El gobierno nacional derogó 71 normas comerciales que regulaban distintos aspectos del comercio y la industria, incluyendo la Ley de Góndolas, la Ley de Abastecimiento y Precios Justos, mediante la Resolución 357/2025 publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La decisión abarca 40 resoluciones y 31 modificatorias, muchas vinculadas a programas desarticulados, entes disueltos y regulaciones que exigían información considerada innecesaria.

Nación argumenta que “la derogada Ley N° 27.545 de Góndolas tenía como objetivo regular el espacio en las góndolas que los supermercados conceden a las empresas productoras de bienes de consumo masivo, tanto en los comercios físicos como en relación con las ventas por canales digitales”, agregando que “corresponde propiciar la derogación de aquellas normas que han quedado obsoletas derivadas de dichos marcos jurídicos, con el fin de reducir la carga administrativa y burocrática tanto para el gobierno como para los ciudadanos”.

Esta medida forma parte del proceso de simplificación normativa iniciado tras la sanción de la Ley Bases y dejó sin efecto normas dictadas entre 1974 y 2023.

El documento, con firma de Pablo Agustín Lavigne, subsecretario de facilitación de comercio, entrará en vigencia desde este jueves.

Normas eliminadas y motivos de la derogación

Las regulaciones derogadas incluyen:

27 normas complementarias a la Ley de Abastecimiento, ya eliminada en gestiones anteriores.

24 normas del extinto Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), que supervisaba y regulaba su funcionamiento.

20 normas vinculadas a programas desarticulados, como Precios Justos, El Mercado en tu Barrio, el Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos y la Ley de Góndolas

El Gobierno explicó que algunas normas exigían información sin fines razonables, establecían mecanismos de control de precios y fijaban valores máximos durante la pandemia de covid-19, lo que generaba trabas innecesarias al comercio interno.

Resolución 357/2025 by El Litoral

El secretario de Comercio, Pablo Lavigne, se reunió con el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, y el director ejecutivo de la entidad, Diego Coatz. Durante esta reunión de presentación, el secretario anunció el compromiso del Gobierno de intentar derogar la Ley de Abastecimiento, una norma que permitió al Estado fijar precios máximos y sancionar a empresas por presuntas subidas injustificadas.

Fuentes gubernamentales indicaron que, aunque este encuentro marcó la oficialización de Lavigne en su cargo, los representantes de la principal central fabril del país se llevaron el compromiso de que el Gobierno podría dar de baja esta ley, junto con otras leyes coercitivas contra los empresarios.

Lavigne expresó sus intenciones de llevar a cabo una cirugía mayor en los controles de precios. Esta medida incluiría la derogación de la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y la eliminación de los fideicomisos en el trigo y el aceite.

La Ley de Abastecimiento (Ley N° 20.680), originaria de 1974, fue utilizada en el pasado por el exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, para atacar a la petrolera Shell. Entre 2006 y 2008, se iniciaron alrededor de 119 sumarios, de los cuales 83 resultaron en multas aplicadas por Moreno, todas apeladas en la Justicia ordinaria.

En octubre de 2015, la Cámara en lo Contencioso Administrativo declaró nula una resolución de 2006 que se usó como base para acusar a la petrolera y a su expresidente, Juan José Aranguren, de atentar contra la ley de abastecimiento. Ni la petrolera ni su presidente fueron condenados, y las 83 causas penales y administrativas se cayeron.

Aunque en 2014 se actualizó la ley (Ley N° 26.991) eliminando algunas disposiciones controvertidas, se incorporó un régimen que otorga al Gobierno herramientas para intervenir en la economía y el comercio. El presidente Javier Milei destacó que en su gobierno la Secretaría de Comercio no adoptará conductas coercitivas sobre el mercado, una afirmación celebrada por Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA.

En otro frente, el subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Fernando Blanco Muiño, se reunió con los presidentes de la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA). Blanco Muiño descartó la intervención de la Secretaría de Comercio en la fijación de precios o controles sobre las empresas del sector. Sin embargo, se acordó que CAS y FASA elaborarán "voluntariamente" una lista de productos con "precios muy convenientes para ofrecerlos en la red de todo el país".

El programa Precios Justos, lanzado en noviembre de 2022 por el exministro de Economía Sergio Massa, mantuvo artificialmente bajos los precios de hasta 30,000 productos hasta el balotaje que dio como vencedor a Milei. Desde entonces, empresas de consumo masivo han enviado listado con actualizaciones a los supermercados para recuperar parte del margen perdido en estos meses de subidas.

En las dos semanas posteriores a la segunda vuelta, los aumentos promedio fueron del 40%, pero recientemente se sumaron nuevas listas con incrementos de entre el 25% y el 100%, tras la devaluación del 54% del peso anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, en busca de reducir la brecha cambiaria.

Finalmente, se anunció que el programa Ahora 12, que ofrecía hasta 24 cuotas con tasas subsidiadas por el Gobierno, dejará de funcionar el próximo 31 de enero. Aunque los programas terminan y no se renuevan, se está estudiando una nueva política para favorecer el financiamiento.

Estas decisiones marcan un cambio significativo en la política comercial del país, dejando atrás leyes y programas de control de precios en busca de una mayor liberalización del mercado. El impacto de estas medidas en la economía y en el día a día de los consumidores será seguramente objeto de un intenso debate en los próximos días.

La Secretaría de Comercio mantendrá esta semana reuniones con supermercados y empresas de consumo masivo con el objetivo de garantizar el abastecimiento y evitar abusos en los precios en el marco de la transición de gobierno.

Fuentes oficiales informaron a Télam que a partir de este miércoles y a lo largo de la semana, hay pactados encuentros con supermercados y empresas que están dentro del programa Precios Justos, para establecer un diálogo y "llevar la transición de una manera ordenada".

El objetivo es evitar abusos, cuidar el abastecimiento en las góndolas y proteger el bolsillo de los consumidores, se informó.

"Estamos en una transición y los acuerdos son voluntarios hasta el 30 de noviembre y por eso las empresas tienen sus beneficios", señalaron las fuentes.

El 26 de octubre pasado, el Gobierno prorrogó hasta fin de año los beneficios fiscales para las empresas que forman parte de acuerdos de precios suscriptos con la Secretaría de Comercio, a través del decreto 551/2023.

Entre otros puntos, se extendió la suspensión el pago de impuestos para la compra de divisas en moneda extranjera para la importación y la reducción a 0% la alícuota de retenciones para mercaderías comprendidas en una serie de posiciones arancelarias del Mercosur.

Para noviembre, el Gobierno acordó con la mayoría de las empresas para extender el programa Precios Justos, que mantiene virtualmente congelados a 52.300 productos de consumo masivo, con subas de 5% mensual.

Tras el fin del acuerdo entre las automotrices y el Gobierno por Precios Justos, las terminales actualizaron los valores de los vehículos que estaban incluidos en el programa y se alinearon así al valor del mercado. Para recuperar el terreno perdido durante la vigencia del acuerdo, los nueve modelos que participaban del convenio comenzaron noviembre con aumentos de entre 18% y 34%.

