Con una nota dirigida a la presidenta de la Comisión de Acuerdos, Lionella Cattalini, la Asociación Civil Florentina de la ciudad de Rafaela, impugnó el pliego de Carlos Vottero propuesto por el Poder Ejecutivo como fiscal regional de la 5ta. Circunscripción judicial con sede en esa ciudad del oeste santafesino.

“La Justicia es para las víctimas o la impunidad nos pone en riesgo a todas”, titulan la presentación ingresada el lunes a Legislatura firmada por la titular de la asociación, Soledad Comini Borda.

El nombre de Vottero fue propuesto por el gobernador Omar Perotti tras el rechazo en Asamblea Legislativa del pliego de Orlando Toniolo, y en principio, será considerado en una nueva reunión de senadores y diputados convocada para el 11 de mayo.

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Florentina informa que es una asociación civil que trabaja con víctimas de violencia de género y pide que la impugnación sea considerada cuando se evalúe el pliego de Vottero. “El caso Pilar, no es un caso más de violencia de género sino que configura un caso terrible, atroz porque la víctima era una menor de edad que fue abusada “en manada”, es decir, una adolescente abusada por once adultos y un menor de edad, durante largas horas en la localidad de Pilar, departamento Las Colonias en 2018, causa que tiene a cargo el Dr. Vottero”, señala. Agrega la nota que “este fiscal no garantizó los derechos de la víctima al prolongar su dolor y dilatar el comienzo del proceso; proceso que puede traer una reparación a L. y a toda la sociedad que se vio conmocionada ante este hecho terrible y que exige un rápido castigo a sus abusadores. En los delitos contra la integridad física no puede haber diferencia de clases, si un menor resulta damnificado el Estado debe garantizar sus derechos sin dilaciones, cuidando su salud física, psíquica y social”.

Plantea que “desde que el fiscal asumió no ha generado las condiciones necesarias para establecer contacto con la víctima, es más, las veces que fue citada a declarar la menor no fue notificada fehacientemente por la Fiscalía. No garantizo el derecho a la información a la víctima. También queremos destacar que la extrema vulnerabilidad económica, social y familiar que vive la víctima requiere de esfuerzos efectivos por parte de la Justicia para asegurar el debido proceso, en pos de que pueda movilizarse para declarar y entender todo el proceso en el que participa como víctima, justamente por haberse vulnerado sus derechos y haber padecido vejaciones a su cuerpo e intimidad inimaginables”.

Precisa la nota que “en reiteradas oportunidades la víctima quiso establecer contacto con el fiscal y por eso, desde esta Asociación garantizamos los pasajes para que pudiera viajar, lo cual no hizo la Fiscalía, que se los negó aduciendo desconocimiento, a pesar de que cuenta con una larga trayectoria en garantizar los traslados de las víctimas que así lo requieren. Asimismo, el acompañamiento psicológico también es aportado por esta Asociación en forma remota, ya que por sus permanentes mudanzas, producto de las amenazas recibidas y su vulnerabilidad, la menor no aceptaba el apoyo psicológico ofrecido por la anterior fiscal”.

También objeta “las dilaciones en torno al juicio que debía comenzar en diciembre pasado, pero, por maniobras de los abogados defensores, se postergó para el pasado 3 de abril. Curiosamente en esa fecha el Fiscal solicitó suspenderlo nuevamente. No entendemos esta actitud, y necesitamos entender por qué el representante del Ministerio Público Provincial elige demorar el inicio del juicio, cuando esta situación desalienta y deja en el desamparo a la víctima L”.

En la nota, hacen notar que la víctima después de conocer el nuevo aplazamiento del juicio comentó en Casa Florentina que “me cansa sostener esto, necesito poder decir mi verdad y seguir con mi vida”.

Florentina afirma que “este fiscal no garantizó los derechos de la víctima al prolongar su dolor y dilatar el comienzo del proceso, proceso que puede traer una reparación a L. y a toda la sociedad que se vio conmocionada ante este hecho terrible y que exige un rápido castigo a sus abusadores. En los delitos contra la integridad física no puede haber diferencia de clases, si un menor resulta damnificado el Estado debe garantizar sus derechos sin dilaciones, cuidando su salud física, psíquica y social”.

