Desde el 21 de agosto, todas las obras sociales y entidades de medicina prepaga del país deberán ofrecer credenciales físicas de identificación a sus afiliados que así lo soliciten.

La decisión fue establecida por la Resolución 1463/2025 de la Superintendencia de Servicios de Salud y apunta a garantizar el derecho al acceso equitativo a las prestaciones de salud, en especial para aquellas personas que tienen dificultades para utilizar herramientas digitales.

La norma, publicada en el Boletín Oficial, reconoce que si bien la digitalización de los sistemas de salud representa un avance, también puede generar obstáculos para parte de la población. Por ejemplo, para personas mayores, personas con discapacidad, quienes no cuentan con acceso a Internet o no tienen teléfonos compatibles, o quienes no tienen la capacitación necesaria para desenvolverse en entornos digitales.

“Debe destacarse que no existe disposición normativa que imponga a los usuarios la obligación de utilizar exclusivamente credenciales digitales como medio de identificación para acceder a prestaciones de salud”, señala la resolución firmada por Claudio Adrián Stivelman, titular del organismo.

En ese sentido, se remarca la necesidad de garantizar alternativas físicas para no condicionar el acceso a la atención médica a recursos tecnológicos que no están al alcance de todos.

La resolución establece que las obras sociales y prepagas deberán entregar la credencial física sin cargo, a simple solicitud del afiliado, y en un plazo máximo de 15 días hábiles. Además, deberá brindarse la posibilidad de elegir entre retirarla en forma personal o recibirla por correo en el domicilio declarado.

Las entidades también estarán obligadas a informar de forma clara y accesible:

Que los usuarios tienen derecho a pedir la credencial física.

Cuáles son los medios disponibles para solicitarla.

Cuáles son las modalidades de entrega habilitadas.

Para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones, se instruyó a la Gerencia de Control Prestacional de la Superintendencia a fiscalizar su implementación. Asimismo, se aclara que el incumplimiento por parte de las entidades de salud podrá ser sancionado conforme al régimen vigente.

La disposición aplica tanto a los Agentes del Seguro de Salud, regulados por la Ley 23.660 (es decir, obras sociales), como a las entidades de medicina prepaga, enmarcadas en la Ley 26.682. Es decir, prácticamente abarca a todas las personas afiliadas a un sistema de salud financiado, ya sea sindical o privado.

La resolución comenzará a regir 30 días después de su publicación, por lo tanto, será exigible desde el 21 de agosto de 2025. A partir de esa fecha, toda persona afiliada podrá solicitar su credencial física en su obra social o prepaga, sin necesidad de justificar el pedido.

El texto destaca que la credencial física es un “instrumento simple, directo y accesible, que garantiza la atención en condiciones de equidad en todo el territorio nacional”. Por eso, aunque las versiones digitales seguirán disponibles y vigentes para quienes las prefieran, no podrán ser el único mecanismo para acreditar identidad ante un prestador de salud.

Las empresas de medicina prepaga deberán aportar como las obras sociales al Fondo Solidario de Redistribución. La medida fue confirmada a través del Decreto 600/2024, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

El Decreto, reemplaza el artículo 19 de la Ley N° 23.660 y deroga el artículo 19 bis de la misma ley. La nueva normativa busca simplificar y unificar los montos de aportes, eliminando disparidades que, según el gobierno, han generado desequilibrios y contradicen los principios de equidad.

La medida se basa en la necesidad de actualizar y revisar un sistema que, hasta ahora, permitía una variabilidad en los aportes al Fondo Solidario de Redistribución en función de las remuneraciones brutas mensuales y la clasificación de las obras sociales. Anteriormente, los aportes podían variar entre el 10%, 15% y 20% dependiendo de estas variables.

El gobierno señalo que el monto de $1000 pesos establecido en el inciso a) del artículo 19 de la Ley N° 23.660 para diferenciar las remuneraciones brutas mensuales se ha quedado desactualizado, no reflejando la realidad económica actual. Esta disparidad se traduce en un sistema inequitativo, beneficiando a ciertos agentes sobre otros y contradiciendo los principios de igualdad y libre competencia.

Unificación de Aportes:

Nuevo Porcentaje de Contribución: Se establece un porcentaje fijo del 15% para todas las entidades que deben contribuir al Fondo Solidario de Redistribución. Este cambio busca eliminar la variabilidad y promover una mayor transparencia y equidad en el sistema.

Derogación del Artículo 19 bis: Se elimina el coeficiente del 20% destinado a entidades que recibían adicionales, buscando simplificar y unificar los aportes.

Modificaciones a la Ley N° 26.682:

Planes de Adhesión Voluntaria: Los planes de adhesión voluntaria comercializados por las Entidades de Medicina Prepaga y las entidades comprendidas en el artículo 1° de la Ley N° 26.682 no realizarán aportes al Fondo Solidario de Redistribución ni participarán del mismo, excepto si reciben aportes y contribuciones del artículo 16 de la Ley N° 23.660.