A principios de septiembre, el sector automotor tenía 15.000 autos 0 Km varados en el puerto de Zárate sin poder entrar al país, como resultado de dos meses sin autorizaciones de permisos de importación (SIRA) y los concesionarios empezaban a sentir los efectos de la escasez de unidades en el mercado. Luego de una negociación con el Gobierno, las automotrices accedieron a colocar en el programa de "Precios Justos" un modelo de cada marca con el valor congelado hasta el 31 de octubre, y a cambio de esa concesión obtuvieron la luz verde para empezar a ingresar las unidades frenadas.

Así, durante dos meses nueve modelos de autos y pick ups mantuvieron su precio en pesos sin cambios, una situación inédita para un sector que en la primera parte del año experimentó subas de entre el 5% y 7% por mes y que, luego de la devaluación del 20% del dólar oficial en agosto, tensionó el mercado automotriz que no quería perderle pisada a la inflación.

Los nueve modelos que estaban incluidos en el Programa Precios Justos y que a partir de noviembre cambiaron de precio son: Volkswagen Polo Track 1st Edition; Toyota Yaris XLS CVT; Fiat Cronos Like. Pick ups: Chevrolet Montana LTZ; Nissan Frontier S, versión 2.3 4x2; Ford Ranger, versión XLS 2.0 4x2; Renault Alaskan, versión 2.3 4x2. Utilitarios: Citroën Berlingo Furgón; Peugeot Partner Furgón.

Hasta el momento, los fabricantes que actualizaron los valores de todos sus modelos, incluyendo el de la versión que tenían en el programa del Gobierno, son seis. Ford, aplicó un aumento promedio del 14% en toda la gama Ranger, pero la versión XLS 2.0 4x2 que estaba en Precios Justos, pasó de $16.089.000 a $21.559.000, es decir que subió un 34%.

En el caso de Renault, tenía en Precios Justos un modelo de su camioneta Alaskan versión Emotion 4x2 MT, que tuvo durante 60 días un precio de $16.912.700. Si bien la actualización general fue del 10% en toda la línea, esa versión en particular subió a $20.517.900, lo que representa un aumento del 21,3%.

La otra marca que también presentó lista de precios sugeridos de noviembre es Nissan. La marca japonesa había colocado en Precios Justos el modelo Frontier S 4x2 Manual a $13.790.200. Con el ajuste de precios de toda la gama de pick-ups, el nuevo valor de ese modelo es ahora de $ $16.548.200, es decir que sufrió una corrección del 20%.

Toyota, por otro lado, había colocado en el programa el modelo Yaris XLS 1.5 CVT de 5 puertas, que es importado de Brasil. El precio fijado durante septiembre y octubre fue de $8.806.955, pero con la actualización, pasó a costar $10.445.000, es decir un 18,6% adicional.

Por su parte, Volkswagen Argentina había ingresado al acuerdo con el modelo Polo Track First Edition, producido en Brasil, con un precio de $8.187.550. Con la nueva lista de precios de noviembre, la gama Polo aumentó un 8,3% en los modelos de acceso, pero sólo en aquellos que no tenían su precio en el tope para evitar pagar el impuesto a los autos de lujo. Sin embargo, el Polo Track First Edition se mantiene en el mismo precio, lo que lo posiciona como una de las opciones más accesibles del mercado, en el que sólo el Toyota Etios aparece en la lista con un precio menor, en su versión para uso como auto de pasajeros.

Por último, Chevrolet mantuvo el precio de la gama Montana, a la que pertenecía el modelo LTZ que estaba con el precio congelado. Así, la pick-up compacta de General Motors, que proviene de Brasil, continúa a $16.867.900.

Aún falta conocer la lista de precios de las marcas de Stellantis (que reúne las marcas Fiat, Citroën y Peugeot, entre otras), que se publicará el lunes, con entrada en vigencia el martes.

La Secretaría de Comercio renovó hasta fin de mes el acuerdo de precios para cortes populares de carne en carnicerías y supermercados. Los siete cortes de carne del programa “Precios Justos” se mantendrán en comercios adheridos de todo el país con nuevos valores.

El acuerdo estará vigente hasta el 30 de noviembre y representa un aumento de 10 por ciento en relación con la tanda de precios vigente antes de la última actualización.

Es un acuerdo voluntario con las empresas exportadoras de carne vacuna, nucleadas en las cámaras ABC, UNICA y FIFRA, que establece los precios de venta de siete cortes populares considerados como más representativos del consumo de las familias argentinas, según el criterio del Gobierno.

El acuerdo estará vigente hasta el 30 de noviembre y representa un aumento de 10 por ciento en relación con la tanda de precios vigente antes de la última actualización

Asado: $1.616,00 por kilo

Nalga: $2.146,00 por kilo

Matambre: $2.045,00 por kilo

Vacío: $2.110,00 por kilo

Falda: $1.052,00 por kilo

Paleta: $1.737,00 por kilo

Tapa de asado: $1.616,00 por kilo

El último acuerdo de cortes populares de carne había sido convenido a fines de septiembre y fijado, en ese momento, para tener vigencia hasta el 15 de octubre pasado. Los aumentos respecto de aquél acuerdo están en el 10,2% promedio, con subas de entre $98 y $199 según el corte.

Según Comercio, los nuevos precios estarán vigentes hasta el 30 de noviembre de 2023. Aunque el acuerdo no es el mismo para todo el país. En la región patagónica se aplica un 6% extra diferencia. Así quedan, entonces, los precios acordados para la Patagonia:

Asado: $1.712,96 por kilo

Nalga: $2.274,76 por kilo

Matambre: $2.167,70 por kilo

Vacío: $2.236,60 por kilo

Falda: $1.115,12 por kilo

Paleta: $1.841,22 por kilo

Tapa de asado: $1.712,96 por kilo

Una aclaración hecha por el Gobierno es que los cortes de carne disponibles en la región patagónica no tienen hueso.

El último acuerdo de cortes populares de carne había sido convenido a fines de septiembre y fijado, en ese momento, para tener vigencia hasta el 15 de octubre pasado.

Participan de este acuerdo las empresas exportadoras de carne vacuna, nucleadas en las cámaras ABC, UNICA y FIFRA, los supermercados e hipermercados de las cámaras ASU, CAS y FASA y carnicerías adheridas.

Los cortes de carne a Precios Justos se consiguen en todo el país: en las grandes cadenas de supermercados, en supermercados regionales y en carnicerías adheridas al programa.

En un acuerdo voluntario entre Comercio y empresas exportadoras que componen las principales cámaras frigoríficas del país, se da continuidad al programa que ofrece los principales cortes vacunos a precios accesibles en las grandes cadenas de supermercados, supermercados regionales y carnicerías adheridas al programa.

El Gobierno iniciará en los próximos días una nueva ronda de negociaciones con un grupo de empresas para discutir los múltiples acuerdos de precios vigentes en distintos sectores como medicamentos, combustibles, alimentos y bebidas en supermercados, entre otros y que tienen en el último día de octubre su fecha de finalización. La inflación de dos dígitos mensuales de los últimos dos meses será uno de los principales obstáculos en ese ida y vuelta, aunque aún no está determinado qué ritmo de subas buscará habilitar el equipo económico.

