Después de varios días de debate interno, el bloque de doce convencionales justicialistas de Más para Santa Fe presentó su proyecto de reforma constitucional. Los propios protagonistas contrapusieron el hecho a la situación que atraviesa el oficialismo, que ingresó siete proyectos diferentes la semana pasada, ante la imposibilidad de lograr una síntesis.

Juan Monteverde, líder de "los doce", dijo a El Litoral que las dos grandes dimensiones que distinguen al proyecto son "la arquitectura institucional" de la provincia, y "la incorporación de nuevos derechos".

- ¿Cuáles son los principales lineamientos del proyecto?

- En primer lugar, debemos decir que estamos haciendo esta Constitución en un marco de crisis de representatividad enorme donde la mitad de la gente no va a votar. Por ende, la nueva Constitución tiene que ver cómo resuelve esa crisis. El nuestro es un proyecto municipalista. Esto quiere decir que lo que intentamos es dar vuelta la pirámide del poder. Si tenemos una concepción en Argentina y Santa Fe donde el estado y el gobierno se manejan mediante una pirámide que ejerce el poder de manera vertical, terminan siendo muy poquitas las personas arriba que toman las decisiones y las padecen los que están abajo. La idea es dar vuelta esa pirámide. Por eso es importante no sólo la autonomía, sino el régimen municipal en general y todo aquello que intente darle más poder al territorio, al vecino, al que está cerca… Cuáles son sus problemas y prioridades, y qué formas tenemos de resolverlos. La idea es que los municipios puedan decidir qué herramientas utilizan para abordar sus problemas. Hay una concepción diferente del poder del Estado y del gobierno…

Imagen ilustrativa. Se han presentado un total de 707 proyectos. Crédito: Flavio Raina.

- ¿Y respecto de los nuevos derechos?

- Los nuevos derechos constituyen un capítulo especial en nuestro proyecto, junto con el de poder ciudadano. Si nosotros queremos generar un nuevo poder, más allá de los poderes que ya existen (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), tenemos que pensar en el Poder Ciudadano. Incorporamos todo un capítulo que prevé mecanismos de participación popular, de democracia semidirecta; y plantea que el Estado tiene la responsabilidad de fomentar esa organización. Ese poder ciudadano creo que es un rango distintivo porque también intenta esto de generar organización bajo la idea de comunidad organizada para empezar a superar los límites de esta democracia delegativa. Por otra parte, respecto de los nuevos derechos, hay un hincapié muy fuerte en dos cosas. En primer lugar, la cuestión del trabajo, tanto formal como informal. Este último campo (informal) incluye desde el empleo en negro, pasando por emprendedores y monotributistas. Hoy, el paradigma del trabajo tradicional está en crisis y nuestra Constitución debe contemplar eso. En segundo término, incorporamos que todo el mundo tiene derecho a tener un pedazo de tierra para trabajar, y la obligación de que la provincia diseñe planes para que los arrendatarios se conviertan en propietarios.

- ¿Qué plantean respecto de la reelección?

- Tiene que alcanzar a todos los cargos pero por un período. Sostengo lo que dije en campaña; el gobernador que juró por una Constitución no debería tener permitido ser reelecto. Todo eso va a estar en las cláusulas transitorias; ahí va a estar la gran pelea.

La primera reunión de la convención que se llevó a cabo en Rosario.

- ¿Están de acuerdo con el planteo del oficialismo de que la limitación de la reelección rija a partir de 2035?

- No, no. Nosotros decimos que todo lo que se estipule en la nueva Constitución tiene que comenzar a regir desde el momento mismo en que ésta entra en vigencia. Pero eso va a depender de las cláusulas transitorias; por eso digo que ésa va a ser la gran pelea. Pero nuestro criterio es que todo empieza a regir con la nueva Constitución y nadie puede faltar a la Constitución por la que juró.

La ONG Poder Ciudadano expresó su preocupación por el hecho de que el oficialismo aliente el juicio político de la totalidad de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, consideró que el plante “no se encuentra debidamente fundado ni motivado” y anticipó la intención de, para el caso de que el trámite prospere, llevar a cabo acciones para controlar que se ajuste estrictamente al Estado de Derecho.

“Preocupa el intento de juicio político contra la totalidad del Supremo Tribunal, ya que avasalla al poder del Estado, cuya función es la de garantizar los derechos y el cumplimiento de la Constitución. Prestaremos especial atención a los motivos que han llevado a tan grave acusación hacia los cuatro jueces de la Corte. Recordemos que, de prosperar el juicio político, la Corte se quedaría acéfala”, expresaron en un comunicado.

Por otra parte, hicieron notar que “nadie puede soslayar la evidencia de que el juicio político surge tras algunos fallos adversos al partido de gobierno, especialmente el que favorece presupuestariamente a la ciudad de Buenos Aires (expuesto inclusive como una de las causales) y luego de que la Justicia fallase en primera instancia en contra la actual vicepresidenta Cristina Kirchner en una causa de corrupción. Cabe señalar que el contenido de las sentencias no puede ser contemplado como fundamento para llevar adelante un juicio político tal y como lo establece la Ley N° 24.937 que indica que ‘queda asegurada la garantía de independencia de los jueces en materia de contenido de sus sentencias'”, manifestaron.