Nuevas Regulaciones para Agentes del Seguro de Salud:

Se aclara que los Agentes del Seguro de Salud, dependiendo de su inclusión en el inciso i) del artículo 1° de la Ley N° 23.660, pueden ofrecer planes superadores dentro del marco de la Ley N° 26.682.

Se especifican los requisitos para la afiliación, evitando discriminaciones y periodos de carencia, con excepciones para ciertos agentes.

El gobierno indicó que estas modificaciones tienen como objetivo asegurar una participación justa y equitativa de todas las entidades en el sistema de salud, fortaleciendo el Fondo Solidario de Redistribución. La medida también busca garantizar que todos los planes que se rijan por la Ley N° 23.660 y reciban aportes y contribuciones del artículo 16 contribuyan de manera justa, promoviendo los principios de solidaridad y equidad.

Además, la nueva normativa permite que los Agentes del Seguro de Salud amplíen sus funciones y ofrezcan servicios de salud más adaptados a las necesidades cambiantes de la sociedad, en concordancia con la Ley N° 26.682. Esta flexibilidad es vista como un paso importante hacia un sistema de salud más dinámico y eficiente.

El Decreto 600/2024 comenzará a regir a partir del primer día del mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial, es decir, el 1 de agosto de 2024. Además, se dio cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación para que se pronuncie respecto a la validez o invalidez de este decreto en el plazo de diez días hábiles.

El Gobierno anunció en la tarde de este jueves cómo será la fórmula de actualización de las cuotas de las empresas de medicina prepaga.

Mediante un comunicado, detalló que el valor de cuota de referencia para la aplicación de los aumentos máximos será el correspondiente a la cuota de diciembre de 2023, independientemente de su fecha de pago o facturación.

Estos valores no podrán superar la cuota del plan de salud médico asistencial del mes de diciembre de 2023 multiplicada por (1 + la variación porcentual entre el Índice de Precios al Consumidor nivel general con cobertura nacional elaborado por el INDEC vigente al momento de la facturación correspondiente, y el mismo Índice correspondiente a diciembre de 2023), indicó la Secretaría de Comercio.

De esta manera, para calcular el valor máximo de la cuota actual (dependiendo el caso podría ser de abril o de mayo), se deberá aplicar un ajuste, cómo máximo del 93,3% para la cuota de abril (es decir la inflación acumulada entre los meses de noviembre a febrero).

Mientras que para la cuota de mayo se deberá aplicar como máximo un ajuste del 114,6% (es decir, la inflación acumulada en los meses de noviembre a marzo).

Por ejemplo, si la cuota es de abril, se deberá multiplicar el valor de la cuota de diciembre por 1,933 (si la misma se facturó después del 17 abril). Si la cuota es de mayo se deberá multiplicar el valor de la cuota de diciembre por 2,146.

En el caso de las facturas previas al 17 de abril, el descuento se verá aplicado en la próxima factura.

En tanto, es importante destacar que este mecanismo de ajuste con un límite en la inflación registrada estará vigente por los próximos 5 meses, es decir hasta septiembre.

El alcance de la medida es para todos los asociados de las siete empresas alcanzadas por la medida de tutela anticipada que dictó la Secretaría de Industria y Comercio a partir del dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).

Esta medida no discrimina entre usuarios individuales, corporativos y derivados. Las empresas alcanzadas por la medida son: OSDE, Swiss Medical, Galeno, Omint, Medifé, Hospital Alemán, Hospital Británico.

Por otra parte, en caso de que las empresas se nieguen a limitar el ajuste correspondiente, los usuarios se pueden comunicar al 0800-666-1518, que es línea gratuita de la Dirección de Defensa al Consumidor o a consultas@consumidor.gob.ar. Mientras que para formular denuncias, ingresar a www.argentina.gob.ar/defensadelconsumidor.

El Gobierno advirtió que si se comprueba el incumplimiento por parte de las empresas de medicina prepaga se aplicará una multa diaria equivalente al 0,1% de la facturación del grupo económico, de acuerdo a lo establecido en la Ley 27.442 (Ley de Defensa de la Competencia).

Por Juan Pablo Peralta / Periodista acreditado en Casa Rosada.

En una de las semanas más complejas para la administración de La Libertad Avanza, Javier Milei partió rumbo a Miami para recibir una distinción de la comunidad judía local junto a su hermana, la secretaria General de la Presidencia Karina Milei. También en EEUU se encontró con el titular del BID, Ilan Golfajn y el magnate estadounidense Elon Musk. Previa escala en Francia, el jefe de Estado argentino se subirá como copiloto a uno de los 24 aviones caza F-16 que le dona al país el reino de Dinamarca para retornar a Ezeiza el miércoles que viene.

Mientras tanto, en Buenos Aires las amenazas de paro de la CGT hicieron que la estrategia de Guillermo Francos (Interior), Nicolás Posse (Jefe de Gabinete) y Santiago Caputo (asesor presidencial) fuera convocar a los denominados “Gordos” a la Casa Rosada. Un encuentro que generó muchas expectativas y del que no surgió mucho en favor de los gremialistas. Tanto Hugo Moyano (Camioneros), Héctor Daer (Sanidad), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Gerardo Martínez (UOCRA) y Carlos Acuña de los Estacioneros, entre otros, recibieron por respuesta a sus reclamos, que la administración central no va a homologar ninguna paritaria por arriba de la inflación.

