La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe aprobó el Programa de Capacitación en el marco de la Ley Yolanda, elaborado por el Centro de Capacitación Judicial y destinado a integrantes del Poder Judicial. La decisión fue adoptada mediante el Acta N.º 6, en reunión de acuerdo de ministros.

El programa se enmarca en lo dispuesto por la Ley Nacional N.º 27.592, conocida como “Ley Yolanda”, cuyo objetivo es garantizar la formación integral en materia ambiental, con perspectiva de desarrollo sostenible y especial énfasis en el cambio climático, para todas las personas que se desempeñan en la función pública.

Asimismo, la Provincia de Santa Fe adhirió a dicha normativa mediante la Ley Provincial N.º 14.178, designando como autoridad de aplicación al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.

Capacitaciones en ley Yolanda en dependencias de la Provincia y gobiernos locales. Archivo El Litoral

En su artículo primero, la norma establece como objeto "garantizar la formación integral en perspectiva de desarrollo sostenible, apoyada en valores sustentables y ambientales para las personas que se desempeñen en la función pública".

En este marco, define lineamientos generales que marcan el contenido mínimo de la currícula a dictar, abordando temas como cambio climático, protección de la biodiversidad, energías renovables, economía circular, desarrollo sostenible y la normativa ambiental vigente.

Además, dispone que tanto la comunidad científica como organizaciones de la sociedad civil participarán en el armado de la currícula y podrán plantear más temas a ser abordados en las instancias de capacitación para funcionarios.

También establece que la capacitación es obligatoria y prevé una sanción disciplinaria a quienes no den cumplimiento a lo establecido. En este sentido, la autoridad de aplicación deberá difundir en su página web el grado de cumplimiento de las respectivas disposiciones.

En ese contexto, el Centro de Capacitación Judicial elaboró un programa específico para el Poder Judicial, contando con la participación de profesores y expositores especializados en la temática ambiental.

Conforme lo establece la normativa vigente, se dió intervención a la autoridad de aplicación, y la Secretaría correspondiente del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático otorgó la aprobación formal de los contenidos propuestos, a los fines de cumplimentar la capacitación obligatoria prevista por la ley.

Yolanda Ortiz, la pionera que inspiró la norma. Archivo El Litoral

A partir de ello, la Corte consideró pertinente aprobar el programa y disponer su implementación, destacando la importancia de su materialización para todos los integrantes del Poder Judicial. Y resolvió promover la participación progresiva de magistrados/as, funcionarios/as, y personal judicial como instancia de formación y sensibilización obligatoria.

La capacitación se llevará a cabo bajo la coordinación del CCJ, en las oportunidades y con la modalidad que en cada caso se considere oportuno, integrándose el programa aprobado como parte del acta correspondiente.

Yolanda Ortiz fue, en 1973, la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina y la primera mujer en ejercer ese cargo en América Latina.

Más sobre la bio: https://www.argentina.gob.ar/ambiente/accion/ley-yolanda/quien-fue-yolanda-ortiz

LEY NACIONAL: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27592-345172/texto

LEY PROVINCIAL: https://www.santafe.gob.ar/boletinoficial/ver.php?seccion=2022/2022-11-07ley14178-2022.html

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, encabezó el tradicional acto de apertura del año judicial remarcando la “austeridad, eficiencia y eficacia” con que se manejan los tribunales santafesinos, por efecto de la gestión planificada y la valía de sus integrantes, y aún contando con menos presupuesto y personal que las demás provincias.

Con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro, y ante una amplia concurrencia de autoridades y representantes de la sociedad civil, el magistrado defendió firmemente la independencia de poderes, en un marco de colaboración, y con especial énfasis de la tarea judicial como garante de la Constitución y factor “contra mayoritario” en el diseño gubernamental.

“No es buena la judicialización excesiva ni tampoco es bueno que los jueces, sin renunciar a nuestra función de poner límites, vayamos más allá”, advirtió Gutiérrez.

En su discurso, Gutiérrez evitó cualquier confrontación directa, y no hizo referencia ni al proceso de renovación de la Corte impulsado por el gobierno (ni a su anunciada renuncia para este año), y sólo lateralmente a los efectos de la reforma constitucional.

En el inicio de su alocución hizo una expresa referencia al 8 de Marzo, “que nos convoca año tras año a luchar por una mayor igualdad de oportunidades para todas las infancias, mujeres y diversidades.

Tras aludir a las capacitaciones desarrolladas por la Corte en la materia, incluyendo el enfoque judicial con perspectiva de género, informó acerca de la creación de la Oficina de la Mujer, por acordada del pasado 10 de marzo.

Luego de ello, y como contexto general, inscribió sus palabras en un momento en que, por efecto de las nuevas tecnologías y la hiperconexión, el mundo “se ve inmerso en diatribas y tensiones que conmueven los cimientos de certezas sobre las cuales las propias comunidades asentaban sus creencias.

“Los temas de importancia que eran objeto de debate en la sociedad, hoy pasaron a ser rehenes de algoritmos, donde usuarios ignotos y operadores contratados, reducen su consideración a triviales y vacuas frases de impacto, en la búsqueda de lograr mayor exposición y visualización a través del mundo virtual”, añadió.

Y, sobre esa base, estableció que “toda lógica argumentativa, y el enriquecimiento que aporta el análisis contrafáctico de una idea, se sintetiza en un compendio de caracteres desinteresado de cualquier verdad, y orientado a la tan ansiada viralización”.

Un ecosistema que produce “nuevos escenarios y conflictos que, de manera directa o indirecta, erosionan la credibilidad y utilidad de las instituciones” y exigen reivindicar los roles asignados. “Los grandes temas que hoy convocan nuestros esfuerzos y que afectan a la sociedad, nunca encontrarán una resolución que los comprenda si partimos de la base de confrontaciones y disputas”, resumió.

En ese punto, resaltó “la gran función que tiene que tener este Poder del Estado, mantener aquellas normas del funcionamiento social que no son otras que las que están en la Constitución; que en nuestro caso ha sido recientemente reformada, y en cuya materialización seguramente los convencionales han estado animados por los mejores deseos encaminados a fortalecer los referidos principios”.

Y aclaró que “no es una función partidaria. Porque todos los ciudadanos de esta provincia esperan que los jueces protejan sus derechos, y mantengan ese respeto que debe haber por cada uno de ellos, con independencia de cuáles son sus ideas, con independencia del partido al cual pertenecen, con independencia de si viven en la Capital o en el interior, o de la posición social que ocupen”.

“La arquitectura de nuestra Constitución Nacional no concibe la libertad sin un Poder Judicial que actúe como el último baluarte contra la arbitrariedad", dijo.

"La estabilidad de los magistrados y la independencia de los poderes políticos no son privilegios de casta, sino la armadura que protege la imparcialidad del juez: esa equidistancia sagrada que permite fallar sin temor a represalias ni esperanza de favores”, añadió.

Y dejó en claro que “sólo a través de una verdadera autonomía financiera y funcional, el Poder Judicial puede erigirse en un tercero desinteresado, capaz de transformar la letra fría de la ley en una justicia viva. En definitiva, un juez que no es independiente es un juez que no puede ser imparcial, y sin imparcialidad, el Estado de Derecho no es más que una promesa incumplida”.

Con base en el concepto de la división de poderes, aclaró que “ello no obsta a una adecuada relación de coordinación y colaboración en el sistema de tripartición de funciones que establece la Constitución.

"Pero no puede por otro lado debilitar, el riguroso resguardo que debe flanquear una indebida intromisión en potestades ajenas, en tanto se pondría en riesgo el delicado esquema de frenos y contrapesos que hacen de nuestra nación una república”, precisó

“En el estatuto constitucional del poder, nosotros observamos que hay un principio básico que es el gobierno de las mayorías, y las mayorías eligen a sus representantes. Y son esos representantes en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo los que tienen que cumplir con ese mandato que le otorgan las mayorías”, explicó.

Y, a propósito de ello, marcó que “los jueces tienen otra función, son un poder contra mayoritario que debe poner límites a las decisiones de esas mayorías cuando contradicen a la Constitución, cuando afectan los derechos individuales”.

“No es buena la judicialización excesiva ni tampoco es bueno que los jueces, sin renunciar a nuestra función de poner límites, vayamos más allá”, advirtió. Lo que tiene correlato en “el diálogo, el debate, la participación de todos en las decisiones”.

A partir de ese punto, Gutiérrez estructuró su discurso tomando como pilares los conceptos de “austeridad, eficiencia y eficacia”, en lo que podría interpretarse como una velada respuesta a las críticas del gobernador Pullaro, cuando habla de un Poder Judicial “caro e ineficiente”.

Al respecto, el presidente de la Corte puso de resalto que “en los últimos diez años el porcentaje de incidencia de este Poder Judicial en el presupuesto de la Provincia de Santa Fe ha sido del 3,33% promedio; habiendo pasado a ser del 2.7% este año, en tanto la reforma constitucional separó al Ministerio Público de la Acusación y al Ministerio Público de la Defensa de este Poder Judicial”.

Entre la nutrida concurrencia de autoridades políticas, judiciales, académicas y de la sociedad civil, dos ex gobernadores mencionados en el discurso: Antonio Bonfatti y Omar Perotti. También las titulares del MPA y la Defensa, María Cecilia Vranicich y Estrella Moreno Robinson. Y un ex ministro de la Corte, Rodolfo Vigo.

“En este camino, podemos señalar que de las 23 provincias que conforman la República Argentina, nuestro Poder Judicial ocupa el número 20 en el orden de asignación de recursos”, acotó.

Tomando otro parámetro, marcó que Santa Fe “es la provincia con menos agentes por cantidad de habitantes en toda la república Argentina” y que la planta del Poder Judicial, de 3409 personas, no se ha modificado en los últimos cinco años, pese al incremento tanto de la población y como de la litigiosidad.

“Por último, y para no abrumar con más datos, cierro esta descripción precisando que anualmente ingresan y son atendidas en esta Casa de Justicia más de 243 mil causas, de las cuales 224 mil corresponden al derecho privado y 18 mil al derecho penal.

Produciéndose como resultado de ello, más de 216 mil Autos y sentencias anualmente en todo el territorio provincial”, apuntó.

Como explicación de esta “eficiencia y eficacia” con recursos menores a los solicitados anualmente, puso de relieve el proceso de modernización iniciado 20 años atrás, que pasó de informatización integral a la digitalización de expedientes, la despapelización y finalmente la incorporación de la Inteligencia Artificial.

“En números concretos, desde la implementación del proceso digital, allá por el año 2020, y hasta a la actualidad, ingresaron más de 650 mil demandas y 15 millones de escritos en dicho formato; los cuales fueron remitidos por profesionales del derecho desde diferentes partes del mundo donde cuentan con conexión a internet”, recordó. Y añadió allí la incorporación de la firma digital.

Gutiérrez también aludió a la modificación de procesos (muchos luego recogidos en reformas legislativas) y la reestructuración de unidades jurisdiccionales, sin incremento de costos ni de personal.

Rescató la puesta en marcha del juicio por jurados, que ya se materializó en cinco oportunidades (uno en San Cristóbal, uno en Reconquista, tres en la ciudad de Santa Fe), con la intervención de más de 140 ciudadanos, de los cuales 56 terminaron siendo efectivamente jurados.

