Una reforma laboral tendrá por destino el blanqueo y una mejora en la financiación del sistema previsional quebrado, difícilmente resistible para el espectro institucional argentino. En cambio la reforma tributaria es un escenario de batalla política que ya despunta, aunque las iniciativas de la Casa Rosada serán posteriores al comicio del 26 de octubre.

"Nuestra propuesta va a ser motosierra en las provincias, para que ese gasto público más pequeño implique menos impuestos para la gente", advirtió Federico Sturzzeneger, sobre la reforma fiscal que complementará la iniciativa oficial. Se lo planteó a algunos gobernadores (Maximiliano Pullaro no estaba entre ellos) que el viernes pasado se contactaron con Guillermo Francos, el vicejefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Lisandro Catalán y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

Del encuentro participaron Claudio Vidal (Santa Cruz), Raúl Jalil (Catamarca), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ignacio Torres (Chubut) y la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto. Francos posteó: "Conversamos sobre una iniciativa impulsada por la totalidad de los gobernadores para encontrar una forma de contemplar, de manera consensuada, los intereses provinciales y nacionales en relación con los Aportes del Tesoro Nacional —que históricamente fueron discrecionales— y el impuesto a los combustibles.

"Los gobernadores -señaló el jefe de gabinete- manifestaron que no pretenden comprometer el equilibrio fiscal, una premisa innegociable del Gobierno nacional, y que debe consolidarse como objetivo permanente en la gestión del Estado. Fue un encuentro de diálogo y búsqueda de entendimiento para seguir construyendo un vínculo sólido y responsable entre la Nación y las provincias".

Institucional pero no distendida. Así puede calificarse la relación entre la Casa Rosada y los jefes de gobiernos subnacionales. Fue el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, quien se encargó de responder a Sturzenegger en redes sociales.

"Publicado por el propio Ministerio de Economía de la Nación. La presión tributaria consolidada se mantuvo en 2024. Bajó la presión tributaria de las provincias y aumentó la presión tributaria nacional. Los datos son nobles. La manipulación está en los relatos", sostuvo el ministro santafesino.

Según los datos de Luis Caputo, desde el año pasado la Nación subió de 22,8% a 23% la carga tributaria en términos de PBI; las provincias lo bajaron de 5,1% al 4,8%. A favor del gobierno central juega sin embargo la comparativa desde 2015: la presión tributaria nacional bajó del 26,2% del PBI al 23% el pasado año; la carga de los impuestos provinciales se redujo del 5,3% al 4,8% en ese lapso.

Sin embargo, no todo es lineal en la contabilidad federal. "En lo que respecta al Gobierno Nacional, sus ingresos tributarios aumentaron 0,48 p.p. del PBI, mientras que la recaudación nacional que reciben las provincias y CABA registró un descenso de 0,26 p.p. del PBI", detalló un informe del Iaraf sobre 2024.

"Es decir, el incremento interanual de la presión tributaria nacional de 0,22 p.p. del PBI, derivó en una suba de los ingresos tributarios nacionales de 0,48 p.p. del PBI y en una baja de los recursos coparticipables que reciben las provincias de 0,26 p.p. del PBI

Rascando en medio de un país en el que "no hay plata", los mandatarios provinciales reclaman porque el gobierno central no cumple con la ley. El Impuestos sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono (Ley Nº 23.966, Título III y Ley Nº 27.430) determina destinos específicos para la recaudación, con los que Nación subejecuta o incumple.

La administración Milei ya llamó a audiencias públicas para licitar rutas nacionales; mientras tanto cobra y no siempre reparte lo que debería. Según esas normas, el producido de los impuestos, para el caso de las naftas, gasolinas, solvente, aguarrás, gasoil, diésel oil y kerosene, se tiene destino específico.

El 10,40% debe ir al Tesoro Nacional; 15,07% al Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) que está paralizado; 10,40% a las Provincias; 28,69% al Sistema Único de Seguridad Social, para ser destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales; 4,31% al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica (no se cumple); 28,58% al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte (no se cumple) y 2,55% a la Compensación Transporte Público (no se cumple).

Sofismas al margen, el mayor triunfo de la menor carga fiscal llega por el lado de la baja de la inflación. Un informe del Iaraf proyecta que la reducción de 2,3 puntos porcentuales del PBI de impuesto inflacionario, "constituye la principal baja impositiva del año 2025, seguida en segundo lugar por la desaparición de impuesto PAIS, que tuvo una recaudación de 1,1% del PBI durante el año 2024".

En 1948 la provincia de Buenos Aires ordenó el impuesto a las actividades lucrativas que paulatinamente se replicó en todo el país. El Iva creado en 1975 absorbió los gravámenes provinciales, pero "solo dos años más tarde las provincias revivieron el impuesto a las actividades lucrativas bajo el nombre de impuesto a los Ingresos Brutos".

