La semana política, antepenúltima de una campaña presidencial que parece interminable, estuvo signada a nivel nacional por las repercusiones del primer debate entre los candidatos y las expectativas cifradas en el próximo.

La saludable práctica, a la que la ley confirió rango de obligación, puso así entre paréntesis un período de siete días en el que algunas de las cuestiones planteadas en Santiago del Estero incrementaron su intensidad y virulencia (las imputaciones de Javier Milei a Patricia Bullrich), otras aumentaron el nivel de preocupación y de presión por presentar propuestas mínimamente convincentes (el nuevo "deslizamiento" del dólar y la marea inflacionaria) y alguna más ocupó el centro de atención de la opinión pública y se hizo sentir sobre las proyecciones de futuros escenarios (el escándalo Insaurralde).

Como parte de esa secuencia, la confrontación entre Bullrich y Milei asumió nuevos ribetes, y desembocó abiertamente en un enfrentamiento. El libertario, además de blanquear su posición ya no negacionista, sino reivindicativa de la represión ilegal (legal, aunque con "excesos", la definió) aludió reiteradamente en el debate al pasado de la referente de Juntos por el Cambio, como integrante de la organización Montoneros. Pero como secuela de esa participación, después fue más allá, y en declaraciones periodísticas la acusó directamente de haber puesto "bombas en jardines de infantes". Una aseveración temeraria que, además de obligar a demostrar su falsedad, sobrepasó los acostumbrados agravios y le dio otra dimensión a la campaña, llevándola a los tribunales bajo la forma de denuncias penales por calumnias, injurias e incitación al odio. Un sentimiento que, por otra parte, Mauricio Macri se aseguró de avivar en las filas de la coalición opositora, con otra de sus pocas veces afortunadas y casi nunca oportunas performances verbales.

Un nuevo cauce se abrió a propósito del tradicional Coloquio de Idea, reputado foro donde la dirigencia política suele exponer sus propuestas y proyectos ante empresarios y economistas. O solía. A la vez que Massa declinó concurrir, Milei decidió partir las aguas con un almuerzo paralelo (prácticamente simultáneo a la exposición de Bullrich), que no sin controversia mereció el apelativo de "contracumbre". Establecer quiénes fueron a uno u otro (o a uno y otro) evento se convirtió en un maligno entretenimiento de la semana, y en un movimiento táctico con repercusión inmediata.

Después de apenas haber sido mencionada de pasada en el primer debate, la obscena exhibición de las aficciones de Martín Insaurralde (o al menos varias de ellas) ocupó los espacios informativos centrales durante todo el interín y se espera que proyecte sus efectos sobre el segundo, para mal del candidato de Unión por la Patria. En ese punto, el cortafuegos dispuesto ese mismo domingo, forzando la renuncia del ex jefe de Gabinete de Axel Kicillof a su cargo y a su candidatura, se convirtió también en el mejor argumento para contrarrestar los ataques. Habrá que ver hasta qué punto.

Gastadas todas las balas de los anuncios (por la veda electoral), Sergio Massa, que salió airoso de la primera ronda, deberá poner la cara a un escenario económico que no da indicios más que de empeorar, y que en las últimas horas disparó pronósticos de hecatombe (entre otras palabras con h).

El revisionismo contrahistórico, el exhibicionismo de la corrupción, la explosiva mezcla de agobio e indignación, y la creciente alarma por el futuro inmediato, marcaron la agenda pública de la semana y operan como un recargado e indeseable puente entre ambos debates. Quizás sea demasiado, aún para un país afecto a poner en crisis los patrones del exceso.

El crimen de la nena Morena Domínguez, de once años y vecina del partido bonaerense de Lanús, volvió a poner en el centro de la escena la baja de la edad de imputabilidad de los menores, ya que circuló la versión (luego descartada) de que había sido detenido un chico de 14 años.

La cuestión es un tema recurrente, a partir de la participación en estos hechos de menores considerados inimputables. Mientras tanto, en la provincia no se adecuó todavía el procedimiento judicial aplicable a los acusados de entre 16 y 18 años.

A pocas horas de las PASO del domingo, la campaña electoral, que hasta ahora se había centrado en las propuestas económicas y el abordaje de la crisis, viró bruscamente hacia la cuestión de la seguridad que, pese a ser una de las principales preocupaciones de la sociedad, no ocupó un lugar prioritario en la agenda de los precandidatos. Todo cambió este miércoles como consecuencia de la conmoción que generó el asesinato de la nena a manos de dos motochorros, que no sólo provocó la suspensión de los cierres de los actos de campaña, sino que interpeló de manera directa a la dirigencia política y reavivó un debate recurrente que oscila entre el exceso de "garantismo" y la llamada "mano dura". Y que también abarca la discusión sobre el punto de inicio de la aplicabilidad de sanciones penales.