Se pregunta luego la asociación si “¿un fiscal que no garantizó los derechos de una víctima de violencia de género tan vulnerable, siendo ese un caso tan importante para la víctima como para la sociedad, puede estar a cargo de una Fiscalía Regional?”. Acota saber “que la impunidad de los agresores es el elemento adoctrinador más fuerte. Las estadísticas marcan que cuando no hay una sanción real a quienes ejercen violencia de género, los casos se multiplican y se profundiza el morbo con el que se ejecutan. Queremos ser claras: la impunidad nos pone en riesgo a todas, más aún cuando viene de mano del Estado que nos debe proteger”.

La Comisión de Acuerdos recibirá impugnaciones a los dos pliegos propuestos por el Poder Ejecutivo hasta el 8 de mayo al mediodía. Además de Vottero, propone a Martín Gabriel Riccardi como defensor regional de Rosario.

El 10 de mayo será la entrevista a ambos candidatos y al día siguiente está citada la Asamblea Legislativa. Una segunda convocatoria a la Asamblea está prevista para el 18 de mayo y en caso de no reunirse el 20 de mayo habrá aprobación tácita de los nombres.

En su página web la Asociación Civil Florentina, situada en Rafaela, informa que viene trabajando desde el año 2012 contra las violencias hacia las mujeres. Tiene sede desde 2108 donde brinda actividades de empoderamiento y talleres con salida laboral, así como contención y asesoramiento legal para las víctimas. El objetivo de la entidad es erradicar las violencias hacia las mujeres para garantizar una sociedad democrática, igualitaria y pacifista y la misión que se impuso es defender y promover los derechos humanos de mujeres y niñas así como trabajar por alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres.

La asociación lleva el nombre en homenaje a la dirigente radical María Florentina Gómez Miranda “docente, abogada, política y feminista argentina, que trabajó para alcanzar muchos de los derechos que hoy tenemos las mujeres”.

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, envió a la Legislatura santafesina los pliegos para cubrir las vacantes que se producirán en la conducción de las regionales del Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Provincial de Defensa, luego del rechazo por parte de la Legislatura de dos de las candidaturas.

Así, en base a las ternas elevadas oportunamente por el Consejo de la Magistratura, el abogado Carlos María Vottero fue propuesto para encabezar la fiscalía regional con cabecera en Rafaela, y el actual defensor público Martín Riccardi para la defensoría regional de Rosario.

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Tal como sucedió con las autoridades que encabezarán el sistema penal, como con las respectivas cabeceras regionales, los pliegos de Vottero y Riccardi deberán ser considerados por la Asamblea Legislativa para, en caso de ser aprobados, ocupar los cargos cuyos actuales mandatos culminan el 20 del corriente. Como los tiempos no dan para una nueva convocatoria, en ambos casos se designarán autoridades interinas, hasta que pueda completarse el proceso.

En tanto, el Poder Ejecutivo ya comunicó a la Corte quienes serán las nuevas autoridades ya votadas por la Legislatura, encabezadas por María Cecilia Vranicich en el MPA y Estrella Moreno en la Defensa, para que se disponga la fecha de la jura.

Ante la Comisión de Acuerdos de Legislatura no se presentaron impugnaciones a los doce pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo para la cobertura de los cargos de conducción del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de la Defensa Penal.

Este lunes, al mediodía, caducó el plazo establecido por la Comisión que ahora preside la diputada socialista Lionella Cattalini y que el miércoles entrevistará a los doce postulantes, paso previo a la elaboración de los dictámenes que deben ser luego considerados por la Asamblea Legislativa, citada para el jueves, a las 13.

Las entrevistas personales con los postulantes se iniciarán con María Cecilia Vranicich, propuesta como fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, luego el propuesto para Auditor de Gestión del MPA y los cinco fiscales regionales. Luego, será el turno de la Defensa, comenzando con Estrella Moreno Robinson, candidata a defensora provincial y luego los cuatro a regionales.

