Juan José Sagardía

Por este medio, expreso mi opinión de eliminar la Ley Nº 27412 de Paridad de Género, del año 2017, por cuanto la misma es inconstitucional, fue generada por los legisladores de ese momento, convencidos -para mí desde una lógica patriarcal- de que hacían un acto de justicia a sus congéneres, las mujeres.

No soy mujer, pero a mis 82 años de edad, con sesenta y cuatro años de trabajo, y un concepto bien claro de lo que es la libertad, creo que esta ley a la que me refiero no respeta lo determinado en la propia Constitución Nacional.

En su artículo 37, segunda parte, la Carta Magna argentina dice que "la igualdad real de oportunidades de hombres y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas de los Partidos Políticos y el Régimen Electoral".

Bien, esto último para mí no se cumplió y con la ley en cuestión el patriarcado entendió que con igualar hombres y mujeres en el 50% ya estaban determinados los derechos individuales.

Creo que se equivocaron, porque no respetaron la Constitución en su esencia ni el principio más importante de los ciudadanos: la libertad. Es decir, si el ciudadano quiere elegir libremente más allá de ese 50/50 entiendo que podría hacerlo.

La reserva para el cumplimiento de lo que podríamos llamar "el espíritu" de lo normado en la Constitución lo tiene el Poder Judicial y en su nombre la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no ha emitido opinión alguna al respecto.

Todo bien hasta acá, mientras los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial con esto demuestran a mi entender que no respetan la Constitución Nacional, que es el reservorio de los ciudadanos que creemos que somos libres.

La mujer, en la actualidad y desde siempre, ha demostrado la igualdad como ser humano con el hombre. La mujer está involucrada en todo lo que sea la comunidad, como nos expresamos actualmente.

No hay sector alguno en el que la mujer no forme parte. En el campo, la industria, el comercio, la educación, la política, en cuantas profesiones hay, además son empleadas en mayor cantidad que los hombres. Y existe un "pequeño" detalle que las diferencia fundamentalmente de nosotros: son madres.

Si anulamos esta Ley de Paridad de Género, respetando a la Constitución Nacional, podremos decir que nos demoramos y que nos equivocamos con los derechos de la mujer, pero siempre estamos a tiempo. Bien en el próximo año podríamos mirar a los ojos a las mujeres y decir: somos iguales ante la Constitución.

Me gusta generar opinión y por eso quería dar mi punto de vista sobre este tema con este comentario. Espero que algunos, o muchos, coincidan con el espíritu del mismo.

Victoria Mendizabal

Las organizaciones Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) analizaron el presupuesto nacional de Argentina con perspectiva de género. Al comparar la ejecución presupuestaria del primer cuatrimestre de 2024 con el mismo período de 2023, encontraron una preocupante reducción del 26,8 % en el gasto destinado a políticas públicas orientadas a combatir la desigualdad de género.

Este considerable recorte ocurre en un contexto de ajuste general. Para las cuestiones de género y diversidad, en particular, el problema radica en que el presupuesto de 2024 es básicamente una prórroga del anterior, sin actualizaciones por inflación.

Si bien las partidas específicas para políticas de género aumentaron un 33,4 % nominalmente, este incremento no alcanza para cubrir el alza de precios del casi 65 % del primer cuatrimestre. En términos reales, el presupuesto vigente para estas áreas es un 62 % más bajo que en 2023.

En detalle, se observa un grave desfinanciamiento en las políticas tendientes a la erradicación de la violencia por razones de género. Una de las cifras más preocupantes la demostró el programa ACOMPAÑAR, destinado a atender a víctimas de violencia de género, que redujo sus gastos en un 79 %. Además, el informe menciona que la actividad de "acciones de fortalecimiento de la Línea 144" ejecutó un 25 % menos que en el mismo período de 2023.

Otros programas también sufren fuertes bajas. La partida para protección y rescate de víctimas de violencia doméstica del Ministerio de Justicia se desplomó en un 72 %. Mientras que la que asiste a víctimas de trata de personas gastó 90 % menos que el año pasado. En cuanto al gasto en infraestructura del cuidado, se advierte que el fortalecimiento edilicio de jardines infantiles representó menos del 1 % de lo ejecutado en el mismo período de 2023.

