En el marco de una investigación por estafas reiteradas, personal de la Policía de Investigaciones (PDI), bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad, llevó a cabo dos allanamientos en la ciudad de Venado Tuerto. Los procedimientos se centraron en la firma “Emprender Viviendas”, tras recibir numerosas denuncias de ciudadanos que adquirieron viviendas prefabricadas y modulares sin que la empresa cumpliera con la entrega de las construcciones pactadas.

La investigación, que se originó en la sucursal de la firma en Casilda, determinó que los responsables habrían abandonado dicha sede tras realizar las operaciones comerciales. Por disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA), las medidas judiciales se concretaron en un comercio vinculado familiarmente a uno de los principales sospechosos —quien se encontraría fuera del país— y en un domicilio particular. Los operativos fueron realizados por la Brigada Operativa del Distrito Casilda, con apoyo de efectivos de la Región III de Venado Tuerto.

Como resultado de las requisas en los inmuebles de las calles Lisandro de la Torre al 800 y Juan Garro al 3300, las autoridades lograron la detención de un hombre de 66 años. Además, se secuestraron siete notebooks, tres teléfonos celulares y documentación relevante vinculada a la operatoria comercial investigada.

El fiscal interviniente en la causa, Dr. Juan Pablo Oggero, del MPA de Casilda, ordenó que el detenido permanezca a disposición de la justicia y que todos los elementos incautados sean incorporados al expediente para el avance de la investigación.

Una situación de gravedad estalló en Casilda y otras localidades del sur santafesino, que tiene como epicentro la empresa de viviendas prefabricadas Techo Moderno SRL, cuya operatoria fue denunciada por más de treinta damnificados como una “estafa sistemática”.

La firma, con sede en Casilda bajo el nombre Emprender Viviendas, pero con propietarios que serían de Venado Tuerto, había logrado ganarse la confianza de clientes de varias provincias, prometiendo la construcción de casas con precios competitivos, contratos en regla y supuestos antecedentes positivos. Sin embargo, según advierte el abogado Edgar Rasino, todo formaba parte de una “estructura fraudulenta” que se repitió con distintos nombres y protagonistas.

“Venden, construyen una o dos casas para mostrarlas, y con eso convencen a otros. Se quedan con el resto del dinero y desaparecen. Luego arman otra sociedad y repiten el esquema”, denunció Rasino.

La empresa está integrada por tres socios. Según relató el abogado, funcionó correctamente durante sus primeros meses, lo que generó una buena reputación inicial. Sin embargo, a partir de 2022 comenzó el patrón de incumplimientos.

“Hay casos de incumplimientos de más de dos años. La gente espera, aguanta, porque se trata de la vivienda familiar, algo muy sensible. Pero finalmente, no hay respuestas y no se construye nada”, explicó.

El propio Rasino resultó damnificado: en 2023, su hijo firmó contrato con la empresa por recomendación de un vendedor que conocía personalmente. El pago se realizó en tiempo y forma, pero nunca se avanzó con la obra. “Ahí me di cuenta que no era un caso aislado, que éramos muchos, y decidí convocar a otros afectados para organizarnos”, detalló.

Actualmente, son al menos seis los abogados que trabajan en la presentación penal que se realizará la semana próxima, además de las acciones civiles que seguirán su curso para intentar recuperar parte del dinero perdido.

“Esto no es simplemente un incumplimiento contractual. Por la reiteración de casos, la continuidad de la maniobra y la utilización sistemática de nuevas razones sociales, entendemos que se trata de un delito penal con dolo. Es una estafa”.

Uno de los datos más alarmantes revelados por Rasino es que al menos uno de los integrantes de la empresa estaría operando actualmente con una nueva firma, vendiendo viviendas en localidades como Salto Grande, bajo una fachada distinta, pero con la misma mecánica.

Además, los vendedores que operaban en Casilda y fueron la cara visible de la empresa ya no están en la ciudad.

Los montos perdidos por los damnificados varían enormemente. “Hay personas que pagaron hasta 70 millones de pesos, otras entregaron vehículos como parte de pago. Es devastador. Algunos entregaron todos sus ahorros”, lamentó.

Asimismo, planteó que la confianza de los clientes fue cimentada también a través de publicidad en redes sociales, sponsoreo de equipos de fútbol y presencia mediática. Según Rasino, esa estrategia fue clave para generar legitimidad.

La denuncia penal será presentada en los próximos días y, según adelantó el abogado, incluirá no solo a los socios de la empresa sino a los vendedores y a cualquier persona que haya participado de forma activa en la maniobra.

“Queremos que se investigue todo. Esto no puede volver a pasar. No se trata solo de recuperar dinero, sino de ponerle fin a una cadena de estafas que afecta a familias enteras”.