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En los pasillos legislativos se escucharon algunos cuestionamientos individuales a determinados postulantes que no parecen tener la fuerza de votos necesarios para rechazar algunos de los postulantes enviados por la Casa Gris tras el extenso concurso complementado por el jurado especial integrado en el Consejo de la Magistratura.

Además de Vranicich, el Poder Ejecutivo propone a Leandro Mai como auditor general de gestión y como regionales a Jorge Nessier (Santa Fe); María Eugenia Iribarren (Rosario), Matías Merlo (Venado Tuerto); Rubén Martínez (Reconquista) y Orlando Toniolo (Rafaela).

En el caso de la Defensa, a Moreno Robinson como general se suman Jorge Miró (Santa Fe), Gonzalo Armas (Rosario), María Valeria Lapissonde (Reconquista) y Carlos Flores Zanella (Rafaela).

Las autoridades propuestas para conducir el MPA integran hoy el esquema del organismo, excepto Toniolo que es defensor en la jurisdicción con cabecera en Reconquista. Vranicich es la actual auditora; Mai es fiscal en Reconquista; Nessier fue fiscal regional subrogante en Santa Fe al igual que lo vienen haciendo Iribarren y Merlo. Martínez va por su segundo mandato, pero a partir del 1 de agosto que es cuando vence su mandato.

En la Defensa, todos están en el organismo donde Moreno Robinson se desempeña como regional en Rafaela y Lappisonde va por renovar el mandato.

La Asamblea Legislativa está citada para el jueves y en caso de no reunir quórum tendrá una nueva oportunidad el jueves 20 y si no reúne el número para sesionar, el viernes 21 los pliegos quedarán aprobados en forma ficta.

Desde Casa Gris hay gestiones ante autoridades legislativas para concretar la Asamblea este jueves y evitar que el 19 del corriente haya acefalía en la conducción de los organismos encargados de aplicar el sistema de procesamiento penal en la provincia. “Si no hay impugnaciones y no hay cuestionamientos sería importante que la Asamblea se realice en la primera convocatoria” dijo a este diario uno de los funcionarios del Poder Ejecutivo que tiene relación permanente con la Legislatura.

Es más, ya hay contactos con la Corte Suprema de Justicia para poder acelerar todos los pasos necesarios y que tanto fiscales como defensores presten juramento entre martes y miércoles de la semana venidera. No obstante, será clave la instancia de las entrevistas personales del miércoles que pondrán cara a cara a postulantes con legisladores.

La defensora provincial, Jaquelina Ana Balangione, presentó el balance de gestión 2017/2023, ocasión en que además inauguró el año académico del Instituto de Capacitación de la Defensa Pública. En la apertura de la jornada la acompañaron la vicegobernadora, Alejandra Rodenas; el Ministro de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez; y la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez.

La Defensora General de la Nación destacó la tarea de Balangione e hizo hincapié en la necesidad de consolidar una Defensa Pública integral en la provincia de Santa Fe, lamentando que el actual mandato finalice sin poder lograr el ansiado objetivo, por el cual la defensora provincial ha trabajado durante toda su gestión. Gutiérrez destacó la consolidación de la defensa como institución y el rol de la Defensa Pública en el sistema acusatorio mientras que Rodenas remarcó la perspectiva de género como eje principal de la gestión, siendo uno de los órganos pioneros en la implementación de la capacitación legislada por la Ley Micaela, y la consolidación de estándares de género.

En su balance, Balangione donde expuso sobre los hechos más significativos del mandato, los logros obtenidos en base a los objetivos proyectados, la actualidad de la Defensa Pública con miras hacia la siguiente gestión.

También en esa jornada, se realizó la reunión del Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, espacio coordinado por la Defensora General de la Nación, donde Balangione ocupa además la Vicepresidencia segunda. Es una asociación civil que reúne de forma coordinada y orgánica a los representantes de máxima jerarquía en el ejercicio de la Defensa en todo el territorio nacional. Tiene como objetivo diseñar acciones que permitan avanzar en el fortalecimiento de la Defensa Pública, garantizando su autonomía en relación a los otros poderes del Estado.