Aunque las partidas de protección social explican la mayor parte del presupuesto con perspectiva de género, también se observan reducciones significativas. Se registraron caídas del 32,2 % en Moratorias previsionales y del 10 % en la Prestación Alimentar, mientras que las erogaciones asociadas a la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo aumentaron un 13,5 %.

“El fuerte recorte presupuestario aplicado a políticas de prevención, atención y erradicación de las violencias por razones de género tiene su correlato en la desarticulación y el vaciamiento de programas que tenían alcance federal y que buscaban dar cumplimiento a obligaciones legales tanto nacionales como internacionales de nuestro país”, manifiesta en diálogo con El Litoral, Julieta Izcurdía, responsable del área jurídica de ELA. “Es por eso que la sociedad civil y la comunidad internacional están monitoreando la situación y denunciando el posible incumplimiento de la obligación estatal de garantizar el derecho a una vida libre de violencias”, profundiza.

Otro aspecto alarmante es el retroceso en materia de transparencia presupuestaria. Desde inicios de 2024 no se actualizan los monitores oficiales de presupuestos transversales de Presupuesto Abierto, lo que dificulta el seguimiento ciudadano. Tampoco se han publicado los informes trimestrales de seguimiento de género correspondientes al cuarto trimestre de 2023. Existen ambigüedades sobre el futuro de estas herramientas.

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, suscribió un acuerdo de colaboración recíproca con la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe para la implementación de la Ley Micaela, referida a la capacitación obligatoria en perspectiva de género, con enfoque de derechos humanos. Los cursos darán comienzo después de la feria judicial y culminarán antes de fin de año.

“Es una alegría para este flamante Ministerio firmar el primer convenio como Ministerio por Ley Micaela con el Procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, entendemos desde este Ministerio, desde el Poder Ejecutivo, que es fundamental trabajar transversalmente con los otros poderes, también estamos dando una respuesta institucional y política a una demanda histórica que tiene que ver con la capacitación en perspectiva de género”, sostuvo la subsecretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Florencia Marinaro.

“La firma de este convenio significa que todos los equipos técnicos del Ministerio van a formular y hacer el curso para los trabajadores y trabajadoras de la Procuración, funcionarios/as, fiscales de Cámara, defensores, y toda la estructura administrativa que tiene la procuración de la Corte, inaugurando así una etapa de trabajo con clases y evaluaciones. En este año y medio de gestión se fue implementando la Ley Micaela por etapas, se comenzó con el Poder Ejecutivo, Municipios y Comunas, Organizaciones, y hoy se da con el Poder Judicial, es un trabajo conjunto entre los dos poderes”, agregó Marinaro.

Por parte del Poder Judicial, el procurador General de la Corte Suprema, Jorge Barraguirre, expresó que “el poder judicial viene trabajando desde hace mucho tiempo a través de su Centro de Capacitación Judicial, frente al nuevo panorama legislativo entendemos que también tenemos que buscar algunas especificidades o algunos entrenamientos mucho más específicos por parte de quienes la propia ley indica que son los organismos a cargo de estas capacitaciones, por eso nuestra satisfacción en este día y dejar la capacitación en manos del Ministerio”.

Sobre el convenio

El Acuerdo de Colaboración, firmado el 28 de junio, tiene por objetivo “establecer lazos de mutua colaboración para llevar adelante las actividades tendientes a la implementación de la ley de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que Integran los Tres Poderes del Estado, conocida como Ley Micaela en el ámbito de la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe”. En este sentido, y para tal fin diseñarán de manera conjunta un plan de implementación que, teniendo como base los contenidos diseñados por el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley Provincial Nº 13.891.

El programa de capacitación en perspectiva de género, con enfoque de derechos humanos incluirá a todo su personal, tanto administrativo como a los fiscales de las Cámaras de Apelación; los y las defensores y defensoras generales de las Cámaras de Apelación; los y las fiscales; los y las defensores generales; los asesores y fiscales de menores.

El Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad es el organismo de aplicación a nivel local. El espíritu de la normativa contribuye a promover una sociedad más justa e igualitaria, libre de violencias y discriminaciones.