“Para que ello fuera posible, nos encargamos de brindar la asistencia necesaria en pos de que cada uno de los jurados no deba preocuparse más que por cumplir su función”, indicó. Y agregó que, según una encuesta desarrollada posteriormente entre los jurados, esta práctica mejoró su percepción sobre el funcionamiento de la Justicia.

En materia de colaboración entre poderes, repasó el Plan Estratégico diseñado en 2006 en la gobernación de Jorge Obeid, el programa para la Reforma de la Justicia implementado en la gestión de Hermes Binner, el Plan de Infraestructura impulsado por Miguel Lifschitz y el plan “Santa Fe Más Justicia” en el mandato de Omar Perotti.

Gutiérrez dedicó una mención especial al Edificio Anexo de Tribunales, “uno de los desarrollos de infraestructura edilicia más importantes de las últimas décadas para este Poder Judicial”, que “vendrá a resolver definitivamente la crisis edilicia de esta sede, permitiendo la concentración del 90% de los tribunales, y dependencias en un punto concreto”, y que ubicó en “abril o mayo próximo”.

En similar política de gobierno, enmarcó que la próxima inauguración de un moderno eificio en la ciudad de Casilda.

A modo de recapitulación, cifró todo esto en los preceptos de austeridad, eficiencia y eficacia, pero con el concurso insoslayable de “la calidad de nuestros Magistrados, Funcionarios y Agentes. La calidad, capacidad y compromiso que todos demuestran de manera cabal día a día en el desarrollo de sus labores.

“Valores que se vieron reflejados a lo largo de todo el año pasado, donde se vivió un período histórico de 101 vacantes en la Magistratura (casi un 27% del total de jueces en funciones).

En esa ocasión, todos y cada uno de los titulares de sus respectivas unidades jurisdiccionales, no pusieron reparo alguno en hacerse cargo de uno, dos y hasta tres juzgados vacantes, incluso debiendo recorrer largas distancias entre diferentes distritos”, hizo notar.

“Si bien es cierto que a la fecha esta situación ha sido parcialmente atendida, no cabe soslayar que seguimos contando con 66 vacantes definitivas de Magistrados en toda la provincia", dijo.

"Por consiguiente, poder contar a la brevedad con la cobertura de esos cargos, implicará una mejora tangible en la eficiencia del servicio de justicia”, concluyó.

Con el mismo nivel de compromiso, destacó la tarea desarrollada desde el Centro de Capacitación Judicial, que permitió llevar adelante más de 70 actividades (entre cursos anuales, jornadas, talleres y seminarios), diseminadas en todo el territorio de la Provincia, por donde pasaron más de 3.700 personas (entre integrantes del Poder Judicial y profesionales externos).

De la misma manera, destacó el funcionamiento del sistema de mediación judicial gratuito. El cual desde sus inicios, en 1999, y hasta la actualidad ya lleva más de 88.000 mediaciones, con un índice de conciliación de más del 84% en todo el ejido provincial.

Bajo la premisa de “reconocer la realidad para transformarla, sin perder de vista los cimientos que nos sostienen”, Gutiérrez consignó que “mis colegas y quien les habla seguiremos ejerciendo el rol de guardianes de la Constitución con la seriedad que el momento histórico exige.

“Pero la justicia no es una tarea solitaria de este Poder. Por eso, invito a todos los sectores de la sociedad a renovar el valor del diálogo y el respeto por las instituciones. En tiempos de incertidumbre y de verdades fragmentadas por algoritmos, el Poder Judicial debe ser el faro de la certeza”, remató.

Desde el 15 de diciembre de 2025, se encuentra disponible en la provincia de Santa Fe una nueva modalidad para gestionar la solicitud, pago y recepción del Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (CRDAM) de forma remota y 100% a distancia.

Esta iniciativa permite a los ciudadanos gestionar y recibir el certificado sin necesidad de acudir presencialmente a las sedes judiciales de los distintos registros.

Tal es así, que desde su implementación se tramitaron bajo esta nueva modalidad más de 2500 certificados. Una herramienta que agiliza la gestión reduce tiempos de espera y acerca el servicio judicial a toda la ciudadanía.

Con más de 1400 certificados emitidos solo en enero, el sistema digital se posiciona como una alternativa rápida, segura y accesible, permitiendo realizar la solicitud, el pago y la recepción del documento sin traslados ni gestiones presenciales.

El proceso se realiza a través del sitio web institucional del Poder Judicial, donde los usuarios deben completar un formulario en línea y efectuar el pago del arancel correspondiente mediante el “Botón de Pago” del Banco Santa Fe (BSF).

La solicitud también puede hacerse de manera presencial, en las distintas sedes tribunalicias. Foto: Archivo El Litoral

Una vez finalizado el trámite, el certificado es enviado digitalmente a la casilla de correo electrónico indicada por el solicitante cuando completó el formulario de solicitud.

Esta funcionalidad busca agilizar y modernizar la interacción entre la ciudadanía y el Poder Judicial, garantizando la seguridad y la integridad del documento, que será firmado digitalmente por un funcionario del área.

Además, juntamente con la modalidad digital coexistirá el sistema presencial, ofreciendo así mayor accesibilidad y comodidad para quienes necesiten obtenerlo.

El trámite se realiza íntegramente a través del sitio web institucional www.justiciasantafe.gov.ar

Pasos para la solicitud digital:

• Accedé al sitio web oficial del Poder Judicial de Santa Fe.

• Ingresá a la sección “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.

• Cargá tu dirección de correo electrónico. El sistema te enviará un código TOKEN que deberás ingresar en el campo habilitado para poder continuar el trámite.

• Completa el formulario online con los datos requeridos del solicitante y de la persona sobre la que se solicita el certificado. Es importante incluir información personal como nombre, DNI, CUIL/CUIT, estado civil, y otros datos identificatorios.

• Indica el organismo donde se presentará el certificado emitido (puede ser un organismo público, privado o particular).

• Pagá el trámite de forma rápida y segura con un clic mediante “Plusplagos”.

• Una vez finalizado el trámite, el certificado será enviado digitalmente a la casilla de correo electrónico indicada por el solicitante. El documento estará firmado digitalmente por el funcionario responsable, garantizando su validez y seguridad.

La implementación de esta modalidad es fruto del trabajo conjunto entre la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe y el Banco de Santa Fe S.A. Este desarrollo surgió como un producto moderno, ágil y dinámico que permite a cualquier usuario obtener, de manera 100% a distancia y sin necesidad de concurrir a las sedes físicas del Registro, el Certificado de Deudor Alimentario Moroso (CDAM).

Para alcanzar este objetivo, se delinearon pautas de trabajo específicas que garantizan tanto la integridad del documento —el cual es firmado digitalmente por un funcionario responsable de la Oficina— como la seguridad en el cobro del trámite.

Este último aspecto se materializa a través de una pasarela de pagos electrónica, conocida como “Botón de Pago”, ofrecida y desarrollada en el ámbito del Banco de Santa Fe.

Esta funcionalidad representa un avance significativo en la modernización de los servicios judiciales, facilitando el acceso, agilizando los trámites y brindando mayor transparencia y seguridad a la ciudadanía.

El sistema digital y presencial conviven, permitiendo a los ciudadanos elegir la opción más conveniente según sus necesidades.

La Corte Suprema de Justicia de la Provincia puso en funcionamiento el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM), de acuerdo con lo establecido en la Ley Provincial Nro. 11.945 y en el Decreto del Poder Ejecutivo Nro. 1005 de fecha 27.04.06.

La medida se inscribe en el proceso de modernización y agilización de los trámites judiciales.

Para solicitarlo en forma presencial, el RDAM funciona en las sedes judiciales de las ciudades de Santa Fe y Rosario, en dependencias del Registro de Procesos Universales (RPU).

En Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto, lo hace en la Secretaría de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral.

En las demás sedes judiciales, los certificados se gestionan a través de los juzgados Civiles y Comerciales; o de Circuito, donde aquellos no existieran.

Para más información y acceso al trámite digital, visitá: https://www.justiciasantafe.gov.ar/index.php/poder-judicial/institucional/registro-de-deudores-alimentarios-morosos/

Con el inicio del mes de octubre, los juzgados de Circuito de los tribunales de las ciudades Santa Fe y de Rosario se transformaron en juzgados de Distrito, siguiendo los lineamientos dispuestos por la Ley N° 14.264 sancionada, a instancias del Poder Ejecutivo, en mayo del año pasado. Fue la llamada reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a artículos del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia.

La mencionada norma tiene un alcance muy amplio, ya que introduce una reforma estructural en el Poder Judicial al modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley N° 10160) y el Código Procesal Civil y Comercial (Ley N° 5531). Los alcances principales se centran en la reorganización de los tribunales y la modificación de distintos aspectos procesales.

"Es la puesta en marcha de la tercera etapa de la implementación de la norma" señaló a El Litoral, el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni. Esa ley tiene 53 artículos y prevé la progresiva entrada en vigencia de las nuevas disposiciones.

Secretario de Justicia de la provincia, Santiago Mascheroni Créditos: Flavio Raina

La Corte Suprema de Justicia informó de la transformación de los juzgados de Circuito en Distrito así como de que las nuevas causas de índole sucesoria ingresarán a un juzgado con competencia exclusiva en la materia. En tanto, las Oficinas de Procesos Sucesorios quedaron asignadas a un juzgado de distrito único. Las modificaciones fueron dispuestas en la menciona norma jurídica.

Mascheroni recordó que la Ley N° 14.264 tuvo como eje tres reformas estructurales que implicaron tres pasos o tres etapas. La primera fue convertir los tribunales Colegiados de Familia y Responsabilidad Extracontractual en unipersonales, puesto ya en práctica y que incluso en la última Asamblea Legislativa se votaron tres pliegos para que subrogantes ocupen otros tantos juzgados vacantes.

La segunda etapa fue la transformación de las Cámaras de Apelación de Circuito de las dos principales ciudades en Cámaras de Apelación Civil y Comercial. La tercera es el actual paso de Circuito a Distrito que se completará de acá a diciembre en el resto de la provincia.

En el comunicado difundido ayer, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe hizo saber que, desde el miércoles 1 de octubre, los juzgados de Primera Instancia de Circuito de los Distritos Judiciales n.° 1 y 2 (Santa Fe y Rosario) comienzan a funcionar como juzgados de Primera Instancia de Distrito de conformidad a lo dispuesto por la Ley 14.264.

Se precisó que de esta forma, en el Distrito Judicial n.° 1 – Santa Fe- los juzgados de Primera Instancia de Circuito n.° 1, 2, y 3 pasan a ser Juzgados de Distrito en lo Civil y Comercial n.°12, 13 y 14.

En el Distrito Judicial n.° 2 – Rosario- los Juzgados de Primera Instancia de Circuito 1, 2, 3 y 5, pasan a denominarse juzgados de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial n.°19, 20, 21 y 22.

La de los tribunales en la capital santafesina. Foto: Flavio Raina.

Asimismo, la Corte Suprema informó que en miras a reforzar estructuras y con el fin de optimizar los actuales procesos de gestión judicial, desde esta semana, las Oficinas de Procesos Sucesorios de Santa Fe y Rosario comenzaron a funcionar asignadas a un solo juzgado Civil y Comercial de cada distrito.

Estos Juzgados de Distrito – tanto en Santa Fe como en Rosario- atenderán todas las causas referentes a "Juicios Sucesorios" que ingresen por las Mesas de Entradas Únicas (MEU) de estos distritos.

