En doce mensajes, el Poder Ejecutivo remitió al Poder Legislativo para su análisis las propuestas de 85 candidatos a ocupar cargos vacantes de jueces de cámara, jueces de primera instancia así fiscales subrogantes y adjuntos del Ministerio Público Fiscal y defensores del Servicio Público de la Defensa.

La larga lista -cuyo envío anticipó El Litoral- será tema de análisis de la Comisión de Acuerdos ni bien finalice la Convención Reformadora donde el presidente y vice de la comisión legislativa, Lionella Cattalini y Raúl Gramajo, tienen un rol clave en la discusión de la futura Constitución.

Más de la mitad de las propuestas corresponden a la Circunscripción Judicial N° 2 con cabecera en Rosario donde son 45 los postulantes. 20 son de la N° 1 con cabecera en Santa Fe; 10 para la N° 5 con sede en Rafaela; otros 6 para la N° 4 con referencia en Reconquista y 4 para la N° 3 en el norte con cabeza en Reconquista.

El paquete de pliegos con los antecedentes respectivos tiene mayoría de mujeres (46) sobre los hombres (39).

El envío de los pliegos viene a responder en gran parte a los planteos de la Corte Suprema de Justicia así como a las titulares del Ministerio Público Fiscal y el Servicio de Defensa, María Cecilia Vranicich y Estrella Moreno Robinson, respectivamente. El tribunal superior emitió varias acordadas haciendo saber al Poder Ejecutivo la necesidad de cubrir vacantes en distintas zonas de la provincia.

Los mensajes con los pliegos no fueron enviados por circunscripción judicial sino por los fueros respectivos.

Jueces penales de segunda instancia: Silvia Castelli, Miguel Moreno, Ismael Manfrin y Nicolás Foppiani (Rosario).

Vocales de Cámara de Apelación en lo Laboral: todos para Rosario, María Victoria Acosta, María Victoria García y Pablo Gueiler.

Jueces de primera instancia en lo Laboral: Ignacio Eduardo Pandullo (Santa Fe), María Clara Benassi (Esperanza). Mariana Otarola (San Lorenzo); Martín Borselli (Venado Tuerto) y María del Mar Della Rosa (Reconquista).

Jueces de primera instancia en lo Penal: Federico Martín Rébola, Lisandro Artacho, Luciano Vallarella, Natalia Benvenuto, Jorge Andrés Rodríguez, Juan Ignacio Gasparini y María de los Angeles Granato (todos para Rosario).

Guillermo Lanfranco Pari (Cañada de Gómez), Andrea Melisa Cavallero (Venado Tuerto) y Shirli Tomasso (Rafaela).

Jueces de primera instancia de Menores: Héctor José Aielo (Santa Fe), Leandro Matías Lucente (Rosario); Fabiola Piemonte (Casilda); Brenda Coassolo (Cañada de Gómez) y José Alberto Boaglio (Tostado).

Jueces de primera instancia en lo Civil y Comercial: Guillermo Adrián Vales; Francisco José Depetris, Rodrigo Carlos Ureta Cortés y Viviana Naveda Marcó (todos para Santa Fe). Sabrina Campbell y Sebastián Rupil (Rosario).

David Alberto Lisandrello (VIlla Constitución), Franco Raschetti (Reconquista), Mauro Daniel García y Marcelo Gelcich (Rafaela).

Jueces de primera instancia de Familia: Jorgelina Daneri (Venado Tuerto), María Soledad Aguirre Quintana (San Cristóbal) y Hernán Andrés Julián (Reconquista), en este último caso como subrogante.

Jueces de primera instancia de Circuito: Sebastián Pantaleón Faravelli (Coronda), Hernán Guala (El Trébol), Martín Carlos Chasco (Venado Tuerto); José Ignacio Pastore, ejecución de Circuito en Santa Fe.

Fiscal adjunta: Virginia Gabenara (Rosario)

Fiscales adjuntos subrogantes: Agostina Aime, Jesica Bernard, Laura Gerard, Natalia Giordano, Julio Lema y Pablo Lipowy (todos para Santa Fe). Sofía Cudos, Abi Luz Cabrera, Anabel Cerutti, Javier Hugo Paz, Rocío Cosgaya, María Belén Oliva, Florencia Vergili, Lucila Cornier, Federico Aranda, Eliana Zingoni, Lucía Pazos y Mariana Vigo (Rosario).

Defensores adjuntos subrogantes: Valentín Acuña, Lucía Mognaschi, Esteban Montenovi (todos para Santa Fe). Para Rosario, Agustina Morielli, Wanda Vaschetto, Julieta Belén González, María Virgina Llaudel Maza, Lucía Araya, Matías Daruich, Pablo Bufarini, María Virginia Quiroga, Antonela Dalzotto, Flavia Renzi.

María Gimena Galbusera, Valeria Tourn y Tania Stechina (Reconquista) y Bruno Rossini y Victoria Romano (Rafaela).

La Legislatura tiene un plazo de 30 días para votar los pliegos, caso contrario quedarán aprobados en forma ficta. No es el propósito, se dijo en fuentes legislativas a El Litoral. Una vez que entre en vigencia la nueva Constitución -a mediados de mes- la Legislatura pasará a tener 45 días para pronunciarse sobre el acuerdo o no.

El Poder Ejecutivo remitió a Legislatura un mensaje de ley para extender por un año la ley provincial N° 14241, que declaró la emergencia en materia social, educativa y sanitaria, "con el objeto de dotar al Poder Ejecutivo de las herramientas necesarias para hacer frente a la crítica situación que atraviesan el país y nuestra provincia".

