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    <title>Sur24</title>
    <subtitle>Todo el sur, todo el día, todos los días.</subtitle>
    <updated>2026-10-18T23:30:28+00:00</updated>
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            El Gobierno propone eliminar la movilidad automática de la AUH en el Presupuesto 2027
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                <![CDATA[Mauro L. Muñoz]]>
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        </author>
        
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/NeGk_BgS5QOD9QIOSFfYB3XAPF0=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://sur24cdn.eleco.com.ar/media/2026/10/comision.webp" class="type:primaryImage" /></figure><p>El debate del Presupuesto 2027 entró en conflicto sobre una política social central en el país: el Gobierno propone en el artículo 17 eliminar la movilidad automática de las asignaciones familiares, el mecanismo que permitió sostener la política de contención en la gestión de Javier Milei.</p><p>El martes, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados continuará la discusión con las exposiciones del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. El oficialismo pretende dictaminar el 28 y llevar el proyecto al recinto el 18 de noviembre, fechas todavía no confirmadas formalmente.</p><p>Mientras continúa el cronograma previsto, crecen los reclamos para que el proyecto de marcha atrás con la quita de la actualización vía inflación de la Asignación por Embarazo (AUE), la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares.</p>Alcance de las derogaciones<p>El conflicto se concentra en el breve artículo 17, que dice: “Deróganse los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley N° 27.160”. El primero establece la movilidad de los importes y de los límites y rangos de ingreso para acceder al beneficio; los otros regulan su cálculo por ANSES y la aplicación inicial.</p><p>Esta fórmula fue instaurada por el propio gobierno libertario en 2024. El Decreto 274 estableció que las asignaciones y prestaciones previsionales de ANSES pasarían a actualizarse todos los meses según la inflación de dos meses previos, argumentando que en ningún caso podría resultar una disminución del haber que percibe el beneficiario.</p><p>Antes de llegar a este sistema, el cálculo del dinero de la AUH pasó por varias etapas. Cuando fue creada en 2009 bajo el gobierno de Cristina Kirchner se actualizaba discrecionalmente por decretos una o dos veces al año. En 2015, la gestión de Mauricio Macri sancionó la Ley 27.160, que las acopló la Movilidad Jubilatoria, con aumentos obligatorios y automáticos dos veces al año mediante una combinación de la recaudación de ANSES y aumento salarial. Luego tuvo otro cambio en 2020 con Alberto Fernández donde pasó a revisarse cada tres meses.</p><p>Ahora, de prosperar la derogación, no desaparecerían las prestaciones ni habría una reducción de montos; sino que se borraría la obligación de ajustarlos mediante la fórmula que contempla el IPC. El proyecto no establece otra regla ni una periodicidad obligatoria: así, los aumentos quedarían sujetos a decisiones del Poder Ejecutivo.</p>Impacto en el poder de compra<p>El alcance del cambio aparece con claridad en informes de la Oficina de Presupuesto del Congreso. La OPC muestra cómo la evolución que tuvo durante años el valor real de la AUH fue variable debido a la creciente inflación que atravesaba el país: cada aumento tenía una recuperación inmediata, seguida de una pérdida gradual hasta el ajuste siguiente.</p>La AUH recuperó poder adquisitivo tras la devaluación de fines de 2023 y la posterior aplicación de los aumentos mensuales siguiendo el IPC. Fuente: OPC a valores de septiembre de 2025, según INDEC.<p>Entre diciembre de 2019 y noviembre de 2023, la AUH tocó un mínimo al finalizar ese período producto de la devaluación dispuesta por Milei apenas asumida la presidencia. Luego, el Gobierno dispuso un aumento extraordinario del 100% para recuperar lo perdido y con la movilidad mensual con un IPC relativamente estable permitió proteger ese ingreso.</p><p>En contraposición, la Prestación Alimentar no cuenta con esa movilidad: sus valores dependen de aumentos discrecionales y su poder de compra repitió el patrón de recuperaciones transitorias y posteriores caídas. La OPC calcula para Alimentar un promedio real que descendió drásticamente desde diciembre de 2023. Como contrapunto, marca que el Plan 1.000 Días mantuvo su recomposición también gracias a la indexación mensual posterior de 2024.</p>Sin fórmula de movilidad automática, la Prestación Alimentar mostró sucesivas pérdidas de poder adquisitivo con aumentos discrecionales. Fuente: OPC a valores de septiembre de 2025, según INDEC.<p>En el Presupuesto 2027 enviado por el Ejecutivo, la OPC proyecta $9,2 billones para AUH y AUE, con una suba de apenas 0,7% real y unos 4,1 millones de beneficiarios previstos. Las asignaciones familiares contributivas contarían con $5,2 billones, 5,7% más en términos reales. Alimentar, en cambio, tendría $3 billones, creciendo 8% nominal, pero con una caída del 10,5% real.</p>Planteos y reclamos<p>UNICEF Argentina y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) llevaron la preocupación a una comisión de Diputados. Las instituciones señalaron que las transferencias de ingresos representan el 88% del presupuesto nacional destinado a niñas, niños y adolescentes y advirtieron sobre la eliminación de su garantía de movilidad.