La política previsional ha vuelto a ser un tema de debate en la opinión pública, luego de la difusión de un informe del Centro de Política Económica Argentina (CEPA) que analiza la evolución de las jubilaciones desde la asunción de Javier Milei. Según el informe, el cambio en la fórmula de movilidad no representó una mejora estructural de los haberes, sino que consolidó a las jubilaciones como una de las principales variables de ajuste en el programa económico del actual gobierno.

El informe estimó que, tras los aumentos por inflación de diciembre de 2025, la jubilación mínima sin bono se ubica en $340.886.

En contraste, de haber continuado vigente la fórmula anterior, el haber mínimo alcanzaría los $434.279, lo que representa una brecha de $93.393 mensuales para los beneficiarios del sistema previsional.

En suma, los haberes jubilatorios en Argentina registran una pérdida del 27,4% como consecuencia del cambio en la fórmula de actualización impulsado desde diciembre de 2023 por el gobierno de Javier Milei.

El informe se enfoca especialmente en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/2024, que reemplazó la fórmula establecida por la Ley 27.609, vinculando ahora las jubilaciones a la inflación de manera mensual. Aunque el Gobierno presentó la medida como una forma de evitar que los haberes pierdan frente a los precios, el estudio concluye que este sistema fija un techo: si bien las jubilaciones no continúan cayendo, tampoco pueden recuperar lo perdido.

Además, el bono que complementa la jubilación mínima se mantendrá congelado por segundo año consecutivo, lo que implica una pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, especialmente aquellos con ingresos más bajos.

Según el informe de CEPA, el primer trimestre de 2024 fue uno de los más difíciles para los jubilados. La aceleración inflacionaria, heredada de 2023 y profundizada por la devaluación de diciembre y la liberalización de precios, golpeó fuertemente los ingresos previsionales. En ese contexto, el cambio en la fórmula de movilidad no logró compensar la pérdida de poder adquisitivo. Si bien se realizó una recomposición inicial del 12,5%, el informe señala que esta mejora solo consolidó la pérdida que ya había tenido lugar.

Uno de los puntos más críticos del análisis es que el nuevo esquema de movilidad no permite recuperar el terreno perdido. Aunque las jubilaciones se ajustan mensualmente con el índice de precios, no se incorpora ningún mecanismo que permita una recomposición real del poder adquisitivo. 

Por su parte, el congelamiento del bono, que afecta a la mayoría de los jubilados, fue identificado como un recorte encubierto. La cifra de $70.000, que no se actualiza desde marzo de 2024, ha perdido valor en términos reales debido a la inflación, afectando gravemente a aquellos que dependen de este complemento.

El estudio también compara la evolución de las jubilaciones bajo la nueva fórmula con la que se habría registrado si se hubiera mantenido la fórmula derogada, que estaba basada en la evolución de los salarios y la recaudación. En un escenario de inflación descendente, el análisis concluye que esta fórmula hubiera sido más favorable para los jubilados, ya que su reemplazo por un sistema estrictamente atado a la inflación consolidó la pérdida acumulada y cerró la puerta a una posible recuperación.

A nivel histórico, el informe destaca que, tras una etapa de mejora del poder adquisitivo entre 2003 y 2015, las jubilaciones han atravesado sucesivas caídas. El cambio en la fórmula previsional iniciado en diciembre de 2023 marcó un retroceso rápido y profundo que lleva los haberes a niveles comparables con los de la década de los noventa. La conclusión es clara: el sistema previsional está estabilizado en un nivel bajo, sin previsión de mejoras en el corto o mediano plazo.

Uno de los cambios más significativos que se mencionan en el informe es el fin de la moratoria previsional. Sin esta herramienta, la gran mayoría de los nuevos jubilados no alcanzan los años de aportes necesarios para acceder a una jubilación plena, quedando relegados a la Pensión Universal para el Adulto Mayor, que es menor al haber mínimo y presenta restricciones adicionales. Esta decisión también tiene un fuerte impacto de género, ya que afecta principalmente a las mujeres, que suelen tener trayectorias laborales más interrumpidas.

