El presidente de Cuba confirmó que se iniciaron conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos, mientras la isla atraviesa una crisis de combustible, apagones y protestas nocturnas.

Miguel Díaz-Canel indicó desde la sede del Comité Central del Partido Comunista que comenzaron contactos con la administración de Donald Trump para “buscar soluciones” mediante el diálogo a las diferencias bilaterales.

El mandatario sostuvo que hubo “factores internacionales” que facilitaron esos intercambios y encuadró el proceso como “sensible”, conducido con “seriedad y responsabilidad” para alejarse de la confrontación. Remarcó que, históricamente, Cuba evita responder a “campañas especulativas”, en alusión a filtraciones y versiones previas.

Horas antes del discurso, el Gobierno cubano anunció la liberación de 51 presos con mediación del Vaticano. Díaz-Canel defendió la decisión como soberana y ligada a una “vocación humanista”, en un punto que lleva años de reclamo social dentro de la isla.

Desde Washington, Trump reaccionó con un mensaje más medido de lo habitual al amplificar una nota periodística sobre el tema, aunque —según el mismo reporte— su entorno deslizó que la Casa Blanca apunta a cambios en el liderazgo cubano. La mención aparece en un contexto de presión explícita: el presidente estadounidense volvió a hablar de un “gran cambio” próximo para Cuba en un acto político en Florida.

El mensaje se emitió en medio de una crisis económica que, según reconoció el propio Díaz-Canel, se agravó por un “cerco energético” que dejó al país sin ingresos de combustible durante más de tres meses.

La Habana a oscuras, una postal que se repite durante los últimos meses. Foto: Reuters / Norlys Perez.

En el impacto cotidiano, enumeró suspensión de clases, transporte escaso y apagones prolongados; en la calle, se multiplicaron cacerolazos nocturnos como protesta.

El Gobierno cubano vincula este escenario con la “emergencia nacional” declarada por Washington a fines de enero, que, según La Habana, cortó el flujo de petróleo que llegaba desde Venezuela o México.

En la comparecencia llamó la atención la presencia de Raúl Guillermo Rodríguez Castro —nieto de Raúl Castro, conocido como “El Cangrejo”— señalado como interlocutor en contactos con Marco Rubio, el secretario de Estado al que Trump le asignó el “expediente Cuba”.

Díaz-Canel no detalló el temario de negociación, pero la nota menciona indicios que se asoman alrededor del diálogo: permisos para importación de petróleo por privados y señales sobre reformas económicas en la isla.

El ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia, Pablo Cococcioni, encabezó este lunes en Reconquista una conferencia de prensa donde brindó detalles del traslado de 83 reclusos alojados en dependencias policiales de la Unidad Regional IX -departamento General Obligado- a los pabellones 8 y 9 del complejo penitenciario Nº 10 de Santa Felicia (departamento Vera), habilitados días atrás por el gobernador Maximiliano Pullaro. La actividad se llevó a cabo en la sede de esa unidad regional (Patricio Diez 1200).En la oportunidad, Cococcioni explicó que “a partir de la reciente habilitación de los nuevos pabellones en Santa Felicia estamos realizando traslados masivos desde todas las unidades regionales del centro norte. Hoy, luego de muchos años, esfuerzo y trabajo, dejamos prácticamente vacía la Unidad Regional de Reconquista. Entre la alcaidía y dos comisarías había un total de 87 presos, de los cuales, 83 van a ser trasladados y 4 permanecerán provisoriamente por comparendos judiciales ya agendados”, precisó. 

“Así que a partir de hoy -prosiguió el ministro- en el departamento General Obligado no va a haber más presos alojados permanentemente en dependencias policiales. El lugar va a quedar descomprimido para poder alojar a algún aprehendido en flagrancia, ya que este es un lugar de tránsito por 24 o 48 horas. Pero cuando se define su situación procesal, pasa automáticamente al Servicio Penitenciario”, indicó.

En ese marco, Cococcioni destacó la importancia de esta decisión en materia de seguridad pública porque “a partir de hoy unos 22 agentes policiales van a ser liberados de una función de custodia de reclusos y cumplirán tareas en las calles; además de la posibilidad de liberar patrulleros que, en circunstancias determinadas, estaban afectados a trasladar presos a Tribunales o, eventualmente, al hospital. Ahora esos patrulleros se van a dedicar estrictamente a la función de la seguridad en las calles para la prevención del delito”, aseguró. Más adelante, el ministro mencionó que “en Santa Fe tenemos 12.200 personas privadas de libertad y nos están quedando a partir de hoy apenas 1.100 en comisarías de toda la provincia. Y con el plan de obras públicas que lleva adelante el Gobierno Provincial esperamos que, de acá a un año y medio, es decir, más allá de esta gestión, no queden presos en las comisarías de la provincia para que la Policía nos cuide a nosotros en las calles”, subrayó.  Cabe señalar que la habilitación de los nuevos pabellones de la UP N°10 de Santa Felicia, en el departamento Vera, permitirá trasladar 199 internos de las unidades regionales de Garay, General Obligado, 9 de Julio, San Cristóbal, San Javier, San Justo y Vera.

Durante el operativo, acompañaron también al ministro de Justicia y Seguridad, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo; el senador por el departamento General Obligado, Orfilio Marcón; el subsecretario de Seguridad Pública, Roque de Lima y el director provincial de Asuntos Penales, Ricardo Giusseponi.

Dos días previos a la Navidad, se escaparon 17 detenidos de la Comisaría ubicada en el barrio de Liniers de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay cinco policías imputados que serán indagados la próxima semana, según informó el Ministerio Público Fiscal porteño.

Las acusaciones en contra de los efectivos son de "favorecer la evasión de detenido o condenado", y por esto serán indagados la próxima semana por la fiscal Lorena San Marco, quien fue encomendada por el fiscal General de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques.

La fuga ocurrió el lunes por la noche en la Comisaría ubicada en la calle Gana al 400, en el barrio porteño de Liniers. El caso provocó el despido del jefe y subjefe.

Este jueves se capturaron dos prófugos más. Se trata de Kevin Villalba, de 30 años, quien fue arrestado en Liniers y debe cumplir prisión preventiva por robo, a requerimiento del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 28, y Brian Maidana, de 25 años, en la Villa 31 de Retiro.

