A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 829/ 2002 el gobierno nacional modificó el presupuesto 2022 y, entre otras partidas, reasignó fondos para el transporte del interior del país.

Según el artículo 19 de la norma, que lleva la firma de Alberto Fernández y los ministros de su gabinete, se prorroga el ”Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País, por un importe de $48.000.000.000”.

En ese sentido, en el DNU explicaron que el objetivo de este reasignación presupuestaria es “continuar brindando un marco transicional que tienda a compensar posibles desequilibrios financieros a aquellas jurisdicciones asistidas en tal sentido por parte del Estado Nacional”.

Al mismo tiempo, aclaran que será el Ministerio de Transporte “el encargado de establecer los criterios de asignación y distribución de dicho fondo, como asimismo toda la normativa complementaria que resulte menester”.

Y cierra el artículo 19°: “Las provincias que adhieran a dicho fondo deberán juntamente con las empresas de transporte implementar el sistema de boleto único electrónico”.

La semana anterior, una de las partes intervinientes en el sistema de transporte urbano del interior del país había manifestado su preocupación por no saber si iban a contar con los fondos que finalmente se reasignaron este miércoles.

A través de un comunicado de prensa, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), advirtió que ante la falta de estos recursos no podrían afrontar la segunda cuota del aguinaldo y podrían realizar medidas de fuerza, concretamente, restringir los servicios.

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El Gobierno Nacional promulgó este jueves, de forma parcial, el Presupuesto 2023. Fue por una observación en uno de los artículos de la ley, referido a las tarifas de energía eléctrica. De esta forma, el Poder Ejecutivo vuelve a tener una norma de gastos e ingresos tras dos años en los que no hubo legislación de repartición de partidas por desacuerdos con la oposición.

A través del Decreto 799/2022, publicado en el Boletín Oficial que promulgó la Ley 27701. “Con la salvedad” de “observar el tercer párrafo del artículo 89 del Proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.701”, el Presidente ordenó que “se cumpla, promulgue y se tenga por Ley de la Nación” aquella normativa.

En un párrafo artículo 89 de la Ley dice que: “Dado el carácter de servicio público tanto de la distribución como del transporte de la energía eléctrica, el Estado nacional y las jurisdicciones provinciales deberán publicar, en un período no mayor a noventa (90) días, cuadros tarifarios que permitan a los distribuidores cumplir con las obligaciones resultantes del párrafo anterior”.

Ese fragmento del artículo fue definido en el ámbito del Congreso Nacional y dado que ese párrafo “regula cuestiones vinculadas con los cuadros tarifarios, las cuales no se ajustan a los marcos regulatorios vigentes, la elaboración, propuesta y ejecución de la política nacional en materia de energía, resulta potestad del Poder Ejecutivo Nacional”.

Entre esos compromisos, figuraba que “la Secretaría de Energía establecerá una unidad de medida de valor homogénea vinculada a las transacciones por consumos que asegure el valor del crédito e implementará un plan de regularización de deuda de hasta noventa y seis (96) cuotas mensuales”.

Por ello, “en virtud de lo expuesto, y toda vez que podría ser considerado como una intromisión en el ámbito provincial, ya que la regulación en el sistema de distribución de la energía eléctrica es de competencia provincial/municipal, excediendo las facultades delegadas a la Nación, resulta necesario observar el tercer párrafo del artículo 89 del proyecto de ley sancionado”.

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(Por Luis Rodrigo) – Con discursos que elogiaron la gobernabilidad y los acuerdos políticos maduros que ponen por delante de las diferencias partidarias las necesidades del Estado, la Cámara de Senadores de Santa Fe sancionó la Ley de Presupuesto 2023, sin tocarle una coma a la versión que sancionara el jueves 24 pasado Diputados.

En rigor, se trata de convalidar la negociación que la mayoría opositora en el otro cuerpo había logrado con el gobierno provincial. El ministro de Economía Walter Agosto puede decir sin exagerar que llevó a buen puerto las dos normas que necesitaba que se aprueben este año para el último de la gestión de Omar Perotti. Es más, las prendas de intercambio que el economista reservó para una y otra Cámara, las usó tal como las había previsto: primero con un cuerpo de mayoría justicialista que requiere siempre beneficios territoriales en obras y luego con los miembros de la oposición que en especial cuidan los intereses de las dos ciudades más pobladas.

En rigor, la noticia de la aprobación del Presupuesto tiene todo lo previsto en la primera media sanción del Senado, allá por el 20 de octubre pasado.

Diputados apuró el paso el último jueves del período ordinario de sesiones y el Senado hizo su parte este martes 29, sobre el filo de la finalización de esa instancia parlamentaria. A partir de diciembre y hasta mayo del año próximo la Legislatura sólo podrá tratar asuntos propuestos por el Poder Ejecutivo Provincial.

Sólo el día de la semana fue inusual. Todo lo demás resultó en los términos en que se esperaba que sucediera (desde octubre).

Para el tratamiento veloz que el Senado completó casi a las 17, la Cámara se constituyó en comisión y alteró el orden de la sesión, para tratarlo en primer lugar.

Unos minutos después lo mismo hicieron los representantes de los 19 departamentos con la norma tributaria.

En Diputados el tratamiento fue veloz y sólo representantes de la izquierda o centro izquierda parlamentaria: Rubén Giustiniani y Agustina Donnet (Igualdad), Carlos Del Frade (Frente Social y Popular), Dámaris Pachiotti (Ciudad Futura) y Fabián Palo Oliver (Alfonsinismo Auténtico).

El toma y daca entre diputados del socialismo y el radicalismo y la Casa Gris también incluyó al senador Alcides Calvo (PJ-Lealtad-Castellanos).

A diferencia de lo que ocurrió el jueves 24, cuando los diputados modificaron la versión aprobada por los Senadores, ahora no hubo ningún manifestante estatal en la explanada de la Legislatura. El reclamo por la creación de cargos para el Ministerio de Salud y en otras áreas de la administración pública no se agregó a la llamada ley de leyes.

Menos de cinco minutos le demandó a la Cámara de Diputados votar el mensaje del Poder Ejecutivo sobre el Presupuesto General de Gastos y Recursos para el 2023 pese a que el presidente del cuerpo, Pablo Farías, tuvo que esperar que funcionara correctamente el tablero electrónico. De los 48 presentes, sólo cinco votaron por el rechazo: Rubén Giustiniani y Agustina Donnet (Igualdad), Carlos Del Frade (Frente Social y Popular), Dámaris Pachiotti (Ciudad Futura) y Fabián Palo Oliver (Alfonsinismo Auténtico). Luego, hubo votos en contra o abstenciones en la votación en particular pero que solo quedaron para la versión taquigráfica.

La Cámara de Diputados tomó la decisión política de avanzar con el Presupuesto y la Ley Tributaria 2023 y aprobar ambos mensajes el jueves tras la Asamblea Legislativa que se prolongó por casi nueve horas. Antes una Sesión Conjunta había demandado poco menos de una hora para suspender a una fiscal.

A la decisión política de votar Presupuesto, Ley Tributaria y otros 28 proyectos de ley se sumó el acuerdo parlamentario para hacerlo sin exponer los fundamentos en el recinto. Era el cierre del año Ordinario y en el cajón quedaron varios temas por falta de acuerdo, entre ellos la transformación en ciudades de varias localidades de la provincia. La mayoría de los proyectos de ley votados tenían trabajo parlamentario previo, especialmente Presupuesto y Tributaria. El trabajo parlamentario fue interno en la Cámara, pero también en línea directa con el ministro de Economía, Walter Agosto, y con permanente información hacia el Senado. Alcides Calvo (PJ – Castellanos) se fue de Legislatura el jueves prometiendo que el martes -cuando la Cámara Alta reanude el cuarto intermedio- hará ley ambas iniciativas aceptando los cambios realizados en la Cámara Baja.

A la aprobación se llegó tras reuniones de la comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el radical Fabián Bastia y donde el justicialista Ricardo Olivera tuvo un rol de coordinación con Agosto y los senadores del PJ. Bastia, en tanto, línea directa con los senadores radicales que también están informados sobre los alcances. Es más, en la votación en la Cámara Alta, la minoría marcó diferencias en algunos artículos sabiendo que la revisión estaría en la Cámara Baja. Pero Olivera además debió tratar de ser nexo entre radicales y socialistas que atraviesan un divorcio que se expresa incluso en los trabajos en las comisiones.