Un informe de Virginia Giordano, coordinadora de investigaciones y Patricio Cialis, economista del Instituto para el Desarrollo Social Argentino, repasa el derrotero de este impuesto que la administración Milei presiona para eliminar; en el caso de Santa Fe representó 84,51% de lo recaudado por la provincia con recursos propios en 2024.

Idesa señala una tasa promedio del 3% en los estados subnacionales; advierte que "Ingresos Brutos es muy perjudicial para la inversión" y su efecto en cascada (impuestos sobre impuestos) se acumula y distorsiona más, cuanto más eslabones tenga una cadena productiva. La pagan los consumidores.

En IIBB, los empresarios hacen el trabajo del Estado haciendo cobros anticipados, en su condición agentes de percepción que actúan cuando se compran insumos; agentes de retención cuando se venden bienes o servicios o ante cierta modalidad de pago y también hay agentes de recaudación que actúan sobre las acreditaciones bancarias cada uno de estos esquemas de pagos anticipados.

"Es potestad de las 24 provincias esto genera abusos en su utilización requiere de áreas especializadas para la liquidaciones de este impuesto en las empresas y pagos anticipados que pueden llegar a ser que lo que le corresponde pagar al contribuyente lo que se conoce como saldos a favor. Existen provincias que tienen cobrado por adelantado más de un año de recaudación", subrayaron los autores del reporte.

Las provincias aplican en promedio 91 alícuotas de IIBB (algunas llegan a más de 180) pero el 95% de la recaudación está concentrado tan sólo en nueve de ellas.

Con el esbozado "super Iva", Nación pretende quedarse con 9% de ese gravámen y que cada provincia se haga cargo del rest. Pero Idesa reconoce que eso necesitaría un fondo de convergencia (implica complejs acuerdos políticos) para compensar transitoriamente a las provincias más pobres, hasta que logren generar valor en su territorio, eliminando IIBB.

La Confederación Rural Argentina (CRA) ha expresado su postura clara respecto a los Derechos de Exportación (DEX) sobre los productos del campo, instando a su eliminación total.

La entidad argumenta que mantener este impuesto distorsivo sería caer nuevamente en el facilismo populista y que es necesario adoptar una visión integral que priorice la producción y el desarrollo del país. Además, reitera que el campo es el principal generador de divisas y una pieza clave para solucionar el déficit fiscal y de balanza de pagos, por lo que la eliminación de los DEX sería beneficiosa tanto para los productores como para la economía en general.

En palabras de CRA: “Lo mejor para el país y para su economía -no sólo para los productores- es la eliminación total de los DEX. No se debe caer nuevamente en el facilismo populista de pretender solucionar el problema fiscal manteniendo en el tiempo este impuesto distorsivo.”

Según la entidad, los DEX tienen efectos negativos en la economía del país, ya que generan menos inversiones, menos empleo y menos ingreso de divisas por exportación. Además, se considera que son injustos y discriminatorios, ya que gravan de manera desproporcionada la actividad agropecuaria y las economías regionales, en contraste con otros sectores productivos. CRA defiende una menor presión tributaria y una equidad en la carga impositiva entre los distintos sectores productivos.

La entidad confederada argumenta que la eliminación total de los DEX podría desencadenar una explosión productiva, como ocurrió en 2016 cuando se eliminaron estos impuestos para el trigo y el maíz. En ese momento, se observó un notable aumento en la superficie sembrada de trigo, mejorando la rotación de cultivos y la sustentabilidad del suelo. La eliminación de los DEX permitiría generar más empleo, incrementar la entrada de divisas genuinas al país y garantizar la seguridad alimentaria para todos los argentinos.

“La estadística resulta incontrastable, sólo no la ven, quienes ignoran que es creciendo y exportando, como se sale del desastre económico y social actual.”, aseguran los ruralistas.

La entidad destaca que la eliminación de los DEX no es solo un pedido de las entidades rurales, sino que también existen proyectos de ley en el Congreso Nacional que proponen su eliminación. CRA insta a los precandidatos a presidente a considerar esta medida como parte de una visión integral del país, priorizando la producción y el desarrollo.

Para lograr un equilibrio fiscal, CRA sugiere revisar el gasto en obra pública y los subsidios económicos, así como reducir el “gasto político” y llevar a cabo una reforma del Estado. También se plantea la necesidad de simplificar los trámites burocráticos y evitar la superposición de niveles tributarios entre la Nación, las provincias y los municipios.

Con este pronunciamiento, la entidad del campo hace un llamado contundente a los precandidatos a presidente y a las autoridades del país para que adopten una postura que promueva la eliminación total de los DEX. Esta medida -aseguran- impulsaría la economía, generaría más empleo y garantizaría un mayor ingreso de divisas al país, posicionando al campo como una pieza fundamental para superar la crisis económica y social actual.