El análisis de CEPA concluye que la política previsional vigente tiene tres elementos regresivos: la consolidación de la pérdida inicial, el congelamiento del bono y la eliminación de la moratoria. El resultado es un sistema previsional que estabiliza las jubilaciones en un nivel históricamente bajo, trasladando el peso del ajuste a los adultos mayores, uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Por César Rodríguez

Mientras las miradas políticas siguen en el Congreso Nacional y el debate de la Ley de "Bases", economistas pusieron el foco en la "licuación del poder adquisitivo", sobre todo en la población de jubilados y en sectores medios.

Un informe publicado por la agencia Noticias Argentinas va en esa línea, y las opiniones de expertos y expertas en la materia se vinculan con datos concretos. Como el difundido en las últimas horas por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa que advirtió que, en enero, las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas experimentaron una "significativa disminución del 28,5% en comparación con el mismo período del año anterior" a precios constantes". En tanto, el descenso a nivel intermensual desestacionalizado fue del 6,4%.

Escasas transacciones comerciales y poca afluencia de público son el saldo del primer mes del año, y los ítems más afectados fueron Farmacias (- 45,8 % interanual), donde el rubro más perjudicado fue el de Cuidados personales, y Alimentos y bebidas (-37,1 % interanual y -13,2 % intermensual), donde "incluso los sectores de mayores ingresos se volcaron a productos de segundas y terceras marcas", de acuerdo al balance de la entidad.

"Por ahora el programa se llama licuar", advirtió la directora ejecutiva de la consultora Eco Go, Marina Dal Poggetto. Para Carlos Pérez, de la Fundación Capital -fundada por Martín Redrado-, el primer semestre será "muy malo en actividad económica". Incluso, señala que "ya está jugado, tanto en la aceleración de la inflación como el incremento de la recesión".

Mientras el poder adquisitivo cae en picada, el gobierno aún no convocó al Consejo del Salario, advierte el mismo informe de NA. Por ahora el salario mínimo –que se utiliza como referencia para calcular jubilaciones, Asignación Universal por Hijo o las becas Progresar– se mantiene en $156 mil desde diciembre.

En el mismo mes, la inflación fue del 25,5% y se proyecta al 20% para febrero (algunos economistas arriesgan un porcentaje mayor). El acumulado en los primeros dos meses de gobierno de Milei arrojará un 50% de suba en el costo de vida, frente a una buena parte de salarios que no se movieron.

Algunos sectores, como bancarios, aceiteros y comercio, sí lograron un reacomodamiento de sus ingresos, pero muchos otros siguen muy atrás de la inflación.

Volviendo a Dal Poggetto, advierte que "hay una mega licuación del gasto público provocada por la propia aceleración inflacionaria". "La pregunta es cuán rápido la inflación puede empezar a moderarse. Enero apunta a un 20%/21%. Podrías estar en la zona de un dígito recién para abril o mayo, pero faltan las tarifas, reacomodar precios y ver qué pasa con las paritarias".

Otros analistas advierten, en línea con el informe de Came, que la falta de actualización de los salarios ya está provocando una caída en el consumo de alimentos, bebidas e higiene y tocador, los rubros claves que le toman el pulso al consumo. En enero, el consumo en cantidades habría caído entre 10% y 18% según el rubro, y se nota un trasvasamiento típico hacia las segundas marcas, en tren de hacer rendir un poco más la plata.

Según la consultora Ecolatina, dada la inflación esperada para los primeros tres meses del año –que podría desacelerarse, pero no bajaría de los dos dígitos mensuales– "para que el poder adquisitivo no se erosione los salarios deberían correr al mismo ritmo". Sin embargo, "solamente el salto de inflación en diciembre dejará pérdidas del orden del 10% en términos reales", estima.

A eso se suma que las empresas incorporan cada vez monotributistas, que no perciben ni aportes previsionales, ni a la obra social, y en muchos casos la relación laboral se cristaliza y pasan años sin que los efectivicen o blanqueen.

