Personal del Comando Radioeléctrico aprehendió durante la madrugada a dos hombres de 33 y 39 años, luego de que ambos evadieran un control policial mientras circulaban en una motocicleta por la zona céntrica de Venado Tuerto.

El procedimiento se inició cuando los efectivos patrullaban por Belgrano, entre Mitre y Pellegrini, y observaron una Motomel 150 con dos ocupantes. Al intentar detener su marcha, los motociclistas hicieron caso omiso y continuaron por calle Mitre hasta ser interceptados en inmediaciones de Mitre y San Martín.

Durante la aprehensión, ambos mantuvieron una actitud hostil y se resistieron al procedimiento, lo que derivó en un forcejeo con los agentes policiales.

Finalmente, los dos hombres fueron trasladados a la Comisaría 2ª, donde continuaron las actuaciones correspondientes.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, ambos fueron notificados de una causa por resistencia a la autoridad.

Un hombre de 23 años fue aprehendido por personal del Comando Radioeléctrico luego de evadir un control mientras circulaba en una motocicleta y ser localizado tras intentar ocultarse entre vehículos estacionados.

El procedimiento se inició cuando efectivos del Comando Radioeléctrico realizaban tareas de patrullaje en inmediaciones de Estrugamou y Brown. En ese lugar observaron a un motociclista que circulaba en un vehículo sin plásticos.

Según la información policial, los agentes le dieron la voz de alto, pero el conductor hizo caso omiso y aceleró la marcha. Ante esta situación, se inició un seguimiento controlado por distintas calles de la ciudad.

El recorrido finalizó en inmediaciones de Moreno y 25 de Mayo, donde el motociclista abandonó el rodado e intentó ocultarse entre los automóviles que se encontraban estacionados en el sector.

Los efectivos lograron localizarlo y procedieron a su aprehensión.

Posteriormente, por disposición de la Fiscalía interviniente, el joven fue notificado de una causa por resistencia a la autoridad, quedando a disposición de la Justicia.

Un automóvil se incendió poco antes de la medianoche del sábado en inmediaciones de Belgrano y 25 de Mayo, en pleno centro de Venado Tuerto.

 El fuego se concentró en el sector del motor y alcanzó parte del tablero interior. Bomberos Voluntarios trabajó con dos líneas devanaderas y utilizó unos 750 litros de agua para extinguir las llamas y evitar una posible reignición. 

El vehículo era ocupado por un hombre de 56 años y una joven de 19.

También se hizo presente el 911 y personal de la Dirección de Tránsito municipal. 

Una mujer de 64 años fue trasladada al hospital durante la madrugada de este sábado, luego de inhalar humo en un incendio registrado en una vivienda de calle Runciman al 700, en Venado Tuerto.

El siniestro se produjo alrededor de las 0.50. Al llegar al lugar, los Bomberos Voluntarios encontraron la casa con una importante acumulación de humo y personal policial que ya intervenía en el sitio.

Para ingresar al inmueble, los efectivos cortaron un candado del portón principal y, una vez dentro, localizaron el foco del incendio en una de las habitaciones traseras.

Los bomberos extinguieron las llamas con una línea de una pulgada y posteriormente realizaron tareas de enfriamiento, escombramiento y ventilación para eliminar el humo acumulado.

La ocupante de la vivienda, identificada como Sara, de 64 años, se encontraba fuera del inmueble cuando arribó la dotación. Personal del SIES la asistió en el lugar y, tras evaluarla por inhalación de humo, dispuso su traslado al hospital.

En el operativo también intervino personal de Tránsito. No se informaron las causas que originaron el incendio.

La Justicia de Venado Tuerto resolvió este jueves mantener en libertad a C.A.N., quien fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, aunque la sentencia todavía no se encuentra firme.

El veredicto fue dado a conocer por el juez Adrián Fabio Godoy, quien impuso la pena luego del juicio seguido contra el acusado. Durante el debate, la Fiscalía, representada por Iván Raposo y Larisa Barucca, había solicitado seis años de prisión por el delito de incendio con peligro común para los bienes, cometido con dolo eventual, en concurso ideal con daño.

