El Parlamento de Venezuela, de amplia mayoría oficialista, aprobó este jueves por unanimidad y en primer debate el proyecto de ley de amnistía para los presos políticos impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El proyecto, que se remonta a los casos de presos políticos desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, excluye a los procesados o condenados por violaciones graves de derechos humanos, y aún debe ser aprobado en un segundo debate.

El proyecto de ley ahora debe ser sometido a consultas con diversos sectores de la sociedad civil y para ello el presidente de la Asamblea Nacional, el chavista Jorge Rodríguez, designó una comisión especial presidida por Arreaza e integrada por otros 18 diputados, entre ellos Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario Nicolás Maduro, y la exministra del Servicio Penitenciario Iris Varela, a los que pidió celeridad.

"No tenemos mucho tiempo", aseguró Rodríguez, quien hizo un llamado a insistir "en la necesidad de sanación".

Rodríguez, hermano de la mandataria encargada, instó a que la consulta sea "profunda". Foto: REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria.

El funcionario, hermano de la mandataria encargada, instó a que la consulta sea "profunda" e incluya a "quien tenga un testimonio" o propuesta, así como a los "familiares de las personas privadas de libertad", los propios detenidos y "las víctimas también de los crímenes que se han cometido en todos estos años".

"Independientemente de los hechos que cometieron, me va a reconfortar cada abrazo de las personas liberadas con su madre, con su padre, con su esposa, con su familia y con sus hijos", expresó.

Maduro Guerra, tras equiparar a su padre, detenido en EE.UU., con el expresidente sudafricano y nobel de la paz Nelson Mandela, dijo esperar que, una vez aprobada la ley, se haga política "sin violencia, sin odios, sin misiles, sin invasión militar y sin secuestro de presidentes", en referencia a los ataques estadounidenses del pasado 3 de enero en suelo venezolano y a la captura del líder chavista y su esposa, Cilia Flores.

La jefa de la misión diplomática de Estados Unidos en Caracas dijo que su gobierno apuesta por una Venezuela "democrática", tras deponer a Nicolás Maduro en una incursión militar.

La misión diplomática publicó un video en redes sociales de la llegada de la embajadora Laura Dogu a la sede de la embajada en Caracas, que estuvo cerrada desde 2019 por la ruptura de relaciones. "El trabajo ya comenzó", dice la leyenda que acompaña el video.

La presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodriguez se reunió con Laura Dogu, jefa de la misión diplomática norteamericana. Foto: REUTERS.

Dogu -que asume la misión diplomática como encargada de negocios- arribó a Venezuela el sábado y el lunes sostuvo una reunión con Delcy Rodríguez.

"Es un momento histórico para ambos países. Como dijo el secretario (de Estado, Marco) Rubio, queremos una Venezuela amigable, estable, próspera y democrática", afirmó Dogu en el video."Manos a la obra", enfatizó la diplomática.

Dogu reiteró igualmente las fases planteadas por Rubio sobre Venezuela, que terminan en una transición. La oposición ha insistido en la exigencia de un cambio de gobierno a través de elecciones. Venezuela anunció igualmente el lunes que el excanciller Félix Plasencia encabezará su representación en Washington.

Al menos 80 presos políticos fueron excarcelados este domingo en Venezuela, donde un proceso de liberación de detenidos avanza a cuentagotas bajo la presión de Estados Unidos tras la caída de Nicolás Maduro.

Según la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos, la medida ocurre en el marco del proceso de liberaciones anunciado por el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

"Al menos 80 presos políticos que estamos verificando han sido excarcelados el día de hoy. Probablemente se produzcan más excarcelaciones", escribió el director de Foro Penal, Alfredo Romero, en X (Twitter).

En la misma plataforma, el abogado Gonzalo Himiob, también de Foro Penal, precisó que las excarcelaciones se produjeron durante la madrugada. "Este número aún no es definitivo y puede aumentar a medida que hagamos más verificaciones", agregó.

Personas protestan en Venezuela pidiendo la libertad de presos políticos. Foto: REUTERS/ Jose Cabezas.

El gobierno de Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero, prometió un "número importante" de liberaciones. La oposición y ONG defensoras de derechos humanos denuncian, no obstante, lentitud en el proceso. Familiares aguardan a las afueras de los penales y pasan la noche a la intemperie con la esperanza de ver a sus seres queridos salir.