El objetivo político de la Casa Gris es que Legislatura sancione la semana próxima, previo al receso invernal, la extensión de la situación de emergencia. El mensaje fue remitido al Senado donde Unidos tiene los dos tercios necesarios para habilitar el tratamiento sobre tablas. La situación es diferente en Diputados donde debe lograr apoyo de otros sectores políticos para poder discutir el tema.

La emergencia para los tres sectores fue sancionada en los días previos a la Navidad de 2023 con la vigencia de un año y la posibilidad de prórroga -por decreto- por otros seis meses que se cumplieron el 23 del corriente.

La ley tuvo como finalidad la de garantizar el derecho a la educación y a la salud, a la seguridad alimentaria, y fortalecer las estructuras de promoción y protección de derechos en un período de alta criticidad social, siendo los Ministerios de Igualdad y Desarrollo Humano, de Educación y de Salud, las autoridades de aplicación.

En los fundamentos del mensaje que firman el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Gobierno, Fabián Bastía, se señala que "se mantienen vigentes los fundamentos que sustentaron la declaración legislativa de la emergencia en los ámbitos social, educativo y sanitario, así como su prórroga. En efecto, el contexto económico y financiero de la República Argentina, que continúa afectando a la Provincia de Santa Fe, torna institucionalmente obligatorio instrumentar las herramientas necesarias y adecuadas para enfrentar esta situación de excepción".

Admite que "a pesar de la mejora en algunos indicadores, persiste el deterioro del tejido social que originalmente fundamentó la declaración de emergencia, lo que justifica su continuidad". Menciona allí los indicadores de pobreza e indigencia elaborados por Indec e Ipec.

"Esta crisis económica impacta tanto en el mercado laboral como en el sistema de obras sociales, lo que provoca que numerosos beneficiarios recurran a hospitales y centros de salud. Como consecuencia, el sistema público de salud debe asumir la atención de una población cada vez mayor en sus establecimientos", dice otro párrafo.

Más adelante marca que "en un escenario nacional marcado por la discontinuidad de políticas públicas esenciales, el sistema de salud de la provincia de Santa Fe ha asumido responsabilidades que antes eran cubiertas por la Nación. A la interrupción de programas sanitarios claves se suma la irregularidad en la provisión de medicamentos, insumos críticos y vacunas, lo que ha obligado al gobierno provincial a reforzar su inversión y su capacidad operativa para sostener el acceso a la salud".

Para el Ejecutivo, la ley de emergencia fue un instrumento fundamental para la reorganización y mejora de la infraestructura educativa, la provisión de recursos materiales y la generación de estrategias destinadas a la protección y promoción del derecho a la educación. "No obstante, persisten desafíos estructurales que requieren un mayor compromiso en la consolidación de programas destinados a reducir la desigualdad educativa, garantizar el acceso universal a la enseñanza y mejorar las condiciones edilicias de los establecimientos escolares".

Un decreto, el N° 219/24, aprobó el reglamento de contrataciones de bienes y servicios de las emergencias para que los órganos y entes que tienen a su cargo la gestión de las emergencias en seguridad y en materia social, educativa y sanitaria, cuenten con herramientas administrativas para implementar las medidas necesarias a fin de responder a las necesidades que demande la atención de tales emergencias, de acuerdo a las pautas estipuladas en las normas legales mencionadas.

Para el Ejecutivo, la ley de emergencia fue un fundamental para la reorganización y mejora de la infraestructura educativa.

Para el Poder Ejecutivo la agilización de procedimientos de contratación en situación de emergencia, "redunda en una gestión eficiente y transparente, a través de la implementación de modalidades adaptadas a las necesidades emergentes, como la licitación acelerada y la contratación directa".

También informa que los Ministerios de Salud, de Igualdad y Desarrollo Humano y de Educación, han llevado a cabo desde la vigencia de la ley más de 1600 procedimientos de contrataciones. "Ello ha generado un impacto significativo en la gestión de los recursos de las mencionadas jurisdicciones, posibilitando una respuesta ágil y efectiva frente a las demandas surgidas en el contexto de emergencia".

En el mensaje se adjunta un detalle de las gestiones realizadas por los tres ministerios en el ámbito de la emergencia.

El Consejo de la Magistratura publicó los resultados de cinco de los concursos ya realizados para seleccionar candidatos a jueces, fiscales y defensores públicos. Estas propuestas fueron elevadas al Poder Ejecutivo que deberá luego elegir los postulantes a los cargos vacantes en el Poder Judicial y remitirlos a Legislatura.

"La prioridad es cubrir cargos vacantes de fiscales" se repite ante la consulta de El Litoral. No obstante y pese a que están terminados concursos múltiples hasta el miércoles el Poder Ejecutivo no había presentado listas ante el Poder Legislativo.

La situación más complicada sigue siendo el norte provincial donde la fiscalía regional con sede en Reconquista tiene más jueces que fiscales. Apenas siete integrantes del Ministerio Público de la Acusación y uno de ellos suspendido por la Legislatura que tramita su destitución.

No obstante, la Corte Suprema de Justicia viene reclamando también la cobertura de cargos vacantes en los distintos fueros y circunscripciones judiciales. El tema está en los discursos de apertura del año judicial pero también fue planteado en la reciente reunión de los ministros con el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y con el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni.

De acuerdo al reglamento de funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la actual gestión, las propuestas se elevan por orden alfabético con los que aprueban el concurso y no por el puntaje otorgado por el cuerpo encargado de seleccionar los postulantes.

Uno de los resultados elevados tiene que ver con el concurso múltiple destinado a cubrir las vacantes de Fiscales Adjuntos Subrogantes del Ministerio Público de la Acusación, Circunscripciones Judiciales Nº 2 y Nº 3, con cabeceras en Rosario y Venado Tuerto.

