En un masivo despliegue policial, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) lograron desarticular una red dedicada a la comercialización de estupefacientes que operaba en la zona norte de la ciudad de Rosario.

El procedimiento, bautizado Operativo "Broken Pottery", consistió en 15 allanamientos simultáneos que culminaron con la detención de seis personas y el secuestro de drogas, armas de fuego y una importante suma de dinero.

Las irrupciones se ejecutaron bajo los lineamientos del Plan Bandera, el programa conjunto impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y el gobierno provincial para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en el territorio santafesino.

La pesquisa que derivó en el megaoperativo comenzó en febrero de este año.

Fue un trabajo coordinado entre la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Rosario y el Equipo de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe.

A lo largo de estos meses, las tareas de inteligencia criminal permitieron a los investigadores identificar y mapear diversos inmuebles estratégicos ubicados en el barrio La Cerámica, los cuales eran presuntamente utilizados por la banda como puntos de acopio, fraccionamiento y venta de drogas al menudeo.

Con el cúmulo de pruebas recolectadas, el Juzgado de Primera Instancia a cargo de la Dra. María de los Ángeles Granato libró las órdenes de allanamiento.

Debido a la magnitud del operativo, el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA requirió el apoyo de personal de las Divisiones Unidad Operativa Federal de Santa Fe, Venado Tuerto, Rafaela y Paraná, además de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario.

Como resultado de los procedimientos, las fuerzas federales detuvieron a seis personas (cuatro mujeres y dos hombres), quienes quedaron señaladas como presuntas integrantes de la organización criminal.

Al realizar las requisas en las distintas viviendas del mencionado barrio, el personal policial logró incautar diversas dosis de cocaína y marihuana listas para su comercialización, cuatro armas de fuego (dos pistolas y dos revólveres) y más de 40 municiones de distintos calibres.

Además, los uniformados secuestraron una suma de dinero en efectivo superior a los 4,4 millones de pesos (además de divisas extranjeras en fajos de dólares, euros y reales), 31 teléfonos celulares y elementos específicos para el estiramiento y fraccionamiento de las sustancias.

Tanto los seis detenidos como los elementos probatorios incautados fueron trasladados y puestos a disposición de la Justicia, en el marco de una causa tramitada por infracción a la Ley de Estupefacientes N.° 23.737.

El Gobierno nacional dispuso una recompensa de 20 millones de pesos para quienes aporten datos útiles que permitan localizar y detener a Eduardo Rodolfo Muñoz, un hombre investigado por su presunta participación en el asesinato de un agente de la Policía Federal Argentina ocurrido días atrás en la ciudad de Rosario.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución 543/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada en el Boletín Oficial.

La resolución establece que cualquier persona que pueda aportar información relevante para lograr la captura de Muñoz podrá acceder a una recompensa de 20 millones de pesos, siempre que no haya participado en el hecho investigado.

La medida fue solicitada por la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, que lleva adelante la investigación con la colaboración de la sede regional NEA de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).

Según consta en la resolución oficial, Eduardo Rodolfo Muñoz está siendo investigado por su presunta vinculación con el homicidio del agente de la Policía Federal Argentina Rodolfo Arnaldo Manfredi, ocurrido durante la noche del 11 de junio de 2026 en Rosario.

Al día siguiente del crimen, el juez federal Eduardo Rodríguez Da Cruz ordenó la captura del sospechoso, quien desde entonces permanece prófugo.

El Ministerio de Seguridad explicó que el ofrecimiento de la recompensa se realiza en el marco de la Ley 26.538, que regula el Fondo Permanente de Recompensas y habilita al Estado nacional a otorgar incentivos económicos para obtener información que facilite el esclarecimiento de delitos graves o la detención de personas buscadas por la Justicia.

La resolución también precisa que la recompensa tendrá vigencia en todo el territorio argentino y que el pago solo se efectuará una vez que la autoridad judicial determine que la información brindada fue útil para lograr la captura del acusado.

Las autoridades aclararon además que la identidad de quienes aporten datos será preservada durante todo el procedimiento.

Las personas que posean información sobre el paradero de Eduardo Rodolfo Muñoz podrán comunicarse de manera gratuita con el Programa Nacional de Recompensas, llamando al 134, línea habilitada por el Ministerio de Seguridad Nacional para recibir este tipo de denuncias.

Desde la cartera de Seguridad indicaron que toda la información recibida será evaluada por las autoridades judiciales que intervienen en la investigación antes de determinar si corresponde el pago de la recompensa.

La resolución también ordena la difusión del pedido de captura a través de medios de comunicación nacionales y dispone que las fuerzas federales publiquen y distribuyan el afiche oficial con la fotografía y los datos del sospechoso para ampliar la búsqueda.

En los fundamentos de la medida, el Ministerio recuerda además que Muñoz posee antecedentes penales. De acuerdo con la documentación oficial, fue condenado el 28 de diciembre de 2023 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2 de Rosario.

En aquella oportunidad recibió una pena de cuatro años de prisión por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la participación organizada de tres o más personas, en una causa vinculada a infracciones a la Ley de Drogas.

La publicación en el Boletín Oficial sostiene que, debido a la gravedad del hecho investigado y a la necesidad de avanzar rápidamente con la captura del acusado, el Ministerio consideró necesario incrementar el monto previsto para este tipo de recompensas.

El ofrecimiento económico se suma a las tareas de investigación que llevan adelante la Justicia Federal y las fuerzas de seguridad para dar con el paradero del sospechoso.

Mientras tanto, la causa continúa bajo la órbita del Colegio de Jueces de Garantías del Distrito Federal Rosario y de la Unidad Fiscal Rosario, que mantienen abiertas distintas líneas investigativas relacionadas con el homicidio del efectivo policial.