La visión que dejó el extenso cónclave en los operadores gubernamentales –que duró tres horas- es que “ellos están bastante divididos” y “no creemos que vayan a la huelga”. Sin embargo, a las pocas horas, el Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo definió una medida de fuerza nacional para el próximo jueves 9 de mayo, y antes, el 1/05, una movilización. El Gobierno dejará hacer; “la mala imagen la tienen ellos”, aseveró uno de los principales hombres de Milei. Extraoficialmente, y para que circule a la prensa, voces oficiales declararon poco después que “está bien, es legítimo, el sindicalismo tiene que representar a sus trabajadores”. La lectura que hace LLA, es que los gremialistas caerán en su propia trampa, la de potenciar el rechazo que tienen en la sociedad.

El otro de los dilemas que tuvo que afrontar el oficialismo fue la virtual división de su bloque en la Cámara baja, debido a que, pese a la bendición del propio primer mandatario, la legisladora Marcela Pagano fue deslegitimada como titular de la Comisión de Juicio Político. Esto generó la salida de Oscar Zago de la presidencia del bloque libertario y el ingreso en su lugar de Gabriel Bornoroni. El vocero Manuel Adorni le dijo a El Litoral que “todo está conforme y dentro del reglamento”, y agregó que “el presidente de la Cámara, Martín Menem, ha hecho lo que consideró correcto. Marcela Pagano nunca fue presidenta de la comisión”, advirtió, pese a las voces disonantes de la oposición y hasta algunas del mismo oficialismo.

Zago quedó dolido y amaga con dejar el espacio o conformar un interbloque -si LLA acepta- con sus otros dos diputados que pertenecen al MID. “Si vamos a ser más de lo mismo, y nos vamos a cagar en todas las normas y reglas que hay, háganlo, conmigo no”, manifestó el ex jefe de la bancada libertaria. En el contexto del nuevo debate parlamentario que se viene en torno a la ley bases, reforma laboral y paquete fiscal, en la sede del Poder Ejecutivo afirmaron: “Zago no es Máximo Kirchner, que renunció a la bancada y después votó en contra de su espacio cuando se trató en acuerdo con el FMI”. En Balcarce 50, más allá de todo, lo consideran todavía encolumnado detrás del presidente. “¿Qué otra le queda?”, aseveró una fuente cercana a la jefatura de Gabinete.

Los hombres más influyentes del poder en Casa de Gobierno, dejaron en claro -y puertas adentro- que no iban a ejecutar ninguna acción contra el paro del transporte en la zona del AMBA. “Vamos a dejar que los gremios se expongan, la gente está cansada y cada vez que la dejan de a pie los desprecia más”, argumentó un colaborador ministerial que se adelantó a la no injerencia de la Secretaría de Trabajo que conduce, Julio Cordero, quien descartó llamar a conciliación obligatoria, porque desde esa cartera se comunicó que “la Nación ya pagó todos los subsidios que le corresponden”.

Otro tema en el que el Gobierno -a través del Palacio de Hacienda- se ha mostrado inflexible en las últimas horas, es en la cuestión de la suba de las prepagas. Luego de las críticas al sector que hizo el ministro de Economía Luis Caputo, él mismo se encargó de negar una reunión a los empresarios, que se enteraron por la prensa que serán denunciados en “Defensa de la Competencia” por posible cartelización. Por ahora los contactos están cortados entre las partes y en Yrigoyen 250 aguardan que la decisión tenga resultados parecidos a los que -infiere el equipo económico- se obtuvieron en la desaceleración de remarcaciones en los supermercados.

El promedio del 10 por ciento de inflación que promedió el jefe de la cartera para el pasado mes de marzo es el ancla en la que Casa Rosada prevé pasar a un digito en el IPC y a una probable liberación del cepo en junio o julio, siempre bajo la reiterada y severa consigna que reza: “El déficit cero no se negocia con nadie”.

Se llevó a cabo este martes una conferencia de prensa en la cual los distintos prestadores vinculados al ámbito de la salud comunicaron la difícil situación que atraviesan, a la vez que reclaman por una revisión general de las condiciones de pago por parte de obras sociales y prepagas, tanto en el monto como en los tiempos.

Al respecto, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos, Mirian del Pilar Monasterolo, manifiesta la preocupación por el contexto de inflación y devaluación que atraviesa nuestro país y afecta transversalmente al sector farmacéutico. “Nos encontramos en un estado de total incertidumbre”, señala.

“Los profesionales farmacéuticos somos un importante eslabón en el sector salud, que aseguramos el acceso equitativo de los medicamentos a la población santafesina y mantenemos esta atención las 24 horas los 365 días del año. Para continuar brindando nuestro servicio y sostener la estructura de costos, necesitamos tener nuestra Red de Farmacia sustentable”, agregó.