</p><p>El proyecto asigna $21,5 billones a políticas de niñez, 7% más en términos reales sobre el crédito vigente de septiembre. Pero, según UNICEF, faltaría sumar cerca de $1,5 billones al gasto previsto para 2026 para cubrir las actualizaciones automáticas hasta diciembre. Con esa base corregida, el crecimiento real de 2027 prácticamente desaparece.</p><p>“Proteger los recursos destinados a niñas, niños y adolescentes y garantizar su ejecución efectiva es fundamental”, planteó Sebastián Waisgrais, de UNICEF, ante los diputados integrantes de la comisión de Familias, Niñez y Juventudes.</p>La oposición cuestionó la quita de la garantía en partidas destinadas a la niñez y adolescencia. Foto: HCDN.<p>En la Cámara, la objeción ya no proviene solamente de los bloques de la oposición más férrea. Uno de los espacios cuyos votos necesita el oficialismo para sancionar el Presupuesto, la UCR, también se expresó este domingo en favor de conservar la actualización por inflación de AUH, AUE y ayuda escolar, además de revisar los artículos de discapacidad.</p>La respuesta de Hacienda<p>En la primera audiencia de Presupuesto, Victoria Tolosa Paz cuestionó a Carlos Guberman por el artículo 17 y preguntó por qué se buscaba dejar los aumentos sujetos a decisiones administrativas. El secretario de Hacienda defendió otro objetivo: “Lo que nosotros queremos hacer es [...] sostener una determinada cobertura de la canasta básica alimentaria”.</p>Desde el Palacio de Hacienda, el secretario Carlos Guberman argumentó que la meta es calibrar los montos para cubrir la canasta básica alimentaria y ordenar los márgenes fiscales. Foto: HCDN.<p>Su argumento fue que los alimentos pueden subir más que el índice general, por lo que una movilidad por IPC no siempre garantiza igual capacidad de compra de comida. “Nuestra intención es que eso se sostenga a lo largo del tiempo”, afirmó. El compromiso oficial apunta a que la combinación de AUH y Alimentar cubra al menos 95% de una CBA; no establece, sin embargo, qué ocurriría ante una inflación superior a la prevista.</p><p>La discusión también tiene alcance fiscal. Guberman explicó que Hacienda estima los ingresos, descuenta “los gastos que tienen alguna cláusula de ajuste automático” y reparte el margen restante. La derogación quitaría una obligación legal de ajuste, aunque el proyecto no cuantifica el eventual ahorro que se produciría de aprobarse esta medida.</p><p>Hacienda proyecta 18% de inflación a diciembre de 2027, contra 21,2% del último REM relevado por la OPC. La diferencia no supone por sí sola una pérdida determinada para los hogares: dependerá de cuánto y cuándo decida aumentar el Ejecutivo. Pero, de aprobarse el artículo 17, la garantía que estabilizó el valor real de la AUH ya no estaría escrita en la ley.</p>]]>
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/NeGk_BgS5QOD9QIOSFfYB3XAPF0=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://sur24cdn.eleco.com.ar/media/2026/10/comision.webp" class="type:primaryImage" /></figure>El Poder Ejecutivo busca derogar la actualización por inflación de las asignaciones familiares, dejando los futuros aumentos a criterio administrativo y generando críticas de la oposición y organismos internacionales.]]>
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                                                <category term="nacionales" label="Nacionales" />
                                <updated>2026-10-18T23:30:28+00:00</updated>
                <published>2026-10-18T23:28:50+00:00</published>
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            La inversión educativa crecería 5,6% en 2027 pero seguiría lejos de los niveles de 2023
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                <![CDATA[Mariela Goy]]>
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        </author>
        
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/iCLtHgqGNJFYTCMzbUqKiNHlO2E=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://sur24cdn.eleco.com.ar/media/2024/01/aulas.jpg" class="type:primaryImage" /></figure><p>El proyecto de Presupuesto 2027 prevé una recuperación de la inversión nacional en educación después de varios años de caída, aunque los recursos seguirían muy por debajo de los niveles registrados en 2023. Según un informe de Argentinos por la Educación, la función “Educación y Cultura” tendría un incremento nominal del 27,2% respecto de la previsión de cierre de 2026, que se traduciría en una mejora real del 5,6% si se cumple la inflación promedio del 20,5% proyectada por el Gobierno.</p><p>Aun con esa recuperación, el gasto educativo nacional representaría en 2027 apenas el 0,79% del Producto Bruto Interno (PBI), frente al 1,42% que alcanzaba en 2023. De acuerdo con el informe elaborado por Javier Curcio, Tomás Besada y María Sol Alzú, la inversión quedaría así un 44,4% por debajo de la de aquel año. Además, sería el cuarto año consecutivo en que el financiamiento educativo nacional se ubicaría por debajo del 1% del PBI.</p><p>El análisis toma como referencia tanto los recursos asignados a la Secretaría de Educación como el conjunto de gastos de la Administración Pública Nacional incluidos en la función “Educación y Cultura”. En valores constantes de 2026, el gasto pasó de $ 16,7 billones en 2023 a $ 9,4 billones en 2024 y $ 8,7 billones en 2025. Para 2026 se proyectan $ 8,8 billones y para 2027, $ 9,3 billones.