Las autoridades reiteraron que cualquier información que pueda contribuir a localizar a Muñoz debe canalizarse exclusivamente a través del Programa Nacional de Recompensas, evitando la difusión de datos no verificados por otros medios.

Con esta medida, el Gobierno nacional busca reforzar la búsqueda del prófugo y obtener colaboración ciudadana para avanzar en una investigación que tiene como eje el esclarecimiento del asesinato del agente federal Rodolfo Arnaldo Manfredi, un caso que continúa bajo investigación judicial y que moviliza a las fuerzas de seguridad nacionales.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni; el secretario de Seguridad de la Nación, Martín Ferlauto; y el fiscal Regional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Matías Merlo, brindaron este viernes detalles sobre la investigación del ataque sufrido por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) en barrio Banana, en Rosario, que dejó como saldo un agente fallecido, otro gravemente herido y dos personas detenidas.

El hecho ocurrió el jueves por la noche, cuando agentes federales que realizaban tareas de patrullaje en el marco del Plan Bandera fueron atacados con armas de fuego. Como consecuencia, uno de los efectivos murió y otro permanece internado en estado grave en el Hospital Italiano.

Durante la investigación se logró identificar a un tercer herido que había ingresado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) en un vehículo particular. Su localización fue posible mediante el análisis de cámaras de videovigilancia. Tanto esa persona como quién la acompañaba quedaron en calidad de arrestados, mientras se determina su posible vinculación con el ataque.

Al referirse al hecho, Cococcioni expresó su pesar por la muerte del efectivo federal y transmitió su acompañamiento a los familiares y compañeros de la víctima.

“Fue un hecho gravísimo. Se ha perdido la vida de un efectivo de la Policía Federal Argentina que, además, formaba parte de un trabajo conjunto entre Nación y Provincia. Acompañamos a su familia y a todas las fuerzas federales en este momento tan doloroso”, señaló el ministro.

Por su parte, Ferlauto destacó la labor del agente fallecido y ratificó la continuidad de las acciones de seguridad en Rosario.

“Todos sentimos que hemos perdido a un agente que puso el cuerpo y entregó su vida para defender a la patria. Es un héroe”, afirmó. Y agregó: “Hoy nuestra prioridad es esclarecer quiénes fueron los autores materiales de este homicidio que tanto nos duele. No vamos a retroceder ni un paso en el Plan Bandera, no nos van a amedrentar y seguiremos trabajando coordinadamente con la provincia para devolver la seguridad a los rosarinos”.

En relación con el avance de la causa, el fiscal Merlo explicó que continúan las tareas investigativas para reconstruir la secuencia del ataque. “Estamos relevando cámaras de seguridad, tomando entrevistas testimoniales y realizando pericias balísticas para esclarecer lo ocurrido”, indicó.

Según detalló, los efectivos involucrados integraban un operativo de patrullaje del Plan Bandera cuando advirtieron la presencia de personas con una actitud sospechosa. “Al descender del vehículo para realizar tareas de identificación, recibieron inmediatamente impactos de arma de fuego”, explicó.

El fiscal también aclaró que los agentes estaban debidamente uniformados, aunque al momento del procedimiento llevaban camperas de abrigo. Asimismo, confirmó que el policía fallecido fue hallado sin su arma reglamentaria.

“Eso es lo que tenemos hasta el momento. Durante la mañana continuaron tomándose declaraciones testimoniales al resto del personal policial que estuvo presente en el lugar”, precisó.

Respecto de las personas detenidas, Merlo señaló que permanecen bajo arresto mientras se determina su eventual participación en el ataque.

“Por el momento tenemos dos personas en calidad de arresto. Debemos establecer si tienen vinculación o no con el hecho. Fueron aprehendidas cuando ingresaron al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez”, concluyó.

En una serie de operativos coordinados por la Unidad Fiscal de Rosario, se llevaron a cabo cinco allanamientos en las localidades de Acebal y Wheelwright. La causa, liderada por el área de Criminalidad Económica y Trata de Personas, a cargo del Dr. Javier Arzubi Calvo, María Virginia Sosa, Soledad García y Andrés Montefeltro,  investiga una presunta defraudación millonaria contra el PAMI, cuyo monto estimado supera los 580 millones de pesos.

Durante los procedimientos realizados en los domicilios de los principales investigados, identificados como Martín A. (médico cardiólogo) y Martín P. (enfermero), el personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina realizó un hallazgo inesperado. En el lugar se secuestraron 243 ampollas de fentanilo ya utilizadas y 50 ampollas de morfina sin usar, estas últimas resguardadas en una caja fuerte.

Además de los estupefacientes, las autoridades incautaron una gran variedad de material médico y quirúrgico, incluyendo: material orgánico y bisturíes; y vacunas y medicamentos inyectables como diazepam, penicilina, diclofenac, ketorolaco y dexametasona, entre otros.

Debido a la gravedad del hallazgo de las sustancias, se dio intervención a la Fiscalía Federal de Venado Tuerto por presunta comercialización de estupefacientes e infracciones a la Ley 23.737. Se espera que en los próximos días los involucrados comparezcan en una audiencia ante el Juez Federal de Garantías de Venado Tuerto, el Dr. Aurelio Cuello Murúa.

Un operativo de gran magnitud permitió interceptar una avioneta en una pista clandestina ubicada en jurisdicción de Vera, donde fuerzas federales secuestraron más de 400 kilos de cocaína y detuvieron a ocho personas presuntamente vinculadas a una organización narcocriminal.