Ya en el año 2023, la firma Techo Moderno SRL había sido denunciada por varias familias en la ciudad de Rosario por estafa en la construcción de viviendas modulares, no sólo de esa ciudad sino de varias localidades de la provincia de Santa Fe.

En una audiencia desarrollada en la jornada del jueves se dictaminó la prisión preventiva para Darío S, propietario de Dream House, viviendas industrializadas, bajo la carátula de “estafa” al menos contra 11 personas en esta primera etapa de la investigación.

El hecho salió a la luz públicamente la semana pasada, cuando mediante redes sociales comenzaron a conocerse denuncias de damnificados de distintas provincias del país, quienes aseguraban haber pagado un adelanto o la totalidad de la vivienda y la misma no había sido construida o en su defecto se hizo una edificación básica, precaria o con escaso avance de obra.

En Venado Tuerto es el fiscal Iván Raposo quien está a cargo de la investigación por parte del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Y confirmó que en las últimas semanas ingresaron un total de 77 denuncias.

Doble audiencia

El jueves se “hizo la doble audiencia imputativa y cautelar a un empresario conocido de Venado Tuerto, al cual se le atribuyeron un total de once hechos de estafa. Las mismas se llevaban adelante a través de un ardid, haciendo un contrato de compra-vente de viviendas prefabricadas”, relató Iván Raposo.

Las personas “damnificadas abonaban una cierta cantidad de dinero de acuerdo a su patrimonio. El empresario recepcionaba ese monto, ya sabiendo que no iba a cumplir con las obligaciones pactadas en lo previo. En algunos casos se hizo la platea y en otros, absolutamente nada”, agregó.

Desde el MPA aclararon que resta aún investigar otras 66 denuncias que ingresaron a fiscalía en los últimos días, desde distintas provincias del país.

Fiscal Iván Raposo

Se trata de “contratos celebrados en la ciudad de Venado Tuerto, con damnificados de muchas provincias. Tenemos víctimas de Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Neuquén entre otras. Y teniendo en cuenta la pena en expectativa y el daño ocasionado, sumado al peligro procesal de fuga producto de los recursos, conexiones y capacidad que él tiene, el Juez entendió que estaban dadas las condiciones para el dictado de la prisión preventiva”, precisó el fiscal.

Capital de las Prefabricas

En el año 2020 hubo un intento legislativo por declarar a Venado Tuerto “Capital nacional de la vivienda industrializada”. La iniciativa había sido impulsada por el bloque de concejales del partido justicialista, referenciados en Patricio Marenghini, quienes solicitaron a la ahora ex senadora María de los Ángeles Sacnun que presente el proyecto en el Congreso.

A la hora de fundamentar la propuesta, destacaban que la ciudad cuenta con 50 empresas del rubro. Y la idea, según Marenghini era “evaluar la posibilidad de crear un cluster o cámara que nuclee a todas las empresas que se dedican a la construcción de viviendas industrializadas interesadas en ofrecer un producto de calidad a los compradores y también contribuir a garantizarles seguridad en su compra”.

En diciembre de 2020, los ediles del PJ anunciaron que sortearían una vivienda pre fabricada, gentileza de Max Construcciones.

Finalmente, el inmueble quedó a medio construir y el empresario abandonó la ciudad, para luego ser detenido en agosto de 2021 en la provincia de Formosa, donde se candidateaba a diputado nacional.

El proyecto legislativo quedó en la nada, ante la permanente aparición de denuncias de incumplimiento por parte de algunas firmas comerciales del sector.

Daño estimado

Desde fiscalía sostienen que “en base a las primeras 11 denuncias la estafa supera los 10.000.000 de pesos, pero debemos sumar a las otras víctimas. Se trata de mucha cantidad de dinero que recibió este empresario a sabiendas de que iba a incumplir. Además, no resolvieron ninguno de los casos, al menos en estos que estamos anoticiados: no hubo respuestas. Lo llamaron telefónicamente, le enviaron correos, en un juzgado de Mercedes fue citado a una mediación y no compareció”, detalló Iván Raposo.

En definitiva “no hubo ningún tipo de explicaciones por el incumplimiento o por la estafa que cometió ante las víctimas. Actualmente es el único detenido, aunque hay otra persona investigada que por ahora no vamos a dar el nombre”, añadió el fiscal.

El próximo paso “es seguir investigando, ya sea sus movimientos bancarios, los artefactos de almacenamiento digital secuestrados en el local comercial donde se desempeñaba. Y trabajar con las restantes denuncias que se encuentran en trámite, para hacer la imputación en el momento oportuno, siempre y cuando advirtamos que hay una comisión de un hecho delictivo”, finalizó Raposo.

Según fuentes oficiales, la empresa no se encuentra prestando servicios en el inmueble en la que estaba instalada sobre Ruta 8. El local fue desalojado y ya no cuenta con el ploteado de la firma comercial.