Para Rosario, la nómina la integran 69 abogados mientras que para el extremo sur son 25. En las nóminas muchos son los nombres que se repiten.

La siguiente nómina contiene los postulantes que aprobaron para las vacantes de Jueces de 1ra. Instancia de Circuito de las Circunscripciones Judiciales Nº 1 y Nº 3. En el caso de Santa Fe capital la lista la integran Carolina Burgos Grabich, Robertino Corgnali Raffini, María de los Milagros De la Torre, Juan Andrés Demmi, Francisco José Depetris, Sebastián Faravelli, Hernán Guala, Daniel Merlo, José Ignacio Pastore, María Soledad Prieu Mántaras y Rodrigo Ureta Cortes.

Para el mismo fuero en Venado Tuerto, son cuatro postulantes: Burgos Grabich, Demmi y Faravelli que están también en Santa Fe más Martín Chasco.

Otro concurso múltiple terminado es para las vacantes de Defensores Adjuntos Subrogantes del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal para las Circunscripciones Judiciales N°1; Nº 4 y Nº 5 con cabecera en Santa Fe, Reconquista y Rafaela. Para esta capital, quedaron 42 postulantes; para el norte, 28 y para Rafaela, también 28. Muchos nombres se repiten en las tres sedes.

También el Consejo de la Magistratura comunicó el resultado del concurso destinado a cubrir las vacantes de Jueces de 1ra. Instancia de Distrito de Familia de las Circunscripciones Judiciales Nº 3 y Nº 5. Para el sur, son 9 los seleccionados y para Rafaela 11.

En cuanto al concurso para cubrir las vacantes de Jueces de 1ra. Instancia de Distrito en lo Laboral de las Circunscripciones Judiciales Nº 1 y Nº 4, para esta capital quedaron postulados María Clara Benassi, Martín Borselli, Mariana Otarola e Ignacio Pandullo. En tanto, para Reconquista también están Borselli y Pandullo más María del Mar Della Rosa.

Por Mario Cáffaro

En comunicación a las cámaras legislativas y publicados en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo observó parcialmente la sanción de tres leyes que no quedarán operativas hasta tanto la Legislatura se pronuncie sobre si acepta o no los vetos y en dos casos los textos alternativos propuestos.

Son tres normas sancionadas en la última semana de noviembre y que refieren a la ley que apunta a proteger a los trabajadores de deliverys; una ley para prevenir y sancionar prácticas de violencia y acoso laboral y un tercero sobre la inserción y estabilidad laboral de personas jóvenes sin cuidados parentales.

El tratamiento de los vetos no fue incluido en el período Extraordinario que ya cerró el Poder Legislativo por este año y que se retomará en febrero. En caso de no habilitarse los temas, recién desde mayo podrán ser considerados por las dos cámaras.

Ley N° 14362: crea un programa de monitoreo informático permanente tendiente a garantizar la seguridad de los trabajadores independientes que presten servicios de reparto de todo tipo de productos a domicilio, formato delivery, mediante aplicaciones móviles.

En este caso, el veto fue aplicado a dos artículos pero con textos alternativos "para modificaciones tendientes al mejor cumplimiento de la manda legislativa y, sobre todo, que resulten acordes a la política de seguridad que se encuentra implementando el gobierno provincial".

Los artículos observados son el 1 y el 2. En el primer caso, la observación es para ampliar los sistemas de geolocalización y no solo limitarlo al GPS. La propuesta es que el artículo quede redactado que el control se hará "mediante sistemas de posicionamiento global (GPS) y/o cualquier otro sistema que garantice la geolocalización".

El objetivo es que el Poder Ejecutivo pueda determinar cuál es la mejor herramienta tecnológica que permita cumplir con el objetivo planteado por el legislador, "El avance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) determinan que no podamos atarnos a una sola respuesta de abordaje sino que es permitente dejar abierto el modo de dar respuesta a la problemática a lo que determine el Poder Ejecutivo, a través de las áreas tecnológicas correspondientes, acerca de cuál es la mejor solución posible", se señala en los fundamentos.

El otro artículo observado es el que dispone que sea autoridad de aplicación del Ministerio de Justicia y Seguridad. Para el Ejecutivo hay varias áreas interviniendo por lo que postula que sea el Poder Ejecutivo en la reglamentación el que determine el área de incumbencia.

Ley N° 14371: marco normativo que tiene por objeto prevenir, detectar, erradicar y sancionar las violencias y el acoso en el mundo del trabajo, incluidos la violencia y el acoso por razón de género.

La norma dispone objetivos; personas destinatarias; ámbito de aplicación; autoridad de aplicación y sus funciones; obligaciones de las personas empleadores ; normas sobre prevención de las violencias en el ámbito laboral; creación de un equipo de abordaje integral de violencias; normas sobre procedimiento de intervención en casos de violencia -donde se incluye la aprobación de un protocolo integral de actuación para la prevención, detección y erradicación de violencias en el mundo del trabajo; pautas sobre sanciones; creación de un registro y disposiciones sobre certificación de empresas.

En los fundamentos, el Ejecutivo explica que Fiscalía de Estado recomendó el veto parcial de la norma en lo tocante a las sanciones, debido a que se "pretende establecer un régimen administrativo sancionatorio sin especificar las conductas punibles ni las penas correlativas estableciendo un régimen sancionatorio genérico e indeterminado".

Cuestiona que el alcance "es tan ambiguo que no permite determinar con la precisión que el principio de legalidad exige las conductas susceptibles de sanción". Así, el objetivo es directamente vetar el capítulo sobre sanciones sin disponer texto alternativo.