Más allá de las coincidencias en general, hubo algunas diferencias a la hora de la votación en general. Fue Amalia Granata(Somos Vida) la primera que informó que no votaba un artículo, el 19. Se trata de la norma que fija los presupuestos para el ejercicio 2023 de la empresa Santa Fe Gas y Energías Renovables S.A.P.E.M., del Banco de Santa Fe S.A.P.E.M. (en liquidación), Radio y Televisión Santafesina, Ente Interprovincial Túnel Subfluvial ‘Raúl Uranga Carlos Sylvestre Begnis’, Unidad Ejecutora Biprovincial Acueducto Interprovincial Santa Fe – Córdoba, Laboratorio Industrial Farmacéutico S.E., Empresa Provincial de la Energía, Aguas Santafesinas Sociedad Anónima y del fideicomiso Programa Provincial de Producción Pública de Medicamentos. Más tarde, Walter Ghione (Uno) y Ximena Sola (Pro) hicieron lo propio con el artículo 23 que es el que fija las condiciones para el pase a planta permanente de trabajadores contratados. La redacción del citado artículo fue el que demandó más tiempo en la discusión en comisiones y se extendió incluso mientras se hacía la Asamblea Legislativa. Al mediodía, Upcn y ATE habían manifestado en la puerta de la Legislatura en reclamo de la redacción original de Casa Gris sobre el artículo. Sin embargo, la definición final dejó satisfechos a los gremios.

En tanto, Bastia anunció el voto en contra de los radicales de Evolución más Sebastián Julierac (Coalición Cívica) de los artículos 47 y 48. También adhirieron al rechazo Ghione y Sola.

El primero de los artículos autoriza al Poder Ejecutivo tomar préstamos por hasta $27.375.000.000 o su equivalente en otras monedas con entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, para la atención de las necesidades financieras que demandará la cancelación de los servicios de amortización de la deuda del ejercicio. El plazo mínimo de amortización deberá ser de 18 meses y el máximo de 10 años con tasa de interés que podrá ser fija, variable o mixta, con pagos de intereses mensuales, trimestrales, semestrales o anuales.

Sobre estos artículos hubo diferencias que terminaron siendo insalvables entre la oposición y la Casa Gris. Agosto, al retirarse de Legislatura la semana anterior explicó que el pedido de endeudamiento para el 2023 es menor que la cifra que la provincia debe abonar por deuda. “El 2023 terminará con menos deuda que este ejercicio”, dijo a los periodistas.

En cuanto a la Ley Tributaria, los cambios fueron acordados en el inicio de la semana y también tuvieron el voto de rechazo de los cinco legisladores de izquierda. En lo particular, Granata pidió que conste en acto su rechazo a los artículos 3, 8 y 10. El primero fija los importes mínimos a abonar por Inmobiliario. Los otros refieren al gravemen aplicado por Ingresos Brutos a determinadas actividades.

Agosto

El ministro de Economía, Walter Agosto, no solo tuvo la responsabilidad técnica de la elaboración del proyecto de Presupuesto y de la respectiva ley Tributaria con su equipo que lo secunda, sino que también asumió la negociación política técnica de las futuras leyes. Los proyectos llegaron a Legislatura habiendo sido informados los principales bloques de los alcances, incluso en reuniones en el despacho del primer piso de Casa de Gobierno. Después fue a la Cámara de Diputados y acordó con la comisión de Presupuesto y los jefes de bloques los posibles cambios que se fueron plasmando en la redacción final votada el jueves y que sancionará el Senado el martes venidero.

La ley tributaria define un aumento del Impuesto Inmobiliario Rural que será del 15 al 50% de acuerdo a los rangos. Iguales subas están previstas para la categoría Urbano y Suburbano. Para el ejercicio siguiente seguirá suspendido la aplicación de los coeficientes de convergencia para los tres tipos de Impuesto. Acá se mantuvo la distribución en 60% para municipios y comunas y 40 para el Tesoro.

En cuanto a Patente, se determina que la determinación del tributo para el año 2023 “no podrá superar en 50% el impuesto determinado para el período fiscal actual.

Bien entrada la noche, la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría dos mensajes claves para la administración del estado santafesino en el año próximo: Presupuesto General de Gastos y Recursos para 2023 y su correspondiente Ley Tributaria. Producto de reformas introducidas en la comisión de Presupuesto y Hacienda, ambos temas deberán ser revisados por el Senado que este jueves pasó a cuarto intermedio hasta el martes venidero para tratar ambos temas.

A la hora en que Diputados empezó la sesión ya no quedaban empleados estatales movilizados por Upcn y ATE en la explanada de la Legislatura. Habían estado en el lugar reclamando que el pleno legislativo respete la redacción del artículo 23 del Presupuesto que contempla el pase a planta de personal que reviste como contratados en el Estado. Precisamente la redacción de ese articulo demoró la aparición del dictamen y se fue discutiendo en pasillos mientras avanzaba la extensa Asamblea Legislativa. Con el justicialista Ricardo Olivera como interlocutor entre radicales, socialistas y el ministro Walter Agosto se fue cerrando la redacción. “Los necesarios para la incorporación a planta permanente del personal contratado – transitorio al 15 de diciembre de 2022, conforme a los convenios paritarios con los distintos sectores que integran el sector público” fue la fórmula encontrada para completar la extensa redacción de ese artículo.

Las demás diferencias habían sido zanjadas en la semana y como viene informando El Litoral se garantizaron en el Presupuesto partidas para seguridad en los aglomerados Santa Fe y Rosario, fondos para salud en Rosario y otros retoques que el Senado convalidará el martes venidero.

También la ley tributaria tuvo amplio consenso y ya el miércoles por la mañana tuvo el respectivo dictamen con mayores porcentajes del Impuesto Inmobiliario para municipios y comunas como compensación por el tope al aumento de patentes. Así, como en el presente ejercicio, el 60% de lo pagado por Inmobiliario quedará en manos de municipios y comunas y el restante 40% para el Tesoro provincial. Los otros dos cambios fueron sobre la actualización de escalas para el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos y los nuevos pisos para los tres bancos con sede central en la provincia a la hora de tributar Ingresos Brutos.

Diputados dedicó una semana para avanzar con los dos temas. El miércoles pasado, la Comisión de Presupuesto más los jefes de bloque y autoridades del cuerpo recibieron al ministro Walter Agosto en un encuentro que las partes consideraron productivo. Es más, legisladores ligados a la gestión municipal de Rosario señalaron que de cumplirse lo hablado en el encuentro iban a votar el proyecto. Precisamente los cambios tuvieron que ver con los fondos para esa zona de la provincia.

En el recinto, una sólida mayoría constituyeron el minoritario bloque oficialista más los socialistas, radicales de Evolución y Juntos por el Cambio que con diferentes argumentos luego avalaron el texto no sin marcar diferencias con la política de la Casa Gris. En cambio, los bloques de izquierda votaron por el rechazo de la norma y argumentaron también sus razones.

En un jueves atípico a nivel legislativo, la Asamblea Legislativa debió pasar a un cuarto intermedio poco después de las 15 de este jueves para permitir la apertura de la sesión de ambas cámaras. El Senado optó por pasar directamente a un cuarto intermedio hasta el martes mientras que Diputados optó por esperar el final de la extensísimo asamblea para votar ambos mensajes.

El martes cuando se sancione el Presupuesto, la administración de Omar Perotti tendrá la herramienta para el último año de gestión y le corresponderá enviar el correspondiente al 2024 cuando ya esté instalado el próximo gobierno.

A diferencia del año pasado en que sobre fines de 2021 la Legislatura sancionó la Tributaria con una moratoria incluida y dejó sin Presupuesto al Ejecutivo hasta marzo, este año, hubo negociaciones previas entre Economía y los principales bloques políticos que permitieron llevar a buen puerto el tema.

Los discursos para fundamentar el Presupuesto no cambiaron las posturas de los bloques y apenas sirvieron para engrosar la versión taquigráfica que será validada en el inicio de la próxima sesión.

