Por Ornella Pazzi

El ex presidente comunal de Villa Saralegui, Walter Sola, fue condenado por haber agredido y amenazado al productor agropecuario Leonardo González Kees. La sentencia también se extendió a su hijo, Nicolás Sola Capriotti.

Este miércoles pasado el mediodía el juez penal Luis Octavio Silva dio a conocer su veredicto, que supuso penas de cumplimiento condicional, e impuso una serie de restricciones a los condenados. Entre ellas, la prohibición de acercarse y contactar a la víctima.

A Sola padre le impusieron dos años de prisión en suspenso como autor de “daño” y coautor de “amenazas” y “lesiones dolosas leves”. Por estos últimos dos delitos también fue condenado su hijo, a un año y medio de prisión condicional.

El fiscal Francisco Cecchini y el querellante Néstor Oroño dijeron estar conformes con la resolución del magistrado, pero aguardarán a conocer los fundamentos ya que esperaban lograr penas de cumplimiento efectivo.

El defensor de los Sola, Agustín Márquez, se mostró satisfecho con las penas en suspenso y la no aplicación de la agravante de “alevosía” al delito de lesiones, algo que discutió férreamente en sus alegatos. Sin embargo, esperará a conocer por qué el juez decidió condenar. El letrado había solicitado la absolución y, subsidiariamente, la aplicación de penas que no superen los 10 meses.

Oroño recordó que los Sola llegaron a juicio acusados de haber agredido a González el 3 de octubre de 2022 en el patio del edificio comunal de Villa Saralegui. La víctima se presentó en el lugar para “formular un reclamo por un incidente que había ocurrido ese día en relación a una tranquera”.

“Por pretender intercambiar algunas palabras con el presidente comunal y su hijo fue agredido y terminó con lesiones”, además le rompieron el teléfono y lo amenazaron.

Si bien al momento de la denuncia aún no había trascendido públicamente, cuando sucedió la golpiza “el clima estaba un poco enardecido porque había reclamos de los productores por el aumento de la tasa por hectárea que cobra la comuna”.

Ese tema derivó en una investigación paralela, en la que Oroño representa los intereses de la comuna y por la cual la fiscal Bárbara Ilera imputó a los Sola “enriquecimiento ilícito”, “asociación ilícita”, “malversación de caudales” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

“Es la fiscalía la locomotora del caso, y nosotros acompañamos”, explicó Oroño, para quien la pena, “teniendo en cuenta la carencia de antecedentes penales de ambos imputados, creo que está dentro de lo esperable”.

El fiscal Cecchini celebró que las condenas se dieron en “los mismos términos en los que nosotros habíamos acusado” y señaló que “lo único que tenemos es el veredicto, y hay que esperar a los fundamentos, sobre todo en relación al monto de pena y al modo de ejecución, que es diferente al que nosotros pedimos”.

La condena da cuenta “del trabajo que se hizo en forma inmediata a la ocurrencia del hecho”. En ese momento la fiscalía estaba a cargo del Dr. Guillermo Persello, quien llevó a cabo la investigación y también la acusación. “Ese trabajo es el que hoy termina sirviendo para probar en juicio todos los hechos, y nos conforma porque estuvo bien hecho desde un primer momento”, aseguró Cecchini.

La causa tomó resonancia nacional cuando el diputado José Luis Espert -pariente de la víctima- lo visibilizó en sus redes sociales.

El economista, ligado a La Libertad Avanza, fue acusado recientemente de tener vínculos con el narcotráfico por haber recibido una transferencia de 200.000 dólares de una empresa ligada a Federico “Fred” Machado -investigado por la justicia estadounidense por lavado, estafas y narcotráfico-.

Por Ornella Pazzi

El breve pero intenso juicio seguido contra Walter Sola, el ex presidente comunal de Villa Saralegui (departamento San Cristóbal), está llegando a su final. Este martes se realizaron los alegatos de clausura, y la víctima volvió a declarar para reclamar justicia.

Walter Sola y su hijo Nicolás Sola Capriotti fueron acusados de haber golpeado y amenazado al productor agropecuario Leonardo González Kees en un patio del edificio comunal, la mañana del 3 de octubre de 2022. Al mayor también le endilgaron el delito de “daños”, por haber arrojado el celular con el que la víctima lo filmaba.