Se precisó que serán asignadas esas funciones en Santa Fe, al Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial n.° 13.

En el Poder Ejecutivo se señaló que la Ley 14.264 busca una readecuación y modernización del sistema judicial civil, comercial y de familia en Santa Fe, con un impacto significativo en la competencia, la organización de los jueces y la tramitación de los recursos judiciales.

Por Mario Cáffaro

En toda la última semana, el Poder Ejecutivo publicó los decretos que venía reclamando el Poder Judicial acerca de nombramientos, ingresos y ascensos de personal. Estos decretos más los 85 pliegos remitidos a Legislatura -la mayoría de ellos para jueces- marca un clima de distensión entre los dos poderes.

El sábado pasado, horas antes de enviar los pliegos y empezar a firmar los nombramientos, el gobernador informó en su cuenta de Instagram que recibió al presidente de la Corte, Roberto Falistocco, en la delegación del gobierno en Rosario.

Los pliegos de jueces, fiscales y defensores se considerarán en Asamblea Legislativa el 25 de septiembre.

En cuanto a los decretos de esta semana refieren a personal que ya está en funciones. “Que se deja constancia que el personal cuya designación se efectúa en carácter de titular, ha sido propuesto por la Secretaría de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia en base al Concurso oportunamente realizado” dicen todos los decretos.

Un tercer párrafo agrega “que la Dirección General de Administración del Poder Judicial informa que los cargos a cubrir se encuentran vacantes y constata la existencia de partidas presupuestarias disponibles para atender el gasto requerido”.

Hay decretos de designaciones individuales y colectivos. En total, son 155 los agentes que tenían frenado el expediente tal cual lo marcó una acordada firmada el pasado 5 de agosto por todos los ministros de la Corte santafesina. Uno de los principales de esos decretos, el 1991, abarca 75 designaciones para las circunscripciones 2 y 3 con cabecera en Rosario y Venado Tuerto.

En el acuerdo de agosto, la Corte hablaba de “relentización” del trámite que había motivado cortocircuitos el año pasado y que fueron analizados ese domingo 8 de septiembre cuando el gobernador Pullaro recibió -muy temprano- a todo el máximo tribunal.

En agosto, la Corte exhortó al Poder Ejecutivo -por conducto del ministerio de Justicia y Seguridad- "para que disponga del modo más urgente posible, la materialización de los procedimientos orientados al dictado de los decretos que permitan dar continuidad a los expedientes oportunamente remitidos por este Poder Judicial".

En los considerandos, el tribunal supremo advierte que "se constata nuevamente una relentización en el dictado de los correspondientes decretos que debe dictar el Poder Ejecutivo para poder dar continuidad y así llegar a la conclusión de los trámites administrativos referenciados".

Y agregaba: "Convirtiéndose así en una situación análoga a la acontecida durante el año 2024 y que fuera puesta en conocimiento del ministerio de Justicia y Seguridad".

Aclaraba la Corte que, a agosto, "implica la existencia de más de 155 expedientes que se encuentran en dicha situación de demora, que en algunos casos se remonta a más de diez meses, los que de una manera u otra afectan derechos en la carrera administrativa dentro de este Poder Judicial".

El gobernador Maximiliano Pullaro expresó su satisfacción por los avances producidos en la Convención Constituyente, en tanto "estamos llevando adelante las reformas que habíamos dicho que íbamos a hacer, construyendo todos juntos los cambios institucionales que necesitaba la provincia, y con un amplio nivel de consenso".

"Porque diría que la inmensa mayoría del articulado está saliendo con más de los dos tercios de los votos de los convencionales constituyentes", sostuvo el mandatario provincial.

Las declaraciones fueron formuladas en el marco de la inauguración de la Feria de Proyectos educativos, y luego de la intensa sesión del plenario de este miércoles (que se extendió hasta las 2 del jueves para votar los cambios en el Poder Judicial).

En la oportunidad, el gobernador mostró entusiasmo por el hecho de que "estamos mostrando a toda la República Argentina que en Santa Fe hay diálogo, que en Santa Fe hay respeto y que Santa Fe va a tener una institucionalidad muy pero muy moderna, y vamos a tener la mejor Constitución de todo nuestro país".

- ¿Qué Justicia va a quedarle a la provincia de Santa Fe? Porque hubo muchos cuestionamientos acerca de que quizás el Ejecutivo iba a tener mucha injerencia sobre el MPA, por ejemplo.

- Bueno, pero eso quedó saldado en la sesión, y se notó claramente en el debate que, al haber escuchado a todos, hemos logrado tener una Justicia renovada, transparente y que indudablemente va a ser mucho más eficiente; que es lo que estamos buscando con instituciones nuevas, que funcionen y fundamentalmente que miren a los próximos 20 o 30 años.

Yo estoy muy contento por lo que hemos logrado y estoy muy contento con la Constitución que vamos a tener, a través de un diálogo muy profundo con la oposición. Siempre cada uno de los sectores pretendemos un poco más, porque tenemos una mirada particular.

Y obviamente, más que críticas son posicionamientos político-institucionales. Para poder lograr una Constitución con el consenso que estamos logrando, todos tenemos que ceder un poco. Y eso es Santa Fe también.

Aquí no hubo una mayoría que se llevó puestas a las minorías, sino que escuchó, cambió cosas y cedió, más allá de haber construido una mayoría. Pero que logró una Constitución que tiene el respaldo al menos de las dos terceras partes de todos los convencionales constituyentes.

Pullaro votando cambios en el capítulo Poder Judicial de la Carta Magna.

- En la Constitución se fija el tope de edad para los jueces a los 75 años. ¿Va a seguir el proceso de renovación de la Corte Suprema, en cuanto a los magistrados que superan esa edad?.

- Lo dejamos plasmado en la Constitución, quedó muy claro. Vamos a trabajar con mucho diálogo para que eso se pueda dar en la provincia de Santa Fe. Estamos en un momento importante, diría de unidad en la provincia, en donde el diálogo institucional es muy importante.

En momentos en que vemos que en la República Argentina la agresión, el agravio, el insulto son moneda corriente, aquí estamos demostrando que todos juntos estamos haciendo una Constitución diferente, con mucho respeto. Y eso es lo que muestra la santafesinidad.

Así estamos muy entusiasmados con lo que va a suceder este viernes, en que se van a aprobar todo el bloque de derechos y garantías, y después el día martes, en que vamos a dar sanción definitiva a la nueva Constitución, en función de las correcciones que pueda hacer de todo el plexo normativo la Comisión Redactora.

- ¿Y qué lectura hace de lo que está pasando en Buenos Aires cuando le toca al presidente Milei salir a hacer campaña?

- Bueno, indudablemente el gobierno nacional tiene muchas cosas que corregir. Ha hecho cosas bien, ha corregido los niveles de inflación que nos impactaban a todos y en eso hemos acompañado.

Necesitamos de manera urgente corregir la tasa de interés y bajar el riesgo país para que puedan venir inversiones. Para eso indudablemente se necesita diálogo, escuchar a los otros. No es que uno se puede llevar puestas a las instituciones o a la dirigencia política en su conjunto.

Tiene que escuchar y desde el diálogo profundo de las instituciones democráticas, particularmente en este caso del Parlamento, tiene que surgir un acuerdo político que también sea un acuerdo productivo que nos permita salir adelante.

El gobernador en el recinto, la noche del miércoles 3 de septiembre.

En las reacciones durante los actos de campaña hay mucho de política, y muchas cosas que no deberían pasar; a la violencia no la tenemos que tener nunca más en la República Argentina y los violentos tienen que ser condenados, llevados a la Justicia y que paguen por lo que hacen.

Indudablemente hay que bajar los decibeles y los agravios y eso a nosotros nos tiene que permitir construir una Argentina distinta. Pero para eso tenemos que entender que no tenemos la verdad absoluta. Miren, si nosotros hubiésemos entendido eso, con la mayoría que construimos en la Constituyente, hubiésemos hecho la Constitución que nosotros estábamos proponiendo.

Sin embargo, cedimos en un montón de puntos y hoy estamos construyendo una Constitución para la inmensa mayoría de los santafesinos. Creo que eso es lo que tenemos que empezar a hacer también en la República Argentina.

Por Dr. Eduardo Orio

"El que hace al juez hace a la justicia". Juan Bautista Alberdi>

La potestad de administrar justicia es un atributo de la soberanía del Estado y, residiendo ésta en el pueblo, toda autoridad que ejerce funciones judiciales en su territorio lo hace en nombre y representación de ese pueblo que reconoce como soberano. Y, como sostenía Alexander Hamilton hace más de doscientos años, ninguna de las ramas del gobierno es más idónea que el Poder Judicial para mantener la confianza del pueblo en la bondad de sus instituciones.

Para el logro de tal propósito es imprescindible que los jueces sean independientes y que la comunidad perciba claramente que actúan de esa manera. Y un juez debe serlo porque se lo concibe subordinado únicamente al ordenamiento jurídico, ya que solo una dependencia de índole tan general, sin vinculaciones sectoriales, es capaz de permitirle el ejercicio de su función tutelar en un Estado de Derecho.

La autonomía de la rama judicial del gobierno -y, sobre todo, la independencia de juicio de los jueces- no se obtiene únicamente mediante una previsión nominal contenida en la Constitución: las disposiciones escritas, pese a ser necesarias, no son suficientes para garantizar una independencia efectiva en el ejercicio de sus funciones.

Decía James Madison, en este aspecto, que la magistratura no puede confiar sólo en barreras delineadas en el papel, ni esperar que meras declaraciones detengan los previsibles intentos de los poderosos. Para evitar tales influencias indebidas, es menester instrumentar garantías constitucionales y, por ello, es que se dota al estatuto del juez de un conjunto de inmunidades, por ejemplo, la estabilidad en el cargo, la intangibilidad de la compensación que percibe por el cumplimiento de su funciones y la inamovilidad de grado y sede.

Los atributos que hacen viable esa independencia judicial no tienen como sentido el de otorgar a los magistrados una mera prerrogativa personal, sino el de permitir su ejercicio imparcial de la jurisdicción en beneficio de los litigantes. Tales atributos les son concedidos, pues, como una garantía general para la vida, la propiedad y la libertad de los ciudadanos.

Modernamente, tales garantías se han visto complementadas por la creación de instituciones que tienen, simultáneamente; la atribución de seleccionar a los candidatos a jueces mediante concursos públicos de antecedentes y oposición, la de capacitarlos en forma continua para el ejercicio de su función, mediante la Escuela Judicial; la de impulsar la aplicación de sanciones disciplinarias en su contra, cuando incurren en las causales previstas por la Constitución, las leyes y reglamentos y la de administrar los fondos que la ley le asigna al Poder Judicial.

En nuestro país, esa institución es el Consejo de la Magistratura que es un órgano de gobierno permanente del Poder Judicial de la Nación. En el derecho constitucional provincial varias provincias han incorporado en su constitución el consejo de la Magistratura con distintas modalidades.

En virtud de la reforma constitucional que se esta poryectando los constituyentes deberían tener presente algunas de las reflexiones que se mencionan en el presente. El Poder Judicial, como todas las organizaciones de principios del siglo XXI, es una estructura muy compleja y en constante transformación, producto de la dinámica propia del mundo contemporáneo. El continuo avance del conocimiento, la ciencia y la tecnología, la influencia del proceso de globalización en todos los campos y la creciente variedad de requerimientos de la sociedad actual imponen como consecuencia su continua adaptación para adecuarse a nuevas condiciones y realidades.