De esta manera, los ocho reclusos que quedan por recapturar son: David Adaro, argentino de 41 años; Cristian Zavala Ramírez, chileno de 28; Nicolás Alejandro Pávez Uribe, chileno de 24; Rodrigo Molina Meléndez, chileno de 21; Jonatan Espinoza Vilches, chileno de 39; Alan Gastón Riquelmes, argentino de 33; Luis Leiva Galván, chileno de 41; y Brian Valdebenito, chileno de 26.

El ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia, Pablo Cococcini, confirmó que no hay presos alojados en la recién inaugurada cárcel federal de Coronda y que, conforme a lo acordado, esto comenzará a ser así desde el mes de marzo, y con prioridad para los internos santafesinos. Aseguró que la capacidad del penal permitirá liberar plazas en las cárceles provinciales para alojar a todos los detenidos en comisarías La Capital y "tres o cuatro departamentos limítrofes".

Ante la pregunta de El Litoral, y luego de la reunión mantenida con el intendente Juan Pablo Poletti, Cococcini negó que, tras el acto de inauguración encabezado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, hayan quedado personas detenidas en la cárcel federal de Coronda.

"Las conversaciones que nosotros habíamos mantenido ya incluían la particularidad de que inicialmente iba a haber una inauguración solamente formal. Después, bueno, cuál ha sido la estrategia comunicacional de la Nación, y se la comparta o no, es una cuestión de ellos. Pero se ha cumplido con la inauguración, con la idea de que la puesta en funciones va a darse alrededor de marzo; previa gestión de una serie de servicios y de cuestiones de infraestructura, logística, personal y demás. Ellos lo comunicaron de esa manera y ése es el plan que entendemos que sigue", explicó el funcionario.

Por otra parte, y en cuánto a la procedencia de quienes vayan a estar alojados allí, Cococcioni se remitió a los dichos de Bullrich, en el sentido de que "la prioridad la tienen los de Santa Fe, y si eventualmente sobrara capacidad de alojamiento (cosa que podría ocurrir a futuro por aplicación de la ley de narcomenudeo, y que muchos presos que hoy son federales sean provinciales), esas plazas serían distribuidas en presos federales alojados en otras provincias. Hoy no vemos mucho margen de discusión, porque el penal tiene capacidad para 462 y nosotros tenemos 680 presos federales, con lo cual tenemos para llenarlo tranquilamente".

No hay presos en la nueva cárcel federal de Coronda, que comenzará a recibir internos desde marzo, con prioridad para los santafesinos.

De hecho, añadió que otra de las razones de que hasta el momento no haya detenidos es que el compromiso incluye que los primeros sean de la provincia. "De hecho, estuvimos meses trabajando en conjunto, nuestros equipos de organismos técnicos con los del Servicio Penitenciario Federal, para poder clasificar a esos casi 700 presos federales que alojamos nosotros , para que ellos vean si se adecuan o no al perfil criminológico para el cual van a habilitar esa cárcel. Porque, por ejemplo, no irían allí presos de alto perfil y, en todo caso, habría que hacer una triangulación con los que tienen condena más larga o estén catalogados como más peligrosos, para que vayan a otra cárcel federal, y de esos otros lugares vengan aquí los que requieran seguridad mediana o baja. Esto es porque, más allá de algunos aditamentos que se han hecho por sugerencia del Servicio Penitenciario, ése es el perfil que tiene esta cárcel, pensada hace 20 años, diseñada hace 12 y comenzada a construir hace 8. Y las cosas van cambiando, es una cárcel que nació vieja", admitió.

En cuanto a las expectativas del gobierno santafesino sobre el efecto que el aprovechamiento de las nuevas instalaciones tendrá para el Servicio Penitenciario Provincial, aclaró que aunque no se pueda derivar allí a la totalidad de los presos federales, "con 400 y algo que nos saquen, para nosotros es muy importante. Piensen que en la Unidad Regional 1 hay menos de 370 detenidos en comisarías, así que 460 son para nosotros vaciar todo el departamento de La Capital, y probablemente tres o cuatro departamentos limítrofes. Nos permitiría que en toda la parte centro de la provincia en lo inmediato no haya más presos permanentes en comisarías. Eso no es algo menor".

Danilo Chiapello

En los primeros minutos del martes se produjo la fuga de tres presos de la Comisaría 27ma, de barrio La Esmeralda. El incidente ocurrió pasada la medianoche, cuando los detenidos atacaron a los oficiales a cargo durante el cierre de las rejas del penal.

Los evadidos fueron identificados como Luis David Ocaña (28 años), Sergio Gabriel Cejas (34 años) y Brian Emanuel Rojas (36 años).

Según se supo, los hombres aprovecharon un descuido en el momento de la clausura del sector de celdas para iniciar un forcejeo con los agentes. Durante el altercado, uno de los policías sufrió un golpe en la cabeza, mientras que otro fue herido con un corte en la frente y presentó múltiples traumatismos. Ambos oficiales fueron trasladados al Hospital Iturraspe, donde recibieron atención médica.

Tras el escape, un operativo de búsqueda se desplegó rápidamente en la zona. Apenas unos minutos después, un móvil policial localizó a Brian Rojas en la intersección de la avenida Aristóbulo del Valle y Callejón El Sable.

El evadido fue detenido y trasladado nuevamente a una dependencia policial. Sin embargo, los otros dos prófugos, Ocaña y Cejas, permanecen en fuga, y su búsqueda continúa con apoyo de distintas unidades de seguridad.

Uno de los suboficiales, encargado de la comisaría al momento del incidente, detalló que todo comenzó cuando los detenidos se abalanzaron sobre un efectivo mientras cerraba las rejas.

"Lo golpearon en la cabeza, rodilla y manos, y al intentar intervenir, otro compañero recibió un corte profundo en la frente", describió. El caos permitió que los tres hombres escaparan del penal antes de que se activara el protocolo de seguridad.

Mientras los agentes lesionados se recuperan, la policía trabaja en la recolección de información que permita localizar a los dos prófugos restantes. Además, se labran actuaciones en la Comisaría 8ª para esclarecer cómo se gestó la evasión y evaluar posibles fallos en el procedimiento de seguridad.