Los fiscales Francisco Cecchini y Marcelo Nessier, junto a los querellantes Néstor Oroño y Francisco Gutiérrez, reiteraron sus pedidos de condena a prisión efectiva. El defensor Agustín Márquez pidió la absolución de culpa y cargo, y subsidiariamente la aplicación de penas que no superen los 10 meses de prisión condicional.

Preside el juicio el juez penal Luis Octavio Silva, quien dará a conocer su veredicto este miércoles 22 de octubre a las 12.30, en la sala 6 de los tribunales de Santa Fe.

González sostuvo que desde el violento episodio en el que fue agredido por quien por entonces era el presidente comunal de Villa Saralegui y por su hijo, secretario comunal, “mi vida cambió en lo personal, psicológico y moral. Me sentí humillado por lo que hicieron estas personas”.

“Mi abuelo vino de España, mis padres y tíos todos fueron productores agropecuarios”, indicó, su familia está “hace más de 50 años ahí y con la comuna siempre hubo un diálogo”. Cuando fue atacado, González estaba haciendo un reclamo acerca de la remoción de una tranquera.

“Eso a mi me dolió muchísimo, las amenazas realmente las sentí como tales”, aseguró, “con este juicio necesito cerrar esa etapa, que sean condenados, creo en la justicia”. “Que paguen por lo que me hicieron, que tengan una sentencia y cumplan condena para poder estar tranquilo”, concluyó.

En sus alegatos, tanto la fiscalía como la querella sostuvieron que los delitos de “daño”, “lesiones leves dolosas” y “amenazas” fueron probados. La querella llevó su acusación más allá, señalando que las lesiones fueron agravadas, cometidas con alevosía.

La acusación fiscal se basó en que ambos acusados golpearon y lesionaron a González, propinándole golpes de puño y luego patadas mientras la víctima estaba en el piso.

Cecchini y Nessier pidieron penas de 3 años y medio para Walter Sola y de 3 años de prisión para su hijo, y consideraron que ambas deberían ser de cumplimiento efectivo. Además, hicieron hincapié en que Walter Sola, siendo el funcionario de mayor rango en la comuna, activó la agresión en lugar de evitarla.

La querella se unió al pedido de condena efectiva, solicitando penas más altas: 4 años y 6 meses para Walter Sola y 3 años y 10 meses para Nicolás Sola. Afirmaron que González, un contribuyente, concurrió al domicilio funcional de la comuna a realizar un reclamo y fue agredido por los funcionarios públicos..

Para Oroño, a las lesiones debe agregarse el agravante de alevosía porque la víctima fue atacada en el suelo por dos sujetos simultáneamente. El accionar fue un "abuso funcional intolerable" por parte de la máxima autoridad comunal. De hecho, el testigo policial confirmó que su intervención fue necesaria para poner fin a la golpiza.

La defensa solicitó en primer lugar la absolución total de ambos acusados, indicando que no se alcanzó el grado de certeza más allá de toda duda razonable. Subsidiariamente, se pidió el rechazo de la alevosía por considerar que su inclusión viola el principio de congruencia procesal, ya que había sido desechada en la audiencia preliminar.

Para desvirtuar la indefensión, el Dr. Márquez recordó que uno de los testigos dijo que González "se enderezó" luego de caer al suelo, y que el policía refirió que "tiró algunos manotazos", lo que descartaría que los acusados actuaron sobre seguro.

Respecto al delito de amenazas, la defensa solicitó la absolución, ya que la hipótesis acusatoria sólo se sostiene en el relato de la víctima. El policía que presenció el hecho declaró que no escuchó dichas amenazas.

En caso de condena, la defensa argumentó que la conducta fue "reactiva e irreflexiva", rayando en la "emoción violenta", debido a que González increpó a los imputados insultando a la esposa fallecida de Walter Sola, madre de Nicolás.

Los acusados ofrecieron disculpas públicas y una reparación económica de 400.000 y 500.000 pesos, respectivamente. Las penas subsidiarias solicitadas fueron de cumplimiento condicional, proponiendo un máximo de 7 meses para Nicolás Sola y 10 meses para Walter Sola.