Es necesario, entonces, que los tribunales se constituyan en un ámbito independiente, sensible y de fácil acceso para una rápida y justa resolución de los conflictos que se suscitan, para que administren con eficiencia los recursos públicos puestos a su disposición, y para que gocen de la confianza de la comunidad en la imparcialidad de sus decisiones.

Una gestión judicial de calidad exige una idoneidad integral de sus operadores. Por ello, al procedimiento de acceso a la magistratura basado en una rigurosa selección de los candidatos, se suman las actividades de la Escuela Judicial, que no se agotan en el perfeccionamiento y la actualización de los estudios jurídicos de grado que imponen los permanentes cambios legales, socioeconómicos y culturales, sino que se extienden también a la capacitación teórico-práctica en habilidades de otra naturaleza que resultan indispensables para el logro de aquellos propósitos.

Esta supone, entre otros objetivos, formar a sus alumnos para que se encuentren en condiciones de asumir posiciones de liderazgo, profundizando su comprensión de la estructura y fines de la organización judicial y de la especial responsabilidad ética inherente a la función, y difundiendo técnicas innovadoras que posibiliten un constante mejoramiento en su desempeño y los conceptos básicos que permiten optimizar sus relaciones con los profesionales del Derecho y de las otras disciplinas con los que se vinculan para el cumplimiento de su misión.

Comprende, finalmente, la necesidad de dotarlos de los conocimientos que posibilitan un adecuado desenvolvimiento en su comunicación con los medios de prensa y el público en general. La independencia judicial es, pues, un instrumento para obtener la imparcialidad -y la imagen de imparcialidad- de los jueces, porque la entidad de los bienes, valores, principios y sentimientos involucrados, y la inevitable existencia de alguien a quien se le da la razón y de alguien a quien se le quita, siempre alimenta una base de insatisfacción.

Como dice Ricardo Guibourg, no existe ningún método generalmente aceptado para decidir que lo que es justo en opinión de unos es más justo que lo que es justo en opinión de otros. Por ello, ser justo no supone para un magistrado una absoluta neutralidad, ni una perfecta objetividad, sino formar parte de un mismo grupo social con aquéllos a los que juzga, sin haber tomado partido previo por ninguno de ellos: las normas y los científicos pueden ser neutrales, como decía Carlo Guarnieri, los jueces son imparciales.

La independencia se refiere a lo que debe ser la posición jurídica del juez, la imparcialidad es el modo que tiene de ser independiente. Los magistrados seleccionados y designados por sus méritos objetivos y capacitados continuamente para el desempeño de su función se encuentran, sin duda, en mejores condiciones para asumir la posición de independencia en sus decisiones que requiere la sociedad.

Para tales fines es necesario contar con un Consejo de la Magistratura despolitizado y descorporatizado, que tenga una integración y composición equilibrada que permita tomar decisiones que garanticen la independencia de los jueces y una eficaz prestación de los servicios de justicia. Esta es la necesidad e importancia del Consejo de la Magistratura, ..."porque cuando la política entra en los Tribunales, la Justicia sale por la ventana".

(*) Ex miembro del Consejo de la Magistratura.

El último dictamen de la última comisión se hizo desear. Siempre se supo que resolver las diferencias internas en el oficialismo sobre la visión de sus partidos políticos respecto de cómo debe ser la justicia no sería una tarea sencilla y así quedó en claro este jueves 21, que sumó tres cuartos intermedios, a lo largo de la jornada de labor de la Comisión de Poder Judicial y otros órganos constitucionales.

El consenso interno de Unidos se alcanzó pasadas las 19.30, con un solo texto de dictamen por la mayoría que contó también con el apoyo del bloque Frente de la Esperanza (Fe). Las demás fuerzas políticas optaron por producir sus propios dictámenes y en el caso de Avancemos y de Más para Santa Fe, del peronismo, quedó claro que se estudiará en las sesiones plenarias qué actitud tomar frente al despacho.

Las autoridades de la Comisión de Poder Judicial y otros órganos constitucionales. Fotos: Prensa Convención Reformadora

A primera hora, como en cada una de las oportunidades en que las comisiones dictaminaron, La Libertad Avanza llevó su propio texto. A lo largo de la Convención, hasta aquí no hubo ninguna firma de los convencionales libertarios en textos junto a las rúbricas del oficialismo. Es más, hasta para la declaración sobre Malvinas se encontraron las excusas para que no haya unanimidad. Lo hecho, apartarse sistemáticamente, parece una estrategia armada para alguna jugada posterior.

El convencional y diputado nacional por Santa Fe, Nicolás Mayoraz, ha dicho desde que se inició la reforma que hay, según su opinión, elementos para una impugnación judicial y esa posición se sostiene frente a la Ley 14.384 que con un amplio consenso habilitó la reforma.

Como presidente de la comisión, Enrico felicitó a cada uno de los integrantes por el respeto y el cuidado de las palabras para debatir. Admitió que las demoras de Unidos conspiraron con las chances para que los demás bloques puedan acompañar los dictámenes aunque confió en que la oportunidad estará abierta en el tratamiento que los 69 convencionales darán al esos despachos y sostuvo que el acuerdo será más amplio.

Ante cada uno de los cuartos intermedios que pospusieron el debate concreto sobre el texto de mayoría, los bloques del justicialismo optaron por una paciente espera, y siempre contaron con datos de sus pares respecto de las discusiones internas del oficialismo. También para la prensa esos “aspectos a limar” o “detalles aún sin resolver” fueron moneda corriente, pero contra esos pronósticos o versiones que hasta llegaron a indicar que habría incluso dos dictámenes de Unidos, cuando caía la noche se logró la unificación.

Los aspectos más difíciles de compatibilizar fueron los vinculados a la reforma penal por la que Santa Fe ha pasado, con la creación de instituciones que no habían sido previstas por la Constitución que hoy se reforma. Ahora quedarán plasmadas en la nueva edificación de la nueva Carta Magna.

“El Ministerio Público es un órgano independiente de los otros poderes del Estado, con autonomía funcional y autarquía financiera. Se compone por un Ministerio Público de la Acusación y un Ministerio Público de la Defensa, independientes entre sí, los cuales son dirigidos por un Fiscal General y un Defensor General, respectivamente. El Ministerio Público de la Acusación tiene a su cargo el diseño, la planificación y la ejecución de la política de persecución penal, coordinando sus decisiones con las demás autoridades de la Provincia y el ejercicio de la acción penal pública. Orienta su actuación al resguardo de los intereses de las víctimas. El Ministerio Público de la Defensa es una institución de protección y defensa de los derechos humanos que tiene por función garantizar el acceso a la justicia y la asistencia jurídica integral de quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad o no cuenten con la posibilidad de hacerlo por sus propios medios, en casos individuales y colectivos. La ley determinará la organización y el funcionamiento de cada órgano.”

“DESIGNACIÓN Y ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL Y FISCALES Y DEFENSORES DEL MINISTERIO PÚBLICO” “Los jueces, fiscales y defensores del Ministerio Público son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa, previa realización de un procedimiento de selección transparente, público y con participación ciudadana, orientado a garantizar la idoneidad técnica, ética y funcional y la acreditación de las competencias para el desempeño del cargo y su compromiso democrático. El Consejo Asesor de Selección de la Magistratura y del Ministerio Público es un cuerpo técnico ubicado en el Poder Ejecutivo y tiene por funciones la organización de las diferentes instancias del procedimiento de selección, la ponderación de los postulantes, la convocatoria a los jurados evaluadores considerando el cargo a cubrir, la confección de listas para ser utilizadas en la cobertura de las vacantes y la elevación de una propuesta al Poder Ejecutivo. Está integrado por un representante del Poder Judicial, del Ministerio Público de la Acusación o del Ministerio Público de la Defensa teniendo en cuenta el órgano de la vacante a cubrir; un diputado; un senador; un abogado matriculado en los Colegios de la Abogacía con asiento en la Provincia; y un académico perteneciente a Universidades Públicas con sede en la Provincia con especialización en materia afín al cargo concursado. El Poder Ejecutivo solicita al Consejo Asesor la elevación de una propuesta o la apertura del procedimiento de selección si no hubiere listas vigentes producida una vacante.” La ley regula la forma de selección de los distintos estamentos, el procedimiento de selección y el funcionamiento del Consejo Asesor.”

“Los jueces, los fiscales y los defensores del Ministerio Público son enjuiciables por la comisión de faltas graves por ante un Tribunal de Enjuiciamiento de la Magistratura y del Ministerio Público integrado por un magistrado, fiscal o defensor, según corresponda; dos senadores y dos diputados elegidos por la Asamblea Legislativa con representación plural y dos abogados matriculados en los Colegios de la Abogacía con asiento en la Provincia. Ninguno de sus integrantes percibe retribución por su tarea.”

“El procedimiento llevado adelante por ante el Tribunal de Enjuiciamiento es acusatorio, oral y público, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. La resolución recaída debe ser fundada. La acusación ante el Tribunal de Enjuiciamiento debe ser técnica. La ley dispone quien debe actuar como acusador”.

El plan de trabajo fijado en el reglamento de la Convención fijó al viernes 22 como última instancia para producir dictámenes que serán corregidos en el filtro final que esta semana tendrá que afinar la letra de los textos que tratará el plenario. Los trazos gruesos del nuevo texto constitucional ya están escritos.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció el presupuesto de gastos para el ejercicio 2026 del Poder Judicial de la Nación, fijándolo en $378.087.606.265.

Esta Acordada 26/2025, publicada este lunes 18 de agosto de 2025, detalla la asignación de recursos para gastos en personal, bienes de consumo, servicios no personales y bienes de uso, asegurando el funcionamiento eficiente del Poder Judicial.

Se prevé la creación de 4.732 cargos y se aprueba un plan de obras para la infraestructura judicial. Además, se solicita la incorporación de remanentes de ejercicios anteriores y aportes del Tesoro Nacional, enfatizando la necesidad de garantizar la autarquía financiera del Poder Judicial.

El documento cuenta con las firmas de Horacio Daniel Rosatti, presidente de la Corte Suprema; Carlos Fernando Rosenkrantz, ministro de la Corte Suprema; y Gerardo Gabriel Prataviera, secretario general de Administración de la Corte.

La acordada busca asegurar la administración efectiva de justicia y atender las necesidades básicas de la Corte, impactando directamente en la calidad del servicio judicial para los ciudadanos.

El monto total aprobado asciende a $378.087.606.265, distribuido en cuatro grandes ítems:

Gastos en personal: $309.185 millones (82% del total).

Bienes de consumo: $6.412 millones.

Servicios no personales: $24.860 millones.

Bienes de uso (equipamiento e infraestructura): $37.629 millones.

El presupuesto incluye también la cuantificación de 4.732 cargos, de los cuales 4.091 se financiarán con recursos propios de la Corte y 641 con aportes del Tesoro Nacional (DAJUDECO).

Además, se aprueba un Plan de Obras que contempla reacondicionamiento, restauración y ampliación de edificios judiciales, así como la continuidad del plan de preservación del Palacio de Justicia, declarado monumento histórico nacional por el Decreto 349/99.