La situación ha generado preocupación en los vecinos de La Esmeralda, quienes temen por la presencia de delincuentes en la zona. Entretanto, las autoridades intensifican los operativos para recapturar a los fugados.

Carlos Retamal

Durante la madrugada de este lunes 4 de noviembre, siete presos que estaban alojados en el penal de la comisaría 2ª, ubicada en calle Paraguay al 1100 (entre San Juan y Mendoza), huyeron por los techos, pero lograron ser recapturados un rato más tarde por personal policial que armó un rápido operativo cerrojo.

Fuentes policiales señalaron que la evasión se conoció alrededor de las 5 AM, cuando una vecina que reside por calle San Juan al 1400 se comunicó al 911 y denunció que había varias personas en los techos, y que creía que eran presos que estaban “en la segunda”, ya que su casa lindaba con la comisaría.

Ante esto, se montó un rápido operativo de recuento de presos y de revisión del penal. En pocos minutos llegaron al lugar uniformados del Comando Radioeléctrico, la Brigada Motorizada y del Cuerpo Guardia de Infantería.

En el conteo notaron el faltante de 7 de los detenidos, que lograron ser apresados a los pocos minutos en la misma manzana donde está la seccional, por calle San Juan al 1400.

Fuentes del Ministerio de Seguridad informaron que los presos recapturados fueron:

Juan Eduardo Kelli Bustamante

Juan Abel Mena

Luis Ezequiel Vallejos

David Godoy

Facundo Obregón

Brandon Ezequiel Gálvez

Ariel Montenegro

También fueron demoradas dos mujeres que estaban a bordo de un auto en cercanías de la seccional. Al momento de producirse la fuga, había 57 personas detenidas en la comisaría y las instalaciones tienen capacidad para alojar a 16.

La secretaria de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Lucía Masneri, brindó este lunes una conferencia de prensa en la que ofreció detalles de la Resolución 008/2024 del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, que rige a partir de hoy, y que dispone que todos los presos de alto perfil alojados en cárceles del Servicio Penitenciario Provincial comiencen a utilizar un uniforme de color naranja. 

Al respecto, la funcionaria aseguró que “consideramos que esto es un antes y un después en la seguridad carcelaria de Santa Fe. Esto viene no sólo a acomodar lo que desde un primer momento decíamos que estaba muy desprolijo, sino además a definir un criterio de seguridad, definitivo y por encima de otros criterios o estándares”.

En ese sentido, la funcionaria de la gestión de Maximiliano Pullaro agradeció “al Poder Legislativo, porque es una tranquilidad saber que estamos haciendo esto en el marco de nuestra nueva Ley de Ejecución N°14.243, que comenzó a regir en enero de este año, y que en su Artículo 24 nos permite categorizar a los internos, y progresivamente ir colocando uniformes”.

Durante el encuentro con los periodistas, realizado en la Sede de Gobierno en la ciudad de Rosario, Masneri indicó que “hoy se ponen en funcionamiento los uniformes para la primera tanda de internos que considerábamos más urgentes, es decir, los internos de alto perfil Nivel 1, aquellos que desde adentro intentan liderar las bandas narcocriminales, principalmente de la ciudad de Rosario y algunos de la ciudad de Santa Fe”, y agregó que estos detenidos “son los que más daño pueden causar en la sociedad santafesina, y por eso son considerados los de más peligrosidad y de los que más visibilidad necesitamos tener”. 

Un color que favorece la identificación

Asimismo, explicó que “hemos elegido un color llamativo, que de ninguna manera forma parte de nuestros uniformes: no podríamos haber pensado jamás en un gris, un celeste, un negro, o un verde, que son representativos de nuestras fuerzas de seguridad, sino que elegimos algo que favorece la posibilidad de identificación: ver cuando no están donde deben estar, detectar automáticamente si no están parados al lado de un efectivo del Servicio Penitenciario, y con eso poder controlar no sólo cualquier circulación no permitida, sino cualquier intento de fuga”.

Los internos designados deberán utilizar estos uniformes anaranjados “en todo momento para salir de los pabellones, es decir, no recibirán ni visitas, ni audiencias virtuales o presenciales, ni consultas médicas, sin estos uniformes”, dijo la secretaria de Asuntos Penales, que remarcó que “los uniformes son propiedad del Estado y no de los internos. Hoy tenemos 60 internos Nivel 1 y 72 uniformes, pero estamos considerando el crecimiento de nuestra población”.

Finalmente, Masneri expresó que “creemos que marcamos una diferencia y que nos adelantamos a lo que va a venir: iremos ampliando los colores conforme se vayan actualizando las otras categorías de internos de alto perfil. Este es el primer paso con los internos Nivel 1, porque era lo más urgente, pero nos quedan los internos Nivel 2 y Nivel 3. En todos los casos este año se realizarán las licitaciones pertinentes”.

En un discurso vehemente y enérgico, el gobernador se quejó públicamente esta semana de quienes objetan la política penitenciaria de la provincia, que ha profundizado controles y endurecido el régimen de visitas. "¡Llévenselos a sus casas a los presos, si tan buenos son!", exclamó Maximiliano Pullaro con indisimulable enojo y molestia, después de entregar treinta patrulleros en la explanada de la Legislatura de la provincia de Santa Fe.

"No vamos a permitir que los presos desde la cárcel manejen organizaciones criminales, extorsionen y manden a matar. Acá no vamos a tener más esos debates estériles. Y aquellos que vienen a hablar de los derechos humanos y de que los presos son pobrecitos, les queremos decir ¡¡llévenselos a sus casas!!", volvió a decir con la misma irritación y potencia.

El mandatario habló así este jueves, a sólo 24 horas de que sesionase en la ciudad de Santa Fe, el Consejo Federal de Mecanismos locales para la Prevención de la Tortura. Tras esa deliberación, el organismo instó a la provincia a "la pronta creación y puesta en funcionamiento de un mecanismo local de prevención de la tortura".