</p>Gasto en la función Educación y Cultura en millones de pesos constantes de 2026 y como porcentaje del PIB. Ejecutado de 2017 a 2025, previsión de cierre para 2026 y presupuestado para 2027 a partir del Proyecto de Ley de Presupuesto 2027.Universidades: casi sin variación<p>La distribución de los recursos muestra diferencias importantes según el nivel educativo. Las universidades nacionales continuarían concentrando la mayor parte del presupuesto de la Secretaría de Educación: el programa Desarrollo de la Educación Superior representaría el 80,1% de los recursos en 2027.</p><p>Para la educación universitaria se prevé un aumento nominal del 20,9%, prácticamente equivalente a la inflación proyectada, por lo que la mejora real sería de apenas 0,3%. Según el informe, el presupuesto universitario pasaría de representar el 0,71% del PBI en 2023 al 0,53% en 2027.</p><p>Los autores también advierten que los recursos previstos para el próximo año no contemplan una recomposición compatible con la aplicación plena de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria. De acuerdo con sus estimaciones, cumplir con esa normativa implicaría una ampliación presupuestaria real cercana al 30% respecto de 2026.</p><p>Javier Curcio, uno de los autores del informe, señaló que, en el caso de la educación superior, resulta fundamental garantizar el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario por el papel de las universidades nacionales en la formación de profesionales, la generación de conocimiento y el desarrollo económico y social.</p>"Los recursos previstos para el próximo año no contemplan una recomposición en las universidades compatible con la aplicación plena de la Ley 27.795 de Financiamiento", señalan los autores. Foto: Luis Cetraro.Alfabetización y educación obligatoria<p>El escenario es diferente para los programas destinados a Educación Obligatoria y Superior No Universitaria. Para 2027 se proyecta un incremento nominal del 34%, equivalente a una mejora real del 11,2% frente a 2026.</p><p>Uno de los principales motores de ese aumento será el Plan Nacional de Alfabetización, que tendría asignados $ 773.830 millones, un 38,3% más que el crédito vigente de 2026. El 75,8% de esos recursos ($ 586.781 millones) se destinaría a la universalización de la jornada extendida.</p><p>También están previstos fondos para promoción de la lectura, materiales educativos, el Fondo Red de Alfabetización y acciones de formación docente orientadas a la alfabetización.</p><p>Sin embargo, la recuperación parte de un nivel muy inferior al de años anteriores. La educación obligatoria y superior no universitaria representaba el 0,32% del PBI en 2023 y pasó al 0,08% en 2025. El informe proyecta que se mantendrá en ese nivel tanto en 2026 como en 2027.</p>Variaciones porcentuales nominales de distintos conjuntos de partidas presupuestarias entre el gasto ejecutado en 2025, la previsión al cierre de 2026, y lo presupuestado para 2027, según el PdL de Presupuesto 2027. Comparación con la inflación proyectada para 2026 (IPC +PdL) y 2027 (PdL).Matemática: nueva política sin partida<p>El proyecto incorpora para 2027 el Compromiso Federal por la Matemática, establecido mediante la Resolución 513/26 del Consejo Federal de Educación. La iniciativa contempla acciones relacionadas con la extensión de la jornada escolar, materiales pedagógicos y recursos digitales, formación docente, evaluación y monitoreo, además de la participación de las familias y la comunidad.</p>Plan de alfabetización y jornada extendida se llevan gran parte del presupuesto destinado a Educación Obligatoria. Foto: Mauricio Garín<p>El informe advierte, no obstante, que el proyecto de Presupuesto no identifica una partida específica para financiar esta política. Por ese motivo, los autores señalan que no es posible determinar a partir del presupuesto cuánto dinero será destinado concretamente a estas acciones.</p>Becas y otros ítems<p>El proyecto también contempla incrementos nominales para otros programas. Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes tendría una suba del 35%; Información y Evaluación de la Calidad Educativa, del 87,57%; Acciones de Formación Docente, del 113,65%; e Infraestructura y Equipamiento, del 22,89%.</p><p>Estos porcentajes, sin embargo, deben leerse en función del peso que cada programa tiene dentro del presupuesto de la Secretaría de Educación. Según el informe, evaluación representa el 0,6%, formación docente el 0,2% e infraestructura y equipamiento apenas el 0,3%.</p><p>En el caso de la Secretaría de Educación en su conjunto, el proyecto prevé un aumento nominal del 23% respecto de la previsión de cierre de 2026, que equivaldría a una mejora real del 2,1%.</p>Una recuperación todavía parcial<p>La evolución de los últimos años permite dimensionar el escenario previsto para 2027. Después de alcanzar el equivalente a $ 16,7 billones constantes de 2026 en 2023, el gasto nacional en Educación y Cultura cayó a $ 9,4 billones en 2024 y a $ 8,7 billones en 2025. La proyección para 2027, de $ 9,3 billones, supone una recuperación frente a los niveles más bajos, pero todavía deja una brecha considerable respecto de 2023.