Luis Rodrigo

"Paridad" fue el término que se repitió, en casi la mitad de los 16 expositores, que participaron este miércoles 25 de una Audiencia Pública convocada por la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa.

La bicameral compuesta por 8 diputados y 4 senadores provinciales, bajo la Ley N° 14.292 sancionada en diciembre de 2024 llevó adelante una consulta abierta a los ciudadanos interesados en dar su opinión para los tres pliegos enviados por el Poder Ejecutivo Provincial a la Legislatura para integrar la cabeza del Poder Judicial de Santa Fe.

Este viernes 26 se expedirá el Poder Legislativo sobre los pliegos de Jorgelina Mabel Menghini, Diego Luis Maciel y Aldo Mario Alurralde, pero antes se llevó a cabo una doble instancia de revisión. La Audiencia Pública en la que no hubo críticas personales a los propuestos por el gobernador Maximiliano Pullaro (salvo en un caso y por uno de los oradores) y luego las entrevistas con cada uno de ellos, con preguntas de los legisladores. El primer capítulo fue público y transmitido en directo por la Cámara de Diputados. El segundo, como es habitual en estos casos, se realizó a puertas cerradas.

Para las 13 horas del jueves 26 fue convocada la Asamblea Legislativa en la que se descuenta que el oficialismo conseguirá aprobar los tres pliegos para ministros de la Corte. Habrá que ver qué posición toman los bloques opositores y qué efectos produjeron (sobre todo en estos últimos) los conceptos vertidos en la Audiencia Pública y en las entrevistas personales con los candidatos.

Cada expositor contó con cinco minutos para expresarse y en el caso de la presidenta de la Red Nacional de Mujeres para la Justicia, Carina Estefanía, supo aprovecharlos. Para participar de la reunión de manera presencial (otros lo hicieron por zoom) llegó desde la provincia de Chubut. Dijo que la historia de la Corte santafesina "es la de la desigualdad" con apenas dos mujeres desde su conformación.

La jueza penal y presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales chubutense recordó que recién en 1950 una mujer accedió a la magistratura en el país y que hasta 1983 "no teníamos la patria potestad de nuestros hijos". Advirtió -como luego otras expositoras- que "no se cumple el mandato constitucional de la Nación, ni con el espíritu de la Constitución recién reformada, ni la legislación de Santa Fe de paridad de 2020 "que es pionera" y la dispone para el Poder Judicial.

"Sería una falta de respeto leer el artículo 13 de la Constitución de Santa Fe porque aquí están muchos de sus redactores", expresó.

Con conceptos similares, Beatríz Gutiérrez de Multiespacios agregó "nos interesan los números", a propósito de solo dos mujeres sobre siete ministros, "porque la participación igual debe ser visible". Y remató: "el derecho no fue pensado para las mujeres, y durante mucho tiempo no nos llevamos bien con las leyes". Aseguró que "los códigos procesales aún no se han librado de los estereotipos y las supuestas costumbres" en un poder que definió como "patriarcal".

Balbina Cavalieri, presidenta del Colegio de Abogados de Santa Fe, espetó: "¿Ustedes piensan que no hay mujeres con las capacidades necesarias para cubrir estos cargos?" y abundó: "en las reuniones con pares, son casi siempre hombres". De allí pasó al "techo de cristal" y simplemente reclamó "la Constitución es clara, establece la paridad de género para ocupar los cargos . Y más con los cargos máximos".

María Elena Martínez, del Sindicato de Trabajadores Judiciales, dijo que se debe "deconstruir" procesos y prejuicios con cambios cuando las oportunidades se producen. Y que son mujeres el 65% de los empleados de ese Poder al que consideró el más "patriarcal" de ellos.

La concejala justicialista Norma López subrayó que no basta con "declamar" paridad. "Se trata de normas que se deben cumplir", destacó. Y pidió a los legisladores "hoy es indispensable que sepamos qué piensan los futuros ministros de la Corte sobre la reforma laboral, la baja de la edad para ser imputado y su posición ante los embates contra la Ley del Derecho al Aborto".

La serie de pronunciamientos sobre la mujer y el Poder Judicial concluyó con un tono conciliador de Claudia Levin, la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Universidad Nacional del Litoral, que celebró: "llegamos casi a la paridad". Y expresó que "aunque lentos, son avances". Explicó que se trata de ver el triunfo de "las grandes luchas en los pequeños universos en que cada una de nosotras actuamos". Y subrayó "aunque parezcan pocos, todos los pequeños avances se apoyan en las grandes luchas".

Con un mecanismo que se apoyó tanto en la votación por signos (a mano alzada) como en la consideración de 14 mensajes, que agruparon candidatos según los envíos propuestos por el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa prestó acuerdo por muy amplias mayorías o por unanimidad en la mayor parte de los casos, para 88 pliegos de jueces, fiscales y defensores.

El pleno de los diputados y los senadores provinciales contó muy cómodos números para la aprobación de los pliegos. Casi todos fueron votados por unanimidad, aunque siempre con abstenciones de un puñado de diputados opositores, tanto de izquierda, como de de derecha, según el caso.

La vicegobernadora Gisela Scaglia, como presidenta del Senado, condujo el debate que fue extremadamente ordenado y fluido, aunque tenso en el tratamiento de uno de los pliegos.

La presidenta de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, Lionella Cattalini, propuso la modalidad de la votación y la consideración de los 14 mensajes para agrupar los envíos.

Antes, la diputada socialista elogió el trabajo de la comisión bicameral, tanto de los legisladores que la integran como de los empleados que asisten al cuerpo de 12 miembros que se dividió la tarea de tomar semejante cantidad de entrevistas. Hubo un dictamen de acuerdo para cada uno de los propuestos, expresó la ex convencional que explicó que todos los propuestos por el Poder Ejecutivo contaron con la mayoría de las firmas de la comisión. No hubo dictámenes por la minoría en Acuerdos pero sí manifestaciones en contra en algunos pedidos de abstenciones para ciertos nominados e incluso votos en contra en los casos más sonados.

El consenso que permitió la aprobación de todos los envíos del gobernador Maximiliano Pullaro se resume en el voto positivo de los integrantes del frente Unidos para Cambiar Santa Fe y de los bloques opositores justicialistas, tanto en Diputados como en Senadores.

Gisela Scaglia, como presidenta del Senado, condujo el debate que fue extremadamente ordenado y fluido, aunque tenso en el tratamiento de uno de los pliegos. Gentileza Cámara de Senadores

Por fuera de ambas bandadas mayoritarias, se abstuvieron en casi todos los casos y votaron en contra de unos pocos pliegos los integrantes del Frente Amplio por la Soberanía, que cuenta con tres miembros. Y en algunos casos puntuales, de la diputada Silvia Malfessi que fue la única integrante del bloque Somos Vida presente en la jornada legislativa. En general, coincidió con sus posiciones el diputado Juan Domingo Argañaraz (Inspirar).

El inusual número de 88 solo es comparable una cifra similar de 1985. Y esa lista se incluyen 36 jueces comunitarios en otras tantas localidades de toda la bota santafesina; 18 jueces penales; 19 fiscales, entre titulares y adjuntos para el Ministerio Público Fiscal; y otros seis pliegos para la justicia civil, comercial y laboral.