Para la tarde de este martes, la Cámara de Diputados fue citada para escuchar los informes de gestión del actual fiscal general, Jorge Baclini, y de la Defensora provincial, Jaquelina Balangione. Rendir cuentas ante la Legislatura está previsto en las leyes orgánicas que dieron origen a ambos institutos y lo hacen, en forma alternada, un año en cada Cámara. A la reunión de este martes han sido invitados también los bloques del Senado.

En primer término será Balangione la que asistirá acompañada por el gabinete de trabajo que la acompaña en la gestión en estos seis años de mandato. Luego, hará lo propio Baclini quien también finaliza su mandato.

En tanto, el fiscal regional, Carlos Arietti, hará su balance final de gestión el jueves, a las 19, en la sede del organismo.

La Legislatura acelerará, en la semana próxima, el análisis de los doce pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo para los cargos de conducción del Ministerio Público Fiscal (MPA) y del Servicio Público Provincial de Defensa Penal con las entrevistas y la votación de esos pliegos en la Asamblea Legislativa convocada para el jueves 13, a las 13. En caso de no reunirse, será el jueves 20, a las 13, la segunda convocatoria y al día siguiente los nombramientos quedarán aprobados en firma ficta. El otro detalle es que el día 19 vencerán los mandatos de once de los doce actuales funcionarios. Sólo el fiscal regional N° 4, Rubén Martínez, tiene mandato hasta el 1° de agosto.

Este lunes, al mediodía, vencerá el plazo para presentar impugnaciones de particulares o entidades ante la Comisión de Acuerdos. La comisión, ahora presidida por la diputada socialista Lionella Cattalini entrevistará el miércoles a los doce propuestos. La jornada empezará con María Cecilia Vranicich, convocada para las 9.

El día antes, la Cámara de Diputados escuchará los informes finales de gestión de la actual titular de la Defensa, Jaquelina Balangione y del MPA, Jorge Baclini. A esa reunión han sido invitados los integrantes del Senado.

Estos son los principales antecedentes de los propuestos por el Poder Ejecutivo para ocupar estos cargos para los próximos seis años.

María Cecilia Vranicich (51 años): propuesta como fiscal general de la provincia. Abogada por la Universidad Nacional de Rosario (UNR) desde el 27 de diciembre de 1996. En la función pública, fue Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescente; directora provincial de Control y Asistencia Pos Penitenciaria (patronato de Liberados) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de 2007 al 2011. Fue Secretaria de transformación de los Sistemas Judiciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos-Período en los cuatro años siguientes; personal de gabinete en la Defensoría Provincial de Niñas, Niños y adolescentes de Santa Fe e ingresó al Poder Judicial, en Fiscalía General de la provincia en el año 2017, como Auditor General de Gestión del MPA, cargo que ocupa actualmente.

La postulante acredita haber finalizado el cursado y aprobado las materias de la “Maestría en Derecho Procesal”, estando pendiente la correspondiente tesina en la Facultad de Derecho de la UNR. Es docente universitaria y autora de publicaciones en revistas de derecho.

Leandro Mai (41) propuesto como auditor general del MPA. Abogado por la Universidad Católica de Santa Fe, desde septiembre de 2007. Se desempeñó en el Ministerio de Educación de la Provinica desde el 2007 a 2014 y declaró haberse desempeñado como secretario en una Fiscalía Federal por un breve período. Desde septiembre de 2014 hasta diciembre de 2018 fue Subsecretario de persecución penal en el MPA en la ciudad de Reconquista y desde diciembre de 2018 a la actualidad ocupa el cargo de fiscal en la misma ciudad. Es abogado “Especialista en Derecho Procesal Penal”, habiendo aprobado la última materia el 9 de diciembre del 2020, en la Universidad Nacional del Litoral, con título en trámite. También ejerció la docencia y tiene publicaciones.