“Lo hacemos gestionando en todos los niveles con el propósito de cambiar las condiciones contractuales y de cobranza con la seguridad social y mandatarias que tenemos hasta el momento, ya que el contexto se modificó en forma abrupta”, indicó puntualmente sobre el tema de convocatoria. “Hoy las farmacias comunitarias tenemos una condición de pago con nuestros proveedores que no se condice con el cobro de las prestaciones en la actual situación y es lo que debemos modificar”, sentenció.

A pesar de esta muy difícil realidad, se recalca con énfasis que “el sector farmacéutico manifiesta su compromiso en la atención de los pacientes, y para eso seguiremos trabajando”, ya que es la prioridad siempre en el trabajo cotidiano.

Julio comienza con una serie de aumentos ya fijados, entre los que sobresalen alquileres, nafta, prepagas y servicios de conectividad.

Combustibles. En julio está previsto otro aumento mensual del 4,5%, después del cruce que hubo entre las petroleras y el Gobierno por el retraso en los precios. Según las compañías, a mayo, sus valores habían subido en promedio un 30% por el acuerdo de Precios Justos, mientras que la inflación acumulada en igual período fue del 50%. De acuerdo con esto, exigían poder aumentar más del 6% mensual (venían con una pauta del 4%).

Sin embargo, finalmente, en el Palacio de Hacienda dijeron que el ministro Sergio Massa había cruzado a las petroleras y les había dicho que no podían aumentar más del 4,5%.

La última palabra la tuvo el viernes 16 de junio por la noche YPF, que es la líder del mercado, responsable del 55% de los despachos de nafta y gasoil.

“A partir de la hora cero del día sábado 17 de junio aumentarán los precios de los combustibles $11 por litro promedio país que representa un 4,5%. Este ajuste contribuye a compensar la variación del tipo de cambio oficial, las diferencias en los costos logísticos y de operación, el achicamiento de la brecha entre grados de combustible y el aumento de precios de biocombustibles”, anunciaron en YPF. Después, Shell se plegó a la misma suba, según confirmaron fuentes del sector a este medio.

– Internet, cable y telefonía. Si bien la mayoría de las empresas del sector tiene medidas cautelares contra el decreto 690/2020, que posibilita que el Gobierno establezca los precios de los servicios, y siguen decidiendo sus valores, el Ente Nacional de Comunicaciones solo autorizó incrementos del 4,5% mensual por lo que resta del año.

– Prepagas. Las prepagas aumentarán un 8,49% en el mes que comienza. El porcentaje de aumento de las cuotas se define, desde mediados de 2022, según la variación del índice de costos de salud, elaborado y publicado por la Superintendencia de Servicios de Salud.

Con vigencia desde febrero de este año, rige un esquema de reajustes mensuales por el cual, si no se supera un determinado nivel de ingresos, se puede pedir la aplicación de un tope al porcentaje del incremento.

Ese techo equivale al 90% de la variación mensual de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte).

En el caso del séptimo mes de este año, al igual que ocurrió con las cuotas del actual junio, todos los planes tendrán el mismo porcentaje de reajuste.

Esto será así porque el 90% del mencionado indicador de salarios es, esta vez, un número superior al del índice de costos de salud.

Concretamente, el Ripte avanzó un 9,76% en marzo (el período de referencia que se toma para esa variable, en particular para definir las cuotas de julio); por tanto, el 90% equivale a 8,78%, un porcentaje apenas por encima del 8,49% que dio el índice de costos de salud.

– Alquileres. La ley de Alquileres establece ajustes anuales que contemplan en partes iguales la inflación que mide el Indec y la variación de los salarios, que se publica a través de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte).

Por lo tanto, para quienes firmaron un contrato de alquiler en julio de 2022, el aumento debería ser alrededor de 104%, por debajo de la inflación interanual esperada.

– Colegios privados. Los colegios privados, que cuentan con una subvención del Estado, aumentarán en julio un 4% en el caso de las instituciones que se encuentran en la provincia de Buenos Aires y 15,6% en ciudad de Buenos Aires.

– Transporte público. El boleto de los colectivos y trenes bajo jurisdicción nacional subirá 7,8% desde julio, ya que a partir de marzo pasado se determinó que el transporte público se actualice todos los meses, tomando de referencia la variación del último índice de precios en el AMBA.

De esta manera, el pasaje de colectivo en el AMBA pasará a costar $50,06, para el tramo mínimo, de 0 a 3 km; $55,77, de 3 a 6 km; $60,06, de 6 a 12 km; $64,36, de 12 a 27 km, y $68,63, de 27 a 45 km.

Por otro lado, el boleto de las líneas de trenes Mitre, de la Costa, Sarmiento y San Martín pasará de un mínimo de $31,46 a un máximo de $50,05; mientras que el de las líneas Roca, Belgrano Sur, Urquiza y Belgrano Norte subirá a un mínimo de $24,31 y a un máximo de $38,61.

