El ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, llevó en persona, a la Mesa de Entradas del Senado el mensaje 1/2026 del Poder Ejecutivo pidiendo el acuerdo para los tres pliegos propuestos para ocupar las futuras vacantes en la Corte Suprema de Justicia.

"Se remite a consideración para su tratamiento por la Asamblea Legislativa, de acuerdo a lo previsto por los Artículos 89, inc. 5) y 121 de la Constitución Provincial, el pliego adjunto para la designación de ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe" señala la escueta nota firmada por el gobernador Maximiliano Pullaro y el propio Bastia.

"Los fundamentos de la propuesta que acompañamos se encuentran en la documentación adjunta al presente" se aclara.

Por último, el mensaje indica que "para esta propuesta se siguió el procedimiento previsto en el Decreto Nº 0018/2007 y su modificatorio Nº 2889/2024". Se trata de la decisión del Poder Ejecutivo de exponer los nombres y antecedentes de los candidatos a cargos en la Corte y recibir avales o cuestionamientos de la ciudadanía o de sus organizaciones.

Como se viene informando el Poder Ejecutivo propone para la futura Corte los nombres de los abogados Aldo Mario Alurralde, Diego Luis Maciel y Jorgelina Mabel Genghini. En forma digital, este miércoles, el gobernador Pullaro había firmado las propuestas.

La Legislatura está en receso parlamentario y administrativo durante todo este primer mes del año, aunque el Senado mantiene hasta este jueves abierta la Mesa de Entradas.

Ahora, el tratamiento de los tres pliegos pasará a manos de la Comisión de Acuerdos que preside la diputada socialista Lionella Cattalini que se reunirá el primer miércoles de febrero para elaborar el cronograma de trabajo para estos nombres y otros propuestos, en sendos mensajes, para el Ministerio Público.

En el caso del Ministerio Público, el Ejecutivo envió tres pliegos de fiscales subrogantes adjuntos para Santa Fe y para los titulares de la Fiscalía y la Defensa en la 3ra. circunscripción con sede en Venado Tuerto. Estos dos mensajes ya fueron habilitados para el tratamiento en Extraordinarias. La semana venidera, el Ejecutivo incluiría también el tratamiento de los pliegos para la Corte.

No obstante, el tratamiento en Asamblea Legislativa se hará en el período de Ordinarias que habilitará el gobernador con su discurso el domingo 15 de febrero.

El Poder Ejecutivo pidió acuerdo legislativo para Mauricio Adolfo Clavero como fiscal regional de la circunscripción judicial N° 3 con cabecera en Venado Tuerto, y también para la continuidad de Mariano Marcelo Mascioli como defensor regional de la misma zona.

En tanto, para la circunscripción judicial N° 1 con cabecera en Santa Fe los propuestos para fiscales adjuntos subrogantes son Florencia Zarabia, Matías Eduardo Palud y Valeria Roxana Nittoli.

El Poder Ejecutivo sumó en las últimas horas 13 pliegos con candidatos a ocupar vacantes de cargos de fiscales adjuntos para las fiscalías regionales 2, 3, 4 y 5 del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Hoy, la Legislatura tiene a consideración 39 pliegos de fiscales subrogantes para toda la provincia que serán considerados en la Asamblea Legislativa convocada para el jueves venidero, a las 13.

La Comisión de Acuerdos, que este año preside la diputada socialista Lionella Cattalini, entrevistará el miércoles venidero a los 39 candidatos y en caso de tener los dictámenes respectivos, serían votados al día siguiente en Asamblea o bien pedirían una postergación de una semana.

También para el jueves venidero está convocada una sesión conjunta de ambas cámaras para considerar el pedido de remoción del fiscal adjunto de Reconquista, Alejandro Héctor Rodríguez.

Pero además, el jueves venidero, desde las 9, en el recinto de la Cámara de Diputados, la fiscal general del MPA, María Cecilia Vranicich hará el informe anual ante las cámaras que ordena la ley orgánica de ese instituto, la Ley 13.013.

En cuanto a la nueva remesa de pliegos remitidos esta semana a Legislatura y que serían tratados recién en junio en el recinto, son todos para fiscales adjuntos.

En ese caso son seis para la regional 2 de Rosario; dos para la regional 3 de Venado Tuerto; uno para 4 de Reconquista y cuatro para la 5 de Rafaela.

Los candidatos propuestos por el Ejecutivo para fiscales adjuntos de Rosario son a Romina Cocomazzi, Mariana Caratozzolo, Carlos Gabriel Alvarez, Brenda Coassolo, Juan José Cabanellas y Ana Clara Grabowski.

A marzo de este año, en el MPA se indicaban que en la fiscalía regional 2 había 18 vacantes de cuales once son de fiscales adjuntos por renuncias, suspensiones y pase a otros cargos judiciales.

Marianela Montemarani Menna y Leandro Carozzo son los propuestos para la regional 3 que a marzo tenía tres vacantes.

El Ejecutivo propone a María Mercedes del Sastre como fiscal adjunta para la regional 4 con cabecera en Reconquista que tenía una vacante en esa categoría a principios de año.

En cuanto a la regional 5 con sede en Rafaela, las propuestas son María Cecilia Doro, Carina Gerbaldo, Heriberto Ramón Ferrero y Susana Guillermina Vega. En la regional del oeste son cuatro las vacantes, entre ellas la de Frontera, ciudad lindante a Córdoba.