</p><p>El informe también ubica estos cambios en el contexto de la modificación del esquema de financiamiento educativo nacional. Desde el ejercicio 2026 fue derogado el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que establecía desde 2006 el objetivo de alcanzar una inversión consolidada de Nación, provincias y Ciudad de Buenos Aires equivalente como mínimo al 6% del PBI. Según el documento, esa meta solo se había alcanzado en 2015.</p><p>El financiamiento educativo argentino está descentralizado: las provincias concentran aproximadamente el 75% del gasto público destinado a educación y tienen a su cargo el sostenimiento de las escuelas de los niveles inicial, primario y secundario, además del superior no universitario. La Nación, en cambio, concentra principalmente el financiamiento de las universidades nacionales y de programas y políticas educativas de alcance federal.</p><p>Para Javier Curcio, la mejora prevista para 2027 en alfabetización y en las iniciativas vinculadas con Matemática constituye una señal a considerar, pero debe analizarse dentro de la caída acumulada de los últimos años. “Mejorar los aprendizajes requiere programas específicos, pero también una inversión sostenida y suficiente para fortalecer las capacidades del sistema en todos sus niveles”, sostuvo.</p>]]>
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/iCLtHgqGNJFYTCMzbUqKiNHlO2E=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://sur24cdn.eleco.com.ar/media/2024/01/aulas.jpg" class="type:primaryImage" /></figure>El proyecto de Presupuesto prevé una recuperación real de los recursos destinados a Educación y Cultura, aunque la inversión nacional representaría apenas el 0,79% del PBI. Sería el cuarto año consecutivo por debajo del 1%, según un informe de Argentinos por la Educación.]]>
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                                <updated>2026-10-01T22:34:18+00:00</updated>
                <published>2026-10-01T22:34:11+00:00</published>
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            Diputados acelera el tratamiento del Presupuesto 2027 y proyectos clave del Gobierno
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                <![CDATA[Redacción Sur24]]>
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/HSipN559h-ikFEHhUptWMDIVctA=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://sur24cdn.eleco.com.ar/media/2026/09/camara_de_diputados_1.webp" class="type:primaryImage" /></figure><p>En un esquema inusual de actividad continua, la Cámara de Senadores de la Nación celebró sesiones las últimas dos semanas, en las que dio curso a varios de los proyectos que el Gobierno de Javier Milei considera clave, como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la Ley de Inocencia Fiscal II, entre otros reclamados desde el Ejecutivo.</p><p>Allí, como es público y notorio, todavía resta dar cuenta de la que es en realidad la iniciativa que más desvela en Casa Rosada: la eliminación de las PASO. A priori, el proyecto sigue generando resistencias en aliados clave, lo que torna complicado llevarlo al recinto, y además, a juzgar por las advertencias que ha hecho la Cámara Nacional Electoral, se achican los tiempos, tal cual detalla el sitio especializado Parlamentario.com.</p>Senado de la Nación este jueves. Crédito: HCSN<p>La CNE advirtió sobre la necesidad de que los temas electorales se resuelvan en los años pares. Claro que puede haber excepciones, no siempre esas prerrogativas son atendidas. El caso más reciente fue la suspensión de las últimas PASO, que se votó en el Senado el 20 de febrero de 2025. En extraordinarias, sí, pero en año electoral al fin.</p><p>En Diputados el panorama de aquí al final del período ordinario tiene un organigrama que contempla fundamentalmente la ley de leyes, prevista con el tiempo suficiente, cuestión de que pueda aprobarse en el Senado dentro del actual período ordinario. Con viento a favor.</p><p>Para las próximas semanas, las autoridades de la Cámara de Diputados diagramaron con los bloques aliados y dialoguistas un esquema que contempla, por ejemplo, algo que ya está en agenda para esta semana: una reunión informativa sobre el proyecto de ley de defensa de la soberanía.</p><p>La iniciativa, que llegó al Congreso el 17 de septiembre pasado será analizada en comisiones el miércoles próximo. Será a partir del mediodía, en una reunión informativa de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, presididas por los oficialistas Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, respectivamente.</p><p>La idea es que esa iniciativa tenga dictamen el martes 6 de octubre, cuestión de poder llevarla al recinto al día siguiente. A priori, cuando el presidente Javier Milei la anunció por cadena nacional, el 3 de septiembre pasado, dio por sentado que esperaba contar con un acuerdo amplio con la oposición para la aprobación de esa ley: "Podemos discutir sobre cualquier otra cosa, pero este tema demanda una pausa, demanda que hagamos nuestras armas a un lado y mostremos un frente unido ante el mundo", expresó. Y concluyó: "Malvinas es una de esas causas que están por encima de cualquier diferencia política".</p>¿Persecución?<p>El tema es que si bien no se esperan mayores reparos para lo que son sanciones más severas de las que tenía la ley original de 2011 -cuestionarán el término "derogación" de la Ley 26.659, en lugar de modificación, pues eso podría hacer caer las sanciones oportunamente dispuestas-, los agregados de ese proyecto son los que albergarán seguramente objeciones.