Para Ecolatina, la inflación podría desacelerar como resultado de una demanda agregada débil, que será la consecuencia, principalmente, de un desplome del poder adquisitivo.

En este contexto recesivo, "la amenaza del desempleo y una eventual apertura comercial podrían ser ingredientes en esta dirección, ya que podrían mantener a raya las demandas de recomposición de algunos sectores".

Para el economista Guido Lorenzo, director de la consultora LCG, la economía a la baja impulsa también la "pérdida de poder de negociación" de los asalariados.

"Con salarios más bajos cae la masa salarial y la demanda agregada se vuelve menos dinámica, con lo cual puede llevar a menor nivel de actividad si es que no es compensado por demanda de exportaciones y/o inversión", explicó.

A todo esto, de los siete rubros relevados en diciembre, los comercios minoristas registraron caídas en seis mientras hubo una excepción: indumentaria, que tuvo un alza de 0,9% interanual aunque con una variación negativa intermensual (-2,8 %).

La explicación para el comportamiento en la actividad se podría encontrar en una combinación de ofertas atractivas y compras realizadas en gran cantidad "por turistas internacionales que recorrieron las ciudades argentinas".

Un informe de Ecolatina revela parte de las razones de por qué hay en la Argentina baja ocupación y más pobreza. Con "base 100" en diciembre de 2016, el documento señala que el salario real registrado está en 82,9% de aquella cifra, en tanto que el no registrado alcanza apenas el 53,7%. En el promedio, perdieron desde entonces 22,9%.

El punto más alto lo alcanzaron en diciembre de 2018, pero desde entonces se precipitaron, con menor suerte para los informales, que se desplomaron sin recuperación desde diciembre de 2020 y que corren detrás de una inflación que para la consultora "orillará 200%" este año.

En lo que va del año, "los salarios de la economía crecieron 11,7% en septiembre, acumulando en el año un avance del 96,5%. De esta manera, quedaron algo por debajo de la inflación acumulada al noveno mes del año (103,2%), alcanzando una pérdida promedio del poder adquisitivo de casi 2% interanual", señala el documento.

"Esta dinámica, no obstante, esconde bastante el hecho de que los trabajadores informales son lo que peor lo están pasando: registran una caída promedio del salario real del 14% i.a. en el acumulado anual. Este sector, asociado justamente a trabajadores y familias de menores ingresos, es sin dudas el principal perjudicado de la aceleración inflacionaria".

El informe también revela la dinámica de pérdidas del poder adquisitivo de los haberes atados a la movilidad según la ley votada por la mayoría del Frente de Todos en el Congreso. "El último incremento del año -correspondiente a diciembre- será de 20,87%, acumulando durante 2023 una suba de 'apenas' 111%.

"Tomando el promedio del año, esto implica que cualquier jubilación, asignación o beneficio que se calcule por esta fórmula perderá casi 20% este año. En el gráfico de arriba se observa que su performance es comparable a la de los trabajadores informales".

Sólo los que cobren los bonos a fin de año -en general quienes perciben la mínima- quedarán con un ingreso promedio casi 5% por encima de la inflación. "En este sentido, vale decir que para mantenerse esta mejora, el monto de estos bonos viene siendo cada vez un porcentaje mayor del haber mínimo".

"Si la inflación tiene una tendencia creciente, tal como consideramos que ocurrirá en los próximos meses, la fórmula de movilidad actual daña el poder adquisitivo. Si en cambio está desacelerando, este mecanismo condicionará la expectativa de un sendero fiscal más austero, ya que más de la mitad del gasto está atado a una inflación pasada que -en este escenario- será mayor. Todo esto arroja interrogantes acerca de la vigencia de la fórmula de movilidad el año próximo tal como está planteada, profundizando la dependencia de algunos sectores del otorgamiento de bonos para apuntalar, al menos parcialmente, el poder adquisitivo".