A marzo, en la regional 1 con cabecera en esta capital, eran siete las vacantes de fiscales adjuntos que hasta el momento el Ejecutivo no propuso coberturas. Algunas de esas vacantes datan de 2022 cuando sus entonces titulares pasaron a desempeñarse como jueces penales.

Por otra parte, el Ejecutivo también enviaría en días más a consideración de Asamblea Legislativa las propuestas para ocupar las fiscalías de menores al entrar en vigencia el 21 de junio el nuevo Código Procesal Penal para ese sector.

La Corte Suprema de Justicia, en una acordada sugirió nombres de funcionarios actuales del fuero penal para encarar la nueva etapa.

El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados suspendió esta semana a Fabio Marcelo Della Siega quien venía desempeñándose al frente del juzgado unipersonal de familia N° 5 de la circunscripción judicial primera con sede en esta capital.

El tribunal integrado por la Corte, abogados y legisladores ahora analizará la conducta del magistrado tras aceptar el pronunciamiento del procurador general, Jorge Barraguirre, quien observó irregularidades en la conducción del juzgado y en el tratamiento de causas.

Una vez producida a fin de año la jubilación de Juan Carlos Maqueda, sumada a la renuncia de Elena Highton en octubre de 2021, la Corte Suprema de Justicia de la Nación comenzó a aplicar el protocolo diseñado para funcionar con tres miembros, a la espera de la cobertura de esas vacantes; que ya contaban con pliegos enviados al Senado en mayo de 2024, pero sin lograr acuerdo para su aprobación.

A pesar de ello, e invocando razones de urgencia, el presidente Javier Milei decidió avanzar en la designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, por decreto y en comisión por un año, hasta que el aval parlamentario permita cubrir las vacantes de manera definitiva.

En medio de la polémica jurídica y política desatada por la medida del Poder Ejecutivo, y de manera casi sorpresiva, la Corte decidió tomar juramento a García-Mansilla y hacerlo ese mismo día, el jueves 27. Ese manejo de los tiempos permitió que el jurista rionegrino se ubicara al lado de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti en la Asamblea Legislativa del sábado 1 de marzo. Y que la Corte de tres pasar a ser de cuatro.

La curiosidad está dada en que ahora competerá al propio García-Mansilla, junto a los otros tres ministros, decidir sobre la incorporación o no de su compañero de postulación, Ariel Lijo. Que ya no tiene que ver con la discutida vía de nombramiento (que la Corte convalidó), sin con las implicancias del nombramiento “en comisión”. La provisoriedad que involucra esa categoría hizo que Lijo no renunciase al cargo de juez federal para asumir en la Corte, sino que pidiese licencia, para no correr el riesgo de quedarse dentro de un año sin ninguno de los dos cargos. La Cámara Penal le concedió la licencia, pero ahora debe expedirse la Corte. Las posiciones están divididas y en la decisión va a participar ahora también García-Mansilla, en lo que será su primer acuerdo, este jueves 6.

De todos modos, este factor, aún decisivo, no será determinante: aún con licencia aprobada, Lijo podría decidir no asumir el cargo. Y no convertirse de esa manera en el quinto miembro que completaría la actual conformación; al menos hasta que, si fueran a hacerlo, prosperasen las conversaciones para elevar a 7 el número de miembros, y eventualmente hacer lugar a la relegada participación femenina en el cuerpo.

Ariel Lijo.

Pero a esto se le suma otro factor, ya que el Senado podría decidir en las próximas horas convocar a una sesión especial para la semana que viene, en la que se decida de manera definitiva la aprobación o el rechazo de los pliegos (que siguen teniendo estado parlamentario) y, eventualmente, del propio nombramiento en comisión de los jueces.

Qué sucederá en el caso de que se imponga el rechazo abrirá seguramente un nuevo debate.

El gobierno de la Provincia de Santa Fe tomó la decisión de dejar de vender los pliegos de la enorme mayoría de sus licitaciones y, con ello, proporcionarlos de manera gratuita. La intención es tentar a más oferentes a participar de las compulsas, en las que se compite por precio y -según el caso- por antecedentes y condiciones para proporcionar al Estado un bien o un servicio.

El decreto 1.605, firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Gobierno Fabián Bastia, dispone una modificación que según subrayan sus considerandos ya se aplica en otras jurisdicciones lo que dejaba a la provincia del mapa de la bota en desventaja.

Hasta ahora, de acuerdo con un decreto de 2016, el valor de los pliegos era igual a "las dos mil quinientas avas partes del valor estimado de la contratación, es decir el resultado de dividir el monto que se estima gastar por 2.500, con la posibilidad de bajarlo a un "piso" de hasta las diez mil avas partes. De ahora en más, el trámite licitatorio más común tendrá pliegos gratis y, por el contrario, serán excepciones debidamente fundadas por el organismo contratante los casos en que se venda esa documentación imprescindible para competir por una prestación o bien.

La apertura de sobres es el acto público en el que se conocen las propuestas de los oferentes. Ahora solo excepcionalmente se venderán los pliegos para poder participar. Foto: Archivo.