El pleno de los diputados y los senadores provinciales contó muy cómodos números para la aprobación de los pliegos. Gentileza Cámara de Senadores

El bloque de izquierda FAP votó en contra del pliego de la nominación de Federico Martín Rébola que por muy amplia mayoría fue nombrado juez de primera instancia de distrito en lo penal en la Circunscripción Judicial N.º 2, de Rosario.

El diputado Fabián Palo Oliver acusó a Rébola de haber “mentido” a la Comisión de Acuerdos cuando en la Legislatura se ventilaron las acusaciones contra fiscales que actuaron como acusadores en la causa contra el senador provincial por San Lorenzo, Armando Traferri.

Para el ex intendente de Santo Tomé hubo “un entramado” de testimonios contra los fiscales Edery y Schiappa Pietra que provocó que ambos debieran dejar el caso del legislador que, en cuanto fueron separados de la investigación, pidió que se le retiren su fueros en los que antes de había cobijado. (Como se sabe ese tipo de protección de proceso ya no existe en la Constitución de Santa Fe reformada recientemente).

Mientras Palo Oliver desplegaba sus argumentos contra el otrora fiscal Rébola, ahora juez, el diputado mencionó al senador Traferri. Cuando el representante de San Lorenzo y ex convencional escuchó su nombre le hizo notar con un gesto similar a un simpático saludo pero sin inmutarse donde estaba sentado.

La Sesión Conjunta de ambas Cámaras de la Legislatura de Santa Fe aprobó un dictamen que considera “inadmisible” un recurso de queja presentado por el ex fiscal Alejandro Héctor Rodríguez que sostiene que fue “inconstitucional” el procedimiento en su contra.

Se trata de una presentación judicial de Rodríguez contra la Resolución 32 de ese cuerpo que lo removió del cargo, el 12 de junio de 2025.

Con algunas abstenciones, sin debate, ni votos en contra y por signos los senadores y diputados aprobaron el dictamen elaborado por la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa que contiene el término “inadmisible” como respuesta formal a la queja planteada por el ex fiscal.

Tras las votaciones pertinentes, la lista completa de los pliegos votados por la Asamblea Legislativa quedó conformada de la siguiente manera:

Abg. GABENARA, Virginia Ana (Clase 1980 – M.I. 28.101.606) como Fiscal Adjunta del Ministerio Público de la Acusación – Distrito Judicial N° 14 – Circunscripción Judicial N.º 2 - Sede en la ciudad de Villa Constitución.

Abg. MIGNO, Julio Francisco (Clase 1989 – M.I. 33.962.738) como Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral – Distrito Judicial N° 20 – Circunscripción Judicial N.º 1 - Tribunales con asiento en la ciudad de San Javier.

Abg. VIALE, Renato Carlos (Clase 1980 – M.I. 19.013.951) como Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral – Distrito Judicial N° 7 – Circunscripción Judicial N.º 2 - Tribunales con asiento en la ciudad Casilda.

Abg. MAREGA, Alexis Matías (Clase 1991 – M.I. 35.770.354) como Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral – Distrito Judicial N° 10 – Circunscripción Judicial N.º 5 - Tribunales con asiento en la ciudad de San Cristóbal.

Abg. ACUÑA, Federico Alejandro (Clase 1978 – M.I. 26.720.187) como Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral – Distrito Judicial N° 15 – Circunscripción Judicial N.º 5 - Tribunales con asiento en la ciudad de Tostado.

Abg. FARAVELLI, Sebastián Pantaleón (Clase 1976 – M.I. 25.328.157) como Juez de Primera Instancia de Circuito – Circunscripción Judicial N.º 1 - Tribunales con asiento en la ciudad de Coronda.

Abg. GUALA, Hernán Alfredo (Clase 1981 – M.I. 29.048.621) como Juez de Primera Instancia de Circuito – Circunscripción Judicial N.º 1 - Tribunales con asiento en la ciudad de El Trébol.

Abg. CHASCO, Martín Carlos (Clase 1982 – M.I. 29.560.751) como Juez de Primera Instancia de Circuito – Circunscripción Judicial N.º 3 - Tribunales con asiento en la ciudad de Venado Tuerto.

Abg. PASTORE, José Ignacio (Clase 1980 – M.I. 28.217.913) como Juez de Primera Instancia de Ejecución Civil - Circunscripción Judicial N.º 1.

Abg. VALES, Guillermo Adrián (Clase 1966 – M.I. 17.897.512) como Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial – Circunscripción Judicial N.º 1.

Abg. DEPETRIS, Francisco José (Clase 1980 – M.I. 28.241.259) como Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial – Circunscripción Judicial N.º 1.

Abg. URETA CORTES, Rodrigo Carlos (Clase 1977 – M.I. – 25.480.583) como Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial – Circunscripción Judicial N.º 1.

Abg. NAVEDA MARCÓ, Viviana Elizabeth (Clase 1978 – M.I. 26.668.287) como Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial – Circunscripción Judicial N.º 1.

Abg. CAMPBELL, Sabrina (Clase 1978 – M.I. 26.398.422) como Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial – Circunscripción Judicial N.º 2 – Tribunales con asiento en la ciudad de Rosario.

Abg. RUPIL, Sebastián José (Clase 1978 – M.I. 26.700.285) como Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial – Circunscripción Judicial N.º 2 - Tribunales con asiento en la ciudad de Rosario.

Abg. LISANDRELLO, David Alberto (Clase 1987 – M.I. 33.436.062) como Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial – Circunscripción Judicial N.º 2 - Tribunales con asiento en la ciudad de Villa Constitución.

Abg. RASCHETTI, Franco (Clase 1993 -M.I. 37.540.516) como Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial – Circunscripción Judicial N.º 4 - Tribunales con asiento en la ciudad de Reconquista.

Abg. GARCÍA, Mauro Daniel (Clase 1987 – M.I. 33.190.495) como Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial – Circunscripción Judicial N.º 5 – Tribunales con asiento en la ciudad de Rafaela.

Abg. GELCICH, Marcelo Germán (Clase 1978 – M.I. 26.915.841) como Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial – Circunscripción N° 5 – Tribunales con asiento en la ciudad de Rafaela.

Abg. ACUÑA, Valentín (Clase 1992 – M.I. 36.580.737) como Defensor Adjunto Subrogante del Servicio Público Provincial de Defensa Penal – Circunscripción Judicial N° 1.

Abg. MOGNASCHI, Lucía (Clase 1989 – M.I. 34.673.938) como Defensora Adjunta Subrogante del Servicio Público Provincial de Defensa Penal – Circunscripción Judicial N° 1.

Abg. MONTENOVI, Estéban Damián (Clase 1978 – M.I. 26.460.919) como Defensor Adjunto Subrogante del Servicio Público Provincial de Defensa Penal – Circunscripción Judicial N° 1.