El veredicto se dará a conocer el miércoles a las 12.30 en la sala 6 de los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

La renuncia del presidente comunal de Melincué, Silvio Garbolino, generó un temblor institucional en la cabecera del departamento General López y en toda la región. 

Son muchas las versiones que circulan en torno a la decisión del exmandatario radical, pero la mayoría apuntan a una grave crisis económica que estaría atravesando la Comuna local, que desembocó en el apartamiento de Silvio Garbolino aduciendo “problemas de salud”, afecciones que según trascendidos serian ciertas, pero que también serían consecuencia de la profunda problemática que atravesaba su gestión, a poco más de un mes de asumir su tercer mandato. 

Lo cierto es que, tras la noticia, desde la minoría y en una misiva que lleva la firma de su representante Adrián Guida, quien fue tesorero de la Comuna hasta 2021 dando un paso al costado por diferencias con Silvio Garbolino y candidato opositor en las últimas elecciones de 2023 solicitaron que se lleve a cabo una auditoria jurídica y contable, a fin de determinar el estado patrimonial de la comuna y eventuales responsabilidades penales.

Además, pidieron que se informe de todos los cheques rechazados y detallar si esos cheques fueron de pago diferidos o a la vista.

Por otro lado, desde el seno de la propia Comisión Comunal trascendió que la planta de personal contratado sería demasiado abultada, generando egresos exorbitantes. 

En lugar de Garbolino, asumió la presidencia comunal la hasta ahora vicepresidenta, Yamila Gallisso.

En ese escenario por el que atraviesa Melincué, vecinos autoconvocados habían trascendido la convocatoria a un encuentro con movilización, en apoyo al ahora ex mandatario Garbolino. 

A la cita acudieron un puñado de personas, entre 20 y 30, entre versiones de amenazas para que no asistieran a la marcha, y aunque tampoco se permitían medios de comunicación, las cámaras Televisión Digital Codificada (TDC), de la localidad de Firmat, pudieron cubrir parte de lo ocurrido, incluido el momento en que los vecinos se acercaron a la casa de Silvio Garbolino, quien entre lágrimas y visiblemente afectado por la situación, salió a recibirlos y agradecerles el apoyo. 

“Me llevo el amor de todos, y les pido que cuiden sus trabajos, que no se dejen pisotear”, dijo el expresidente comunal a los presentes, agregando que “sólo Dios y el tiempo van a poner cada cosa en su lugar, así que tranquilos”.

“Les agradezco de corazón, es muy importante esto para mí, porque estoy pasando el peor momento de mi vida, y también mi familia”, se sinceró. 

En el último tramo del video publicado por TDC, Garbolino afirmaba a los vecinos: “Los llevo en mi corazón; hice todo lo que pude por todos, me partí el alma durante cuatro años para que a nadie le falte nada”. 

La noticia sacudió el sur provincial este jueves, cuando en horas de la mañana se conociera la noticia del pedido de licencia del radical Silvio Garbolino y su posible renuncia al cargo, cosa que se confirmó en horas de la tarde luego de una reunión extraordinaria mantenida en el recinto comunal entre los miembros de la Comisión, Yamila Gallisso, Susana Bruno, Gianfranco Dalmasso y Adrián Guida.

En ese encuentro fue donde se presentó la renuncia indeclinable a su cargo del presidente comunal Silvio Garbolino. 

Además, se confirmó que la vicepresidenta Yamila Gallisso ocupará el cargo que deja Garbolino de forma provisoria y hasta tanto se concrete la nueva distribución, para la cual hay una convocatoria para este viernes a las 16.

Rápidamente, las redes sociales se hicieron eco de lo ocurrido y los vecinos de Melincué comenzaron a llenarlas con publicaciones de apoyo a Garbolino, compartiendo lo escrito por uno de los usuarios y dejando mensajes de respaldo en el muro del mandatario saliente.

Por Gonzalo Fracchia

A la par de los triunfos y derrotas concretas, los números detrás de las elecciones son un apartado que siempre brinda curiosidades.

Los comicios de este domingo en la provincia de Santa Fe no fueron la excepción, con la localidad de Murphy como una de las protagonistas.

Allí, Ezequiel Rodríguez de Unidos para Cambiar Santa Fe se impuso con 1.407 votos contra los 1.405 de Aldo Marcelo Camussoni. Tan sólo 2 de diferencia.