“Nos propusimos trabajar para poner en conocimiento de la población lo que significan cuatro años de sequía consecutivas, con impacto principalmente en la cosecha de la siembra gruesa (soja/maíz) y en la siembra fina de este año (legumbres/trigo). Pero no solo en lo que perdió el productor, por el contrario, lo que perdió la zona en general, los pueblos rurales, los trabajadores de cooperativas, los acopios, los transportistas, los comercios y las comunas de nuestra zona”, expreso el referente de Federación Agraria, Valentino Agostini.

Según los datos aportados, en estos cuatros años se perdieron cerca de 320.000 toneladas de soja, que al precio actual sería una cifra cercana a los 200.000.000 de dólares. Esto es delimitando una zona de alrededor de 80.000 hectáreas productivas contando desde Villa Constitución hasta J.B. Molina y desde el límite provincial con Buenos Aires hasta el Arroyo Pavón, incluyendo la localidad de Coronel Bogado (45 Km x 20 Km).

“Vemos como el Estado, a pesar de la Emergencia, vía retenciones en los pocos granos producidos, se llevó millones de dólares, que no solo no volvieron en ayuda a los chacareros, sino que no fueron afectados a nuestra zona en obras de desarrollo y/o paliativos a la población que vio resentida su economía en general”, continuó el joven dirigente.

El informe detalla números sobre el impacto que género en Transportistas, Comercios, Acopios y Cooperativas, Ventas de Insumos locales, y la economía en general de los pueblos en forma directa e indirectamente sobre las grandes urbes cercanas. Además, informa sobre la magra o casi nula ayuda recibida por parte de la Provincia y Nación, denuncia un futuro de desaparición de chacareros y pueblos y traza un comparativo sobre lo que se podía haber hecho con un Estado presente y con políticas de desarrollo rural

-Impacto principalmente, la siembra gruesa (soja/maíz). Este año tuvo la particularidad, que golpeo de lleno sobre los cultivos de inviernos (legumbres/trigo) y arranca la siembra de la gruesa con un faltante de humedad de 300 mm a pesar de esta última lluvia que trajo solo un respiro.

-El estimado en estos cuatro años, es que se perdieron por sequía, solo en soja, 320.000 toneladas, que al precio actual sería una cifra cercana a los 200.000.000 de dólares

– El Estado se hubiera llevado en retenciones y diferencia cambiaria, 120.000.000 de dólares de ese total perdido

-Lo paradójico es que el Estado, si se llevó en estos cuatro años de sequía, cerca de 100.000.000 de dólares, al valor actual, de los pocos granos producidos, en retenciones y diferencia cambiaria, dejando a los chacareros arrendatarios, solo deudas y la esperanza de que algún cultivo de invierno pueda financiarlo hasta la próxima cosecha gruesa.

– Los transportistas perdieron de realizar en estos cuatros años, 10.600 viajes que al valor del flete actual representa cerca de 400.000.000 de pesos

– Las ventas de insumos cayeron un 35 % y esta zona está considerada por las empresas, de alto riesgo crediticio, por la gran cantidad de deudas que arrastran los productores.

– Los acopios de las cooperativas vieron reducidos su capacidad en 40 %, por consiguiente, los gastos de comercialización, erogaciones por estructura y administración, etc se vieron resentidos. Para colmo, son el primer eslabón del financiamiento para la próxima campaña del productor, siendo aún más difícil su situación a futuro.

-Los productores terminan gastando menos en la economía local e invierten menos en equipamiento, máquinas y/o rodados o construcción.

-La gran mayoría de las comunas de estos pueblos tienen como principal fuente de recursos propios, la Tasa x Hectárea, además de la coparticipación por el cobro del impuesto inmobiliario rural y patentes de automotores. Es utilizada por los mismos, para gastos corrientes o pago de personal y generalmente se descuida las obras para mantención de caminos e infraestructura rural. Al día de hoy, se ven resentidas las recaudaciones de dichos impuestos y tasas.

-Se acelera el éxodo rural de los pueblos (principalmente de jóvenes que se van a estudiar y no vuelven a sus pueblos al no tener un horizonte laboral), quedando los mayores que se niegan abandonar sus raíces.

-Se expulsan productores genuinos arrendatarios, ante el avance de empresas de otras zonas con más capacidad de pago de arrendamientos.

-El avance de empresas agrícolas, pooles y/o fidecomisos extrazona radicadas en las grandes urbes, determinan otro esquema de trabajo (operan en forma directa con el exportador, comercializan en forma directa con las empresas de insumos, tienen maquinarias de alta tecnología, cuentan con transporte propios y no viven ni consumen en los pueblos) ignorando a las cooperativas, acopios, transportistas y comercios locales.

-La pérdida de identidad de esos pueblos determina un cambio cultural, de pueblos rurales a ser parte del Gran Rosario. Habitantes de fines de semanas, con otras prioridades (seguridad, asfalto, agua potable, gas, conectividad, cuidado del medio ambiente) y sin ningún lazo emocional con el origen de estos pueblos.