El procedimiento fue concretado en las últimas horas y es considerado uno de los golpes más relevantes al narcotráfico en la región en lo que va del año.

La intervención fue el resultado de una investigación que se extendió durante 45 días, a partir de información inicial aportada por la agencia estadounidense DEA.

A partir de esos datos, se desplegaron tareas de inteligencia, vigilancia y seguimiento en distintos puntos del norte santafesino, lo que permitió detectar movimientos compatibles con operaciones de tráfico de estupefacientes por vía aérea.

En el momento clave de la maniobra, los investigadores advirtieron el arribo de una aeronave a un campo ubicado en inmediaciones del establecimiento rural “Don Julio”. Allí, en una pista clandestina acondicionada para este tipo de operaciones, se llevó adelante la interceptación de la avioneta y la detención de los involucrados.

La causa cuenta con la intervención de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a cargo de Diego Iglesias; del fiscal federal Matías Scilabra; y del Juzgado Federal de Garantías N°1 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros.

Durante el procedimiento, los efectivos lograron detener a ocho personas, entre ellas el piloto y el copiloto de la aeronave, ambos de nacionalidad boliviana. En el lugar se secuestró una avioneta tipo Cessna 210 que transportaba 442,122 kilos de cocaína.

Además, como parte de la logística asociada a la operación, se incautaron dos camionetas —una Toyota Hilux y una Ford Ranger—, dos camiones —un Ford Cargo y un Fiat Iveco—, equipos de comunicación, teléfonos celulares, una antena satelital Starlink y bidones de combustible.

Interceptaron una avioneta con 400 kilos de cocaína en una pista clandestina en VeraEl Ministerio de Seguridad informó que el cargamento pesó más de 400 kilos. Foto: Prensa Seguridad

Según se informó, estos elementos eran utilizados para facilitar el aterrizaje, descarga y posterior traslado de la droga hacia distintos puntos del país, en una operatoria que combinaba recursos aéreos y terrestres.

El operativo contó también con apoyo logístico de la Fuerza Aérea Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de una articulación interinstitucional que permitió concretar el procedimiento.

En paralelo a las detenciones, la investigación continuó con la realización de ocho allanamientos simultáneos. Los procedimientos estuvieron a cargo de brigadas de la División Operaciones Federales, con intervención de unidades con asiento en la Hidrovía del Paraná, Reconquista, Santa Fe, Corrientes y la ciudad chaqueña de Roque Sáenz Peña.

Las medidas judiciales se concretaron en domicilios vinculados a los detenidos e investigados, tanto en la ciudad de Vera como en Calchaquí, incluyendo sectores urbanos y áreas rurales que, según los investigadores, formaban parte del entramado logístico de la organización.

Fuentes oficiales indicaron que el caso se desarrolla bajo el nuevo sistema acusatorio federal implementado en Rosario, lo que permitió una coordinación más ágil entre el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad intervinientes.

La pesquisa continúa en curso y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas, en el marco de una causa que busca determinar el alcance de la estructura criminal, su financiamiento y sus posibles conexiones a nivel nacional e internacional.

Durante la tarde y noche del miércoles agentes de la División Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policíoa Federal Argentina, allanaron la casa del chico que disparó y mató a un alumno en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal. En tanto también fue requisado un comercio donde se desempeña un familiar del menor.

La medida fue dispuesta por la fiscal Carina Gerbaldo, a cargo de la Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente, que conduce una causa de características excepcionales en el ámbito local.

Los efectivos federales también intervinieron un comercio vinculado a la familia del menor. Según fuentes del caso, el joven permanece actualmente en la ciudad de Santa Fe, en un lugar reservado, bajo una condición que fue descripta como de “semi detención”: con resguardo institucional, pero sin una imputación formal posible bajo la legislación vigente.

En paralelo a las medidas judiciales, cobraron relevancia las declaraciones del diputado provincial Marcelo González, quien además es docente de la institución donde ocurrió el hecho. El legislador advirtió sobre la posible existencia de estructuras que operan en entornos digitales y que, mediante dinámicas similares a juegos de rol, captarían a adolescentes en situación de vulnerabilidad.

González describió un sistema de desafíos escalonados, donde los participantes avanzan en niveles a medida que cumplen determinados objetivos. Según señaló, estas prácticas pueden derivar en conductas cada vez más extremas, bajo una lógica interna que distorsiona la percepción de la realidad.

También indicó que este tipo de fenómenos ya ha sido documentado en otros países, y expresó preocupación por su eventual replicación en contextos locales.

La comunidad sancristobalense despidió al chico fallecido.

En el plano judicial, la causa enfrenta una limitación central: la edad del presunto autor. La audiencia prevista para el viernes en los tribunales de Santa Fe, donde se iban a formalizar los hechos y dictar una resolución procesal, fue finalmente suspendida. El adolescente no resulta punible según la normativa actual, ya que la reforma que reduce la edad de imputabilidad aún no está en vigencia.

En los días posteriores al ataque, una de las hipótesis iniciales apuntó a un posible caso de acoso escolar como desencadenante. Sin embargo, los testimonios recabados hasta el momento no confirmaron esa versión. Por el contrario, trascendieron datos que lo ubican como un alumno integrado, incluso reconocido por sus pares el año pasado.

Al mismo tiempo, la investigación analiza material que circuló en redes sociales, incluyendo supuestos mensajes y publicaciones atribuidos al adolescente con referencias a ataques escolares ocurridos en el exterior. No obstante, las autoridades aún no han verificado la autenticidad de esas cuentas ni su vinculación directa con el hecho.