El cambio sobre el subsistema de Contrataciones y Gestión de Bienes establecido por la Ley Nº 12510 (de Administración, Eficiencia y Control del Estado) se apoya en el objetivo de que "la gratuidad de los pliegos en las contrataciones de bienes y servicios se ha identificado como una medida efectiva para aumentar la competitividad y diversidad en los procesos de licitación, lo cual puede resultar en la obtención de mejores precios y mayor calidad en los bienes y servicios adquiridos por la Administración Pública". Sin embargo existe, como en tantos otros asuntos del sector público, otra media biblioteca en contra de una medida de ese tipo y parte de la base de que quien compra un pliego (por cualquier valor) tiene un interés genuino y con ello mucho mayores chances de que luego ofertará. Así, bajo esa presunción, el que se compre más o menos un pliego le da a un área puntual cierta anticipación de cuán concentrada puede ser una compulsa. De todos modos, cada repartición contará con una lista de todos los pedidos para descargar por internet esos pliegos, pero sin costo.

Con la otra mitad de la biblioteca como soporte, el gobierno por el contrario entiende que la gratuidad de los pliegos "ya ha sido implementada con resultados positivos en otras jurisdicciones" del país.

Los tres artículos del decreto publicado este lunes 16 de septiembre, de fecha 12, establece que "en todas las gestiones de contrataciones de bienes y servicios, conforme al Título III, Subsistema de Administración de Bienes y Servicios, los pliegos serán de carácter gratuito".

De inmediato, agrega:"Sin embargo, la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes, actuando como Unidad Rectora Central, o las respectivas unidades operativas de contrataciones, podrán establecer, excepcionalmente y mediante informe fundado, un valor para los pliegos en casos específicamente justificados. En dichos casos, no se aceptarán propuestas de oferentes que no hayan adquirido el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. El valor imputado a los pliegos no excederá las dos mil quinientas avas partes (1/2500) del valor estimado de la contratación, excluyendo las opciones de prórroga contempladas. La suma abonada en concepto de adquisición de pliegos no será devuelta a los adquirientes en ningún caso".

Asimismo, "se implementarán mecanismos que permitan registrar aquellas personas que descarguen pliegos desde el sitio web oficial de la provincia."

Por Gonzalo Delmonte NA

El Senado de la Nación aprobó ayer ascensos militares y diplomáticos y declaró duelo nacional al 18 de julio con motivo del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia).

Con respecto al proyecto que modifica la penalidad en el Código Penal sobre la sustracción y/o comercialización de menores de edad fue aprobado en general, pero regresó a comisión por diferencias en su articulado.

En el inicio de la sesión, que arrancó pasadas las 11 de este jueves y se extendió hasta casi pasadas las 16, La Libertad Avanza logró esquivar el intento K por tratar sobre tablas del proyecto de ley de movilidad jubilatoria. Fue gracias a la moción de preferencia que propuso votar el jefe del bloque de la Unión Cívica Radical en el Senado (UCR), Eduardo Vischi (Chaco).

Vischi pidió que el proyecto, que ya tuvo media sanción en la Cámara de Diputados y que ayer inició su recorrido en el plenario de comisiones de Trabajo y Previsión y de Presupuesto y Hacienda, tenga un trato preferencial en la próxima sesión.

En ese contexto, la voz cantante del interbloque K, el senador José Mayans (Formosa), cargó fuertemente contra el presidente Provisional del Senado, Bartolomé Abdala, que fue quien quedó al mando del debate en el hemiciclo tras la ausencia -por enfermedad- de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel.

Si bien el interbloque kirchnerista necesitaba de dos tercios para encarar su discusión sin el despacho correspondiente, la oposición dialoguista ni siquiera le dio el gusto a Mayans para someterla a votación. En uno de los cruces entre los titulares de los bloques, el formoseño llegó a calificar a Vischi como "uno de los jefes de la oposición".

El kirchnerismo intentó sostener durante varios minutos que la votación, aprobada por 37 votos afirmativos, 31 negativos y sin abstenciones, había resultado fallida al argumentar que la moción de Vischi no fue válida porque no alcanzó los dos tercios. De esa manera, aspiraba pasar a votar la moción de Mayans para tratar sobre tablas jubilaciones.

Sin embargo, antes de la votación, el secretario Parlamentario, Agustín Giustinian, había aclarado que si la moción de Vischi no llegaba a los dos tercios, y fuera aprobada por mayoría simple, quedaría de todas formas aprobada, lo que generó tensos cruces entre Mayans, Vischi y el senador Juan Carlos Romero (Salta).

El proyecto de movilidad jubilatoria en cuestión propone un incremento del 8,1 por ciento los haberes jubilatorios para recomponer la pérdida de enero. El Gobierno otorgó un 12,5 por ciento para ese mes y quedó relegado de la inflación que se posicionó en el 20,6 por ciento en enero.

Tras la acción, el bloque radical del Senado difundió un confuso comunicado en el que culparon al kirchnerismo por no acompañar la moción de Vischi: "La propuesta de nuestro espacio, que recibió el apoyo de distintas bancadas, se vio obstaculizada por los bloques referidos en el kirchnerismo que, carentes de toda autocrítica, bloquearon el pedido impidiendo que se avance con la tan necesaria recomposición".

Despejado el camino, y tras una breve ronda de homenajes -una dedicada al 50 aniversario de la muerte del expresidente Juan D. Perón- y cuestiones de privilegio, la Cámara alta encaró el temario oficial. La primera votación fue la de los pliegos de ascensos militares y diplomáticos la que cosechó 59 votos afirmativos y sin votos negativos ni abstenciones.

En segundo término, los senadores debatieron el proyecto se propone modificar el artículo 139 bis del Código Penal de la Nación, que reprimía con prisión de 3 a 10 años a "quien hiciese de intermediario para los delitos de supresión y suposición del estado civil y la identidad, independientemente de si se hacía a cambio de dinero o con amenaza o abuso de autoridad".