La edad de imputabilidad en el país es de 16 años, de acuerdo a la Ley 22.278 sobre el Régimen Penal de la Minoridad, que establece que "no es punible el menor que no haya cumplido dieciséis (16) años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido dieciocho (18) años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos (2) años, con multa o con inhabilitación".

En ese contexto, algunos precandidatos presidenciales, tanto en la oposición como en el oficialismo, coinciden en que esa edad debe bajarse a 14.

Los postulantes de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, no tienen grieta en este punto y señalan que la edad de imputabilidad en la Argentina debe bajarse.

"Vamos a impulsar un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil entre los 14 y los 18 años. Así vamos a evitar que los chicos entren al mundo del delito. Que no sean usados como soldaditos para los narcos", afirmó el jefe de Gobierno porteño semanas atrás, al presentar sus propuestas en materia de seguridad.

El precandidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, presentó ante la Justicia una plataforma electoral que también contiene la baja de la edad para que un menor pueda ser imputable.

En Unión por la Patria, el ministro de Economía y postulante presidencial, Sergio Massa, considera que tiene que haber un nuevo régimen para juzgar a los menores, una postura que choca con la que tienen otros integrantes del oficialismo, pero que mantiene desde hace varios años.

"Yo tengo una postura pública y es que entre los 14 y los 18 años hace falta un nuevo régimen penal juvenil", consideró Massa en declaraciones a la prensa luego del crimen de la nena en Lanús cuando iba a la escuela y fue atacada por dos motochorros.

Bajar la edad de imputabilidad fue una de las banderas de Massa al constituir el Frente Renovador en 2013.

Al respecto, el precandidato a vicepresidente por Unión por la Patria, Agustín Rossi pidió "debatir en un marco de mayor serenidad" cualquier cambio a la edad de imputabilidad. Aunque aclaró que en el hecho en cuestión no hubo menores involucrados, el jefe de Gabinete se refirió a los planteos de la oposición para avanzar en ese sentido.

En declaraciones radiales, el santafesino subrayó que "para ser serios y responsables hay que debatir cualquier tipo de estas normativas en un marco de mayor serenidad y no en un marco de estas características".

En ese sentido, Rossi destacó que la discusión al respecto debe ser "poniendo sobre la mesa una cantidad de elementos que hay que tener en cuenta", entre las que mencionó que la cantidad de homicidios cometidos por menores de 16 años es "mínima" en relación con el número total de crímenes.

En Santa Fe, y luego de varios intentos fallido, espera turno para su tratamiento el proyecto de Código Procesal Penal Juvenil remitido por el Poder Ejecutivo, que presenta como novedad, entre otras, la realización de juicios orales y la creación de la figura del querellante, similar a lo que ocurre en el sistema penal para mayores.

Naturalmente, no incurre en una modificación de la edad de imputabilidad (ya que ello es prerrogativa del Congreso nacional y de la normativa penal de fondo), pero sí apunta a regular las cuestiones procesales para adolescentes de entre 16 y 18 años.

La provincia modificó su Código Procesal Penal a fines de 2007 y empezó a aplicarse en 2014, pasando del modelo inquisitivo al acusatorio, con la incorporación del juicio oral y la creación del Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Provincial de Defensa, la introducción de la figura del querellante y los derechos de las víctimas.

Pero esto atañe a los mayores de 18 años. Los menores de entre 16 y 18 están en una situación algo difusa, ya que la Legislatura no sancionó un Código Procesal para ese sector y por lo tanto no tienen el mismo camino judicial que los mayores, por más que el procedimiento tiene serias objeciones constitucionales.

El mensaje del Poder Ejecutivo sobre la materia está siendo tratado en forma conjunta por representantes de Senado y de Diputados, aunque el acuerdo no termina de cerrar y se dilata la llegada al recinto, que ya estaba prevista para el período extraordinario en el mes de febrero. En años anteriores, ambas cámaras votaron proyectos propios sobre la materia, que no prosperaron en el otro cuerpo y por ende no llegaron a convertirse en ley.