</p><p>Sucede que el proyecto va más allá del tema Malvinas, pues incorpora un artículo al Código Penal de la Nación que reprime con prisión de 5 a 12 años a quien "actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado extranjero, organización o agente realizare actividades que alteren procesos electorales o manipulen a la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva".</p><p>Ya muchos alertaron que estas medidas pueden ser utilizadas como herramientas de persecución contra la prensa. Incluso contra la sociedad civil, con el argumento de la existencia de "agentes extranjeros".</p><p>Para el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, el artículo 111 "crea un nuevo tipo penal inspirado en Putin, Orbán, Erdogan, Maduro y Bukele. El objetivo de Milei es tener una herramienta de persecución política penal, bajo la excusa de proteger a la Nación de campañas de desinformación promovidas o financiadas por actores extranjeros".</p><p>Varios juristas y representantes de ONG han advertido sobre la ilegalidad de la medida, lo que hace presumir una discusión intensa en el Congreso que echa dudas sobre la celeridad de su aprobación.</p>Imagen ilustrativa. Crédito: Fernando Nicola<p>La intención oficial es llevar el texto a la sesión del 7 de octubre. Y ese mismo día tratarían el nuevo régimen para Discapacidad, que consiguió un trabajoso dictamen para la semana pasada. Deberán estar para entonces las garantías de que lo acordado vaya a figurar en el Presupuesto 2027, eso sí.</p><p>Depende de lo que suceda esta semana con los proyectos sobre endeudamiento, el tema podría sumarse a esa sesión. Y no habría que descartar un rápido tratamiento ese mismo día para el proyecto que vuelve del Senado sobre el Banco Central. A priori, eso no está en el organigrama original y debe recibir también dictamen.</p><p>Los tiempos del Presupuesto</p><p>Lo más importante a tratarse de aquí hasta fin de año es la ley de leyes, claro está.</p><p>Según se supo, las fechas de reuniones informativas sobre el tema son las siguientes: los días martes 13, miércoles 14, martes 20, miércoles 21 y martes 27 de octubre. La fecha del dictamen debería ser el 28 de octubre, reservándose el miércoles 4 de noviembre para la sesión en la que debería tener media sanción.</p><p>De cumplirse ese cronograma, les quedarían tres semanas a los senadores para dar cuenta del tema.</p>Biocombustibles<p>La Cámara de Diputados recibió el proyecto de ley de reforma integral del régimen de biocombustibles que obtuvo media sanción en el Senado el pasado 17 de septiembre. El expediente CD-76/26, que regula las actividades de elaboración, almacenaje, comercialización, mezcla y autoconsumo de biocombustibles en todo el territorio nacional, fue girado a las comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda para su análisis.</p><p>La iniciativa llegó a la Cámara baja luego de un extenso debate en el Senado, donde fue aprobada el pasado 17 de septiembre por 41 votos a favor y 25 en contra, tras incorporar modificaciones consensuadas entre el oficialismo y sectores de la oposición dialoguista. Según se destacó durante la discusión, el texto final recogió aportes de diversos proyectos presentados por senadores de distintos bloques y espacios políticos.</p><p>El proyecto establece un nuevo marco regulatorio para la actividad con una vigencia de 15 años y declara de interés público las actividades vinculadas a los biocombustibles por su contribución a la seguridad energética y a la transición hacia energías más limpias. La autoridad de aplicación será la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía.</p><p>Uno de los aspectos centrales es la modificación de los porcentajes mínimos obligatorios de mezcla. Para el gasoil, se mantiene inicialmente un corte de biodiésel del 7,5%, que se elevará al 10% a los doce meses de la sanción de la ley. En el caso de las naftas, el porcentaje obligatorio de bioetanol pasará del 12% al 15% al cabo de un año. Además, se preserva un piso del 6% para el bioetanol de caña de azúcar y otro 6% para el producido a partir de maíz, mientras que el porcentaje restante podrá abastecerse con otras materias primas autorizadas.</p><p>La iniciativa también crea un sistema de comercialización basado en un mercado electrónico de acceso público, donde elaboradores y mezcladores podrán negociar precios y volúmenes mediante mecanismos transparentes administrados por un organismo independiente. Asimismo, habilita la celebración de contratos a término para el abastecimiento destinado al cumplimiento de los cortes obligatorios.</p><p>Entre otras disposiciones, el texto autoriza cortes superiores a los mínimos obligatorios, promueve el uso de vehículos flex fuel, habilita la inyección de biometano en la red de gasoductos y libera la comercialización del combustible sostenible de aviación (SAF o Biojet). También contempla la importación de biocombustibles para mezclas superiores a las obligatorias o en casos de falta de abastecimiento interno.</p><p>En materia impositiva, mantiene la exención del Impuesto a los Combustibles Líquidos y del Impuesto al Dióxido de Carbono para los biocombustibles habilitados, gravando únicamente la porción fósil cuando se trate de mezclas. Además, deroga la Ley 27.640 y crea un período de transición para el mercado de biodiésel que se extenderá hasta el 1 de enero de 2036.</p><p>Ahora será el turno de la Cámara de Diputados, donde las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda deberán emitir dictamen antes de que el proyecto pueda ser debatido en el recinto.</p>]]>