Abg. MORIELLI, Agustina (Clase 1981 – M.I. 29.001.116) como Defensora Adjunta Subrogante del Servicio Público Provincial de Defensa Penal – Circunscripción Judicial N° 2.

Abg. VASCHETTO, Wanda Florencia (Clase 1993 – M.I. 37.816.140) como Defensora Adjunta Subrogante del Servicio Público Provincial de Defensa Penal – Circunscripción Judicial N° 2.

Abg. GONZÁLEZ, Julieta Belén (Clase 1988 – M.I. 33.619.979) como Defensora Adjunta Subrogante del Servicio Público Provincial de Defensa Penal – Circunscripción Judicial N° 2.

Abg. LLAUDET MAZA, María Virginia (Clase 1984 – M.I. 31.243.839) como Defensora Adjunta Subrogante del Servicio Público Provincial de Defensa Penal – Circunscripción Judicial N° 2.

Abg. ARAYA, Lucía Fernanda (Clase 1993 – M.I. 37.450.875) como Defensora Adjunta Subrogante del Servicio Público Provincial de Defensa Penal – Circunscripción Judicial N° 2.

Abg. DARUICH, Matías Daniel (Clase 1986 – M.I. 32.080.905) como Defensor Adjunto Subrogante del Servicio Público Provincial de Defensa Penal – Circunscripción Judicial N° 2.

Abg. BUFARINI, Pablo (Clase 1980 – M.I. 28.059.042) como Defensor Adjunto Subrogante del Servicio Público Provincial de Defensa Penal – Circunscripción Judicial N° 2.

Abg. QUIROGA, María Virginia (Clase 1987 – M.I. 33.279.392) como Defensora Adjunta Subrogante del Servicio Público Provincial de Defensa Penal – Circunscripción Judicial N° 2.

Abg. DALZOTTO, Antonela (Clase 1986 – M.I. 32.114.971) como Defensora Adjunta Subrogante del Servicio Público Provincial de Defensa Penal – Circunscripción Judicial N° 2.

Abg. RENZI, Flavia Sabrina (Clase 1990 – M.I. 35.070.689) como Defensora Adjunta Subrogante del Servicio Público Provincial de Defensa Penal – Circunscripción Judicial N° 2.

Abg. GALBUSERA, María Gimena (Clase 1993 – M.I. 37.331.076) Defensora Adjunta Subrogante del Servicio Público Provincial de Defensa Penal – Circunscripción Judicial N° 4.

Abg. TOURN, Valeria Lorena (Clase 1984 – M.I. 30.760.886) como Defensora Adjunta Subrogante del Servicio Público Provincial de Defensa Penal – Circunscripción Judicial N° 4.

Abg. STECHINA, Tania Romanela (Clase 1989 – M.I. 34.585.744) como Defensora Adjunta Subrogante del Servicio Público Provincial de Defensa Penal – Circunscripción Judicial N° 4.

Abg. ROSSINI, Bruno Leónidas (Clase 1990 – M.I. 34.935.313) como Defensor Adjunto Subrogante del Servicio Público Provincial de Defensa Penal – Circunscripción Judicial N° 5.

Abg. ROMANO, Victoria (Clase 1990 – M.I. 34.935.420) como Defensora Adjunta Subrogante del Servicio Público Provincial de Defensa Penal – Circunscripción Judicial N° 5

Abg. AIELO, Héctor José (Clase 1982 – M.I. 29.520.122) como Juez de Primera Instancia de Distrito de Menores – Distrito Judicial N° 1 – Circunscripción Judicial Nº 1 - Tribunales con asiento en la ciudad de Santa Fe.

Abg. LUCENTE, Leandro Matías (Clase 1981 – M.I. 29.135.619) como Juez de Primera Instancia de Distrito de Menores – Distrito Judicial N° 2 – Circunscripción Judicial Nº 2 - Tribunales con asiento en la ciudad de Rosario.

Abg. PIEMONTE, Fabiola Vanesa (Clase 1977 – M.I. 25.505.473) como Jueza de Primera Instancia de Distrito de Menores – Distrito Judicial N° 7 – Circunscripción Judicial Nº 2 - Tribunales con asiento en la ciudad de Casilda.

Abg. COASSOLO, Brenda Carina (Clase 1983 – M.I. 30.459.082) como Jueza de Primera Instancia de Distrito de Menores – Distrito Judicial N° 6 – Circunscripción Judicial Nº 2 - Tribunales con asiento en la ciudad de Cañada de Gómez.

Abg. BOAGLIO, José Alberto (Clase 1981 – M.I. 28.717.266) como Juez de Primera Instancia de Distrito de Menores – Distrito Judicial N° 15 – Circunscripción Judicial Nº 5 - Tribunales con asiento en la ciudad de Tostado.

Abg. DANERI, Jorgelina Valeria (Clase 1979 – M.I. 27.224.194) como Jueza de Primera Instancia de Distrito de Familia – Distrito Judicial N° 3 – Circunscripción Judicial Nº 3 - Tribunales con asiento en la ciudad de Venado Tuerto.

Abg. AGUIRRE QUINTANA, María Soledad (Clase 1978 – M.I. 25.243.831) como Jueza de Primera Instancia de Distrito de Familia – Distrito Judicial N° 10 – Circunscripción Judicial Nº 5 - Tribunales con asiento en la ciudad de San Cristóbal.

Abg. ANDRÉS JULIÁN, Hernán (Clase 1989 – M.I. 34.680.377) como Juez de Primera Instancia de Distrito Subrogante de Familia – Circunscripción Judicial N° 4.

Abg. CASTELLI, Silvia Laura (Clase 1976 – M.I. 24.987.867) como Jueza de Segunda Instancia en lo Penal – Circunscripción Judicial N° 2.

Abg. MORENO, Miguel Salvador Ernesto (Clase 1971 – M.I. 21.938.950) como Juez de Segunda Instancia en lo Penal – Circunscripción Judicial N° 2.

Abg. MANFRIN, Ismael Fabián (Clase 1966 – M.I. 17.849.719) como Juez de Segunda Instancia en la Penal – Circunscripción Judicial N° 2.

Abg. FOPPIANI, Nicolás Miguel (Clase 1977 – M.I. 25.750.294) como Juez de Segunda Instancia en lo Penal – Circunscripción Judicial N° 2.

Abg. RÉBOLA, Federico Martín (Clase 1979 – M.I. 27.862.449) como Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Penal – Circunscripción Judicial N° 2.

Abg. ARTACHO, Lisandro (Clase 1991 – M.I. 35.703.714) como Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Penal – Circunscripción Judicial N° 2.

Abg. VALLARELLA, Luciana (Clase 1980 – M.I. 27.747.377) como Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Penal – Circunscripción Judicial N° 2.

Abg. BENVENUTO, Natalia (Clase 1974 – M.I. 24.327.217) como Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Penal – Circunscripción Judicial N° 2.

Abg. RODRÍGUEZ, Jorge Andrés (Clase 1984 – M.I. 30.879.432) como Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Penal – Circunscripción Judicial N° 2.

Abg. GASPARINI, Juan Ignacio (Clase 1994 – M.I. 38.136.054) como Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Penal – Circunscripción Judicial N° 2.

