El Concejo Municipal aprobó la Ordenanza N° 6056/26, que establece un nuevo marco para el servicio de transporte de personas con discapacidad en Venado Tuerto. La normativa reemplaza la regulación vigente desde 2013 e introduce un esquema sin cupos, con habilitación digital, tarifas sin intervención municipal y libre competencia entre prestadores, en línea con el Plan de Movilidad Urbana impulsado por el Gobierno municipal.

En ese contexto, el subsecretario de Movilidad, Eugenio Bernabei, explicó que “el intendente (Leonel) Chiarella nos dio una hoja de ruta precisa, trabajar de manera coordinada, con visión de conjunto y resultados concretos para los vecinos”. En este sentido, valoró que “cada acción del Plan de Movilidad es parte de esa misma lógica, identificamos un problema, articulamos las áreas del municipio que tienen que intervenir y generamos una solución que le hace la vida más fácil a la gente. Esta ordenanza es exactamente eso”.

La medida se inscribe dentro del plan presentado en diciembre de 2024, que articula distintas acciones para mejorar la circulación en la ciudad. En ese marco, ya se avanzó con la demarcación vial en zonas escolares y el reordenamiento del sistema de carga y descarga en el microcentro, sumando ahora una nueva regulación para este servicio específico.

Bernabei agregó que “lo que estamos haciendo es pensar el Estado desde adentro hacia afuera, primero la persona, después el trámite. El intendente Chiarella nos pide eficiencia, y eso significa que cuando alguien que necesita este servicio o quiere prestarlo se acerca al municipio, encuentre respuestas y un sistema que funcione. Con esta ordenanza, lo que antes tardaba meses y dependía de un cupo, ahora es un trámite digital con habilitación en tiempo real y competencia abierta”.

Uno de los cambios centrales es la eliminación de límites para la incorporación de prestadores. La ordenanza establece que no habrá cupos, lo que permite ampliar la oferta disponible, mejorar la cobertura y generar condiciones de competencia entre quienes brinden el servicio.

En cuanto a las tarifas, la norma dispone que se regirán exclusivamente por el Nomenclador Nacional de Prestaciones para Personas con Discapacidad, dejando sin efecto la intervención municipal en la fijación de precios.

Otro eje es la simplificación administrativa, ya que todo el proceso de habilitación será digital, con una vigencia de cinco años y posibilidad de renovación. Además, se reducen requisitos, manteniendo condiciones vinculadas a la seguridad y la idoneidad de los prestadores.

La ordenanza también incorpora un enfoque basado en las necesidades de los usuarios. Se establecen dos categorías de servicio: una para personas con movilidad reducida y otra para personas con discapacidad sin esa condición, con exigencias técnicas específicas en cada caso, como rampas, plataformas elevadoras, sistemas de fijación y superficies antideslizantes. A su vez, se exige capacitación obligatoria para los conductores.

La vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes, habló sobre la situación del sistema de salud nacional, al referirse al impacto que tiene el deterioro de la cobertura del PAMI en la provincia de Santa Fe. Durante una conferencia de prensa, la funcionaria expuso cifras concretas y remarcó que el sistema público santafesino está absorbiendo una demanda cada vez mayor.

“Los afiliados al PAMI representan el 25 % de los pacientes con cobertura que se atienden en hospitales y centros de salud de la provincia”, señaló Coudannes, al tiempo que advirtió que esta tendencia refleja un problema estructural más profundo vinculado al acceso a la salud.

Deterioro de la cobertura del PAMI.

El dato expuesto por la vocera implica que uno de cada cuatro pacientes que cuenta con algún tipo de cobertura, pero igualmente recurre al sistema público, pertenece al PAMI. Esta situación, según explicaron fuentes oficiales, responde a dificultades en la prestación de servicios, demoras en la atención y problemas en la provisión de medicamentos.

En ese marco, la red de hospitales y centros de salud de Santa Fe comienza a experimentar una sobrecarga que pone en tensión los recursos disponibles.

En paralelo, distintos actores del sistema de salud vienen advirtiendo sobre atrasos en los pagos a prestadores, lo que repercute directamente en la disponibilidad de servicios para los afiliados.

A esto se suma la preocupación del sector farmacéutico, que ha señalado dificultades en la cobertura de medicamentos. En varias localidades, farmacias han reportado demoras en los reintegros y restricciones en la entrega de ciertos tratamientos, lo que obliga a muchos jubilados a buscar alternativas en el sistema público.

Demoras en las entregas de las vacunas contra la gripe

Frente a este escenario, desde el gobierno santafesino remarcan la decisión de sostener una política activa en materia de salud pública.