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/HSipN559h-ikFEHhUptWMDIVctA=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://sur24cdn.eleco.com.ar/media/2026/09/camara_de_diputados_1.webp" class="type:primaryImage" /></figure>La Cámara baja definió un cronograma de trabajo para avanzar con reformas estratégicas antes de fin de año, mientras persiste la incertidumbre sobre la eliminación de las PASO en el Senado.]]>
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                                                <category term="nacionales" label="Nacionales" />
                                <updated>2026-09-28T02:56:24+00:00</updated>
                <published>2026-09-28T02:55:19+00:00</published>
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            Nación quiere que los usuarios cubran el 88% del costo de la luz y el gas en 2027
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                <![CDATA[Redacción Sur24]]>
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/zd96Iuft4r7EozMUr5d--XmMuek=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://sur24cdn.eleco.com.ar/media/2026/09/alta_tension.webp" class="type:primaryImage" /></figure><p>El Gobierno nacional proyecta para 2027 una nueva reducción de los subsidios destinados a la energía y el transporte, con el objetivo de que los usuarios cubran una proporción cada vez mayor del costo real del sistema.</p><p>Según el proyecto de Presupuesto presentado para el próximo año, la cobertura promedio de los costos de abastecimiento energético mediante las tarifas superaría el 88% durante 2027 y avanzaría posteriormente hacia el 91%.</p><p>El planteo forma parte de una estrategia que busca disminuir la participación del Estado en el financiamiento de los servicios públicos. Sin embargo, la meta presupuestaria no implica que todas las facturas vayan a aumentar en un mismo porcentaje: el impacto dependerá del tipo de usuario, el nivel de subsidio que reciba y la evolución de los costos energéticos.</p>El Gobierno nacional proyecta para 2027 una nueva reducción de los subsidios.Menos subsidios y mayor cobertura del costo energético<p>El proyecto de Presupuesto prevé que las transferencias corrientes destinadas a subsidiar energía y transporte pasen de representar el 0,64% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2026 al 0,53% en 2027. En términos nominales, el gasto asociado a estos subsidios bajaría de unos USD 5.200 millones a aproximadamente USD 4.400 millones, de acuerdo con el análisis citado por Infobae del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el Conicet.</p><p>En términos nominales, el gasto asociado a estos subsidios bajaría de unos USD 5.200 millones a aproximadamente USD 4.400 millones, de acuerdo con el análisis citado por Infobae del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el Conicet.</p><p>Dentro del sector energético, uno de los principales recortes estaría concentrado en las transferencias destinadas a CAMMESA, la compañía que administra el mercado eléctrico mayorista. El objetivo es reducir progresivamente la diferencia entre lo que cuesta abastecer de energía al sistema y lo que pagan los usuarios a través de sus facturas.</p><p>El esquema previsto para 2027 se apoyaría en tres mecanismos. Por un lado, una recomposición del precio mayorista que pagan los usuarios. Por otro, una focalización de los subsidios en los hogares que cumplen con los criterios del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.</p>Aumentaría la asistencia destinada a quienes utilizan garrafas.<p>El tercer componente está relacionado con una menor participación estatal en empresas del sector, en un contexto en el que avanza el proceso de privatización de ENARSA.</p><p>La situación actual muestra una diferencia importante entre los usuarios. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los hogares pagan en promedio alrededor del 54% del costo de la energía, mientras que el Estado cubre el porcentaje restante. Para 2027, el Presupuesto plantea llevar la cobertura promedio por encima del 88%.</p><p>En el caso de los usuarios residenciales que no reciben subsidios, la cobertura proyectada sería todavía mayor: el Gobierno estima que llegarían a afrontar el 94,62% del costo. Para los hogares incluidos en el régimen focalizado, en tanto, la proporción alcanzaría el 64,27%, frente al 25% que actualmente pagan, según los datos difundidos en el análisis.</p><p>El régimen focalizado alcanza actualmente a unos 8,8 millones de usuarios de electricidad, 5,2 millones de usuarios de gas por redes y alrededor de 3 millones de hogares que utilizan gas envasado.</p>Qué puede pasar con las facturas y los subsidios<p>El proyecto también contempla cambios en el esquema de asistencia para el gas. Mientras se prevé una reducción del subsidio que llega a los hogares con gas de red a través del precio mayorista, aumentaría la asistencia destinada a los hogares alcanzados por el régimen focalizado y a quienes utilizan garrafas.