El ministro de Economía Sergio Massa había creado una unidad especial para la renegociación que realizó el gobierno de los acuerdos de precios tras la devaluación del tipo de cambio oficial luego de las elecciones primarias. El titular de la Aduana Guillermo Michel estuvo al frente de ese ariete. En las firmas involucradas en los pactos de aumentos de precios mensuales con techo establecido esperan llamados de manera inminente.

La última instancia de ida y vuelta entre las empresas de consumo masivo y el Gobierno fue mucho más áspero que en ocasiones anteriores. Típicamente el programa Precios Justos -ex Precios Cuidados- tiene etapas que durante unos tres meses y se renuevan. La aceleración inflacionaria incluso anterior a la devaluación hizo que para las ecuaciones de costos de las empresas un corsé de incrementos por debajo de la evolución del IPC no les cierre en términos financieros. Incluso cuando el ingreso formal -con firma- al plan oficial le implicaba a las compañías cierto “reaseguro” de contar con SIRAs aprobadas para importar insumos.

En las últimas semanas la situación de faltantes en las góndolas de las grandes cadenas de supermercados forzó al Poder Ejecutivo a negociar un ajuste en las clavijas de abastecimiento. Antes de las elecciones la incertidumbre hizo que muchos consumidores apuraran compras ante la posibilidad de que las listas de precios tras la instancia electoral puedan llegar con subas notorias.

La última tanda de acuerdos de precios tuvo condiciones para cada caso. Consumo masivo es el que tiene mayor impacto en las góndolas por tratarse de pactos que involucran a las grandes superficies comerciales. En ese caso, el Gobierno planteó -antes incluso de haberse reunido con las empresas- que el sendero de precios que habilitaría sería de 5% mensual. La inflación en ese momento ya avanzaba a ritmo de 6,3% pero el salto devaluatorio post PASO ya indicaba que habría indicadores muy superiores.

El Ministerio de Producción Ciencia y Tecnología, a través de la Secretaría de Comercio Interior y Servicios, comenzó a fiscalizar el cumplimiento del acuerdo celebrado entre el Gobierno Nacional y las asociaciones de Industriales Panaderos de Santa Fe y Rosario para implementar el programa “Precios Justos en Panaderías”. El mismo establece la venta del kilo de una variedad de pan a un precio de referencia de 680 pesos, medida que alcanza a 140 bocas de venta a lo largo y ancho de la provincia.

Los locales alcanzados son aquellos que están agrupados en las cámaras provinciales del sector panadero e incorporados en la Federación Argentina de Panaderías, que han suscripto un convenio con el Gobierno Nacional por el cual reciben la harina subsidiada del Fondo de Estabilización del Trigo Argentino (FETA) a cambio de establecer dicho precio.

En los últimos días, además de panaderías, se verificaron molinos harineros que están adheridos al fideicomiso del FETA, que son aquellos que de manera directa o a través de sus distribuidores venden dicha harina a precio subsidiado.

Al respecto, el secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano, se manifestó al momento de encabezar la verificación del acuerdo: “Comenzamos en Rosario y Santa Fe a fiscalizar el cumplimiento de Precios Justos en Panaderías, principalmente la exhibición de cartelería, ya que hay un compromiso explícito y certero de las dos cámaras de Industriales Panaderos de nuestra provincia en vender el pan a 680 pesos el kilo en este mes de septiembre y a 715 pesos a partir de octubre".

Asimismo, sostuvo que “en un momento complejo es necesario certificar estos acuerdos; en este caso el que se ha firmado entre el Gobierno Nacional y la Federación que nuclea al sector. Como provincia nos parece importante verificar la instancia comercial y la final del consumidor para constatar el cumplimiento de este convenio y que a la gente le llegue el beneficio y, a su vez, que también el comerciante cumpla con lo que pautó”.

“Continuaremos con las instrucciones del gobernador Omar Perotti y, por supuesto, cumpliremos en la provincia de Santa Fe lo que nos encomendó el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa: acompañar con políticas de ingreso y de acuerdos de precios a todas las familias argentinas y santafesinas en esta coyuntura particular”, dijo finalmente el funcionario.

El Ministerio de Producción Ciencia y Tecnología, a través de la Secretaría de Comercio Interior y Servicios, articula con el Gobierno Nacional y las asociaciones de Industriales Panaderos de Santa Fe y Rosario la aplicación del programa “Precios Justos en Panaderías”, lo que implica la fijación de un precio de referencia para el kilo de pan de $680, medida que alcanza a 140 panaderías a lo largo y ancho de la provincia.

Se trata de aquellos negocios que están agrupados en las cámaras provinciales del sector panadero incorporados en la Federación Argentina de Panaderías, que ha suscripto un convenio con el Gobierno Nacional por el cual reciben la harina subsidiada del Fondo de Estabilización del Trigo Argentino (FETA) a cambio de establecer un acuerdo de precios con el kilo de pan que se mantendría durante todo septiembre en $ 680, mientras que en octubre se realizará un aumento del 5%.

La aplicación de este programa en la provincia fue pautada luego de un encuentro que mantuvieron en Buenos Aires los secretarios de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano, y de Industria, Claudio Mossuz, con el subsecretario de Políticas para el Mercado Interno de la Nación, Gustavo Fascowickz. En la reunión se acordó difundir la lista de distribuidores y molinos harineros que comercializan en territorio santafesino la bolsa de 25 kilos de harina subsidiada para que se trabaje en un registro de panaderías que la compran y, de esa manera, difundir y colocar la cartelería que corresponde a la identificación del programa Precio Justos como comercio adherido respetando el kilo de pan a $ 680.

Sobre el acuerdo, Aviano aseguró: "Queremos que el programa Precios Justos se lleve adelante en la provincia en todas sus versiones. Este acuerdo de $ 680 el kilo de pan en aquellas panaderías que compran la harina subsidiada por el Gobierno Nacional del Fondo de Estabilización del Trigo Argentino nos parece una medida acertada y que tiene por objetivo acompañar a las familias en el consumo de los productos de la canasta familiar”.

Asimismo, destacó que "el reintegro del IVA con el 21%, la ampliación del monto reintegro de Billetera Santa Fe, la política de reducción del Impuesto a las Ganancias para vastos sectores de la población, nos parecen medidas que tienen que ir en el mismo sentido, que es tratar de acompañar el consumo y el mercado interno en este momento de complejidad. Por eso, hemos articulado con Nación y con las cámaras de Industriales Panaderos para comenzar con este trabajo de ida y vuelta y tratar que este acuerdo se cumpla en la provincia de Santa Fe. Eso significa que tengamos negocios adheridos y molinos que cumplan con la venta de la harina subsidiada a sus negocios minoristas”, concluyó.

Para sostener el consumo, la Secretaría de Comercio se encuentra en negociaciones con empresas de diversos sectores para congelar los precios de productos duraderos, tales como celulares, motos, heladeras y electrodomésticos, desde el 31 de mayo hasta después de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), programadas para el 13 de agosto.

