Un fallo judicial dio la razón al Gobierno nacional, y dejó sin efecto una resolución previa que había declarado la nulidad del llamado “Protocolo Antipiquetes”, dictado por el Ministerio de Seguridad para sustentar el accionar de las fuerzas federales en casos de protesta social.

El pronunciamiento se produjo tras una presentación del Poder Ejecutivo por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, con voto de los jueces Sergio Gustavo Fernández y Jorge Eduardo Morán.

La novedad fue difundida por el Ministerio de Seguridad, que hoy conduce Alejandra Monteoliva, la cual señaló que el fallo de la Cámara reconoció que "se trata de una herramienta dirigida a las Fuerzas de Seguridad para intervenir frente a situaciones que afectan la circulación y el uso del espacio público, en el marco de la ley".

En ese sentido, el Ministerio de Seguridad enfatizó que las fuerzas federales continuarán interviniendo "cuando sea necesario para defender la libertad, garantizar garantizar el orden y hacer cumplir la ley".

La primera en hacer eco de la medida fue la jefa de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, principal promotora del protocolo, quien salió a celebrar la decisión de la Justicia.

"Nos decían tontos y que era imposible terminar con los piquetes. Lo hicimos. La Justicia vuelve a poner las cosas en su lugar: el protocolo es la herramienta para hacer cumplir la ley frente a grupos que viven de bloquear, extorsionar y tomar de rehén a millones de argentinos que quieren trabajar y circular", remarcó la ex funcionaria, y sentenció: "ORDEN".

Prácticamente en simultáneo, la ministra Alejandra Monteoliva enfatizó que la Justicia "le dio la razón al Gobierno nuevamente" y remarcó que "el protocolo sirve para terminar con los cortes y defender la libertad de quienes quieren circular, trabajar y vivir en paz".

La causa se originó en una acción de amparo colectivo promovida por organizaciones sociales que cuestionaron la validez de la Resolución 943/23 del Ministerio de Seguridad (que aprobó el referido protocolo), al entender que implicaba una restricción indebida de derechos constitucionales como la protesta, la libertad de expresión y el derecho de reunión.

En primera instancia, el Juzgado Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal n° 11 había hecho lugar a la demanda, declarando la nulidad del protocolo.

El juez consideró que la resolución excedía las competencias del Poder Ejecutivo al regular, bajo la apariencia de instrucciones internas, derechos constitucionales como el de reunión y petición, reservados a la ley del Congreso. Asimismo, el fallo de grado había sostenido que la norma modificaba el alcance del artículo 194 del Código Penal y adolecía de vicios en su motivación y razonabilidad.

El Estado Nacional apeló esa sentencia, planteando como agravios centrales la improcedencia de la vía de amparo y la ausencia de ilegitimidad manifiesta en el protocolo.

Argumentó que la resolución 943/23 es un acto administrativo válido, dictado dentro de sus facultades legales, que no restringe derechos sino que busca garantizar la seguridad y la libre circulación, en un contexto de conflictividad social recurrente.

En su dictamen, el fiscal Rodrigo Cuesta opinó que correspondía desestimar el recurso de apelación del Gobierno y dejar firme la sentencia que declaró nulo el protocolo antipiquetes.

Para el funcionario, la resolución del Ministerio de Seguridad excedió sus facultades al intentar regular derechos fundamentales mediante una normativa administrativa que, en la práctica, anuló garantías constitucionales básicas.

El dictamen reconoció que el derecho a la protesta no es un delito, sino un ejercicio legítimo que debe ser protegido incluso cuando entra en tensión con la libre circulación.

Cuesta remarcó que el Estado tiene la obligación de realizar una evaluación adecuada en cada conflicto de derechos, pero subrayó que la reunión y la expresión social tienen un carácter "preferencial" dentro del sistema legal argentino.

Uno de los puntos más severos del texto apuntó contra la "automaticidad" de la represión. El fiscal advirtió que el protocolo obliga a una intervención policial inmediata ante cualquier afectación de la vía pública, sin analizar las circunstancias ni la legitimidad del reclamo.

Esta mecánica, según el dictamen, resultó “incompatible con los estándares de razonabilidad y proporcionalidad que exige la Constitución”, transformando a las fuerzas de seguridad en jueces de hecho sobre la vía pública.

Los integrantes de la Sala III de la Cámara no compartieron los argumentos del fiscal y, conforme a lo solicitado por el Gobierno, decidieron revocar la sentencia de primera instancia. Tal como consigna el sitio especializado Palabras del Derecho, los magistrados fundamentaron su decisión en varios ejes.

En primer lugar, destacaron la presunción de legitimidad que asiste a los actos administrativos (art. 12 de la ley 19.549), la cual impone a quien cuestiona la norma la carga de probar sus vicios, extremo que consideraron no acreditado.

Sobre la competencia, señalaron que la resolución se dictó en virtud de las atribuciones conferidas al Ministerio de Seguridad por la ley 22.520 de Ministerios (arts. 4, inc. b, ap. 9 y 22 bis), que lo facultan a impartir instrucciones y coordinar a las fuerzas federales.

En cuanto a la motivación, la Cámara sostuvo que los considerandos de la resolución 943/23 explican con claridad las razones que llevaron a su dictado, haciendo referencia a la "urgencia" de la situación, la recurrencia de los cortes de tránsito y la necesidad de brindar certidumbre a las fuerzas de seguridad.

Respecto al fondo de la regulación, el fallo señaló que el protocolo no regula derechos constitucionales de manera general, sino que establece pautas de actuación ante la comisión de un delito flagrante (art. 194 del Código Penal), orientada a despejar las vías de circulación y con el deber de utilizar la mínima fuerza necesaria.

El tribunal concluyó que, en este marco, la resolución constituye una limitación legítima de derechos, que no son absolutos, en consonancia con el artículo 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El tribunal también rechazó el argumento de la parte actora sobre la supuesta invasión de competencias penales, remitiéndose a un fallo previo de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que había declarado que la resolución no era materia de hábeas corpus y que su análisis correspondía al fuero contencioso administrativo federal.

Por Mario Cáffaro

En toda la última semana, el Poder Ejecutivo publicó los decretos que venía reclamando el Poder Judicial acerca de nombramientos, ingresos y ascensos de personal. Estos decretos más los 85 pliegos remitidos a Legislatura -la mayoría de ellos para jueces- marca un clima de distensión entre los dos poderes.

El sábado pasado, horas antes de enviar los pliegos y empezar a firmar los nombramientos, el gobernador informó en su cuenta de Instagram que recibió al presidente de la Corte, Roberto Falistocco, en la delegación del gobierno en Rosario.

Los pliegos de jueces, fiscales y defensores se considerarán en Asamblea Legislativa el 25 de septiembre.