Con estos elementos, la causa avanza entre medidas de prueba, advertencias sobre posibles influencias externas y condicionamientos legales que limitan el alcance de las decisiones judiciales. El caso, por su impacto y complejidad, continúa bajo seguimiento estrecho tanto en el ámbito judicial como en el político y social.

Durante este sábado 14 de marzo se llevó adelante un amplio operativo de la Fiscalía Regional N° 3 de Venado Tuerto, a cargo del fiscal Iván Raposo, que coordinó con la Policía Federal Argentina la realización de ocho allanamientos simultáneos en la ciudad. La investigación, que se extendió durante meses, surgió tras tareas de vigilancia que permitieron observar un flujo constante de personas entrando y saliendo rápidamente de los domicilios, maniobra típica conocida como “pasamanos”, vinculada a la comercialización de estupefacientes.

En el transcurso de los procedimientos, se logró la detención de cuatro personas, identificadas por sus iniciales y domicilios: N.V. en calle Jauretche, M.S. en calle Matheu, S.M. en calle Antártida Argentina, y A.D. también en calle Matheu. En las distintas residencias se secuestraron marihuana y cocaína en diversas cantidades, balanzas de precisión, teléfonos celulares, cuadernos de anotaciones, tubos de acero, rifles de aire comprimido y dinero en efectivo, que en algunos casos superaba los $225.000. Todos los elementos hallados, según informaron las autoridades, hacen presumir que las sustancias estaban destinadas a la venta ilegal de drogas.

La Fiscalía informó que los detenidos quedaron a disposición del juez de Primera Instancia del Distrito Judicial N° 3 de Venado Tuerto, y que se realizaron los exámenes médicos correspondientes según lo establecido por el Código Procesal Penal. Además, se dispuso su traslado a la Oficina de Gestión Judicial para la realización de la audiencia imputativa, cuyo horario y fecha se comunicarán con antelación.

La Policía Federal Argentina concretó dos allanamientos en la ciudad de Firmat, departamento General López, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes. Como resultado del operativo, fue detenido el principal investigado y se secuestraron drogas y diversos elementos de interés para la causa.

La pesquisa fue desarrollada por la Brigada de Investigaciones y Delitos Complejos de la División Unidad Operativa Federal Venado Tuerto, bajo directivas del fiscal a cargo de la Unidad de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación, doctor Iván Raposo.

Según se informó oficialmente, la investigación se inició a partir de una denuncia de vecinos de Firmat, quienes advertían que un hombre identificado por sus iniciales C.A.D.M. se dedicaría a la venta y comercialización de estupefacientes.

De acuerdo a las actuaciones, el sospechoso realizaba presuntos encuentros vinculados a la actividad ilícita en un domicilio ubicado en la intersección de Entre Ríos y Alvear, y además cultivaría plantas de marihuana en otra vivienda situada sobre calle Santa Fe al 800, ambos inmuebles en la misma ciudad.

Con la autorización judicial correspondiente, se llevaron adelante dos allanamientos simultáneos.

Durante los procedimientos se incautaron 2,760 kilogramos de deshoje de plantas, 30 gramos de clorhidrato de cocaína, 8 gramos de picadura de marihuana, dos teléfonos celulares y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento y consumo de sustancias.

Como resultado, fue detenido el investigado C.A.D.M., quien fue trasladado a la Comisaría 4ª de la Policía de la Provincia de Santa Fe y quedó a disposición de la Justicia provincial.

En el marco del operativo también fue aprehendida una mujer identificada por sus iniciales A.A.M., quien fue trasladada a la Comisaría 13ª para su identificación y notificación por el delito de tenencia simple. Posteriormente recuperó su libertad.

Los allanamientos contaron con la colaboración del Comando Radioeléctrico de Firmat, además de personal de las comisarías 4ª y 13ª.

Desde la fuerza federal señalaron que continúan trabajando en la prevención del delito y en la lucha contra el narcotráfico y los delitos complejos, en coordinación con el Ministerio de Seguridad y la Justicia provincial.

Un escenario de llamas y densas columnas de humo negro sorprendió este viernes a los vecinos y transeúntes del sur de la Ciudad de Buenos Aires. Un incendio de grandes proporciones se desató en un depósito perteneciente a la Policía Federal Argentina (PFA), movilizando un importante operativo de emergencia para evitar que el fuego alcance zonas residenciales linderas.

Según las primeras informaciones policiales, el siniestro tuvo su inicio en una playa a cielo abierto ubicada en la intersección de Avenida Vélez Sarsfield y Camino de Sirga. Los peritajes preliminares indican que el fuego comenzó en el interior de un automóvil estacionado en el predio y, debido a las condiciones del lugar, se propagó de forma incontrolable hacia otros rodados y hacia la estructura del depósito judicial.

En el lugar trabajan dotaciones de Bomberos de la Ciudad, quienes establecieron un perímetro de seguridad mientras intentan contener el avance de las llamas hacia los galpones principales del predio. La columna de humo, visible desde varios kilómetros de distancia y desde distintos puntos del conurbano, generó complicaciones en la visibilidad del tránsito en las arterias cercanas.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni heridos de gravedad, aunque el personal de salud del SAME se encuentra en el lugar de manera preventiva para asistir a los efectivos que combaten el fuego bajo condiciones de calor extremo.

El depósito judicial afectado suele albergar vehículos secuestrados en distintos operativos de la fuerza federal, muchos de los cuales llevan años en estado de abandono, lo que facilita la propagación de incendios por la presencia de pastizales y materiales altamente inflamables como caucho y tapizados.

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para determinar si el inicio del fuego en el primer vehículo fue producto de una falla mecánica fortuita o si existió algún factor externo que desencadenara el desastre.