Ley N° 14376: busca favorecer la inserción y estabilidad laboral de personas jóvenes sin cuidados parentales. En este caso existe un veto con texto alternativo que deberá validar la Legislatura.

En su desarrollo, el texto ley identifica las personas beneficiarias; individualiza la autoridad de aplicación y funciones; establece pautas guiadas por el principio de progresividad para el acceso al empleo público a personas que egresen del Programa de Fortalecimiento de Autonomía Progresiva; contempla pautas para registro e inscripción de empleadores y se reconocen beneficios; y prevé que tales beneficios son compatibles con los regulados en la Ley N° 27364 de Creación del Programa de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales.

En este caso, la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda sugirió no incluir en el artículo 2° (que refiere a que no exista posibilidad de iniciar proceso adoptivo) debido a que "la resolución de las medidas de protección excepcionales no implica únicamente la declaración de adoptabilidad, sino que existen supuestos de sugerencia de guarda o tutela para el adolescente.

La inclusión debe ser para todos aquellos adolescentes sin cuidados parentales con resolución definitiva como única condición, con independencia de haber estado en procesos adoptivos o guarda, tutela, autonomía progresiva u otra modalidad o programa".

La redacción propuesta en el texto alternativo es que serán personas beneficiarias, "adolescentes que al momento de cumplir 18 años se encontraran sin cuidados parentales por haberse dispuesto una medida de protección excepcional de derechos en el marco de la ley 12967 y la misma se encontrara con una resolución definitiva".

La Cámara de Diputados sancionó sendas leyes ampliando a cinco miembros titulares y otros tantos suplentes a las comunas de Villa Amelia (dpto Rosario) y de Guadalupe Norte (General Obligado). Son proyectos originados en los senadores de esos departamentos, Ciro Seisas y Orfilio Marcón. En ambas leyes se determina que El Poder Ejecutivo deberá aplicar la norma en la primera convocatoria a elecciones ordinarias que realice a efectos de ampliar el número de miembros de la comuna. El decreto N° 2656 convocado a elecciones el año venidero, en ambos casos contempla la elección de tres miembros titulares. Los legisladores harán gestiones para que se aplique la norma en el año venidero.

El ministro de Gobierno e Innovación, Fabián Bastia, recibió el informe final sobre reforma jubilatoria que realizó la Comisión de Análisis del Sistema Previsional que reunió a diputados, senadores, dirigentes gremiales y funcionarios del Poder Ejecutivo. El informe se elaboró con el objetivo de analizar el régimen previsional de la provincia de Santa Fe, garantizando la permanencia de la Caja de Jubilaciones y Pensiones en la órbita del Estado Provincial y su carácter solidario.

El trabajo parte de cuatro puntos de acuerdo y recomendaciones de distintos sectores políticos y gremiales que no formaron parte del consenso general, luego del trabajo de 45 días que le fijó la ley a dicha comisión. La comisión no utilizó la prórroga de 45 días y el ministro Bastia adelantó que en esta quincena el mensaje con el proyecto de reforma será enviado a Legislatura. "El objetivo es salvar a la Caja y darle sustentabilidad en el tiempo" reafirmó el funcionario para luego insistir en que "nadie quiere irse a Anses para jubilarse".

Un grupo de legisladores, encabezados por el presidente y el vice de la comisión de Análisis Previsional, Rodrigo Borla y Pablo Farías, llevaron las carpetas y el informe final que entregaron a Farías y a la secretaria de Hacienda, Belén Echeverría, el informe final para luego adelantar detalles a los medios de prensa.

Los cuatro puntos del acuerdo dicen textualmente:

* La Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe debe permanecer en la órbita del Estado provincial, garantizando éste los mecanismos de financiamiento nacional y provincial de las prestaciones que correspondan a sus beneficiarios y su sostenibilidad en el tiempo.

* Continuar los reclamos a Nación para el pago de la deuda a la Provincia de Santa Fe. El Estado Nacional desde el año 1999, en acuerdo con las provincias, se ha comprometido a cubrir los déficits de las Cajas provinciales de jubilaciones y pensiones no transferidas a la Nación. Estos acuerdos tienen vigencia, han sido ratificados por ley y deben cumplirse. Esta comisión acompaña el reclamo administrativo y judicial iniciado por el Estado provincial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la inconstitucionalidad del artículo 18 del decreto 280/2024, que dispuso el cese de esos pagos, y la exigencia de que se establezca una medida cautelar que reponga las transferencias que corresponden a Nación.

* Los regímenes especiales dentro del sector público, contemplados en la legislación provincial, responden a las particularidades de la labor realizada y es necesario sostenerlos.

* El sistema de jubilaciones y pensiones de la provincia de Santa Fe es un sistema de reparto y debe fundarse en los principios de solidaridad intergeneracional y equidad. Quienes mejores ingresos tienen, mayores esfuerzos están en condiciones de realizar para su sostenimiento.

Borla explicó el contenido del informe "que fue realizado de cara a la sociedad, con total respeto y apuntando a cumplir con el proyecto original presentado en 2015 por el senador Raúl Gramajo para darle sostenibilidad a la Caja. Ahora comenzará la nueva etapa donde el Ejecutivo deberá elaborar el mensaje. Todos fueron escuchados", señaló el senador por San Justo.