Como viene sucediendo, cada vez son más las tarifas y precios de servicios regulados que tienen un incremento mensual, ya sea a través de acuerdos de las partes con el Gobierno de actualización predeterminada por la variación del IPC del Indec previo, lo que continúa presionando sobre aceleración de la tasa de inflación.

El cuarto mes del año estará marcado por alzas en las tarifas de luz y en las prepagas. También aumentarán los alquileres y los salarios de las empleadas domésticas.

Por la quita de subsidios en las tarifas de energía, este mes el 72% de los usuarios tendrán un aumento en las boletas de luz de $380 en promedio, de acuerdo a las estimaciones de la Secretaría de Energía. Según lo previsto oficialmente, la suba será:

En abril las prepagas también tendrán aumento. En esta oportunidad, el incremento será del 2,36% para todos por igual porque el Índice de Costos de Salud es inferior al 90% de la variación de los salarios formales (RIPTE), el indicador que se utiliza para fijar el incremento de la cuota de los que menos ganan, según la Superintendencia de Servicios de Salud.

El Ministerio de Economía sumó en febrero a los colegios privados al programa Precios Justos. El acuerdo consistió en una canasta escolar con tope de precios y negociaron también un tope en el aumento de las cuotas.

Luego de una importante suba en marzo, el ajuste mensual a partir de este mes y hasta junio será del 3,35%.

Aquellos inquilinos que cumplan un año de contrato desde su última actualización tendrán un incremento cercano al 92%. Este porcentaje surge de una fórmula establecida por la Ley de Alquileres, que se determina por un índice que elabora el Banco Central en función de la evolución de la inflación y los salarios.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares acordó un aumento del 27% sobre las remuneraciones mínimas del personal que realiza tareas domésticas, a pagarse en tres cuotas de 14% en abril, 7% en mayo y 6% en junio.

De esa manera, la hora y el mes trabajado en el cuarto mes del año deberá pagarse de la siguiente manera:

El Gobierno nacional publicará en las próximas horas dos decretos mediante los cuales desdoblará el aumento de las prepagas previsto para diciembre y oficializará un bono para adultos sin ingresos, según anticiparon a NA altas fuentes de la Casa Rosada.

En ese marco, detallaron que el presidente Alberto Fernández firmó ambos decretos previos a partir rumbo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza para iniciar una nueva gira internacional por Francia e Indonesia.

Respecto de la resolución vinculada a las prepagas, las mismas fuentes indicaron que allí se estipulará que el aumento del 13,8% previsto para el próximo mes de diciembre se dividirá en dos cuotas consecutivas de un 6,9%.

La decisión de modificar el ajuste en las cuotas se produjo luego de que el pasado 26 de septiembre la vicepresidenta Cristina Kirchner afirmó que se trataba de un incremento “francamente inaceptable”.

“Resulta francamente inaceptable el nuevo aumento, esta vez de dos dígitos (13,8%), que el Gobierno autorizó a las empresas de medicina prepaga, y que de esta manera suman el 114% anual de aumento otorgado. O sea, más de un 20% sobre la inflación anualizada”, apuntó la exmandataria a través de su cuenta de Twitter.

En cuanto al bono para adultos sin ingresos, el Ejecutivo nacional estableció que “será otorgado a personas que se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad” y no perciban orto tipo de ayudas sociales.

El monto del refuerzo alimentario será de $45.000 y se abonará en dos pagos de 22.500 en los meses de noviembre y diciembre próximo.

En el artículo 7 del decreto se indica que “el refuerzo alimentario para adultos sin ingresos deberá solicitarse ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), conforme el procedimiento que esta determine a tales efectos. Los datos consignados en la solicitud tendrán carácter de Declaración Jurada por parte de la persona solicitante”. .

Además, resuelve que la Anses “dispondrá de los mecanismos de intercambio de información necesarios para la acreditación de los requisitos establecidos o que se establezcan para el acceso al refuerzo alimentario para adultos sin ingresos y establecerá las normas aclaratorias y complementarias que resultaren necesarias para la administración, otorgamiento, pago, control y supervisión del mismo”.

La normativa lleva las firmas de Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Juan Manzur; y de los ministros Sergio Massa (Economía), Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social) y Raquel “Kelly” Olmos (Trabajo).

Las cuotas de la medicina prepaga subirán en octubre un 11,53% de acuerdo al cálculo realizado por la Superintendencia de Servicios de Salud. Se trata del octavo aumento de las cuotas en lo que va del año y lleva acumulado, de esta manera, un aumento de casi el 90%. Los incrementos de este año arrancaron en enero con un 9%; siguieron un 6% en marzo, 6% en abril, 8% en mayo, 10% en junio, 4% en julio y 11,34% en agosto.

Este aumento se basa en un Índice de Costos de Salud que combina la evolución de los costos de los medicamentos (12,2%) de acuerdo a un listado que elabora el Ministerio de Salud, los insumos médicos (17,2%), los salarios fijados por las paritarias (52,4%) y los gastos generales (18,2%), que elabora la Superintendencia de Servicios de Salud. Esta suba se aplica cada dos meses.