Sin embargo, el magistrado fijó finalmente una pena de cuatro años de prisión efectiva. Al no estar firme la condena, este jueves se realizó una nueva audiencia para resolver el pedido de prisión preventiva formulado por el Ministerio Público de la Acusación.

La audiencia comenzó a media mañana en la Oficina de Gestión Judicial de Venado Tuerto. Por el MPA intervino el fiscal Iván Gastón Raposo, mientras que la defensa privada de C.A.N. estuvo a cargo de Arsenio Domínguez y Rodrigo Boyeras. Como representantes de la querella participaron Mariano De Mattia y Franco Tamburini. 

Durante la audiencia, Raposo solicitó que se dispusiera la prisión preventiva ordinaria de C.A.N., planteo al que adhirió la querella. La defensa se opuso y pidió que continuara en libertad bajo distintas reglas de conducta. 

Entre las medidas propuestas por los abogados defensores figuraban la presentación periódica ante el MPA, la prohibición de poseer o portar armas, una caución patrimonial de $200 millones, la colocación de una tobillera electrónica y el compromiso de someterse al proceso penal.

Finalmente, Godoy resolvió no hacer lugar a la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público de la Acusación y mantener el actual estado de libertad de C.A.N., aunque sujeto a una serie de restricciones hasta que la sentencia quede firme. 

Entre las condiciones fijadas se encuentra la prohibición de salir de la Argentina y la obligación de entregar el pasaporte ante la Oficina de Gestión Judicial. La propia resolución se refiere a C.A.N. como “condenado”, aunque aclara que las medidas se mantendrán hasta la firmeza del fallo. 

La decisión también alcanza a dos aeronaves individualizadas en el expediente, un Air Tractor AT-401B y un Cessna A-A-188B. La Justicia dispuso comunicar a la Administración Nacional de Aviación Civil Argentina y a FEARCA que ambas tienen prohibido salir del espacio aéreo argentino, cualquiera sea su piloto o las personas transportadas. 

Además, C.A.N. deberá ampliar a $400 millones la caución real constituida sobre un inmueble que ya había sido gravado durante la investigación penal preparatoria. El cumplimiento de esa medida deberá acreditarse dentro de los siete días hábiles. 

También tendrá que presentarse el primer día hábil de cada semana ante el MPA, en San Martín 650 de Venado Tuerto, para acreditar su situación laboral y arraigo. A su vez, no podrá modificar su domicilio sin comunicarlo previamente al Ministerio Público de la Acusación. 

Todas estas condiciones permanecerán vigentes hasta que quede firme el fallo condenatorio. De esta manera, C.A.N. continuará en libertad mientras se desarrolla la etapa posterior a la sentencia, pese a haber recibido una pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo.

Una adolescente de 16 años fue asistida este martes por personal de emergencias tras protagonizar un accidente de tránsito en la esquina de Dante Alighieri y Los Andes.

El siniestro ocurrió alrededor de las 15 y tuvo como protagonistas a un Volkswagen Vento negro, conducido por un hombre de 36 años identificado como Mariano, y una motocicleta Keller 110 cc azul, en la que se desplazaba la menor.

Al arribar al lugar, el personal de emergencias encontró a la adolescente sentada sobre el cordón de la vereda. Fue atendida conjuntamente con personal del SIES, que posteriormente determinó que no era necesario su traslado y le dio el alta en el lugar.

También trabajaron en el sitio efectivos policiales y personal de Tránsito.

La Policía solicita colaboración para dar con el paradero de Aurelio Morinigo, de 78 años, quien se retiró de su domicilio y, hasta el momento, no regresó ni se tienen novedades sobre su ubicación.

La denuncia fue realizada por su padrastro, Miguel Ángel Zone, quien informó la desaparición del hombre y pidió la intervención de las autoridades.