Efectivos de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario de la Policía Federal Argentina desarticularon una organización narcocriminal dedicada al comercio de estupefacientes en la gran ciudad del sur santafesino, en el marco del Plan Bandera, impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional.

La investigación se inició en febrero, los investigadores tomaron conocimiento de que sobre la calle Castellanos de la ciudad de Rosario, se estarían llevando a cabo maniobras delictivas vinculadas al tráfico de sustancias ilícitas.

A partir de esa información, los agentes federales desplegaron tareas de campo e inteligencia, bajo la dirección de la Fiscalía de Microtráfico, a cargo del Dr. Franco Carbone, con la colaboración de la Secretaría del Dr. Matías Lartigau y la intervención de la Unidad Fiscal de Investigación y Juicio, encabezada por la Dra. Viviana O'Connell, del Ministerio Público de la Acusación.

Fruto de las pesquisas, se logró establecer la existencia de una estructura organizada que operaba en la vía pública con la colaboración de jóvenes que, en calidad de "soldaditos", orientaban a los compradores sobre cómo efectuar la transacción y advertían sobre la presencia policial en la zona.

Además, se identificaron varios domicilios con acceso directo a dos pasillos ubicados entre calle Castellanos y Boulevard 27 de Febrero, conectados a una pequeña ventana utilizada como punto de expendio.

Con el total de las pruebas recolectadas, el Colegio de Jueces de Primera Instancia del Distrito de Rosario, a cargo del Dr. Fernando Javier Sosa, ordenó la realización de nueve allanamientos en fincas ubicadas en los barrios Villa Banana y Bella Vista.

Durante los procedimientos, llevados a cabo en forma simultánea, se detuvieron cinco hombres y tres mujeres, todos integrantes de la banda. Asimismo, se secuestraron dosis de cocaína y marihuana, elementos de corte y fraccionamiento, 13 teléfonos celulares, dinero en efectivo y documentación de interés para la causa.

Los detenidos, mayores de edad y de nacionalidad argentina, quedaron a disposición del magistrado interventor junto con los elementos incautados, por infracción a la Ley de Drogas.

La Policía Federal Argentina (PFA) llevó a cabo dos allanamientos en la ciudad de Venado Tuerto, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737 de drogas. Los operativos, ordenados por el Juzgado Federal de Garantías de Venado Tuerto, derivaron en el secuestro de una gran cantidad de plantas, plantines y semillas de marihuana, además de elementos de fraccionamiento.

Los procedimientos fueron realizados por la División Unidad Operativa Federal Venado Tuerto, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de la PFA. La investigación estuvo a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada de Venado Tuerto, con la intervención del fiscal Federico Reynares Solari y la fiscal Daniela Ghiorzi.

El primer allanamiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre la calle Cabral, en el barrio Villa Moisés. Allí, los agentes hallaron varias plantas y plantines de marihuana, junto con elementos utilizados para su fraccionamiento. En el lugar se identificó a dos hombres y una mujer, quienes fueron notificados de la causa en su contra.

Mientras se realizaban las pesquisas en el primer domicilio, los efectivos advirtieron la presencia de más plantas de marihuana en una propiedad lindera. Tras consultar con la autoridad judicial, se ordenó un allanamiento de emergencia en esa vivienda, donde se identificó a otra mujer mayor de edad. También se incautaron nuevas plantas, semillas, cigarrillos armados, picadores y pipas.

Las cuatro personas involucradas quedaron notificadas en la causa por presunta infracción a la Ley de Drogas. En tanto, la Policía Federal continúa con los operativos en el marco de la lucha contra el narcotráfico y el delito complejo, bajo los lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación.

En el marco de una investigación por venta de estupefacientes en Rufino, agentes encubiertos de la Policía Federal Argentina llevaron a cabo tareas de campo que derivaron en dos allanamientos. Como resultado, se logró el secuestro de marihuana, cocaína, elementos de fraccionamiento y anotaciones de interés para la causa.

El operativo fue realizado por la División Unidad Operativa Federal Venado Tuerto, con apoyo de la División Apoyo Operativo Táctico Rosario, bajo las directivas del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, Circunscripción Judicial N°3, Unidad Fiscal Venado Tuerto.

En el procedimiento, fue detenido un hombre identificado como R.M.G, de 29 años, señalado como responsable de la venta de drogas en la localidad. La justicia ordenó su traslado a la Comisaría 3ª de la Policía de Santa Fe.

El punto de venta desmantelado funcionaba en inmediaciones de un establecimiento educativo, lo que incrementaba la preocupación de la comunidad.

La Policía Federal Argentina reafirmó su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y el delito complejo, en línea con los lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación.

En un operativo de rutina llevado a cabo por la División Unidad Operativa Federal Venado Tuerto de la Policía Federal Argentina, se logró el secuestro de marihuana y la detención de dos personas en la vía pública. El procedimiento tuvo lugar en horas de la noche del pasado 2 de febrero, cuando efectivos policiales realizaban recorridas preventivas dentro del ejido jurisdiccional de la ciudad.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Jorge Newbery y República de Irlanda, donde los agentes detectaron un motovehículo marca Zanella con dos ocupantes, un hombre y una mujer. Tras ordenarles detener la marcha para su identificación, se procedió a revisar sus pertenencias, encontrando un frasco de plástico con una sustancia sospechosa. Al realizar los análisis correspondientes, se confirmó que contenía marihuana con un peso total de 33,63 gramos.

Ante esta situación, se dio intervención al Ministerio Público de la Acusación (MPA), desde donde se dispuso el secuestro tanto del material estupefaciente como del vehículo y la detención de ambos individuos que fueron trasladados a la sede de la Comisaría 2da de la Policía de Santa Fe para la formación de causa.