La Corte justificó su decisión en la necesidad de “garantizar el accionar de la justicia” ante los techos presupuestarios impuestos por el Ejecutivo, los cuales calificó de “insuficientes para el nivel de necesidades mínimas”. 

Acordada 26/2025 by El Litoral

Nadie quiere un Consejo de la Magistratura "como el que existe a nivel nacional". Esa definición por la negativa es uno de los puntos de acuerdo que surgen del primer debate de la Comisión de Poder Judicial y otros Órganos Constitucionales de la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe, que sesionó desde las 9 hasta pasadas las 12 en el recinto de la Cámara de Senadores.

La experiencia que marca en buena parte la suerte del servicio de justicia a nivel nacional, surgió justamente de otra reforma. La de la Constitución Nacional, en 1994, celebrada en Santa Fe, que hoy es objeto de todo tipo de análisis sobre las causas por las que ese órgano no es el que se diseñó en el Paraninfo de la UNL.

Y respecto de por qué esa instancia pensada para mejorar la Justicia a nivel federal no ha dado los resultados esperados hay también un punto de coincidencia: la contaminación política de sus decisiones demasiado atadas a las coyunturas partidarias circunstanciales.

Lo dijeron todos los convencionales de cada una de las fuerzas política representadas en la comisión que preside el convencional Lisandro Enrico.

Hubo manifestaciones en ese sentido dentro del oficialismo, que tiene cuatro proyectos a debatir y fueron expuestos de forma genérica; así como con las tres iniciativas que presentó la oposición, desde el Justicialismo, de La Libertad Avanza y de Somos Vida y Libertad. Está claro: no hay que repetir la frustración nacional.

Pero ahora se trata de compaginar las muy diversas formas de tomar ese y otros asuntos medulares del futuro Poder Judicial de Santa Fe, en el que probablemente será uno de los temas más importantes de la Convención.

El socialismo y la UCR discrepan sobre el lugar institucional del MPA y la Defensa Pública. Foto: Gentileza

Por ejemplo, todos quieren que los órganos surgidos de la reforma judicial, el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal sean autónomos, independientes y autárquicos. Pero unos suponen que las formas de asegurar esas condiciones son unas y otros las opuestas.

El carácter de "órgano extrapoder" del MPA y el SPPDP que para algunos es una mala idea, demasiado original y para otros vital para contar con fiscales y defensores que el poder político no pueda presionar (ni la Corte) divide aguas incluso dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe. El socialismo plantea lo primero, radicales y macristas lo segundo.

Otro tanto sucede con la idea de tener jueces con períodos asignados (de 35 ó 40 años para los miembros del máximo tribunal) o si se debe sostener su magistratura inamovible o hasta cierta edad (¿75 años?, ¿con 5 más, si así lo acepta la Legislatura').

También si se incluirá en el texto constitucional una declaración o un procedimiento -o nada de eso- respecto de que los jueces deban "rendir cuentas" a la sociedad, como sucede con los cargos políticos del Ejecutivo y el Legislativo que son sometidos a elecciones.

¿Cuánto se debe confiar en la academia, en las corporaciones de abogados y en la del propio poder para que una suerte de meritocracia promueva mejores jueces, fiscales y defensores? Y del mismo modo, ¿Cuánto confiar en las autoridades políticas electas democráticamente para esas promociones o para apartarlos?

Preguntas de este tipo han conducido, mucho antes de las elecciones de convencional de distrito único y por departamento del 13 de abril, a la redacción de proyectos dentro de cada fuerza de Unidos (donde por momentos parece haber agua y aceite mágicamente integrados por un alquimista que todo lo ordena: el ejercicio del poder) y por el principal partido de la oposición, el Justicialismo, que luego de terminada una elección a la que fue separado logró unir sus proyectos: un ejercicio que no logró el oficialismo.

Con esa variedad de posibilidades ahora será el turno de los redactores de las primeras versiones de un modelo de dictamen de mayoría sobre aquello que tiene cierta unanimidad. Asesores técnicos y de los propios convencionales deberán, en poco tiempo, esmerarse con la redacción para contener ordenadamente los puntos en común: que se fije, por ejemplo, en la Constitución el número de siete miembros de la Corte.

Que se creen instancias de selección de candidatos con más elementos técnicos y académicos en la búsqueda de perfiles y capacidades que gustos políticos-partidarios, lo que significa recortar las actuales facultades constitucionales del titular del Poder Ejecutivo Provincial y que se mantenga su aprobación por la Asamblea Legislativa.

En cambio, hay un coro que repite que no puede quedar como hasta ahora solo en manos del Poder Legislativo el proceso de sanción y hasta la remoción de fiscales y defensores pero hay voces altas, bajas y de distintos colores -y hay hasta solistas dentro de los bloques- con una enorme variedad de chances para reemplazar esa potestad que hoy tienen legisladores que llevan un procesos público como pocos y deben aprobar por una mayoría especial y con el quórum de cada cámara, en sesión conjunta, las sanciones disciplinarias a los integrantes del MPA y el SPPDP.

Convencionales de todos los bloques coincidieron en evitar “el modelo nacional” del Consejo.

La jornada de duelo y las exequias en el hall central de la convencional electa Alejandra Oliveras del lunes 29 en la Legislatura obligaron a postergar las audiencias públicas previstas. Este viernes, en Rosario, sesionará la Comisión de Poder Judicial y otros Órganos Constitucionales. Escuchará a las 9 a los colegios de magistrados, a las 10 el Colegio de abogados zona sur y a las 11 las universidades.

En tanto, el martes 5 de agosto, por la tarde, se volverá a reunir en la capital provincial para oír a las 17 al Colegios de Abogados de la zona norte; a las 18, universidades de Santa Fe y a las 19 Procurador de la Corte.

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, y el Consejo de la Magistratura, lleva adelante los procesos de concurso para la cobertura de vacantes del Poder Judicial. Son 16 concursos en marcha convocando en una primera etapa a la cobertura de 112 cargos judiciales en toda la provincia, entre fiscales, fiscal regional de Rosario, jueces penales de primera instancia, jueces de menores, cámara penal, y defensores; como así también para los juzgados de primera instancia en lo civil y comercial, laboral, familia, fuero pleno, de circuito y para la cámara laboral.

“Desde que comenzamos la gestión que lidera el gobernador Maximiliano Pullaro comenzamos a trabajar para cumplir con lo que la sociedad demanda: una justicia más eficiente, más cercana, que dé respuestas y comprenda la importancia del momento histórico que estamos atravesando en la provincia de Santa Fe, con la posibilidad plena de poder reformar la Constitución después de 63 años”, expresó María Florencia Blotta, subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial.

Para poder cubrir todos los cargos vacantes del Poder Judicial provincial, es necesario cumplimentar diferentes etapas del proceso previsto en la reglamentación. En primera instancia se convoca a los postulantes con un período de apertura de inscripción al concurso. Hecho esto en el plazo fijado, luego se realiza el análisis de admisibilidad de acuerdo a los requisitos constitucionales referidos al título, antigüedad en el ejercicio de la profesión o la función judicial. Cabe destacar que también es un requisito fundamental que los postulantes no tengan antecedentes penales ni tengan un certificado positivo del registro de deudores alimentarios morosos. 

Tras superar la admisibilidad, los concursantes deben realizar la prueba de oposición, que consta de un examen que puede ser de modalidad escrito u oral y que exige para el caso de jueces no penales la presentación de un plan de gestión como requisito excluyente. De ser superado el examen, se los convoca a las entrevistas personales con los integrantes del mismo cuerpo evaluador que confeccionó y realizó los exámenes, que se compone por representantes del Colegio de Abogados, del Colegio de Magistrados y funcionarios del Poder Judicial y de las universidades. Y en el caso de los concursos para fiscales y defensores penales, se suman representantes de los respectivos órganos: Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Servicio Público de la Defensa Penal respectivamente.

Cómo última etapa, una vez realizados los exámenes psicotécnicos, el Consejo de la Magistratura conforma un listado definitivo que eleva la propuesta al gobernador dando por finalizado el proceso de concurso.

A través del Decreto 588/03, el Ministerio de Justicia dio a conocer la lista de profesionales seleccionados para cubrir diversas vacantes en el Poder Judicial de la Nación.

Esta información se presenta como parte del proceso de selección de magistrados, cuya finalidad es garantizar la transparencia y participación de la ciudadanía y de organizaciones relacionadas con la actividad judicial.

Juzgados Nacionales de Primera Instancia del Trabajo

Concurso Nº 438:

Se busca cubrir vacantes en los Juzgados Nacionales de Primera Instancia del Trabajo Nros. 27, 32, 36, 49, 56, 73, 75 y 76 de la Capital Federal. Las ternas seleccionadas son:

Primera terna:

Dr. Héctor David Rodríguez

Dr. Juan Marcelo García

Dra. María Victoria Cosentino

Segunda terna:

Dra. Adela María del Valle Pérez del Viso

Dr. Juan Manuel Lorenzo

Dra. Silvina Repetti

Tercera terna:

Dr. Luis Federico Padín

Dr. José Antonio Virginis

Dra. Gabriela Andrea Donadío

Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal

Concurso Nº 449:

Este proceso busca cubrir vacantes en los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional Nros. 11, 14, 19, 24 y 26 de la Capital Federal. Las ternas propuestas incluyen:

Primera terna:

Dr. Gonzalo Segundo Rúa

Dra. Andrea Fabiana Raña

Dr. Leonardo Germán Brond

Segunda terna:

Dr. Javier Teodoro Álvarez

Dr. Santiago Martínez

Dra. Paula Norma Gorsd

Juzgados Federales en el Interior del País

Concurso Nº 453:

Para cubrir dos cargos en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca:

Primera terna:

Dr. Carlos Felipe Díaz Lannes

Dra. Ana María Busleiman

Dr. Carlos Ezequiel Oneto

Concurso Nº 454:

Para el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 en Santa Fe:

Dr. Santiago Díaz Cafferata

Dr. Walter Alberto Rodríguez

Dra. Giselle Wade

Según lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto 588/03, los ciudadanos, colegios profesionales, asociaciones vinculadas al ámbito judicial, organizaciones de derechos humanos y otros actores interesados tendrán un plazo de quince días hábiles a partir de la fecha de publicación para presentar observaciones, objeciones o posturas sobre los candidatos propuestos.

Estas presentaciones deben realizarse por escrito, de manera fundada y documentada, y estar acompañadas de una declaración jurada que garantice la objetividad del solicitante respecto de los postulantes. Solo serán admitidas aquellas observaciones pertinentes al procedimiento y se rechazarán las que se fundamenten en discriminaciones de cualquier tipo.

Las observaciones se podrán enviar mediante las siguientes opciones:

Correo postal:

Dirección: Sarmiento 329, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Código Postal 1041).

Horario: De 10:00 a 17:00 horas.

Entrega personal:

Dirección de Gestión Documental y Despacho en la misma dirección (Sarmiento 329, Planta Baja).

Correo electrónico:

Dirección: oficinadecretos@jus.gov.ar. Formato: PDF. Para más información y consulta de antecedentes, se puede visitar el sitio web oficial del Ministerio de Justicia.

(Por Juliano Salierno) - Con el objetivo de explorar y debatir las aplicaciones y desafíos de la IA en la administración de justicia, el Poder Judicial de Santa Fe se embarcó en un proceso de capacitación, dirigida a una generación de profesionales “sub 50”, que ya incursiona en el uso de nuevas herramientas.