Estos acuerdos forman parte de la iniciativa gubernamental denominada Precios Justos, la cual busca controlar y regular los precios de ciertos productos considerados fuera del ámbito de consumo masivo. Además de los productos mencionados, también se incluyen en las negociaciones sectores como línea blanca, calzado, indumentaria y bicicletas.

Fuentes de la Secretaría de Comercio revelaron que durante este periodo el precio de estos bienes duraderos se mantendrá sin incrementos, en un intento por aliviar la presión sobre los bolsillos de los consumidores. Asimismo, las empresas involucradas acordaron aumentar la visibilidad de los Precios Justos mediante una mayor cartelería y publicidad en sus establecimientos.

Estas medidas se suman a otras anunciadas recientemente por el ministro de Economía, Sergio Massa, con el objetivo de estimular el consumo y apoyar la actividad económica. Entre ellas se incluyen la reducción del impuesto a las Ganancias para los aguinaldos, la ampliación de las escalas para el monotributo y el establecimiento de una línea de crédito con tasas subsidiadas para monotributistas. A mediados de mayo, también se redujo en un 9% el costo del financiamiento del programa Ahora12, pasando del 82,45% al 72,75%.

Cabe destacar que los acuerdos se están negociando con las empresas que ya formaban parte de la iniciativa Precios Justos, por lo que no habrá un lanzamiento formal, sino que se publicará una adenda en cada convenio original.

El gobierno nacional inició negociaciones para renovar el Programa Precios Justos a fin de contener la inflación. Para lograrlo, la Secretaría de Comercio de la Nación busca cerrar otro acuerdo que contempla subas de hasta un 5% mensual por los próximos 90 días para un total de 25.000 productos de consumo masivo.

Siguiendo la “hoja de ruta” marcada por el ministro de Economía, Sergio Massa, para renovar el acuerdo hubo reuniones con grandes empresas – Unilever, Procter & Gamble y Mondelez, entre otras – en las que se plantearon las bases para la continuidad del programa anti inflacionario.

Por un lado, Nación estaría dispuesta a autorizar un aumento de 3,8% a la canasta de 2.000 productos que están congelados desde febrero; y, para el resto, aumentos mensuales en dos tramos (de 3,2% inicial y un extra de 1,8% a partir del día 20 aproximadamente) hasta fin de julio.

Fuentes oficiales indicaron que durante el encuentro “se habló sobre todo de la estampida de precios de la semana pasada que no están justificados”. Es por esto que el gobierno también pretende que se retrotraigan aumentos.

“Desde las empresas señalan que los costos sufrieron fuertes incrementos, entonces se está viendo alguna estrategia para paliar eso”, aseguraron. Asimismo, aclararon que “los porcentajes todavía no están cerrados, pero se está conversando en ese sentido”.

El objetivo es compensar la inflación registrada en las últimas semanas, especialmente en los artículos de la canasta básica. En marzo, el costo de vida trepó al 7,7% (la variación más alta desde 2002), mientras que el rubro alimentos acumuló una suba de 9,3%, según los últimos datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En tanto, las consultoras privadas estiman cifras similares para abril.

Desde la Secretaría de Comercio recalcan que también se busca sumar a los proveedores de insumos difundidos por su incidencia en los costos y extender el acuerdo a los comercios de cercanía, para continuar ordenando “el sendero de precios”.

El Gobierno acordó con las petroleras que el precio de los combustibles subirá 4% mensual en el caso de la nafta y el gasoil, desde el 15 de abril hasta el 15 de agosto próximo.

Las Secretarías de Comercio y Energía renovaron así el acuerdo de Precios Justos con el sector petrolero para estabilizar los precios de los combustibles durante los próximos cuatro meses.

A través de un comunicado, la Secretaría de Comercio informó que esta medida busca “proteger a los consumidores y fomentar la estabilidad en el mercado”.

En este sentido, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, remarcó que “la firma de este acuerdo nos permite dar una señal de previsibilidad a consumidores, usuarios y empresas y, además, acompaña la hoja de ruta establecida por el ministro Massa que nos impulsa a sostener el equilibrio fiscal y cuidar las reservas”.

Según lo informado, las principales compañías petroleras -YPF, PAE, Raizen (Shell) y Trafigura- rubricaron el acuerdo.

Por su parte, la secretaria de Energía, Flavia Royón, destacó “el esfuerzo que realizan las empresas para acompañar la iniciativa del Estado de manera de contener los precios y anclar la expectativa inflacionaria para que esto no tenga un efecto en el bolsillo de la gente”.

Estuvieron presentes en el anuncio Alejandro Cerviño (Gerente de Relaciones Externas y Gubernamentales de Raizen Argentina S.A), Agustín Agraz (Vicepresidente de Relaciones Institucionales de Operaciones Downstream de Pan American Energy), Alejandro Fernández (Vicepresidente comercial de YPF) y Martín Urdapilleta (Gerente General de Trafigura).

Los acuerdos de Precio Justo para la carne se extenderán hasta el 30 de abril, según informó Matias Tombolini, secretario de Comercio del país. En el programa se ofrecen siete cortes: asado, nalga, matambre, vacío, falda, paleta y tapa de asado.

El programa consiste en convenios voluntarios con exportadores de carne bovina agrupados en las cámaras de comercio ABC, UNICA y FIFRA, con un precio guía promedio mensual de 3,2% hasta el 30 de junio. Los supermercados y mercados de consumo de la Cámara de Comercio de ASU, CAS y FASA y las carnicerías asociadas también son parte del acuerdo.

En todo el país, en cadenas de supermercados nacionales, supermercados locales y carnicerías adheridas al programa, puede comprar los cortes incluidos y a los precios acordados.

CARNE A #PRECIOSJUSTOS ?

El programa de 7 cortes de carne a precios fijos continúa durante todo el mes de abril. pic.twitter.com/KPJ27GvSLf

— Secretaría de Comercio (@ComercioArg) April 11, 2023

La canasta de frutas y verduras dentro del programa Precios Justos también fue actualizada la semana pasada por la Secretaría de Comercio en colaboración con la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y los principales proveedores de la industria.

En ese caso, se informó a través de un comunicado oficial que la “canasta mantendrá sus precios fijos por un mes, con el objetivo de llevar alivio al bolsillo de los argentinos y brindar orden, previsibilidad y disponibilidad de oferta al sector”.

Las grandes cadenas de supermercados del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) también tendrán estos productos y a los mismos precios hasta el 30 de abril. Es importante señalar que disminuyó el costo de la papa y la cebolla en la canasta de marzo, y que dos nuevos artículos, peras y calabazas, también se incluyeron en esta expansión.

La vigencia del programa Precios Justos Carne se renovará a partir del 1 de abril con un incremento de 3,2% en los precios de los siete cortes de consumo masivo que integran la canasta.

Los cortes de consumo masivo que formarán parte de la continuidad del programa serán nuevamente asado, nalga, matambre, vacío, falda, paleta y tapa de asado, que estarán a la venta en las principales cadenas de supermercados.

La vigencia del programa se extenderá, al menos, hasta el 30 de junio y las piezas tendrán un aumento del 3,2% mensual.