</p><p>En particular, los fondos destinados al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas y al nuevo programa de Garrafas de 10 kilos, que reemplaza al Programa Hogar, pasarían del 0,02% al 0,07% del PBI.</p><p>El Gobierno también incorporó en sus proyecciones macroeconómicas una inflación del 18% para 2027, un crecimiento real del PBI del 4% y un tipo de cambio nominal de $1.847,6 para diciembre del próximo año. Estos supuestos son relevantes para el cálculo energético porque una parte importante de los costos del mercado mayorista está vinculada al dólar.</p><p>Por ese motivo, todavía no es posible establecer cuánto aumentaría una factura particular durante 2027 a partir de la meta del 88%.</p><p>El propio análisis citado por Infobae advierte que existen diferencias entre los usuarios que actualmente pagan el costo completo y aquellos que reciben subsidios, además de posibles modificaciones en los criterios de acceso y en los límites de consumo subsidiado.</p><p>En septiembre, el Gobierno había elevado de 150 a 200 kWh mensuales el límite de consumo bonificable para determinados usuarios residenciales de electricidad del AMBA y estableció una bonificación extraordinaria del 25%, que se suma a la bonificación base. Para ese mes, se había previsto un aumento promedio de 1,75% en electricidad y de 1,40% en gas natural.</p><p>En el caso de Santa Fe, el impacto concreto sobre las facturas eléctricas deberá analizarse además en función del esquema tarifario provincial y de la distribuidora.</p><p>Por eso, la meta nacional del 88% debe entenderse como una pauta general del Presupuesto 2027 y no como un porcentaje de aumento que ya esté definido para cada usuario.</p>]]>
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/zd96Iuft4r7EozMUr5d--XmMuek=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://sur24cdn.eleco.com.ar/media/2026/09/alta_tension.webp" class="type:primaryImage" /></figure>El proyecto contempla una reducción del peso de los subsidios a la energía y al transporte. La meta oficial es que las tarifas cubran, en promedio, más del 88% del costo de abastecimiento energético durante el próximo año.]]>
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                                <updated>2026-09-22T15:20:59+00:00</updated>
                <published>2026-09-22T15:20:52+00:00</published>
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            Nueva discrepancia con el Ejecutivo: el enojo de Patricia Bullrich por los cambios no informados en Discapacidad
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                <![CDATA[Nancy Balza]]>
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/jWgcKpqnOdSKGw5z1xyt_MaRVPU=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://sur24cdn.eleco.com.ar/media/2026/02/discapacidad_1.webp" class="type:primaryImage" /></figure><p>La política partidaria está al rojo vivo (no importa de qué sector se lea esto); el Congreso Nacional tiene una agenda tan intensa que los menos de dos meses y medio que restan para que termine el período ordinario (el 30 de noviembre) parecen muy escasos; algunos números de la economía preocupan como la inflación mayorista, la actividad industrial y el desempleo, y se avecina una nueva marcha universitaria que podría repetir la misma postal que se vio el 23 de abril de 2024 cuando salieron decenas de miles a las calles a reclamar financiamiento para las casas de estudio.</p><p>En medio de un panorama complejo, en el que la cuestión Malvinas reinterpretada en un proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional del Ejecutivo busca espacio urgente en la agenda legislativa, en las últimas horas volvió a crujir la calma en el seno el partido gobernante: Patricia Bullrich, jefa de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, volvió a marcar diferencias con el gobierno nacional. Y van..</p>Patricia Bullrich, presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza y un nuevo desacuerdo con la forma de operar del gobierno nacional. Foto: Archivo.<p>Fue en un tema particularmente sensible, como el de discapacidad. ¿El motivo? Los cambios incorporados al proyecto de Presupuesto que vuelven aún más frágil la situación de un sector particularmente afectado por el ajuste. Tanto así es que Diputados tiene en estudio una prórroga por un año de la Emergencia en Discapacidad y el próximo miércoles se reunirán las comisiones para definir un dictamen en ese sentido.</p>Las razones de la senadora<p>El enojo de Bullrich fue porque, según aseguró este jueves, no estaba informada de estos cambios que figuran en el capítulo VI “De las Jubilaciones y pensiones” del proyecto elaborado por Economía y enviado antes de que termine la noche del 15 de septiembre.</p><p>Ese mismo día, martes, se había reunido la mesa política que lidera la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, en la que el Presupuesto y la necesidad de impulsarlo y aprobarlo en el Congreso fue uno de los temas principales del orden del día.</p><p>A esa reunión son convocados integrantes del Ejecutivo junto con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y Bullrich como principal interlocutora en el Senado, a falta de vínculo con la vicepresidenta Victoria Villarruel.</p><p>“No me tomen por tonta”, dijo Bullrich para expresar su descontento por no haber sido informada de un contenido que inmediatamente generó rechazo.