La Justicia de Rosario dictó prisión preventiva por seis meses para 13 policías y 3 civiles acusados de desviar fondos destinados al combustible de patrulleros. La maniobra, que habría causado un perjuicio mensual de 45 millones de pesos al Estado provincial, fue descubierta tras una denuncia anónima recibida en julio de 2024.

La investigación, liderada por el fiscal José Luis Caterina, identificó un sistema de sobrefacturación y cargas ficticias de combustible en patrulleros, utilizando tarjetas "Visa Flota". Se detectaron vehículos fuera de servicio que registraban consumos diarios de combustible. Un patrullero del Comando Radioeléctrico, por ejemplo, facturó 170 litros más de lo necesario para su recorrido.

Las pruebas incluyen escuchas telefónicas, registros de GPS y fotografías de agentes retirando sobres con dinero en efectivo de la estación de servicio Puma, ubicada en Ovidio Lagos al 3900. Los responsables de la estación, operada por la firma Gas Auto Tiferno S.A., también están implicados en la causa.

En el acto, realizado en la sala 7 del Centro de Justicia Penal de Rosario, se dispuso la prisión preventiva efectiva para 16 de los imputados por el plazo de 6 meses.

La única excepción se hizo para una empleada de estación de servicio llamada Maria D.F., quien fue puesta en libertad sujeta a medidas alternativas: firma quincenal ante el Organismo de Gestión Judicial, prohibición de acercamiento y contacto por cualquier medio con los demás imputados en la presente causa y constitución de domicilio.

El juez Gustavo Pérez Urrechu, a cargo de la causa, destacó la gravedad del caso y la necesidad de asegurar el proceso judicial. La investigación continúa, y no se descarta la implicación de más funcionarios de mayor jerarquía en la red de corrupción.

Tras el recrudecimiento de la violencia en Rosario y el nuevo desembarco de fuerzas federales en la ciudad, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, volvió a poner en la mira esta semana la honestidad de la fuerza policial santafesina. La "integridad" de dichos efectivos fue parte de la discusión entre Maximiliano Pullaro y la funcionaria, en la instancia en la que se definían roles y cantidad de federales a enviar a la provincia para contrarrestar los atentados narcoterroristas.

En el marco de la misma disputa, el miércoles, Bullrich planteó que Santa Fe debía aumentar el número de efectivos, e insistió en la necesidad de combatir los focos de corrupción en la institución local.

"Deben entender que la Policía de Santa Fe tendría que duplicar o triplicar la cantidad de efectivos; tienen un problema de cantidad, y además, es muy importante que los que trabajan sobre drogas sean efectivos que pasen determinadas pruebas de integridad", advertía la ministra nacional.

Este jueves, desde la ciudad de Rafaela y consultado al respecto, Pullaro respondió al planteo de la funcionaria. "Apostamos a depurar las instituciones de la provincia", dijo el gobernador sobre presuntos hechos de corrupción en la fuerza. "Fui el ministro de Seguridad que más exoneró y destituyó policías. Pero también me duelen las generalidades", advirtió. El mandatario aclaró que "no es la única fuerza de seguridad que tiene problemas de corrupción; hay muchas fuerzas que los tienen. Nuestro desafío – sostuvo- es terminar con eso o avanzar fuertemente para que el policía, el penitenciario que se corrompe, sea de la fuerza que sea, provincial o federal, vaya preso".

Respecto del número de efectivos al que aludió Bullrich, Pullaro admitió que la ministra "tiene razón". Sin embargo, le recordó las complejidad que se deben afrontar al momento de reclutar aspirantes.

"La ministra dice que tenemos que duplicar o triplicar la planta de policía; es verdad que hay pocos policías en la provincia, pero imagino que sabrá de la complejidad que tenemos (a la hora obtener aspirantes). Los jóvenes de Santa Fe, Rosario o del centro de la provincia no se anotan para ser policías. Para eso tenemos que también cuidar mucho a la institución y prestigiarla. Nadie quiere sumarse a una institución a la que se desprestigia permanentemente. Entonces, ¿hay policías corruptos? Sí, pero no es una institución corrupta. Nosotros tenemos que trabajar para jerarquizar a la institución policial y cuando tengamos esa jerarquización social, habrá mucha más gente que quiera participar e integrar las fuerzas. Los desafíos son conjuntos; no son sólo de la provincia de Santa Fe sino desafíos que tenemos en la República Argentina", concluyó.

Fuentes del Ministerio Público de la Acusación indicaron que los agentes Sebastián Domínguez y Patricio Muntrion, ambos de 31 años, fueron hallados culpables del delito de robo y falsedad ideológica, en concurso ideal con abuso de autoridad, en carácter de coautores.

La audiencia se llevó a cabo en los Tribunales Provinciales de San Lorenzo, donde la jueza de Primera Instancia Griselda Strólogo resolvió homologar el procedimiento abreviado presentado por la Fiscalía, y aceptado por la Defensa, condenando a los dos uniformados a la pena de 3 años de prisión condicional y 6 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, y a pagar 130 mil pesos de reparación económica a la víctima.

Según la imputación presentada por el fiscal Aquiles Balbis, de la sede Fiscal de San Lorenzo, en la madrugada del 3 de julio pasado, ambos uniformados participaron de un procedimiento en la intersección de avenida San Martín y calle Richieri, de la localidad de Fray Luis Beltrán, donde se había producido un siniestro de tránsito.

En el lugar, identificaron a la conductora de un Chevrolet Agile. Según la imputación, al «tomar conocimiento que la víctima tenía consigo una mochila que contenía dinero en efectivo; el oficial Muntrion tomó a la víctima de sus cabellos y brazos para retirarla por la fuerza del rodado y –con la colaboración del oficial Domínguez– procedió a esposarla y trasladarla al móvil policial». Luego, con la víctima privada de su libertad en la unidad móvil N° 9667, perteneciente al Comando Radioeléctrico de Fray Luis Beltrán, ingresaron al Chevrolet y sustrajeron de su interior dinero en efectivo perteneciente a la conductora del automóvil.

También se les atribuye haber falseado el acta de procedimiento, ya que declararon el secuestro de una suma de dinero inferior a la hallada en efectivo en el auto de la víctima; poniendo como testigo del procedimiento a una persona que nunca estuvo en el lugar de los hechos, sino que era amiga de uno de los policías.

En su momento se dijo que en el auto había 900 mil pesos, pero la víctima declaró –cuando le entregaron el dinero 0 que le faltaban 130 mil pesos.

Los dos uniformados habían sido detenidos el 8 de julio por personal de la Agencia de Control Policial (ex Asuntos Internos) en el marco de allanamientos realizados en viviendas ubicadas en Cochabamba al 1600, de Fray Luis Beltrán y en 3 de febrero al 300, de San Lorenzo.

A los dos uniformados les secuestraron sus teléfonos celulares y armas reglamentarias. También hubo una inspección a la comisaría 4ª de Fran Luis Beltrán, perteneciente a la Unidad Regional XVII y en la sede del Comando Radioeléctrico, agregaron en su momento fuentes del caso.