Precios Justos Carne entró en funcionamiento el pasado 17 de febrero a partir de un acuerdo voluntario alcanzado entre la Secretaría de Comercio -que encabeza Matías Tombolini- y representantes del sector ganadero, fundamentalmente las empresas nucleadas en el Consorcio de Exportadores de Carne (ABC).

Además de la rebaja en los precios, el programa ofrece beneficios como reintegros de 10% en las compras en carnicerías y minimercados en los pagos con tarjetas de débito.

El régimen de reintegros a consumidores finales se extiende hasta el 31 de diciembre de este año, e incluye un diferimiento por 90 días en el pago de obligaciones impositivas a los comercios enmarcados en esta actividad, de acuerdo a la resolución general 5330/2023 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

En el marco del lanzamiento de Precios Justos Carne, Tombolini dijo que el programa contempla un “agresivo descuento” en los precios de siete cortes “que en Argentina representan aproximadamente 30% de las 182 mil toneladas mensuales que se consumen en el país”.

“Es un acuerdo que atiende básicamente un problema que hemos visto todos en las góndolas en los últimos 30 días, producto de la recuperación de precios y por eso llegamos a un acuerdo con el sector exportador para evitar abusos en materia de precios”, sostuvo en esa oportunidad el funcionario.

El reintegro del 10% en las compras de carne realizadas durante marzo se efectuará por única vez en su totalidad en abril y luego adoptará el régimen previsto de 96 horas posteriores a la adquisición, según informaron fuentes de la AFIP.

Junto al lanzamiento de “Precios Justos” para siete cortes de carne populares, el Gobierno anunció que reintegrará un 10% del total de la compra que se acreditará en las cuentas de los consumidores.

Durante los últimos días habían surgido inquietudes dado que a 15 días de la implementación del mecanismo no se habían efectuado las devoluciones prometidas.

Desde AFIP aclararon que las devoluciones correspondientes a las compras de marzo se realizarán en abril en un solo pago por única vez.

Luego se retomará el ritmo previsto en la resolución que establece un plazo de 96 horas (4 días) desde la compra para que el importe aparezca en las cuentas.

En este mecanismo no tienen responsabilidad los carniceros, sino que está en manos de la AFIP y de las instituciones bancarias.

Para acceder a este beneficio el pago deberá realizarse con tarjeta de débito, prepagas o similares asociadas a cuentas abiertas en entidades financieras o plataformas fintech, o la modalidad de pago con código QR.

De esta forma se identifica al consumidor y se le devuelve el dinero. No se recupera el 10% en caso de pagos en efectivo.

El tope de reintegro es de $2.000, con lo cual ingresan las compras realizadas en marzo por hasta $20.000.

Los consumidores también deben tener en cuenta que no todas las carnicerías están adheridas al régimen y, por lo tanto, deberán verificar en dónde hacen la compra.

En los resúmenes de cuenta, el beneficio deberá exhibirse como “Reintegro Carnicerías Minoristas”.

El gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de la Secretaría de Comercio Interior y Servicios ya dictó, en lo que va del año, sanciones por más de 21 millones de pesos a 12 proveedores que incumplieron con distintas normativas de carácter comercial, con el objetivo de promover buenas prácticas comerciales, el cumplimiento de la ley y la protección de los intereses de usuarios y consumidores.

Se trata de infracciones contra los derechos básicos del consumidor, como el de información veraz, publicidad y exhibición de precios. También, se penalizó por el no cumplimiento de las regulaciones comerciales respecto a métodos de pago y diferencias de precio entre la góndola y la caja; y se procedió a la primera sanción a una empresa de venta directa.

Para el secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano, la vocación de los organismos estatales “es el cumplimiento de las normativas vigentes, la promoción de la actividad económica en general y particularmente del sector comercio y servicios, brindar herramientas para potenciar al máximo los rubros comerciales, pero siempre con la premisa de facilitar herramientas para el acceso y la defensa de los derechos del consumidor, cuando los comercios o proveedores no cumplen con la ley”, explicó.

Además, Aviano fundamentó: “La premisa del gobernador Perotti y de nuestro ministro (de Producción, Daniel) Costamagna, es alentar las inversiones, acompañar a los que producen y a los que trabajan. El comercio es una parte importante en la producción y todos los que trabajamos integramos cada familia consumidora santafesina. Podemos tender a que haya más actividad comercial, y debemos hacerlo dentro de las normas y el buen trato. Por eso, desde inicios de 2023 intensificamos las inspecciones y sanciones. Hasta el momento efectuamos alrededor de 58 fiscalizaciones, a lo que se le suman las 1.138 realizadas en 2022. Además, imputamos a 77 proveedores”, detalló el funcionario.

“Queremos controlar, pero no para multar. Queremos trabajar por una nueva cultura comercial y de consumo, donde entendamos que lo mejor es cumplir con la ley y que tanto consumidores como comerciantes debemos estar informados para ejercer mejor nuestro rol”, enfatizó Aviano.

En ese sentido, la directora provincial de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, María Betania Albrecht, dijo que “cuando un consumidor hace un reclamo y exige un control, actuamos desde dos esferas: por un lado, trabajamos sobre la resolución del mismo; y por otro delineamos una inspección para verificar. A partir de allí actuamos tratando de corregir situaciones. Si no hay cambio de actitud del comercio, procedemos a la sanción”.

Las multas aplicadas en los primeros días del año corresponden a firmas de Santa Fe o con domicilio legal en otras jurisdicciones, pero que más allá de eso, “incumplieron con normas nacionales de las cuales la Provincia es autoridad de aplicación, o propias leyes o programas provinciales, como ser la Ley de Venta Directa Nº 13.905; o el Programa Billetera Santa Fe, donde en ambos casos se trata de normativas de cumplimiento obligatorio para quienes están alcanzados”, precisó Aviano.

Además, recordó que “la ley de Venta Directa exige la inscripción de empresas que utilizan como único medio de comercialización a los revendedores independientes. En tal caso, para ofrecer sus productos en Santa Fe, deben cumplir una serie de requisitos. Fue este Poder Ejecutivo quien en 2021 reglamentó la norma, y hoy luego de un plazo muy flexible para que las firmas se inscriban y cumplan con la ley, ya estamos en fase de ir sancionando a quienes no la estén cumpliendo. En este caso estamos sancionando a la primera, en el marco de una serie de imputaciones que hemos formulado a una decena de empresas con actuación en todo el país, algunas de ellas de capitales extranjeros”.

Por su parte, Albrecht planteó: “Con los temas de estafas bancarias o incumplimientos de información y respuesta, por ejemplo, estamos siendo innovadores colocando a los prestadores de servicios financieros como responsables por lo ocurrido, y también siendo muy insistentes con los métodos de pago: toda compra debe respetar el precio si es contado efectivo, débito, crédito en un pago o billeteras virtuales”.

Por último, las autoridades provinciales adelantaron que en los próximos días se comenzarán a dictar las primeras sanciones a empresas alcanzadas por el Programa Nacional “Precios Justos”, cuyas firmas radicadas en Santa Fe deben cumplimentar con la disponibilidad de productos y demás requisitos de precio, cartelería e información sobre los rubros alimentos, bebidas, carnes, artículos escolares y librería, entre otros.