"Hemos realizado la tarea que se nos ha encomendado" señaló Farías. "El informe tiene, por un lado el diagnóstico claro, concreto de cómo está hoy la situación de la Caja de Jubilaciones; la necesidad de preservar este espacio en el cual están depositadas las expectativas de los trabajadores del estado, las posibilidades de jubilarse, de tener una pensión en las situaciones que están previstas en la ley así como la necesidad de tomar a tiempo decisiones que preserven la Caja, aclaró el socialista. Un concepto que se insistió en la rueda de prensa fue mantener la Caja en la provincia, achicar el déficit para hacerla sustentable. "El déficit es un acueducto por año", ejemplificó Borla.

"Debemos encontrar una fórmula que haga sustentable a la Caja en el tiempo, hay una curva creciente del déficit del cual debemos ocuparnos", agregó el diputado.

Bastia se detuvo a destacar el tratamiento de un asunto público de cara a la sociedad y con la participación de la política, los gremios, entidades y profesionales. "Con el déficit altísimo, no hay lugar a la especulación. Son muchos los recursos que le cuestan a la provincia sostener un déficit que este año será de entre 300 y 400 mil millones de pesos. Vamos a trabajar sobre el informe para salvar la Caja de Jubilaciones de los estatales santafesinos y darle sustentabilidad en el tiempo. Queremos de esa manera tener un horizonte importante temporalmente, salir de esa situación deficitaria y que los recursos públicos puedan ser destinados a infinidad de necesidades que tenemos". El ministro luego insistió en tener listo el proyecto para mediados de agosto. Cuando El Litoral le hizo notar que mediados de agosto es la semana próxima, Bastia dijo que el Ejecutivo tiene muy buenos técnicos para trabajar y poder cumplir la fecha, recordando que en el inicio de gestión mandaron una docena de proyectos a Legislatura.

"A mediados de agosto vamos a enviar el mensaje del Poder Ejecutivo tendiente a reformar la Caja con el objetivo de hacerla sustentable en el tiempo y sacarla del déficit". No obstante, recordó que hay un trabajo conjunto y no en estancos diferentes debido a que tanto los funcionarios del Ejecutivo como los legisladores que tomaron parte de la comisión fueron informando de lo hablado en el grupo.

"El compromiso está para trabajar para que la Caja deje de tener déficit", ratificaron los legisladores para insistir en la decisión política de mantener su funcionamiento en la órbita provincial. También se consideró injusto que la diferencia entre la jubilación mínima y la máxima sea de 1 a 32. El otro tema soslayado es la necesidad de que la política a través de las autoridades de los tres poderes hagan un aporte mayor al sistema previsional. Algunas ideas que la semana próxima quedarán plasmadas en el mensaje a enviar a Legislatura.

Los senadores Alcides Calvo (Castellanos) y Rubén Pirola (Las Colonias) también presentaron un trabajo de 24 páginas y entre las conclusiones expresaron que "el sistema previsional de la provincia tiene los reaseguros necesarios para su sustentabilidad financiera y que corresponde exigir ante el Gobierno Nacional el cumplimiento de sus obligaciones, sea a través del diálogo político-institucional o mediante las acciones judiciales que sean necesarias".

También aclaran que "no debe pensarse en una reforma del sistema previsional de carácter integral y permanente, tanto en lo estructural o lo paramétrico, en función de los problemas financieros actuales, que pretenda trasladar a los sectores activos y pasivos el costo de esas reformas". Recomiendan que "previamente a cualquier propuesta de reforma a nivel provincial debe considerarse la discusión y debate que a nivel nacional se llevará respecto del sistema previsional, en atención a lo firmado en el Acta de Mayo por nuestro gobernador, para luego poder debatir la armonización o las disposiciones que corresponderían adoptar en el sistema provincial".

Además sostienen que "algunas modificaciones en particular pueden plantearse en función de buscar la paulatina mejora del funcionamiento del sistema previsional, lo cual no debe estar supeditado a plazos sino a la construcción de los consensos necesarios, para garantizar siempre derechos adquiridos, respetar los principios de la seguridad social y sin plantear condiciones más estrictas que las hoy exigidas en el nivel nacional (edades de varones y mujeres, aportes, cómputos, reciprocidad, etc).

Por último consideran necesario incorporar la participación de los sectores activos y pasivos en un directorio para la conducción y administración de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia.

Los justicialistas Walter Agosto, Rubén Pirola y Alcides Calvo firmaron las cuatro coincidencias generales aunque aclararon que esto "no implica asumir ninguna posición con respecto a una eventual reforma que aún no se conoce. Cuando el Poder Ejecutivo envíe un proyecto se iniciará otra etapa, que implicará un nuevo debate sobre los aspectos concretos que él mismo contenga".

Agosto informó que presentó en el seno de la Comisión un informe técnico donde analiza aspectos relevantes de la Caja de Jubilaciones así como también indicadores físicos y financieros del organismo.

Del informe se destacan, entre otros, los siguientes puntos:

* La Caja de Jubilaciones lejos de registrar un gasto exorbitante como indican algunos funcionarios del Gobierno Provincial, representa sólo el 3% del gasto previsional total de la República Argentina. Además, este gasto previsional constituye un 17,6% del gasto total de la Administración Provincial, similar al peso que los organismos previsionales tienen en otras provincias como Buenos Aires (17,5%), y por debajo de otras como Córdoba (21,9%) y Entre Ríos (24,5%).

* El déficit de la Caja de Jubilaciones en el año 2023 fue de $ 129.700 millones. Medido en moneda constante, como técnicamente corresponde para neutralizar el efecto de la inflación, el déficit de 2023 fue el menor de los últimos cinco años.

* La mayoría de los sistemas previsionales de reparto tienden a ser deficitarios, muchos de ellos financiados combinadamente con aportes, contribuciones e impuestos con afectación especifica.