Coudannes fue enfática al diferenciar la postura provincial de la política nacional: “En Santa Fe no hay un gobierno con una motosierra en la mano, sino un Estado que invierte y acompaña a jubilados, productores, docentes y estudiantes a través de políticas públicas”.

En ese sentido, la provincia ha reforzado programas de atención primaria, ampliado la cobertura en centros de salud y sostenido campañas de vacunación, como la antigripal, que este año registró una demanda récord.

Por Juan Cruz Zwiener

La auditoría en la Agencia Nacional de Discapacidad refleja que los derechos de las personas discapacitadas han sido vulnerados casi sistemáticamente en los últimos años, por ejemplo, con el otorgamiento de pensiones "truchas".

No solo el abuso de pensiones otorgadas por supuesta invalidez debido a discapacidades motoras ha producido un desfalco a las arcas del Estado nacional -tal cual lo describimos en nuestra nota anterior, publicada el 25 de julio pasado bajo el título "Burlando la discapacidad"-, que no es otra cosa que nuestro dinero, de los contribuyentes, los ciudadanos de a pie. Sino que, además, ese desfalco puede costarnos cerca de 2.000 millones de dólares al año, si las estimaciones sobre las pensiones "truchas" se confirma, a través de la auditoría en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Sin olvidar, por otra parte, que a esos millones hay que sumarles los erogados por las prestaciones terapéuticas a personas con discapacidad que nunca las recibieron.

Este mecanismo de hacer dinero por prestadores "truchos", es una copia del sistema del dinero destinado a los comedores escolares que nunca llegó, o de los fondos destinados para construir casas o caminos que jamás se vieron materializados. El mecanismo de esta estafa esta originado en un Certificado Único de Discapacidad (CUD), que puede ser otorgado correctamente o en forma indebida. Por medio de ese CUD, la persona beneficiaria por la ley Nº 24701 tiene acceso a una cantidad de terapias y beneficios en salud física, psíquica y social muy importante, además del transporte que facilite el acceso a las citadas prestaciones (un vehículo con chofer hacia donde dispongan las terapias, sin límite prácticamente). (*)

Es ahí donde comienzan los abusos hacia el financiador, el Estado nacional y a cualquier obra social o prepaga. Uno de esos abusos puede consistir en facturar terapias que llegan hasta los 3 millones de pesos por mes en una internación por discapacidad, en la cual la persona portadora del CUD quizás jamás pisó una clínica. A ello se le suman los insumos que pueden sumarse a esas jugosas facturaciones que nunca se realizan, como equipamiento costosísimo para personas con discapacidad: sillas de ruedas, ortesis y prótesis importadas, cirugías y medicación, terapias ambulatorias y el supuesto transporte del paciente hacia las terapias.

Dentro de los abusos más comunes -sobre una persona que verdaderamente tiene una discapacidad- y una estafa -sobre una supuesta persona que está en tratamiento-, está el cambio de dirección en el DNI, que se hace para "alejarlo" del lugar de las terapias. Entonces, por un recorrido corto, cambian la dirección legal hacia otra dirección "más alejada" (de un pariente por ejemplo) y así los transportistas facturan más de lo debido. Lo mismo pasa con los prestadores de terapias que sobrecargan a las obras sociales con prestaciones, pero el paciente recibe menos de las autorizadas y facturadas. Esto puede ser inferido y auditado, ya que ha hecho mucho ruido que parte del denominado colectivo de Discapacidad se haya opuesto rotundamente al sistema de auditoría de las prestaciones de la Andis mediante el uso de tecnología de geolocalización.

Hace unos meses, la Andis quería implementar la geolocalización para tener un seguimiento de las personas con discapacidad que son beneficiadas por las prestaciones. Como en el "Caso Loan", donde se peritan los celulares para saber dónde estaba cada uno de los supuestos implicados en la desaparición del niño, en el ámbito de la Discapacidad podríamos saber si el paciente con su celular está, o no, próximo a sus lugares de terapia cuando los prestadores dicen que lo está, vía seguimiento del celular (como el sistema LoJack en los vehículos).

Esto haría más verosímil y tecnológico el control del presentismo a las terapias y al transporte de las personas, generando una confianza a los financiadores de las terapias, ya que sabrían quiénes son los prestadores que trabajan honestamente, además de generar un ahorro a las arcas del Estado nacional y las obras sociales, cajas profesionales y prepagas que brindan coberturas de salud indispensables para el bienestar del colectivo de Discapacidad, que honestamente las requiere.