La elaboración hecha por el Ministerio de Salud se aplicó porque “se consideró oportuno construir un índice en el que se reflejen adecuadamente las variaciones en la estructura de costos y que determine los límites máximos de aumento que podrán aplicarse en forma periódica por las entidades del sector”. De acuerdo a la resolución publicada el 30 de junio pasado, “dicho Índice deberá ser calculado bimestralmente, al último día de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre”.

Sin embargo, la resolución estableció para este segundo semestre, “el Índice de Costos de Salud será calculado al último día de los meses de junio, agosto y octubre de 2022” y deben ser informados a los afiliados con 30 días de anticipación.

Se estima que el sector (la suma de prepagas más Obras Sociales del Personal de Dirección) cuenta con seis millones de beneficiarios, de los cuales un 20% son voluntarios o “directos puros” y el resto corresponde a trabajadores que derivan sus aportes a una obra social que tiene convenio con la prepagas.

Por su parte, las prepagas deberán reconocer a las clínicas, sanatorios, hospitales de comunidad, Laboratorios y centros de diagnóstico como mínimo un 90% del incremento de las cuotas a sus afiliados, lo que representa un incremento del 10,4%. Así, también en forma automática y con la referencia a mismo índice de Costos de Salud se ajustan los aranceles y honorarios de los profesionales.

En paralelo a los mercados financieros convulsionados ante la expectativa de un cambio en el Gabinete nacional, la inflación sigue en alza y julio está cerca de marcar un récord mensual en el año. A la espera del dato oficial medido por el INDEC, este agosto estará caracterizado por distintos aumentos. 

Aún sin noticias de cambios en la Ley de Alquileres vigente, los aumentos de los contratos van a rondar un 61% este mes en línea con el fuerte repunte de la inflación. Vale recordar que el mes pasado, el aumento fue del 57%. 

Para calcular el aumento del precio del alquiler, tanto los propietarios como los inquilinos pueden consultar el Índice de Contratos de Locación (ICL) que publica todos los días el BCRA en su sitio oficial. 

Este indicador contempla la variación de la inflación (según el IPC que mide el INDEC) y los salarios, de acuerdo con la remuneración promedio de los trabajadores estables (Ripte). Para aplicar el ajuste en base al ICL, se debe utilizar una fórmula teniendo en cuenta el valor de dos fechas: la del inicio del contrato y en la que se hará el aumento. 

El índice se puede consultar ingresando en http://bcra.gob.ar/, luego hacer click en la pestaña “estadísticas” y después en “principales variables”. La opción “ICL” se encuentra en el final de la extensa lista que se despliega. 

El usuario deberá seleccionar las fechas de inicio y finalización del período que se quiere consultar. Primero se debe colocar la fecha en la que se firmó el contrato, para saber cuál era el índice en ese momento, y en la que se hará el ajuste. 

Luego, tomar el precio actual del alquiler y dividirlo por el valor del índice con fecha de inicio del contrato. Por último, se debe multiplicar ese monto por el índice de la fecha en la que cambia la cifra del alquiler. 

La fórmula que se debe aplicar es el total del alquiler dividido por el índice con fecha de cuando se firmó el contrato, multiplicado por el índice del día en que se aplica el aumento sobre el mismo. Ese valor que arroje será el importe del alquiler que el inquilino deberá abonar durante todo el año. 

En conclusión, si una persona estuvo pagando $50.000 durante el período agosto de 2021 a agosto de 2022, a partir de este nuevo mes deberá pagar $80.500. 

Los afiliados a prepagas tendrán en agosto un nuevo aumento en las cuotas, superior al 10%, en base a un Índice de Costos que se aplicará en forma bimestral. 

Los clientes ya comenzaron a recibir la notificación donde se señala que “de acuerdo con la Resolución 1293/2022 del Ministerio de Salud de la Nación y la publicación realizada en la página de la Superintendencia de Servicios de Salud, se dispusieron aumentos generales, complementarios y acumulativos con respecto a los autorizados anteriormente para todas aquellas empresas inscriptas en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga”. 

Así lo dispuso el Ministerio de Salud que “a fin de contar con una referencia para la autorización de aumentos a partir del mes de agosto de 2022, se consideró oportuno construir un índice en el que se reflejen adecuadamente las variaciones en la estructura de costos y que determine los límites máximos de aumento que podrán aplicarse en forma periódica por las entidades del sector”. 

La suba que aplicarán las empresas de medicina prepaga en agosto será de 11,34%. En dos meses volverán a incrementarse las cuotas a raíz de este índice, y restará un aumento más en el año. 

El Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta Horizontal (Suterh), que lidera Víctor Santa María, logró un súper bono de $134.000 que se pagará en siete cuotas consecutivas a partir del mes próximo. El aumento, ya homologado por el Ministerio de Trabajo, beneficiará a unos 80.000 porteros y tendría un impacto en las expensas de entre 6 y 10% según las características del edificio. 