Según la descripción aportada, Morinigo es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,61 metros, tiene tez trigueña, ojos marrones, cabello blanco y bigotes.

Al momento de ausentarse vestía una boina de lana negra, sweater de lana con rayas blancas y grises, jogging gris claro y zapatos marrones.

Ante cualquier información que pueda aportar datos sobre su paradero, se solicita comunicarse al 911 o acercarse a la dependencia policial más cercana.

El fiscal Iván Raposo, coordinador de la persecución penal de los delitos contra la propiedad del MPA de Venado Tuerto, presentó formalmente los requerimientos acusatorios mediante los cuales solicitó la elevación a juicio de la causa por el homicidio de Héctor Osvaldo Ustares, ocurrido durante la madrugada del 26 de febrero de 2024, en una vivienda ubicada en calle San Lorenzo al 1100 de Venado Tuerto.

De acuerdo con la acusación fiscal, Yanina Alejandra Castro habría efectuado, a corta distancia, un disparo con una escopeta calibre 12 contra la cabeza de Ustares, provocándole lesiones que ocasionaron su muerte. La mujer mantenía una relación de pareja y convivencia con la víctima.

Por este hecho, Castro será llevada a juicio como presunta autora del delito de homicidio agravado por el vínculo y cometido mediante el empleo de un arma de fuego. La Fiscalía solicitará que sea condenada a la pena de prisión perpetua, con las accesorias legales y costas del proceso.

Por su parte, Facundo Gastón González está acusado de haber realizado un aporte indispensable para la ejecución del homicidio. Según la reconstrucción fiscal, González habría atacado a Ustares con un arma blanca, provocándole heridas cortopunzantes en el antebrazo izquierdo y obligándolo a adoptar una posición defensiva. Esta acción habría reducido sus posibilidades de reacción y facilitado que Castro efectuara el disparo mortal.

La Fiscalía sostiene que la intervención de González no fue secundaria ni meramente accesoria, sino que constituyó una cooperación esencial para consumar el ataque. Por ello, fue acusado como cómplice necesario del homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Además, González enfrenta otra acusación por un hecho independiente, calificado como encubrimiento agravado por ánimo de lucro. En función de ambos delitos y de las reglas del concurso real, el fiscal Raposo solicitará para el acusado una pena de 18 años de prisión efectiva, con accesorias legales y costas.

La investigación reunió testimonios, informes médicos y criminalísticos, pericias sobre las armas y prendas secuestradas, registros audiovisuales y otros elementos que, valorados de manera conjunta, permitieron a la Fiscalía reconstruir la mecánica del ataque y formular las acusaciones.

Presentados los requerimientos, la causa deberá atravesar la audiencia preliminar, instancia en la que se debatirá la admisibilidad de la acusación y de las pruebas ofrecidas, antes de disponerse la apertura formal del juicio oral.

Un hombre identificado por sus iniciales JAV quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por distintos delitos cometidos en un contexto de violencia de género en Hughes, departamento General López.

La medida cautelar fue dispuesta por la jueza Silvina Marinucci, durante una audiencia realizada en los tribunales de Melincué, a partir del pedido formulado por la fiscal Susana Pepino, quien está al frente de la investigación.

Según explicó la representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA), la magistrada rechazó las medidas alternativas propuestas por la Defensa y consideró, entre otros aspectos, que todavía resta producir evidencia y que el imputado registra antecedentes penales por hechos similares.

Pepino también remarcó la situación de especial vulnerabilidad de la mujer, quien atraviesa la última etapa de un embarazo, y señaló que un hijo que tiene en común con el acusado habría presenciado los episodios investigados.

El primero de los hechos atribuidos al hombre ocurrió el 25 de febrero, alrededor de las 23, cuando, de acuerdo con la Fiscalía, agredió físicamente a su expareja dentro de una vivienda en la que también se encontraba el hijo de ambos.

