Mediante un decreto publicado este jueves, el Gobierno nacional ajustó las partidas presupuestarias vigentes, con el objetivo de priorizar la la seguridad, habilitar avales para el endeudamiento de las provincias y garantizar el pago de los compromisos con organismos internacionales.

El decreto 186/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, implementó una redistribución de partidas presupuestarias con el fin de fortalecer sectores esenciales:​

Seguridad: Se incrementaron los recursos destinados al Ministerio de Seguridad para mejorar el monitoreo de personas procesadas o condenadas.​

Salud: Se asignaron más fondos al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad, enfocándose en la auditoría de pensiones por invalidez.​

Educación: Se restableció la vigencia del artículo 7 de la Ley 26.075, que garantiza la distribución automática de fondos educativos a provincias y municipios.​

Como parte de las medidas de ajuste fiscal, se redujeron las transferencias estatales a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). Simultáneamente, se reforzaron los aportes a Energía Argentina S.A. (ENERSA) para cubrir gastos asociados a la obra hidroeléctrica Cóndor Cliff - La Barrancosa, en Santa Cruz.​

El decreto establece nuevas herramientas financieras:​

Deuda de distribuidoras eléctricas: Se implementó un régimen especial de regularización para las distribuidoras con deudas en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), permitiendo planes de pago de hasta 72 cuotas. Además, se lanzó un programa de créditos para las distribuidoras que han cumplido con sus compromisos.​

Financiamiento provincial: Se autorizó al Gobierno nacional a otorgar avales para que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires accedan a créditos externos. También se permite saldar deudas provinciales mediante la entrega de bienes inmuebles estatales.​

El Gobierno aprobó pagos al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) por USD 2,5 millones en tres cuotas anuales y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD 436,9 millones en siete cuotas. Asimismo, se ratificó la emergencia en el sector energético hasta el 9 de julio de 2025, manteniendo el esquema de reducción gradual de subsidios.​

Estas modificaciones reflejan la estrategia del Gobierno de redistribuir los recursos con un enfoque en la seguridad y el equilibrio fiscal. Al mismo tiempo, busca ordenar las cuentas públicas sin descuidar el financiamiento de las provincias ni los compromisos internacionales.

Se pretende ajustar el gasto público, sin dejar de priorizar las áreas esenciales y con el fin de buscar mecanismos eficientes de financiamiento, en línea con su objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal.

El gobierno suspendió el debate en comisión del Presupuesto 2025 pero dejó abierta la posibilidad de convocar a extraordinarias para aprobar esa ley en caso de que hubiera acuerdo con los bloques dialoguistas.

El anuncio corrió por parte del presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, quien comunicó la suspensión de la reunión prevista para la tarde para emitir dictamen y tratarlo el jueves próximo en el recinto de sesiones.

"Que quede claro: la voluntad de esta comisión y el Poder Ejecutivo es seguir trabajando para lograr los consensos necesarios para tener presupuesto 2025", agregó Espert.

Y señaló que "si en las próximas semanas hubiera avances en este sentido, el Poder Ejecutivo evaluará la posibilidad de convocar a extraordinarias para su tratamiento", según explicó en una conferencia de prensa en la Cámara baja, en la que no aceptó preguntas de los periodistas.

En este escenario, el oficialismo deberá esperar hasta la convocatoria a sesiones extraordinarias porque mañana vence el plazo para firmar los dictámenes.

Ahora se aguarda la postura que tendrán los bloques que estaban dispuestos a respaldar al Gobierno como la UCR y el PRO, e Innovación Federal.

La decisión del Gobierno de suspender el debate sobre el Presupuesto 2025 fue cuestionada en duros términos por los presidentes de los bloques de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, y de Unión por la Patria (UxP), Germán Martinez.

El Gobierno NO quiere Presupuesto 2025, nunca lo quiso. Se siente más cómodo sin una ley sancionada por el Congreso y sin el control parlamentario. La reconducción del Presupuesto 2023 da vía libre a un ajuste aún más insensible.

En declaraciones a los periodistas, Martínez sostuvo que "si algo dejó en claro el anuncio de Espert es que, como veníamos diciendo hace tiempo, el Gobierno no quiere ley de presupuesto para el año 2025".

"Lo dijimos desde el primer momento, lo dijimos desde que el ministro de Economía no quiso venir a la Cámara de Diputados a exponer, desde que el presidente de la Comisión de Presupuesto nunca dio un cronograma de avance con los distintos funcionarios para poder llegar al debate del contenido del presupuesto. Y lo dijimos inclusive el jueves de la semana pasada en la propia reunión de presupuesto", añadió.