En cuanto a los decretos de esta semana refieren a personal que ya está en funciones. “Que se deja constancia que el personal cuya designación se efectúa en carácter de titular, ha sido propuesto por la Secretaría de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia en base al Concurso oportunamente realizado” dicen todos los decretos.

Un tercer párrafo agrega “que la Dirección General de Administración del Poder Judicial informa que los cargos a cubrir se encuentran vacantes y constata la existencia de partidas presupuestarias disponibles para atender el gasto requerido”.

Hay decretos de designaciones individuales y colectivos. En total, son 155 los agentes que tenían frenado el expediente tal cual lo marcó una acordada firmada el pasado 5 de agosto por todos los ministros de la Corte santafesina. Uno de los principales de esos decretos, el 1991, abarca 75 designaciones para las circunscripciones 2 y 3 con cabecera en Rosario y Venado Tuerto.

En el acuerdo de agosto, la Corte hablaba de “relentización” del trámite que había motivado cortocircuitos el año pasado y que fueron analizados ese domingo 8 de septiembre cuando el gobernador Pullaro recibió -muy temprano- a todo el máximo tribunal.

En agosto, la Corte exhortó al Poder Ejecutivo -por conducto del ministerio de Justicia y Seguridad- "para que disponga del modo más urgente posible, la materialización de los procedimientos orientados al dictado de los decretos que permitan dar continuidad a los expedientes oportunamente remitidos por este Poder Judicial".

En los considerandos, el tribunal supremo advierte que "se constata nuevamente una relentización en el dictado de los correspondientes decretos que debe dictar el Poder Ejecutivo para poder dar continuidad y así llegar a la conclusión de los trámites administrativos referenciados".

Y agregaba: "Convirtiéndose así en una situación análoga a la acontecida durante el año 2024 y que fuera puesta en conocimiento del ministerio de Justicia y Seguridad".

Aclaraba la Corte que, a agosto, "implica la existencia de más de 155 expedientes que se encuentran en dicha situación de demora, que en algunos casos se remonta a más de diez meses, los que de una manera u otra afectan derechos en la carrera administrativa dentro de este Poder Judicial".

La Comisión de Poder Ejecutivo y Poder Legislativo encontró numerosas coincidencias sobre las facultades, el funcionamiento y en especial para el procedimiento de la sanción de las leyes respecto de cómo será en la Constitución de 2025 el poder de la representación de los ciudadanos y de los departamentos que componen la Provincia de Santa Fe, de los debates, de los controles de los actos de gobierno y de la construcción del consenso para las normas. En el diseño de la República su rol es claro, transparente y obligatoriamente público, con las barras en sus recintos abiertos a quien quiera asistir a las sesiones y a la prensa obviamente.

La Convención sigue en una etapa en la que, en comisiones, cada fuerza política dentro y fuera del oficialismo presenta sus posiciones y en ocasiones se generan debates que anteceden a los que puedan tener lugar más adelante en el pleno de 69 miembros.

Entre las 9 y casi las 11 de este jueves 31 de julio se repasaron las propuestas que, a diferencia de lo sucedido el miércoles 30, contó con un clima más distendido gracias a que había acuerdo en numerosos asuntos vinculados al Poder Legislativo. Como se sabe, en su encuentro anterior, el tema de la bicameralidad consagrada en la Constitución Vigente y fuera de los temas habilitados para la reforma en marcha causó unos tensos cruces entre los defensores del sistema federal con representación por cada uno de los 19 departamentos en su propia cámara, y los que entienden que basta con que un número de diputados sean electos por esas jurisdicciones para un sistema unicameral que sea representativo también del interior.

Interesantes debates en torno a las atribuciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo provincial.

Ese punto es el que divide aguas. El oficialismo en todas sus vertientes que fue con una sola lista de convencionales y el justicialismo en cada una de sus propuestas electorales sostienen la bicameralidad. En cambio, se oponen a ella los bloques de La Libertad Avanza y de Somos Vida y Libertad.

En rigor, el tema ya fue resuelto primero por la Legislatura (al sancionar la Ley 14.384 que declaro la necesidad de una reforma parcial) y luego por los propios ciudadanos santafesinos al momento de votar el 13 de abril. Los convencionales electos que sustentan la posición de la unicameralidad (como sucede hoy en Córdoba y en Tucumán) son hoy una clara minoría.

Y con ese asunto ya superado, y las salvedades del caso, aún los libertarios y los celestes, entienden que deben hacer propuestas para tener un mejor Poder Legislativo bicameral. En el caso de ese poder, las coincidencias permitieron que se autorice a la presidencia de la Comisión a ordenar un texto, “una propuesta”, que permita comenzar a hablar de un borrador de dictamen por la mayoría.

No será un trabajo tan arduo para los convencionales encabezados por el radical Rodrigo Borla como presidente de la Comisión, el justicialista Armando Traferri, como vicepresidente y Ariel Sclafani del Frente de la Esperanza, el partido que lideró la convencional electa fallecida antes de jurar, Alejandra Oliveras. Tanto que las instrucciones que recibió el también presidente del bloque de senadores provinciales del radicalismo son que para el lunes o martes ya circulen algunos borradores respecto de los grandes lineamientos acordados, entre ellos, sobre algunas de las originalidades de la Constitución de 1962, como el complejo proceso de sanción de las leyes.

Borla, presidente de la Comisión.

La actual Carta Magna santafesina permite hasta 5 revisiones cuando entre las Cámaras no se vota el mismo texto para un mismo expediente. Por ejemplo: si el Senado vota una ley como cámara de origen y Diputados vota la misma norma pero con modificaciones sobre aquel texto, el expediente puede llegar a ir y venir de un recinto al otro hasta en cinco oportunidades.

En lugar de ese criterio, se adoptará el que tiene el Congreso de la Nación: si la cámara de origen tiene dos tercios y la revisora con otra versión del mismo expediente solo mayoría simple, gana o se impone la voluntad de los iniciadores de la norma. Con esas características puede haber hasta tres pases entre cámaras.

Hay también marcada unanimidad para que Diputados ya no tenga una división de bancas para garantizarle al partido ganador de esa elección 28 sobre las 50 bancas, pero existen matices respecto de cómo deben integrarse las listas de precandidatos en las Paso y candidatos en las elecciones generales (si como distrito único o por departamentos o regiones). Obviamente entre los defensores de la unicameralidad predominan esos diseños.

Del mismo modo, hay acuerdo en que los mandatos no puedan acumularse en la misma banca sin algún tipo de limitación. Sin embargo, aparecen límites distintos: ¿una reelección para los senadores y los diputados provinciales, más de una siempre que haya un intervalo de todo un período de cuatro años? Todo indica que habrá un gran despacho por la mayoría con coincidencias y votos en disidencia por la minoría o que directamente los bloque más chicos presentarán sus propios dictámenes.