El segundo episodio se produjo el jueves 13 de agosto, cerca de las 20. La acusación sostiene que, luego de una discusión, el investigado golpeó a la mujer en el rostro, nuevamente delante del niño y pese a conocer que ella cursaba un embarazo avanzado.

Además, el hombre tenía vigente una restricción de acercamiento, medida que habría incumplido.

Después de la agresión, la mujer y su hijo se retiraron del domicilio y regresaron pasadas las 22 acompañados por una asistente social que conocía los antecedentes de violencia.

Según relató Pepino, al ingresar nuevamente a la vivienda la víctima fue sorprendida por el imputado, quien la habría intimidado con un palo que tenía un cuchillo atado en uno de sus extremos y también la habría amenazado verbalmente.

Ante la situación, la profesional pidió intervención policial. Cuando arribó un patrullero, el acusado habría arrojado el elemento hacia el móvil y comenzó a correr con la intención de escapar.

La Fiscalía dispuso inmediatamente su detención y el hombre fue finalmente localizado en la misma vivienda. Para ese momento, la mujer y su hijo ya se habían refugiado en otro lugar.

El imputado es investigado como presunto autor de lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, amenazas calificadas por el uso de arma, resistencia a la autoridad y desobediencia.

La investigación continuará mientras el acusado permanece privado de su libertad de manera preventiva.

Una investigación del Ministerio Público de la Acusación concluyó con la condena a tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo para Víctor Mario Fuentes, acusado de disparar un arma de fuego durante un conflicto familiar ocurrido en Venado Tuerto. La causa fue encabezada por el fiscal coordinador Iván Raposo, junto con la fiscal adjunta subrogante Larisa Barucca.

La sentencia fue dictada por la jueza Andrea Cavallero en el marco de un procedimiento abreviado. Para arribar al acuerdo, Fuentes reconoció los hechos atribuidos, su responsabilidad penal, la calificación jurídica y la pena finalmente homologada por la magistrada.

El episodio investigado ocurrió el 5 de marzo de 2026, en una vivienda ubicada sobre calle Pedro Iturbide. Según pudo reconstruir la Fiscalía, Fuentes llegó al lugar acompañado por su pareja y llevaba consigo una pistola Bersa Thunder calibre .40, envuelta en un trapo.

En medio de una discusión familiar, el hombre extrajo el arma y realizó un disparo que impactó contra una pared. Ninguna de las personas que se encontraban en la vivienda sufrió lesiones, aunque la situación provocó que varios de los presentes abandonaran el inmueble ante el peligro generado.

Luego del llamado al 911, Raposo dispuso las primeras medidas para preservar la escena, secuestrar la evidencia balística y reconstruir el recorrido del arma. El trabajo desarrollado junto con Barucca permitió incorporar testimonios, el registro de la comunicación de emergencia, una vaina servida, un cargador con municiones y distintos informes periciales y registrales.

La pistola utilizada fue encontrada pocas horas más tarde, cuando una hija del condenado la entregó voluntariamente a la Policía. La joven explicó que su madre le había dado un bolso cerrado para que lo guardara y que, dentro del mismo, se encontraba el arma vinculada con el episodio.

La pericia balística estableció que la pistola funcionaba normalmente y era apta para efectuar disparos. Asimismo, el informe registral determinó que estaba inscripta a nombre de Fuentes, aunque su autorización como legítimo usuario se encontraba vencida desde 2016.

Con esos elementos, la Fiscalía logró acreditar tanto la existencia del hecho como la responsabilidad penal del acusado. La evidencia reunida permitió arribar a un acuerdo abreviado y evitar la realización de un juicio oral.

Fuentes fue condenado como autor de los delitos de portación ilegítima de arma de fuego de uso civil condicional y abuso de armas, ambos en concurso real. Además de la pena de tres años y seis meses de prisión efectiva, la jueza Cavallero dispuso una inhabilitación especial por siete años.

