(Por Nicolás Loyarte) - Miembros de la Asociación de Legítimos Usuarios de Armas de Fuego de la Provincia de Santa Fe (ALUASAFE) explicaron los alcances de la decisión tomada por el Gobierno Nacional el lunes pasado, cuando oficializó una serie de cambios en la reglamentación de la Ley Nacional de Armas y Explosivos Nº 20.429.

De acuerdo a lo explicitado por autoridades nacionales, el objetivo es actualizar los criterios de control, tenencia y uso de armas de fuego en el país. Las modificaciones fueron establecidas a través del decreto 306/2026, publicado en el Boletín Oficial, e incluyen reformas en la clasificación de armas y municiones, las condiciones de acceso y portación, los procesos de sucesión y transferencia, y las competencias del organismo registral.

En Santa Fe “estamos esperando la reglamentación de esta modificación, o sea la letra chica, porque el decreto es muy amplio”, advirtió Claudia Córdoba, desde la ALUASAFE, al tiempo que anticipó que el mismo “recalca algunas cuestiones que ya estaban en la ley, y se incorporan algunos elementos como los supresores de sonido y miras que antes estaban prohibidas”.

La nueva normativa establece que el acceso y la portación de armas no podrán estar sujetos a “limitaciones irrazonables o desproporcionadas”, en línea con los derechos constitucionales y el principio de reserva. A la vez, regula de manera integral la adquisición, uso, tenencia, transporte, importación e introducción al país de armas de fuego, explosivos, pólvoras, agresivos químicos y otros materiales considerados de uso civil o de guerra.

En el Tiro. Guillermo Di Salvatore.

“El tema de la portación de armas, que es un tema que se venía hablando a nivel gubernamental, no es que se flexibiliza, sino que se replantea, con una evaluación exhaustiva”, indicó Córdoba. “Todos los usuarios legítimos civiles la podrán pedir, cumplimentando una serie de requisitos estrictos”, agregó, pero “siempre va a quedar a criterio de la autoridad de aplicación” —históricamente el Registro Nacional de Armas (Renar) y luego la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC)—.

El decreto también retoma modificaciones introducidas en 2025 mediante los decretos 397 y 409, que avanzaron en la modernización de los procesos de adquisición y registración, especialmente para personal de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad federales y policías provinciales.

Entre los principales cambios, se actualizó el listado de armas, dispositivos y municiones de uso prohibido. La nómina incluye escopetas de cañón corto por debajo de los 380 milímetros, dispositivos capaces de convertir armas semiautomáticas en automáticas, armas de fuego disimuladas en objetos de uso cotidiano —como lapiceras o bastones—, así como distintos tipos de munición considerados de alto poder destructivo o letal, como proyectiles expansivos (fuera de la caza o el tiro deportivo), perforantes, explosivos, incendiarios o envenenados. También se prohíben agresivos químicos de efectos letales y armas electrónicas diseñadas con ese mismo fin.

La normativa aclara que la prohibición alcanza no solo a la utilización de estos materiales, sino también a su adquisición, tenencia, portación, transporte, transferencia e importación. No obstante, se prevé que determinadas municiones puedan ser utilizadas por fuerzas de seguridad en el marco de sus funciones.

La nueva disposición "ratifica la prohibición de uso civil de munición expansiva para defensa, salvo en los polígonos de tiro, a donde se puede ir a practicar tiro al blanco bajo las normas actuales", aclaró Córdoba.

Por otra parte, el decreto redefine la categoría de armas de uso civil condicional, incorporando armas portátiles no incluidas en otras clasificaciones y aquellas que hayan dejado de ser de dotación oficial. En este grupo también se incluyen dispositivos como supresores de sonido y miras nocturnas especialmente diseñadas para el tiro en condiciones de baja visibilidad.

Armas, sólo con registro y control. Guillermo Di Salvatore.

Sobre este punto, Córdoba mencionó que las miras nocturnas y supresores podrán ser utilizados en polígonos de tiro y actividades recreativas como la caza, por lo que esos materiales deberán ser registrados como de uso civil condicional”.

Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es la flexibilización de los trámites para la registración de armas heredadas. A partir de ahora, los herederos podrán inscribir el armamento ante el Registro Nacional de Armas (Renar) sin necesidad de contar previamente con una declaratoria judicial, siempre que acrediten el vínculo con el titular fallecido mediante la documentación correspondiente, como partidas de nacimiento, matrimonio o defunción.

El texto oficial precisa que este procedimiento no implica el reconocimiento de la calidad de heredero ni de la propiedad del arma, sino que se limita a regularizar su tenencia y mantener la trazabilidad estatal del material.

“En Santa Fe no cambia ni afecta en nada en particular”, resumió Córdoba, porque “es una medida nacional que tiene implicancias en todo el país”. Luego destacó la “ratificación de la edad mínima de 18 años para ser legítimo usuario de armas, la validez de 5 años de la credencial de portación, la digitalización de todos los trámites, la simplificación de trámites de armas heredadas”.

Respecto de este último punto, Córdoba mencionó que “antes había que recolectar gran cantidad de papeles, en cambio ahora simplemente con acreditar el vínculo de parentesco con la persona fallecida se podrá registrar a su nombre, evitando la burocracia y pérdida de tiempo”.

En un contexto de creciente preocupación por la violencia urbana, el Concejo Municipal de Rosario avanza con un proyecto que busca prohibir la venta de armas a menores de 21 años. La iniciativa apunta a reforzar las medidas de control y prevención, en línea con reclamos de sectores que piden mayores restricciones en el acceso a armas de fuego.

Según pudo saber Mirador Provincial, la propuesta surge como respuesta a informes recientes que muestran un aumento de los incidentes violentos protagonizados por jóvenes armados. Aunque las estadísticas oficiales no son públicas, las autoridades locales reconocen que la situación requiere intervenciones urgentes.