El Poder Ejecutivo santafesino fijó los montos mínimos previsionales a pagar por la Caja de Jubilaciones y Pensiones en marzo, abril y mayo. Las cifras se derivan de los acuerdos paritarios del primer trimestre del año alcanzados en las distintas mesas de trabajo y cuyo aumento de enero y febrero, para activos, fue pagado este viernes.

El decreto N.º 0445 dispone así que desde el 1 de marzo, el haber mínimo para jubilados santafesinos es de $ 446.767,05; desde abril $ 455.000,39 y desde el 1 de mayo $ 455.000,39.

En cuanto a pensiones, los mínimos pasan a ser de $ 335.075,29 para este mes; $ 341.250,30 en abril y $341.250,30 desde mayo.

En tanto, Anses fijó para marzo un aumento del 2,21% para jubilaciones, pensiones y asignaciones. De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima, junto con el bono de 70 mil pesos, recibirán $349.121,71. Las jubilaciones y pensiones que no superen los $349.121,71 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto.

Las prestaciones previsionales, con el bono de $70.000 incluido, quedaron así: Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasa a ser de $293.297,37, la Pensión No Contributiva por Invalidez y la Pensión por Vejez a $265.385,20 y la Pensión Madre de 7 hijos pasa a ser de $349.121,71.

Más allá de estas cifras, la otra diferencia es que el sistema provincial tiene muy pocos pasivos que cobran la mínima mientras que a nivel nacional son la gran mayoría de beneficiarios.

A diciembre de 2023, cuando la Caja de Jubilaciones difundía datos en su página web, apenas 1.268 beneficiarios (1,66 %) cobraban la jubilación mínima y 1.643 (6,88 %) la pensión más baja.

El decreto 0445 del gobernador Maximiliano Pullaro homologa el acta paritaria central y modifica los salarios de la totalidad de los agentes incluidos en el Escalafón Decreto-Acuerdo N° 2695/83, disponiendo un incremento del 5% para el primer trimestre del año 2025, sobre la base de los valores de diciembre de 2024.

Este incremento será abonado en dos etapas: 3,1% a partir del 1° de enero de 2025 y 1,9% a partir del 1° de febrero de 2025, totalizando 5% a partir del mes de febrero de 2025. Esa diferencia salarial fue depositada este viernes para los estatales.

El acuerdo garantizó que el aumento porcentual no sea inferior a la suma neta de $ 50.000 a partir del 1° de enero, y $ 70.000 a partir del 1° de febrero, por agente provincial comprendido por la Ley de Paritaria Nº 10052.

El decreto además fija las nuevas escalas para personal de API, Catastro, Fiscalía de Estado; personal de Convenio 113/1994, talleres gráficos y Enress.

Asimismo dispone que ningún agente provincial comprendido por la Ley de Paritaria Nº 10052, perciba un salario de bolsillo menor a $ 595.306 a partir del 1° de enero, y de $ 606.276,00 a partir del 1° de febrero de 2025.

En otros artículos fija los nuevos topes mínimos y máximos para la compensación mensual “Falla de Caja” y actualiza valores del viático diario.

Otro decreto, el N.º 0446, en tanto, definió la política salarial específica para el personal comprendido en los escalafones Policial, del Servicio Penitenciario e Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (IAPIP). Como en los agentes públicos, la actualización es del 5% en dos etapas y garantizando mínimos aumentos de bolsillo.

Por este decreto se dispone que ningún agente perteneciente a los escalafones Policial, del Servicio Penitenciario e IAPIP perciba una remuneración neta de descuentos de ley inferior a la suma de $ 696.217,41, a partir del 1° de enero y de $ 709.047,80 a partir del 1° de febrero.

Más de cincuenta reclamos administrativos de empleados del Poder Judicial fueron presentados este jueves ante la Mesa de Entrada de la Casa de Gobierno, y la lista se ampliará en los próximos días. La formalización se dio tras una protesta de trabajadores (no de jueces ni magistrados) en las escalinatas del Palacio de Tribunales, que se trasladó luego hasta la propia sede gubernamental.

El sector pide por la firma de un centenar de decretos que implican ascensos, promociones y designaciones de unos 400 agentes. Para llegar a tales nombramientos se deben superar instancias de exámenes pero que tienen un vencimiento; cuando dicho plazo opera, los agentes deben volver a rendir, y ésa es otra de las situaciones que se denuncian. En el listado, hasta aparecen familiares directos de al menos dos integrantes del gabinete provincial.

El aspecto descripto que generó los reclamos administrativos citados es uno de los planteos esbozados por la Corte Suprema al ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, cuando se reunieron semanas atrás. Allí también se habló de las vacantes no cubiertas y de las partidas presupuestarias insuficientes, que afectan esencialmente la continuidad de algunas obras de infraestructura.

Los tres temas volverán a estar en la reunión que mantendrán los magistrados con el gobernador, después de que Maximiliano Pullaro concediera la audiencia solicitada para este domingo a las 7.30 de la mañana. Hasta el momento, habían sido notificados para asistir los seis ministros; no así el Procurador.

Más allá de las suspicacias generadas a partir de lo inusual – "insólito", a juzgar por el propio presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez- del día y horario elegidos por el mandatario, el encuentro genera expectativa porque se consuma en el momento más álgido de la relación entre ambos poderes, desde que comenzó la gestión de Pullaro.

La intención del actual gobierno de renovar el máximo tribunal sobre la base de que cinco de sus seis miembros superan el tope de edad impuesto por la Constitución (65 años) fue enunciada desde el inicio de la administración. Durante estos meses, se conocieron "gestiones de buenos oficios" de interlocutores del gobierno para intentar – según la interpretación oficial- una salida "decorosa" de los magistrados. Pero ante lo que el Ejecutivo interpretó como una "resistencia" de los cortesanos, comenzaron a registrarse acciones que la Corte descifró como represalia. De allí, el "ahogo financiero" y las "designaciones pisadas" que se citaron.

La relación no volvió a encauzarse y los tiempos podrían precipitarse, atentos a la inminente sanción de la nueva ley previsional, que también motivó quejas del Poder Judicial. La litigiosidad que dicha norma generará en la práctica ya fue advertida desde el propio Colegio de Magistrados. Y una Corte hostil al actual gobierno podría poner en riesgo el futuro de dicha reforma, así como el de otras – la constitucional, por ejemplo- que también tiene en agenda el gobierno. De allí, que en el seno del Poder Ejecutivo exista un convencimiento – según pudo saber El Litoral- respecto de que la variable "tiempo" es clave de aquí en más tanto para el futuro de las reformas que encara la gestión, como para el propósito de renovar la Corte. Los plazos podrían acelerarse...