Rodríguez junto a Maximiliano Pullaro y Lisandro Enrico.

El ajustado resultado de las elecciones en la localidad del departamento de General López parte del bajo electorado: 3.632 personas habilitadas para votar.

Si bien aún resta el conteo definitivo del Tribunal Electoral de la Provincia de Santa Fe, en Murphy se completó el 100% de mesas escrutadas y se estima que no habría modificaciones. Sin embargo, al tratarse de sólo dos cruces en boletas, resta confirmación.

En lo que respecta al antecedente de la comuna, también se trata de un cambio rotundo tras los 16 años de Camussoni al frente.

Sólo fueron interrumpidos entre 2021 y 2023, cuando dejó el cargo argumentando “cansancio y agotamiento” y fue reemplazado por Graciela "Chela" Masante. Finalmente regresó para las elecciones de este año. Anteriormente había sido vicepresidente de Emilio Marciano entre 2001 y 2007.

Rodríguez junto a Maximiliano Pullaro y Lisandro Enrico.

Yendo a lo profundo de los números y otros panoramas que podrían haberse planteado, hubo un 20,6% del electorado que no se acercó a los centros de votación.

De aquellos que sí ejercieron el voto, 44 lo hicieron en blanco (1.5%) y 25 “votos observados” (0,9%).

Los electores figuran como “observados” cuando de acuerdo a un procedimiento previo conforme al art. 2 de la Ley Provincial N° 11.627, se ha pedido su exclusión, tacha u observación del padrón, ya sea porque se ha constatado que están fallecidos, que han sido inscriptos/as más de una vez, inhabilitados para emitir el sufragio o se ha constatado que no residen efectivamente en la localidad en la que figuran inscriptos.

En Cañada Ombú, departamento Vera, Armando Quintana de Juntos Avancemos se impuso con 194 votos ante los 185 de Diego Manuel Speranza de Unidos Para Cambiar Santa Fe. Los votos en blanco fueron 4 con 80% de concurrencia.

En Cañada Rosquín, departamento San Martín, Maru Racciatti de Primero Cañada se impuso con 1.612 votos ante los 1.602 de Ulises José Puntonet de Unidos Para Cambiar Santa Fe. Los votos en blanco fueron 72 con 74.9% de concurrencia.

En Casalegno, departamento San Jerónimo, Luis Miguel Rodríguez de Juntos Avancemos se impuso con 87 votos ante los 76 de Mari Giménez de Unidos Para Cambiar Santa Fe. Los votos en blanco fueron 0 con 93.2% de concurrencia.

En Pueblo Irigoyen, departamento San Jerónimo, Alberto Falco Ovicio de Frente Amplio Por La Soberanía se impuso con 283 votos ante los 277 de Natalia Soledad Samaniego de Unidos Para Cambiar Santa Fe. Los votos en blanco fueron 9 con 83.1% de concurrencia.

Este jueves finaliza la etapa de testimoniales en el debate oral y público que tiene en el centro de la escena al médico y presidente comunal de Intiyaco, Fernando Antonio Roda (43). El juicio que se desarrolla en los Tribunales de Vera, comenzó este lunes con los alegatos de apertura, donde la fiscalía adelantó que pedirá 6 años de prisión de cumplimiento efectivo. El motivo: la muerte de una nena de 4 años que, según los acusadores, no recibió la asistencia correspondiente en el efector público.

Al pedido del Ministerio Público de la Acusación (MPA), actualmente a cargo del fiscal de Las Toscas, Norberto Ríos, se suma la parte querellante, representada por los abogados Luciana González y Andrés Ghío -por la madre de la víctima- y el Dr. Rubén Agustini -por el padre Mario Altamirano-, quienes elevaron la pena a 10 años de prisión para Roda.

El juzgamiento del funcionario púbico y doctor del pueblo está a cargo del juez Martín Gauna Chapero, quien a su vez oyó a los abogados de la defensa Facundo Ruilopez y Miguel Deltone pedir el sobreseimiento para Roda, por prescripción por el paso del tiempo, y por consiguiente se dicte su absolución.