También se ordenó el decomiso de la pistola, el cargador, las municiones y los restantes elementos incorporados a la investigación. De esta manera quedó cerrada una causa iniciada a partir de una intervención policial motivada por un llamado al 911.

Al evaluar la resolución judicial, el fiscal coordinador Iván Raposo destacó el trabajo conjunto realizado durante la investigación. “Esta condena es el resultado de una investigación seria, rápida y sostenida en evidencia concreta. Desde el primer momento trabajamos junto con Larisa Barucca y el personal policial para preservar las pruebas, recuperar el arma y reconstruir lo sucedido”, expresó.

Raposo también remarcó la gravedad que implica utilizar un arma en este tipo de situaciones y agregó: “La utilización de un arma de fuego durante un conflicto pone en riesgo la vida de todas las personas presentes y exige una respuesta firme del sistema penal. En este caso logramos una condena efectiva, proporcional a la gravedad del hecho y respaldada por un trabajo coordinado de todo el equipo”.

Un accidente entre una motocicleta y una camioneta se produjo este miércoles 19, alrededor de las 9, en la intersección de Castelli y Chacabuco. Bomberos acudieron al lugar y encontraron a la motociclista sobre la calzada, consciente y en posición lateral, debajo de la pickup involucrada.

En el choque participaron una moto Guerrero Trip gris, conducida por Abril, de 25 años, y una Nissan Frontier blanca, al mando de Anabella, de 34 años. Ante la posición en la que había quedado la joven, los servidores públicos realizaron las maniobras necesarias para retirarla de manera segura.

Para concretar el procedimiento, la motociclista fue movilizada mediante una tabla espinal y posteriormente evaluada junto con el personal médico del SIES. Luego de la revisión, los profesionales determinaron que no era necesario su traslado a un centro de salud y le dieron el alta en el lugar.

Además de Bomberos y el servicio de emergencias médicas, intervinieron efectivos policiales y personal de tránsito, que trabajaron en el sector tras el siniestro.

Un accidente entre dos motocicletas se registró en la noche de este martes 18 de agosto, alrededor de las 20, en la intersección de Cabral y 2 de Abril. Como consecuencia del impacto, una de las personas involucradas necesitó ser derivada para recibir atención médica.

Según el reporte de la emergencia, uno de los rodados era una Motomel Blitz 110 cc negra y gris, en la que circulaban una mujer de 42 años y un hombre de 43. La otra motocicleta involucrada era una Honda Wave 110 cc gris, conducida por un joven de 20 años.

Al arribar los servicios de emergencia, los tres ocupantes fueron evaluados junto con personal del SIES. Tras la asistencia inicial, se resolvió trasladar únicamente a la mujer de 42 años hacia el hospital, con uno de sus miembros inferiores inmovilizado mediante una férula.

En el lugar también se realizó el relevamiento correspondiente y se tomaron fotografías para documentar el siniestro. Además del personal de emergencias, trabajaron agentes policiales y de tránsito.

Personal de la Comisaría 6ª de Villa Cañás, con colaboración de efectivos de la Comisaría 5ª, interceptó una camioneta que trasladaba un acoplado cargado con leña de eucalipto presuntamente sustraída de un establecimiento rural de la zona.

El operativo se concretó este viernes al mediodía en inmediaciones de la Ruta Provincial 94 y el acceso a Santa Isabel, luego de que los uniformados tomaran conocimiento sobre la circulación de un vehículo que había salido de un campo transportando la madera.

Tras localizar la camioneta, los agentes detuvieron su marcha e identificaron al conductor. Al inspeccionar la carga, constataron que la leña coincidía con la denunciada como sustraída del establecimiento rural.

Durante el procedimiento, los policías también verificaron los datos personales del sospechoso en el sistema y detectaron que pesaba sobre él una orden de detención activa desde el 19 de septiembre de 2023.

El requerimiento había sido solicitado por la Fiscalía en el marco de una causa caratulada como robo calificado por tratarse de productos separados del suelo y cometido en despoblado.