La ley de Presupuesto fija para el ejercicio 2023 en $ 1.874.878.624.000 los gastos corrientes y de capital del Presupuesto de la Administración Provincial que comprende la Administración Central, Organismos Descentralizados e Instituciones de Seguridad Social. En cuanto a la estimación de recursos alcanza a $ 1.876.998.624.000.

La planta de personal prevista en la norma es de 141.697 agentes de los cuales 140.331 son permanentes y 1.366 temporarios.

Movilización de contratados

Upcn informó que este jueves los contratados de toda la provincia “realizaron demostraciones pacíficas en distintos puntos solicitando a los legisladores sea contemplado su pase a planta permanente, luego de tantos años de encontrarse en situación precaria”

Frente a la Legislatura, a los distintos nosocomios provinciales, en las diferentes reparticiones a lo largo y ancho de la provincia los trabajadores que revistan en diferentes modalidades de personal no permanente, se expresaron a viva voz para que su reclamo sea tenido en cuenta.

Sobre el final de la jornada, el gremio entendió que la modificación introducida al artículo 23° de la Ley de Presupuesto 2023 “no altera en nada lo que los compañeros anhelaban y la Upcn solicitara en la nota presentada ante el Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Fabián Bastía”..

Para el gremio, los trabajadores que vienen en calidad de personal no permanente con posterioridad al 31 de diciembre de 2018, podrán obtener la tan ansiada estabilidad laboral y sus plenos derechos.

El Senado de la Nación debatirá este miércoles, en una sesión especial, el proyecto de Presupuesto 2023, en una discusión que se extenderá por varias horas y en la que oficialismo -con votos propios y de fuerzas aliadas- buscará darle sanción definitiva a la iniciativa y enviarlo al Poder Ejecutivo para su promulgación.

La sesión, citada par las 14 horas, también incluirá la discusión del proyecto de ley, aprobado hace dos meses en Diputados, que prorroga por cinco años la vigencia de los impuestos a las Ganancias, a los Débitos y Créditos Bancarios, conocido como Ley del Cheque; del Monotributo, el Capital de la Cooperativa y el adicional de Cigarrillo, que vencen a fines de 2022, que en conjunto explican el 32% de la recaudación impositiva.

El proyecto de Presupuesto 2023 fue aprobado por la Cámara de Diputados en los últimos días de octubre, tras una extensa sesión en la que el Frente de Todos logró sancionarlo con votos propios, de fuerzas provinciales y de legisladores del radicalismo encuadrados en Juntos por el Cambio.

De hecho, en esa reunión, que se llevó a cabo entre el 25 de octubre y la madrugada del 26, el proyecto obtuvo 180 votos a favor, 22 votos en contra y 49 abstenciones y se convirtió en el que mayor cantidad de respaldos obtuvo en la Cámara baja desde 2012 a la fecha.

El proyecto de ley de Presupuesto 2023 pasó al Senado donde, tras dos reuniones de la Comisión de Presupuesto y Hacienda -celebradas el 2 y 3 de noviembre-, obtuvo dictamen de mayoría con las firmas de los legisladores del Frente de Todos y de su aliado de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck.

La primera de las jornadas sirvió para que los legisladores escucharan a los secretarios de Programación Económica, Gabriel Rubinstein; de Hacienda, Raúl Rigo; y de Finanzas, Eduardo Setti.

Al día siguiente, el interbloque que es la primera minoría en la Cámara alta logró las firmas necesarias para llevar el proyecto al recinto.

Sin embargo, el oficialismo se tomó una semana más antes de que el tema sea discutido en una sesión.

El gobernador reclamó este lunes a la oposición dejar de lado “chicanas y demoras”, y trabajar “codo a codo” para que la provincia de Santa Fe pueda tener votado en tiempo y forma el presupuesto 2023. Lo hizo desde la localidad de Aurelia y a horas de que su ministro de Economía, Walter Agosto, desembarque en la Cámara de Diputados para explicar los pormenores de la iniciativa.

“Ojalá la política entienda en serio que la gente necesita respuestas y que nos quiere ver trabajando juntos, codo a codo, sin chicanas y demoras, poniendo el esfuerzo para darle respuestas al día a día. Eso tiene que estar por encima de cualquier instancia, más allá de que el año que viene sea un año electoral”, respondió el mandatario cuando en conferencia de prensa, fue consultado sobre su expectativa respecto de la aprobación de la iniciativa.

Perotti recordó que desde el Poder Ejecutivo se cumplió con la exigencia constitucional de enviar el proyecto a las cámaras en los plazos establecidos, antes del 30 de setiembre. “La lógica de cumplir con ese plazo – explicó el mandatario- es dar octubre, noviembre y diciembre para que las cámaras parlamentarias tengan el tiempo suficiente para analizarlo y aprobarlo”.

Perotti confesó que su “deseo” es que la Legislatura pueda sancionar el presupuesto antes de fin de año, a diferencia de lo que sucedió con el que correspondía al ejercicio 2022, que recién fue aprobado a principios de este año. Sobre esa base, el mandatario aludió a las complicaciones que genera no contar con la ley votada antes de que comience el nuevo año.

“El deseo es que esté aprobado antes de fin de año. Porque cuando no se tiene presupuesto en tiempo y forma, sancionado antes de fin de año, hay complicaciones. No se dio el año pasado y eso generó muchos inconvenientes – recordó-, porque hay que reconducir el presupuesto del año anterior, hay obras que no están incluidas en ese proyecto, hay que resignar partidas y todo eso lleva tiempo. Tiempo – acotó- que demora el pago a proveedores, que demora los inicios de obras… Ojalá la política entienda en serio que la gente necesita respuestas y que nos quiere ver trabajando juntos”, insistió.

Como se dijo, el presupuesto provincial 2022 recién logró ser sancionado el 10 de marzo de este año. Y ello fue así, porque los cuestionamientos de la oposición en la Cámara de Diputados no permitieron zanjar las diferencias que se habían generado con el oficialismo. La discusión de diciembre se pospuso, entonces, hasta marzo.

El proyecto de presupuesto 2023 es el último que será ejecutado por la gestión a cargo de Omar Perotti. Prevé recursos totales por 1.876.998 millones de pesos y autorizaciones de gastos por 1.874.878 millones. En consecuencia, un superávit de 2.120 millones para el año que viene. En cuanto a las variables macroeconómicas, replica las que se utilizaron en el presupuesto nacional y que plantean, por ejemplo, una inflación anual del 60 por ciento.

La iniciativa ya fue aprobada casi en un trámite por la Cámara de Senadores, donde la oposición acompañó en la votación en general y se abstuvo en la votación de algunos artículos. Ahora, el desafío se presentará en la Cámara de Diputados, que ya fijó preferencia para tratarlo en las próximas semanas, incluso, antes de que concluya – el 30 de noviembre- el período de sesiones ordinarias.

Senadores oficialistas buscarán esta tarde emitir dictamen sobre el proyecto de Presupuesto 2023 en una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, para llevarlo al recinto durante la tercera semana de noviembre.

En el Senado, la iniciativa podría ser elevada dentro de dos semanas, ya que en siete días está prevista la presencia del jefe de Gabinete, Juan Manzur, para brindar su informe de gestión.

Para ello, el oficialismo necesita obtener el dictamen de mayoría que será puesto a la firma hoy, cuando la Comisión que preside el riojano Ricardo Guerra vuelva a reunirse a partir de las 15.

Ayer por espacio de casi cuatro horas, los legisladores del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio escucharon la descripción del proyecto de Presupuesto que brindaron los secretarios de Programación Económica, Gabriel Rubinstein; de Hacienda, Raúl Rigo; y de Finanzas, Eduardo Setti.

En tanto, luego, los senadores del Frente de Todos se reunieron con el ministro de Economía, Sergio Massa.

“Senadores y senadoras nacionales del interbloque @FrenteDeTodos se reunieron hoy con el Ministro @SergioMassa y su equipo económico para analizar los detalles del #Presupuesto2023 que comenzó a tratarse hoy en el @SenadoArgentina”, señaló anoche la bancada a través de la red social Twitter, un mensaje retuiteado después por el propio titular del Palacio de Hacienda.