Por eso, tras el acto oficial y en diálogo con la prensa, Pullaro volvió a reprochar también a quienes desde "la intelectualidad" cuestionan a su gobierno por esta temática. Ya había reconocido en el discurso que por su formación académica ("soy politólogo, formado en Ciencias Sociales"), le resultaba incómodo hablar en esos términos. Pero justificó a renglón seguido tal vehemencia a partir de que "cuando uno ve a una persona que fue víctima de un delito violento, cambia la forma de ser y de pensar; cuando uno está a cargo del Ministerio de Seguridad durante cuatro años, cambia las prioridades", expresó.

Consejo FederalEl Consejo Federal de Mecanismos locales para la Prevención de la Tortura sesionó – como se dijo- el miércoles en las instalaciones del hotel UNL -ATE de esta capital. En los considerados de la resolución emitida, se dejó constancia de que el propio organismo "de manera unánime", había decidido deliberar "de forma extraordinaria" en Santa Fe, "en virtud de los hechos conocidos públicamente acerca de la situación en unidades penitenciarias en esta provincia". Durante el debate, fueron escuchadas autoridades de la Corte Suprema de Justicia – asistió su titular, Rafael Gutiérrez-, del Servicio Público para la Defensa Penal, del Ministerio Público de la Acusación y docentes de la Universidad Nacional del Litoral. Todos "aportaron información – según el texto resolutivo- sobre la situación de las personas privadas de la libertad en la provincia, caracterizada por un incremento constante de la tasa de prisionización, con su consecuente impacto en la sobrepoblación y en la vulneración de derechos de las personas detenidas". 

Atento a ello y "sin desconocer los graves hechos delictivos acaecidos recientemente en la provincia", el Consejo advirtió que "toda respuesta estatal debe ser ajustada a las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos". Por ello, en el primer punto de la resolución, se decidió "instar a la provincia a la pronta creación y puesta en funcionamiento de un Mecanismo Local de Prevención de la Tortura".

En abril, miembros del Consejo Federal habían estado en Rosario tras la polémica suscitada por las requisas realizadas en Piñero – también había sido controvertida, la difusión de fotos con escenas al estilo Bukele- y presuntas torturas ejercidas en ese marco, que dieron lugar a la presentación de varios Hábeas Corpus. Por la misma razón, el mismo Comité mantuvo también un encuentro a solas con Gutiérrez, como presidente de la Corte.

Por Juan Manuel Peratitis

Varios internos del Instituto Correccional Modelo Unidad 1 de Coronda, departamento San Jerónimo, iniciaron este martes una huelga de hambre con continuidad y agregado de pabellones desde la mañana de este miércoles.

Según trascendió se trata de los pabellones 3 sur, 7, 9 y 11 por ahora en el sector norte del penal, lugares en los cuales no retiraron ni retirarán sus raciones alimenticias, debido a varios reclamos que tendrían que ver con libertades que no están saliendo desde la Justicia y como queja por los estrictos controles en los ingresos al presidio que hacen que haya elementos que consideran que no son ilegales, pero que igualmente no pueden entrar, según contó un grupo de visitantes a este medio.

Ante la diagramación de esta protesta, los familiares de los presos de esos sectores decidieron no concurrir a la visita tradicional.

Por otra parte, en el sector sur del penal en la mañana de este miércoles hubo requisa general cuyos resultados se conocerán en las próximas horas.

Se conoció que habrá una readaptación de varios sectores de la Unidad, pensando en las medidas que está tomando el gobierno provincial a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, en cuanto al mayor celo en el cuidado de los presos de alto perfil.

Hasta nueva orden, el módulo sur permanecerá cerrado, informaron internamente.

Con una inversión del Estado provincial de más de 7.700 millones de pesos, la obra alojará a 320 presos. El acto se realizará este martes 9, a las 10, en la Sala Walsh de la sede de Gobierno en Rosario, y será encabezado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

Para avanzar en el traslado de presos alojados en las comisarías a dependencias del Servicio Penitenciario y así optimizar el trabajo operativo en calle de la Policía de Santa Fe, el Gobierno provincial abrirá los sobres con las ofertas económicas para la construcción de cuatro nuevos pabellones, para alojar a 320 reclusos, en el Complejo Penitenciario Rosario. La obra tiene un presupuesto de más de 7.700 millones de pesos, y se proyecta que esté terminada en menos de un año.

El acto se llevará a cabo este martes 9 de abril, a las 10, en la sala Rodolfo Walsh de la sede de Gobierno en la ciudad de Rosario, y será encabezado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

"Realizaremos la apertura de sobres de la licitación y posteriormente, la adjudicación de la obra de la Sub Unidad 4 en el Complejo Penitenciario de Rosario, lo que nos permitirá alojar a 320 internos más", detalló la secretaria de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad, Lucía Masneri.

Cabe recordar que, actualmente, el Complejo Penitenciario de Rosario cuenta con tres penales: uno de hombres, uno de mujeres y una alcaidía transitoria, mientras que el nuevo penal, denominado Sub Unidad 4, estará destinado a alojar varones.

La funcionaria enmarcó esta obra en el contexto actual del Sistema Penitenciario provincial: "Cuando inició la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, recibimos más de 1.700 presos en comisarías, de los que hoy quedan 1.330 aproximadamente. Esta obra, como ya lo anticipamos, servirá para reforzar el traslado de internos de comisarías al Servicio Penitenciario. Así, además, desde el Estado provincial vamos poniendo de nuevo en movimiento la rueda de la construcción de cárceles, porque esa es una decisión del gobernador Maximiliano Pullaro en función de una política de seguridad integral". Masneri recalcó que sacar los presos de las comisarías "nos permite garantizar tanto la operatividad en calle de la Policía de Santa Fe, como el control de los internos dentro de las unidades penitenciarias".

La obra fue diseñada por la Unidad Ejecutora de Infraestructura, que depende directamente del gobernador Maximiliano Pullaro. A cargo de esa unidad está Diego Leone, quien confirmó que desde que se anunció el llamado a licitación "hubo muchas empresas, tanto santafesinas como de otras provincias, que se mostraron interesadas en conocer detalles. El martes conoceremos cuáles son las ofertas para posteriormente avanzar en la adjudicación", señaló el funcionario.

