Gustavo Capeletti

Durante un operativo de control realizado por Gendarmería Nacional, Sección Seguridad Vial San Justo, fue detenido un efectivo policial que transportaba más de medio kilo de marihuana en un colectivo de línea.

El procedimiento tuvo lugar a la altura del kilómetro 557 de la Ruta Nacional 11, en jurisdicción de la localidad de Luciano Leiva, durante la jornada del domingo pasado. Allí, los gendarmes detuvieron la marcha de un ómnibus de la empresa El Norte, que cubría el trayecto Santa Fe - Reconquista, tras detectar un fuerte olor a marihuana en el interior del vehículo.

Al realizar la requisa, uno de los pasajeros se identificó como personal de la Policía de la Provincia de Santa Fe, con funciones en la Unidad Regional IX. Tras inspeccionar su equipaje, se halló una bolsa de nylon negra que contenía nueve envoltorios tipo Ziploc con un peso total de 505,9 gramos de marihuana.

El sujeto fue identificado como Alberto Saúl Junco, oriundo de Vera y actualmente domiciliado en la ciudad de Avellaneda. Quedó detenido por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Se le secuestró un teléfono celular marca Xiaomi (pendiente de peritaje), una pistola marca Bersa con cargador y proyectiles, un chaleco antibalas con la inscripción “Policía de la Provincia de Santa Fe”, una cédula de identificación como personal policial, una mochila negra con detalles grises y 505,9 gramos de marihuana fraccionada en bolsas Ziploc.

La investigación continuará para determinar el destino de la sustancia y el grado de implicación del agente detenido, informaron fuentes del caso.

El juez federal subrogante del Juzgado Federal N.º 2 de Santa Fe y titular del Juzgado Federal de Reconquista, Dr. Aldo Alurralde, resolvió este miércoles declarar la legalidad de la detención y dictar la prisión preventiva por 90 días para el agente policial.

Durante la audiencia oral celebrada el 11 de junio, el juez rechazó el pedido de la defensa oficial que solicitó prisión domiciliaria, y ordenó la prisión preventiva por 90 días, con posibilidad de prórroga, conforme lo solicitado por la la Fiscalía Federal de Santa Fe.

El magistrado fundó su decisión en el riesgo de fuga, dada la alta escala penal del delito imputado: transporte de estupefacientes agravado por su condición de funcionario policial, que prevé una pena de 6 a 20 años de prisión efectiva.

Asimismo, consideró el peligro de entorpecimiento de la investigación, ya que aún deben esclarecerse aspectos fundamentales como el origen de la droga y su destino final, elementos clave para desarticular posibles redes de narcotráfico.

Junco, en su única manifestación ante el juez, afirmó que la marihuana era para su consumo personal, argumento que no fue considerado creíble por el magistrado, en virtud de la cantidad y la forma de ocultamiento del estupefaciente.

Dos policías fueron condenados por haberse apoderado ilegítimamente de dinero que estaba dentro de un automóvil durante un control vehicular que realizaron en la localidad de Chapuy (departamento General López). Se trata de Kevin Mariano Strubbia y Noelia Esilda Lapalma, de 29 y 37 años, respectivamente.

La sentencia fue dispuesta por el juez Benjamín Révori, en el marco de un juicio oral y público que se desarrolló en los tribunales de Venado Tuerto. Tanto a Strubbia como a Lapalma, el magistrado les impuso penas a tres años de prisión de cumplimiento condicional y los inhabilitó por el mismo tiempo para ejercer funciones policiales. 

Por su parte, el fiscal que investigó lo sucedido y representó al MPA en el debate es Eduardo Lago. “Analizaremos los fundamentos del veredicto y luego definiremos los pasos procesales a seguir”, sostuvo el funcionario judicial.

Dinero   

El hecho ilícito fue cometido el miércoles 19 de febrero de 2020 en la ruta provincial número 14, a la altura de Chapuy. El fiscal relató que "identificados con su uniforme de la Policía de Seguridad Vial de la provincia, los agentes le ordenaron al conductor de un automóvil marca Mercedes Benz modelo C 250 que frenara su marcha", y agregó que "en el vehículo también iba otro hombre a bordo".