➡️ Senadores y Senadoras Nacionales del Interbloque @FrenteDeTodos se reunieron hoy con el Ministro @SergioMassa y su equipo económico para analizar los detalles del #Presupuesto2023 que comenzó a tratarse hoy en el @SenadoArgentina ? pic.twitter.com/uU7qhaV9Md

— Senadores de TOD☀️S (@Senadores_Todos) November 3, 2022

El proyecto de Presupuesto 2023, que fue aprobado la semana pasada por la Cámara de Diputados, tiene como puntos centrales la previsión de un gasto global de casi $ 29 billones, un déficit fiscal de 1,9%, una pauta inflacionaria de 60% y destina el 70% de los recursos a rubros sociales.

La norma, modificada en su discusión de comisión y luego en el recinto de la Cámara baja, obtuvo 180 votos positivos, 22 negativos y 49 abstenciones, por lo que contó con el apoyo del oficialismo y de la oposición.

Con información de Telám.

El proyecto de Presupuesto 2023, aprobado por la Cámara de Diputados, comenzará a ser debatido este miércoles en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, con las exposiciones de los secretarios de Hacienda, Raúl Rigo, de Finanzas, Eduardo Setti, y de Programación Económica, Gabriel Rubinstein, entre otros.

De acuerdo con lo previsto, la reunión se desarrollará a partir de las 16 en el Salón Azul del Palacio Legislativo, y contará con la exposición de funcionarios nacionales.

Rigo, Setti y Rubinstein concurrirán a la comisión presidida por el senador oficialista Ricardo Guerra acompañados por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo; el secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk; el jefe de asesores de la Secretaría de Agricultura, Juan Manuel Fernández Arocena.

La intención del oficialismo de la Cámara alta es discutir el tema durante dos jornadas, miércoles y jueves, para luego prepararse para emitir dictamen.

El proyecto de Presupuesto 2023 tiene como puntos centrales la previsión de un gasto global de casi $ 29 billones, un déficit fiscal de 1,9%, una pauta inflacionaria de 60% y destina el 70% de los recursos a rubros sociales.

La norma, modificada en su discusión de comisión y luego en el recinto de la cámara baja, obtuvo 180 votos positivos, 22 negativos y 49 abstenciones.

La oposición logró bloquear artículos que propiciaban que jueces y empleados judiciales pasen a pagar el impuesto a las Ganancias y, en el marco de negociaciones en búsqueda de consensos, el oficialismo decidió excluir un artículo que permitía al Gobierno manejar las alícuotas de las retenciones al campo.

Además de los legisladores del FdT y de sus aliados, el proyecto también fue apoyado por el peronismo disidente y el radicalismo; en tanto la izquierda, la Coalición Cívica y los bloques de derecha se opusieron y el PRO se abstuvo.

Para alcanzar la sanción del Presupuesto 2023, en la Cámara alta el oficialismo necesita que todos sus senadores estén sentados en las bancas, además de los representantes de Juntos Somos Río Negro, del Frente Renovador de la Concordia y de Hay Futuro Argentina.

En declaraciones a la prensa, Guerra afirmó que el proyecto presentado por el ministro de Economía, Sergio Massa, “es realista” ya que asigna “prioridades en un marco de restricciones”.

El diputado nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, participó de la sesión legislativa especial en la que se trató el Presupuesto 2023, y justificó su voto en contra del artículo 81, respecto a la distribución del Fondo Compensador del Transporte Público Urbano. “El presupuesto tiene puntos importantes para Santa Fe. El mayor aumento de la inversión real directa desde Nación se produce en nuestra provincia en comparación con el resto de la Argentina. Esto significa autopistas, puentes, gasoductos, acueductos. Pero en otros no, como en el caso del Fondo de Compensación al Transporte Público Urbano. Queremos que los fondos se repartan de manera equitativa para todo el país”, indicó.

En este marco, el diputado explicó: “Hoy, cada colectivo del AMBA recibe 1,4 millones de pesos de subsidios. En el interior, cada colectivo recibe en promedio 283 mil pesos. Esta vergonzosa disparidad no se corrige, por lo que siempre terminamos discutiendo la posibilidad de que se aumenten los fondos para el interior. Nosotros no queremos solo que se incrementen los fondos, sino que éstos se distribuyan de manera equitativa, justa y transparente en todo el país”.

“Con lo cual, voy a votar en contra del artículo 81, porque no estoy de acuerdo con que el interior de la Argentina siga subsidiando a Capital y al Conurbano bonaerense. Este nivel de concentración, disparidad e inequidad en la distribución de los recursos públicos que aportan todo el país no puede seguir ocurriendo. Es insostenible construir un país de esta manera”, fustigó el legislador.

“Siempre remarco que la salida de la crisis no está en Plaza de Mayo, sino en el interior productivo de la Argentina. No voy a acompañar la profundización de las asimetrías entre el interior del país y el Área Metropolitana de Buenos Aires”, concluyó Mirabella.

El oficialismo logró el objetivo de dar media sanción al proyecto de Ley de Presupuesto 2023 en la Cámara de Diputados de la Nación. Pero no pudo obtener el aval del cuerpo al artículo 95, por el cual se pretendía delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de modificar los Derechos de Exportación (DEX), más conocidos como “retenciones”. La unidad de criterio de la oposición logró frenar ese intento y el oficialismo aceptó excluirlo.

Fueron más de 17 horas de debate. La votación en general del Presupuesto 2023 fue de 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones. Respecto de la delegación de facultades, la oposición argumentó su rechazo y el oficialismo aceptó eliminar el artículo, sin ponerlo a votación. Sergio Massa estuvo presente en el recinto, al momento de la sanción.

Entre las primeras reacciones del sector en Santa Fe, el presidente de la Sociedad Rural capitalina, Ignacio Mántaras, manifestó en redes sociales: “muchas gracias a aquellos diputados que escucharon el pedido de las entidades agropecuarias y lograron eliminar el Art. 95 del Presupuesto con el cual se delegaban facultades en materia de Derechos de Exportación al Poder Ejecutivo”. El dirigente también aprovechó para realzar la importancia de las instituciones del sector: “cuando preguntan para que están las entidades…”, dijo a modo de cierre.

Si el Congreso aceptaba ceder la potestad propia de fijar los DEX, producciones como carne, leche, maní, peras y manzanas, legumbres, olivo, yerba, cuero, lana y otras economías regionales hubieran podido ser castigadas con dos o tres veces más de carga impositiva, según un reporte previo de la Fundación Barbechando.

De esta forma, el gobierno habría podido aumentar las alícuotas de los Derechos de Exportación:

– Al 15% para todos los productos que tenían DEX 0% al 2 de septiembre de 2018 (Ej: maíz, trigo, girasol, carne, leche, maní, peras y manzanas, legumbres, olivas, madera, te, yerba mate, langostinos)

– Al 33% para todos los productos que tenían alguna alícuota de Derecho de Exportación al 2 de septiembre de 2018 (Ej: lana, cuero)

– Al 5% para los productos de las economías regionales definidas por el Poder Ejecutivo nacional.

“Si el Presupuesto se aprueba en estas condiciones, las provincias se van a seguir empobreciendo y algunas economías regionales quebrarán. Siempre que el Poder Ejecutivo tuvo facultades delegadas, las usó. Le pedimos a los legisladores que defiendan los intereses de sus Provincias y la República y que no deleguen sus facultades para legislar por el desarrollo y el bien común del país”, habían anticipado desde la entidad que sigue los temas de interés agropecuario en la agenda legislativa.

Durante el debate, que se extendió por más de 17 horas, desde todos los bloques de la oposición alertaron que ese artículo era un “cheque en blanco” que iba a ser utilizado por el gobierno para un inminente aumento de los Derechos de Exportación.

También se hizo referencia a que esa delegación implicaba mayor presión impositiva al campo, el ahogo de las economías regionales, un sesgo antiexportador y la resignación de atribuciones legislativas y constitucionales que le son propias al Poder Legislativo, amén de una potencial judicialización del tema.

Minutos previos a la votación, tres ex ministros de Agricultura -Alejandro Rodríguez (Consenso Federal-Buenos Aires), Ricardo Buryaile (UCR-Formosa) y Carlos Gutiérrez (Hacemos Pro-Córdoba)- pidieron que el oficialismo elimine el artículo.

Pero Germán Martínez (FDT-Santa Fe), jefe de la bancada del oficialismo justificó que, a través del artículo 755 del Código Aduanero, en materia aduanera y con reconocimiento constitucional, el Poder Ejecutivo puede fijar los gravámenes aduaneros.