Jorge Nessier (59). Postulante para fiscal regional N° 1 en Santa Fe. Abogado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, desde el 9 de diciembre de 2002. Ingresó al Poder Judicial con anterioridad a la obtención del título de abogado y desde diciembre de 2013 es fiscal del MPA, Desde 2015 fue designado Fiscal Regional reemplazante en esta circunscripción hasta la designación de Carlos Arietti. Especialista en Derecho Procesal Penal por la FCJS-UNL.

María Eugenia Iribarne: (54) Propuesta como fiscal regional N° 2 en Rosario. Abogada por UNR desde el 30 de julio de 1992. Ingresó al Poder Judicial antes de obtener el título y en 2020 fue designada interinamente para ejercer, como reemplazante, el cargo de Fiscal Regional de la 2da cargo que continúa ejerciendo. Fue docente en la UNR hasta 1997 y en los últimos años en el ISEP.

Matías Merlo (44) propuesto como fiscal regional N° 3, en Venado Tuerto. Abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Rosario desde el 4 de febrero de 2002. Ingresó al Poder Judicial en el 2013 como fiscal del MPA en Melincué. Fue asesor jurídico del Concejo Municipal de Pérez y Secretario de Gobierno de la misma municipalidad entre los años 2011 y 2013.

Rubén Martínez (63) candidato a fiscal regional N° 4 en Reconquista. Abogado por UNL desde el 23 de diciembre del año 1982. El 30 de noviembre de 2013 ingresó al Poder Judicial. Fue fiscal y desde 2017 es fiscal regional de la circunscripción donde es propuesto nuevamente.

Además fue Juez Federal subrogante del Juzgado Federal de Reconquista e n el 2005; concejal en Avellaneda en el período 1989-1993 y asesor legal en cuestiones penales de sectores con vulnerabilidad Social entre 1985 a 2013, de la comuna de Romang.

Orlando Toniolo (43). Propuesto como fiscal regional N° 5 con sede en Rafaela. Abogado por la UNR desde 30 de junio del 2008. Trabajó en la Policía de la provincia desempeñándose como numerario Profesional Jurídico entre 2000 y el 2019. Su ingreso al Poder Judicial fue en el 2020, como Defensor Público Adjunto, en la ciudad de Reconquista, cargo que ocupa actualmente.

Estrella Moreno Robinson (60) candidata a defensa general del Servicio Público de la Defensa Penal. Abogada por la UNR desde el 17 de marzo de 1987. En Villa Constitución, fue abogada asesora de la UOM y apoderada de la Municipalidad. A partir de 1996 se radicó en Israel donde obtuvo matrícula profesional y ostentó el cargo de Fiscal. En el 2011, ingresó el Poder judicial de Santa Fe y desde ese año y hasta la actualidad se desempeña como Defensor Regional del Servicio Público de la Defensa Penal de la 5º Circunscripción. Cursó pos grado en la UNR y la UNL. Es docente adjunta en la Universidad Católica de Santiago del Estero delegación Académica Rafaela y tiene publicaciones, entre artículos y libros, siempre directamente relacionados con el Derecho Penal.

Jorge Miró (48) propuesto a defensor regional N° 1, sede Santa Fe. Abogado desde el 22 de mayo de 1997 de la UNL. Ingresó al Poder Judicial el 30 de noviembre de 2013. En el ámbito público, trabajó en el Ministerio de Educación desarrollando tareas como empleado y luego como asesor letrado, desarrollando labores de análisis jurídico de normativa. Luego cumplió funciones en la Asesoría Letrada de Fiscalía de Estado, donde se desempeñó como Asistente Profesional. En el Poder Judicial fue Defensor Público y desde 2017, defensor regional. Docente en la Universidad Católica de Santa Fe y en el ISEP.