El presidente Javier Milei anunció este lunes la destitución del Secretario de Trabajo, Omar Yasín, en medio de una controversia desatada por los incrementos salariales en el Poder Ejecutivo.

El anuncio se produjo durante una entrevista concedida al periodista Antonio Laje en el programa de televisión Ln +, donde Milei explicó las razones detrás de esta decisión.

"El consenso era que teníamos que quedar con los sueldos congelados", declaró el mandatario a La Nación, señalando que la medida era parte de una política de contención de gastos en el Estado.

La polémica estalló luego de que se revelara que los salarios del Gabinete y del propio presidente habían experimentado aumentos, en contraposición con la directiva de mantener los sueldos sin modificaciones.

Según Milei, la orden de congelamiento de salarios para el personal jerárquico se emitió en enero, pero los aumentos se produjeron como consecuencia de un acuerdo de paritarias y la aplicación de un decreto previo enviado por Cristina Kirchner, que estipulaba que los puestos jerárquicos no podían ganar menos que sus subalternos.

"En el mes de enero dimos la orden de que no se iban a aumentar los sueldos a lo que vendría a ser el personal jerárquico. A los cargos políticos no se les dio el aumento", explicó Milei durante la entrevista.

Se espera que en los próximos días se designe un nuevo Secretario de Trabajo, mientras el gobierno enfrenta críticas y debates sobre la gestión económica y salarial en el país.

El proyecto de Ley Mipyme, elaborado por el Poder Ejecutivo para fortalecer el empleo en pequeñas y medianas empresas a partir de una serie de beneficios para la contratación de personal, comenzará a ser debatido esta tarde en una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado Nacional.

La iniciativa, que fue aprobada la semana pasada en Diputados y será debatida por los senadores desde este mediodía, es una de las iniciativas que la Cámara Alta quiere tratar en las próximas dos semanas con la modificación a la Ley de Alquileres y la eliminación de la cuarta categoría de Ganancias.

A través del proyecto, se establece que el beneficio se concede "por un plazo de 24 meses contados a partir del inicio de la relación laboral; y la magnitud de la reducción varía en función del tamaño de la empleadora y del hecho de que el trabajador haya sido o no beneficiario de ciertos programas sociales y de empleo".

Asimismo, se contempla un esquema de regularización de situaciones laborales no registradas, que permite el goce de ciertos beneficios para que las pymes regularicen relaciones laborales vigentes del sector privado iniciadas con anterioridad a la fecha en que se promulgue la ley.

De acuerdo con el texto, la empresa "podrá rectificar la real remuneración o la real fecha de inicio de la relación laboral" con los siguientes beneficios: queda liberado de sanciones penales y reduce conflictos judiciales; puede subsanar la baja del registro de empleadores con sanciones laborales (Repsal); accede a condonación de deuda por capital, intereses y multas por los trabajadores que regularicen.

A su vez, el trabajador no perderá aportes, ya que el Estado le computará los aportes no ingresados por los empleadores por hasta 70 meses.

Para el caso de ambos beneficios, las pymes no podrán reducir la nómina laboral y no podrán tener ningún trabajador no registrado.

El régimen comprende a los empleadores que encuadren y se encuentren inscriptos como micro, pequeñas o medianas empresas o entidades sin fines de lucro, "cuyo objeto exclusivo sea la prestación de servicios sociales gratuitos, debiendo regularizarse las relaciones laborales dentro de los 90 días corridos, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación de la ley".

Senado de la Nación Argentina.

En el caso de las micro, pequeñas o medianas empresas o de una entidad sin fines de lucro, "que contrate trabajadores o trabajadoras que no gocen de programas sociales y de empleo nacionales que otorguen prestaciones dinerarias, se establece una reducción del 100% de las contribuciones patronales".

En tanto, para los demás empleadores del sector privado "que contraten trabajadores que no gocen de programas sociales y de empleo nacionales que otorguen prestaciones dinerarias: los primeros 12 meses, una reducción del 50% de las contribuciones patronales y los segundos 12, una reducción del 25% de las contribuciones patronales".

El gobierno creó, por decreto, el programa de emisión de Letras del Tesoro de la Provincia de Santa Fe por un monto nominal en circulación máximo de hasta $5.000.000.000, o su equivalente en moneda extranjera para el ejercicio 2023. La decisión está contenida en el decreto 0900 firmado por el gobernador, Omar Perotti, y el ministro de Economía, Walter Agosto, y que en los hechos reglamenta la autorización otorgada en la vigente Ley de Presupuesto.

El Banco de Santa Fe será el organizador del programa y el decreto faculta al Ministro de Economía a establecer el precio o la tasa de corte.

El artículo 37 de la Ley 14.185 -Ley de Presupuesto 2023- “fija en la suma de $5.000.000.000 o su equivalente en moneda extranjera, el monto al que refiere el artículo 48 de la Ley N° 12.510, para el ejercicio 2023”. Dicho artículo de la Ley de Administración faculta al Ejecutivo a emitir letras, pagarés o medios sucedáneos de pago cuyo reembolso se produzca dentro del ejercicio, “hasta el monto que para operaciones de corto plazo fije anualmente la Ley de Presupuesto”.

Voceros del equipo económico señalaron que, por ahora, no hay fecha para la emisión de letras y que el dictado del decreto obedece a tener cumplido el trámite administrativo. Es más, el decreto 900 tiene fecha del 12 de mayo pero fue publicado recién el pasado viernes en el Boletín Oficial de la provincia.

Por otra parte, el Poder Ejecutivo envió a Legislatura un mensaje para modificar una ley dictada sobre el final de la administración de Antonio Bonfatti para actualizar la posibilidad de emitir distintos tipos de deuda de corto plazo. El Senado al pronunciarse sobre el mensaje dejó de lado la cifra propuesta por la Casa Gris y la fijó en un porcentaje. “Autorízase al Poder Ejecutivo y/o a las Empresas, Sociedades y otros Entes Públicos a emitir letras, pagarés o medios sucedáneos de pago y/o a realizar operaciones de financiamiento por un valor nominal en circulación de hasta el 1,1% del total de recursos del último Presupuesto de la Administración Provincial aprobado en vigencia o su equivalente en moneda extranjera”. La definición de esta herramienta está ahora en manos de la Cámara de Diputados que le dará ingreso en la primera semana de agosto cuando vuelva del receso parlamentario.