El reintegro de 10% para compras en carnicerías abonadas con tarjetas de débito comenzará a regir el miércoles y estará vigente hasta fin de año, en el marco del programa Precios Justos Carne puesto en marcha por el Gobierno nacional.

La medida entrará en vigencia el 1ª de marzo y se extenderá hasta el 31 de diciembre de este año, con el beneficio de 10% de reintegro para los consumidores y un diferimiento por 90 días en el pago de obligaciones impositivas a las carnicerías que se registren para participar del programa.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reglamentó esta medida a través de la resolución general 5330/2023 para consumidores finales que realicen compras en carnicerías con tarjeta de débito, prepagas o similares asociadas a cuentas abiertas en entidades financieras o fintech.

El beneficio consiste en un reintegro de 10% del monto de la operación realizada en establecimientos dedicados a la comercialización de carne vacuna, con un tope de devolución de hasta $ 2.000 mensuales.

“Precios Justos Carne”: cuáles son los siete cortes y a qué valor se podrán conseguir

Estará vigente para las transacciones realizadas mediante terminales de pago, así como también por medio de códigos QR.

Las entidades financieras deberán acreditar la suma en las cuentas de los consumidores finales a los cuatro días de concretada la operación, y el detalle deberá figurar en el resumen de cuenta físico o electrónico de los clientes, para lo que el organismo creó un nuevo Registro de Carnicerías.

¿Quiénes deben inscribirse?

Los comercios que revistan la categoría de responsable inscripto o sean monotributistas con hasta tres empleados declarados serán incorporados de manera automática al régimen de reintegro, precisó la AFIP.

En tanto, el resto de los contribuyentes deberá inscribirse a través del Sistema Registral del sitio web del organismo, de acuerdo con la normativa.

Allí deberán seleccionar la opción Registros Especiales, luego Características y Registros Especiales, y seleccionar la caracterización Carnicerías Minoristas – Régimen de reintegro.

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Al mismo tiempo y como parte del programa integral de impulso a la producción y consumo de carne vacuna anunciado a mediados de febrero por el Gobierno, la norma otorga a los comercios inscriptos en el régimen tres meses de gracia para el pago del IVA o del componente impositivo del monotributo en los casos en que estén adheridos al régimen simplificado.

Los consumidores, por su parte, podrán acceder al listado de comercios inscriptos en el sitio web de la AFIP, así como el de las entidades financieras y fintech que se incorporen al régimen de reintegros.

“El objetivo de esta medida es estimular la formalización de la economía y el cumplimiento tributario”, señalaron desde la AFIP.

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Precios Justos

Esta medida se suma al programa Precios Justos Carne -en reemplazo de Cortes Cuidados- que entró en vigor el 17 de febrero y regirá hasta el 31 de marzo con bajas del 30% para siete cortes en grandes cadenas de supermercado.

Precios Justos Carne tiene como piso un volumen de 18.000 toneladas mensuales de carne vacuna de novillo para la venta en cadenas de supermercados con los siguientes precios: asado, $1.031 el kilo; la nalga, $1.375; el matambre, $1.310; el vacío, $1.351; la falda, $675; la paleta, $1.113; y la tapa de asado, $1.035.

Luego, estos cortes provistos mayormente por las empresas nucleadas en el Consorcio de Exportadores de Carne (ABC) tendrán una pauta de aumento de 3,2% mensual hasta el 30 de junio.

Asimismo, está vigente la promoción de descuentos de 35% los viernes y sábados por parte del Banco Nación con su tarjetas de crédito, débito y su aplicación MODO, con un tope de reintegro de $3.000.

La Secretaría de Comercio labró 769 multas a empresas alimenticias y supermercados por $ 806.450.000 en la última semana debido a diversos tipos de irregularidades en torno del cumplimiento del programa Precios Justos, según indicó este martes por la mañana el titular del área, Matías Tombolini.

“Esta semana estamos con 769 multas por $ 806.450.000 por faltantes de stock, falta de cartelería, uso de carteles en góndolas en productos que no forman parte del programa, duplicidad de etiquetado; y esto de algún modo es un paso más en la idea de que no podemos llevar orden en los precios y construir previsibilidad si permitimos los abusos”, manifestó el funcionario.

Las multas –señaló Tombolini- se desplegaron tanto en cadenas de supermercados como “Día, Carrefour, las del Grupo Cencosud (Disco, Vea, Jumbo) y el mayorista Maxiconsumo”; como en empresas alimenticias como “Cabrales y Nestlé”. El secretario explicó que, luego de labrase el acta, “se le da el descargo a quien se le imputa y después se procede a la multa”.

Uno de los casos es el de una sucursal de la cadena Jumbo ubicada en San Lorenzo 3773, en el partido bonaerense de San Martín, la cual fue clausurada anoche tras un operativo “relámpago” realizado en conjunto entre la Secretaría de Comercio y la Subsecretaría de Defensa al Consumidor de la Municipalidad de San Martín junto con el área de habilitaciones del municipio.

“Recibimos cinco alertas en un periodo muy corto de tiempo. Esto indica un faltante severo que luego se verificó, desplegándose sobre las horas de la noche un operativo donde encontramos 32 productos que directamente no tenían stock y más de 14 productos que presentaban un faltante”, relató Tombolini.

Adicionalmente a las infracciones mencionadas, los verificadores detectaron múltiples y reiterados incumplimientos de normativas municipales por parte del Hiper Jumbo mencionado, los cuales derivaron en la inmediata clausura del supermercado.

Al respecto, el secretario aclaró que la clausura se vincula con una infracción a la ordenanza municipal 9.007 “que tienen que ver con un tema vinculado con Bomberos”, y que Comercio se encarga, por su parte, de verificar “infracciones a la Ley 24.240 de Defensa al Consumidor”.

El programa Precios Justos, relanzado a principios de este mes, fija los precios de casi 2.000 productos de primera necesidad por 120 días, mediante acuerdos voluntarios con empresas productoras y comercializadoras.

Los productos se encuentran en los supermercados, distribuidores mayoristas y comercios adheridos al programa por provincia o región. Del mismo modo, estipula un aumento de 3,2% mensual sobre otros 50.000 productos hasta el próximo 30 de junio.

Tras los aumentos en el precio de la carne y su impacto en la inflación, el ministro de Economía, Sergio Massa, junto al secretario de Comercio, Matias Tombolini y su par de Agricultura, Juan Jose Bahillo, anunciaron medidas destinadas tanto a la producción como al consumo de carne.

De esta forma, se busca lograr resultados a corto plazo actuando sobre el aumento del precio de la carne y a mediano plazo sobre la oferta futura, además de compensar a los productores afectados por la sequía que se vieron obligados a malvender el ganado, y están en problemas por la falta de oferta de forrajería.

A fin de morigerar los efectos de la sequía, los productores podrán acceder a subsidios por hasta el 40% del alimento necesario para la terminación de los animales en feedlot.

Para dar una respuesta al aumento del precio de la carne, el Ministerio de Economía junto a la Secretaría de Comercio acordó con exportadores y entidades bancarias y del Estado una serie de medidas y acuerdos.