Cabe señalar que este procedimiento se enmarca dentro de las tareas preventivas y de control que realiza la Policía Federal en la ciudad con el objetivo de combatir el narcotráfico y otros delitos. Las autoridades continúan trabajando en la investigación para determinar la procedencia y posible distribución de la sustancia secuestrada.

A la par de la investigación sobre el escándalo de los seguros, el expresidente Alberto Fernández vuelve a estar en el ojo judicial por chats que evidenciarían actos de presunta violencia de género sobre su pareja Fabiola Yañez.

Las pruebas, según reveló Clarín, se detectaron en el celular de la histórica secretaria del exmandatario, María Cantero, secuestrado y peritado en el marco de la causa que conducen el fiscal Carlos Rívolo y el juez Julián Ercolini. Allí se indaga sobre la intervención de intermediarios en contratos de pólizas entre organismos del Estado, gracias a un singular decreto presidencial.

La nueva polémica surgió en medio del peritaje de la Policía Federal sobre el contenido del celular de Cantero, desde 2019 hasta este año.

Aunque se buscaba información sobre Fernández y su vínculo con la trama ilícita de los seguros, había información mucho más sórdida para Fernández. El juzgado fue notificado de que en el celular había pruebas de la posible comisión de un delito: violencia de género contra Fabiola Yañez, aparentemente perpetradas por su marido en la Quinta de Olivos.

La pericia oficial del teléfono de Cantero -a la que accedió Infobae- secuestrado por la Policía Federal en marzo, la pareja utilizó sus vínculos con Casa Rosada para concretar millonarios contratos a través de las relaciones de la ex secretaria con los funcionarios.

Los chats revelan que Martínez Sosa visitó en varias ocasiones la quinta de Olivos y que incluso se entrevistó con Alberto Fernández, a pesar de que sus ingresos no figuran en los registros oficiales.

En el marco del allanamiento ordenado por el juez Julián Ercolini, se detectó que la ex secretaria hacía de nexo entre su marido y el entorno del ex mandatario para avanzar en los acuerdos comerciales.

Una agente de la Policía Federal mató a un delincuente que le había robado su celular mientras esperaba un colectivo en una parada en Villa Lugano.

El hecho sucedió este miércoles a las 6.55 y quedó grabado por las cámaras de seguridad. Allí se ve en la vereda de la colectora de la avenida General Paz a Yanina Marotte, cabo 1ero de la fuerza de seguridad.

La mujer estaba esperando el transporte público en esa zona, precisamente a la altura del puente Pedro de Mendoza, donde dos ladrones la abordaron para quitarle el celular.

Entonces, uno de los delincuentes mostró su arma de fuego y comenzaron a forcejear. Marotte terminó en el piso después que la empujaran, por lo que fue en ese momento cuando le sustrajeron el dispositivo móvil.

Luego de ello, la mujer los persiguió a pie y los encontró: el ladrón le apuntó con su arma, lo que derivó en que la oficial se defendiera con su arma reglamentaria.

Tras el disparo, el delincuente quedó tendido en el piso en colectora General Paz y Zelarrayan, frente al barrio Mugica. Su cómplice huyó.

Según se supo más tarde, el arma con el que apuntaron a la agente era una réplica.

Interviene en la causa el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 15, secretaría 146 a cargo del Dr. Santiago Atucha. Este ordenó la detención de Marotte, aunque podría ser liberada por actuar bajo legítima defensa.

En el lugar de los hechos se secuestró un arma de plástico y la pistola Bersa Thunder de la policía.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, utilizó sus redes sociales para apoyar a la policía, sobre quien opinó que actuó bajo legítima defensa.

La oficial de la PFA Yanina Marotte usó su arma y actuó en legítima defensa, defendiéndose de dos delincuentes que la agredieron ferozmente. Ella no puede seguir presa. Para nosotros las víctimas no pueden ser victimarios. pic.twitter.com/gRnM7xxyqI

"La oficial de la PFA Yanina Marotte usó su arma y actuó en legítima defensa, defendiéndose de dos delincuentes que la agredieron fuertemente. Ella no puede seguir presa. Para nosotros las víctimas no pueden ser victimarios", expresó en su cuenta de X.

Oficiales de la Policía Federal de Venado Tuerto realizaron este jueves 29, en horas de la tarde noche, un allanamiento por infracción a la Ley N° 23.737 con intervención de la Fiscalía Federal y el Juzgado Federal venadenses, en un domicilio de la localidad de Villada, donde se procedió a la detención de una pareja que comercializaba marihuana con sistema delivery en las localidades de Firmat, Murphy y Venado Tuerto.

En esta vivienda, los uniformados secuestraron un ladrillo compacto de marihuana de casi un kilogramo; unos 200 gramos de marihuana fraccionada para su venta; más de 300 cigarrillos de armado casero de marihuana (porros); un arma de fuego; distintos elementos de corte y fraccionamiento; y una gran cantidad de dinero en efectivo (producto de la venta y comercialización de dicha sustancia). También se secuestraron vehículos con los que distribuian en las localidades mencionadas.

El domicilio allanado se ubica a tres cuadras y ocho cuadras de sendas escuelas, y trascendió que algunos estudiantes concurrían al lugar para adquirir droga. 

El ministerio de Seguridad oficializó este jueves subas salariales al establecer los haberes mensuales y los suplementarios que regirá desde el mes próximo para el personal de Gendarmería, Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), informó el Boletín Oficial.

La Resolución 81/2024 lleva la firma de la ministra Patricia Bullrich.