"Luego instaron al chofer a bajarse del auto y, cuando lo hizo, le solicitaron que abriera el baúl, donde tenía un bolso con 2 millones de pesos", precisó Lago. "Si bien la víctima contaba con una factura digital que respaldaba el origen de lo que llevaba, los uniformados se negaron a recibirla y le dijeron que debían retener el dinero", especificó. 

Asimismo, manifestó que "ante la negativa del conductor, los condenados buscaron negociar con él y le pidieron que les entregara 30.000 pesos, lo que finalmente consiguieron”. En tal sentido, añadió que "los policías además fingieron una requisa del automóvil y hurtaron 20.000 pesos que había en la guantera del vehículo”.

Calificación penal

Strubbia y Lapalma fueron condenados como coautores de exacciones ilegales y hurto, ambos delitos agravados (por tratarse de miembros de las fuerzas de seguridad).

Tal como estaba previsto, en horas del mediodía de este miércoles se llevó a cabo la audiencia imputativa contra el jefe del Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto, Evers Iriarte, por el delito de “peculado” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Si bien se determinó que quede en libertad, no podrá seguir ocupando el cargo ni continuar en la fuerza de seguridad mientras avanza la investigación.

Durante la extensa audiencia que se desarrolló en los tribunales de Venado Tuerto, se expusieron las pruebas y elementos detectados para demostrar el hecho. “La conducta que se le reprocha es la utilización del recurso humano del Estado sin dar cumplimiento con las reglamentaciones vigentes, convirtiéndose en adicionales en negro”, explicó el fiscal que entiende en la causa, Eduardo Lago, agregando que no se trata de un delito menor, porque “brindaba servicios adicionales con el personal que debía estar patrullando las calles venadenses, más aún al tratarse de una fuerza que cuenta con una disponibilidad acotada de efectivos”.

A esta situación se le suma el manejo discrecional de los fondos, donde, en varias oportunidades los efectivos cobraran por ese “servicio extra” y otras no. “Este accionar irregular se continuará investigando para tener con exactitud datos de como era el proceder”, explicó Lago, resaltando que hay más de 30 actas probatorias que fueron presentadas en la audiencia de este miércoles.

En cuanto a la pena que se establece por estos delitos, Lago consideró que son “relativamente bajas”, más aún sabiendo que el jefe del Comando Radioeléctrico no contaba con antecedentes. Esto motivó al juez a determinar la libertad, aunque con reglas de conducta (entre ellas ser separado de las fuerzas de seguridad) y una caución, monto de dinero que se cubre con un inmueble o un vehículo.

Evers Iriarte fue detenido en el marco de una investigación relacionada con el manejo discrecional de los adicionales policiales.

Todo habría comenzado con una inspección de rutina realizada por personal de la Agencia de Control Policial, ex Asuntos Internos.

La investigación apunta principalmente al manejo de los fondos del Servicio de Policía Adicional relacionados con un local nocturno de diversión. Iriarte sería imputado por enviar al boliche personal de servicio y no de franco, y posteriormente cobrar dichos adicionales en “negro” y manejarlos discrecionalmente.

El procedimiento marca que los fondos por adicionales deben ser depositados en una cuenta del Ministerio de Seguridad en Jefatura departamental y posteriormente ser girado a los agentes que prestaron servicios.

A raíz de la detención del suboficial Luis Pais y la viralización de los videos con los hechos acaecidos en Cañada de Gómez, el presidente del bloque Evolución – UCR presentó una denuncia en la Auditoría General de Gestión para que la Dra. María Cecilia Vranicich investigue si no se cometió una “falta grave por parte del señor fiscal jefe de la Unidad Fiscal Cañada de Gómez, Santiago Tosco”, al determinar la detención preventiva del efectivo.