Con paritarias: suba del 0,6%

"La plena vigencia de las paritarias fue el factor que evitó que el avance de los precios cause el mismo impacto en el sector formal", analiza Ecolatina advirtiendo que los salarios formales tuvoiern una leve suba, a diferencia de salarios informales, que ponen el promedio en terreno negativo.

"Los acuerdos ya se caracterizan por tener una vigencia como mucho trimestral, así como constantes reaperturas, y es moneda corriente observar incrementos -aunque no necesariamente de la magnitud de la inflación- casi todos los meses.

"Esto permite que, a diferencia de los trabajadores informales, los registrados tengan una, aunque leve, recomposición del 0,6% del salario real en el promedio del año".

Sin embargo advierte Ecolatina que el fenómeno inflacionario podría profundizarse en el corto plazo y "las demandas por recomposiciones salariales estarán al pie del cañón, pero algunas no podrán atenderse en un contexto en que se busque coordinar las expectativas, o bien complicarán el éxito de la propia coordinación entre los distintos sectores.

"Esto -concluye- deja en claro la necesidad de apoyos -incluso por fuera del Congreso- que precisará el próximo gobierno para llevar a cabo un proceso que, incluso siendo ordenado, implicará sectores ganadores y otros perdedores".

Entre los sectores con paritarias, Ecolatina destaca que "desde 2022 los gastronómicos han recompuesto su poder adquisitivo tras el impacto de la pandemia, a la vez que se observan buenos números en ramas asociadas al sector textil, químicos y aceiteros. Por su parte, mecánicos y metalúrgicos, gremios relevantes que marcan la pauta de las paritarias, parecen haber mejorado en el cierre de este año".

Señala en cambio que "dentro de los sectores más rezagados, los más importantes son los de la construcción, alimentación, camioneros (con una leve mejora en el segundo semestre de este año); sin embargo, cualquiera de estos grupos ha tenido una mejor performance que los trabajadores informales: la persistencia inflacionaria que tiene lugar cuando los salarios siguen de cerca la inflación deja de lado a los trabajadores de menores ingresos y/o con empleos de peor calidad, resultando en un proceso muy regresivo".

El poder adquisitivo del haber de los jubilados nacionales se redujo 31% desde el 2017. Incluso contabilizando el suplemento que por decreto entrega la Casa Rosada mediante bonos, la pérdida es del 15%, según los cálculos del economista Nadin Argañaraz en base a datos oficiales, que analiza el impacto de la inflación en “la mínima”.

“Cobrando bonos, el poder adquisitivo de los primeros cinco meses del año de los jubilados argentinos con la mínima, habría caído un 4,5% respecto a igual periodo de 2022. Sin cobrar bonos, la caída habría sido del 14%”, reporta el referente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal.

“El poder adquisitivo de las personas jubiladas constituye un tema relevante desde el punto de vista social. La elevada inflación de los últimos 7 años lo ha erosionado de manera significativa. Las diversas fórmulas de movilidad implementadas no han evitado su progresivo deterioro”, expone Argañaraz.

El período analizado por el economista revela que el deterioro se produjo tanto con la fórmula de actualización del gobierno macrista, como con la de la administración del Frente de Todos. La evolución de las variables -sin embargo- revela que la pérdida se acelera en la actualidad cuanto mayor es la inflación, variable que no está en la fórmula de actualización.

A mediados del mes pasado, la directora general de la ANSES, Fernanda Raverta, y el ministro de Economía, Sergio Massa, adelantaron el anuncio del aumento del 20,92% en los haberes que se pagan desde este mes, conforme a la Ley de Movilidad, así como un refuerzo para las pensiones mínimas y jubilaciones.

Raverta explicó entonces que -como resultado del incremento y los refuerzos- la pensión mínima habrá aumentado 130% anual (junio 2022 – junio 2023), lo que representa un aumento real de 7%.