Sin embargo, Buryaile cruzó el argumento de Martínez y dijo que no hay legislación de la Corte Suprema que lo avale, pero sí hay fallos en primera instancia que hablan de la inconstitucionalidad de la defensa de la norma.

Finalizado el debate, Carlos Heller (FDT-CABA) aceptó retirar el artículo y no ponerlo a consideración en votación, aunque aclaró que desde el bloque no coinciden con los argumentos alegados y que el Poder Ejecutivo cuenta con esa facultad.

El proyecto, que recibió media sanción, será girado a la Cámara de Senadores que espera comenzar a darle debate la semana siguiente para apuntar a la sanción definitiva hacia mediados de noviembre.

Fuente: Florencia Ricchiuti, directora ejecutiva de Fundación Barbechando

Sesión especial en la Cámara de Diputados de la Nación a fin de considerar el proyecto de ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2023.

La Cámara de Diputados se encamina a aprobar en horas de la madrugada del miércoles, con el voto los legisladores del oficialismo, de bloques provinciales y del radicalismo, el proyecto de Presupuesto 2023 que contempla un acrecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 2%, una inflación del 60%, un déficit del 1,9 por ciento y que prevé destinar más del 70% de los recursos a gastos sociales.

El oficialismo parece tener garantizada la sanción de la iniciativa diseñada por el Ministerio de Economía -que encabeza Sergio Massa, ya que cuenta con el respaldo de los legisladores del Frente de Todos, del Interbloque Provincial, del interbloque Federal, de Ser, Evolución Radical y Encuentro Federal.

El bloque radical -que preside Mario Negri- definía esta noche si votaba en general o se abstenÍa. En caso de que la UCR se pronuncie de manera afirmativa, el dictamen de mayoría en general podría alcanzar alrededor de 170 votos. En cambio, el oficialismo no estaba consiguiendo los votos necesarios para aprobar los artículos sobre la eliminación de la eximición del pago de Ganancias al Poder Judicial y sobre el tema retenciones, ya que tanto el conjunto de Juntos por el Cambio como el Interbloque Federal se expresaron en contra, al igual que las agrupaciones de derecha.

Más allá de estas modificaciones al texto original, el Gobierno decidió mantener el espíritu del proyecto, con una proyección de crecimiento del 2 por ciento del PBI, un déficit del 1,9 por ciento, un dólar promedio de 219 pesos y una inflación promedio del 60 por ciento para 2023.

El proyecto estima un gasto total de casi $ 29 billones, con una recaudación aproximada de $ 22,5 billones y un déficit primario de $ 6,3 billones.

La titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau, abrió la sesión a las 13.45 con la presencia de 130 legisladores.

El oficialismo pudo reunir el quórum con el aporte de bloques provinciales y del radicalismo, lo que determinó que de manera inmediata se iniciara el debate en el que están anotados para exponer cien legisladores. En base a estos números, la votación en general se realizaría alrededor de las 3 de la madrugada del miércoles y el tratamiento en particular finalizaría entre las 8 y las 9 de la mañana.

La discusión del Presupuesto 2023 estuvo atravesada por el debate sobre la eliminación de la exención en el pago del impuesto a las Ganancias con el que cuenta en la actualidad el Poder Judicial.

Otro de los temas de discusión fue la pauta proyectada de inflación del 60 por ciento, junto con la cuestión de las retenciones y la distribución del gasto social y educativo. Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Presupuesto Carlos Heller afirmó esta tarde que el proyecto de gastos y recursos impulsado por el oficialismo para 2023 “no es un presupuesto de ajuste” y rechazó que hayan disminuido las partidas destinadas a gastos sociales, al señalar que suman más de 300.000 millones de pesos.

Al exponer como miembro informante de la mayoría, Heller aseguró que el Presupuesto 2023 “está orientado a la inversión en infraestructura, a fortalecer el sistema de salud, la educación en todos los niveles, la extensión de las becas, la ciencia e innovación y el fomento del empleo”. También se refirió al proceso inflacionario que existe en el país y en ese sentido señaló que “la búsqueda de un descenso gradual sin recurrir a un shock antiinflacionario es lo aconsejable porque conocemos los argentinos las consecuencias que tienen los shocks antiinflacionarias y devaluatorios.

Desde la oposición, el diputado del PRO Luciano Laspina afirmó que el Presupuesto 2023 impulsado por el oficialismo “se queda a mitad de camino porque no prioriza el gasto y gasta en cosas que no debe” y en ese sentido cuestionó el beneficio al gremio de camioneros para que no paguen el impuesto a las ganancias sobre determinados conceptos como viáticos.

Laspina, que además es vicepresidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara baja, manifestó que “a la Argentina ya no le alcanza con el equilibrio fiscal, le hace falta superávit fiscal”. En esa misma línea, el diputado radical Víctor Hugo Romero, señaló que “este presupuesto no define un programa de gobierno, no deja de lado la política de parches y no genera señales fuertes para construir confianza y cambiar el rumbo que hoy tenemos en la Argentina”. Agregó que “se implementó una política de expansión de gastos con incremento del costo fiscal y esa expansión generó déficit financiado con emisión monetaria y un incremento del endeudamiento”.

En el debate se expresó a favor del proyecto el titular del interbloque Provincias Unidas, Luis Di Giácomo, quien anticipó hoy el apoyo de ese espacio al proyecto de Presupuesto 2023 al señalar que no comulgan ?con la idea de impedir o entorpecer al Ejecutivo, legitimado por el pueblo, el cumplimiento de su plan de gobierno? “Desde nuestro interbloque no acordamos con impedir el tratamiento trabando la realización de la sesión legislativa con el voto negativo en general, creemos que ese no es el camino. Adelantamos entonces el apoyo al Presupuesto en cuestión”, expresó.

Con similar sintonía, el titular del interbloque Federal, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, también explicitó el aval de sus legisladores al proyecto al destacar el hecho de que el oficialismo haya hecho correcciones al proyecto original. Destacó que es importante que “antes de fin de octubre nos encontremos debatiendo la posibilidad cierta de aprobar el presupuesto y eso hay que destacar”.

En cambio, los diputados de las bancadas de derecha Javier Milei y José Luis Espert ratificaron esta tarde que rechazarán el proyecto de Presupuesto 2023 al cuestionar los gastos previstos, el nivel de endeudamiento, el déficit fiscal y la proyección de inflación para el próximo año. Milei dijo que “por cuestiones de índole moral, técnicas y por las inconsistencias confesadas por los propios diputados del oficialismo desde la Libertad Avanza vamos a rechazar rotundamente este Presupuesto? Por su parte, el economista y legislador de Avanza la Libertad, José Luis Espert, afirmó que “nunca un gobierno endeudó a un Estado más que el de Alberto Fernández: 100.000 millones de dólares, sin considerar la deuda cuasifiscal que ya llega a 8,6 billones, y con estos niveles de tasas de interés, el año que viene se va a duplicar para llegar a la friolera de 17 billones de pesos?

También con diferentes argumentos, la diputada nacional por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad, Romina del Plá, afirmó que “de la mano de este presupuesto la crisis social se va a profundizar” y que “hay una clara política de Estado contra las masas laboriosas, de endeudamiento en dólares y en pesos, de tasas astronómicas de interés, de achicamiento del gasto público social”.

El dictamen de mayoría contiene reformas impositivas ya que se contempla aumentos en las cuotas de obra social para las categorías más altas del Monotributo, incremento de impuestos internos y de aranceles de productos electrónicos, un impuesto sobre los pasajes y deducciones de ganancias en concepto de educación. Otro punto significativo es la inclusión de una cláusula por la cual si aumenta la recaudación o la inflación prevista del 60% en 2023, se deberá implementar una corrección en el Presupuesto, a fin de establecer cómo se redistribuirá ese excedente de los recursos. En ese sentido, establece que si “al 31 de agosto la tasa de inflación superara el 10% la meta establecida en el Presupuesto o los ingresos superan el 10%, el Poder Ejecutivo enviará una ley complementaria”. Otro punto es la posibilidad de blanqueo de dólares para el pago de importaciones de insumos y servicios destinados a procesos productivos, y para la construcción de proyectos inmobiliarios como así también para la adquisición de viviendas usadas, entre otras iniciativas.