Bajo el lema de “un Poder Judicial amigo de la modernidad y de la tecnología”, el Procurador General ante la Corte Suprema de Justicia, Jorge Barraguirre, presentó el 18 de diciembre el “Primer encuentro de experiencias de innovación en el servicio judicial: Gestión judicial, automatización, optimización de recursos y uso consciente de IA”.

“Nadie la va a implementar en términos de reemplazo, es colaboración, no es tomar la decisión”, enfatizó el Procurador. Foto: Archivo El Litoral

Fueron 4 horas de capacitación intensiva, destinadas a más de 300 funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe y otras provincias. Se realizó 100% virtual y contó con una docena de expositores en bloques de 20 minutos cada uno.

El Dr. Barraguirre hizo un balance parcial de la actividad cuya continuidad se proyecta para todo 2025.

Contó con la participación de profesionales y expertos en la materia y decantó en la creación del “Laboratorio de Experiencias de Innovación e IA para el Servicio Judicial”, un espacio dedicado a la generación de proyectos y al intercambio colaborativo con el empleo de herramientas de gestión, recursos tecnológicos y el uso consciente de la IA en el ámbito judicial, según informó la Procuración.

“Hay que empezar a expandir horizontalmente la red” sostuvo Barraguirre. Imagen generada con IA.

“Para aquellos que tenemos sistemas orales, la IA ahorra tiempo y esfuerzo en la búsqueda”, sintetizó el titular de la Procuración, que advirtió la necesidad de hacer un “uso responsable”, que implica no delegar todo el trabajo en la máquina, sino utilizarla para optimizar recursos.

“Por el ahorro de los esfuerzos, creo que puede incrementar nuestra productividad exponencialmente”, enfatizó Barraguirre, referenciando la “ley de las tres E” de eficiencia, eficacia y efectividad. “Ser eficaz, para cumplir las metas y ser eficiente para hacerlo de la manera más económica. Y cuando tenés eficacia y eficiencia aparece la efectividad y la productividad se incrementa”, añadió.

La iniciativa tiene un antecedente, cuando en épocas de prepandemia y más aún durante el ASPO, incorporaron nuevas tecnologías para interactuar con la ciudadanía. A partir de allí “los intereses nuestros empezaron a converger con otra gente que estaba haciendo más o menos lo mismo y veía en la IA una oportunidad. Entonces tuvimos la necesidad de canalizar esa energía que estaba dispersa”.

“Hay que empezar a expandir horizontalmente la red” sostuvo Barraguirre, aunque previno: “Nadie la está usando para tomar decisiones”. De hecho “uno de los planteos que se hicieron, tanto desde la Secretaría de Informática de la Corte, como desde la universidad, a través de la profesora Sara Puyol, fue sobre los marcos éticos”.

“Nadie la va a implementar en términos de reemplazo, es ayuda y colaboración, no es tomar la decisión”, enfatizó el funcionario, que aprovechó para aclarar que “no es IA aplicado a la toma de decisiones, es IA aplicada a la estandarización de procesos y trámites”.

Para el procurador, que tuvo a su cargo el cierre y conclusiones del curso, la aplicación de IA en el proceso judicial viene a apuntalar “una debilidad estructural en materia de personal”, lo que en términos coloquiales viene a ser “adoptar tu asistente letrado, es alguien que hace el resumen”.

Barraguirre destacó la atracción que generó el curso, porque la concurrencia de más de 300 personas representa “el 8% del plantel del Poder Judicial aproximadamente”. Foto: Archivo El Litoral

Y si bien dejó en claro el límite ético que implica su uso, cree que “en el futuro, a pesar de las tranquilidades que dan todos, los mecanismos de IA van a tender a reemplazarnos. Pero eso todavía no se avizora”.

En respuesta a los detractores, considera que “si lo retrasan o lo rechazan, ni siquiera pueden bloquearlo porque es tan democrática la información que se va a imponer de todas formas. No se pude sancionar a alguien por participar de una red para brindar el servicio”, responde acerca de la utilización de herramientas que todavía no se encuentran homologadas para el uso oficial.

Barraguirre destacó la atracción que generó el curso, porque la concurrencia de más de 300 personas representa “el 8% del plantel del Poder Judicial aproximadamente”; también agradeció a los once expositores, entre los que destacó a sus colaboradores directos, los Dres. Iván Di Chiazza y José Ignacio Pastore quienes son los coordinadores del Lab-25 que ya cuenta con 90 inscriptos.

“Estos sub 50 te reconcilian con la vida profesional” y están preparando el terreno para “un Poder Judicial amigo de la modernidad y de la tecnología”, cerró.

Entre los temas destacados que se abordaron se encuentran:

-Automatización de Procesos de Ejecución: Experiencia con Prometea/UBA/IALAB - Dr. Marcelo Gauna, Juez de Chaco.

-Uso de IA en Ejecuciones Fiscales - Dr. Adolfo Iriarte Yanicelli, Juez de Tucumán.

-IA para Grabar, Desgrabar y Resumir Audiencias - Dr. Gabriel Longhin, Secretario de Modernización de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

-Uso Simplificado de Modelos de IA en Apoyo a la Tarea Judicial - Dr. Ezequiel Zabale, Juez de Distrito de Rosario.

-Automatización en el Diseño de Gestión de Procesos Ejecutivos - Dr. Luciano Ballarini, Juez de Ejecución de Circuito de Rosario.

-Empleo de las TICs y la IA en Comunicaciones Judiciales - Dr. José I. Pastore, Juez de Circuito de Sunchales.

-El Presente en la Justicia: Innovación y Tecnología en la Gestión Judicial - Dr. Pablo Gómez, Pro Secretario de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

-Protocolos y Directrices para el Uso Responsable de la IA en la Justicia - Dra. María Sara Puyol, docente de la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe.

-IA Generativa en la Justicia Argentina: Documentos Estratégicos - Dra. Fernanda Guerrero, Secretaria de Informática del Poder Judicial de Santa Fe.

-Empleo de la IA Generativa en la Innovación Sostenible - Dra. Analía Antik del Laboratorio de Innovación Sostenible UNR de Rosario.

-Plan de Gestión y Estandarizaciones Previas al Uso de IA - Dr. Iván Di Chiazza, Juez de Distrito de Santa Fe.

Leo y escucho por todas partes que se habla de "salud mental". Pero… ¿a qué se refieren con "salud mental"? ¿Qué significa "salud mental"? Si la "salud mental" es, tal como la define la Real Academia Española, "el estado de bienestar emocional, psicológico y social del individuo, que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés, desarrollar sus habilidades, aprender y trabajar adecuadamente, contribuyendo a su comunidad", habría que buscar las causas de por qué nos sentimos tan frustrados, tan "furiosos" o nerviosos durante un proceso judicial.

Por cierta experiencia propia -aunque trataré de no caer únicamente en el ejemplo personal- y un elemental conocimiento del contexto que intento reflejar y describir, pareciera que el origen de esa sensación de frustración, enojo y nerviosismo es principalmente uno. O al menos es el que casi por inercia rige a todos lo demás: la inacción y la demora por parte de los jueces en expedirse.

Ante este planteo, una de las preguntas que surge es la siguiente: ¿En qué terreno deben moverse los profesionales del Derecho en defensa de sus clientes? Quizás en el terreno de las "arenas movediza"; un pantano de idas y vueltas, tramitaciones muchas veces engorrosas, marchas y contramarchas, del que no es fácil salir. Al parecer, atrás quedaron aquellos tiempos del "Pronto despacho" y la rápida definición de un expediente, no sea cosa que "vuestra señoría" se sienta atacado en sus principios y la resolución adoptada no sea arbitraria a la razón y la justicia.

Los años pasan, pasan los años. No es una metáfora, es la realidad. Mientras el cliente confía en el profesional elegido, y a la vez ruega que este no renuncie para no tener que reemplazarlo, el tiempo real (que pasa "volando", literalmente) a la Justicia como estamento pareciera no importarle, mientras el proceso judicial suma fojas y más fojas, así como también empiezan a sumar los intereses al capital reclamado en "autos", o por la solicitud de regulación de honorarios.

Ni qué decir de otras vicisitudes o incidentes que pueden formar parte de los procesos judiciales, como ser: recusaciones o excusaciones; cambio de jueces por jubilación o fallecimiento; juzgados en receso por feria judicial; huelgas y reclamos. Todos ellos, sucesos que muchas veces llevan a pensar seriamente si no sería conveniente aquello de "más vale un mal arreglo que un buen juicio". Pero… ¿Cuándo es conveniente llegar a un acuerdo o inclinarnos por "ir a juicio", sabiendo lo que nos espera? ¿Y si "vamos" a juicio, cuándo podemos considerar que un juicio ha sido bueno? ¿Acaso solo si ganamos?

Ahora bien, es necesario tener en cuenta algo fundamental: ¿Por qué se llega a un juicio? Principalmente porque las mediaciones o periodos para acordar no logran su objetivo. De su contenido no permiten incluirlo como prueba en un posterior juicio, prohíben comentarlo a terceros, obligan a pagar honorarios a profesionales sin demasiada experiencia y se muestran las "cartas" de actores y requeridos. Es ahí, precisamente, durante todos esos años de demora en pronunciarse la sentencia, que la salud mental se debilita.

La incertidumbre, depresión y desesperanza se apoderan del sujeto al tiempo que la salud física se suma al cuadro. También está la imposibilidad de hablar con el magistrado. Habiendo un profesional designado y de no litigar "por propio derecho", se torna imposible poder acceder a una audiencia con el juez de la causa. Allí funcionan los "filtros", mesa de entradas o secretarios. Las pruebas que no pudieron incorporarse durante la sustanciación del proceso, serán extemporáneas e inadmisibles en un Alegato de Apelación.

Para ampliar mi punto de vista y -reitero- no caer en el ejemplo propio, he consultado a varios profesionales del Derecho (los otros testigos de lo que pasa), para abordar en conjunto el tema del impacto de la demora en los procesos judiciales en la salud mental de las personas que participan en ellos. Y una de las conclusiones a las que llegan, es que el sistema judicial argentino coloca invariablemente a cualquiera de las personas intervinientes en una especie de "limbo psicológico".

Sin exagerar, puede decirse que, debido a la tensión y la presión acumuladas, la espera prolongada en un proceso judicial genera efectos que, en términos de salud mental, pueden compararse a los de un duelo o una enfermedad crónica. La lentitud de la Justicia no solo afecta a quienes buscan una resolución a sus problemas legales, sino que también consumen emocionalmente a quienes los representan.

Los abogados, en el rol o papel de intermediarios nuestros -entre el sistema judicial y las personas "judicializadas"-, se ven atrapados también en un entramado de la más pura burocracia y las más variadas postergaciones, convirtiéndose en testigos y otras veces en víctimas de la angustia de los clientes, por el desgaste que el propio sistema les impone.

El agotamiento profesional, también conocido en la actualidad como burnout (*), es una realidad en la vida de muchos abogados que lidian a diario con la lentitud de la Justicia en Argentina. Cada nueva prórroga, cada expediente que se posterga o retrasa, cada audiencia que se reprograma, son duros golpes al entusiasmo profesional y a la motivación de quienes nos dedicamos a defender los derechos de otros.