Abg. GRANATO, María de los Ángeles (Clase 1982 – M.I. 29.449.812) como Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Penal – Circunscripción Judicial N° 2.

Abg. LANFRANCO PARI, Guillermo Marcelo (Clase 1980 – M.I. 28.148.978) como Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Penal – Distrito Judicial N° 6 – Circunscripción Judicial N.º 2 - Tribunales con asiento en la ciudad de Cañada de Gómez.

Abg. CAVALLERO, Andrea Melisa (Clase 1989 – M.I. 34.812.199) como Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Penal – Circunscripción Judicial N.º 3.

Abg. TOMASSO, Shirli Soledad (Clase 1986 – 32.503.299) como Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Penal – Distrito Judicial N° 5 – Circunscripción Judicial N.º 5 - Tribunales con asiento en la ciudad de Rafaela.

Abg. ÁLAMO, Cecilia Raquel (Clase 1979 – M.I. 27.052.750) como Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Penal – Distrito Judicial N° 10 – Circunscripción Judicial N.º 5 - Tribunales con asiento en la ciudad de San Cristóbal.

Abg. PANDULLO, Ignacio Eduardo (Clase 1987 – M.I. 32.962.623) como Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral – Distrito Judicial N° 1 – Circunscripción Judicial N.º 1 - Tribunales con asiento en la ciudad de Santa Fe.

Abg. BENASSI, María Clara (Clase 1976 – M.I. 25.497.369) como Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral – Distrito Judicial N° 19 – Circunscripción Judicial N.º 1 - Tribunales con asiento en la ciudad de Esperanza.

Abg. OTAROLA, Mariana Mercedes (Clase 1981 – M.I. 28.622.072) como Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral – Distrito Judicial N° 12 – Circunscripción Judicial N.º 2 - Tribunales con asiento en la ciudad de San Lorenzo.

Abg. BORSELLI, Martín Esteban (Clase 1977 – M.I. 26.042.070) como Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral – Distrito Judicial N° 3 – Circunscripción Judicial N.º 3 - Tribunales con asiento en la ciudad de Venado Tuerto.

Abg. DELLA ROSA, María del Mar (Clase 1978 – M.I. 26.159.525) como Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral – Distrito Judicial N° 4 – Circunscripción Judicial N.º 4 - Tribunales con asiento en la ciudad de Reconquista.

Abg. ACOSTA, María Victoria (Clase 1968 – M.I. 20.426.937) como Vocal de Cámara de Apelación en lo Laboral – Circunscripción Judicial N° 2.

Abg. GARCÍA, Mariana Victoria (Clase 1975 – M.I. 24.539.599) como Vocal de Cámara de Apelación en lo Laboral – Circunscripción Judicial N° 2.

Abg. GUEILER, Pablo (Clase 1969 – M.I. 20.904.096) como Vocal de Cámara de Apelación en lo Laboral – Circunscripción Judicial N° 2.

Abg. AIMI, Agostina Yanel (Clase 1990 – M.I. 35.448.346) como Fiscal Adjunta Subrogante del Ministerio Público de la Acusación – Circunscripción Judicial N° 1.

Abg. BERNARD, Jesica (Clase 1991 – M.I. 35.652.606) como Fiscal Adjunta Subrogante del Ministerio Público de la Acusación – Circunscripción Judicial N° 1.

Abg. GERARD, Laura (Clase 1982 – M.I. 28.650.454) como Fiscal Adjunta Subrogante del Ministerio Público de la Acusación – Circunscripción Judicial N° 1.

Abg. GIORDANO, Natalia (Clase 1989 – M.I. 34.592.759) como Fiscal Adjunta Subrogante del Ministerio Público de la Acusación – Circunscripción Judicial N° 1.

Abg. LEMA, Julio (Clase 1984 – M.I. 30.985.546) como Fiscal Adjunto Subrogante del Ministerio Público de la Acusación – Circunscripción Judicial N° 1.

Abg. LIPOWY, Pablo Gabriel (Clase 1987 – M.I. 32.895.346) como Fiscal Adjunto Subrogante del Ministerio Público de la Acusación – Circunscripción Judicial N° 1.

Abg. CUDOS, Sofia Alejandra (Clase 1989 – M.I. 35.032.012) como Fiscal Adjunta Subrogante del Ministerio Público de la Acusación – Circunscripción Judicial N° 2.

Abg. CABRERA, Abi Luz (Clase 1990 – M.I. 35.080.232) como Fiscal Adjunta Subrogante del Ministerio Público de la Acusación – Circunscripción Judicial N° 2.

Abg. CERUTTI, Anabel (Clase 1989 – M.I. 34.305.882) como Fiscal Adjunta Subrogante del Ministerio Público de la Acusación – Circunscripción Judicial N° 2.

Abg. PAZ, Javier Hugo (Clase 1982 – M.I. 29.662.720) como Fiscal Adjunto Subrogante del Ministerio Público de la Acusación – Circunscripción Judicial N° 2.

Abg. COSGAYA, Rocío Belén (Clase 1990 – M.I. 34.934.919) como Fiscal Adjunta Subrogante del Ministerio Público de la Acusación – Circunscripción Judicial N° 2.

Abg. OLIVA, Marina Belén (Clase 1991 – M.I. 36.694.895) como Fiscal Adjunta Subrogante del Ministerio Público de la Acusación – Circunscripción Judicial N° 2.

Abg. VERGILI, Florencia Antonella (Clase 1991 – M.I. 35.585.029) como Fiscal Adjunta Subrogante del Ministerio Público de la Acusación – Circunscripción Judicial N° 2.

Abg. CORNIER, Lucila Milagros (Clase 1992 – M.I. 36.619.175) como Fiscal Adjunta Subrogante del Ministerio Público de la Acusación – Circunscripción Judicial N° 2.

Abg. ARANDA, Federico Damián (Clase 1994 – M.I. 37.576.790) Fiscal Adjunto Subrogante del Ministerio Público de la Acusación – Circunscripción Judicial N° 2.

Abg. ZINGONI, Eliana Soledad (Clase 1981 – M.I. 28.486.873) como Fiscal Adjunta Subrogante del Ministerio Público de la Acusación – Circunscripción Judicial N° 2.

Abg. PAZOS, Lucía (Clase 1985 – M.I. 31.873.661) como Fiscal Adjunta Subrogante del Ministerio Público de la Acusación – Circunscripción Judicial N° 2.

Abg. VIGO, Marina Anahí (Clase 1991 – M.I. 36.603.937) como Fiscal Adjunta Subrogante del Ministerio Público de la Acusación – Circunscripción Judicial N° 2.

Abg. SÁNCHEZ LECUMBERRI, Raúl Luis (Clase 1968 – M.I. 20.128.528) como Defensor Adjunto Subrogante del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal – Circunscripción Judicial N.º 1.

Abg. GARCILAZO, Melina Cintia (Clase 1981 – M.I. 28.645.342) como Defensora Adjunta Subrogante del Servicio Público Provincial de Defensa Penal – Circunscripción Judicial N° 2.