La actividad se puede seguir en los siguientes links:

Los contribuyentes del sistema de Monotributo de las categorías más altas deberán pagar montos mayores en concepto de obra social, según uno de los artículos que forman parte del dictamen de mayoría del Proyecto de Presupuesto 2023.

El cambio en el régimen de Monotributo se incluyó en el despacho del Presupuesto que se debatirá el martes desde el mediodía en una sesión especial de la Cámara de Diputados.

Con esta modificación -de ser aprobada- finalizará el sistema en el que todos los contribuyentes pagan una suma fija en concepto de obra social, ya que a partir de 2023 el monto estará sujeto a cada categoría.

El aporte para la obra social del Monotributo pasa de $1.775,18 para todas las categorías a cifras variables desde la categoría D hasta la K.

Las tres primeras escalas no tendrán cambios, pero la categoría D pagará $3.638,26; la mayor categoría para servicios (H) aportará $6.615,02, y el máximo para la categoría K llega a $10.505,29.

El artículo 118 del dictamen de mayoría incorpora, con vigencia a partir del primer día del mes siguiente al de la publicación del Presupuesto que, para las categorías D a K, el aporte a las obras sociales ascenderá a los siguientes montos:

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibirá este miércoles a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn), que le pidió una reunión para dialogar acerca de la decisión del oficialismo en el Congreso de incluir en el Presupuesto 2023 un articulado para que jueces y demás integrantes del Poder Judicial paguen el impuesto a las Ganancias.

“A raíz del pedido de audiencia, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibirá a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional el próximo miércoles (26 de octubre) al mediodía”, señalaron voceros del despacho de la presidenta del Senado.

Este lunes se conoció una misiva enviada por la Asociación que encabeza Marcelo Gallo Tagle reclamando una reunión con Fernández de Kirchner y otra con la titular de la Cámara de Diputados, la oficialista Cecilia Moreau.

En la comunicación oficial, la Amfjn se dirigió a la Presidenta del Senado para “solicitarle tenga a bien recibir a una delegación representativa de los distintos estamentos que componen esta institución, con el objeto de ser escuchados respecto del proyecto de ley de Presupuesto que sustituye el artículo 82 incisos ‘a’ y ‘c’ de la Ley del Impuesto a las Ganancias”.

Del mismo modo, solicitaron ser convocados a una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de cada Cámara.

“Ello así, cuando consideramos que la cuestión a debatirse involucra particularmente a los integrantes del Poder Judicial de la Nación y los Ministerios Públicos, y en atención a las numerosas cuestiones que ese plexo normativo debe abordar”, sostiene la nota firmada por Gallo Tagle.

El Proyecto de Ley del Presupuesto 2023 prevé, según el Observatorio Argentinos por la Educación, un recorte del 15,5% de los fondos del Ministerio de Educación de la Nación con respecto a 2022. Si bien el proyecto de Presupuesto 2023 -que se trataría esta semana en la Cámara de Diputados- define un ajuste generalizado del 6,8% en el gasto del Estado Nacional, la reducción de fondos del Ministerio de Educación es más del doble que la del presupuesto nacional general.

Las variaciones fueron estimadas utilizando la inflación para 2023 del Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central (REM/BCRA9 a agosto de 2022 (85,2%). Este es uno de los puntos criticados del informe por referentes del oficialismo, dado que “toma una inflación 10 puntos mayor a la que supone el proyecto de Ley para el año próximo, lo cual es un error metodológico serio”, aseguran. El otro es la incorporación de aportes al Presupuesto, que no se consideraron a la hora del análisis.

Los fondos del Ministerio de Educación pasarán de $ 870.044 millones este año a $ 735.467 millones el año próximo (en pesos constantes de 2022).

Los datos surgieron del informe “Presupuesto educativo nacional 2023”, del Observatorio de Argentinos por la Educación, realizado por especialistas. El documento analiza el Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2023 y la evolución del gasto del Ministerio de Educación de la Nación durante el período 2013-2023. Los datos previos a 2022 fueron tomados del presupuesto abierto publicado por el Ministerio de Economía, mientras que para 2022 y 2023 se analizó el proyecto de Ley de Presupuesto y el mensaje de remisión al Congreso elaborado por el Ministerio de Economía.

El presupuesto educativo de 2023 es el segundo más bajo de los últimos 11 años (el más bajo fue el de 2020). En la última década, la mitad de los presupuestos nacionales implicaron ajustes en educación. El análisis muestra ajustes interanuales en el Ministerio de Educación en cinco oportunidades: 2014 (-2,9%), 2018 (-9,2%), 2019 (-6,9%), 2020 (-15,6%) y 2023 (-15,5%).

“El contexto de inestabilidad e incertidumbre económica y social que atraviesa el país, combinado con restricciones fiscales profundas, acentúa la necesidad de priorizar, reforzar y proteger el presupuesto educativo para apuntalar el desarrollo, la reducción de brechas y la ampliación de oportunidades especialmente para los más vulnerables. El gobierno nacional a través de la asignación presupuestaria ejerce un rol de coordinación central para el sistema educativo, que orienta a su vez a las asignaciones que serán dispuestas por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para complementar el financiamiento de la educación”, explica Javier Curcio, coautor del informe.

El especialista es licenciado en Economía, investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (IIEP), de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Las otras autoras son Gabriela Catri y Martín Nistal, del Observatorio de Argentinos por la Educación.

Educación está entre las seis que efectuarán mayores ajustes en 2023.

“La reducción del presupuesto nacional destinado a educación no es algo que sorprenda, sí algo que preocupa. Parte importante de dicho presupuesto sostiene a las 61 universidades nacionales. Hoy, en términos relativos, Argentina gradúa la mitad de profesionales universitarios que Chile. Y en un mundo donde el mercado laboral requiere de más y más saberes, la baja presupuestaria solo delinea un futuro que resulta incierto”, sostiene Marcelo Rabossi, profesor e investigador de la Universidad Torcuato Di Tella.

Al respecto, el secretario general del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación bonaerense (Suteba), Roberto Baradel, señaló este lunes que “el presupuesto de educación no debe tener recortes”, y consideró que “son los especuladores y no los salarios los que generan la inflación”. Adelantó, además, que tendrá una reunión con el ministro de Economía, Sergio Massa, para hablar sobre este tema.

Los fondos del Ministerio de Educación pasarán de $ 870.044 millones este año a $ 735.467 millones el año próximo (en pesos constantes de 2022). De un total de 23 jurisdicciones presupuestarias, Educación está entre las seis que efectuarán mayores ajustes en 2023, superado solo por Ambiente y Desarrollo (-15,8%), Transporte (-17,3%), Salud (-19,2%), Economía (-20,8%) y Turismo y Deportes (-26,0%).

El ajuste previsto para el 2023 se suma al recorte del 5% proyectado para los fondos vigentes del Ministerio hasta el cierre de 2022. Esto implica una disminución del peso relativo de la educación dentro del gasto nacional previsto para este año, de acuerdo con lo proyectado en el Mensaje del Presupuesto 2023. Esta contracción se añade a las reducciones anunciadas en agosto de 2022, que afectaron al programa Conectar Igualdad, el fortalecimiento edilicio de jardines de infantes y la inversión en infraestructura y equipamiento.

El mayor ajuste recaerá sobre “Información y Evaluación de la Calidad Educativa” (-50,4%).

Si se analiza el Presupuesto 2023 por función, “Educación y Cultura” sufrirá una reducción del 4,7% con respecto al gasto proyectado para 2022. La diferencia entre esta caída y la de la jurisdicción del Ministerio de Educación se explica principalmente por el crecimiento de la función “Educación y Cultura” dentro de la jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro.

En 2023, los únicos programas del Ministerio de Educación de la Nación que contarán con más recursos que en 2022 son “Acciones de Formación Docente” (+74,6%), “Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas” (+32,2%), “Conectar Igualdad” (+16,9%), “Investigación de la Flora, Fauna y Gea” (+11,8%) e “Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica” (+4,2%). Por el contrario, los mayores ajustes recaerán sobre “Información y Evaluación de la Calidad Educativa” (-50,4%), “Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes” (-35,3%) y “Actividades Centrales” (-34,6%).