La suba salarial se suma al convenio paritaria sellado en marzo pasado, que consistió en un aumento de 27% [15% en abril y 12% en junio] por seis meses, más una suma fija de $8000 en marzo. Las sumas fijas se abonarán de la siguiente manera: dos cuotas de $12.000 (agosto y septiembre), dos de $18.000 (octubre y noviembre), dos de $24.000 (diciembre y enero), y una de $26.000, en febrero de 2023. Estos montos serán remunerativos. 

El Gobierno nacional autorizó este viernes un aumento del 22% en el servicio de las empresas de medicina prepaga, dividido en tres tramos. Los incrementos serán de hasta un 8% en mayo, de hasta 10% adicional y acumulativo a partir de junio y de hasta un 4% acumulativo en julio. Durante 2022 el servicio de medicina prepaga ya había aumentado el 9% en enero. En tanto que este nuevo incremento se da en medio del caos por la falta de médicos que hay en las cartillas, y otras subas que se vienen como son los de las tarifas de los servicios públicos. Más temprano, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo durante un foro empresarial organizado en Bariloche que “la inflación es un problema para el funcionamiento de todo el sistema económico y es una ocupación central de la agenda de la política económica”. En sintonía con su interpretación de la inflación como un fenómeno multicausal, el titular del Palacio de Hacienda apuntó que la inflación “no se baja simplemente contrayendo la política monetaria”, es decir, dejando de emitir pesos. Aunque concedió que esa es una de las herramientas a disposición y dijo que el Gobierno la está usando.

En los últimos tiempos son numerosos los casos en nuestra región de pacientes con enfermedades poco frecuentes (EPOF) que hicieron cumplir el derecho a la atención médica correspondiente, aun cuando los obstáculos siguen existiendo. En el departamento General López, el caso de Helena Álvarez Vivone, la niña de María Teresa con atrofia muscula espinal (AME tipo 1), se constituyó en un caso emblemático en la lucha por obtener el medicamento indispensable para su tratamiento. Al respecto, Sur24 dialogó con los abogados María Carolina Regis y Matías Sbrizzi, quienes explicaron que “así como muchos colegas se especializan en las ramas penal, familia o laboral, por ejemplo, el Derecho a la Salud se ha ido independizando y exigiendo cierta exclusividad a los que nos dedicamos a esta área”. Y amplió Regis: “Todos estos casos que son muy poco frecuentes, nos obligan, como profesionales, a estudiar en detalle en qué  consiste la patología o síndrome, y lo hacemos en permanente contacto con los médicos y terapeutas del paciente, trabajando en equipo para acompañarlo en el peregrinaje judicial”.

“Esta rama del Derecho abarca la protección del derecho a la salud desde su origen más primario, desde el derecho a la vida y, sobre todo, a la dignidad de las personas. Es un derecho consagrado por la Constitución y tratados internacionales. Debe ser respetado y garantizado por el Estado y por las obligaciones que tienen también las obras sociales y prepagas para con sus afiliados. Y cuando se vulnera es necesario recurrir a las vías administrativas o judiciales en busca de resguardar esos derechos constitucionales”, enfatizó Sbrizzi.

María Carolina Regis, abogada especialista en Derecho de Salud.

Más adelante, precisó la abogada que, en los últimos tres años, las consultas por enfermedades poco frecuentes (EPOF) se multiplicaron, sobre todo en aquellos pacientes que no tienen certificado único de discapacidad (CUD) y que requieren estudios de diagnósticos, tratamientos, etc. “Estos casos están obteniendo más visibilidad y las personas comienzan a conocerlas, saber que existen, que hay un listado mundial de EPOF y que hay una ley que las protege. Sin dudas que hay más información, y a la vez más recursos para llegar a la prensa, a las redes sociales y hasta a los influencers. Y cuando estas problemáticas salen de la oscuridad y ganan la luz pública, los actores involucrados quedan expuestos y son mayores las posibilidades de hacer cumplir los derechos”, analizó.

Además especificó en otro tramo que están en contacto con asociaciones de pacientes de distintas EPOF en el país, siempre con el objetivo de visibilizar su existencia, como sucedió el último 28 de febrero, en el Día Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes, donde todas las ciudades se iluminaron con los colores que representan a las enfermedades poco frecuentes. “En Venado Tuerto es el segundo año consecutivo que se iluminan las letras corpóreas de la plaza San Martín”, destacó (ver imagen principal). “Pudimos convocar a varias familias y empezar a conocernos y tomar la iniciativa de volver a juntarnos, con acompañamiento del área de Salud de la Municipalidad para encarar proyectos, ideas, capacitaciones a profesionales”, enumeró.

Sin embargo, reconoció que “siempre hubo incumplimientos, hasta de las obras sociales y prepagas más prestigiosas. Hace años que nos dedicamos a esta especialidad y en algún caso resultó necesario acudir a la justicia penal por desobediencia a la sentencia del juez civil en un amparo. Y recién allí, la prepaga cumplía con las prestaciones que ordenaba el juez”, dimensionó Regis, quien contó que “tenemos muchos juicios en Venado Tuerto y otros en Rosario, Santa Fe y Córdoba. Entre los más conocidos, se cuentan el de Helena Vivone, que aún sigue en trámite en la Cámara de Apelaciones, y el de Paolo Pratelli, con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), en el cual, a dos meses de la sentencia cautelar, el PAMI aún no la cumple totalmente”. “Estas dilaciones son agotadoras para él y su familia, y provocan un dispendio innecesario por trámites burocráticos para hacer cumplir la orden judicial”, añadió.