“Desde Poder Ciudadano, Capítulo Argentino de Transparencia Internacional, consideramos que no se encuentra debidamente fundado, ni motivado, el pedido de juicio político promovido por el Poder Ejecutivo y, en caso de prosperar, asumimos el compromiso cívico de controlar que ese trámite se mantenga dentro de los cauces institucionales debidos, con estricto apego al Estado de Derecho”, completaron.

En concreto, Poder Ciudadano creará un Observatorio del Juicio Político con participación de organizaciones de la sociedad civil y expertos en la materia para monitorear todas las actividades del proceso en curso. Por otro lado, requerirán a la comisión legislativa a que “de manera urgente y de conformidad con el art. 114 bis, incisos a) b) y c) del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados, se convoque en Audiencia Pública a las Organizaciones de la Sociedad Civil que deseen participar para hacer conocer su parecer sobre el asunto sometido a debate”.

También harán un pedido de acceso a la información pública a la Comisión de Juicio Político bajo el derecho que otorga la Ley N° 27.275 y exigir máxima divulgación de los procedimientos y documentos que se tengan en cuenta y elaboren. Generarán material explicativo a la ciudadanía sobre el significado de la constitución de la Comisión de Juicio Político, y de los alcances de la acción, y difundirán en medios periodísticos y redes sociales “toda la labor del espacio que se constituye, a fin de dotar de transparencia y control social a las acciones que lleve a cabo la comisión”.

El jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, apuntó contra la Corte Suprema por el avance del narcotráfico en Santa Fe al señalar que “la parálisis del Consejo de la Magistratura significa menos jueces para la provincia, o sea menor capacidad de poder combatir al delito”.

“Estamos con gravísimos problemas con respecto al desarrollo del delito narco en Santa Fe. Para el combate al delito narco, además de las Fuerzas de Seguridad, necesitás fiscalías y juzgados federales absolutamente activados alrededor de este tema: hoy hay una enorme cantidad de vacantes en la provincia de Santa Fe porque el Consejo de la Magistratura está paralizado”, sostuvo el santafesino.

En declaraciones radiales, el dirigente peronista alertó que el hecho de “que el Consejo de la Magistratura esté paralizado significa menos jueces para Santa Fe, o sea menor capacidad de poder combatir al delito narco”.

Al referirse al juicio político contra los cuatro magistrados de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, el legislador oficialista se mostró confiado en poder sumar apoyo de otros espacio a medida que se conozcan todas las pruebas en contra de los jueces.

Finalmente, el santafesino evitó ahondar en la estrategia del Frente de Todos de cara a las próximas jornadas del juicio político para “no vaciar de contenido a la Comisión” y manifestó: “El jueves de la semana que viene se planteará por qué cortesano se empieza y por qué presuntos delitos”.

Este jueves, el Frente de Todos (FdT) consiguió aprobar en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados la admisibilidad de los expedientes que se tramitan contra los integrantes de la Corte Suprema y la apertura del sumario para acumular las pruebas que sostengan la acusación contra los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

El FdT sumó 16 votos para avanzar en la acusación a los jueces por mal desempeño de sus funciones, entre otras cuestiones; en tanto que Juntos por el Cambio (JxC) y el interbloque Federal reunieron 15 diputados que plantearon la inadmisibilidad en dos expedientes diferenciados.

Además, debido a la metodología de resolución, la Coalición Cívica (CC) tuvo que aclarar que estaba de acuerdo con el juicio político a Lorenzetti, motorizado con un proyecto propio, aunque debió confluir en el dictamen general de rechazo.

“No es control, es amenaza”

La diputada nacional de Juntos por el Cambio Sabrina Ajmechet advirtió que “no vamos a dar quórum en nada, sesión ni comisión de trabajo, mientras el Congreso esté funcionando como un ataque hacia otros poderes. Cuando seamos gobierno, vamos a ser responsables del estado del país, por el momento nuestro objetivo es frenar los avasallamientos que está intentando el kirchnerismo”.

Y habló puntualmente en la instrumentación de un juicio político. “Como herramienta republicana sirve para controlar los poderes y garantizar la división de los mismos pero hoy tenemos un mal uso de eso: el Poder Ejecutivo está persiguiendo al Poder Judicial. En vez de usarlo como un freno (el oficialismo) lo utiliza como una amenaza”.

Según Ajmechet lo que hizo el kirchnerismo “fue revisar los fallos que los perjudican, sin mencionar que esta arremetida contra el Poder Judicial viene justo después de la sentencia contra CFK, porque es de la única de la cual no hablan explícitamente: ese fue el detonador”, indicó.

La diputada anticipó que, “al día siguiente que esto se trate en Cámara, se muere, porque no tienen los votos suficientes” y explicó la razón por la cual el oficialismo busca dilatar dicho proceso judicial. “Es para embarrar la cancha, esto va a generar un hoyo político, lo vimos con la reunión de la semana pasada en donde usaron la bandera de los Derechos Humanos, no para defenderlos, sino para defender la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner, para hacer negocios, para chorear (sic): este es el nivel de circo que está haciendo el kirchnerismo”, cerró.