El cambio prevé prisión de 4 a 10 años al que reciba y al que entregue a un menor de edad a cambio de un "precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa".

En esa línea, incorpora el artículo 139 ter, que prevé la pena de prisión de "5 a 15 años para quien facilite, promueva o intermedie de cualquier modo los delitos de este capítulo (supresión y suposición del estado civil y la identidad), siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa".

Su discusión en el hemiciclo fue empantanada por un intento del libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja) de introducir un texto con modificaciones propias y que no era el despacho que había conseguido las firmas en la comisión de Justicia y Asuntos Penales durante la semana pasada de autoría de los senadores radicales santafesinos Carolina Losada y Eduardo Galaretto junto con otro de Antonio Rodas (Chaco), de UP.

La iniciativa fue aprobada en general por los senadores con 63 votos afirmativos, sin votos negativos ni abstenciones y se concreta en medio de la desaparición del niño correntino Loan Danilo Peña. No obstante, por las divergencias en algunos artículos, el cuerpo mocionó en favor del regreso a comisión del proyecto.

Sobre el final, el cuerpo declaró por unanimidad (51 votos positivos) al "18 de julio de cada año como Día de Duelo Nacional, en homenaje a las víctimas del atentado terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994 en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) contra la República Argentina".

El texto aprobado detalla que "la Bandera Nacional permanecerá izada a media asta en los edificios y lugares públicos" y que "el Ministerio de Educación dispondrá los medios necesarios a fin de que los establecimientos de educación pública primarios y secundarios de gestión estatal y privada, organicen y desarrollen actividades conmemorativas para dicha fecha".

Sturzenegger

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que está casi todo listo para el desembarco del economista Federico Sturzenegger al frente de un nuevo ministerio, mientras que ratificó el rumbo económico del Gobierno tras la reciente subida del dólar blue y del riesgo país.

"Aspiro a que sea este viernes que el presidente (Javier Milei) pueda recibir el juramento a Sturzenegger. Si no es el viernes (por hoy), va a ser los primeros días de la semana próxima, depende si terminamos con la redacción de los decretos que tiene que firmar para su designación, que se va a hacer por DNU", comentó Francos en declaraciones radiales.

El economista encabezará una nueva cartera, que aún no tiene nombre, y que tendrá como función continuar con las tareas de desregulación del Estado, que en parte se puso en marcha con el mega DNU y la Ley de Bases, ambos de su autoría.

Por otro lado, tras la reacción negativa del mercado a los recientes anuncios del Gobierno que postergaron medidas cambiarias y sobre el Impuesto País, y que derivaron en la suba del blue, Francos buscó minimizar esa turbulencia y dijo que el rumbo de la gestión libertaria "no va a cambiar".

El viernes pasado, a horas de iniciarse el receso parlamentario y ya en etapa de veda electoral, el Poder Ejecutivo remitió a Legislatura el mensaje 5.047 con las propuestas de 48 pliegos para ocupar cargos vacantes de fiscales y defensores del sistema penal.

Se trata de 16 postulantes para ocupar cargos en el Servicio Público Provincial de Defensa Penal en cuatro de las cinco circunscripciones que tiene la provincia así como para 32 fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en las cinco circunscripciones.

Ambas cámaras dispusieron receso durante las dos últimas semanas de julio al igual que el sistema educativo y el Poder Judicial con lo que cortaron los plazos de tratamiento. Así, la consideración de los 48 nombres se dará durante el mes de agosto. En tanto, el Poder Ejecutivo tiene preparados otro tanda mayor de pliegos para vacantes en diferentes fueros judiciales derivados de concursos que se fueron realizando en los últimos tres años. El objetivo de la Casa Gris es que los pliegos de jueces se discutan a partir de septiembre, incluso con ya las autoridades electas a asumir en diciembre.

En los considerandos del Mensaje 5.047, señala que los postulantes fueron propuestos por el Consejo de la Magistratura en resoluciones que datan del 17 de mayo de 2021 y del 20 de octubre de 2022.

En el caso de la circunscripción judicial N° 1 con cabecera en Santa Fe son tres pliegos para la Defensa y siete para el MPA.

El listado de postulantes enviado por el Ejecutivo para la Defensa es el siguiente:

* Defensores adjuntos en Santa Fe: Valentín Acuña, Gastón Martínez Montyn e Ignacio Martín Cecchini.

* Defensora titular de Rosario: Marianela Di Ponte.

* Defensores adjuntos en Rosario: Anabela Antegiovanni, Martina Guirado, María Paula Flores, Lucía Fernanda Araya y Agustina María de los Milagros Norman.

* Defensora titular de San Lorenzo: Luisa Fernanda Cañavate Santesso.

* Defensora adjunta en San Lorenzo: Flavia Renzi.

* Defensora Adjunta en Villa Constitución: María Virginia Quiroga.

* Defensor adjunto en Cañada de Gómez: Nahuel Nardoni Toloza.

* Defensor titular en Reconquista: Orlando Toniolo

* Defensor adjunto en Las Toscas: Nicolás Hugo Vera.

* Defensora adjunta en Rafaela: Luciana Chiavarini.

El listado de postulantes para el MPA:

* Fiscales titulares en Santa Fe: Raúl Marcelo Nessier e Ignacio Lascurain (ambos adjuntos actualmente).