Leone además brindó detalles sobre esta ampliación del Complejo Penitenciario, ubicado en 27 de Febrero al 7800: "Se realizará en un terreno vacante. La obra consiste en 4 pabellones, y se denomina Sub Unidad 4. La primera etapa ya estaba ejecutada; ahora vamos a concretar los pabellones propiamente dichos con las celdas para los reclusos. Consiste en 160 celdas con capacidad para alojar dos reclusos por celda, es decir, la capacidad que tendrá este complejo es de 320 reclusos".

También apuntó datos constructivos de la obra: "Buscamos un método constructivo de sistemas pre moldeados, los pilotes y bases se hacen con hormigón 'in situ', pero el resto de la obra se ejecuta con sistemas de panelería pre moldeada. La cubierta es metálica, de manera que logramos tener una rapidez constructiva muy alta. El plazo de obra es de 10 meses".

Esta obra tendrá 3.640 metros cuadrados cubiertos y otros 2.267 metros cuadrados serán destinados a áreas recreativas y patios.

La construcción demandará una inversión -a valores a diciembre de 2023- de 7.744.776.033,19 pesos. El inicio de obra está planificado para junio de 2024 y la fecha de finalización se estima para marzo de 2025.

El acto se llevará a cabo este martes 9 de abril, a las 10, en la sala Rodolfo Walsh de la sede de Gobierno en la ciudad de Rosario, y será encabezado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

Ocho presos lograron escapar de las celdas en las que se encontraban alojados en la Alcaidía Número 1 del barrio porteño de San Telmo y, de inmediato, se montó un rápido operativo que permitió recapturar a tres de los prófugos, mientras continuaba la búsqueda de los otros evadidos.

El hecho ocurrió en la noche del domingo en la citada dependencia policial ubicada en la calle Perú al 1000 y, según se informó, la fuga se descubrió luego de que uno de los cuidadores escuchó ruidos extraños en el interior de una celda y cuando fue a inspeccionar la cantidad de internos confirmó que faltaban ocho, ya que en vez de 20 detenidos, había sólo 12.

De inmediato, se activó una alerta, tras lo cual se desplegó un fuerte operativo de seguridad y desde la Alcaidía se comunicaron con las demás dependencias policiales para trabajar en conjunto en el operativo de búsqueda.

Tres de los presos fugados pudieron ser recapturados, según informaron desde el Ministerio de Seguridad porteño, mientras que los demás seguían siendo intensamente buscados y trascendió que desde la dependencia hicieron circular las fotos de los detenidos que permanecen prófugos.

Las dependencias policiales que participaron del operativo son las Comisarías Vecinales 1 B, 1 C y 1 F, que montaron un operativo cerrojo en las avenidas céntricas para intentar atrapar a los cinco reclusos que continúan prófugos y la búsqueda de los reclusos contó con el apoyo del helicóptero de la Policía de la Ciudad.

Un capo narco detenido y aislado en Marcos Paz intentó pasar una tarjeta de memoria camuflada en un saquito de café a otro líder de una organización dedicada al narcotráfico.

El hecho ocurrió el 13 de febrero pasado en el pabellón 7 del penal de Marcos Paz, donde está detenido el capo narco Matías “El Bicho” Álvarez, condenado recientemente a 15 años de prisión por ser líder de una organización dedicada al narcotráfico en Venado Tuerto y de ordenar balaceras.

Incluso, se lo acusa de amenazas al intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella; la fiscal provincial Susana Pepino; el fiscal federal Javier Arzubi Calvo y el juez federal Aurelio Cuello Murúa.

Por esta razón, era considerado un preso de alto riesgo y estaba aislado, lo que alarma más sobre lo que ocurrió cuando le pidió al celador del Pabellón 7 a las 12.30 de la noche que le pasara ese saquito de café a otro preso, Alan Funes.

Este último también es un capo narco de alto riesgo detenido en Marcos Paz por una condena de homicidio y narcotráfico.

Tras el episodio, el fiscal federal Javier Arzubi Calvo emprendió una investigación y pidió abrir la memoria para analizar su contenido. 

Un violento incidente se desató este martes por la madrugada en el sector del penal de la Comisaría 11a, ubicada sobre avenida Aristóbulo del Valle, a la altura de calle Gutiérrez de la ciudad de Santa Fe.

Según trascendió, una protesta escapó de control en las celdas donde se alojaba una docena de presos.

La situación se tornó dramática cuando algunos de los reclusos le prendieron fuegos a un colchón y algún otro elemento, lo que obligó a la intervención de una dotación de la Agrupación de Bomberos Zapadores.

Los uniformados pidieron la colaboración de la Agrupación Cuerpos y minutos después llegó al lugar un equipo del Cuerpo Guardia de Infantería, que realizó una tarea preventiva.

Con mucha fortuna, el episodio terminó sin lesionados graves, aunque varias personas sufrieron intoxicación leve por inhalación de humo.

La Legislatura sancionó este jueves otras dos leyes del paquete de las normas sobre seguridad pública que remitió el Poder Ejecutivo a las cámaras: una ley que regula la ejecución de la pena privativa de la libertad y la Agencia de Medidas no Privativas de la Libertad. Ambos temas fueron considerados en la misma jornada por las dos cámaras y en el caso de la primera, Diputados introdujo algunas reformas al texto aprobado por el Senado siete días atrás. A los pocos minutos, la Cámara Alta convalidó los cambios y convirtió en ley ese mensaje.

Ahora le resta a la Legislatura el acuerdo para otros proyectos como la creación de una agencia de inteligencia; las reformas al Código Procesal Penal y a los principales institutos: el Ministerio Público de la Acusación y el Sistema de la Defensa Pública, temas donde todavía no están logrados los consensos suficientes para votarlos en el recinto.

"Es una herramienta que sumamos a las votadas siete días atrás para organizar el Estado y recomponer la autoridad en la batalla contra la violencia y el narcotráfico", afirmó José Corral (UCR - Unidos) al presentar en el recinto el texto a votar sobre la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad. "Venimos a cumplir con el compromiso de campaña de nuestro gobernador, de legislar para mejorar la política de seguridad" agregó el miembro informante de la mayoría. Los diputados oficialistas aceptaron algunas modificaciones solicitadas por el justicialismo y por Unite para consolidar una sólida mayoría a la hora de votar. Solo se abstuvieron los tres diputados del Frente Amplio por la Soberanía y los dos de Viva la Libertad.