Gonzalo Armas (51) Postulado para Defensor Regional N° con sede en Rosario. Abogado por la UNR desde el 19 de noviembre de 1998. Ocupó cargos en PAMI Rosario y fue asesor legislativo en las comisiones de Derechos y Garantías y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la provincia en el 2010. Además fue secretario de Control del Ministerio de Seguridad entre 2009 y 2010; abogado de la Secretaría de Derecho Humanos de la Nación (2010); auditor adjunto de la Auditoría de la Dirección de control policial de la Policía de Seguridad Portuaria; Subsecretario de Gestión y bienestar del personal de las fuerzas policiales y de seguridad ( 2011-2012) y personal de gabinete de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (2012). En el año 2005 ingresó al Poder Judicial Nacional o Federal ejerciendo diversas funciones en la unidad de asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos de la Procuración General de la Nación; empleado en general de fiscalías penales), secretario de Primera Instancia y fiscal federal. Desde el 2013 y hasta la actualidad se desempeña como Defensor Público en Rosario.

María Valeria Lapissonde (52) Defensora Regional N° 4 con sede en Reconquista. Abogada por la UNR desde su título el 30 de diciembre de 1994 con ingreso en el 2013 al Poder Judicial. En la administración pública santafesina se desempeñó en la Unidad Penal de Santa Felicia del Servicio Penitenciario como asesora jurídica e Integrante del equipo social, desde el año 2003 hasta 2013. Fue defensora pública en Vera y desde 2017 defensora regional.

Carlos Flores Zanella (49). Propuesto como defensor regional N° 5 en Rafaela. Abogado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL desde el 15 de octubre de 1998. Ingresó a la órbita del Poder Judicial en el 2013, desempeñando el cargo de Defensor Público en Rafaela (cargo que ocupa en la actualidad).

La Comisión de Acuerdos se reunió este jueves presidida por el senador justicialista Raúl Gramajo, abrió los pliegos respectivos cuyos nombres se conocieron el pasado martes, elaboró el cronograma de trabajo y sugirió a la vicegobernadora la fecha del 13 de abril para el tratamiento en el recinto. En caso de no haber pronunciamiento en esa fecha, será citada nuevamente para el 20 de abril, y en caso de persistir la falta de tratamiento los pliegos quedarían aprobados en forma ficta el 21 del mes próximo.

La Asamblea Legislativa está conformada por los 50 diputados y los 19 senadores, es presidida por la vicegobernadora. El cuerpo considera los dictámenes que elabore la Comisión de Acuerdos que integran cuatro senadores y ocho diputados que hoy preside Gramajo.

El Poder Ejecutivo propone a María Cecilia Vranicich como fiscal general del MPA y a Leandro Mai como auditor general de ese organismo. Además Jorge Nessier es propuesto como fiscal regional N° 1 con sede en Santa Fe; María Eugenia Iribarren como regional 2 (Rosario); Matías Merlo en la 3 (Venado Tuerto); Rubén Martínez en la 4 (Reconquista) y Orlando Toniolo en la 5 (Rafaela).

En tanto, Estrella Moreno Robinson es propuesta como Defensora General. En las regionales Jorge Miró (Regional 1); Gonzalo Armas (Regional 2); María Valeria Lapissone (Regional 4) y Carlos Flores Zanella (Regional 5).

En Legislatura, hasta el lunes 10 de abril al mediodía, serán recibidas las impugnaciones a algunos de los nombres propuestos. En tanto, la Comisión de Acuerdos citará a los doce postulantes para el miércoles 12 con el objetivo de elaborar los dictámenes a llevar al recinto al día siguiente.

Salvo el fiscal regional Martínez -sede Reconquista- todos los mandatos de los actuales funcionarios del MPA y del servicio de la Defensa caducarán el 20 de abril de allí la necesidad de tener los nombres validados por la Legislatura para evitar la acefalía en los órganos centrales del procedimiento penal santafesino.

El Poder Ejecutivo ingresó a media tarde de este martes a Legislatura los doce pliegos para ocupar los cargos vacantes en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y en el Servicio Público de Defensa Penal. Postuló a María Cecilia Vranicich y a Estrella Moreno Robinson, respectivamente, para la conducción provincial de ambos institutos.

La cabeza de ambos organismos del sistema de justicia penal en manos de mujeres es la mayor novedad y en una primera ronda de consultas legislativas parece claro el respaldo a esos dos nombres como así también a los otros diez pliegos enviados por el gobernador Omar Perotti, seleccionados entre las ternas elaboradas por el Consejo de la Magistratura, en un proceso que tuvo mucho ruido al inicio y que debió ser reconducido en las primeras semanas del año por la ministra de Gobierno, Celia Arena, y el fiscal de Estado, Rubén Weder.