Santa Fe: los números finales del Presupuesto 2022 ya en manos de legisladores

Los dos son instrumentos con los que espera contar la administración de Perotti para finalizar el ejercicio 2023 y poder cumplir con los compromisos especialmente con las empresas contratistas de obra pública.

En Economía miran con detenimiento el comportamiento de la recaudación, tanto nacional como propia, en momentos en que la actividad económica está resentida. Además, en agosto el compromiso del gobierno provincial es sentarse con los diferentes gremios estatales en el marco de las paritarias para actualizar salarios ante la escalada inflacionaria.

El decreto además de crear el programa de emisión de letras, faculta al Ministerio de Economía “para determinar la época y oportunidad para la emisión” como así también para disponer los términos y condiciones, y a adoptar todas las medidas y resoluciones complementarias, aclaratorias o interpretativas que sean requeridas a los efectos de la emisión y colocación de las Letras. También faculta a Economía “a declarar total o parcialmente desierta cada una de las licitaciones, para determinar el precio y/o la tasa de corte y para adoptar todas aquellas decisiones que sean necesarias y/o convenientes, acordes con las prácticas usuales en los mercados, a fin de llevar a cabo la emisión y colocación de las Letras del Tesoro que se emitan bajo el programa”.

El Banco de Santa Fe es designado organizador del programa “y podrá celebrar acuerdos, contratos e instrucciones con entidades financieras oficiales y/o privadas, mercados y organizaciones de servicios financieros de información y compensación de operaciones del país o del exterior que resulten necesarios para la implementación y seguimiento de las emisiones de Letras del Tesoro que se realicen bajo el programa, así como a designar agentes colocadores y/o subcolocadores, agentes fiduciarios y calificadoras de riesgo para la colocación, emisión y garantía de las Letras del Tesoro”.

Por último, Economía es autorizado al pago de las comisiones respectivas y a ceder como garantía los recursos que le corresponden a Santa Fe en virtud del régimen de coparticipación federal de impuestos.

En 2021, la actual administración dictó un decreto en términos similares disponiendo la creación del programa por el monto autorizado por la respectiva Ley de Presupuesto. Finalmente, en ese ejercicio, no fue necesario utilizar ese instrumento de crédito.

La mitad de las provincias redujo el porcentaje del presupuesto en educación, incluida Santa Fe

El anexo que acompaña al decreto de creación del programa hace una serie de aclaraciones como que las letras podrán ser emitidas en distintas series y dentro de éstas en distintas clases. Los instrumentos podrán estar denominadas en pesos, dólares estadounidenses o en cualquier otra moneda según se especifique en la resolución del Ministerio de Economía. También la cartera deberá especificar si la emisión será a valor nominal unitario, la denominación mínima y la unidad mínima de negociación.

La fecha de vencimiento de las letras deberá ser de 28 días corridos y hasta la finalización del ejercicio 2023 desde su fecha de emisión. En cuanto a los plazos y formas de pagos del capital, serán especificados por la resolución ministerial.

Las Letras del Tesoro podrán devengar intereses a tasa fija o variable o no devengar interés alguno o de acuerdo con cualquier otro mecanismo para la fijación de interés según corresponda y a todo evento, conforme se especifique en la resolución ministerial que oportunamente disponga la emisión.

El anexo autoriza a que el Ministerio de Economía disponga la cláusula de ajuste, las garantías, el régimen de colocación, de adjudicación así como la integración. Además se lo faculta a disponer que la licitación sea realizada por tramos.

“Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A a partir de la fecha de colocación y/o en uno o varios mercados y/o bolsas de valores autorizados en la República Argentina, según se especifique en la resolución del Ministerio de Economía que oportunamente disponga la emisión de las mismas”, dice otro ítem.

Las letras estarán representadas por certificados globales de acuerdo a lo establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación a ser depositados en un sistema de depósito colectivo, renunciando los beneficiarios al derecho a exigir la entrega de láminas individuales.

La comisión de colocación fue establecida en el 0,020% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de liquidación de las operaciones siendo el agente de cálculo la Secretaría de Finanzas e Ingresos Públicos y el organizador y agente financiero el Banco de Santa Fe S.A.

En los últimos ítems se autoriza el rescate anticipado de las Letras y dispone que “esos instrumentos gozarán de las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia”.

Con la firma del gobernador, Omar Perotti, y de la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, el Poder Ejecutivo promulgó un agregado al artículo 221 del Código Procesal Penal de la provincia para incorporar a la figura de peligrosidad procesal al portador ilegal de armas de fuego por lo que habilita a que su detención implique el dictado de la prisión preventiva.

Con la publicación de la norma en el Boletín Oficial terminó un largo trámite parlamentario que demandó el paso del expediente por el máximo de instancias que prevé la Constitución provincial. La norma tuvo el fuerte empuje de las organizaciones de víctimas de Santa Fe y de Rosario que militaron el proyecto que tomó como bandera Oscar Martínez (Frente Renovador) en la Cámara de Diputados y Lisandro Enrico (UCR – General López) en el Senado. De todas maneras, hubo objeciones y advertencias especialmente en la Cámara Baja de parte de Matilde Bruera (Lealtad Kirchnerista) y, por fuera de Legislatura, de varios actores del derecho penal que advierten sobre la inconstitucionalidad del agregado al Código.

Diputados convirtió en ley la prisión preventiva por la portación ilegal de armas de fuego

La reforma promulgada agrega el inciso 8 al artículo 221 del CPP sobre peligrosidad procesal incorporando el siguiente texto: “la tenencia y la portación de armas de fuego, así como el uso de armas de fuego, por uno o algunos de los imputados durante la ejecución del hecho delictivo o con posterioridad para asegurar sus resultados”.

El Senado en dos ocasiones modificó la postura de Diputados y con el mismo propósito la Cámara Alta propuso reformar tres artículos del Código: 219, 220 y 221. Martínez, en tanto, justificó la decisión de la Cámara de Diputados al indicar que la recomendación de jueces y fiscales es optar por esa redacción ya que la propuesta por el Senado podría tornar inconstitucional a la reforma.

Bruera insistió en considerar un error la sanción y recordó a El Litoral que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya declaró inconstitucional ese tema cuando provincia de Buenos Aires lo incluyó en su código procesal penal más allá de numerosos fallos de cámaras en todo el país. “Cada vez que hay inseguridad, inventan esas cosas , que son inaplicables por inconstitucionales. La prisión preventiva, ya está legislada para todos los delitos, para los casos de peligrosidad procesal y peligrosidad procesal es obstrucción del proceso y peligro de fuga” señaló a El Litoral la legisladora que es docente universitaria y alguna vez fue defensora general en la justicia federal.