Corral explicó los alcances de la ley, los objetivos e incluso se detuvo en el capítulo especial referido a los detenidos de alta peligrosidad. "Es una ley basada en el conocimiento de nuestro gobernador que fue ministro de Seguridad y del ministro actual que estuvo al frente del Servicio Penitenciario", advirtió. Valoró los aportes introducidos por algunas legisladoras de Unidos e incluso de Celia Arena (PJ) y de Emiliano Peralta (Unite),

Enseguida Lucila De Ponti (PJ) destacó el camino del diálogo en el proyecto y lo contrapuso a la actuación del oficialismo siete días antes que avanzó con proyectos sin debate en comisiones. "Es saludable esta discusión, darle herramientas a la justicia más allá de algunos reparos que podemos tener con el capítulo de alta peligrosidad. Su par, Verónica Baró Graf también valoró el debate y subrayó que lograron la inclusión de que las víctimas puedan ser escuchadas en esta norma.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías estuvieron puliendo la letra chica de la ley hasta el inicio de la sesión con la mirada atenta del Senado para aceptar los cambios. Después, en el recinto la Comisión de Presupuesto y Hacienda hizo el dictamen y lo firmó en un cuarto intermedio.

El proyecto sancionado regula los institutos propios del régimen de progresividad, incluso las salidas transitorias y semilibertad, con relativa autonomía de la legislación nacional vigente en la materia. El Poder Ejecutivo entendió que "el acople normativo es necesario y buscado por el texto, a punto tal que se toma como base para el cálculo de las principales etapas la fecha estimada de puesta en libertad según la legislación de fondo".

En cuanto a los institutos de soltura anticipada, guardan proporción con las normas nacionales que regulan la libertad condicional y la libertad asistida, evitando la salida anticipada de condenados no susceptibles de liberación bajo estos títulos, con el riesgo agravado de incumplimiento que la falta de perspectivas liberatorias previsiblemente genera.

La norma incorpora el régimen de internos de alto perfil, que hasta ahora tiene una base normativa de carácter meramente reglamentario. Además crea la Cámara de Apelaciones de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria, organismo que concentrará las apelaciones en materia de ejecución penal y hábeas corpus, y tendrá competencia consultiva para anticipar criterios de interpretación y aplicación de la ley penal-ejecutiva. Este artículo fue votado en contra por la bancada justicialista entendiendo que genera un mayor gasto y choca con otras normas.

"El régimen penitenciario será progresivo, y estará segmentado en períodos que implicarán sucesivamente mayores niveles de autodeterminación personal. El avance a través de dichos períodos, y en particular el otorgamiento de salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional y libertad asistida, estará supeditado al activo involucramiento en el programa de tratamiento y a la reducción comprobable del riesgo de reiteración delictiva", dice el artículo 6.

Dispone además que los regímenes de salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional, libertad asistida y prisión domiciliaria, como así también las medidas no privativas de libertad o de atenuación de la coerción serán supervisadas por la Agencia de Medidas no Privativas de Libertad, creada por otra ley dictada este jueves.

Un artículo dispone que la administración penitenciaria proveerá al interno de vestimenta acorde al clima y a la estación, si éste no tuviere, para usarla en el interior del establecimiento y también regula normas de alimentación. También se ocupa de reglar las faltas y las sanciones por cometer faltas por parte de los internos. Otro del régimen de visitas y de comunicaciones.

Plenario

Un plenario de cuatro comisiones fue convocada para el miércoles próximo en la Cámara de Diputados para buscar un dictamen sobre otro proyecto en materia de seguridad. Es la propuesta del Poder Ejecutivo para regular la actividad de producción y gestión de información para la prevención del delito. El tema tiene controversias incluso dentro de Unidos mientras que los bloques de la oposición sugieren algunos cambios al mensaje.

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El capítulo 11 de la ley apunta a las normas de trato para los internos de alto perfil, definiendo como tal a aquellos internos que hayan tenido participación o contacto relevante con organizaciones criminales complejas y/o ligadas al narcotráfico; existencia de indicios de participación en atentados, actos de fuerza, agresión o amenaza hacia los poderes públicos, o en hechos de violencia hacia particulares fuera de su lugar de alojamiento, por sí o por medio de allegados u organizaciones criminales. También a aquellos con antecedentes de evasión, atentado o resistencia a la autoridad policial o penitenciaria, participación en motín o tumulto o con disponibilidad de recursos humanos, económicos, financieros, materiales, logísticos o de cualquier otro tipo, que hicieran presumir cualquiera de las circunstancias antes mencionadas.

Este jueves, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, se refirió a la fuga de presos de la comisaría 21 en Rosario. “Era un módulo con capacidad para 16 detenidos, donde había 48. De los 25 presos fugados, nueve fueron recapturados de inmediato. Se está trabajando con todos los recursos disponibles para recapturar al resto”, indicó.

“Los nueve recapturados y el resto van a ser alojados en unidades de máxima seguridad del Servicio Penitenciario de Santa Fe”, adelantó Cococcioni.

“Ya hemos sacado más de 80 presos detenidos en comisarías. Las soluciones de fondo no van a llegar de un día para el otro. Es la consecuencia de no haber hecho obra pública carcelaria durante cuatro años. Hay comisarías saturadas de presos que ocupan policías en custodia de detenidos en vez de estar en la calle”, marcó el titular de Justicia y Seguridad. “Y si tengo que elegir entre sobrepoblación en Penitenciaria y en comisarías, elijo en Penitenciaría. Hechos como estos reafirman esa necesidad”, enfatizó.

“En 2019 nos fuimos dejando en todo el departamento Rosario 14 detenidos porque tenían órdenes judiciales de permanecer en una comisaría. En estos cuatro años la política penitenciaria colapsó por completo, fue ineficiente. Y todo lo que hicimos antes tenemos que volver a hacerlo, lo cual no va a ser inmediato. En el mediano plazo es nuestro objetivo que no haya ningún preso en comisarías”, recordó el ministro.