* Fiscal adjunta en Santa Fe: Vivian Ester Galeano.

* Fiscal titular en Esperanza: Alejandro Benitez (hoy adjunto en esa ciudad).

* Fiscal adjunto en San Jorge: Diego Gustavo Rodríguez y Barros.

* Fiscal adjunto en Coronda: Julio Marcelo Lema.

* Fiscal adjunta en Helvecia: María Rosa Haeffeli.

* Fiscal titular en Rosario: Franco Mariano Carbone.

* Fiscales adjuntos en Rosario: Lisandro Artacho, Julia Feldman, César Pierantoni, Noelia Navone, Martín Sanguinetti, María Victoria Gigli, Brenda Debiasi, Bárbara Gialdini, María Virginia Llaudet Maza y Agustina Fertitta.

* Fiscal titular en Villa Constitución: Eugenia Lascialandare.

* Fiscales adjuntas en San Lorenzo: María Cecilia Loberse, Bárbara Glikman y Agustina Eiris.

* Fiscal adjunta en Villa Gobernador Gálvez: Luisina María Paponi Arizaga.

* Fiscales adjuntas en Venado Tuerto: Mayra Soledad Vuletic, Larisa Celeste Baruca y Mariana Bressanelli.

* Fiscal adjunta en Rufino: Rafaela Florit.

* Fiscales adjuntos en Reconquista: Nicolás Aureliano Maglier y Amílcar Carlos Bernardi.

* Fiscal adjunto en Rafaela: Ardían Darío Soria.

* Fiscal adjunto en Frontera: Pedro Ignacio Machado.

* Fiscal adjunto en Sunchales: Juan Manuel Puig.

Seguramente el 2 de agosto, la presidenta de la Comisión de Acuerdos, la diputada Lionella Cattalini (PS) convoque a los integrantes del grupo bicameral para abrir oficialmente estos pliegos y elaborar el cronograma de trabajo que pasa por recibir impugnaciones de la ciudadanía o entidades, fijar fecha de las entrevistas personales a cada uno de los postulados y la fecha de la Asamblea Legislativa que debe considerar esos nombres.

La defensora general, Estrella Moreno, señaló que con la aprobación de los pliegos quedarían prácticamente cubiertos los cargos actuales del organigrama del servicio aunque restará cubrir las vacantes dejadas por los designados fiscales regionales e incluso el suyo que era en Rafaela. No obstante, advirtió que se vienen creando nuevas fiscalías y eso deben tener su respectivo cargo de defensa “para que haya proporcionalidad o igualdad de armas”.

Además de cargos judiciales, resta la cobertura de diferentes organismos de control en la provincia que vienen funcionando en los últimos años al límite del quórum cuando son órganos colegiados como el Ente Regulador de Servicios Sanitarios donde resta la designación de dos directores, uno de ellos -por ley- correspondiente a los sindicatos de trabajadores del sector.

También hay vacantes en el Tribunal de Cuentas, órgano constitucional, aunque una ley determinó que los vocales pueden seguir en el cargo mientras no tengan el reemplazo respectivo. Es el caso de María del Carmen Crescimanno. El Poder Ejecutivo propuso a la abogada galvense Flavia Leonor Acuña pero nunca envió su pliego a la Legislatura. Voceros parlamentarios hicieron saber a representantes del Poder Ejecutivo que iban a rechazar ese nombre y explicando las razones. Por ahora, Perotti difundió los antecedentes públicos como marca el decreto para recibir opiniones de la ciudadanía pero no avanzó con el trámite legislativo.

También está vacante el cargo de Defensor del Pueblo titular, instancia que hoy es cubierta por los delegados zona norte y zona sur, Jorge Henn y Gabriel Savino. Pero además está vacante la Defensora General de Niños, Niñas y Adolescentes previsto en la ley provincial. Esta vacante es reclamada por el Poder Legislativo por la importancia que tiene el cargo en defensa de la minoridad.

Al día siguiente de haber enviado los pliegos de 12 autoridades del Ministerio Público de la Acusación y del Sistema Provincial de la Defensa Penal, el gobernador Omar Perotti calificó inédito el proceso de selección de los candidatos y agradeció a los Colegios de Abogados, Colegios de Magistrados, y Universidades que sumaron integrantes para conformar los jurados que hicieron la evaluación. “Por primera vez en la historia de la provincia un examen ante los jurados fue seguido por todos, en forma directa. Cada uno de los que rendía podía saber como se había desarrollado el examen de su competidor. Es algo inédito”, subrayó.

Los elegidos de Perotti para el MPA: Vranicich a la Fiscalía General y Merlo como fiscal de Venado Tuerto

Perotti agradeció al jurado por el trabajo realizado que “nos permitió tener ternas que dejaron atrás a muchos inscriptos y solo quedaron tres. Cualquiera de los tres en cada terna tenía la calificación para poder ser con lo cual no es una decisión sencilla. Sabíamos que elegíamos entre los mejores considerados por el jurado y destacó que quedaron muchísimos afuera con calificaciones importantes.

El gobernador subrayó que “algún concursante puede tener gran experiencia, muy buenos antecedentes, una buena presentación pero pudo haber tenido un mal día, pudo haber estado muy nervioso. Hay que ponderar todo. Si el jurado los puso entre los tres mejores, tenemos el deseo profundo de postular candidatos que den un salto de calidad en el MPA, que suba el piso de trabajo, de rendimiento, de experiencia así como la de necesidad de correcciones que el organismo deberá tener de aquí en más”.