Ante esta situación, el hombre fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado y a disposición de la Justicia.

En un caso resuelto en menos de tres meses mediante un procedimiento abreviado contemplado en el Código Procesal Penal Federal que entró en vigor en la jurisdicción en mayo, tres jóvenes fueron condenados mediante un acuerdo pleno a la pena de 2 años de prisión de ejecución condicionada al cumplimiento de diversas reglas de conducta. Los hechos, cometidos contra dos familias de la ciudad de Venado Tuerto, fueron calificados como tenencia simple de estupefacientes y amenazas, en un contexto de presuntas deudas por drogas del que las víctimas eran ajenas.

La investigación fue encabezada por la Sede Fiscal Descentralizada de Venado Tuerto, a cargo del fiscal Javier Arzubi Calvo, con la intervención de la fiscal coadyuvante Daniela Ghiorzi. El acuerdo fue homologado por el juez federal de garantías, Antonio Cuello Murúa.

Los tres condenados -todos oriundos de Rosario-, son Gonzalo Catriel Giménez (30), Matías David Alba (30) y Kevin Tomás Alba (20).

Los hechos

Según pudo acreditar el Ministerio Público Fiscal, el 15 de agosto pasado, a las 21:15, los tres acusados irrumpieron de manera violenta en una vivienda ubicada en la calle Catamarca al 1400 de Venado Tuerto.

A los gritos, dijeron que buscaban a un hombre identificado como Álvaro B. y pidieron que aparezca la droga o el pago de 20000 dólares. Luego, ingresaron los sobrinos del dueño de casa y los imputados refirieron que, si no se les pagaba la deuda o le entregaban a quien buscaban los mataban a todos. De acuerdo al relato de las víctimas, los agresores exhibieron un arma de fuego, pero esta situación no pudo ser probada en la investigación.

Uno de los intrusos se comunicaba con otra persona -no identificada- quien, mediante videollamada a través de un teléfono celular, dio las órdenes e indicó que “bajen” a uno, se metan a la casa, aten a los chicos y los tengan encerrados dos o tres días si era necesario hasta que apareciera la plata, la droga o Álvaro, según indicaron las víctimas en sus declaraciones testimoniales.

El dueño de casa explicó que el hombre que buscaban no vivía allí, pero que la hermana residía en la zona, por lo que los tres agresores se retiraron e ingresaron por la fuerza al domicilio de esa mujer. Allí, a viva voz dijeron que aparezca Álvaro y que pague los 20000 dólares o que devuelva la droga, porque ataban a todos o mataban a uno.

Sin dar con la persona buscada, los jóvenes se retiraron y se subieron a un Chevrolet Prisma Joy identificado como taxi de Rosario, cuya titularidad correspondía a la madre del ahora condenado Giménez. A las 22.30 de ese día, fueron detenidos por personal policial de la localidad de Firmat mientras circulaban por la ruta 33.

De la requisa a Matías Alba surgió que, entre sus prendas, llevaba dos bolsas de nailon que contenían una sustancia blanquecina en su interior. Los test orientativos revelaron que una de ellas, la que contenía 8,9 gramos, dio positivo para cocaína. Además, a Giménez se le hallaron 33400 pesos y en el auto se secuestraron también dos teléfonos celulares.

El acuerdo

El hecho se investigó según las reglas del Código Procesal Penal Federal (CPPF) que rige de forma plena en gran parte del Distrito Rosario desde mayo pasado.

Así, la Sede Fiscal Descentralizada de Venado Tuerto acumuló las evidencias y, en una audiencia celebrada el 21 de agosto último, se formalizó la imputación y se inició la investigación penal preparatoria.

La fiscalía enumeró los peritajes, informes de geolocalización, archivos de audio, constatación de vehículos, informes de telefonía sobre líneas de los involucrados, pruebas orientativas sobre el material estupefaciente y un reporte de posicionamiento histórico del taxi involucrado en los hechos que permitieron acreditar la participación de Giménez y los dos Alba.