</p><p>Histórica y multifacética referente política, sabe que en la arena legislativa no se puede defender lo que no se conoce, aunque ya probó que puede cuestionar aún aquello que impulsa su actual partido.</p><p>No es la primera vez que la senadora se diferencia de la conducción del Ejecutivo. Lo hizo cuando presentó su declaración jurada con anticipación en plena polémica por el incremento patrimonial del ex vocero Manuel Adorni, investigado ahora por presunto enriquecimiento ilícito.</p><p>También cuando invocó objeción de conciencia y se abstuvo de votar por el retiro del pliego de María Verónica Michelli, candidata a jueza de un tribunal oral en La Plata.</p><p>Michelli fue impugnada por Casa Rosada por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. El pliego se aprobó junto con varias decenas de postulantes, pero su nombre no quedó incorporado a las designaciones que aparecen en el Boletín Oficial.</p><p>Además, la senadora y ex rival de Milei en las presidenciales de 2023 marcó sus diferencias en el tema económico para pedir que se aceleren los resultados porque la gente la estaba pasando mal.</p>La Mesa Política del Gobierno se reunió el martes 15, el mismo día en que venció e plazo para enviar e Presupuesto al Congreso. Foto: Archivo.<p>Y ahora dejó en claro su disgusto por no haber sido informada del contenido de la “ley de leyes” en materia de discapacidad; un “error no forzado” que podría malograr el resultado del partido-debate en el recinto. En este punto, una aclaración: el Presupuesto se empieza a debatir en comisiones de Diputados que es la cámara de origen. En principio, no se espera que el tema arranque su presentación antes de la primera semana de octubre.</p>Las razones del rechazo<p>Para comprender por qué los artículos relacionados con discapacidad despertaron alertas entre los propios organismos de Discapacidad además de la oposición, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia hizo un primer análisis del proyecto de Presupuesto 2027, al que tituló “Cambios de reglas, discrecionalidad y el impacto en derechos fundamentales”.</p><p>Allí establece que el proyecto introduce transformaciones “de corte regresivo”.</p><p>A través de los artículos 39 y 41, se elimina la homogeneidad del Nomenclador de Prestaciones Básicas, habilitando a cada ente obligado a fijar unilateralmente sus propios aranceles con los prestadores: “Esto&nbsp;crearía un factor estructural de desigualdad, empujando a los beneficiarios de los organismos que abonen tarifas más bajas a enfrentar menor oferta o peor calidad de atención, en abierta contradicción con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.</p><p>Otro aspecto que preocupa es que “se deroga la Pensión No Contributiva creada por la Ley de Emergencia en Discapacidad, que garantizaba la compatibilidad con el trabajo formal, y restringe el acceso a la pensión tradicional por invalidez laboral, mientras el programa Incluir Salud registra un recorte del 13,9% respecto de 2026 y del 19% frente a 2023”.</p>“Bomba atómica”<p>En el mensaje que acompaña el proyecto de Presupuesto se describen en primer lugar las prioridades establecidas por el gobierno: Equilibrio fiscal sostenido; Acompañamiento social sin intermediaciones; Fortalecimiento operativo, equipamiento y modernización de seguridad y defensa, y Desregulación y transformación del Estado.</p><p>“El equilibrio fiscal también continuará siendo el ancla fundamental en el último año de este primer mandato, en línea con el compromiso firme asumido por el gobierno desde el inicio de la gestión, junto con políticas orientadas a priorizar la contención social de los sectores más vulnerables y a revalorizar el trabajo como eje integrador y ordenador de la sociedad”, explica más adelante.</p>Javier Milei en la Cadena Nacional donde anunció el envío del proyecto de ley de Soberanía Nacional al Congreso. Foto: Archivo.<p>Mientras, avisa que “se continuará fortaleciendo las áreas de defensa nacional y seguridad interior, con el fin de resguardar la soberanía territorial y garantizar a la población condiciones de seguridad y orden público que permitan su pleno desarrollo en libertad”.</p><p>En principio, nadie puede anticipar que esas políticas vayan a defender al gobierno del efecto de las “bombas atómicas” sobre sus propios pares. Esa es la figura bélica que eligió Bullrich para definir el contenido desconocido del Presupuesto.</p><p>Conocedora del lenguaje gestual, este viernes se la vio llegando a su oficina y escuchar (y tararear) “No me importa” mientras atendía su agenda. Otra clara desmarcación de Milei, quien hace años subió a Lali Espósito, autora de la canción elegida por la senadora para empezar el día, al múltiple podio de sus enemigos.</p>]]>
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/jWgcKpqnOdSKGw5z1xyt_MaRVPU=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://sur24cdn.eleco.com.ar/media/2026/02/discapacidad_1.webp" class="type:primaryImage" /></figure>La senadora nacional dijo que no le informaron del contenido de la “ley de leyes” en un tema tan sensible. Es, al menos, la cuarta vez que se diferencia del Presidente. Para la quinta eligió una canción de Lali.]]>
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                                <updated>2026-09-19T10:00:03+00:00</updated>
                <published>2026-09-19T10:00:00+00:00</published>
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