Más allá de la comparación puntual al momento de la actualización, Argañaraz plantea que, en perspectiva, “para que el ingreso real acumulado de los jubilados durante los primeros 8 meses del año sea igual al de igual periodo de 2022, la inflación promedio mensual del trimestre junio-agosto debería ser del 6,5%.

“Dado esto, es probable que en los primeros ocho meses del año vuelva a caer el poder adquisitivo de los jubilados respecto al año previo. En este contexto inflacionario, el gobierno seguramente va a continuar con la modalidad del bono, ya que es vital para evitar que termine al año sin una nueva pérdida de poder adquisitivo del sector pasivo”, especula el economista.

Explicó que para el cálculo sobre la evolución de los primeros cinco meses, supuso “en mayo una inflación del 8,8%. Y también el periodo junio-agosto, considerando que está vigente la nueva suba y los nuevos bonos para este periodo”.

Una familia tipo con dos trabajadores en el sector privado informal obtiene casi la mitad de los ingresos que otra con trabajos registrados formales. Así se desprende del estudio realizado por el Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

El estudio también calculó cuántos días de trabajo se necesitaron para adquirir 9 consumos clave. Para completar una Canasta Básica Total (CBT), el consumo básico para no ser considerado pobre, en el sector informal se precisan 31 días al mes, en tanto que en el sector formal, 16.

El estudio coordinado por el economista Fausto Spotorno estima que con los ingresos para marzo de 2023 de los hogares, el 28,3% de la población total no cubre la CBA (línea de indigencia) y el 69,9% no cubre la CBT (línea de pobreza).

“Teniendo en cuenta que un argentino que trabajó en relación de dependencia en el sector privado formal tuvo un salario neto promedio de $211.797, y en el informal el promedio de ingresos fue de $110.210, la brecha alcanza el 92%”, detalla el documento.

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En tanto que una familia tipo en el sector formal tuvo un ingreso promedio de $372.273 mientras que en el sector informal $188.459. Aunque como una familia tipo suma un segundo ingreso un 29% menor (según la EPH de INDEC 4Q2022), la brecha aumenta al 97%.

El estudio también midió la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y de la remuneración promedio neta desestacionalizada, para comparar la variación del poder adquisitivo en el período correspondiente entre enero de 2017 y marzo de 2023.

Del análisis de estas variables se concluye que, en términos reales, el salario ha perdido 15% de poder adquisitivo frente a la inflación, mostrando en 2021, 2022 y los primeros meses de 2023, una aceleración del ritmo inflacionario, lo que aumenta la brecha existente entre los aumentos precios y los incrementos salariales.

“De los 75 meses considerados para este análisis, en 45 la inflación fue más alta que los aumentos de los salarios, y sobre todo en 2021, 2022 y el inicio de 2023, se observa con el aumento de la inflación el aumento de la brecha. Si bien también toman velocidad los aumentos de salarios, no alcanzan el ritmo de la escalada inflacionaria”, indica el documento.

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Tomando como referencia la remuneración promedio neta desestacionalizada del sector formal y el ingreso promedio del sector informal en Argentina de marzo del año 2023, se calculó cuántos días de trabajo se necesitaron para adquirir 9 consumos clave.

Aquellas familias (tipo), con 2 ingresos (jefe de hogar y segundo ingreso) que trabajan en el sector informal necesitaron trabajar 14 días para adquirir una Canasta Básica Alimentaria. Por otro lado, para cubrir la Canasta Básica Total, necesitaron 31 días. Las familias con ingresos provenientes del sector privado formal necesitaron trabajar 7 días para alcanzar una Canasta Básica Alimentaria y 16 días para la Canasta Básica Total, bajo el supuesto de que ambos tienen ingresos (jefe de familia y segundo ingreso).

En marzo de 2023 pagar un alquiler promedio de 3 ambientes en la Ciudad de Buenos Aires, requirió 12 días de trabajo para una familia tipo con 2 ingresos en el hogar, provenientes ambos del sector formal, mientras que implicó 25 días para aquellas familias con ingresos del sector informal.