Tres pliegos de los 36 candidatos a jueces comunitarios de pequeñas causas fueron rechazados por la mayoría de los integrantes de la Asamblea Legislativa. Se trata de René Alzugaray que había sido propuesto para la localidad de Llambi Campbell, de Martín Ceschi para La Criolla y de Ignacio Cristiani para Puerto Gaboto. En el primero hubo 52 votos en su contra y solo 10 en su favor, con pocas abstenciones; para el segundo, 45 legisladores votaron contra la designación y 16 favorablemente; y en el último se contaron 51 negativos y apenas 4 aceptaciones.

Además hubo otros dos tratamientos en los que los números estuvieron más que ajustados, en una sesión que por su extensión en distintos momentos tuvo más o menos bancas ocupadas, aunque nunca perdió su quórum. Por apenas un voto (23 a 22) fue aprobado el pliego de Sandra Arias para la localidad de Máximo Paz y por un par (25 a 23) se aceptó la nominación de Vanesa Martínez Massaro en Zavalla.

Todos los demás propuestos lograron votos suficientes para la aprobación por mayoría, con cifras más o menos holgadas que no pocas veces los cronistas han tenido que apuntar sólo las abstenciones y los votos negativos porque así lo informó la presidencia.

Un extenso debate sobre el proceso de selección de candidatos a estos cargos anticipó el tratamiento en particular de cada pliego. Se repitieron argumentos en contra de la transparencia de los concursos desde el radicalismo y se defendieron en cambio las evaluaciones previas a la elección del gobernador desde el justicialismo, el socialismo y Juntos por el Cambio.

Tal como ocurrió con las posiciones que públicamente fueron asumiendo los bloques semanas antes de la sesión de Asamblea, fue Fabián Palo Oliver el primero de los radicales en expresar su fuerte rechazo y sus sospechas de falta de equidad en los concursos. Sus críticas se apoyaron en que el primer examen (de múltiple choice) otorgó un puntaje que luego no se tuvo en cuenta en las etapas posteriores. Dijo que sobre 100 puntos la mayor parte de los propuestos apenas llega a 75 y que el mínimo fue de 60 para aprobar. La cuestión no es menor ya que Leandro Busatto (PJ), Julián Galdeano (JxC) y Joaquín Blanco (PS) entendieron que era simplemente una instancia para aprobar o rechazar y no un órden de mérito.

Lo siguió un irónico discurso de Fabián Bastia sobre los méritos que exige el Poder Judicial para sus cargos administrativos y la liviandad con que, a su criterio, ha hecho que se salteen 10 y hasta 20 personas con mejor puntaje para elegir a quienes no tuvieron las mejores calificaciones (otra vez sobre la primera prueba escrita). Fue autocrítico Leandro Busatto al hilvanar una respuesta que partió de considerar que eran erradas sus críticas cuando el peronismo dominaba ambas Cámaras y fue necesario un cambio en la reglamentación de los concursos para que se pueda avanzar con el nombramiento de fiscales y defensores para poner en marcha la reforma procesal penal. Y luego Galdeano, con términos más didácticos explicó que según los decretos del ex gobernador Antonio Bonrfatti ya no hubo méritos en esas primeras calificaciones.

A Blanco le tocó explicar que no hubo desde el PS un acuerdo o una negociación poco transparente de su bloque de 14 con el oficialismo y la Casa Gris. Y aseguró que de cada caso se tomaría una decisión que, en efecto, mostraría a los 14 con una sola posición. Los radicales no pudieron decir lo mismo, ya que fue fuerte la dispersión entre senadores de la UCR con pliegos como los de Jorge Lagna para el Enress y luego (en menor medida) con los jueces comunales y los jueces penales y de otros fueros.

Por resolución de la Asamblea Legislativa quedó sin tratamiento, y reservado mientras dure una cautelar de la justicia, el pliego de Pablo Rangel para un cargo de juez comunitario de pequeñas causas para la localidad de Empalme Villa Constitución.

Los legisladores estuvieron al tanto pero solo informalmente y por un documento de la red social whatsapp de una resolución de Cámara que le hubiera permitido al Legislativo tratar al propuesto, pero -de acuerdo con lo informado en el recinto- la justicia no envió debida y formalmente por mesa de entradas esa comunicación.

Así, se suspenden para el caso de ese cargo los plazos y se reserva la posibilidad de su tratamiento. El recurso de amparo fue interpuesto por otro concursante que sostiene que fue afectado por el proceso de selección.

La Asamblea Legislativa deberá tratar este jueves los 36 pliegos que enviara el Poder Ejecutivo a las cámaras para cubrir juzgados comunitarios en la provincia. A la fuerte controversia política generada entre diferentes sectores de la oposición – hubo denuncias cruzadas de supuestos pactos con el oficialismo-, se sumó la judicialización del procedimiento, a partir del amparo presentado por uno de los postulantes. La medida la impulsó el abogado villense Juan Manuel González, quien estaba primero en la terna para el Juzgado Comunitario de Santa Taresa, sin embargo, su nombre no fue incluido en el pliego. La jueza en lo civil y comercial de Villa Constitución, María Agueda Orsaria, hizo lugar a la cautelar y ordenó a la provincia suspender el proceso de designación para ese juzgado en particular. El gobierno apeló a través de la Fiscalía de Estado y se espera que este miércoles, la cámara resuelva.