El Gobierno NO quiere Presupuesto 2025, nunca lo quiso. Se siente más cómodo sin una ley sancionada por el Congreso y sin el control parlamentario. La reconducción del Presupuesto 2023 da vía libre a un ajuste aún más insensible.

Para Martínez, "el mundo ideal para Milei era no tener ley de Presupuesto para tener una enorme discrecionalidad en materia presupuestaria y tener vigente el DNU 846/2024, que es el DNU que le permite hacer lo que quiera con la deuda externa, inclusive yendo en contra de los requisitos que impone el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera respecto a los plazos, a los montos y a los intereses que se pagan de la deuda", añadió.

Por su parte, el jefe del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano, dijo que el Gobierno "no quiere Presupuesto 2025, nunca lo quiso. Se siente más cómodo sin una ley sancionada por el Congreso y sin el control parlamentario. La reconducción del Presupuesto 2023 da vía libre a un ajuste aún más insensible".

La Cámara de Diputados de la Nación retomó este jueves las reuniones en la Comisión de Presupuesto y Hacienda por la ley del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2025.

Luego de las diferentes exposiciones de funcionarios nacionales durante las últimas semanas, la comisión que preside el diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, comenzó con el debate de los legisladores sobre el proyecto.

Sin embargo, más allá de la intención del oficialismo de acelerar el dictamen, se decidió postergar la discusión hasta el martes próximo, debido que aún sigue trabado el acuerdo entre el oficialismo y los gobernadores sobre las demandas que piden las provincias.

Esta postergación del despacho no cambia la estrategia de buscar la aprobación del proyecto de gastos y recursos para el 2025 en una sesión que se impulsará para el próximo jueves.

En ese contexto, el debate en el Senado tendría que hacerse en sesiones extraordinarias, porque la Cámara alta siempre demora al menos 15 días para ese trámite y el período ordinario finaliza el próximo 30 de noviembre.

La postergación de la firma del dictamen permitirá que avancen las negociaciones entre los gobernadores de Juntos por el Cambio, Encuentro Federal e Innovación, cuyos diputados son los que están dispuestos a acompañar al Gobierno para que se apruebe el Presupuesto.

Incluso los gobernadores de todas las fuerzas políticas tenían previsto reunirse en la tarde de este jueves en la sede de la CFI, donde buscarán insistir en sus demandas para recibir mayores recursos y obras públicas.

Luego de las diferentes exposiciones de funcionarios nacionales durante las últimas semanas, la comisión de Hacienda comenzó con el debate de los legisladores sobre el Presupuesto 2025. Foto: HCDN.

Los mandatarios dialoguistas están pidiendo aumentar los fondos que reciben las provincias por coparticipación federal y obras públicas, además de una reforma del artículo primero para establecer qué sucederá si existen excedentes en la recaudación.

En este punto, fuentes parlamentarias señalaron a la agencia Noticias Argentinas que está avanzando una reformulación del artículo 1 del Presupuesto para que los excedentes de la recaudación se utilicen para bajar impuestos y deuda y "no para gastos discrecionales".

Sin embargo, reconocieron que aún no hay acuerdo para incorporar a la masa coparticipable un porcentaje de la asignación específica establecida en el impuesto a los combustibles que se destinaba al subsidio del transporte del interior del país. Se trata del 2,55 por ciento del Impuestos a los Combustibles destinado a la compensación para el transporte, que el oficialismo señala que se utilizará para otro destino dentro de la misma área.

Tampoco el Gobierno aceptó hasta el momento destinar un porcentaje del 1,9% de la recaudación para sostener la estructura de la ex AFIP y distribuir el excedente de los ATN que no se utilizaron.

Otro de los puntos que la oposición ya anticipó que no está dispuesta a acompañar es la ratificación del decreto sobre actualización de las jubilaciones, pero sí en cambio que se establezca la movilidad de las jubilaciones.

El vicepresidente de la comisión, Carlos Heller (UxP), anunció que el bloque presentará el próximo martes un dictamen propio del proyecto de ley de Presupuesto 2025 para ser discutido en la Cámara de Diputados.

Al comienzo de la reunión, señaló que los datos incluidos en el Presupuesto "son inconsistentes", y expuso como ejemplo que la estimación de la inflación a diciembre superará las previsiones del Gobierno y eso "representará una reducción de gastos".

En tanto, el jefe de bloque de UxP, Germán Martínez, resaltó que “nuestro dictamen es el único dictamen que está planteando el regreso de la obra pública a la Argentina y proyecta la recuperación de fondos para inversión real directa a través de transferencias de capital a provincias y municipios”.

“El Gobierno va a buscar una excusa para no tener presupuesto y que le quede vivo el DNU 846”, denunció el santafesino y agregó: “Nadie les garantiza a los que puedan acordar este presupuesto con el Ejecutivo que se va a cumplir en la medida en que el artículo 1 esté redactado, así como está”.