Martínez insistió en marcar “de que el flagelo de la inseguridad y particularmente la violencia imperante hoy en nuestra sociedad están íntimamente relacionadas con la tenencia y utilización de armas de fuego. Basta ver las crónicas policiales de estos últimos meses donde se relatan una enorme cantidad de hechos relacionados con la utilización de armas de fuego contra bienes y personas. Las balas no solo sirven para dejar mensajes mafiosos y marcas en las paredes, sino que también provocan situaciones trágicas como vemos habitualmente”. Además le recordó a El Litoral que gran parte de los fundamentos del proyecto se basaron en los números que elabora el Observatorio de Seguridad Pública provincial sobre de las personas heridas por armas de fuego de los departamentos Rosario y La Capital.

Portación de armas: desde 2015 los fiscales no negocian una probation

Con aval unánime de ambas cámaras y respaldo del Colegio de Escribanos, el Poder Ejecutivo también promulgó la ley 14.202 que modifica la Ley orgánica del Notariado santafesino. La modificación sancionada al artículo 24 otorga un beneficio especial a los llamados escribanos adjuntos para quedarse con el registro del titular (en caso de muerte, incapacidad o renuncia por jubilación), sin tener que afrontar un concurso. Para ello se establece como requisito que el peticionante acredite cinco años de antigüedad ininterrumpida en ese registro, contados desde la fecha en que autorizó la primera escritura, y no hubiera incurrido en faltas que motivaran la aplicación de medidas disciplinarias que conlleven la suspensión en el ejercicio de sus funciones.

El Ministerio de Economía activó en las últimas semanas las reuniones sectoriales de la Comisión de Análisis Tributario, encabezadas por el secretario de Finanzas e Ingresos Públicos, Jorge Simón, y el administrador provincial de Impuestos, Martín Avalos.

El objetivo de la Comisión es discutir con distintos sectores la política impositiva para el siguiente año y la práctica instaurada por la gestión de Miguel Lifschitz fue ordenada luego con fuerza de ley.

El sector agropecuario abrió la ronda, siguió con industria y construcción y finalizó esta semana con el comercio. Además de funcionarios y representantes de entidades, en los encuentros participan legisladores de ambas cámaras o bien asesores de ellos. Cada sector postuló sus temas pero siempre dejando en claro la defensa de la estabilidad fiscal para pymes que Santa Fe tiene desde marzo de 2018 cuando se sancionó la Ley 13.749. Esa norma, dispone, entre otras cosas adherir al régimen de estabilidad fiscal previsto en el Artículo 16 de la Ley Nacional 27264 para las micros, pequeñas y medianas empresas.

El sector agropecuario solicitó extender las eximiciones impositivas para los productores afectados por la sequía hasta diciembre del corriente año, la suspensión del coeficiente de convergencia que desde el inicio de la gestión se viene propiciando, como así también la posición de los grandes propietarios rurales frente al impuesto inmobiliario.

Con sectores de la industria y la construcción fueron abordadas cuestiones vinculadas a ambos sectores, destacándose: el tratamiento de los saldos a favor cuando se trata de contribuyentes que tienen actividades mixtas, y la posibilidad de compensar los generados en otras provincias; la atenuación de los regímenes de recaudación; la estabilidad fiscal y la necesidad de que sea extendida hasta diciembre de 2024; y cuestiones vinculadas a la industria y sus servicios complementarios.

Ante la construcción y la industria, los representantes del Ministerio de Economía destacaron, en relación a lo planteado respecto a los regímenes de recaudación, que desde el 2022 la provincia ha reducido la alícuota general para la realización de retenciones y percepciones pasando del 0,7% al 0,6%, y se resaltó que Santa Fe no se ha incorporado a los sistemas de recaudación SIRTAC (Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra) y SIRCUPA (Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago).

Respecto a la compensación de saldos a favor que las empresas puedan generar en otras provincias, las autoridades manifestaron que, tal como el ministro de Economía se comprometió en reuniones mantenidas con los sectores productivos, Santa Fe presentó un proyecto ante la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral para modificar el Protocolo Adicional y facilitar la implementación de un sistema de clearing.

El comercio, representado por todas las entidades de la provincia, destacó la necesidad de que la próxima gestión prorrogue la ley de estabilidad fiscal, clave para el sector.

Con el objetivo de garantizar el abastecimiento de aceite y sostener los precios el Gobierno Nacional creó un programa. La medida fue necesaria luego de que el fideicomiso aceitero se quedara sin recursos en diciembre y repercutirá con faltantes en las góndolas.

Se confirmó la creación del Programa de Fomento al Sector Aceitero, a través de la Resolución 30/2023, publicada en el Boletín Oficial. La misma funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Comercio, y tendrá por objeto “propender a sostener en el mercado interno un precio razonable de los aceites envasados y refinados para los consumidores y las consumidoras, así como su pleno abastecimiento”.

Desde hace semanas el sector aceitero viene negociando con el Ministerio de Economía, la continuidad de los fideicomisos que permiten llegar con los productos a precio subsidiado a los consumidores. El subsidio llega a las botellas de 900 ml y 1,5 litro de soja, girasol y mezcla, pero el fideicomiso se quedó sin fondos el mes pasado y las empresas dejaron de entregar mercadería a supermercados y solo comercializan las marcas que habían quedado fuera del fideicomiso y que arrastraban precio de mercado.

“Reciclar Venado”: Chiarella firmó un convenio para la recolección de aceite domiciliario usado 

En la resolución publicada este miércoles, se estableció que en el programa creado “se dispondrá el pago de las compensaciones a quienes realicen en la REPÚBLICA ARGENTINA la venta de aceites refinados comestibles de soja, girasol y/o sus mezclas, destinados al mercado interno para consumo final y familiar en envases de hasta TRES (3) litros, que a la fecha de entrada en vigencia de esta medida se hayan adherido al Fideicomiso Fondo Fiduciario Aceitero en su carácter de Beneficiarios durante el plazo que transcurre entre el 1° de diciembre de 2022 hasta el 31 de enero de 2023, inclusive, siempre que el aludido Fideicomiso no cuente con los Bienes Fideicomitidos necesarios que le permita afrontar este gasto”.

“A dicho efecto, el Fiduciario deberá acreditar la insuficiencia de los Bienes Fideicomitidos en el marco de lo previsto en el presente Artículo”, aclaró el Poder Ejecutivo.

Blanqueo para la compra de inmuebles usados: el Gobierno reglamentó dos artículos clave que eran esperados por las inmobiliarias

La medida se oficializó por medio del Decreto 18/2023 publicado en el Boletín Oficial. Ahora se amplió el rubro de inversión y se espera un impacto sobre el mercado de compraventa del sector.