Según el texto, en lo relativo a la Gendarmería, el rango menor, de grado II cobrará $442.820,28, mientras que un Comandante General recibirá $1.639.126,60.

En cuanto a los importes por "suplemento particular por Funciones de Prevención Barrial” y de la compensación “por Recargo de Servicio”, en el suplemento, el monto mínimo pasará a ser de $213.646,63, mientras que el máximo será de $684.057,86.

La norma aclara que la compensación varía "por jerarquía" y por "cantidad de horas (de 3 a 5, y más de 5)" y el mínimo varía entre casi 7 mil pesos y alrededor de $13 mil; mientras que el máximo oscila entre $17.400 y poco menos de 35 mil pesos.

Con respecto a la Prefectura Naval Argentina, el haber máximo correspondiente a un Prefecto General será de $1.639.126,60 mientras que un marinero cobrará $487.102,31.

En tanto, por compensación por Recargo de Servicio, los valores varían de acuerdo a la jerarquía y a la cantidad de horas (de 3 a 5, y más de 5) y el mínimo será entre casi 7 mil pesos y alrededor de $13 mil; mientras que el máximo oscila entre $17.400 y $34.867,36.

Asimismo, la Policía Federal pasará a tener desde marzo sueldos que varían entre los $457.186,32 y $1.802.336,70, dependiendo de la jerarquía; y los importes correspondientes al suplemento particular por “Zona” también fueron actualizados para el personal con estado policial en actividad y el personal Auxiliar de Seguridad y Defensa, según las distintas jerarquías, como así también el valor del Servicio de Policía Adicional y de las Compensaciones.

Del mismo modo, se fijaron los importes correspondientes al “complemento por responsabilidad jerárquica” que perciben el director o la directora Nacional y el subdirector o la subdirectora Nacional de la Gendarmería; el prefecto o la prefecta Nacional Naval y el subprefecto o la subprefecta Nacional Naval de la Prefectura Naval y el jefe o la jefa y el subjefe o la subjefe de la Policía Federal. Varía de acuerdo al cargo entre 210 y 230 mil pesos.

En tanto, para el personal policial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el suelo básico para un Aspirante a Oficial será de $123.036,23, para un Oficial Ayudante será de $354.780,48; para un Oficial Jefe $486.865,82, y el Comisionado General percibirá $876.084,91.

Aquí también por el `Recargo de Servicio` varía de acuerdo a la jerarquía y a la cantidad de horas (de 3 a 5, y más de 5) y el mínimo será entre 7 mil pesos y $14 mil; mientras que el máximo oscila entre $17.400 y casi 35 mil pesos.

Resolución 81/2024 by El Litoral

Este miércoles, se realizó un procedimiento por incumplimiento a la Ley 23.737 (Ley de Droga), en un domicilio del Barrio Malvinas Argentinas, donde sus propietarios poseían Plantas de cannabis sativa (Marihuana) para su posterior comercialización.

La investigación, tuvo su origen e inicio en el mes de septiembre del presente año, por medio de una denuncia anónima que se recepcionó en la División Unidad Operativa Federal Venado Tuerto de la Policía Federal Argentina, dando intervención al Juzgado Federal de Venado Tuerto a cargo del Dr. Aurelio Cuello Murúa.

La secretaría del Juzgado liderada por Emiliano Cristaldi, dispuso que la Fiscalía Federal también de esta ciudad, encabezada por Andrés Montefeltro, proceda a realizar mancomunadamente con la Brigada de la División Unidad Operativa Venado Tuerto de la Policía Federal, tareas de inteligencia que en los meses que se realizaron arrojaron los resultados esperados, respecto a la certificación y vinculación de sus responsables en la conducta delictiva.

En este caso, el delito está vinculado a la plantación, germinación, acopio y posterior venta de cannabis sativa (Marihuana) en su estado natural (cogollos y hojas). 

Comprobada la conducta delictiva (descripta en el Art. 5, inc. a y d de la Ley 23.737), mediante distintas pruebas fílmicas, vistas fotográficas y declaraciones de los interventores, el Juzgado Federal ordenó en la fecha se realice el allanamiento del domicilio investigado, ubicado sobre calle Almafuerte al 2300 de Venado Tuerto, donde  fueron identificados sus moradores y al secuestro de gran cantidad de Plantas de cannabis sativa, semillas para su cultivo y producción; frascos de fertilizantes, balanza, celulares y armas de fuego, de diferentes calibres.

Respecto a sus moradores, un masculino y dos femeninos, todos mayores de edad, el magistrado dispuso su trasladado a sede policial a fin de realizar fichas prontuarial y de no tener impedimento su retiro de la dependencia, quedando afectado a la causa.

A menos de 24 horas de las elecciones nacionales, el juez federal Ernesto Kreplak ordenó siete allanamientos en el marco de la causa que investiga al ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires Martín Insaurralde. Los procedimientos se realizan en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires y están a cargo de la Policía Federal.

Insaurralde está imputado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito luego de que se acumularon las dos denuncias presentadas en los tribunales de Lomas de Zamora. En la misma causa están imputadas la modelo Sofía Clerici y su ex esposa, Jesica Cirio.

La investigación judicial por el escandaloso viaje a Marbella está bajo secreto de sumario desde el 10 de octubre. La medida fue dispuesta por el juez Kreplak, a pedido del fiscal Sergio Mola, y vence esta semana. El Código Procesal Penal no aclara si son días corridos o hábiles, por lo que queda a criterio de cada juzgado. En el caso de Kreplak, ya tiene dicho en otras causas que son días hábiles.