El pago de una cuota de colegio privado secundario jornada simple para 1 hijo equivaldría a 4 días de trabajo para una familia del sector formal en la que trabajan ambos padres. Ocho días en cambio, serían necesarios si los padres trabajan ambos en el sector informal.

Salida familiar (cine y comida): el valor de una salida de una familia tipo con dos hijos en marzo de 2023 fue de $15.440, incluyendo cine y comida. En el sector formal, una familia con 2 ingresos necesitó trabajar 1,3 días para poder tener una salida típica familiar. Aquellas familias con un único ingreso en cambio, necesitaron 2 días para cubrir este gasto. En el sector informal, una familia con un solo ingreso necesitó 4,3 días y una familia con dos ingresos (jefe de familia e ingreso secundario) 2,5 días.

Mauro L. Muñoz

“Espero que este año nos encuentre garantizándole a nuestros chicos los días de clase que se merecen”. De esta manera se cerró la primera reunión paritaria para discutir la pauta salarial de 2023 entre los gremios docentes y el gobierno de la provincia. La frase se escuchó desde los pasillos de la cartera laboral y fue emitida por la ministra de Educación, Adriana Cantero, que asistió de forma virtual, ya que por la mañana estuvo en Buenos Aires en el Consejo Federal de Educación.

En este primer encuentro, que fue encabezado por el ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri, no hubo propuesta económica, sino que se acordó la constitución de las comisiones técnicas para avanzar en esa discusión. Tras lo que allí se resuelva se procederá a una nueva convocatoria para presentar una oferta formar que permita a los gremios activar los mecanismos de consulta a sus bases. Todo el proceso a tan solo once días hábiles del inicio del ciclo lectivo, previsto para el próximo 1 de marzo.

Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafe, señaló al término de la reunión un claro objetivo como guía de las negociaciones: “Queremos una propuesta que nos permita recuperar el poder adquisitivo que hemos perdido durante nueve meses y ganarle a la inflación que vemos que cuando vamos al supermercado vemos que no se puede controlar”.

Pedro Bayúgar, secretario general del Sadop, profundizó en los posibles mecanismos que se evalúan para lograr cumplir con ese objetivo: “Tenemos que acordar parámetros que, por ejemplo, nos avisen cuando la inflación supere un índice, y que eso mismo se aplique directamente en el salario. Otro mecanismo es estar todos los meses negociando. Pero lo principal es preservar el poder adquisitivo”.

Por su parte, el secretario de Educación, Víctor Debloc, confía en que las negociaciones van a llegar a tiempo para empezar las clases con normalidad. “Hubo buena voluntad en diciembre por la política salarial que se concretó y también la buena voluntad apareció en los diálogos previos que mantuvimos con todos los dirigentes gremiales. Con casi tres semanas por delante, creemos que el 1 de marzo podrán estar todos los chicos en la escuela”.

Al planteo que los gremios trasladaron en la reunión de hallar una herramienta para que el salario que le pueda ganar a la inflación, el ministro Pusineri respondió: “No estamos cerrados a analizar ninguna de las alternativas que se ponen sobre la mesa y va a ser materia de análisis a partir de la semana que viene”.

“Está claro que hoy tenemos un elemento que, por ejemplo, el año pasado no lo teníamos, que es una inflación presupuestaria. Y está claro también que la apuesta del conjunto tiene que ser a que la inflación ceda”, agregó el titular de la cartera laboral.

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Respecto a cuándo será la nueva convocatoria, señaló que están esperando también cuáles son las referencias nacionales que habitualmente toman los gremios del sector docente.

“También hay que decir que la oferta que hace el gobierno no es una oferta unilateral que se le ocurre al gobierno, sino que es fruto de un ida y vuelta que se tiene con los gremios que aporta mucho para que esa oferta se construya. Si podemos construirla, en el transcurso de la semana que viene vamos a tener convocatoria. Y si necesitamos algunos días más, la vamos a hacer cuando estemos en condiciones de llegar a la nueva convocatoria con algo concreto”, concluyó.