Según fuentes tribunalicias del norte provincial, hubo cuatro intentos por llevar a Roda a los estrados, ya que por distintos motivos, las fechas de debate agendadas se fueron suspendiendo y postergando a lo largo de estos últimos años.

El médico de Intiyaco está acusado en carácter de autor de haber cometido los delitos de “homicidio culposo”, “falsedad ideológica de instrumento público” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público” en torno a la muerte de la pequeña Estefanía Alejandra Altamirano (4) ocurrida el 16 de mayo de 2015.

La causa, que se inició con la denuncia de Alejandra Villanueva, madre de la niña, fue investigada en un principio por el fiscal Gustavo Latorre, el cual debió apartarse hace más de tres años por pedido de las querellas.

Según consta en la carpeta judicial y así fue ventilado en las primeras audiencias de juicio oral, el hecho se remonta al 15 de mayo de 2015 por la tarde-noche, cuando en medio de un fuerte temporal que había dejado caminos anegados, Estefanía fue llevada por su madre al hospital “Dr. Luis E. Bentos” de Intiyaco con un fuerte dolor abdominal, algunas líneas de fiebre y vómitos.

En ese momento el Dr. Roda estaba de guardia, pero como suele ocurrir en los pueblos, no estaba en el centro de salud, por lo que la atención se demoró unos 20 minutos. Realizó un chequeo palpareo, y la medicó con antinflamatorios -un inyectable y gotas-, pero no la dejó en observación, ni le prescribió estudios complementarios, como análisis de sangre ni ecografía. “Es un empacho”, le dijo a la madre de la paciente.

La niña regresó a su casa de la localidad de Colmena -en la Cuña Boscosa-, unos 10 km al sur de Intiyaco-, junto con su madre, una tía y un primito de su misma edad que también había sido llevado a la consulta.

Si bien el dolor de panza pasó, cada vez que tomaba agua Estefanía vomitaba. Pasaron la noche en vela, hasta que a las 8 del día siguiente decidieron volver al hospital. Pero antes de emprender el viaje la pequeña se desvaneció y su madre debió pedir auxilio a dos albañiles que trabajaban en una obra vecina para que la llevaran de urgencia en una camioneta.

Como la primera vez, el médico no estaba en el hospital cuando llegaron. Demoró entre 15 o 20 minutos, transcurso en el cual la enfermera le avisó que la niña había fallecido.

Estefania dejó de existir ese 16 de mayo de 2015 y hasta el momento del juicio no ha podido acreditarse la causa del deceso.

Para la familia de la joven víctima, Roda prestó “negligentemente la atención médica solicitada”, ya que se limitó a realizar un examen superficial sin cotejo de estudios complementarios como lo exige la práctica para casos de estómago agudo y que de haberlo hecho, hubiera podido medicar correctamente a la menor o derivarla a un centro de mayor complejidad en caso de que hubiere correspondido.

Además, lo responsabilizan de haber retardado un año y medio la extensión del certificado de defunción de la menor, el cual fue confeccionado por el médico recién el 23 de noviembre de 2016 para ser entregado ante las oficinas del Registro Civil.

Sostiene la acusación que el certificado de defunción de Estefanía Altamirano “contiene falsedades”, ya que el médico consigna en el escrito que la muerte fue producto de una gastroenteritis no atendida a tiempo y que la muerte se produce en Colmena, lo cual no pudo ser constatado.

A lo largo de esta semana, el juez Gauna Chapero se fue imponiendo de las diferentes versiones de los más de 30 testigos aportados por las partes. Según informaron los medios de la zona, hasta el momento declararon los médicos forenses de Santa Fe y Reconquista; personal policial de la comisaría de Intiyaco, familiares de la víctima y los albañiles que colaboraron en el traslado.

El tribunal unipersonal escuchó al personal de salud que también se encontraba de guardia en el nosocomio aquel fatídico día e incluso la propia madre de Estefanía llevó a la sala de audiencias un vívido recuerdo de las últimas horas de su hijita.

Aunque no pudo precisarse con exactitud, las hipótesis de los peritos apuntan a que la niña murió producto de un sangrado en el aparato digestivo cuyo origen se desconoce, pero coinciden en que no recibió la asistencia correspondiente.

Este jueves será la última audiencia de testigos y el tribunal pasará a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 27 de marzo, para la realización de los alegatos finales.