* La Caja provincial ha sido deficitaria en los últimos 33 años. El aumento de los déficits previsionales en los últimos años responde principalmente a cuestiones demográficas: una mejora significativa en la esperanza de vida de la población, que implica una mayor cantidad de beneficiarios durante una mayor cantidad de años. Por otra parte, se observa un mayor nivel en las jubilaciones y pensiones que registra el sistema previsional de Santa Fe, no sólo con relación al régimen nacional, sino también en comparación con otras provincias con cajas de jubilaciones no transferidas.

* La cobertura del déficit de la Caja de Jubilaciones tiene que ser evaluada considerando la obligación del Gobierno Nacional de financiar, bajo determinadas condiciones, parte de dicho déficit. Por lo tanto, cualquier intento de reforma requiere tener en cuenta el financiamiento mensual que a futuro deberá reestablecer ANSES. Simultáneamentedeberán sostenerse en el tiempo y con decisión política los reclamos administrativos y judiciales por las deudas del Gobierno Nacional.

* En cualquier escenario de simulación de financiamiento por parte de ANSES, en el marco de las normas vigentes suspendidas arbitrariamente por el Gobierno Nacional, el aporte del Tesoro Provincial para cubrir el déficit se reduce de manera considerable, entre un 65% y un 72%.

Los legisladores del oficialista Unidos para Cambiar Santa Fe más el senador por 9 de Julio, Raúl Gramajo, y la diputada Beatriz Brouwer (Somos Unidos) recomendaron considerar cinco puntos en la reforma previsional. El trabajo es firmado por Borla, Farías más los diputados José Corral (UCR), Astrid Hummel (Pro), Rubén Galassi (PS), Gisel Mahmud (PS), y los senadores Oscar Dolzani (San Javier), Esteban Motta (San Martín) y Hugo Rasetto (Iriondo).

1) Formación del fondo: Evaluar la implementación de incrementos en los porcentajes de aportes, de acuerdo con la estructura salarial, siguiendo una escala creciente, a mayor ingreso mayor aporte. Aplicar el máximo de la escala de aportes a autoridades políticas y personal de gabinete del gobierno provincial, incluidas las de entes autárquicos y descentralizados, sociedades del Estado; legisladores, funcionarios y asesores políticos del Poder Legislativo; vocales del Tribunal de Cuentas; Defensoría del Pueblo, magistrados, fiscales, defensores y funcionarios del Poder Judicial.

En los beneficios por invalidez y pensión, se recomienda una integración del aporte posterior al otorgamiento de la prestación, hasta el cumplimiento de los años de servicios exigidos para el acceso; evaluar un incremento de las contribuciones; considerar un aporte extraordinario por parte del personal que ingrese como nuevo afiliado al régimen de la Caja, siguiendo lo previsto en otros sistemas previsionales. También evaluar, por tratarse de un sistema solidario, la posibilidad de crear un aporte extraordinario que alcance a jubilados y pensionados en función de ingresos sujeto a criterio de equidad y progresividad.

2) Requisitos de accesibilidad: Mantener la compensación por exceso de edad con falta de años de servicio para todos los sectores, asumiendo que el consenso indica que la contingencia que debe proteger el sistema es la vejez, eliminando la compensación de años de servicio por falta de años de edad. Para acceder a los beneficios de esta Caja, no se deben considerar los aportes realizados a ANSES u otros sistemas que fueran adquiridos a través de una moratoria o mecanismo similar que reconocen años de servicio sin que, efectivamente, hayan sido prestados.

3) Determinación del haber: Determinar el haber mensual de la jubilación ordinaria para los segmentos de mayores ingresos en función de una prestación proporcional fijada de manera decreciente; establecer como unidad de medida para fijar el tope de haberes el valor de la jubilación mínima o un porcentaje del haber del gobernador y computar el haber máximo por beneficiario y no por beneficio.

4 ) Movilidad: Evaluar un mecanismo equitativo para diferir el aumento de las prestaciones hasta asegurar el ingreso a la Caja de los recursos correspondientes a la variación de las remuneraciones de los activos. Mejorar la redacción del artículo 12 para evitar inconvenientes de interpretación y disminuir la litigiosidad que genera.

5) Pensiones: Incorporar causales de extinción o limitación en el tiempo al beneficio de pensión.

Los firmantes entienden que las futuras reformas tendrán que aplicarse de manera progresiva a los activos y no deberán afectar los beneficios adquiridos por los actuales jubilados y pensionados.

También destacaron que otra de las variables consideradas y analizadas al interior del trabajo de la Comisión fue la vinculada a las edades de hombres y mujeres requeridas para el acceso a los beneficios jubilatorios. Un grupo de legisladores expusieron como argumentos para la equiparación de edades el aumento en la expectativa de vida de hombres y mujeres y las tendencias aplicadas en otros regímenes vigentes. Por otro lado, hubo quienes remarcaron la vigencia de los roles de género, considerando que todavía hoy las mujeres trabajadoras se encargan de las tareas domésticas y de cuidado que no son remuneradas.

Finalmente, se propone mantener las características de los regímenes especiales, aunque enla temática no hubo opinión unánime.

Las dos cámaras resolverán entre esta tarde y el mediodía del jueves si llevan al recinto los mensajes remitidos en diciembre último por el Poder Ejecutivo y que refieren al funcionamiento del Poder Judicial. Se trata de una ley reglamentaria del instituto del juicio por jurados así como las reformas al Código Procesal Penal y a la Ley Orgánica del Poder Judicial y al Código Procesal Civil y Comercial. Los dos primeros proyectos están en manos del Senado y el tercero en Diputados, cámara que además tiene a estudio la llamada ley de gobernanza de datos y acceso a la información pública.