Además Cococcioni indicó: “Estamos iniciando las investigaciones de rigor para establecer posibles responsabilidades de funcionarios para deslindar vinculación posible del personal con el hecho”. Subrayó de todos modos que “las condiciones infraestructurales no permiten una adecuada custodia. Una comisaría no es un lugar pensado para eso. Hay hasta condenados, lo cual es inadmisible. Vamos a solucionar esto esto en el corto plazo para que esto no vuelva a pasar”.

Sobre el mismo hecho, señaló que “los detalles son investigados por la Fiscalía y la Policía de Investigaciones junto con la subsecretaría de Control Policial. Hay agujeros arriba, abajo, al costado: no hay condiciones edilicias aceptables para alojar personas” en la dependencia donde sucedió el escape.

Este martes se realizó otro operativo de traslado de detenidos que estaban alojados en comisarías. Tal como sucedió en Rosario, esta vez fue en las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé. Los presos fueron llevados a la Unidad Penitenciaria N° 2 de Las Flores, en el norte de la capital provincial.

En total se reubicó a 68 presos desde seis comisarías y subcomisarías de Santa Fe, y otras dos dependencias de Santo Tomé, tareas que estuvieron a cargo de personal del Servicio Penitenciario, de Cuerpos y de Trámites, y Libertades de la Unidad Regional I de la Policía de la Provincia.

Una vez finalizado el procedimiento, el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, expresó que estas son “medidas de emergencia ante el hacinamiento en comisarías, que además nos quitan recursos policiales, porque estos policías deberían estar patrullando y no cuidando presos. Para eso tenemos que sacarles toda la carga de trabajo que no sea estrictamente policial, para lo cual el Servicio Penitenciario se va a hacer cargo de la custodia”.

El funcionario -que estuvo acompañado por la secretaria Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes; y la Jefa de la URI, Margarita Romero- recordó que “lo mismo hicimos la semana anterior en dependencias de Rosario”, y explicó que “hay sobrepoblación de detenidos en todos lados, y entre sobrepoblación en la Policía versus sobrepoblación en el Servicio Penitenciario, elegimos como mal menor sobrepoblar el Servicio Penitenciario, porque lo otro sería pedir libertades, y eso no lo vamos a hacer”.

Respecto de los traslados efectuados en la URI, Cococcioni indicó que “en principio van a Las Flores, pero desde ahí pueden ser relocalizados en cualquier otro punto de la provincia en base al perfil criminológico” de cada detenido.

“El objetivo es que no haya presos en comisarías -continuó el ministro-, pero los medios que tenemos para cumplir con eso hoy, no alcanzan”, y agregó en ese sentido que “habiendo dejado hace cuatro años 495 presos en comisarías, nosotros recibimos 1.700, producto que en cuatro años la infraestructura penitenciaria estuvo prácticamente congelada en los mismos números que dejamos nosotros”.

Sobre la sobrepoblación en comisarías, repitió que “ahora estamos tomando medidas de emergencia. Después, con otras medidas iremos aliviando la situación. Con los operativos en Santa Fe y Rosario, de esos 1.700 detenidos están quedando casi 1.550”, y aseguró que “se va a intervenir en todas las dependencias policiales, y al cabo de la mitad de nuestras gestión esperamos que no quede un solo preso en comisarías en la provincia de Santa Fe”.

Finalmente, Cococcioni remarcó que “es incalculable todas las cosas que hace la Policía que no son prevenir el delito, por eso estamos conduciendo una auditoría de funciones administrativas y de complemento que se terminará en 90 días. Una de esas funciones administrativas y complemento es la custodia de detenidos; otras son las custodias fijas, que las hemos levantado a todas; otras son las tareas accesorias, de logística, lavar el patrullero, todo eso se lo vamos a ir sacando y la policía va a hacer de policía”.

Durante la mañana del martes se realiza un operativo especial de traslado de presos alojados en comisarías y subcomisarías de Santa Fe y Santo Tomé hacia la unidad penitenciaria N° 2 de Las Flores.

Dicho dispositivo responde a una orden operacional dispuesta por el gobernador Maximiliano Pullaro y es realizada por personal policial, junto a agentes del Servicio Penitenciario, personal de Cuerpos y de Trámites y Libertades de la Unidad Regional I.

Desde horas tempranas distintas grupos de seguridad comenzaron a "mover" detenidos (68 en total ), los que estaban alojados en las distintas comisarías y subcomisarías de Santa Fe y Santo Tomé, para ser reubicados en el nuevo destino.

Hasta el momento se registraron traslados desde la Subcomisaría 18va ; Seccional 1ra.; Seccional 2da (en barrio Sur); Subcomisaría 1ra. (barrio Centenario); Subcomisaría 9na. (en Santo Tomé) y en la Seccional 11va.

La última "parada" de este operativo se realizará en la Seccional 11va. donde el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, dará a conocer los resultados de los procedimientos.

En la comisaría 12 de Santo Tomé estuvo presente Margarita Romero, nueva jefa de la Unidad Regional I.

Seis ciudadanos colombianos que estaban detenidos en Ecuador por su presunta implicación en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio fueron asesinados en medio de disturbios ocurridos en la cárcel de Guayaquil, un lugar frecuentemente afectado por violentos enfrentamientos entre bandas narcotraficantes.

La agencia estatal encargada de las prisiones (SNAI) confirmó en un comunicado que los fallecidos eran de nacionalidad colombiana y enfrentaban acusaciones relacionadas con el asesinato del candidato ocurrido el 9 de agosto en Quito.

Villavicencio, un exmiembro de la Asamblea Nacional y expresentador de noticias, fue asesinado a tiros cuando salía de un acto político en la capital, semanas antes de las elecciones generales.

El presidente Guillermo Lasso condenó en redes sociales el incidente y expresó su compromiso de colaborar en las investigaciones para identificar a los responsables intelectuales del crimen.

Tras la información de los seis crímenes ocurridos en el Centro de Privación de Libertad No. 1, en Guayaquil, he dispuesto sesionar, de inmediato, al Gabinete de Seguridad. En las próximas horas regresaré al Ecuador para atender esta emergencia. Ni complicidad ni…

Este episodio se produce días antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador, que enfrenta a Luisa González, candidata de izquierda, y Daniel Noboa, candidato de derecha, programada para el 15 de octubre.