Abg ESPINOZA, Mauricio Gabriel (Clase 1988 – M.I. 33.791.417) como Fiscal Adjunto Subrogante del Ministerio Público de la Acusación Circunscripción Judicial N.º 5.

Juliano Salierno

El gobernador Maximiliano Pullaro firmó este viernes 14 de febrero el decreto mediante el cual designó como ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe a los doctores Jorge Camilo Baclini, Margarita Elsa Zabalza y Rubén Luis Weder.

El escrito, que lleva la rúbrica de los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni y de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, no sólo formaliza las designaciones que fueron materia de debate durante 2024 y comienzos de este año, sino que también detalla de qué manera entrará en actividad cada uno de ellos.

Esta semana, los tres candidatos sortearon el último paso para alcanzar las designaciones con la aprobación de los respectivos pliegos, en forma definitiva, por la Legislatura santafesina.

El martes 11 de febrero, Baclini, Zabalza y Weder se presentaron ante la Comisión Bicameral de Acuerdo que preside Joaquín Gramajo y luego participaron de la audiencia pública, instancia destinada al tratamiento de las impugnaciones.

Finalmente el jueves, la Asamblea Legislativa respaldo con votos las candidaturas propuestas por el Ejecutivo, que anunció en el presente decreto la forma en que se llevarán a cabo las asunciones, en dos casos inmediatas y en uno, diferida.

En cuanto a la votación propiamente dicha, el pliego del Dr. Baclini se aprobó con 51 votos afirmativos, 6 negativos y 5 abstenciones; el de Zabalza con 53 a favor, 6 en contra y 4 abstenciones; y el de Weder con 54 a favor, 6 en contra y 3 abstenciones.

De esa forma, los tres quedaron a un paso de lo que será el acto de juramento, ante la actual integración de Corte, conformada por los ministros Roberto Falistocco (presidente 2025); Eduardo Spuler; Rafael Gutiérrez; María Angélica Gastaldi y Daniel Aníbal Erbetta; siendo el actual Procurador General ante la Corte, el Dr. Jorge Alberto Barraguirre.

Mientras tanto el decreto del Ejecutivo hace un racconto formal de lo que fueron las instancias previas a las postulaciones y señala que “resulta imprescindible culminar el proceso de designación de las personas propuestas como miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, para lo cual este Poder Ejecutivo debe dictar el Decreto pertinente”.

Atento a ello “se designará para que tomen posesión del cargo en forma inmediata al Dr. Jorge Camilo Baclini en el cargo actualmente vacante por la referida renuncia del Dr. Mario Netri”, el 1 de diciembre de 2024.

Por su parte, “la Dra. Margarita Zabalza en función del nuevo cargo actualmente vacante creado por la Ley N° 14292 y el Decreto N° 0270/25” que eleva a 7 la cantidad de miembros del máximo tribunal provincial.

El único que deberá esperar un poco más es el Dr. Weder, cuya designación “se hará efectiva a partir del momento en que quede vacante el cargo actualmente ocupado por la Dra. María Angélica Gastaldi, luego del día 2 de abril de 2025”.

En los antecedentes, el decreto provincial repasa “que la Constitución de Santa Fe prevé la composición de la Corte (art. 84) y las bases de los mecanismos institucionales contemplados para la designación de las personas que sean propuestas como miembros del máximo órgano jurisdiccional de la Provincia -designación por parte del Poder Ejecutivo, con acuerdo de la Asamblea Legislativa-”.

También apunta que “la Ley Orgánica de Tribunales N° 10160 -modificada por la Ley N° 14292- establece, en lo pertinente, que la Corte Suprema de Justicia se compone con siete (7) ministros/as (art. 11)”.

Y que “en función del nuevo cargo de miembro de la Corte Suprema creado por la Ley Nº 14292, se dictó el Decreto N° 0270/25 por el cual se dispusieron las modificaciones en la planta de cargos en el Poder Judicial y las adecuaciones presupuestarias pertinentes”, lo que dio lugar a la aceptación de las renuncias de Netri (del 16 de julio de 2024) y de Gastaldi (del 7 de octubre de 2024).

Apunta el escrito la fecha del 8 de enero de 2025, cuando por medio del Mensaje N° 5135, eligió a sus tres candidatos.

Por último, recordó que fue la Asamblea Legislativa la que “se abocó al tratamiento del referido Mensaje N° 5135 del Poder Ejecutivo y -con previa intervención de la Comisión de Acuerdos que emitió los correspondientes dictámenes- aprobó las resoluciones por medio de la cual otorgó el acuerdo legislativo” para la designación de los tres flamantes ministros.

Decreto 2025 by El Litoral

Gabriel Somaglia fue secretario de Justicia durante las gestiones justicialistas de Jorge Obeid y de Omar Perotti, pero también fue fiscal municipal en la ciudad de Santa Fe.

Hoy, de nuevo en su estudio jurídico y docente en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL habló con El Litoral sobre las reformas judiciales realizadas y las que están en marcha pero también sobre temas que hacen a la futura reforma constitucional.

- En primer lugar, el hecho que el Ejecutivo cuente con mayoría propia en el Legislativo facilita la articulación y producción de políticas legislativas de transformación, especialmente aquellas que afectan al Poder Judicial.

A mi juicio, son destacables aquellas leyes para otorgar mayor competencia y atribuciones al fiscal general del MPA, que permite a su titular no solo ejercer con más eficacia su poder, sino asumir mayores responsabilidades.

También la adhesión a la ley de narcomenudeo, la llamada ley de Inteligencia, la absorción del Registro Público de Comercio por Inspección General de Personas Jurídicas, la unipersonalización de algunos tribunales civiles de familia y daños, como así la llamada reforma judicial, que más que una reforma propiamente dicha, hizo hincapié en la edad de jubilación de los miembros del máximo tribunal.

Independiente de algunas críticas que podrían hacerse a esas normas, y más allá que muchas de ellas habían sido abordadas y luego truncadas en la gestión del gobierno anterior, las leyes sancionadas abonan un plan claro del Ejecutivo, que vio campo fértil en el legislativo.

Obteniendo así, sanciones inmediatas a consecuencia de una oposición atomizada, en especial del justicialismo, que no alcanza a ejercer, menos aún liderar, un contrapeso unívoco y eficaz en la política legislativa, y de una marcada distancia con el Poder Judicial.-

A éste Ejecutivo le quedan desafíos por abordar en el quehacer judicial. Por ejemplo proyectar una gran reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial; un nuevo Código Procesal Civil y Comercial; un Código de Defensa a los Consumidores.

Para ello, podrían aprovecharse los proyectos dejados en la gestión anterior, y poner mucho empeño en reglamentar las nuevas funciones de la IGPJ, en especial por los recursos humanos especializados que demandará el vínculo de dicha oficina con el quehacer empresario.

Sumo un debate que deberá abrirse acerca de un fuero electoral. Finalmente, las diferencias habidas en 2024 entre las cabezas de los Poderes Ejecutivo y Judicial no han sido institucionalmente satisfactorias, ambas han jugado sus roles, se han mantenido firmes en sus convicciones, viviéndose momentos de gravedad institucional.