“Llaman la atención algunas actitudes que no terminamos de entender y que representan una interpretación confusa de las actuaciones. La inmediata detención del policía y que el sospechoso ni siquiera fuera trasladado a comisaría con su abogado para aclarar la situación es algo que no me termina de quedar claro”, expresó Pullaro quien añadió: “En tiempos en que la gente está pidiendo mayor seguridad, las señales tienen que ser claras; hay que apoyar a los policías cuando actúan de manera correcta. De otra manera estamos llevando un mensaje de desaliento a quienes arriesgan su vida para cuidarnos.”

1) Requerir a la Oficina de Gestión Judicial de Primera Instancia del Distrito Judicial N°6, con asiento en Cañada de Gómez, la remisión del registro audiovisual de la audiencia imputativa y de prisión preventiva de fecha 12-3-2022, de Luis Pais.

2) Requerir a la Unidad Fiscal Cañada de Gómez, de la Fiscalía Regional N°2, la remisión de copia íntegra del legajo investigativo en el que se encuentra imputado el señor Luis Pais.

3) Requerir a la Unidad Fiscal Cañada de Gómez, de la Fiscalía Regional N°2, que informe si a raíz del hecho en el que se viera involucrado el señor Luis Pais, se han formulado imputaciones contra los profesionales que opusieron resistencia a la aprehensión que pretendía efectuar el nombrado agente policial.

4) Requerir a la Unidad Fiscal Cañada de Gómez, de la Fiscalía Regional N°2, que informe si a raíz del hecho en el que se viera involucrado el señor Luis Pais, se ha ordenado alguna medida en relación a la persona a la que se pretendía aprehender, medida que fuera obstaculizada de hecho por el accionar de los ocupantes del estudio jurídico.

Alan Vidaña Este jueves por la mañana, familiares y allegados de un policía detenido se movilizaron frente a la Unidad Regional X de la ciudad de Cañada de Gómez, cabecera del departamento Iriondo. Unas 300 personas marcharon pidiendo por la inmediata liberación del suboficial Luis Alberto Pais. En primer término, se convocaron en la puerta de la sede policial y luego avanzaron hacia fiscalía.

El agente policial fue imputado por intentar apresar a un presunto delincuente que había ingresado a un estudio jurídico para guarecerse. Luego de terminada la persecución, los abogados que se encontraban en el interior comenzaron a filmar al uniformado y se interpusieron para evitar la detención. En ese momento, los letrados le manifestaron al policía que debía presentar una orden de allanamiento para poder accionar. A partir de la denuncia del abogado Luis Rossini, el fiscal Santiago Tosco imputó a Pais por violación al domicilio. Además, el juez Carlos Paretto dictó 40 días de prisión preventiva efectiva para el uniformado. El video que fue viralizado en redes sociales tomó una fuerte repercusión, al punto tal que el ex ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se hizo eco del caso y consideró inapropiada la acusación contra el agente. En tanto, la intendenta Stella Clerici se manifestó a favor del accionar del efectivo policial y solicitó su liberación.

Un policía que cumplió con su deber y persiguió a un sospechoso, procedimiento que fue entorpecido, terminó preso como si fuera un delincuente. Habiendo actuado dentro de la ley (el Código Procesal Penal ampara este accionar), se lo debe respaldar y no castigar 1/2 pic.twitter.com/K9UA3DuhTK

— Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) March 17, 2022

Por su parte, Emilce Chimenti, la jefa de policía de la provincia de Santa Fe, estuvo en Cañada de Gómez y se pronunció a favor de Pais. “Nos ha emocionado mucho el apoyo de la gente común, esta marcha ha ayudado para que se revea la causa. No hubo un mal accionar del policía, yo hubiera actuado igual”. Finalmente, luego de un acuerdo con fiscalía, mañana liberarán al suboficial Luis Alberto Pais. “Nos reunimos con los fiscales a cargo de la investigación y acordamos celebrar una audiencia a los efectos de lograr la libertad mi defendido”, sostuvo Nair Moreno, abogada del policía.