La cárcel Guayas 1 forma parte de un complejo penitenciario en Guayaquil que se ha convertido en un centro de operaciones de bandas narcotraficantes, donde se disputan el control del negocio de la droga. Los enfrentamientos entre reclusos han resultado en más de 430 muertes desde 2021.

El asesinato del candidato tuvo lugar el 9 de agosto en Quito. Crédito: REUTERS.

El pabellón 7, donde ocurrió la matanza, se dice que está bajo el control de Los Águilas, una de las bandas ecuatorianas asociadas con carteles mexicanos y colombianos.

Ecuador ha sido testigo de un aumento en la violencia política y el narcotráfico en los últimos años, con el asesinato de varios políticos y un aumento en la violencia dentro y fuera de las cárceles.

El país, ubicado entre Colombia y Perú, los principales productores de cocaína del mundo, había evitado en gran medida la violencia del narcotráfico, pero en años recientes, los carteles han intensificado su presencia y actividad en Ecuador.

El país ha experimentado un aumento en los homicidios, y la tasa de homicidios se ha cuadruplicado entre 2018 y 2022, alcanzando un máximo de 26 por cada 100.000 habitantes.

Los disturbios en la prisión de Guayaquil se produjeron en medio de un estado de excepción declarado en julio para todas las cárceles del país debido a la violencia entre los reclusos. Esta medida permitió al Gobierno movilizar a militares hacia los centros penitenciarios y se ha extendido hasta finales de octubre.

Presos de seis cárceles de Ecuador mantienen secuestrados a 57 guardias penitenciarios y policías en protesta por operativos de seguridad de la fuerza pública en las prisiones, indicó este jueves el organismo rector de los reclusorios (SNAI).

La entidad señaló en un comunicado que siete policías y 50 agentes carceleros “están retenidos en seis centros de privación de libertad”, sin dar mayores detalles sobre lo sucedido.

Más temprano el ministro de Interior, Juan Zapata, había indicado que todos los guardias estaban retenidos en la prisión de Cuenca, donde los reclusos protestan desde el miércoles por la presión policial.

“Este suceso sería una respuesta de los grupos criminales ante las intervenciones de la fuerza pública en los centros penitenciarios del país, cuyo propósito es el decomiso de objetos prohibidos que son utilizados en hechos violentos”, indicó el SNAI.

El miércoles, cientos de soldados y policías realizaron un operativo de búsqueda de armas, municiones y explosivos en una cárcel de la andina Latacunga (sur), una de las principales de la nación y escenario de las frecuentes matanzas entre reclusos que dejan más de 430 muertos en todo el país desde 2021.

Las hipótesis sobre las retenciones han ido cambiando a lo largo del día.

Las hipótesis sobre las retenciones han ido cambiando a lo largo del día. En un principio el SNAI indicó que se trataba de una represalia por esa “intervención” de la fuerza pública.

Luego, autoridades señalaron que la retención es en protesta por el traslado de reclusos a otras cárceles.

“Estamos preocupados por la seguridad de nuestros funcionarios”, expresó Zapata en rueda de prensa en Quito.

El miércoles, cientos de soldados y policías realizaron un operativo de búsqueda de armas

De acuerdo con el SNAI, se “está tomando una serie de acciones para recuperar el orden en el sistema penitenciario” con el apoyo de militares y policías.

También hubo un intento de motín en el correccional de menores de Quito “Virgilio Guerrero”, donde los adolescentes causaron un incendio en el segundo y tercer piso de este centro, lo que obligó a los bomberos a un gran despliegue para controlar las llamas sin que aparentemente no se registraron víctimas.

Bandas vinculadas al narcotráfico sostienen una guerra por el poder y usan las prisiones como centros de operaciones.

Ante los cruentos enfrentamientos entre las organizaciones aliadas a carteles mexicanos y colombianos en las cárceles, el presidente Guillermo Lasso decretó el 24 de julio el estado de excepción en todo el sistema penitenciario por 60 días, lo cual le permite desplegar militares en las prisiones.

Estos episodios son parte de la creciente ola de violencia en la que está inmerso Ecuador, lo que ha hecho que el país pase en cinco años de 5,8 a 25,32 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes en 2022, la cifra más alta de su historia, con recurrentes asesinatos y matanzas vinculadas al crimen organizado y al narcotráfico.

Maximiliano Pullaro y Pablo Javkin hablaron sobre tres ejes en el tema más acuciante en esta ciudad. Se encontraron en el Distrito Sudoeste. El candidato a gobernador prometió una cárcel para 3.000 presos peligrosos.

“La responsabilidad de tener la policía en la calle es del gobierno de la Provincia de Santa Fe. No es del intendente municipal”, dijo Pullaro en contacto con la prensa. “Nosotros tomamos el total compromiso de volver a conducir a las fuerzas de seguridad y que las órdenes operativas se puedan cumplir”, añadió. 

El ex ministro de Seguridad de Santa Fe entre 2015 y 2019 aseguró que bajo su conducción había de entre 180 y 240 móviles policiales en la ciudad del sureste provincial. Un número que descendió en la actualidad a 60. “Vamos a volver a tener esa presencia policial porque es posible”.

El candidato a ocupar la Casa Gris afirmó que de ser gobernador habrá un trabajo de mesas multiagenciales en la segunda cuestión central. Desde la Municipalidad de Rosario, el Ministerio Público de la Acusación y la Provincia con determinadas áreas trabajar para identificar a los grupos criminales. “(Los grupos) Están muy consolidados en 15 barrios de la ciudad”, sostuvo. “Avanzar sobre la persecución penal”, agregó.

El tercer eje sería el control absoluto del servicio penitenciario. “Hoy los presos de alto perfil siguen manejando las calles”, subrayó. “Volver a tener a los presos de alto perfil en pabellones diferentes”, explicó Pullaro. “Vamos a hacer una cárcel para 3.000 detenidos de alto perfil en la provincia. Donde haya condiciones completamente diferentes de detención”, prometió.