Si bien se realizaron esfuerzos por ampliar la investigación a otros posibles hechos y a otras personas que pudieran estar implicadas, las medidas no arrojaron información de interés.

Luego, en los términos del CPPF, se suscribió un acuerdo pleno entre la fiscalía federal y las defensas de las personas ya implicadas. En esa instancia, los tres acusados prestaron conformidad en cuanto a la existencia de los hechos imputados, su participación en la comisión de los mismos, la calificación legal y la pena. El acuerdo se formalizó en una audiencia realizada el 30 de octubre pasado.

Las consideraciones del juez

Al homologar el acuerdo y declararlo admisible, el juez de garantías Cuello Murúa consideró que “la propuesta sintoniza con el espíritu de recomponer la paz social alterada por el ilícito, así como la armonía entre sus protagonistas y con el imperativo que tienen los fiscales de proveer a la gestión de los conflictos”.

Además, argumentó que el acuerdo suscripto “luce razonable, ajustado a derecho y se encuentra fundado por las partes en las pruebas colectadas durante la investigación, por lo que corresponde su aceptación y dictar un pronunciamiento de conformidad a lo establecido en las pautas referenciadas”.

El magistrado señaló que encontraba “correcta la calificación legal” del hecho atribuido que es “tenencia simple de estupefacientes y amenazas simples (dos hechos) cometidos en concurso real y en grado de coautores”.

Finalmente dictó la sentencia y remarcó que “luce razonable en atención al caso en cuestión y proporcional al grado de lesividad de la conducta endilgada, ya que se ha arribado al acuerdo de dos años de prisión de ejecución condicional, reglas de conducta y reparación económica a las víctimas (en el marco de la Ley de Víctimas de Delitos),  e inhabilitación especial por el plazo de un año para conducir vehículos de transporte de pasajeros en el caso de Giménez”, que estaba registrado como chofer de taxis de Rosario.

Quedó en prisión preventiva un hombre de 35 años, cuyas iniciales son PEZ, al que se investiga por haber agredido y amenazado a una mujer que era su pareja y a la madre de ella en Venado Tuerto. La medida cautelar fue ordenada por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Mauricio Clavero, en una audiencia realizada esta mañana en los tribunales venadenses.

La fiscal que está a cargo de la investigación y solicitó la privación de la libertad es Mayra Vuletic. En tal sentido, valoró que "aunque la Defensa propuso alternativas, el magistrado hizo lugar a nuestro requerimiento".

Riesgos procesales

En la audiencia, Vuletic relató los hechos que se investigan y detalló los elementos probatorios recabados hasta el momento. "A partir de la copiosa evidencia que presentamos, el juez consideró acreditada la atribución delictiva", aseveró.

Asimismo, informó que "el magistrado también tuvo en cuenta que, de ser condenado, el imputado recibiría una pena a prisión efectiva", y agregó que "contempló la existencia de un antecedente penal condenatorio".

"Por otro lado, los riesgos procesales estaban latentes", remarcó. "El peligro de entorpecimiento probatorio estaba ligado sobre todo a la situación de extrema vulnerabilidad que atraviesa la expareja del imputado, dados los episodios de violencia de género a los que él la sometió", manifestó.

A su vez, puntualizó que "la posibilidad de fuga tenía que ver con la pena en expectativa y las circunstancias particulares del caso". En tanto, resaltó que "para concretar la detención, las fuerzas de seguridad debieron realizar nueve allanamientos hasta poder ubicar al hombre de 35 años, quien era consciente de que estaba siendo buscado y se mantuvo prófugo durante dos meses".

Agresiones

La fiscal indicó que "en febrero de este año, el imputado atacó a su pareja en la esquina de Pavón y Marenghini". Explicitó que "la insultó, le propinó golpes de puño en el rostro y la obligó a subir a una bicicleta en la cual la trasladó hasta una vivienda en la que él residía".