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Los precios acordados se mantendrán hasta el 31 de marzo y luego estos cortes tendrán una pauta del 3,2% hasta el 30 de junio. Se podrán encontrar desde el viernes, prometió Economía. Además, a partir del acuerdo, se logró bajar un 35% promedio el precio con que los supermercados estaban comercializando los cortes.

Los 7 cortes de carne en cuestión prohibidos de exportación que se ofrecerán son asado, que se comercializaría a $1035 por kilo; nalga a $1.375; matambre $1.310; vacío $1.51; falda $675; paleta $1.113 y tapa de asado $1.035.

Desde la secretaría de Comercio destacaron que gracias a los acuerdos con las empresas exportadoras de carne bovina se puede aumentar la oferta de comercialización mensual a unas 15.000 toneladas. El programa Cortes Cuidados ofrecía un volumen de 6.000 toneladas en declaración pero que en la práctica no pasaba de las 4.000.

“Ahora está todo firmado y trazable. Es importante que no sea una declaración de intenciones. Está el acuerdo firmado y si no se cumple se aplica la ley de Defensa del Consumidor con las multas que le correspondan”, indicaron fuentes de Comercio.

La comercialización se realizará todos los días en supermercados e hipermercados y carnicerías de frigoríficos y se trabajará con los supermercados nucleados en ASU, CAS y FASA los días de ventas de estos cortes.

Descuentos del 10% para la compra de carne vacuna con tarjeta de débito

Reconociendo que estos acuerdos atacan la venta masiva en supermercados, hipermercados y carnicerías de frigoríficos, y quedan fuera las carnicerías de barrio y pequeños comercios de cercanía, mediante acuerdos con bancos, tarjetas de crédito y AFIP se acordaron reintegros de compras con tarjeta de débito bancaria y no bancarias.

De esta manera, el mayor precio que se le paga a estas carnicerías, se compensa con los reintegros. El beneficio será para compras en comercios que se encuentren inscriptos en la AFIP a la fecha de entrada en vigencia del programa.

Incluye carnicerías, minimercados y comercios que se estén inscriptos en el IVA como MiPyme. En estos comercios, el consumidor tendrá reintegros por compras del 10% del total de la compra que se acreditará en 48 horas.

El tope del reintegro será $2.000 por mes calendario, lo que equivale a compras mensuales de $20.000 en las pequeñas carnicerías. Además, en acuerdo con el Banco Nación, los sábados hay promoción para Comercios de Barrio del 35% para compras con tarjeta de crédito y tarjeta de débito físicas del Banco Nación y aplicable para pagos a través de MODO BNA+ escaneando QR con tope de reintegro de $3.000 por transacción. .

A esto se le incorporaría en los próximos días la promoción del 35% con Banco Nación los viernes para carnicerías, con el mismo tope de reintegro de $3.000 por transacción. Respecto de los comerciantes, se establecerán una serie de beneficios con AFIP de diferimiento de pago de obligaciones impositivas de control de AFIP con vencimiento hasta el 31/12/2023.

¿Qué productos de la canasta escolar se encuentran en Precios Justos?

Los mismos constan de diferimiento de 90 días del pago del impuesto integrado -componente impositivo para carnicerías sujetas al Régimen Simplificado para pequeños contribuyentes y diferimiento de 90 días del pago del saldo de la declaración jurada del IVA para las carnicerías que revistan la situación de Responsable Inscripto.

Se suspenderá hasta el 31/12/2023 de la exclusión de pleno derecho del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y/o Baja Automática. En tanto que para las carnicerías de la provincia de Buenos Aires gozarán de la Eximición por por un año del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (2,5%) a las carnicerías minoristas inscriptas en el Registro (caracterizadas como tales en Sistema Registral de AFIP). Asimismo, quedarán excluidas de los regímenes de retención fijados por esa Administración provincial por igual plazo.

Por otra parte, el Banco Nación brindará una línea de préstamos por hasta 3 meses de venta con tope de 5 millones de pesos para capital de trabajo. Los créditos son para Personas Físicas y Mipymes con al menos 12 meses en AFIP. En tanto que para monotributistas será aplicable a partir de la categoría C en adelante y si el comercio adhiere su flujo de ventas por BNA la tasa se bonifica.

A nivel nacional se firmó un acuerdo para incorporar dentro del programa Precios Justos las cuotas de los colegios privados. Si bien este jueves en el marco del Consejo Federal de Educación se va a formalizar el anuncio a los ministros de todas las provincias, la noticia causó un gran revuelo en la comunidad educativa que asiste a escuelas de esta gestión, ya que pretenden conocer qué impacto podría llegar a tener este convenio.

En resumen, la propuesta del gobierno nacional consiste en un tope a los incrementos de las cuotas que, por ejemplo, en marzo no deberían superar el 16,38% y y, a partir de entonces, un 3,35% mensual hasta junio y de 4% para julio. En compensación, los colegios recibirían una compensación “en términos de energía y de subsidios para gastos de infraestructura a través de distintos mecanismos que construirá el gobierno”, explicó el titular de la cartera educativa nacional, Jaime Perczyk.

Massa y Perczyk firmaron con representantes de colegios privados un tope a los aumentos de cuotas

La pregunta que sobrevuela es qué puede llegar a pasar si las paritarias superan estos indicadores de porcentaje. Cabe recordar que hoy, en las provincia de Santa Fe, las cuotas de los colegios privados se aumentan con proporcionalidad a lo que se fija en las negociaciones salariales.

“En principio, nosotros tenemos una norma que tiene 20 años y que ya regula este tema. Veremos cómo se trabaja mañana en el Consejo Federal”, fue la respuesta desde la cartera educativa provincial a este medio.

Sergio Massa y Jaime Perczyk firmaron con representantes de escuelas privadas un tope a los aumentos de cuotas de los colegios.

A su vez, desde el Servicio Provincial de Enseñanza Privada (SPEP) señalaron que dicha norma es la disposición nº18 que rige desde el año 2003, y que actualiza las cuotas -de los cerca de 850 escuelas de esta gestión que existen en la provincia- en función del salario docente y el grado de subsidio estatal que recibe cada establecimiento.

De acuerdo a ello, y con previa notificación a la dirección provincial del SPEP, se actualiza la grilla de aranceles. Desde enero de 2023, la escala vigente tiene como base de cálculo el sueldo de una maestra de grado que recién se inicia en $166.634,60 y se establece de la siguiente manera: escuelas con 100% de aporte estatal tienen un máximo de $8.332 aunque el arancel es voluntario); las que reciben un 80% de aporte estatal el tope es de $22.496; las del 66% un $29.994 de tope; las de 60% un $32.494 de máximo y los colegios con 40% de aportes del Estado pueden cobrar hasta $37.493 de cuota.

Norberto Baloira, secretario ejecutivo de la Junta Coordinadora de Asociaciones de la enseñanza Privada de la República Argentina (Coordiep), que nuclea a la Federación Santafesina de Instituciones Educativas Privadas (Fesaiep), formó parte de la mesa de coordinación de este acuerdo nacional y dialogó con El Litoral para responder las principales dudas.

“Esto es un acompañamiento a las familias que mandan sus hijos a las escuelas de gestión privada para tratar de no impactar todo junto en el mes de marzo, que son aumentos que vienen trayéndose acumulados en el 2022 y los que se prevén para el 2023”, resumió Baloira.