En la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados se incorporó la semana pasada un artículo para establecer una deducción de hasta el 40% de los gastos educativos que tiene la familia, y que incluyen las cuotas de los colegios privados. La intención es que se incluyan todos los gastos escolares, desde la cuota del colegio privado, hasta, por ejemplo, un curso de computación o la compra de un libro. Los detalles quedarán establecidos en la reglamentación de la norma.

Ayer La Nación, Clarín y la oposición difundieron un informe que afirma que Educación sufre un recorte del 15,5% en el Presupuesto de 2023. Eso es MENTIRA. El documento citado tiene errores groseros y omisiones que cambian toda la lectura. ¿Por qué es falso? abro hilo. pic.twitter.com/AeHE8DLsXX

— Itai Hagman (@ItaiHagman) October 24, 2022

Uno de los referentes del oficialismo que salió a expresarse en contra del informe es el economista y diputado nacional por el Frente de Todos, Itai Hagman. Desde su cuenta de Twitter, aseguró que el informe de Argentinos por la Educación contiene “errores groseros” y “omisiones”.

“En primer lugar, el dictamen final del Presupuesto incorporó $ 94.866 millones en Educación que los medios decidieron ignorar. Con esta modificación la inversión no sólo no cae sino que crece en términos reales (con el dato de 2022 del informe, crece un 6%)”, sostiene el legislador. El disgregado de ese número, es el siguiente: $ 59.542 millones más a Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes; $ 31.175 millones más a Fonid; y $ 4.149 más a Infraestructura y Equipamiento.

“En segundo lugar -continúa- el informe decide analizar el Presupuesto con una inflación 10 puntos mayor a la que supone el proyecto de Ley, lo cual obviamente empeora todos los números. Este es un error metodológico serio por lo siguiente: cuando se elabora un presupuesto, todos los ingresos y gastos se estiman en base a una determinada proyección de inflación. Si la inflación luego es más alta o más baja, tanto los ingresos como los gastos se modifican acorde a la evolución de los precios”.

Fue presentado en el Proyecto de Presupuesto para el próximo año y por tercer ejercicio en forma consecutiva durante el gobierno de Omar Perotti, el Anexo complementario indicado como Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG), que en esta edición incluye 48 programas llevados adelante por 12 ministerios, gobernación y dos empresas provinciales.

Esta iniciativa se viene implementando desde el año 2021 a partir del trabajo conjunto entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, con el apoyo del financiamiento económico y técnico de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).

El Presupuesto con Perspectiva de Género es una herramienta que favorece la transversalización de la perspectiva de género en la gestión de la política pública. Ello resulta estratégico, ya que, si bien el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad debe, según su ley de creación, cumplir determinadas misiones y funciones, no puede abarcar hacia su interior acciones que son tareas específicas de otros ministerios (Salud, Educación, Trabajo, entre otros).

“Esta herramienta de gestión le permite al gobierno provincial poder incidir o identificar las acciones que ya realizan el resto de las carteras ministeriales y que incluyen, directa o indirectamente, las problemáticas que atraviesan las mujeres y disidencias de forma tal que desde el proceso de formulación, ejecución y evaluación de las acciones de política pública tengan en cuenta las diferencias de acceso, las brechas, el uso del tiempo entre varones, mujeres y disidencias, permitiendo promover la autonomía de mujeres y diversidades”, sostuvo la subsecretaria de Planificación, Evaluación y Cooperación Estratégica de Políticas de Políticas de Igualdad, María Eva Bellini.

Además, agregó que “es importante resaltar que este proceso metodológico es una línea de trabajo que tiende a ser acumulativa año tras año, y que no resulta acabada, es decir, pueden existir aún más acciones de política pública que tengan incidencia en disminuir brechas de género y no se encuentren etiquetadas para el año 2023”.

“El trabajo metodológico de identificación de cada acción de política pública implica etiquetar, a partir de diferentes interrogantes, si la misma contempla la perspectiva de género utilizando diferentes enfoques según la situación problemática que le da origen a esta acción, la forma en que se ejecuta o realiza, o por sus efectos o resultados”, señaló más adelante.

También, expresó que “asimismo, dicha identificación se cruza con poder distinguir si el financiamiento se encuentra dirigido específicamente a atender una situación donde la igualdad de género es un aspecto central o solo se considera la igualdad de género como complemento de la situación problemática que buscar resolver de forma indirecta. Para la primera situación se considera la totalidad del crédito financiero asignado a dicha acción, mientras que para la segunda se considera una ponderación del gasto equivalente al 40% según el criterio adoptado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​”.

Por otro lado, la funcionaria remarcó que “un último aspecto que se incorporó desde el PPG para el año 2022 es la infraestructura de cuidados, pasando de identificar 74 proyectos de obras principalmente referidas a cuidados en primeras infancias a 130 proyectos de obras para el año 2023. Las obras identificadas implican una inversión de 21.408 millones de pesos abarcando obras de salud, viales, energía, y agua”.

“En total, entre los programas y proyectos de obras identificados para el Presupuesto con Perspectiva de Género del año 2023, se proyecta una inversión de más de 77 mil millones de pesos”, finalizó la funcionaria.

En relación al primer PPG presentado por la presente gestión de gobierno en el 2021, la cantidad de acciones de política pública con impacto en género creció significativamente. Para el primer año, se identificaron 13 acciones, mientras que para el año 2022 las acciones identificadas crecieron a 25, más las obras de infraestructura de cuidados. En este sentido, se finalizará el año 2023 con 48 acciones identificadas y alcanzando más de 130 proyectos de obras de infraestructura.

Este proceso marca un fuerte avance en la transversalización de la perspectiva de género en la gestión pública. El avance del proceso metodológico permite visualizar que no se requiere modificar la totalidad de las acciones de política pública ni pensar exclusivamente en programas específicos para mujeres y disidencias, sino que resulta pertinente que las acciones existentes incluyan la perspectiva de género desde su formulación, ejecución y evaluación.

Pie de foto: La subsecretaria de Políticas de Igualdad, María Eva Bellini destacó los alcances de los 48 programas del gobierno provincial con perspectiva de género.

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El próximo martes 25, la Cámara baja buscará darle media sanción al Presupuesto 2023, al que recientemente -a partir de un acuerdo entre Camioneros y el Ministerio de Economía- se le incluyó una modificación sobre el Impuesto a las Ganancias que establece la exención de los adicionales al salario básico de los transportistas terrestres para el pago del tributo, en beneficio de más de 130 mil trabajadores.

De esta manera, Camioneros logró dar respuesta a un reclamo histórico, ya que era el único gremio de transporte hasta el momento que tributaba Ganancias sobre comidas, viáticos, premios y otros complementos del sueldo.

También participaron del encuentro, del Ministerio de Economía: Raúl Rigo, secretario de Hacienda; Nicolás Aliano, jefe de Gabinete de la Secretaría de Hacienda y Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos; los diputados nacionales Paula Penacca y Hugo Yasky; y de Camioneros: Oscar Pérez, Sergio Sánchez, Carlos Zolezzi, José Luis García y Oscar Borda.

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El Estado nacional transferirá en 2023 más de 11 billones de pesos a las provincias y la ciudad de Buenos Aires en concepto de transferencias automáticas, un 81,34% más que lo estimado para este año, con una marcada preponderancia de los recursos correspondientes al Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.

De acuerdo con el mensaje que acompañó la presentación del proyecto de ley de Presupuesto 2023, los recursos tributarios de origen nacional aumentarán 3,32 puntos porcentuales más que los provinciales.

El martes, Diputados trataría el presupuesto

Esa brecha representaría para las provincias ingresos adicionales por $211.878 millones en relación con el resultado que se obtendría con una evolución similar a los recursos propios, monto superior a superávit financiero consolidado proyectado.

El total de recursos de distribución automática (cuya asignación está sujeta a una serie de leyes, a diferencia de las discrecionales o no automáticas) ascenderá el año que viene a 11 billones 567.702 millones de pesos, de los que el 89,78% corresponderán a la Coparticipación, el 4,04% a las Compensaciones por el Consenso Fiscal, el 3,18% a la parte correspondiente al Impuesto a los Bienes Personales destinada a la Seguridad Social, el 0,97% al Fonavi y el 2,03% restante a una decena de fondos específicos.