"Dentro del domicilio, el investigado continuó pegándole a la mujer mientras le aseguraba que no iba a parar hasta quitarle la vida", sostuvo Vuletic.

Además, señaló que "un día antes y en el mismo inmueble, el agresor había tomado del cuello y del cabello a su suegra", y añadió que "a ella también la amenazó de muerte".

Moto

La funcionaria del MPA precisó que "el mes pasado, el imputado robó una motocicleta marca Guerrero que estaba debajo de un tinglado en Runciman al 800 de Venado Tuerto". Apuntó que "rompió una traba de seguridad que el vehículo tenía colocada en el volante", y mencionó que "para concretar la conducta delictiva, actuó de manera conjunta con su pareja".

Policías

Vuletic afirmó que "mientras estaba vigente la orden de detención, el imputado fue interceptado por agentes del Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto que advirtieron que circulaba en una motocicleta con irregularidades". Según especificó, "el birrodado no tenía dominio, espejos retrovisores, tambor de arranque ni luces encendidas y el conductor iba sin casco".

"Si bien el hombre de 35 años hizo caso omiso cuando los uniformados lo instaron a detener la marcha, tras una breve persecución lograron que acatara la orden", destacó la fiscal. "No obstante, al ser interrogado por los policías, brindó datos faltos sobre su identidad y se fugó rápidamente para procurar su impunidad", agregó.

Delitos

Al hombre que quedó en prisión preventiva se le endilgó la autoría de lesiones leves dolosas (calificadas por el contexto de violencia de género), en contra de la mujer que era su pareja; lesiones leves dolosas simples, en perjuicio de su exsuegra; amenazas hacia ambas; robo, y resistencia a la autoridad.

En horas de la tarde de este miércoles, personal de Comando Radioeléctrico aprehendió a un hombre de 31 años en la intersección de Formosa y José Moran, sobre el cual pesa una Orden de Detención de fecha 06/03/24 a solicitud de la Fiscalía local por un hecho de Robo en Carácter de Autor perpetrado el pasado 28/02/2024. Los uniformados procedieron al traslado del implicado a sede de Comisaría 3ra.

El Magistrado interviniente dispuso que le formen la causa en mención y permanezca en calidad de Detenido a la espera de la correspondiente audiencia imputativa.

Este sábado por la madrugada, mientras personal de Comando Radioeléctrico realizaba patrullaje preventivo, son alertados por tres sujetos que se encontraban en plaza 26 de Abril, quienes manifestaron que dos masculinos le quisieron robar la motocicleta a uno de ellos y personal de guardia urbana pudieron sacársela y al no poder lograr su cometido escaparon. 

Uno de ellos escapó en motocicleta pero el restante se escondió dentro de un bar ubicado al lado de plaza, arrojando diferentes características del mismo. Personal actuante ingresó al bar y lograron la aprehensión del involucrado, el cual se encontraba en la parte trasera del lugar.Se realizó el traslado del masculino a sede policial, en donde fiscal en turno dispuso formación de causa por tentativa de robo y quede detenido hasta audiencia imputativa. En cuanto al segundo masculino involucrado no se pudo dar con él.

Durante el transcurso del pasado fin de semana largo, en distintas jurisdicciones de la provincia, efectivos policiales de distintas unidades regionales lograron el secuestro de gran cantidad de elementos de dudosa procedencia: objetos metálicos, baterías de automotores, electrodomésticos, cables de diferentes características y herramientas varias, entre otros elementos.

Agentes de las unidades regionales II, V, VI y IX, de los departamentos Rosario, Castellanos, Constitución y General Obligado, respectivamente, procedieron en diferentes intervenciones concretadas en las ciudades de Pérez, Rafaela, Villa Constitución, Reconquista y Malabrigo, donde además de incautar lo mencionado, trasladaron preventivamente seis personas.

Los investigadores constataron que todos estos artículos son de dudosa procedencia y que muy probablemente hayan sido robados.

Todo lo actuado fue remitido al Ministerio Público de la Acusación.