Recordemos que, por el llamado Mecanismo Integrador, las prestaciones de salud de las obras sociales nacionales, todas las erogaciones (tratamientos, transporte e insumos) que abonan los distintos financiadores (obras sociales) se les reintegra en la Nación. Es decir que las obras sociales nacionales no tienen costo alguno sobre prestaciones de afiliados con CUD, y reciben el cheque de esas prestaciones. Lo que se pone en juego aquí es la reputación de esas obras sociales nacionales, porque si no auditan a los prestadores, son cómplices de una estafa al Estado nacional.

La pregunta que todos nos hacemos hoy en día es: ¿Vamos a seguir permitiendo que se despilfarre el dinero de los contribuyentes? Así jamás vamos a poder obtener la baja de impuestos y entonces la Justicia Social siempre será, meramente, el sostenimiento de bienes y servicios en forma gratuita a quienes "no tienen", en contra de aquellos que producen dinero mediante la venta de bienes o servicios y el Estado les cobra impuestos por ello. Porque, si de por sí financiar la Justicia Social impone un debate enorme, financiar las estafas de prestadores en salud es injusto y está penado por la ley.

¿Será quizás la Discapacidad otra parte del Estado que es apretada y expulsa pus? Solo con la intervención de la justicia lo sabremos, si es que se animan los fiscales y quienes tienen que actuar. O seguirán, como siempre, pagando justos por pecadores, como nos hemos -lamentablemente- acostumbrado los argentinos.

(*) Sancionada el 5 de noviembre de 1997, esta normativa es la que establece en todo el territorio argentino el llamado Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a Favor de las Personas con Discapacidad. Fue promulgada el 2 de diciembre del mismo año.

El programa desarrollado por el Ministerio de Turismo y Deportes de promoción turística que incentiva la compra anticipada de servicios y productos del rubro a través del otorgamiento de un crédito del 50% de lo gastado inicialmente, para utilizar en todos los comercios de la llamada “cadena turística”. 

El Previaje 3 se enfocará en incentivar los viajes y escapadas a lo largo y ancho del territorio nacional en la temporada media de primavera, después de las vacaciones de invierno y antes del receso de verano. 

En ese sentido, ya se encuentra habilitada la inscripción para los prestadores que quieran participar de esta nueva etapa del programa. 

Cómo registrarse 

Deberán ingresar a www.previaje.gob.ar 

Acceder a través de “Soy prestador”. Allí podrán observar el listado de códigos de AFIP habilitados para formar parte del programa y los respectivos topes de crédito que cada uno genera. 

Ingresar con la clave fiscal e indicar el correo electrónico, 

Cliquear para registrarse y completar el formulario. 

Indicar CUIT, la razón social aparecerá automáticamente. También hay que seleccionar el código de la AFIP con el que deseen registrarse, en caso de estar inscripto en más de uno, prestando atención especial a los topes. 

Si el código se corresponde a agencias de viajes, el número de legajo será completado automáticamente. En caso de constatarse alguna inconsistencia, no se abrirá la posibilidad de avanzar con el registro y deberán contactarse con la Dirección Nacional de Agencias de Viajes para modificar esa situación. Si el código se corresponde a alojamiento, tendrán que indicar el respectivo número de habilitación. Se trata de una Declaración Jurada. 

El correo electrónico registrado será el canal oficial de comunicación.

Es necesario agregar los datos de el/los establecimiento/s según corresponda. Por ejemplo, al inscribir una cadena de hoteles, se podrá detallar localidad y nombre de fantasía de cada uno de ellos, siempre y cuando estén registrados bajo el mismo CUIT. Tras leer y aceptar términos y condiciones, sólo queda confirmar la inscripción. 

Llegará más información y el Manual de Marca de PreViaje al correo registrado. 

Es importante recordar que, al inscribirse como prestador, se asume el compromiso de aceptar pagos con la tarjeta PreViaje en el comercio y consignar toda la información de los servicios contratados en los comprobantes que se emitan. 

En esta edición, no se aceptan compras en efectivo. Los servicios deben ser abonados mediante tarjeta de débito y/o crédito, billetera virtual o transferencia. La inscripción es obligatoria, aunque se haya participado de las ediciones anteriores. Si no se registra, sus clientes no podrán cargar sus comprobantes. 

PreViaje es una inversión histórica del Estado Nacional que inició la reactivación del turismo en Argentina tras su mayor crisis global. Más de 5 millones de personas accedieron al beneficio durante las dos primeras ediciones, lo que generó ingresos superiores a los $165 mil millones para el sector.