La iniciativa presentada en el Concejo plantea elevar la edad mínima para la compra de armas, que actualmente se sitúa en los 18 años, hasta los 21. Para los impulsores del proyecto, esta modificación contribuiría a reducir los riesgos y a desalentar la portación entre los sectores más vulnerables.

“Es necesario tomar medidas concretas para frenar el acceso de armas a los jóvenes. Muchos de ellos terminan involucrados en situaciones que podrían evitarse si existieran mayores controles”, afirmó uno de los concejales que respalda la propuesta.

En base a la información a la que accedió Mirador Provincial, el proyecto también contempla la creación de campañas educativas en escuelas y centros comunitarios para concientizar sobre los peligros asociados a las armas de fuego. Estas acciones estarían a cargo de la Secretaría de Control y Convivencia del municipio.

La iniciativa generó opiniones encontradas dentro del recinto. Mientras algunos sectores respaldan la medida como un paso necesario para enfrentar la violencia urbana, otros advierten que la prohibición podría no ser suficiente si no se complementa con mayores controles sobre el mercado ilegal de armas.

“El problema no es solo quién compra un arma en forma legal, sino el circuito clandestino que alimenta gran parte de los delitos en nuestra ciudad”, sostuvo un edil opositor. A pesar de estas diferencias, el proyecto será analizado en las comisiones correspondientes antes de llegar al recinto.

La propuesta surge en un momento en el que Rosario atraviesa uno de los años más complejos en términos de seguridad. Las balaceras, los enfrentamientos entre bandas y la presencia de armas de fuego en manos de jóvenes han puesto en alerta a las autoridades y a la sociedad en su conjunto.

Según referentes de organizaciones civiles, la restricción en la edad de compra es una herramienta que puede ayudar, pero insisten en la necesidad de reforzar las políticas de inclusión y contención social. “No alcanza con limitar el acceso a las armas; es fundamental ofrecer alternativas y oportunidades a los jóvenes”, remarcaron.

Por ahora, el Concejo continuará el debate en las próximas semanas, con el objetivo de avanzar hacia una normativa que combine control, prevención y educación. El proyecto podría ser aprobado antes del cierre del año legislativo.

La discusión, no obstante, promete extenderse fuera del ámbito político, ya que muchos sectores de la sociedad esperan que esta medida marque un primer paso en un camino más amplio hacia la reducción de la violencia urbana.

El gobierno de la provincia de Santa Fe ha implementado diversas medidas para controlar y reducir la violencia relacionada con armas de fuego. A continuación, se destacan algunas de las iniciativas más recientes.

En colaboración con la ANMaC, la provincia lanzó este programa para reducir la circulación de armas en el territorio. La iniciativa promueve la entrega voluntaria y anónima de armas y municiones por parte de la ciudadanía, ofreciendo a cambio un incentivo económico. El objetivo es prevenir violencias altamente lesivas y fomentar una cultura de paz.

También, la APVAF, junto con el Observatorio de Seguridad Pública y el Departamento de Informaciones Policiales, ha elaborado informes detallados sobre el secuestro de armas en la provincia. Por ejemplo, entre enero de 2019 y diciembre de 2021, se registraron 9.882 armas de fuego secuestradas por las fuerzas de seguridad provinciales, lo que equivale a un promedio de más de 9 armas incautadas por día.

E, inclusive, la Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó por unanimidad la creación de un Registro de Identificación Balístico de las Armas de Fuego de la provincia. Esta iniciativa busca fortalecer el control y seguimiento de las armas, contribuyendo a la seguridad pública.

El diputado nacional de La Libertad Avanza, Javier Milei, volvió a manifestarse a favor de la libre portación de armas de fuego y se mostró de acuerdo con la idea de implementar “cárceles privadas” donde los presos paguen su estadía.

Refiriéndose al tema de las armas, el legislador porteño fue más allá y dijo que si llega a la presidencia, no tendría problema en que “puedan comprarse en los supermercados”, como sucede, por ejemplo, en Estados Unidos.

“Aquellos Estados que tienen libre portación de armas, le guste o no a la progresía, tienen muchos menos delitos que donde vos tenés obligados a estar indefensos a los honestos”, aseguró.

En cuanto a las “cárceles privadas“, dijo: “A los presos, en lugar de premiarlos regalándoles plata, dándoles privilegios a pesar del desastre que hicieron en la sociedad, que lo paguen laburando”.

Uno de los argumentos del economista libertario para defender su idea a favor de las armas fue el siguiente: “Un delincuente tiene dos casas. Hay una que la familia está armada hasta las dientes, la otra no tiene armas, ¿a cuál te crees que va a atacar?”

Siguiendo con esta línea, Milei propuso normas más estrictas: “El que las hace las paga y si violentas las normas vas preso”. Para lograr esto, propuso la idea de que la gente compre libremente sus armas.

“Yo entiendo que esto es absoluta y políticamente incorrecto, y que toda la progresía va a decir que esto es peligro. Cuando vos prohibís que los individuos tengan armas, a los únicos que se lo estás prohibiendo es a los honestos que quieren otro tipo de seguridad, porque los delincuentes siguen teniendo las armas”, analizó el diputado.

Concluyendo, el diputado sugirió terminar con la “Doctrina Zaffaroni”, doctrina jurídica que pone su foco en las garantías constitucionales, y remarcó la ineficiencia del Estado: “Cuando te viene a atacar el delincuente con armas, ahí el Estado no llega”, afirmó Milei.

Por supuesto, las declaraciones no estuvieron exentas de polémica, y generaron controversia en las redes. En el mismo sentido, se reavivó el debate acerca de estos temas y los puso nuevamente en la agenda política.