Entre las personas que recuperaron la libertad se destaca Kenny Tejeda Jiménez, abogado voluntario del propio Foro Penal. Según detalló el vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, el letrado había sido detenido arbitrariamente el 2 de agosto de 2024 en el estado Carabobo mientras asistía legalmente a ciudadanos en un comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Tejeda estaba recluido en la cárcel de Tocorón bajo cargos de "terrorismo" e "incitación al odio".

Asimismo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa confirmó la liberación del estudiante de periodismo Juan Francisco Alvarado. El joven había sido sentenciado previamente a 15 años de prisión, condena que fue anulada esta semana por una corte de apelaciones.

Maria Alexandra Gomez pide la libertad de su esposo, el gendarme argentino Nahuel Gallo. Foto: REUTERS / Pedro Lazaro Fernandez.

En tanto, Argentina sigue reclamando la liberación de ciudadanos. Entre los detenidos se encuentran Nahuel Gallo, el gendarme detenido desde diciembre de 2024; Germán Darío Giuliani, abogado que viajó a Venezuela por trabajo en abril de 2025 y fue detenido en mayo de ese año; y Roberto Baldo, empresario argentino-venezolano detenido a fines de 2024 junto a su esposa.

El gobierno venezolano contabiliza 626 excarcelaciones desde diciembre, cifra que pedirá verificar al alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, dado que no existe una lista detallada de dichas liberaciones. El total oficial contrasta con reportes de organizaciones de derechos humanos. Foro Penal, por ejemplo, estima que el total de personas excarceladas es apenas de la mitad.

La nueva tanda de excarcelaciones se produce después de que Rodríguez, que gobierna de forma interina, llamara el sábado a "alcanzar acuerdos" con la oposición para lograr la "paz". "No puede haber diferencias ni políticas ni partidistas cuando se trata de la paz de Venezuela", dijo Rodríguez desde el estado La Guaira. "Desde las diferencias tenemos que encontrarnos y alcanzar acuerdos", agregó.

Entre los opositores que aún siguen detenidos destaca Juan Pablo Guanipa, aliado de la líder opositora María Corina Machado. También permanecen recluidos Freddy Superlano, detenido en julio de 2024, en medio de las protestas contra la reelección de Maduro, así como el activista Javier Tarazona, encarcelado desde 2021 por "terrorismo", "traición" e "incitación al odio".

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este miércoles que "se mantiene abierto" el proceso de excarcelación de presos políticos, casi una semana después de que su hermano, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de un "número importante de personas".

Desde el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno, en Caracas, la mandataria encargada sostuvo que "no ha culminado aún" el "proceso de liberaciones de personas que estaban privadas de libertad" que, dijo, se inició el pasado diciembre, cuando, aseguró, "procedieron 194" excarcelaciones. "Hoy en día -añadió- podemos decir que ya van, que ya suman, 406 liberaciones previstas en estos días".

Junto a su hermano, también jefe negociador del Gobierno venezolano, y al ministro de Interior, Diosdado Cabello, la líder chavista señaló que del proceso están excluidas personas acusadas de homicidio y narcotráfico y que "están siendo valorados delitos relacionados con el orden constitucional, con el odio, la violencia y la intolerancia".

"El objetivo es abrir espacios políticos, (...) el mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política e ideológica", expresó Rodríguez.

Además, indicó que se trata de un "proceso arduo" que encabeza Cabello, quien, afirmó la funcionaria, está "en permanente coordinación y en permanente articulación con los organismos de justicia".

Desde el pasado jueves hasta las 13:50 hora local de este miércoles, la ONG Foro Penal, que computaba el domingo más de 800 presos políticos, contabilizó 72 excarcelaciones.

Este miércoles, más de una docena de periodistas han sido excarcelados, según organizaciones de la prensa. Estas últimas excarcelaciones se han llevado a cabo pocos días después de los ataques de Estados Unidos en suelo venezolano en los que fueron capturados el mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Por su parte, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró en redes sociales que la Fuerza Armada de su país tiene su "honor militar intacto", pese a los ataques.

En redes sociales, el titular de Defensa, en el cargo desde 2014, dijo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) tiene también "su dignidad intacta", así como su "determinación, su equilibrio emocional y su lealtad".

Señaló que la madrugada del 3 de enero vio con sus "propios ojos la determinación, la entrega, el coraje y la lealtad de los hombres y mujeres" militares.

"Venezuela tiene que continuar su camino y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con toda su moral, con toda su dignidad, tiene que dar los pasos necesarios para garantizar el orden, la paz social, la estabilidad política, institucional y constitucional de la patria", expresó en un vídeo que publicó en redes sociales.