En 2025 habrá que tender nuevos puentes que unan los extremos y el arco político no puede ser un mero espectador, ni portar la camiseta de su equipo preferido, sino ayudar a coser lo descosido.

- No conozco a la doctora Margarita Zabalza, sólo por referencias. En cambio a Jorge Baclini y a Rubén Weder los conozco mucho y desde hace tiempo. Son hombres con experiencia, probos e idóneos para ocupar una silla en la Corte.

Con ambos mantengo una gran relación. Al primero lo conocí hace 20 años cuando concursó y accedió a la magistratura e integraba el Colegio de Magistrados, supimos sostener la relación y ya en 2019 siendo él Fiscal General del MPA el vínculo fue, por momentos más tenso, pero siempre nos condujimos con respeto.

En cambió el vínculo con Weder se remonta a 40 años atrás cuando ambos trabajábamos y estudiábamos derecho acunando nuestros primeros hijos, luego el afecto por el derecho nos supo unir para concluir tiempo atrás compartiendo el gabinete de Perotti, sería un orgullo que su propuesta sea acogida.

- No soy afecto a los órganos extrapoder. En el caso de los ministerios públicos, deberían continuar ubicados en la esfera del Poder Judicial porque sus funciones resultan inherentes al quehacer de dicho poder, pero más allá de su autonomía funcional debería ser dotado de autonomía financiera en modo autárquico.

El Consejo de la Magistratura debería continuar en el ámbito del Ejecutivo. A su integración actual habría que sumar no sólo algún miembro del legislativo, sino además, un miembro de la Corte.

Las funciones deberían ser ad honoren, por plazos determinados, pero que de ninguna manera pueda tener injerencia en la economía del Poder Judicial. Su competencia debe limitarse a los procesos de selección y la terna que de él surja sea vinculante para el Ejecutivo.

No creo que deba contar con potestades sancionatorias o de enjuiciamiento, para esto deberá regularse en un nuevo tribunal o jurys de enjuiciamiento, no sólo para jueces, sino también para fiscales y defensores, abandonando el actual régimen de punición.

- La discusión es de vieja data. El 123 de la Constitución Nacional dice cada provincia dicta su propia Constitución asegurando la autonomía municipal reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero.

Tanto la Corte provincial como el ámbito político técnico han expresado sobre diversos grados de autonomía de los municipios.

Por ejemplo, en lo político, al poder elegirse sus autoridades con base democrática; en lo administrativo con su propia estructura de gobierno y de servicios públicos; en la autonomía económica y financiera traducida en la potestad de recaudar e invertir fondos para cometidos esenciales.

Y todo ello compete a las provincias determinar el contenido político y la extensión de la autonomía, sea vía reforma constitucional o legislación local.

En Santa Fe, la autonomía es semi plena, se carece de autonomía institucional o plena, o autonormatividad constituyente, como dice Rosatti. Hoy los municipios no pueden dictar sus propias cartas orgánicas. Y ello no es inconstitucional.

Se insiste que los municipios santafesinos deben alcanzar autonomía plena o institucional de poder darse sus propias cartas orgánicas. Tal decisión es política, y así ha sido solicitada tal autonomía. Pero a la hora de conferir un mayor grado de poder local y mayor control de ése orden habrá que establecer pautas claras.

¿Hay reglas o realidades uniformes en los municipios santafesinos? ¿Es oportuno o posible abrir la puerta para que cada Municipalidad dicte su propia carta orgánica, o que sólo algunas puedan hacerlo conforme con su propia realidad?.

Cada municipio constituye una comunidad con vida propia dice el 106 de la Constitución provincial, pero aunque con realidades heterogéneas, deben encontrarse puntos comunes de estrategias de región, cultura, situación física y demográfica, industrialización, etc. que permitan normativizar su realidad.

Pero ello no es privativo de cada municipalidad, sino del legislador, o ahora del constituyente, a quien compete definir el alcance y contenido de la autonomía municipal local, que podrá ser igual o distinta en cada municipio.

Este debate deberá ser muy serio y racional, y no podrá pasar desapercibido el tema de los recursos. La mera posibilidad que los municipios puedan dictar sus propios códigos tributarios sin sujeción a reglas básicas generará un riesgo potencial.

Deberán establecerse pautas objetivas y uniformes de una organización tributaria correspondiente con el sistema provincial, de modo de no caer en alícuotas tributarias diferentes en áreas regionales similares que una vaya en desmedro de otro municipio. Esto debe ser el que debe quedar más claro.

Mediante un pedido de informes, el bloque de senadores del PJ pide precisiones a la Casa Gris sobre el envío de tres pliegos de candidatos a jueces de ejecución penal. La minuta fue aprobada como es costumbre por unanimidad por la Cámara alta de la Legislatura el jueves 8, porque se parte de la base de que el control de los actos de gobierno por los legisladores requiere saber de ellos y preguntar.

El oficialismo tiene cómodos números (14 bancas sobre 19) y votó afirmativamente por respeto a esa sana tradición legislativa. Acaso como un gesto en el mismo sentido, desde la minoritaria bancada del peronismo se optó por no hacer comentarios sobre el texto votado. Ni siquiera cuando se leyó la convocatoria de la presidenta del Senado, la vicegobernadora Gisela Scaglia, para que el jueves 29 la Asamblea Legislativa trate, a las 13, "el pedido del Poder Ejecutivo de acuerdo legislativo para la designación de un Vocal de Cámara de Apelación de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria, Circunscripción Judicial N° 1, Tribunales con asiento en la ciudad de Santa Fe; y dos Vocales de Cámara de Apelación de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria, Circunscripción Judicial N° 2, Tribunales con asiento en la ciudad de Rosario".

Son breves los considerandos del texto firmado por los cinco senadores encabezados por el presidente de la bancada, Rubén Pirola. Indican que el bloque está al tanto del ingreso de los pliegos del Ejecutivo "para las vacantes judiciales que en el cuerpo en el pedido de informes se individualiza" y que "simultáneamente se ha recibido un pedido de la Presidencia del Partido Justicialista observando la existencia de posibles apartamientos al criterio de merito técnico de los postulantes propuestos, lo que afectaría la calidad de los pliegos y el principio de igualdad que asiste a los postulantes que superen las instancias de concurso sobre la base del merito de su desempeño y antecedentes".

Y sigue: "a efectos de no dar por supuestos los extremos mencionados se entiende necesario solicitar precisiones al Poder Ejecutivo para que sean evacuadas antes que esta Legislatura deba considerar los pliegos en la Comisión de Acuerdos".

"El principio de transparencia de los actos públicos, la igualdad de derechos y el merito técnico constituyen los pilares esenciales de la credibilidad del procedimiento de selección para la cobertura de cargos judiciales, por lo que la afectación de los mismos no solo conspira contra la credibilidad social de las instituciones sino también contra la voluntad manifiesta del Partido Justicialista de promover el acceso de los mas aptos para un mejor servicio de justicia".