Legisladores de la oposición advirtieron la semana pasada acerca de un posible “efecto dominó”, que redundaría en la presentación de otros participantes con buenas posiciones en el orden de mérito, pero cuyos nombres no fueron seleccionados como candidatos a jueces.

Pese a ello, desde el Poder Ejecutivo se siguió defendiendo la legalidad y legitimidad de los concursos, y se insistió en que incluso la judicialización del proceso, es una maniobra promovida por la oposición. Así lo expresó consultado por El Litoral, el ministro de Gestión, Marcos Corach.

– ¿Qué opina sobre la judicialización del proceso?

– La ministra de Gobierno (Celia Arena) y el secretario de Justicia (Gabriel Somaglia) estuvieron en la Legislatura reunidos con los diputados y dieron las explicaciones. Ahora, el proceso se judicializa. Lo que creo, más allá del caso de María Teresa, es que esto tiene mucho que ver con el ruido que se genera alrededor del proceso; lo genera intencionadamente la oposición y hace que (el trámite) termine en la Justicia.

– ¿Lo atribuye a una cuestión política más que técnica?

– Las cuestiones técnicas ya las explicaron hasta el hartazgo los funcionarios, tanto la ministra como el secretario de Justicia.

– Pero hay un participante del proceso que se queja, va a la justicia, la justicia le da la razón y acepta el amparo…

– Está bien, y seguirá su proceso.

– ¿Entonces todo es político?

– No es que todo sea político. Lo que digo es que la oposición hace rato que viene meneando con esto de la judicialización del proceso. Hay alguien que ha tomado la decisión de presentar un amparo porque no está conforme con el resultado, y el mismo será evaluado.

Cuatro diputados presentaron este viernes una nota por mesa de entradas del Ministerio de Gestión Pública solicitándole al gobernador, Omar Perotti, el retiro de los 39 pliegos puestos a consideración de la Legislatura para la cobertura de otros tantos juzgados vacantes de Pequeñas Causas. “El pedido se motiva en la falta de transparencia y objetividad que ha tenido este procedimiento concursal donde se evidencia irregularidades en torno a la conformación de las ternas, violándose los derechos de la mayoría de los postulantes que han dedicado tiempo y preparación para poder ingresar a la Justicia”, señala la nota firmada por Fabián Palo Oliver (Radicales Libres), Rubén Giustiniani (Igualdad), Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) y Dámaris Pachiotti (Ciudad Futura).

La decisión había sido anunciada por Palo Oliver en la semana en conferencia de prensa donde adelantó el cuestionamiento a varios de los postulantes. El jueves las bancadas de la UCR de Senado y de Diputados sumaron sus cuestionamientos al tema en un duro documento donde hablan de un acuerdo entre el partido gobernante y el Partido Socialista. La cuestión hizo caer la sesión de Diputados de la semana cuando aún faltaba el tratamiento de numerosos temas entre ellos la autorización del viaje de la vicegobernadora, Alejandra Rodenas, al exterior. También faltaba el tratamiento del pedido de presencia de la ministra de Gobierno, Celia Arena, y de un pedido de informes de Mónica Peralta (Gen) sobre la cuestión, ambos temas acordados en Labor Parlamentaria.

En la nota de los diputados dejada en Casa de Gobierno se señala que “se advierte que no existen criterios objetivos de evaluación y no se garantiza el tratamiento igualitario en la evaluación y constatación de los requisitos de idoneidad, al permitirse que se ameriten cuestiones iguales con diferentes criterios. De esta manera surge una situación extremadamente discrecional que posibilita imponer patrones discriminatorios y marca la falta de fundamentación por parte del Ejecutivo en la elección de los postulantes propuestos para ocupar cargos vacantes de Jueces de Pequeñas Causas. Cabe aclarar, que si bien el Gobernador tiene la potestad de modificar el orden de mérito de la terna seleccionada previamente por concurso, esa decisión debió ser fundada, por lo que haber omitido dicho requisito se aparta de lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial. Recordemos que del principio republicano consagrada en nuestra Carta Magna surge que todos los actos de gobierno deben ser fundados, impidiendo así la arbitrariedad”.

También dice la nota que “resulta extraño las modificaciones realizadas en algunas localidades de la provincia donde se advierte postulantes que obtuvieron las mejores calificaciones y no aparecen seleccionados”. Señalan que tampoco se respetó la condición de dar transparencia y publicidad a los concursos así como lo referido a los puntajes obtenidos por los concursantes en cada etapa, o las valoraciones de la entrevista personal en la que debe informarse si el postulante superó ampliamente o no el nivel requerido y el puntaje global para conocer si es correcto el orden de mérito y que ello pudo haber impedido el correspondiente medio de impugnación para ejercer el derecho de revisión y/o impugnación de los postulantes” .

En tanto, el proyecto presentado por Peralta y no tratado apunta a que se expliquen “los criterios para no hacer efectiva la publicación de notas de antecedentes y oposición de los y las postulantes, tomando en cuenta lo establecido en el decreto 593/14 en cuanto a dar transparencia y publicidad en los pasos de concurso, como así también donde se encuentra la publicación de las notas de las entrevistas.”

La diputada sostuvo que entre las cuestiones irregulares por ejemplo, se dio que luego del examen de oposición en lugar de publicarse las notas de antecedentes y del examen, solamente se publicó: ‘No se superó’ o ‘Sí se superó’. “Lo mismo pasó luego de las entrevistas orales; imposibilitaron a cada uno de quienes se postularon poder conocer los puntajes obtenidos”, aseguró.