Los cuatro asuntos vienen siendo analizados desde diciembre y no lograron aún la sanción esperada por el Poder Ejecutivo como la otra docena de mensajes habilitadas en el inicio de la gestión de Maximiliano Pullaro.

Después del receso, fueron varios los actores del sistema judicial que pasaron por las distintas cámaras legislativas para sentar posturas sobre los mensajes del Poder Ejecutivo, entre ellos el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; colegios de magistrados, de abogados, etc. "Hay decisión de avanzar en los tres temas con el mayor consenso posible" señaló a El Litoral un vocero de la bancada de Unidos en la Cámara de Diputados. "Queremos sumar votos a los 28 propios" acotó. En el Senado, también buscan sumar los votos de la bancada justicialista para darle mayor fortaleza política a las reformas.

Voceros radicales y socialistas señalan a El Litoral que la decisión es avanzar con los temas, negaron diferencias con las iniciativas de la Casa Gris y hablan de la maduración de los temas.

En el caso de los temas en manos del Senado, el Colegio de Magistrados dejó propuestas de reformas tanto al juicios por jurados como a la reforma al Código Procesal Penal que están siendo analizadas tanto por la bancada oficialista como por el justicialismo. "El propósito es si hacemos reformas a los textos que tengan aval también de Diputados para dejar sancionada la norma", se le dijo a El Litoral en el Senado.

En Diputados, este jueves fue convocado un plenario de tres comisiones: Pablo Farías (PS), presidente de Asuntos Constitucionales, citó a esa comisión más Presupuesto y Hacienda más Derechos y Garantías para discutir los dos proyectos: Ley Orgánica del Poder Judicial y gobernanza de datos. De encontrarse el acuerdo se llevaría al recinto en la tarde.

La jornada del jueves, en el ámbito legislativo tendrá al mediodía la sesión conjunta de ambas cámaras para tratar la posible suspensión del fiscal rosarino Matías Edery quien siguió aportando testigos en su defensa ante la Comisión de Acuerdos. El tema será definido también mañana.

Toda esta actividad legislativa prácticamente coincidirá con la apertura del año judicial que realizará el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez, en el Palacio de Tribunales, y donde la mayoría de los legisladores están invitados y deseosos de participar.

Cuatro comisiones de la Cámara de Diputados intentarán emitir dictamen a un mensaje del Poder Ejecutivo sobre producción y gestión de información para la prevención del delito que, en los pasillos parlamentarios, ya se define como la futura ley de inteligencia de la provincia. La iniciativa forma parte del paquete de una docena de ellas presentadas por el Poder Ejecutivo sobre la temática de seguridad pública. "Nadie puede negar que las policías provinciales realizan tareas de reunión de información y que nunca estuvieron expresos los límites", le dijo a El Litoral uno de los diputados oficialistas que trabaja el proyecto. Un artículo, el cuarto, hace un listado expreso de las prohibiciones. Es más, se menciona que la incumbencia provincial en delitos de narcomenudeo amerita también tareas preventivas.

De lograr dictamen de comisiones, el tema llegará mañana al recinto de Diputados y pasaría en forma inmediata al Senado donde el oficialismo tiene los dos tercios necesarios para apurar el tratamiento. En el caso de Diputados, la reunión conjunta la protagonizarán en la última hora de este miércoles las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda, Seguridad Pública y Derechos y Garantías.

"El desenvolvimiento de las actividades de producción y gestión de la información para la prevención del delito resulta esencial para poder conformar un diagnóstico actualizado permanente de la realidad criminal en la Provincia de Santa Fe, así como para la formulación e implementación de políticas y estrategias de seguridad pública", expresa en los considerandos el mensaje 5074 del Poder Ejecutivo que firman el gobernador, Maximiliano Pullaro, y el ministro de Gobierno e Innovación Pública, José Bastía. Agrega que "el diagnóstico actual nos muestra que en el ámbito de la provincia de Santa Fe y particularmente dentro de la institución policial, existen una multiplicidad de actores que llevan a cabo actividades de producción y gestión de la información para la prevención del delito, duplicando trabajo, de manera desordenada, sin que existan protocolos para la obtención, reunión, sistematización, análisis y difusión de información criminal". También advierte que "el trabajo es segmentado/fragmentado y sin articulación, por lo que no hay retroalimentación entre los diversos actores que producen información. Asimismo, se puede observar un uso ineficiente e ineficaz de los recursos disponibles para la prevención del delito. El trabajo que se realiza se hace siguiendo la lógica de la factibilidad de las unidades operacionales, de las limitaciones presupuestarias o de lo que decida un jefe o supervisor dentro de la unidad policial".

Entiende el Ejecutivo que estos problemas "pueden relacionarse directamente con la ausencia de un marco normativo que regule la actividad de producción y gestión del conocimiento para la prevención del delito a nivel provincial, con la falta de una dirección y gestión política de producción de información y análisis para la prevención del delito y con la carencia de coordinación/comunicación entre los diferentes niveles y organismos estatales para el intercambio de información".

Sobre esta base la propuesta girada a Legislatura es para "organizar y coordinar la producción de conocimiento en materia criminal, estableciendo un sistema para la obtención, reunión, sistematización, análisis y difusión de información criminal". Aclara que "ésta será utilizada a los fines de la toma de decisiones estratégicas para la prevención del delito, y sólo en un momento posterior puede derivar en una investigación propiamente dicha, la cual se enmarcará en el proceso jurídico correspondiente". El mensaje propone mecanismos de control para asegurar la transparencia de la gestión pública y el manejo de la información. En Legislatura se prevé sumar una comisión bicameral de seguimiento integrada por cinco miembros por cada cámara para que haya participación de la oposición y en envío de un plan anual de trabajo a Legislatura.