También adquirió fuerte repercusión mediática el caso del joven de 19 años con discapacidad, quien en tiempo récord, en virtud de una medida cautelar del Juzgado Federal, fue trasladado al Sanatorio Parque de Rosario en una ambulancia de alta complejidad, para su internación en UTI, como lo habían indicado sus médicos.

Aurelio Cuello Murúa, juez federal de Venado Tuerto.

“Años atrás trabajábamos con los juicios de amparo en el Juzgado Federal de Rosario o en los juzgados provinciales de calle San Martín, pero el escenario cambió a partir de la inauguración del Juzgado Federal de Venado Tuerto; al menos en el área que nosotros conocemos, la de los amparos federales por vulneración del derecho a la salud, ya que los procedimientos son rápidos, ordenados y acorde a los tiempos del Código Procesal, incluso durante la época más dura de la pandemia. Sin ir más lejos, a mediados de febrero, en el caso del joven que necesitaba la ambulancia y la internación en Rosario, el trabajo del juzgado fue excelente, estuvo de guardia día y noche con nuestros escritos y garantizando el seguimiento riguroso de todas las resoluciones”, valorizó Regis.

Notable mejoría de Helena después de la terapia génica que ordenó la medida cautelar.

La abogada Carolina Regis puntualizó que en varios de los hechos judicializados, luego de las medidas cautelares que debieron acatar las prepagas, es notable la satisfactoria evolución de los pacientes. Y en tal sentido citó el caso de Helena, la niña de 20 meses con AME 1, cuyo juicio de amparo se inició el 25 de octubre de 2021, y luego de distintas medidas pedidas por el juez Aurelio Cuello Murúa (informes médicos y otros requerimientos), se dictó la medida cautelar el 30 de noviembre y dos semanas después le aplicaron Zolgensma, el medicamento más caro del mundo, que ella necesitaba para mejorar su calidad de vida. “Es impresionante ver semana a semana su evolución, sus logros, sus conquistas. Su movilidad y fuerza muscular mejoraron notablemente. Sigue con controles médicos y sus terapias habituales”, describió, aunque aclaró: “El juicio no está terminado, sino que se encuentra para resolver en la Cámara de Apelaciones de Rosario, tras los recursos que interpusieron la prepaga, el Ministerio de Salud de la Nación y la Superintendencia de Servicios de Salud”.

Y el 16 de febrero se registró otro caso emblemático con un joven de 19 años con EPOF (hidrocéfalo congénito, trastornos mixtos de la conducta y de las emociones, estrabismo concomitante divergente, retraso mental no especificado y otros trastornos especificados del encéfalo) que necesitaba ser trasladado en ambulancia de alta complejidad desde un sanatorio local donde se encontraba internado luego de haber ingresado por un cuadro de Covid-19 y agravarse en su internación en UTI. “Habían pasado varias semanas y los padres vieron que su estado empeoraba y no iba a salir de allí con vida. En tanto, la prepaga no otorgaba la ambulancia, y en el Sanatorio Parque de Rosario ya lo estaban esperando. Así, iniciamos el juicio y en un tiempo récord el juez resolvió la medida cautelar ordenando la cobertura de la ambulancia, con médico terapista y todo lo requerido, más la internación en UTI del Sanatorio Parque. Los cambios fueron notables, poco a poco le retiraron el respirador y hoy se encuentra apto para comenzar su rehabilitación en una clínica de la misma ciudad de Rosario. El juicio continúa y también le ofrece un marco de garantía a la familia del joven, de resguardo de los derechos de su hijo, y de tener las vías de reclamo directas, tanto civiles o penales, si la prepaga no cumple”.

El 65% de las enfermedades raras son graves, crónicas, invalidantes y degenerativas

La medida dispuesta a través de la Resolución 459/2022, establece “incrementar, desde los meses de marzo y abril de 2022, los valores retributivos de las prestaciones médico-asistenciales brindadas a sus beneficiarios y usuarios por los prestadores inscriptos en el Registro Nacional de Prestadores de la Superintendencia de Servicios de Salud, en un porcentaje similar a la Cláusula de Revisión de la Paritaria 2021 negociada entre los prestadores mencionados y la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA)”.

La cartera de Salud consideró “razonable autorizar aumentos generales, complementarios y acumulativos de aquel que ha sido aprobado para el mes de enero de 2022”, que alcanzaba una suba del 9 por ciento.

El Gobierno detalló entre los motivos expresados en la resolución los efectos que produjo la pandemia expresando que con “las medidas adoptadas se produjo una limitación en la circulación de las personas, con el consecuente impacto en la economía, afectando a las empresas, a las actividades independientes y al empleo, del cual no resultaron ajenos el sistema sanitario y sus actores”.