Obreros aceiteros lograron $ 319 mil de sueldo inicial

La intención de la Secretaría de Comercio que fue planteada semanas atrás consistía en retomar con el fideicomiso en febrero con aportes del dólar soja 2. Luego, en marzo, vuelve a correr el aporte de los exportadores, que tiene un máximo de USD 190 millones anuales y subsidia el precio salido de fábrica de los aceites refinados de soja, girasol y sus mezclas en envases de 900 ml y 1,5 litros. En 2022, por la fuerte suba de precios, los fondos se agotaron en septiembre, por lo que la exportación puso otros USD 50 millones, que también se terminaron. Trascendió que una posibilidad, hacia adelante es que el fideicomiso ya no subsidie el aceite de girasol y que sólo sostenga el precio bajo de los aceites mezcla.

El mencionado fideicomiso surgió a fines de 2020 en el marco de un acuerdo alcanzado entre los ex ministros de Desarrollo Productivo y de Agricultura, Matías Kulfas y Luis Basterra, con los distintos actores del mercado de la soja y el girasol, con la finalidad de que los consumidores del mercado interno pudieran contar con un precio accesible de aceites, en el marco de un mecanismo de asistencia financiera previsto bajo pautas de previsibilidad y seguridad jurídica.

Y en octubre de 2022, se extendió el aporte anual al Fondo Fiduciario Aceitero a USD 240.000.000, los cuales quedaron agotados con parte de las entregas de aceites del mes de diciembre.

A 10 años de su derogación, el Congreso de Chile sancionó una ley que restablece la obligatoriedad del voto. La medida fue tomada luego de un progresivo aumento de la abstención bajo el imperio del voto voluntario, se informó oficialmente.

Mediante un comunicado, el organismo informó que la norma fue sancionada por la Cámara de Diputados con 124 votos a favor, seis en contra y tres abstenciones.

Finalmente, para que entre en vigencia solo resta que sea promulgada por el Poder Ejecutivo.

En virtud de la nueva ley, la inscripción en el padrón electoral será automática y el voto será obligatorio para los ciudadanos. Del mismo modo, fue en el referendo constitucional del 4 de septiembre pasado.

La reforma, que nació en la Cámara de Diputados, fue despachada a segundo trámite al Senado en junio de 2021.

En las últimas elecciones presidenciales, que se realizaron en noviembre de 2021 y ganó el mandatario Gabriel Boric, la participación en la primera vuelta fue de 47,33% del padrón y en la segunda creció a 55,64%.

En cambio, en el referendo constitucional de septiembre fue superior a 80%.

(Por Ivana Fux) – Mediante el decreto N° 1913 del pasado 26 de setiembre, el Poder Ejecutivo homologó el acta paritaria de la administración central suscripta a mediados de mes con los gremios ATE y UPCN. El texto recoge los aumentos escalonados convenidos hasta diciembre y que totalizarán un 31%. Se liquidó ya según el acta en setiembre una mejora del 20% – se suma un 12 al 8 acordado a principios de año-; se continúa con un 7% desde octubre, otro 7% en noviembre y un 5 % en diciembre.

A partir del 1 de setiembre y de acuerdo con lo establecido en el mismo texto, el valor del viático ascenderá a 8200 pesos; desde noviembre a 8.800; desde octubre a 9.400 y a 9.900 desde diciembre.

En cuanto a los pasivos, se autoriza a la Caja de Jubilaciones a atender el gasto corriente que demanden las mejoras citadas con partidas del presupuesto vigente. En tanto, se incrementan los haberes mínimos, cuyos montos evolucionarán de acuerdo con la siguiente progresión: jubilación a setiembre 55.839 pesos, a octubre 58.313, a noviembre 60.787 y a diciembre, 62.554. En el caso de las pensiones, el valor mínimo a setiembre será de 41.879 pesos y llegará en diciembre a 46.916 pesos.

El acta que refrenda el último acuerdo paritario con los gremios de la administración central plantea un esquema para intentar recuperar o compensar los días perdidos como consecuencia de los paros. El decreto plantea que “los trabajadores deberán realizar tareas para recuperar todos los turnos otorgados y no efectivizados con motivo de las medidas de fuerza”. Asimismo, cada repartición en sus paritarias jurisdiccionales deberán realizar “tareas tendientes a recuperar las horas y días no trabajados durante el mes de agosto, adoptando las modalidades que resulten de mayor eficacia para el cumplimiento de los objetivos”.

Mario Cáffaro – Luis Rodrigo

El Poder Ejecutivo cursó invitaciones a los jefes de bloques legislativos de ambas cámaras a una reunión informativa para este miércoles por la mañana sobre la marcha de la negociación de la deuda de Nación con la provincia de Santa Fe y que tendría la inminente firma del entendimiento a presentar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El encuentro se hará desde las 10 en el Salón Blanco de Casa de Gobierno y el informe estará a cargo del Fiscal de Estado, Rubén Weder, y del secretario de Justicia, Gabriel Somaglia. El informe versará sobre el acuerdo alcanzado oportunamente por la Nación y San Luis por el mismo tema por entender que el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordena ir por ese camino.

En el Poder Ejecutivo señalan que no corresponde enviar a Legislatura el acuerdo a presentar entre Nación y provincia ante la Corte Suprema de Justicia y el propósito del encuentro de este miércoles por la mañana es poner el tema y las razones jurídicas sobre la mesa. En tanto, el gobernador Omar Perotti viajó a Buenos Aires para negociaciones sobre el mismo tema aunque en Casa de Gobierno no confirman si se firmará este miércoles el acuerdo.

En tanto, este martes se sucedieron los cruces de opiniones entre legisladores de los principales bloques de la oposición para determinar si aceptaban o no la invitación. Las reuniones se vieron demoradas por la presencia de socialistas en el homenaje a Hermes Binner en la Cámara de Diputados de la Nación y de radicales en reuniones en el comité nacional partidario. Precisamente los sectores opositores participarán este jueves de una reunión que se realizará en una de las aulas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL por el acuerdo de la deuda.

“Santa Fe no se moverá un milímetro de lo que determinó la Corte” señaló un vocero de Casa de Gobierno recordando que el reclamo alcanza hoy una cifra superior a 15 mil millones de pesos.

La decisión de convocar a los jefes políticos de Legislatura surgió del encuentro realizado ayer entre funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores justicialistas para analizar la agenda parlamentaria, especialmente la estrategia ante el próximo envío de pliegos para cargos en la justicia y en otros organismos de control. Este segundo encuentro tenía como protagonistas por la Casa Gris al ministro Coordinador, Marcos Corach; al secretario de Comunicación Social, Carlos Bermúdez y el de Justicia, Gabriel Somaglia. En tanto, Armando Traferri y Alcides Calvo por el Senado y Leandro Busatto y Ricardo Olivera por Diputados, completaron la mesa extendida en una casona del gobierno sobre calle Amenábar. Poco antes del mediodía se sumó el propio Perotti al encuentro donde se repasó la situación provincial y también lo nacional especialmente a partir del nuevo cepo a los importadores.