Qué dice el régimen actual

La edad de imputabilidad es el límite inferior a partir del cual los adolescentes pueden ser juzgados por la Justicia e ir presos a una cárcel. En la Argentina, según el Régimen Penal de Minoridad promulgado en 1980 durante la dictadura militar, esta edad se estableció en los 14 años, aunque en 1983 fue elevado a 16. Es decir que los menores de esa edad no pueden ser juzgados.

Sin embargo, los adolescentes de entre 16 y 18 años tampoco son juzgados por el mismo sistema que los adultos. Sólo son punibles (es decir, que merecen castigo) aquellos que cometan delitos con penas mayores a dos años (por ejemplo, homicidios dolosos) pero recién a los 18 pueden empezar a cumplir su pena en una cárcel. Hasta ese momento, estos menores pueden estar privados de su libertad en institutos especializados o centros cerrados.

Por otro lado, están los menores de 16 años. En la legislación actual, éstos no tienen un régimen penal que regule su responsabilidad ante un delito. "La ley tiene una trampa -explicó la ex asesora general de menores de la Ciudad, Laura Musa, en una nota publicada por el sitio Chequeado. Dice que si el menor de 16 años es pobre o presenta problemas de conducta, el juez puede decidir internarlo en un instituto penal el tiempo indispensable que crea necesario". Esto genera, en la práctica, que varios menores de 16 años se encuentren privados de su libertad en la Argentina sin que hayan tenido un juicio previo.

El Congreso Nacional del Partido Justicialista (PJ) deliberará este martes para tratar la estrategia del Frente de Todos (FdT) con vistas a las próximas elecciones, en medio de los debates por la candidatura presidencial y la fórmula para consagrarla.

El encuentro fue convocado para las 14 horas en el microestadio de Ferro Carril Oeste, en el barrio porteño de Caballito, según confirmaron fuentes partidarias.

Al efectuar la convocatoria, el 11 de mayo pasado, el presidente del Congreso del PJ, el gobernador formoseño Gildo Insfrán, informó que los puntos del orden del día son la comisión de poderes; elección de autoridades del Congreso, miembros de la Comisión Fiscalizadora y Tribunal de Disciplina; autorización para constituir Alianzas; intervención del PJ Distrito Corrientes y aprobación de estados contables de los ejercicios 2021 y 2022.

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No obstante, se espera que el centro de las deliberaciones sea la discusión por la estrategia para las precandidaturas para las próximas elecciones y la forma en que serán definidas.

Dos de las figuras señaladas como posibles precandidatos presidenciales, el ministro de Economía, Sergio Massa, y el embajador en Brasil, Daniel Scioli, ya expresaron sus diferencias.

Mientras Massa prefiere un candidato único, sin que haya internas, el exgobernador y exvicepresidente acepta la idea de dirimir la postulación del oficialismo en las PASO.

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, sostuvo este lunes que “seguramente va a ser un buen congreso mirando hacia adelante” y dijo que “no tienen que ser dramáticas las PASO” si no hay consenso alrededor “de un candidato o candidata o de una fórmula”.

“Yo espero que sea un buen congreso, vamos a estar contentos por los resultados electorales del fin de semana, y seguramente vamos a tener que elegir a quienes nos van a representar en la constitución del Frente, pero no creo que haya demasiado problemas en ese sentido”, evaluó Rossi en declaraciones a FM La Patriada.

Recordó que “desde hace seis meses” viene “repitiendo” su opinión acerca de que “hay que ser respetuoso de los procesos políticos internos hacia el interior de nuestra coalición”, pero “otra cosa es cómo se resuelven las candidaturas en el FdT”.

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“Si el devenir del proceso político interno genera un candidato de consenso o una fórmula que constituya una síntesis o que agrupa las expectativas de la mayoría de los integrantes del FdT, habrá una sola lista o una sola fórmula”, dijo.

Agregó que “ahora, si eso no sucede, bueno, habrá PASO, y no tienen por qué ser dramáticas”, y en ese caso abogó por “unas PASO hechas en un marco de respeto, de compromiso, de convivencia, que no es un tratado, sino son cuatro o cinco reglas básicas para llevar adelante en la oportunidad, como no chicanas, no descalificaciones personales, no golpes bajos, y sí argumentos, ideas y propuestas”.

De este modo, “las PASO pueden representar un proceso político virtuoso que puede terminar depositándonos en un candidato o candidata a los cuales después apoyemos todos y que nos dé muchísima potencialidad electoral para la primera vuelta”, reflexionó el jefe de Gabinete.