Por su parte, la diputada Vanina Biasi aclaró que el Frente de Izquierda tendrá dictamen propio, al considerar que el proyecto presentado por el Ejecutivo es “un dibujo” que “consagra las políticas del Gobierno nacional de este año de enormes recortes a sectores sensibles de nuestra sociedad, como a la educación y salud”. Y remarcó que “tiene que ser absolutamente rechazado porque recorta la educación, la salud, deja prácticamente sin fondos, como hemos denunciado, a toda el área para asistir a enfermos de VIH. Han recortado todas las todo lo que tiene que ver políticas asistenciales de mujeres y diversidades”.

A su turno, el diputado Christian Castillo (FIT-U) aclaró que el dictamen del bloque será “de rechazo”. En su discurso, Castillo se quejó de que el presupuesto del Gobierno “no dice cuánto va a caer la pobreza, cuánto van a crecer los salarios reales, cuánto va a estar la desocupación, que es lo que a nuestro entender debería plantearse como objetivo de los gastos en función de los recursos que tiene un Estado”.

En tanto, el santafesino Esteban Paulón lamentó que el proyecto “va a ser enviado al recinto tal como lo mandó el presidente”, y preguntó: “¿Para qué debatimos todas estas semanas? Creo que un ejercicio interesante de la comisión sería recetar diferentes modificaciones”.

“Si este Presupuesto no tiene cambios qué pasa con el acuerdo al cual habrían llegado los gobernadores de distintas provincias con el Gobierno. Hay muchas cosas que deberían resolverse en el Congreso, pero se resuelven afuera con cafecitos, reuniones. Si el acuerdo con los gobernadores son esos 6 puntos que están circulando es una actitud lamentable porque se les perdieron dos temas que son jubilaciones y universidades”, apuntó el socialista.

El mensaje con el proyecto de Presupuesto General de Gastos y Recursos para el 2025 contempla la autorización al Poder Ejecutivo para tomar deuda en todo el año venidero. "Son los mecanismos de financiamiento de corto y de largo plazo, que habitualmente se incluyen en el documento como herramientas tanto para suavizar los ciclos financieros como para potenciar la ejecución del plan de obras públicas en general", señala en los fundamentos el texto firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Economía, Pablo Olivares.

Los pedidos de autorización de endeudamientos apuntan al plan de obras públicas, al pago de deuda externa de la provincia; a obras para EPE y Assa y para equipar a municipios y comunas pero con una flota que administraría el gobierno provincial de acuerdo a las necesidades de los gobiernos locales.

El mensaje con el Presupuesto fue remitido a la Cámara de Diputados mientras que el proyecto con la Ley Tributaria 2025 fue remitido al Senado. El oficialismo legislativo de Unidos aún no definió el tratamiento aunque líderes parlamentarios estimaron que ambos mensajes quedarán para Extraordinarias en diciembre en un tratamiento paralelo.

"Todavía no hay fecha de tratamiento en la comisión" le señaló a El Litoral la radical Jimena Senn, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Hacienda donde quedó bajo análisis el mensaje del Ejecutivo.

En el Presupuesto 2025, uno de los capítulos refiere a las disposiciones financieras.

En sintonía con la Ley N° 12.510 de Administración Financiera, estableció en $ 100.000.000.000 el monto para operaciones transitorias de tesorería para el ejercicio 2025. "Con esto se apunta a garantizar la regularidad financiera necesaria para la ejecución presupuestaria cotidiana que permita atenuar los efectos provenientes de la estacionalidad intra-anual y ciclos recaudatorios dentro del ejercicio presupuestario", explicó Olivares.

Por otro lado, también prevé la autorización para la suscripción de instrumentos de deuda estrictamente para la ejecución de obra pública. En este punto, el Ejecutivo vincula el monto a autorizar a un 25% de la ejecución del gasto de capital resultante en 2024, "como para darle absoluta claridad y transparencia al uso del crédito y, asimismo, darle sostenibilidad a la programación en el tiempo de los trabajos públicos, apoyándose en los instrumentos financieros para ir potenciando, interanualmente, el piso de ejecución", añadió el ministro.

"Autorízase al Poder Ejecutivo a suscribir durante el ejercicio 2025 préstamos u otros instrumentos de deuda pública por un monto de hasta el 25% del total de la ejecución acumulada del gasto de capital realizada durante el ejercicio 2024 o su equivalente en otras monedas, con entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales para el financiamiento tota! o parcial de proyectos de inversión pública y/o adquisición de bienes de capital. Dicho endeudamiento podrá ser contraído mediante los mecanismos y/o instrumentos financieros que el Poder Ejecutivo juzgue más apropiados oportunamente, incluyendo sin carácter limitativo, emisiones de títulos de deuda pública en los mercados de capitales nacionales e internacionales", señala el artículo 42 del proyecto.