En el Poder Ejecutivo especulan con tener un guiño legislativo para enviar pliegos antes del receso invernal con el propósito de que haya pronunciamientos a finales de julio. Si la estrategia funciona, habría tandas mes a mes hasta noviembre. Es que el Consejo de la Magistratura avanzó en muchos concursos y Perotti tiene ya la posibilidad de cubrir cargos en varios lugares vacantes, vacantes que son reclamadas no solo por la Corte, sino también por los colegios de abogados de la provincia.

“No hubo nombres de pliegos, pero si la necesidad de acordar una estrategia política” dijo uno de los legisladores presentes en la reunión. El Poder Ejecutivo mandó solo dos listados de pliegos y en el primero debió retirar algunos y otros fueron rechazados por la Asamblea Legislativa. En el segundo, los retiró a todos cuando la Asamblea iba a aprobar a la mitad de los postulantes. “Entendemos que primero debe haber una estrategia unificada del PJ en ambas cámaras para luego sentarnos frente a los demás espacios políticos” acotó otro vocero parlamentario.

Tampoco hubo nombres sobre las vacantes en otros organismos del Estado que el Ejecutivo intentará cubrir antes del cierre del año: cuatro vocales de Enress; dos vocales del Tribunal de Cuentas; defensor de Niños, Niñas y Adolescentes y Defensor del Pueblo.

Este jueves, solo ha sido convocado a sesionar el Senado mientras que el próximo jueves lo harían las dos cámaras en la previa al receso invernal.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados recibirá este jueves al director provincial de la Caja de Pensiones Sociales Ley 5.110, José Luis Rosetto. El objetivo es continuar en el análisis de diversos proyectos que modifican la Ley 5110, y en particular la iniciativa del diputado Oscar Martínez (Frente Renovador) que promueve la incorporación de las víctimas del delito y a sus familiares, como beneficiarios del sistema.

La comisión que preside Fabián Bastia (Evolución UCR) recibió semanas atrás a familiares de víctimas de delito para conocer sus opiniones sobre la temática.

Los asesores de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Diputados fueron convocados para este jueves, desde las 9, a la segunda reunión de trabajo acerca de los proyectos de reforma de la Constitución presentados ante el cuerpo.

Los asesores seguirán revisando las similitudes y diferencias entre los diez proyectos presentados, el último de los cuales lo ingresó Walter Ghione (Uno) en la última sesión.

Luis Rodrigo

El Litoral El Poder Ejecutivo retiró la totalidad de los pliegos enviados a la Legislatura para su consideración, en la Asamblea Legislativa citada para este mediodía. Se trata de 10 propuestas como jueces y camaristas para la Justicia santafesina que ahora quedan sin efecto con el retiro por parte de la Casa Gris. Como la nota remitida por la Casa Gris llegó, para algunos legisladores, de manera extemporánea, la Comisión de Acuerdos produjo un dictamen de mayoría, al que se opusieron los radicales, para que se acepte el pedido del Ejecutivo del retiro de los diez pliegos. Aunque seis de ellos tenían dictamen favorable de la comisión de Acuerdos, el seguro rechazo de los restantes 4 hizo que el Poder Ejecutivo obrara quitando la posibilidad de todo el tratamiento. Ya en el recinto en pleno debate de la Asamblea Legislativa, el bloque radical planteó una moción que no prosperó para que el cuerpo sí trate los seis pliegos con dictamen favorable. Luego de un tenso debate en el que hubo gravísimas acusaciones contra el gobernador Omar Perotti respecto de “la vergüenza institucional” del retiro de los pliegos y “la irresponsabilidad y capricho” para producir este pedido, se votó. El resultado finalmente que 31 legisladores contra 24 con tres abstenciones aceptaron el retiro de la totalidad de los pliegos.

La filtración del decreto Nro. 2176 del Poder Ejecutivo dando por cerrada la paritaria docente y ordenando el pago del aumento salarial a todos los docentes colisionó de plano con el discurso que hasta aquí venía sosteniendo el propio gobierno. Ésa es, sin dudas, la herramienta jurídica que se necesita para poder liquidar los salarios con el correspondiente marco de legalidad. Pero en esos términos, contradecía lo que los propios funcionarios venían pregonando. Es que tanto desde el Ministerio de Trabajo como de Educación se aseguraba que el incremento del 17% escalonado ofrecido para el último trimestre del año sólo sería liquidado a los gremios que hubiesen aceptado la oferta. 

Por lo tanto, quedaban excluidos los docentes del sector público, por el rechazo de Amsafe y Amet. Por esa misma razón, la difusión del decreto firmado el 13 de octubre generó confusión y desconcierto. Tanto, que desde la propia cartera laboral se debió emitir un comunicado de prensa durante el fin de semana para ratificar la postura inicial; esto eso, que seguirán sin cobrar el aumento – en este caso, el 10% correspondiente a octubre- los sindicatos que desestimaron la oferta. 

La controvertida situación se explica en la firma de un segundo decreto. El primero, explicaron fuentes oficiales a El Litoral, constituye una “norma general” que da por cerrada la paritaria; el segundo – que no se comunicó ni trascendió- excluye del aumento a los gremios que no aceptaron. No se trata de un procedimiento habitual; algún problema de “entendimiento, comunicación o error” obligó a subsanar la situación. 

Fue la segunda instancia poco clara generada en torno de los aumentos en cuestión de horas. La primera había sido sobre el aumento para los pasivos; la versión inicial daba cuenta de que los docentes jubilados del sector público no cobrarían el aumento, pero 24 horas después– quejas gremiales mediante-, el Ministerio de Trabajo aclaró que los pasivos percibirían la mejora en sus haberes. 

Ambas situaciones confusas se generaron a días de la reanudación del diálogo entre gobierno y docentes. Como informara oportunamente El Litoral, el Ministerio de Trabajo convocó para el próximo miércoles a los dirigentes sindicales de los gremios docentes del sector público para intentar encauzar el conflicto. La instancia de negociación había sido solicitada por el sindicato Amsafe tras los paros consumados la semana pasada. 

Como guiño, el gremio evitó fijar fecha para una nueva asamblea provincial; ése es el ámbito en el que se podrían votar nuevos paros. El ministro Juan Manuel Pusineri dijo, entonces, que el diálogo estaba descontado, siempre que no hubiese medidas de fuerza en el horizonte. Así llegó, en el mediodía del viernes, la confirmación de la invitación al diálogo.