El pedido de informes pide precisiones sobre cuatro aspectos, que a continuación se reproducen: "1) Desempeño técnico e instancias de aprobación de los postulantes Valeria Pia Haurigot, Horacio Hugo Pueyrredón y Mario Guedes Javier, correspondiente al concurso de Vocales de Cámara de Apelaciones de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria de la Circunscripciones 1 y 2; 2) Especifique si los mencionados han obtenido la condición de aprobado en cada una de las instancias de manera directa o en alguno de los supuestos la misma se ha adquirido por vía de recurso o reconsideración administrativa dispuesta por autoridad política o instancia superior del Consejo de la Magistratura o cualquier otra ajena a los Jurados de Evaluación dispuestos para los concursos. En su caso, especifique número de trámite de recurso interpuesto y acto administrativo o preveido que se hubiese dictado a tal efecto; 3) Indique si, fuera de los postulantes mencionados, existen otros que hubiesen recurrido (para los concursos de las citadas vacantes) las instancias de calificaciones y si el criterio y tratamiento respecto de estas peticiones ha sido idéntico; 4) De manifestarse por la afirmativa el Poder Ejecutivo respecto de las particulares condiciones de promoción de los citados pliegos sírvase explicitar los argumentos por los cuales considera que tal criterio repercute favorablemente en la calidad de los procesos de selección y del perfil de los cargos funcionales, excepción hecha de la simple cobertura de la vacante".

La reforma del régimen del impuesto a las Ganancias sobre los salarios, junto con la ley de Alquileres, concentra la mayor atención en la agenda de la sesión de este jueves del Senado nacional, a la vez que servirá para proporcionar el quórum necesario para que el cuerpo funcione, retaceado en anteriores intentos por la decisión de Juntos por el Cambio de no concurrir. Sin embargo, el debate que calentará la reunión se dará antes de que esos puntos lleguen al recinto, cuando se consideren pliegos para nombramientos judiciales, y en particular el de Ana María Figueroa.

Con número suficiente para sesionar, garantizado precisamente para que se pueda tratar una reforma impositiva con alto impacto para buena parte de la población, y con ello para la campaña presidencial de Sergio Massa, el kirchnerismo aprovechó para insistir con el tema que hasta ahora había impedido reunir el quórum, por la firme resistencia de la coalición opositora: la aprobación de pliegos judiciales. Y entre ellos, el de Figueroa en la Cámara de Casación Penal, a pesar de que ya cumplió los 75 años y la Corte Suprema estableció que está jubilada.

Para asegurarse el quórum hasta ahora esquivo, el kirchnerismo bajó el número de pliegos judiciales que se van a tratar, de 75 a 42. Y logró que concurran al recinto senadores de Unidad Federal, que votarán en contra de Figueroa, pero que permitirán que se pueda sesionar.

El caso de Figueroa, que forma parte del tribunal que ordenó llevar a cabo el juicio oral en causas que involucran a Cristina Fernández de Kirchner y que habían sido mandados a archivar en instancias inferiores, como Hotesur-Los Sauces y Pacto con Irán, marcará el inicio mismo de la sesión, ya que el tratamiento de los pliegos está ubicado al principio del temario, y abrirá la discusión antes de tratar los proyectos económicos.

La polémica está servida no sólo por la afinidad con el kirchnerismo que la oposición atribuye a la magistrada, y que motiva el rechazo a su continuidad (y, como contrapartida, el interés en sostenerla), sino por el hecho de que, en caso de aprobarse su pliego, esto planteará una cuestión constitucional, por la extemporaneidad o no de la medida, y también un conflicto de poderes, por cuanto contradecirá abiertamente una disposición concreta de la Corte Suprema. La movida contará con el necesario aval del Poder Ejecutivo, con la firma del presidente Alberto Fernández del decreto de designación.

Para el constitucionalista Félix Loingro, el oficialismo actúa “ignorando alevosamente lo dispuesto en la Ley Fundamental, y desobedeciendo a la resolución del Máximo Tribunal”, cuando “pretende otorgarle un acuerdo ‘post-cargo’, a la entonces jueza, que es a todas luces nulo e inconstitucional”.

Desde el Frente de Todos respondieron que es potestad del Senado esa decisión y que, mientras el pliego de la magistrada para que ejerza por 5 años más esté dentro del proceso de sesiones ordinarias, tiene validez. En ese marco, entienden que la decisión del máximo tribunal no es pertinente.

“La jueza Figueroa obtuvo dictamen de comisión y su pliego nunca fue impugnado ni recibió cuestionamientos, por lo que no hay razón para no tratarlo en el recinto”, afirmó el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans.

Por su parte, Germán Garavano, ex ministro de Justicia en el gobierno de Mauricio Macri, consideró la jugada de la vicepresidenta como parte de su defensa en las causas que la tienen como protagonista por hechos de corrupción cuando ejerció la primera magistratura.

“Es una estrategia de Cristina Kirchner para enfrentar a la Corte y al Poder Judicial”, dijo Garavano. “Esto va a generar un conflicto de poderes en la sala de la Cámara de Casación que revocó dos sentencias que la beneficiaban por lo que se inscribe en una línea de tratar de fortalecer su estrategia de defensa”, agregó.

Las sentencias a las que hizo alusión el ex funcionario son, precisamente, las que la Sala I de la Cámara de Casación dictó hace diez días en las causas Hotesur-Los Sauces, en la que Cristina Kirchner se encuentra acusada con su hijo Máximo de maniobras de lavado de dinero con los hoteles de su propiedad, y la firma del Memorándum con Irán. En ambos casos, los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, una vez que Figueroa fue declarada jubilada por el máximo tribunal de justicia del país, ordenaron dar marcha atrás con el cierre de los procesos que habían dictaminado juzgados de primera instancia.

El inicio de semana será clave para determinar si el Poder Ejecutivo provincial ratifica el envío de 48 pliegos destinados a cubrir vacantes en el Poder Judicial o si, tal como lo solicitó la gestión entrante, los retira del ámbito parlamentario. La remisión de los nombres se había producido antes de las elecciones generales del 10 de septiembre, pero con un antecedente cercano que ya había generado tensiones entre oficialismo y oposición. La situación conflictiva inicial se había suscitado cuando el gobierno mandó un paquete de pliegos para nombrar fiscales y defensores en diferentes puntos de la provincia. 

Ante el hecho y animados por el buen resultado que habían cosechado en las primarias, los radicales pidieron que fuesen retirados. El Poder Ejecutivo desestimó la solicitud por interpretar que se estaba intentando adelantar la transición, cuando aún no habían sido electas las nuevas autoridades. La UCR advirtió, entonces, que todos los pliegos serían rechazados. Discusión mediante con el resto de los integrantes de Unidos, se terminaron aprobando menos de la mitad de los nombres remitidos. Con ese precedente, la misma oposición que había objetado el primer envío, entendió que el segundo constituía una verdadera provocación del gobierno. Pero el Ejecutivo se amparó en los reclamos para cubrir vacantes que venían formulando los colegios de profesionales y la propia Corte Suprema.