Otro los ítems previstos es para suscribir préstamos u otros instrumentos de deuda pública para la atención de las necesidades financieras que demandará la cancelación de los servicios de la deuda que ocurran en el ejercicio emitidos en moneda nacional o extranjera. "Esto sigue la lógica que se utiliza en el mercado de capitales para afrontar las amortizaciones, permitiendo al Ejecutivo evaluar al momento de pago la mejor opción de cancelación en línea con los costos financieros vigentes. Vale decir que la Provincia ya ha utilizado esta estrategia con anterioridad", recordó Olivares.

Sobre el final del ejercicio siguiente operará el vencimiento de 83 millones de dólares de títulos emitidos por Santa Fe durante la gestión de Miguel Lifschtiz en Nueva York. Esa operación la realizó un equipo provincial que encabezó el entonces ministro de Economía, Gonzalo Saglione, acompañado, entre otros por el propio Olivares. Durante la administración de Omar Perotti se produjo el vencimiento de parte de esa deuda que fue cancelada por la provincia.

Otro artículo busca autorización de endeudamiento para las empresas de servicios públicos EPE y ASSA, con el exclusivo fin de ejecución de proyectos de inversión en infraestructura y/o planes de mantenimiento de sus redes e instalaciones. En este punto el pedido de endeudamiento es "hasta 90 millones de dólares más los intereses y accesorios correspondientes, con el objeto de financiar la ejecución de proyectos de inversión en infraestructura y/o planes de mantenimiento de sus redes e instalaciones", dice el artículo.

Por último, en lo referido a autorizaciones para endeudamiento prevé diversas herramientas de apoyo y asistencia a municipios y comunas "que vienen en línea con lo planteado en años anteriores y que han sido de gran utilidad para facilitar su gestión financiera", agregó el ministro.

"Autorizase al Poder Ejecutivo a contraer deuda pública conforme a los términos que se establecen en la presente ley por hasta un monto $ 100.000.000.000 o su equivalente en moneda extranjera, ya sea en forma directa con proveedores, a través de préstamos bancarios o a través del mercado de capitales mediante la modalidad que se determine conforme a la reglamentación". El destino es para la adquisición de rodados, maquinarias, medios de transporte y otros equipos de uso habitual para la prestación de servicios públicos por parte del Gobierno Provincial y de los municipios y comunas de la Provincia.

De los 2.302 proyectos ingresados al Congreso durante el 2024, apenas el 5% involucran al agro, según el Informe Legislativo de Septiembre elaborado por la Fundación Barbechando. Esto evidencia una baja participación del sector en el debate parlamentario, pese a que varios temas de importancia para el campo aún esperan tratamiento. Entre ellos, se destaca el Régimen de Inversiones para el Desarrollo Agroindustrial (RIDA), cuyo tratamiento quedó trunco en el último tiempo. "Desde la Comisión, volverán a la carga", adelanta el informe, pero sin una fecha concreta para la reactivación del debate.

Otro tema clave es el proyecto de biocombustibles. En este caso, el apoyo de la producción de bioetanol busca generar un acuerdo entre oficialismo y sectores de la oposición para avanzar en la suba del corte obligatorio e incorporar el abastecimiento mediante licitaciones. Las provincias tienen un rol crucial en la definición final de este proyecto, lo que complica el consenso necesario para su aprobación.

En cuanto a las economías regionales, un nuevo régimen impulsado por la oposición peronista propone incentivos fiscales para fortalecer el empleo y desarrollar las producciones del interior. Una de las claves del debate será la definición de "economía regional", lo que podría ampliar o restringir los alcances de la medida.

En términos generales, el informe revela que las orientaciones de los bloques no priorizan al agro. El oficialismo presenta pocas iniciativas propias, centrándose en proyectos de declaración en apoyo a las expresiones del presidente. Por su parte, el Pro enfoca su agenda en la seguridad y relaciones exteriores, mientras que la UCR y Hacemos Coalición Federal priorizan proyectos relacionados con justicia, cultura y temas penales. Unión por la Patria, en cambio, impulsa proyectos vinculados con discapacidad, transporte, salud, pymes y obra pública.

En el contexto legislativo, oficialismo y oposición se marcan la cancha mutuamente. Se aprobó la ley de Financiamiento Universitario, pero el gobierno evalúa cómo financiarla sin vetarla, y al mismo tiempo se planifica la privatización de Aerolíneas Argentinas. Mientras tanto, el Congreso se prepara para comenzar el debate del Presupuesto 2025, cuyo principal enfoque es el equilibrio fiscal, algo que ya se ha definido como "innegociable".