-La primera pregunta que surge es si esto se va a aplicar también en la provincia de Santa Fe

-Lo primero que tenemos que aclarar es que lo que se firmó se hizo a nivel nacional, pero el gobierno de la Nación no tiene facultad para establecer aranceles en las provincias. Ahora, cada jurisdicción va a tener que llevar su postura al Consejo Federal de Educación.

Por otra parte, lo que nosotros firmamos es un acuerdo para tratar de llegar no a una reducción de aranceles, sino a una redistribución de los aranceles que iban a impactar en marzo. Entonces ahora esto va a pasar por una decisión que tome el gobierno de Santa Fe.

En lo particular de Santa Fe, tuve ocasión de hablar de este tema con el señor ministro de Educación de la Nación y plantearle que la provincia tiene unas características muy particulares, cosa que él está en conocimiento, y que seguramente estará en el planteo que se haga en el Consejo Federal de Educación donde tratarán de llegar a un acuerdo”.

-De ponerse a este tope, ¿cuál sería el aumento que regiría como máximo?

-La sugerencia que se ha puesto es marzo el 16,38%, después viene abril, mayo y junio sumando un 3,35% y culmina en julio con un 4%, de acuerdo a las perspectivas que estaban planteadas en un 30 y 30 por cada semestre, alcanzando un 60% de inflación anual.

Por supuesto que en esto quiero dejarles aclarado que nosotros somos conscientes que todavía no se han dado las paritarias ni a nivel nacional ni a nivel jurisdiccional. Lo que nosotros dejamos a salvo es que en caso de que las paritarias surgieran unos números que superan lo que ya estaba más o menos establecido, nos permitiría transferir esa diferencia a los aranceles de marzo o de abril cuando sea el tiempo de la paritaria.

-¿Qué pasará después de julio?

-Si bien esto rige hasta julio, se acordó una cláusula que establece que en el caso de que se produzcan modificaciones sustanciales en el ámbito de las reglas salariales. Todos estamos trabajando todos para tratar de terminar con este flagelo que nos afecta a todos que es la inflación. Pero, paralelamente, nuestra idea no es permitir que ningún colegio pierda su existencia por sujetarse a valores que no van a permitir su normal desarrollo.

Primeras rebeliones

Todo esta información de normativas será la que llevará Santa Fe a la mesa del Consejo Federal. Y lo propio harán las demás jurisdicciones, algunas de las cuales ya descartaron adherirse al programa mientras que otras adelantaron su voluntad. Córdoba fue la primera en descartar la iniciativa, apuntando que traería “zozobra” a las instituciones y vincularon las cuotas con el salario docente. En la provincia de Buenos Aires hay cierto desconcierto por el momento del anuncio: ya habían habilitado una suba del 20% promedio desde marzo y enviado a las familias la notificaciones pertinentes. Por su lado, la Ciudad de Buenos Aires anticipó que modificaron el aumento que tenían previsto y que éste estará por debajo del 18% en línea con lo que impulsa el gobierno nacional.

A menos de un mes para el inicio de clases, las familias argentinas ya están organizando las compras para el ciclo 2023. Mochilas, útiles, calzado, guardapolvos figuran en la lista que necesitan los chicos y chicas para comenzar el año. Y en un contexto económico complicado todas las herramientas para ahorrar algo de plata y aliviar el bolsillo son bienvenidas.

En ese contexto, la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía, cartera que conduce Sergio Massa, presentó los productos de la canasta escolar que pueden encontrarse en supermercados y librerías adheridas en todo el país. La oferta incluye 316 artículos a precio fijo hasta el 31 de marzo, y luego, para los meses subsiguientes, tendrán una pauta mensual del 3,2% hasta el 30 de junio.

Este acuerdo surge del entendimiento entre el secretario de Comercio, Matías Tombolini, con las principales cámaras de librerías y las grandes cadenas de supermercados agrupados en la Asociación de Supermercados Unidos (ASU).

Esto se complementa con el acuerdo firmado por Massa, y su par de Educación, Jaime Perczyk, con los colegios privados con subvención estatal para establecer una pauta para el precio de las cuotas mensuales de dichas instituciones. Este acuerdo con colegios privados establece una pauta del 16,80% para marzo; 3,35% para abril; 3,35 para mayo; y 3,35% para junio.

Para Tombolini, estas medidas buscan “llevar alivio al bolsillo de las mamás y los papás en un mes de alta estacionalidad como marzo”. “El acuerdo por las cuotas sintetiza el esfuerzo de las instituciones privadas y la canasta le ofrece a las familias la posibilidad de acceder a productos a un precio fijo hasta finales del mes”, indicó.

Algunos de los útiles escolares que pueden encontrarse en las librerías son la acuarela de 12 colores Keyroad a $379, bolígrafos Pilot (negro y azul) a $66, cartulinas Alfa Gloss a $210, cartuchera tipo canopla en varios colores a $530, marcadores Faber-Castell (10 unidades) a $699, microfibras Maped(4 unidades) a $778.

También encontramos 3 pinceles Olami a $513, regla de 20 cm Pizzini a $100, repuesto de hojas America (rayado y cuadriculado) a $380, resaltador Simball en varios colores a $175, sacapunta Maped a $268, set de geometría Glee (regla, escuadra y transportador) a $280, témpera Pilot (pote de 60 ml) a $66 y tijera escolar Maped a $403, entre otros artículos.

Pero la oferta no sólo se reduce a útiles: la lista de Precios Justos también ofrece en supermercados guardapolvos unisex y TEX (para niñas) del tamaño 6 al 14, que varían entre $1.990 y $2.990, buzo de frisa del tamaño 6 al 16 (azul y gris) a $3.999; distintos estilos de zapatillas (blanco y negro) entre $3.199 y $6.490 y una gran variedad de pantalones entre $2.599 y 3.999.

La Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía, que conduce Sergio Massa, presentó los productos que pueden encontrarse en supermercados y librerías adheridas. La Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía, que conduce Sergio Massa, presentó los productos que pueden encontrarse en supermercados y librerías adheridas. Este acuerdo también beneficia a las librerías, que ven en el programa una buena oportunidad para levantar sus ventas. Para el presidente de la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines (CAPLA), Daniel Iglesias López, “el listado tiene la virtud de que las marcas son de alcance nacional, que los útiles son accesibles y que son productos nobles”. Al tiempo que remarcó la importancia de Precios Justos como “una herramienta que da previsibilidad y permite saber dónde estás parado para poder dibujar hacia adelante el futuro”.

Todos los productos del acuerdo están disponibles a precio fijo desde febrero hasta el 31 de marzo y podrán encontrarse en las cadenas de supermercados Carrefour, Disco, Jumbo, Vea, Coto, La Anónima y Changomas, librerías y comercios adheridos a la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines (CAPLA) y a la Cámara de Industria de Artículos de Librería (CIAL).

Para conocer el listado completo de productos y saber dónde comprarlos, las y los consumidores pueden ingresar a https://www.argentina.gob.ar/economia/comercio/preciosjustos/canasta-escolar