El pedido de condena a prisión elevado por fiscalía y querellas se encuentra acompañado de “inhabilitación para ejercer la medicina e inhabilitación para ejercer cargos público” por un lapso de 6 años.

Luego, el juez Gauna Chapero pasará a deliberar y según lo previsto por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de Vera, el miércoles 29 de marzo se dará a conocer el veredicto, en tanto que los fundamentos estarán disponibles para las partes en el plazo legal.

Exministra

Para este jueves está prevista la presencia frente a los estrados verenses de la abuela de Estefanía Altamirano, una pediatra, un psiquiatra y la ex ministra de Salud de la provincia en la fecha del hecho, la Dra. Andrea Uboldi, quien será consultada en torno al sumario administrativo realizado bajo su ministerio.

La Justicia santafesina condenó a un año y medio de prisión a Carlos “Picante” Bonaducci, comerciante y puntero político de la localidad de Timbúes, por abuso de arma de fuego, a raíz de un violento incidente ocurrido años atrás. No obstante, no irá a la cárcel porque la pena es de ejecución condicional.

El juez Carlos Vacca consideró acreditada la hipótesis fiscal: que Bonaducci, a bordo de su automóvil Audi A5 de color negro, realizó tres disparos con un arma de fuego contra la vivienda de Amaro “Fito” González, quien por ese entonces era presidente comunal de la mencionada población del departamento San Lorenzo.

El hecho que dio lugar a la causa sucedió en la madrugada del 5 de Mayo de 2018 en el domicilio particular de quien en ese momento conducía la comuna timbuense. En el momento de la balacera, también estaba en el inmueble su familia, aunque afortunadamente nadie resultó herido.

A lo largo de las cuatro jornadas que duró el juicio en los tribunales de San Lorenzo, prestaron declaración Amaro González, su esposa y una de sus hijas, peritos técnicos de la policía y particulares que constataron los tres disparos incrustados en el domicilio de las víctimas. También los criminalistas hicieron referencia a rastros de pólvora que hallaron en el interior del vehículo de Bonaducci.

Por otra parte, diferentes testigos contaron que observaron y escucharon como minutos antes del hecho policial el “Picante” decía a viva voz que iba contra Amaro González y que iba a buscar un “fierro” para “darle”.

Finalmente, un agente de la Guardia Urbana comunal relató que vio a Bonaducci en el Audi A5 color negro y que este se detuvo para hablar con él a pocas cuadras de la casa de González.

Bonaducci había sido detenido apenas unas horas después del atentado, en la localidad de Timbúes, por la entonces Policía de Investigaciones (PDI).

Los detectives allanaron distintas propiedades y encontraron el automóvil vinculado al hecho, una escopeta táctica 12/70 con culata rebatible y once cartuchos del mismo calibre, de los cuales tres estaban con su vaina.

El viernes, en un acto celebrado en la plaza 9 de Julio de Santa Isabel, asumió el flamante presidente comunal, Pablo Giorgis.

El referente de Encuentro Isabelense, sector del Partido Justicialista, terminó de esta manera con 24 años de mandato del Frente Progresista Cívico y Social.

“Agradezco de corazón a todos los presentes, comenzando por los ex presidentes Jorge Omar Raverta, Mario Osvaldo Kovacevic Sanchez, Juan Enrique Lombardi y Daniel Albanesi; representantes de instituciones, Juez de Pequeñas Causas, personal policial, bomberos, funcionarios, minoría electa compuesta por Iván Bordón y Matias Palmieri, secretarios generales de Uatre Sergio Ullua y ATM Juan Arigoni , empleados comunales, compañeros de Encuentro Isabelense y pueblo en general”, destacó Giorgis.

Seguidamente, el nuevo presidente comunal reflexionó: “Fue un día especial, no solo por la asunción, tampoco porque desde lo personal celebré mi cumpleaños y el día del Trabajador Social, sino y sobre todo porque para los argentinos fue el día de la democracia y para el mundo el de los DDHH, que como gobierno y comunidad tenemos la obligación de no ahorrar sacrificios ni sudor para que el acceso a la vivienda digna, a la educación de calidad y al trabajo sea una realidad entre los Isabelenses”.