Los abogados no son inmunes a la incertidumbre que sufren los clientes, para nada. Y en la medida en que el proceso se alarga, y los plazos se vuelven cada vez más inciertos, el defendido demanda cada vez más respuestas, por lo que se ven obligados a sobrellevar una carga que trasciende el conflicto jurídico para adentrarse en una esfera emocional.

Este desgaste acumulado, puede llevar a que muchos profesionales hasta se cuestionen la vocación elegida (su propia vocación hacia el Derecho), o sientan que fallan en la misión de representar a sus clientes y, en última instancia, experimenten una pérdida de satisfacción profesional. Es menester que se tome conciencia de que cada demora no es solo un expediente pendiente, sino un golpe a la salud mental y emocional de quienes forman parte del proceso.

La verdadera justicia no solo debe ser imparcial y rigurosa, sino también sensible, rápida y consciente del impacto humano que se genera con cada demora. Como conclusión puedo manifestar que la justicia lenta es una carga que afecta la salud mental de todos los involucrados en el proceso. Para los profesionales del Derecho, es un peso que amenaza su bienestar y vocación, y que convierte el acto de ejercer la defensa en una lucha constante contra el desgaste y la desesperanza (**).

(*) El Síndrome de Burnout, o simplemente burnout, también conocido como "síndrome del quemado" (o de la "cabeza quemada"), es un estado de agotamiento mental, emocional y físico que se produce como consecuencia de una respuesta inadecuada al estrés laboral crónico.

(**) A todo lo expuesto cabe agregar el daño que a la salud mental de los justiciables pueden ocasionar situaciones del estado actual del Poder Judicial en Argentina, con la vacancia de casi el 30 por ciento de los jueces, los paros de los trabajadores judiciales y los innumerables paros de los trabajadores del Registro General de la Propiedad.

El rosarino Roberto Héctor Falistocco presidirá la Corte Suprema de Justicia de la provincia en el 2025, informó esta tarde el propio tribunal en un escueto parte de prensa. El Litoral había anticipado el viernes que el hoy ministro decano del cuerpo volvería a la presidencia de cara al próximo ejercicio donde además encabezará el Tribunal Electoral y formará parte del cuerpo encargado de supervisar la elección de legisladores nacionales en el distrito Santa Fe.

Roberto Falistocco. Crédito: Guillermo Di Salvatore

La información difundida por la Corte señala que participaron del acuerdo los seis integrantes, es decir el actual presidente, Rafael Francisco Gutiérrez y los ministros Falistocco, Eduardo Guillermo Spuler, Mario Luis Netri, María Angélica Gastaldi, y Daniel Aníbal Erbetta. "Materializada la votación resultó electo por unanimidad, el doctor Roberto Héctor Falistocco", precisa el comunicado.

La elección del presidente de la Corte, de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial, la 10.160 dispone que en el último acuerdo de noviembre se designa el titular para el ejercicio siguiente. Además, el acuerdo interno hace que la titularidad rote año a año entre Santa Fe y Rosario. Pero además, entre los cuatro ministros rosarinos hay un acuerdo para rotar el cargo, a excepción de Netri quien no quiso ejercer la función. Lo propio hizo Spuler en Santa Fe.

Falistocco había sido presidente, por última vez, en 2021, también año electoral.

El acuerdo de este martes fue el último que contó con la presencia de Netri quien renunció a partir del 1 de diciembre y hasta el momento el Poder Ejecutivo no ha enviado pliego alguno a la Legislatura para su reemplazo. Tampoco fue enviado el pliego para el séptimo integrante que tendrá el tribunal de acuerdo a la reciente modificación de la ley.

En tanto, Gastaldi se retirará el 2 de abril de acuerdo a la renuncia presentada oportunamente y aceptada por el Poder Ejecutivo.

Falistocco es el decano de los ministros actuales ya que se sumó en 1987 propuesto por el Poder Ejecutivo que conducía Víctor Reviglio y venía desempeñándose como secretario de Asuntos Legislativos.

El proyecto de reforma jubilatoria que promueve el gobierno de Maximiliano Pullaro en la provincia de Santa Fe plantea modificaciones profundas al sistema y tiene entre sus objetivos, desterrar prácticas especulativas de algunos actores que iniciaban sus trámites jubilatorios pero desistían de solicitar su cese. En la práctica, ello se traduce en agentes que tienen la jubilación concedida pero que, por conveniencia, siguen ejerciendo y cobrando como activos. La decisión del Poder Ejecutivo de "corregir" y evitar que situaciones de ese tipo se sigan produciendo tiene un destinatario directo: el Poder Judicial.

Según consignó el ministro de Gobierno, Fabián Bastía, ante la consulta de El Litoral, en la provincia "hay jueces que han iniciado su trámite (y han obtenido el beneficio) hace treinta años", pero siguen desempeñándose como magistrados. El caso puede resultar extremo pero también, paradigmático. A partir de la nueva ley, si se sanciona, quienes se encuentren en dicha situación, deberán solicitar el cese y jubilarse; de lo contrario, se verán obligados a reiniciar el trámite, y con los parámetros del nuevo sistema.

Bastía aclaró que la reforma jubilatoria no afectará a los trámites en curso según el actual régimen, sino que apuntará contra "esa especulación con el tiempo que hacían muchos activos, iniciando el trámite pero nunca terminándolo ni acogiéndose a los beneficios jubilatorios".

Consignó que eso está contemplado en una cláusula transitoria, que reconoce distintos momentos: cuando existe dictamen jurídico, cuando el agente está gozando de vacaciones atrasadas, o cuando operan distintas instancias en las que el trámite sigue en pie. "Todos ellos - precisó-, lógicamente si cumplen la totalidad de los requisitos, se van a jubilar con el régimen de hoy. La ley se va a aplicar a partir de su promulgación, pero esos casos que están todavía vivos, en trámite, concluirán de acuerdo con el viejo sistema con el que fueron iniciados". Sostuvo, al respecto, que también la Caja tiene "la obligación" de completar el trabajo pendiente en "90 días, por lo que los derechos de las personas que están gestionando, si reúnen los requisitos, no van a tener ningún problema", garantizó.

Sin embargo, aclaró que habrá otro trato para quienes especularon. Ello está contenido en la cláusula transitoria, que configura el artículo 48 del proyecto de ley. "Hemos dicho que la Caja permitió todo tipo de avivadas y vulnerabilidades. Muchos vieron y eran muy conscientes de que la Caja iba perdiendo sustentabilidad todos los días y aumentaba el déficit permanentemente. Una de las grandes avivadas, entonces, fue que con acciones que no me parecen ejemplares, se aseguraron el beneficio hace 4, 5 ó 10 años. Hay un juez que lo tiene hace más de 30 años. Hay muchos otros casos (de jueces) que tienen hace varios años el beneficio, pero no acompañan en el cese", denunció.

Frente a ello, anunció que de aprobarse la norma, "todas las personas que han paralizado sus expedientes voluntariamente por más de seis meses de manera anterior a la promulgación de la nueva ley, deberán ir a Liga de Origen. Es decir, deberán iniciar el trámite de nuevo y se le aplicará el nuevo régimen jubilatorio".

Imagen ilustrativa. Crédito: Mauricio Garín

En los hechos, si el magistrado que inició su trámite jubilatorio, obtuvo el beneficio pero dilató el cese por más de seis meses, deberá retirarse antes de que entre en vigencia el nuevo sistema. De lo contrario, se verá obligado a iniciar de cero el expediente, y con los nuevos parámetros – menos ventajosos- del régimen previsional. Si ésa fuese, incluso, la situación de los ministros de la Corte actual – muchos de los cuales ya han iniciado el trámite-, se verían forzados a dejar sus cargos.

"Para la sociedad es vergonzante y reprochable que se especule con el sistema en estos casos para el acceso a un beneficio que son de los más altos que puedan obtenerse, en pos de asegurarse el mejor haber, ante posibles cambios", concluyó Bastía.

La nota ingresada por mesa de entradas del Senado por Marianela Sarrías fue la única observación a los tres candidatos a ocupar la futura Cámara de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria de Santa Fe, cuyos pliegos están a consideración del Poder Legislativo y que serían votados el 29 del corriente por la Asamblea Legislativa.

Los pliegos remitidos para conformar la Cámara son los de los actuales fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Valeria Pía Haurigot (Rosario) y Horacio Hugo Pueyrredón (Venado Tuerto) y el defensor de Santa Fe, Mario Javier Guedes. La flamante Cámara de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria creada por Ley N° 14.243 de la pena privativa de la libertad, sancionada en diciembre del año pasado.

Si bien no trascendieron los términos de la nota ingresada por Sarrías, la profesional fue la primera calificada en el orden de mérito elaborado por el Consejo de la Magistratura y remitido al Poder Ejecutivo. Sarrías es relatora Penal de la Corte Suprema de Justicia de la provincia; abogada (UNR), especialista en Derecho Penal (UNR) y coordinadora académica del Centro de Capacitación Judicial representando a la Circunscripción Judicial Nro.2. Rosario.

La Comisión de Acuerdos que preside el senador Raúl Gramajo se reunirá este miércoles y analizará la nota de Sarrías y los pasos a seguir. Por otra parte, los tres candidatos serán entrevistados la semana próxima.

En las últimas horas, el diputado Emiliano Peralta (Somos Vida) anticipó el voto en rechazo a los pliegos de Haurigot y de Puyrredón quienes habían sido excluidos del concurso tras la prueba de oposición.

El gobierno provincial anunciará en días más que convocará a concursos para la cobertura de la mayoría de los cargos vacantes en el Poder Judicial de Santa Fe, instancia que estará acompañada del nuevo decreto sobre el funcionamiento del Consejo de la Magistratura para agilizar esa instancia. “La decisión está tomada” se dijo en Casa Gris ante la consulta de El Litoral y ante el reclamo de la cobertura de esas vacantes que vienen realizando la propia Corte Suprema de Justicia así como los colegios de magistrados y de abogados.

“Decreto, peine fino sobre las coberturas necesarias y constitución también de bancos de suplentes”, acotó en off un funcionario que trabaja el tema junto al gobernador Maximiliano Pullaro. La decisión central es la de hacer nuevos concursos y dejar de lado los realizados durante la gestión de Omar Perotti donde además fueron remitidos pliegos a consideración legislativa, retirados horas antes de su tratamiento en Asamblea Legislativa a pedido del bloque radical que tenía como líder al hoy gobernador Pullaro.

Colegios de Magistrados y de Abogados vienen reclamando la cobertura de las más de 50 vacantes teniendo en cuenta que en los más de cuatro meses que lleva la gestión de Pullaro todavía no remitió a Legislatura ningún pliego para ocupar las vacantes de jueces y camaristas que existen en el Poder Judicial de la provincia donde la mayor cantidad (23) están en la circunscripción judicial número 1 con sede en la capital.

El mes pasado, en su discurso de apertura del año judicial, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez, planteó el reclamo ante el propio Pullaro participante del acto. “Tratándose de una materia naturalmente dinámica, el número de órganos en funcionamiento que se encuentran vacantes a la fecha, sigue siendo apreciable. En efecto: basta para así afirmarlo que, sobre un total de 374 cargos de jueces en toda la Provincia, 54 se encuentran vacantes a la fecha. De ellos, sólo uno está cubierto con juez subrogante; los restantes 53, permanecen sin ningún tipo de cobertura” afirmó.