El fallecimiento de Jesús Rafael Álvarez, de 44 años, en la cárcel de máxima seguridad de Tocuyito, estado Carabobo, volvió a encender las alarmas sobre la situación de los presos políticos en Venezuela. Se trata del segundo deceso entre los 2.400 detenidos tras la crisis electoral, según informó el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y el Comité por la Libertad de Presos Políticos.

El caso fue denunciado por su hijo, Jesús Álvarez, de 22 años, quien acusó que a su padre “lo castigaron y lo mataron en la cárcel”. "Lo único que me enseñaron de él fue unas pertenencias y unas fotos (...) no me dejaron ver el cuerpo físicamente. No me dan causa de muerte. Ayer, cuando fui a la morgue, lo único que me tomaron fueron los datos para el acta de defunción", relató el joven.

El OVP afirmó que las fotos del cuerpo muestran a Álvarez irreconocible, con signos de desnutrición, hinchazón y aparentes golpes en el rostro.

El primer fallecimiento entre los detenidos se había producido semanas atrás. La víctima fue Jesús Manuel Martínez, de 36 años, militante del partido de la líder opositora María Corina Machado, quien murió en un hospital de Barcelona por una afección cardíaca vinculada a la diabetes tipo II.

En paralelo, se conocieron denuncias de que el régimen de Nicolás Maduro mantiene retenidos a ciudadanos de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Perú y Uruguay con el objetivo de usarlos como garantía de negociación ante una posible crisis política que pudiera forzar su salida del poder.

Según la información difundida por medios de todo el mundo, la maniobra se vincularía con el presunto fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que los opositores Edmundo González Urrutia y María Corina Machado habrían resultado vencedores.

Entre los extranjeros retenidos se encuentra el argentino Nahuel Agustín Gallo, un efectivo de la Gendarmería Nacional que había viajado a Caracas para visitar a un familiar de su pareja. Su desaparición fue denunciada por su familia el 8 de diciembre, luego de que se perdiera contacto con él cuando intentaba cruzar la frontera desde Colombia.

El propio Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia de Venezuela, confirmó la detención de Gallo en una conferencia de prensa. Sin mencionar su nombre, puso en duda las razones de su viaje e incluso cuestionó su situación económica.

"Se meten en su Instagram y da la vuelta al mundo. Viaja por todo el mundo, pero su sueldo es de 500 dólares. ¿Cómo lo logran? ¿Qué venía a hacer a Venezuela?", lanzó Cabello, en una aparente alusión al agente argentino.

El funcionario venezolano agregó: "¿Cuál era su tarea aquí en Venezuela? Eso no lo dice. Probablemente, nosotros lo diremos en algún momento", dejando entrever que podría haber otras motivaciones detrás de su presencia en el país.

El caso de Gallo generó una fuerte reacción del Gobierno argentino, que a través de la Cancillería y el Ministerio de Seguridad exigió la "inmediata liberación" del gendarme y un informe detallado sobre su situación. Sin embargo, hasta el momento, no hubo avances en su liberación ni se ofrecieron explicaciones oficiales desde Caracas.

“Black Reward”, un grupo de piratas informaticos aseguró que se infiltó en los archivos de la Compañía de Producción y Desarrollo de Energía Atómica de Irán (NPPD) y anunció que divulgarán información sensible sobre el programa nuclear del régimen teocrático si las autoridades de Teherán no liberan a todos los detenidos en la ola de protestas por la muerte bajo custodia de la joven Mahsa Amini.

A través de su cuenta de Twitter, junto a imágenes borrosas de documentos presuntamente extraídos de los archivos confidenciales de la compañía, los hackers hicieron el anuncio.

“Acaban de comenzar 24 horas difíciles e importantes para la República Islámica a partir de este momento”, asegura el mensaje.

۲۴ ساعت سخت و مهم برای جمهوری اسلامی از همین لحظه شروع شد ✌️#MahsaAmini #مهسا_امینی #OpIran pic.twitter.com/Nj9qe8A79m

— Black Reward – بلک ریوارد (@black_reward) October 21, 2022

Además agregaron que “conocen bien el impacto que supondrá la divulgación de estos datos pirateados”, vinculado por las autoridades iraníes a los grupos de oposición.

Mientras tanto, las autoridades iraníes todavía no se han pronunciado sobre este ultimátum ni confirmado operación informática alguna contra los archivos de la compañía.