2022, apenas $39.000 millones se invertirán en la provincia de Santa Fe. “Mientras Santa Fe aporta más del 10% del PBI nacional, recibirá apenas el 2,7% de los fondos previstos para obras públicas nacionales, tales como rutas, viviendas, obras hídricas, acueductos, etc.”, plantearon los candidatos a legisladores.