La redacción del proyecto prevé una organización de producción de conocimiento en materia criminal contemplando una conducción política de la inteligencia criminal a través de la Subsecretaría de Inteligencia Criminal; área de información patrimonial a través de la Dirección Provincial de Información Patrimonial y un área policial de información estratégica a través de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales.

"Se entiende por producción y gestión de información para la prevención del delito a la actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información, referida a los hechos, amenazas, riesgos y conflictos que puedan afectar la seguridad de la Provincia, sus habitantes, empresas e instituciones para producir conocimiento destinado a orientar la formulación y ejecución de políticas en materia de seguridad pública y ciudadana", define el artículo 2 de la iniciativa que consta de 21 artículos.

También prevé la asignación en el presupuesto de fondos reservados al Ministerio de Justicia y Seguridad para afrontar los gastos operativos que por su carácter reservado no pueden ser financiadas con gastos ordinarios.

El artículo cuatro marca las prohibiciones de la inteligencia. Reza lo siguiente: "Queda prohibida la obtención, producción, almacenamiento de datos e información de las personas por razones étnicas, religiosas, ideológicas, de género, políticas, de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales y laborales, en especial la periodística, como así también por cualquier actividad lícita que desarrollen en su ámbito privado".

También la agenda legislativa de la semana tiene el Presupuesto General 2024. Para agilizar el tratamiento la Comisión de Presupuesto y Hacienda citó al ministro de Economía, Pablo Olivares para este jueves. La reunión servirá además para avanzar con el análisis de la Ley Tributaria 2024 que está en la agenda del Senado para este jueves. El objetivo del oficialismo es votar la Tributaria este jueves en ambas cámaras. En cuanto al Presupuesto, ya tiene la media sanción del Senado.

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El gobierno de la Provincia de Santa Fe tomó la decisión de anular el asueto administrativo que había otorgado a los empleados y agentes del Estado para el día viernes 23 de diciembre, a raíz del impacto que el feriado nacional del martes 20 tuvo en el desarrollo de las actividades laborales del sector público, pese a que el Poder Ejecutivo Provincial había decretado que la actividad fuera normal.

El asueto del día anterior a la víspera de la Navidad no tendrá lugar “a los fines de posibilitar la continuidad de las gestiones que hacen al desarrollo de la función administrativa y los distintos servicios y cometidos públicos encargados a la Administración Pública y demás organismos dependientes de éste Poder Ejecutivo”, dice el decreto firmado por el gobernador Omar Perotti y el ministro de Gestión Pública Marcos Corach.

El decreto que deja sin el descanso previsto dice en su artículo 1ro: “Déjase sin efecto el asueto administrativo para el personal de la Administración Pública Provincial del día 23 de diciembre de 2022, dispuesto por el Decreto N° 2817/22”.

Los fundamentos de la medida enumeran lo siguiente: “Que por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 842/22 del Poder Ejecutivo Nacional se declara feriado nacional el día 20 de diciembre de 2022, medida que fue anticipada por la prensa avanzada en la tarde del día 19 de diciembre, y recién fue publicado en el Boletín Oficial el día 20 de diciembre;

“Que no obstante el dictado por éste Poder Ejecutivo del Decreto N° 2833 el 19 de diciembre de 2022, el cual dispuso que durante la jornada del día martes 20 de diciembre de 2022 sería normal la actividad en todos los organismos y reparticiones de la Administración Central dependiente del Poder Ejecutivo, Organismos Descentralizados y Entes Autárquicos, Instituciones de la Seguridad Social y Empresas y Sociedades del Estado provincial o donde el mismo tuviera participación, la difusión de la información masiva sobre el feriado nacional afectó el normal desarrollo de las tareas;

Confirmado: en Santa Fe habrá asueto en la administración pública el 23 y 30 de diciembre

“Que distintas Municipalidades y Comunas de la Provincia, que en principio habían dictado medidas análogas a las del Decreto N° 2817/22 han revisado tales determinaciones, otras solo han dispuesto asueto administrativo para el día 30 de diciembre de 2022, y otras aún están evaluando la decisión a adoptar al respecto;

“Que la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, en reunión de acuerdo ordinario llevada a cabo el 20 de diciembre, resolvió disponer asueto para el día 30 de diciembre del corriente año en todo el ámbito del Poder Judicial de esta Provincia de Santa Fe, con la consecuente suspensión de los términos judiciales, dejando asentado expresamente que ‘la totalidad de as unidades jurisdiccionales que en la Provincia se encuentren de turno el día 30 de diciembre de 2022, deberán prestar el servicio de igual manera que para un día inhábil judicialmente’;

“Que, en ambos casos, las determinaciones adoptadas impactan en la modalidad de prestación de servicios y desarrollo de actividades a cargo de los organismos provinciales que, por razón de competencia y en virtud de disposiciones legales vigentes, deben interactuar en forma necesaria con los niveles territoriales locales de gobierno y con las dependencias del Poder Judicial de la Provincia;

“Que en el contexto que se describe, a los fines de posibilitar la continuidad de las gestiones que hacen al desarrollo de la función administrativa y los distintos servicios y cometidos públicos encargados a la Administración Pública y demás organismos dependientes de éste Poder Ejecutivo, se entiende conveniente dejar sin efecto el asueto administrativo dispuesto para el 23 de diciembre de 2022;

Y por último, “Que el presente se dicta conforme las atribuciones conferidas por los incisos 1) y 5) del Artículo 72 de la Constitución de la Provincia”.

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