Se envió la segunda tanda de pliegos, y llegó el turno de las elecciones generales. Ya como autoridades electas, los mismos dirigentes que habían hecho el primer planteo, volvieron a pedir que las propuestas -en este caso, para futuros magistrados- fuesen retiradas. Lo dijo en primer lugar el gobernador electo, Maximiliano Pullaro; lo formalizó después el diputado Fabián Bastía en una reunión con la ministra de Gobierno, Celia Arena. El encuentro se realizó el jueves; desde entonces, se abrió una suerte de impasse. El gobierno no rechazó el pedido de plano, aunque tampoco sería la intención consumar un retiro masivo.

Según pudo saber El Litoral, la pretensión de la Casa Gris es poder consensuar con la gestión entrante la posibilidad de que queden en pie un puñado de pliegos que permitirían cubrir vacantes en lugares muy puntuales donde la situación generada por la falta de jueces de diferentes fueros es casi de emergencia. La cuestión iba a ser tratada este mismo lunes.

De hecho, la expectativa de la oposición era, precisamente, contar con una respuesta del Poder Ejecutivo antes del martes. Es que para ese día está previsto el inicio de las entrevistas de los candidatos en el marco de la Comisión Bicameral de Acuerdo, y de cara a la Asamblea Legislativa prevista para este jueves. En cualquier caso, lo que se resuelva "será acordado" con las nuevas autoridades, aseguraron a El Litoral fuentes oficiales.

Este martes, en tanto, se desarrollará la primera reunión en el marco de la transición con los representantes que designaron tanto el gobernador actual como el electo. En lo que respecta a Omar Perotti, sus referentes serán los ministros Marcos Corach y Juan Pusineri, y el senador Alcides Calvo; en tanto que por Maximiliano Pullaro estarán los senadores Felipe Michlig y Lisandro Enrico, y el secretario parlamentario Gustavo Puccini.

El Poder Ejecutivo trabaja en el envío de al menos 40 pliegos de jueces para ocupar vacantes en toda la provincia. El objetivo es remitirlos en las próximas horas ante el pedido de la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y los cinco colegios de abogados nucleados en la Federación de Colegios de la Abogacía.

La semana pasada en la Asamblea Legislativa, el diputado radical Fabián Bastia, pidió que no envíen nuevos pliegos y que en caso de que esto ocurra serían rechazados por la mayoría de los integrantes de ese cuerpo.

Cabe acotar que por la propia mecánica parlamentaria, la convocatoria a la Asamblea Legislativa será para después de las elecciones del 10 de septiembre. Es más, ninguna de las dos cámaras será convocada antes de esa fecha a las sesiones ordinarias.

El gobernador Omar Perotti tiene múltiples ternas de candidatos seleccionados en diferentes concursos por el Consejo de la Magistratura tanto para jueces y camaristas como para jueces de pequeñas causas, los viejos jueces de paz o comunales.

Trascendió que los pliegos a enviar Legislatura comprendería diez jueces de circuito para distintos puntos de la provincia; cinco jueces penales e igual número de magistrados en civil y comercial de distrito. La nómina contendría tres jueces de cámara civil y comercial; otros tantos jueces civil, comercial y laboral; civil y comercial y jueces penales de menores. Además incluirían dos jueces de cámara civil, comercial y laboral; otros tanto de cámara laboral. En tanto, se completaría con un juez de cámara de circuito, otro de familia, otro laboral y finalmente otro de responsabilidad extracontractual.

El Colegio de Abogados de Rafaela, con las delegaciones de abogados de San Cristóbal, de Tostado y de Ceres, más la Asociación de Abogados y Procuradores de Villa Trinidad, Suardi y San Guillermo, enviaron una nota al gobernador Omar Perotti comunicándole que "los departamentos San Cristóbal y 9 de Julio se encuentran en situación de colapso judicial en materia civil, comercial, laboral y de familia".

La nota da cuenta de las vacantes producidas por el acogimiento jubilatorio de Graciela Gutscher, el traslado a un juzgado de Santa Fe de Marisa Malvestiti y del fallecimiento de Haydeé Regonat.

Tras recordar las gestiones realizadas ante el Poder Ejecutivo, la nota afirma que "la realidad es que existe una mora evidente y denegación del servicio de justicia que están padeciendo todos los ciudadanos de los departamentos San Cristóbal y 9 de Julio. En ambos departamentos existen tres juzgados de distrito en el Civil, Comercial y Laboral (Tostado, San Cristóbal y Ceres), y uno de distrito de Familia (San Cristóbal) de los cuales solo hay un solo magistrado en funciones, recordando además que el juzgado de fuero pleno de Tostado asume competencia de causas de un circuito".

En base a esta situación es que los firmantes solicitan se arbitren los medios conducentes a la pronta cobertura de los cargos "a fin de resolver el colapso, que hoy es una realidad, en el sistema judicial de los departamentos San Cristóbal y 9 de Julio".

“Mientras la Asamblea Legislativa había acordado aprobar un importante número de los 10 pliegos enviados por el Ejecutivo, el gobernador decidió retirar la totalidad de los mismos. Todo o nada fue el mensaje que se puede interpretar de Omar Perotti. De esta manera priva a la sociedad de la posibilidad de acceder a un mejor Poder Judicial al contar con nuevos Jueces y Camaristas.

La Asamblea Legislativa aceptó el retiro de los diez pliegos judiciales

Es necesario que el gobernador entre en razones y comprenda que en el sistema Republicano nadie gobierna solo, no puede imponer su voluntad: debe respetar la división de poderes y la independencia de los mismos. Desde nuestros Bloques, una vez más, actuamos con responsabilidad institucional y votamos por aprobar los pliegos que ya contaban con acuerdos y rechazar aquellos de quienes consideramos no cuentan con la aptitud para el ejercicio se sus funciones. Lamentablemente, el capricho del Gobernador Perotti demora las respuestas que la sociedad necesita”, sostienen desde la oposición.

Luis Rodrigo

El Litoral El Poder Ejecutivo retiró la totalidad de los pliegos enviados a la Legislatura para su consideración, en la Asamblea Legislativa citada para este mediodía. Se trata de 10 propuestas como jueces y camaristas para la Justicia santafesina que ahora quedan sin efecto con el retiro por parte de la Casa Gris. Como la nota remitida por la Casa Gris llegó, para algunos legisladores, de manera extemporánea, la Comisión de Acuerdos produjo un dictamen de mayoría, al que se opusieron los radicales, para que se acepte el pedido del Ejecutivo del retiro de los diez pliegos. Aunque seis de ellos tenían dictamen favorable de la comisión de Acuerdos, el seguro rechazo de los restantes 4 hizo que el Poder Ejecutivo obrara quitando la posibilidad de todo el tratamiento. Ya en el recinto en pleno debate de la Asamblea Legislativa, el bloque radical planteó una moción que no prosperó para que el cuerpo sí trate los seis pliegos con dictamen favorable. Luego de un tenso debate en el que hubo gravísimas acusaciones contra el gobernador Omar Perotti respecto de “la vergüenza institucional” del retiro de los pliegos y “la irresponsabilidad y capricho” para producir este pedido, se votó. El resultado finalmente que 31 legisladores contra 24 con tres abstenciones aceptaron el retiro de la totalidad de los pliegos.