Para el MPA, el Ejecutivo propone ahora a Leandro Mai como auditor general, tarea que hasta el 20 de abril desempeñará Vranicich. Jorge Nessier es propuesto como fiscal regional N° 1 con sede en Santa Fe; María Eugenia Iribarren como regional 2 (Rosario); Matías Merlo en la 3 (Venado Tuerto); Rubén Martínez en la 4 (Reconquista) y Orlando Toniolo en la 5 (Rafaela).

En el caso de la Defensa Penal, además de Moreno Robinson como general, los propuestos son Jorge Miró (Regional 1); Gonzalo Armas (Regional 2); María Valeria Lapissone (Regional 4) y Carlos Flores Zanella (Regional 5). La defensoría regional con sede en Venado Tuerto no se renueva en esta ocasión debido a que Mariano Mascioli tiene aún dos años de mandato.

El miércoles próximo, la Comisión de Acuerdos se reunirá para empezar el análisis de los candidatos y fijar los tiempos del tratamiento de impugnaciones y entrevistas. Seguramente la Asamblea Legislativa será convocada para el 13 de abril. Todos los mandatos actuales -excepto el del regional Martínez- vencen el 20 de abril y el objetivo del Poder Ejecutivo es tener en esa fecha ya las designaciones aprobadas. Martínez tiene mandato hasta el 1 de agosto.

“En cada una de las ternas, todas las personas estaban en condiciones por su idoneidad, por su trayectoria, para desempeñar el cargo para lo que habían sido ternados”, destacó la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena al dar a conocer los postulantes. Perotti no eligió en todos los lugares a los primeros nominados por el jurado.

Precisamente en las conducciones provinciales de los organismos, los pliegos enviados de las dos mujeres no estaban en primer lugar, pero los nombres ubicados en primer lugar de ambos concursos corrían serio riesgo de no reunir la mitad de los miembros de la Asamblea Legislativa. Tanto Roberto Prieu Mántaras como Gustavo Francescheti tenían objeciones de diversos sectores políticos de la Legislatura y Perotti parece haber optado por escuchar las posturas de los diferentes sectores políticos y garantizar que no haya acefalías el 20 de abril en los organismos encargados del procedimiento penal en la provincia.

Vranicich integra hoy el MPA como auditora y Moreno Robinson es la defensora regional de Rafaela contando además con amplia experiencia internacional.

“Fue un proceso muy intenso. El año pasado tomamos el compromiso de avanzar respecto a la instrumentación de este concurso tan pero tan importante, porque se trata de las autoridades superiores del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa Pública, centrales en la institucionalidad de la provincia. Ordenamos el proceso” destacó la ministra para luego agradecer a los colegios de abogados, de magistrados y a las dos universidades públicas con sede en la provincia que participaron de los jurados para cubrir los lugares que habían quedado vacantes. Destacó que las entrevistas a los postulantes fueron transmitidas y están a disposición en el canal de YouTube de la provincia.

Arena subrayó que elegir dentro de las ternas fue un trabajo intenso. “Todos y todas quienes conformaron la terna tuvieron no solamente sus antecedentes, sino sus planes de trabajo, la oposición, las entrevistas fueron excelentes. Cualquiera de esas personas podría haber cumplido la función para la que fue designada”. Reconoció que definir fue un proceso complejo donde se conjugaron perfiles, trayectorias, compromiso con el futuro, experiencia en cada uno de los lugares.

La ministra reconoció que el Ejecutivo ha tenido diálogos con los sectores políticos que conforman las dos cámaras legislativas. “Son diálogos que a veces son simples, a veces no; hay acuerdos, otras veces no, pero la responsabilidad de tomar esta decisión es del gobernador que tomó la decisión teniendo en cuenta todas las voces, todas las opiniones, pero también tomando la responsabilidad que le compete en este caso que es enviar estos nombres”, acotó.