Si bien los recursos transferidos por fuera de la Coparticipación no representan una proporción significativa (10,22% del total) su monto alcanza a un billón 182.178 millones de pesos.

Como los coeficientes de distribución no son los mismos en todos los casos, se presentan algunos hechos curiosos, como que San Juan reciba más coparticipación que Misiones, pero en el total del reparto la relación se invierta, o que Chubut vaya a contar con más transferencias nacionales que Santa Cruz, a pesar de que en la distribución secundaria del régimen de Coparticipación las dos provincias tengan asignado el mismo monto.

La provincia de Buenos Aires encabeza la nómina con 2 billones 647.291 millones, seguida por Santa Fe ($ 992.675 millones), Córdoba ($ 965.835 millones), Chaco ($ 549.768 millones) y Entre Ríos ($ 532.248 millones).

Cuáles son los cambios en el Presupuesto 2023 de Nación previo al debate en Diputados

Con menores recursos se ubican Tucumán ($ 520.767 millones), Mendoza ($ 454.304 millones), Santiago del Estero ($ 452.244 millones), Salta ($ 429.195 millones), Corrientes ($ 415.445 millones), Formosa ($ 396.645 millones), Misiones ($ 371.166 millones), San Juan ($ 364.082 millones), Jujuy ($ 310.001 millones) y Catamarca ($ 293.670 millones).

La lista se cierra con Río Negro ($ 274.437 millones), CABA ($ 248.430 millones), San Luis ($ 244.080 millones), La Rioja ($ 223.204 millones), La Pampa ($ 205.781 millones), Neuquén ($ 193.868 millones), Chubut ($ 176.006 millones), Santa Cruz ($172.846 millones) y Tierra del Fuego ($ 133.717 millones).

El Ministerio de Economía prevé que en 2023 se produzca “una prolongación del sendero de recuperación económica que están experimentando las jurisdicciones” provinciales, así como “su correlato en la mejora de los ingresos tributarios y no tributarios tal como se evidencia desde 2021”, de acuerdo con lo señalado en el Mensaje que acompañó la presentación del proyecto de ley de Presupuesto para el año próximo.

Las provincias mantendrán los superávits primario y financiero, aunque en el Mensaje se prevé una reducción de sus niveles: el resultado primario positivo será equivalente al 0,43% del PBI, cuando en 2021 fue del 0,57 y para este año se prevé un cierre con el 0,55%.

Lo mismo ocurrirá con el superávit financiero: de 0,19% en 2021, bajará a 0,14% en 2022 y a 0,13% en 2023.

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, Carlos Heller, hizo un repaso de los cambios implementados en el texto del proyecto de Presupuesto 2023 que se debatirá en el recinto el próximo martes.

Los mismos se aprobaron este jueves por la tarde con un consenso del oficialismo con la oposición luego de las labores de las últimas semanas. No significa que no haya tensiones en el recinto desde el 24 de octubre ya que el acuerdo no es general y podría sufrir reveses.

La complicación mayor recae en el propio kirchnerismo que podría oponerse principalmente a los puntos sobre el acorde con el FMI, mientras que Juntos por el Cambio apoyaría al equipo económico de Sergio Massa.

El martes, Diputados trataría el presupuesto

Todos los jueces y empleados del Poder Judicial pagarán el impuesto a las Ganancias: en el 2017 se estableció por ley el fin de ese privilegio pero exclusivamente para quienes fueran nombrados con posterioridad a la sanción de aquella norma. Ahora se haría extensivo a todos los funcionarios y personal del Poder Judicial, independientemente de cuando hayan iniciado sus funciones.

Descuento en Ganancias de hasta el 40% de gastos educativos, incluyendo cuotas de colegios privados: es una propuesta que impulsó Emiliano Yacobitti y que promocionó Martín Tetaz, ambos del bloque Evolución Radical (Juntos por el Cambio). Incluye, además de las cuotas de escuelas privadas, todos los gastos escolares, como por ejemplo los libros y materiales de estudio.

Cláusula gatillo: el oficialismo accedió a un pedido de la oposición para que el Poder Ejecutivo se comprometa a enviar una ampliación presupuestaria al Congreso si la inflación y la recaudación interanual supera las pautas estimadas.al 31 de agosto de 2023, a fin de realizar un nuevo cálculo de recursos y créditos para el último trimestre del año. “El proyecto deberá enviarse durante el mes de septiembre de 2023 y tratarse en un lapso de 30 días, no pudiendo el Poder Ejecutivo ampliar el Presupuesto por Decreto de Necesidad y Urgencia en ese lapso”, señala este agregado.

Deudas con CAMMESA: Se acordó que las provincias y los municipios serán solidariamente responsables de las deudas que las empresas proveedoras de energía mantengan con la empresa mayorista de distribución. Los distritos tendrán un plazo de seis meses para regularizar dichas deudas, en tanto que la secretaria de Energía establecerá una unidad de medida de valor homogénea vinculada a las transacciones por consumos que asegure el valor del crédito. Si las provincias no cumplir con saldar lo adeudado, el ministerio de Economía podrá retener los fondos comprometidos en los convenios de transferencias presupuestarias, pero sin afectar los fondos que reciban producto de la coparticipación federal.

Presupuesto 2023: nueva jornada de debate en Diputados

Subsidios al Transporte Público: producto de las conversaciones entre el ministro de Economía, Sergio Massa, con los gobernadores del Norte Grande, se acordó el aumento del Fondo de Compensación al Transporte para el Interior de 60.300 a 85.000 millones de pesos como piso.

Prepagas y obras sociales: se plantea un aporte del 15% sobre el total que los trabajadores pagan de diferencial por los planes especiales de salud, que será destinado al fondo de redistribución, que apunta a garantizar las prestaciones básicas en salud para los sectores de menores recursos. Desde la oposición advierten que esto podría acarrear un aumento en la cuota de los afiliados.

Juntos por el Cambio se mostró muy firme en el rechazo del artículo 96 del proyecto de presupuesto nacional, que extiende hasta el 31 de diciembre de 2023 la facultad del Poder Ejecutivo para subir retenciones, aunque con alícuotas que no podrán superar en ningún caso el treinta y tres por ciento (33%) del valor imponible o del precio oficial FOB.

“No estamos dispuestos a convalidar la suba de derechos de exportación, lo que queda habilitado en ese artículo así como está escrito”, advirtió Ricardo Buryaile, presidente de la comisión de Agricultura.

El santafesino Luciano Laspina advirtió que “este congreso debe de alguna forma clarificar qué está pasando en materia de retenciones a exportaciones, cuáles son las disposiciones firmes y las delegaciones; queremos garantizar que las retenciones no van a subir”, dijo el vicepresidente de la comisión de Presupuesto.

El PRO planteaba retrotraer las retenciones al campo al 10 de diciembre de 2019, que en el caso de la soja supone una alícuota del 30%. “En trigo y maíz el gobierno tiene márgenes”, advirtió Laspina, quien recordó que no alcanza con el compromiso del secretario de Agricultura, Ricardo Bahillo, para no subir los derechos de exportación a la agroindustria,

Carlos Heller reconoció ayer que, con las modificaciones introducidas al proyecto de Massa, el gasto se incrementó en $320.655 millones “y contando”, ya que habría más erogaciones a incorporar antes de que el texto llegue al recinto.

La oposición no quiere que el gobierno central opere en año electoral con mucho margen de discrecionalidad; esa es la razón por la que condicionaron el apoyo al proyecto al hecho de que -si hay más recaudación por inflación no prevista- el Ejecutivo mande un proyecto de ley complementaria.

Sin embargo, todo recurso “no previsto” en la ley que eventualmente se sancione, queda como gasto “a sola firma” del presidente. Eso y la fuerte presión del kirchnerismo -que amenaza no vomitar el proyecto y reclama más fondos para el distrito de Axel Kicillof- interpela no sólo a la oposición, sino también a los intereses del resto de las provincias.

Cabe recordar que -como bien indicó el informe del CES/BCSF- la provincia de Santa Fe aportó al gobierno central US$2.262,8 millones por retenciones sobre los 6 principales complejos agroindustriales de la provincia de Santa Fe. Cada punto de alícuota que suba la Casa Rosada, es menos para los actores económicos locales y más para la decisión por decreto del gobierno central.