(Por Ignacio Hintermeister) – Entre el segundo semestre del 2019 e igual período del 2022, “se observa que el gasto público primario pasó de 18,7% al 20,3% del PBI, dentro del cual el gasto en planes asistenciales (sin incluir la AUH), pasó de 0,7% al 1,8% del PBI. La inflación pasó del 53% al 85% anual. La cantidad de pobres pasó de 10 millones a 11,5 millones de personas”.

¿Hay más pobreza porque hay más planes? El enfoque fiscalista del centro de estudios que dirige el economista Jorge Colina tiene su lógica contable cuando señala que el déficit fiscal incrementado por el gasto social ayuda a generar la inflación que licúa el poder de compra de los planes. Lo mismo, hay que agregarlo, sucede con los salarios, lo que explica más pobreza a menor desempleo.

De la misma manera se puede decir incluso que la inflación es lo que genera más pobres aun cuando hay menos desempleo, por su impacto depredador en el salario. Las cifras de las que se jacta el gobierno incluyen como “empleados” a los beneficiarios de programas sociales. Y asalariados o asistidos, tienen menos poder de compra por efecto de la pérdida del valor de la moneda.

La paradoja es que, si se toma por cierta la premisa de Idesa, según la cual “el incremento del gasto asistencial aumenta la pobreza”, no se puede omitir que eliminar planes asistenciales, también lo hace. Según el informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina, la Tasa de Pobreza de 2022 era de 43,1%, pero sin AUH, otros programas ni pensiones no contributivas, el cálculo alcanzaba el 50%.

La billetera asistencial del Estado evitaba el año pasado un 6,1% más de pobres. Ahora los especialistas del ODS/UCA calculan que el 39,2% de las personas que viven bajo la línea de pobreza (medición por ingresos según la Encuesta Permanente de Hogares del Indec), superarían el 50% sin los planes.

Pero hay un singular plano de sintonía entre el planteo de Agustín Salvia, director del Observatorio de la UCA, y el del equipo de Collina. Para el primero de ellos, la inflación de tres dígitos promete este año 45% de pobreza medida por el Indec, a lo cual habría que agregarle 10 puntos y más si se sacan los planes, por efecto de la inflación.

“Desde hace mucho tiempo que la economía argentina no garantiza un crecimiento estable y prolongado de manera sostenible. Durante los últimos 40 años el crecimiento promedio apenas fue del 1% anual, claramente deficitario para atender deudas sociales históricas, o para dar un salto en ciencia y tecnología, o para responder a justas demandas sociales, y, sobre todo, permitir invertir en el capital humano de las nuevas generaciones”.

El párrafo no viene de la ortodoxia sino del último informe del Observatorio de la Deuda Social. Sirve para observar que el crecimiento con justicia social, incluso el criterio de redistribución de riqueza requiere primero producir/enriquecer para solventar la asistencia. No es lo mismo el Estado Presente que el Estado de Bienestar, como es diferente repartir dinero impreso que generar condiciones equitativas de progreso.

O como diría Anthony de Jasay (la lógica del liberal no invalida en este caso un legítimo progresismo): “No es que sea imposible poner el carro delante del caballo, sino que no resulta muy práctico. Ni prueba que el caballo no pueda tirar”.

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Según el último informe del Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). El 32,7% de los hogares y 43,1% de las personas se encuentran bajo la línea de la pobreza en el país. Hay 18 millones de personas pobres y 3,3 millones de indigentes. El director del observatorio Agustín Salvia alerta: “Estamos ante la tercera generación de pobres en el país”.

La pobreza es un problema que el país arrastra desde hace poco más de cuatro décadas. Esto ha provocado que más de un tercio de los hogares no tenga capacidad de consumo, además de las fallas económicas estructurales del sistema económico-productivo que existen.

En este marco de desigualdades estructurales de larga data, el informe confirma que existe una persistencia en los niveles de indigencia y pobreza durante el período analizado (2010-2022). Por otro lado la emergencia sanitaria por el Covid-19 en el año 2020 profundizó aún más el deterioro que se venía ya exhibiendo en las capacidades monetarias de los hogares.

Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA

“Actualmente, bajo el escenario de postpandemia, la recuperación económica, el aumento de la ocupación, la caída del desempleo y los refuerzos en la asistencia social lograron atenuar o incluso revertir la tendencia creciente de los indicadores de indigencia y pobreza. En un escenario crecientemente inflacionario, con evolución de las prestaciones y remuneraciones nominales por debajo del incremento de la canasta básica, no se evidencia un crecimiento exponencial de la indigencia y pobreza por ingresos”, explica el informe.

La UCA arrojó en su análisis que el 32,7% de los hogares y 43,1% de las personas se encuentran bajo la línea de la pobreza en el país. Mientras que el año pasado el porcentaje de pobreza fue de 42,4%.

Por otro lado, el estudio da cuenta de un aumento de 0,7 puntos porcentuales en 2022. El reporte señala, además, que entre julio y octubre de este año el 5,7% de los hogares y 8,1% de las personas eran indigentes.

Otro punto del informe analiza la proporción de hogares perceptores de programas sociales. En este aspecto se puede ver una tendencia ascendente a lo largo del período de 2010-2022, dando cuenta -cada vez más- del papel del Estado para satisfacer necesidades básicas de los hogares y la población.

Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) y Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA

El incremento de hogares cubiertos por políticas de asistencia se acentuó en el contexto de crisis Covid-19, cuando se implementaron mecanismos compensatorio, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), bonos extraordinarios a AUH y Tarjeta Alimentar y refuerzos en la entrega de viandas y bolsones de alimentos o el retiro de los mismos de comedores comunitarios.

Estas medidas se incorporaron a las políticas de transferencias de ingresos, programas de empleo y ayudas alimentarias ya existentes incrementando de manera significativa la proporción de hogares con acceso a algún programa de transferencia de ingresos o asistencia alimentaria directa durante el ASPO-DISPO del año 2020.

De acuerdo con los resultados del informe “Trabajo, empleo, inactividad forzada y exclusión social. Argentina Urbana 2010-2022”, la tasa de empleo subió del 58,8% registrado en 2021 a 64,3 % este año. Solo el 40,3% de la población económica activa de 18 años y más logró acceder a un empleo pleno de derechos, mientras que el 8,7% de esta población se encontraba abiertamente desempleada y el 23,0% sometida a un subempleo inestable, es decir, realizando changas, trabajos temporarios o no remunerados o siendo beneficiarios de programas de empleo con contraprestación. Al mismo tiempo, el 28,0% contaba con un empleo regular, pero precario, con niveles de ingresos superiores a los de subsistencia y sin afiliación al sistema de seguridad social.

Además en 2021 la tasa de desocupación fue de 9,1%. Hubo una posterior reactivación que generó este año que la desocupación disminuyera al 8,7%. Entre otros datos, recolectado por la Encuesta de la Deuda Social Argentina de la UCA entre julio y octubre de 2022, se señala también que aproximadamente un 50% de la población activa no posee un empleo con plenos derechos laborales.

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