Antes de reclamar el secreto de sumario, el fiscal había reclamado que se dicte la inhibición de los bienes para Insaurralde y la modelo Sofía Clerici y pidió las declaraciones juradas del intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia y los recibos de sueldo desde que ingresó a la función pública. También reclamó que se levante el secretario fiscal y bancario respecto a Insaurralde, su ex esposa Jesica Cirio y Clerici.

Antes de imponer el secreto, Kreplak ordenó esas medidas y le pidió informes a la AFIP, al Banco Central, a la CNV y a una docena de organismos públicos. Además, le reclamó a la Unidad de Información Financiera (UIF) que le consulte a sus pares de España y Uruguay sobre la posible existencia de reportes de operaciones sospechosas. En el primer país se realizó el viaje que destapó el escándalo y en el segundo se habría abierto una cuenta bancaria en el marco del divorcio de Insaurralde y Cirio.

Entre las medidas, el juez solicitó a los representantes de las firmas American Express Argentina SA, Visa Argentina SA y MasterCard SA que informen si los imputados, durante los últimos diez años, tienen o han tenido algún tipo de relación con la firma y caso afirmativo, se envíen copias de los resúmenes de cuenta. En ese análisis podría develarse si Insaurralde pagó, con una tarjeta, los pasajes a España o alguno de los regalos que mostró Clerici en su cuenta de Instagram.

Apenas estalló el escándalo, el gobernador Axel Kicillof intentó desprenderse de Insaurralde, quien firmó varios decretos durante su estadía en Marbella. Por ese motivo, la ex vice de la UIF, María Eugenia Talerico, lo denunció por dos delitos: incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de documento público.

Según esa presentación, que menciona el decreto provincial 11/20202, Insaurralde debería haber pedido una licencia, lo que hubiera activado el mecanismo de sustitución de su firma.

Unas horas después, Talerico amplió la denuncia y pidió que también sea investigado el gobernador Kicillof, quien públicamente dijo que no sabía del viaje de su jefe de Gabinete. “No podemos descartar la participación del gobernador en la falsedad instrumental en la medida que no resulta verosímil el desconocimiento de la ausencia de Insaurralde de la República Argentina o en su caso, el incumpliendo de las normas que imponían conforme al Decreto 11/2020″, destaca esa denuncia.

Pese al escándalo, el diputado provincial y ex vicejefe de Gabinete de Insaurralde festejó este fin de semana una victoria de su padre en el Partido De la Costa. La causa tampoco impactó en Lomas de Zamora, donde el delfín de Insaurralde, Federico Otermín, ganó con comodidad y será el próximo intendente.

La Justicia todavía no pudo determinar quién es el dueño del yate “Bandido”, utilizado por Insaurralde y Clerici para navegar por el Mediterráneo. En los tribunales de Lomas, nadie cree la versión que dio la modelo. Tampoco se pudo confirmar si los regalos de lujo que mostró Clerici en su cruenta de Instagram fueron comprados por Insaurralde. Hasta ahora, hay un informe de la Aduana que asegura que esos objetos no fueron detectadas en las valijas de los dos protagonistas del escándalo.

La resolución conjunta 12/2023 estableció el cuadro salarial de los integrantes de las Fuerzas Armadas a partir del primero de marzo último. El objetivo era achicar la brecha salarial con las Fuerzas de Seguridad Federales, que era superior al 60%. Según anunciaba el ministro de Defensa, ese era el primero de cuatro aumentos -ajenos a los acuerdos paritarios- tendientes a equiparar los salarios entre los uniformados citados.

Para tomar, por caso, los menores grados de cada escalafón, un subteniente del Ejército cobraba a partir de marzo $158.168, mientras que un cabo $139.048. Así, la brecha con gendarmes y prefectos se ubicaba en torno al 30%. Estos últimos cobraban, en los grados de subalferez y cabos $228.731 y $198.886, respectivamente.

Dieron a conocer los nuevos haberes para el personal militar de las Fuerzas Armadas, Policiales y de Seguridad

Con un aumento que promedia el 5% respecto al último recibo de sueldo, en junio impacta sobre los salarios militares la segunda “cuota de fortalecimiento” que anunció Taiana, tras la firma de la resolución conjunta 19/2023. Por ello, los subtenientes cobrarán en julio $166.868 y los cabos $146.095.

En paralelo, Aníbal Fernández y Sergio Massa firmaron la resolución conjunta 343/2023, publicada este martes 30 de mayo en el Boletín Oficial. Se determina que también se aumenten los salarios a las Fuerzas Federales a partir de junio. Por ello, un subalferez de gendarmería cobrará $241.311 y un cabo $209.825. De esta manera, la brecha salarial se mantiene en un promedio del 30% entre militares y gendarmes.

En el Día del Ejército, Taiana ordenó sancionar a otro general retirado por cuestionar el accionar terrorista de 1975

Al margen de la situación respecto a otras Fuerzas, las pocas expectativas que quedaban en los cuarteles de recuperar poder adquisitivo se echó al piso en la medida que se conocían los índices de inflación, que acumula 29% en el primer cuatrimestre. Vale recordar que durante el 2022 los salarias militares quedaron un 34% abajo del índice inflacionario.

El malestar se incrementó en el último mes, con foco en esta semana: el resto de la administración pública tuvo un aumento salarial del 5.5% en abril y no se trasladó a los haberes militares, como Jorge Taiana había indicado a este medio en una entrevista del año pasado.

Por otra parte, esta semana, el presidente Alberto Fernández informó que había acordado un aumento paritario del 33% con estatales, que impactará progresivamente desde junio. Sobre esa novedad tampoco hubo, aún, traslado hacia las percepciones económicas de los militares, como también se había prometido al anunciarse el trunco proceso de “equiparación salarial”.