Enseguida acotó que “no estamos hablando de designaciones masivas que, por ejemplo, supongan trastornos presupuestarios o administrativos en la gestión provincial; máxime, si tenemos en cuenta la exigua incidencia de este Poder Judicial en el marco del presupuesto general de rentas del Estado, el cual representa el 3,29% del mismo”.

En el gobierno anticipan que para los próximos días se prevé enviar cuatro pliegos de fiscales para reforzar el MPA de Rosario que tuvo renuncias y suspensiones. Pero además está en la última instancia el concurso para ocupar los tres cargos de la Cámara de Ejecución Penal creada recientemente. Esos serían los primeros siete pliegos a remitir por Pullaro para su consideración en Asamblea Legislativa.

El Poder Ejecutivo espera además la definición legislativa del proyecto de reforma al Código Procesal Civil y Comercial y de la 10.160 donde se prevén cambios en los juzgados de circuitos y en los colegiados. “Pasaremos el peine para las vacantes que tiene el Poder Judicial” se insistió teniendo en cuenta que entre las vacantes están los juzgados de Faltas o los de Menores todos prácticamente suprimidos o con cambios de enfoque producto de las reformas legales de los últimos años.

En la circunscripción N° 1 hay 23 vacantes; en la 2 de Rosario son 16; en la 3 de Venado Tuerto, una; en la 4° de Reconquista son 5 y la 5° de Rafaela, 12.

En las últimas horas, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial expresó su preocupación en un comunicado. La demora en la cobertura de vacantes "que afecta la normal prestación del servicio de justicia con evidente perjuicio para la ciudadanía". Acota el documento que "la demora mencionada carece de justificación a poco que se repare en que están a disposición listados de candidatos/as surgidos de concursos concluidos el año próximo pasado conforme a normativa actualmente vigente y en ejecución".

En su discurso de apertura del año judicial, Gutiérrez aclaró que la superación de las vacantes no está al alcance del Poder Judicial, "ya que, por diseño constitucional, la designación de magistrados está a cargo, conjuntamente, de los poderes Ejecutivo y Legislativo". Recordó que "en el año 1990 y específicamente dentro del primero de los nombrados, se creó el Consejo de la Magistratura, originariamente integrado por el Poder Judicial; situación que luego fue modificada sustancialmente cuando, por una expresa decisión del -por entonces- gobernador Binner, la Corte dejó de integrar el referido órgano hace ya más de 15 años. Es cierto -y a esto hay que destacarlo- que, en los últimos años, y a través del Consejo de la Magistratura, se ha venido exhibiendo una mayor eficiencia en esta materia".

Enseguida hizo notar Gutiérrez que "en este último tiempo se ha producido la renovación de más del 95% de la Magistratura toda, como así también la conformación en su integridad del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal".

Justicia Federal:El plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó este miércoles las ternas para cuatro concursos que se tramitaron en dicho ámbito, entre ellos el Nº 448, destinado a cubrir el cargo de juez en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela. El plenario propuso, a instancias de la Comisión de Selección que la terna que se remitirá al Poder Ejecutivo estará integrada por Santiago Díaz Cafferata, Santiago Saux, y Verónica Andrea Medina.

Con algunos pocos mensajes pendientes de tratamiento, el Poder Ejecutivo habilitó otros dos temas y pliegos para directivos del Ente Zona Franca Santafesina para el tratamiento legislativo en el período de sesiones extraordinarias que caducará a fin de mes.

Entre los temas habilitados están los vinculados a la participación privada en proyectos culturales, así como en la preservación patrimonial tomando tres proyectos de ley que -con distinto origen político- están a tratamiento en Diputados. Son iniciativas de la socialista -mandato cumplido- María Laura Corgniali; de Fabián Palo Oliver (Frente Amplio por la Soberanía) y de Juan Domingo Argañaraz (Inspirar). El otro es un mensaje propio del Poder Ejecutivo para agregar un artículo al Código Procesal Civil y Comercial de la provincia a los efectos de permitir a los jueces intervinientes en procesos la constitución de depósitos a plazo fijo, a treinta días, de fondos existentes en cuentas judiciales.

La Legislatura actual que se constituyó en diciembre del año pasado, recién iniciará su período Ordinario de sesiones el próximo 1 de Mayo tras el discurso del gobernador Maximiliano Pullaro. Hasta hora fue trabajando sobre temas remitidos o habilitados por el Poder Ejecutivo. Fueron ya sancionadas unas 30 leyes, la mayoría de ellas generadas en el propio Ejecutivo. En ámbitos parlamentarios se estima que habrá dos sesiones de cada cámara en el presente mes más las respectivas Preparatorias para elegir las autoridades propias de Senado y de Diputados. Allí no habrá cambios, pero el reglamento interno y la Constitución determinan la necesidad de su realización.

Del amplio paquete sobre temas que hacen al funcionamiento del Poder Judicial que remitió el Ejecutivo en diciembre resta aún el tratamiento de la reforma a la Ley Orgánica del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal -muy resistido por las autoridades del sistema- y la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial yal Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe ya votado en Diputados y que empezó a ser analizado en Senado.

También está pendiente en Legislatura el mensaje para darle forma de ley al funcionamiento del Gabinete Social, otro creando el Consejo Económico y Social en el ámbito del Poder Ejecutivo y finalmente un gabinete productivo. Los tres temas se encuentran en comisiones de Diputados y el Senado ya validó dos de las tres instituciones con las contará Pullaro en su mandato.

En tanto, el Senado tiene a consideración la prórroga por diez de la vigencia del Fondo de Electrificación Rural (FER) que caducará a mediados de año. Se trata de un fondo conformado por un aporte de cada uno de los usuarios de la EPE para llevar energía eléctrica a zonas de la provincia que aún carecen del servicio. Días atrás, una reunión entre senadores, funcionarios del Poder Ejecutivo, el presidente de la EPE, Hugo Marcucci, y dirigentes de cooperativas eléctricas acordó la importancia de dictar la prórroga aunque con algunas modificaciones al funcionamiento actual. Una de las dudas es si el recurso debe ser administrado por la propia EPE o por el ministerio de Desarrollo Productivo.

Por último, en Diputados también está pendiente el tratamiento de un mensaje del Poder Ejecutivo de adhesión a la Ley nacional Nº 27.424 "Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica".

En cuatro meses, la Legislatura terminó convalidando la intervención a tres comunas del norte santafesino, cifra inusual para el funcionamiento del Estado santafesino. El Ejecutivo dispuso el año pasado aplicar el remedio institucional en Cañada Ombú y en Golondrina, ambas en el dpto Vera. Ahora, el Ejecutivo habilitó el tratamiento del proyecto de Felipe Michlig para hacer lo propio en Villa Saralegui, departamento San Cristóbal.

La habilitación a tratar en Diputados iniciativas que apuntan a permitir la participación de capital privado en el financiamiento cultural o patrimonial permitirá avanzar con el debate en comisiones y de lograr algún entendimiento llevarlo al recinto en las próximas semanas.

Son tres iniciativas de diferentes bloques políticos, siendo el más antiguo el de la socialista Corgniali; el de Palo Oliver fue ingresado en febrero del año pasado mientras que Argañaraz hizo lo propio el mes pasado. "Se intenta impulsar el desarrollo cultural de Santa Fe mediante la incorporación de una herramienta que contribuya a su financiamiento y potencie de esta forma la diversidad cultural existente en nuestra provincia, contribuyendo al ejercicio de la democracia cultural. En la actualidad la herramienta que se presenta es de utilización corriente en países de primer mundo y su desarrollo estuvo vinculado a la evolución de los modelos de financiamiento cultural, identificándose en su origen con la figura de mecenazgo utilizada en la antigua Roma", señala Corgniali en los fundamentos.

Palo Oliver señala, en tanto, que "la Ley de Mecenazgo generará y activará mecanismos de oportunidades en todas las ramas del arte, que se pueden traducir luego, en actividades de carácter educativo, laboral, solidario y empresarial. El proyecto de Ley apuesta a que se origine una alianza extraordinaria entre benefactores y beneficiarios, y si logramos esta amalgama estaríamos posibilitando, con la intersección del Estado, un espacio de crecimiento en esta área cultural, de infinitas posibilidades".

El Ejecutivo remitió seis pliegos para conformar el director del Ente Zona Franca Santafesina que funciona en Villa Constitución. El cuerpo está integrado por dos representantes propuestos por el Poder Ejecutivo, otros tanto por ese municipio y los restantes por el Centro Comercial, Industrial y de la Producción de esa ciudad.

Los nombres propuestos son los de Mauro Daniel Gisbert y Walter Jesús Acosta, el primero como director titular y el segundo como suplente por el Ejecutivo; Lucila Alejandra Fernández y Roberto Gerardo Tizi por el municipio y Walter Masello y Martín Tomás González por los empresarios.

La Asamblea Legislativa está citada para el 18 de abril para el tratamiento y será la segunda en la actual gestión legislativa. La primera fue para validar el nombre de Domingo Rondina como Fiscal de Estado.

La Cámara de Diputados convalidó los cambios que introdujo el Senado al mensaje que el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura en los primeros días de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro para incorporar el Juicio por Jurados, por lo que la norma quedó sancionada, como informara El Litoral. El Poder Ejecutivo saludó en forma inmediata la sanción.

Así, Santiago Mascheroni, secretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, destacó que la Constitución de 1853 ya previó el Juicio por Jurados, y luego se fueron implementando en las provincias. "En Santa Fe hubo intentos legislativos que tuvieron media sanción en Diputados y no prosperaron en el Senado. Felizmente esta iniciativa del Poder Ejecutivo se transformó en una norma concreta".

Mascheroni consideró además que, por sus características, esta ley va a requerir una reglamentación muy particular, en la que se debe ir avanzando paulatinamente. "A modo de ejemplo se debe conformar un padrón, porque es una carga pública, y se va a tomar el padrón general, para luego sortear, uno de cada 1.000 empadronados, lo que va a dar aproximadamente un universo de entre 2.000 y 2.500 ciudadanos y ciudadanas que pueden formar parte de un jurado", Subrayó la gradualidad en la implementación de ciertos aspectos instrumentales de la ley. "Cuando la infraestructura lo permita se irán incrementando las causas en las que pueda actuar un jurado", acotó.

Quienes tengan entre 18 y 75 años podrán ser requeridos para formar el jurado. Para las personas de más de 70 años es opcional. No podrán integrar jurados abogados, profesionales del derecho, ni quienes trabajan en la administración pública en áreas de justicia. También quedan exentos policías, y personas que hayan recibido alguna condena.

Por su parte, la subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial del Ministerio de Justicia y Seguridad, Florencia Blotta, destacó la importancia de esta incorporación, y señaló la necesidad de que la ciudadanía se informe sobre este mecanismo.

"En el marco de la implementación de la ley, es central la difusión de la normativa para que la ciudadanía conozca esta herramienta y este derecho y carga pública de participar y prestar el servicio de justicia en calidad de jurado", explicó Blotta, al tiempo que indicó la necesidad de capacitación.

"Será de suma importancia también la generación de espacios de capacitación específica con todos los operadores judiciales y la participación de las Universidades y Colegios de Abogados, Magistrados y funcionarios del Poder Judicial", concluyó la subsecretaria Blotta.