La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe y la Asociación de Fiscales de Santa Fe informaron que han resuelto integrar una comisión conjunta para el seguimiento de los procesos de selección y designación de fiscales, fiscales adjuntos/tas y autoridades superiores del Ministerio Público de la Acusación.

“Ambas instituciones coincidimos en asumir que es fundamental la participación y el monitoreo de la sociedad civil sobre el curso de estos procesos, con el fin de promover una actuación correcta, transparente y pública”, señala la nota entregada a la prensa.

Señalan que luego de acercar al Poder Ejecutivo propuestas para la gestión de los concursos en marcha, ambas organizaciones fueron convocadas por la Ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena y por el Fiscal de Estado, Rubén Weder “quienes se mostraron interesados en los aportes y puntos de vista presentados por quienes representamos a las y los fiscales/las y funcionarios/rias del MPA de Santa Fe”.

También informan que “las Asociaciones hemos expresado nuestro parecer: que las reglamentaciones sobre concursos del MPA, vigentes desde 2016, no cumplen con los estándares de calidad institucional que la sociedad merece. En consecuencia, manifestamos que abogamos para que se extremen los cuidados con relación a la implementación de los concursos y procesos de selección en marcha, y para que, en el futuro próximo, se reformen estas normativas, en procura de un esquema reglamentario que se ajuste con cabalidad a los valores enunciados por la ley de la provincia: transparencia, publicidad, excelencia, celeridad y paridad de género”.

(Por Gabriel Rossini y Luis Rodrigo) – La ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana (ver imagen destacada), dijo a El Litoral que el gobernador Omar Perotti elevará a la Legislatura dos pliegos para el Directorio del Ente Regulador de los Servicios Sanitarios en el corto plazo.

La funcionaria dijo que tenía esa información y reservó los nombres de los que serán propuestos para que el Enress, con dos miembros más en su conducción, recupere la plenitud de sus facultades. Hoy ese cuerpo directivo carece de quórum y por lo tanto al no poder sesionar no puede dictar resoluciones.

Ante una pregunta sobre el atraso de las tarifas en las cooperativas de provisión de agua potable y cloacas, porque el regulador debe autorizar las subas, Frana explicó que la decisión del titular del Poder Ejecutivo Provincial de impulsar dos pliegos “se tomaría” en una cuestión de días.

Admitió que el tema generó consultas técnicas y un debate interno en el gobierno, ya que se estudió la posibilidad de que por decreto se designen dos directores transitorios, tal como se ha hecho en otra oportunidad.

“Creo que se debería haber replicado una fórmula que a través de un decreto hizo el ingeniero Jorge Obeid”, durante su segundo mandato a poco de la reestatización de la ex empresa Aguas Provinciales SA que se convirtió en Aguas Santafesinas SA.

El dos veces gobernador “tomó esa decisión cuando se estaba yendo de la gestión, para garantizar el funcionamiento del ente regulador. Creo que todavía es una posibilidad si no se resuelve la actual situación del directorio (que tiene sólo un lugar cubierto) mediante el envío de los pliegos”.

Frana informó que la empresa Aguas Santafesinas SA ha pedido una nueva ayuda al Tesoro santafesino, debido al atraso tarifario de la empresa prestadora de los servicios sanitarios en 15 distritos y responsable de la operación del sistema de acueductos en la provincia y expresó que “por ahora” no ha recibido de la compañía en manos del Estado algún pedido de recomposición.

En cuanto a la EPE, confirmó que, tal como estaba previsto para el último tramo de 2022, habrá una nueva actualización de la tarifa eléctrica que todavía no tiene una cifra. Recordó que cuando se celebró la última audiencia pública y con posterioridad se dictó una resolución que le acordó subas escalonadas en dos tramos, también se dejó la puerta abierta para una tercera recomposición siempre que los costos (atados al dólar y la inflación) superen ciertos indicadores. Explicó que se cumplirá con lo pautado a principios de año y que para ello no será necesaria una nueva audiencia pública.

(Por Luis Rodrigo) – La Asamblea Legislativa aprobó este jueves 18 todos los pliegos enviados por el gobernador Omar Perotti y designó a 10 jueces de primera y segunda instancia y 4 fiscales y fiscales adjuntos subrogantes, en una sesión cuyo tono distintivo fue el consenso. Y la misma palabra puede explicar el cambio de clima entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo que, ahora sí, han podido conversar antes de que se enviaran oficialmente los nombres de los candidatos a los Tribunales santafesinos y al Ministerio Público de la Acusación.

Con dictámenes idénticos de la Comisión de Acuerdos en cuanto a las firmas y el tratamiento por signos, se votaron por unanimidad los siguientes pliegos:

Iván Raposo fue confirmado como fiscal titular del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Iván Gastón Raposo: fiscal del Ministerio Público de la Acusación – Circunscripción Judicial N.º 3 – con sede Venado Tuerto.

Mauro Menéndez: fiscal del Ministerio Público de la Acusación – Circunscripción Judicial N.º 3 para la sede Rufino. (Su caso mereció algún debate en el seno de la comisión bicameral de Acuerdos porque el abogado es actualmente fiscal en la lejana ciudad de Caleta Oliva, en la Provincia de Santa Cruz y en la entrevista con los legisladores explicó que pretende vivir más cerca de familiares que residen en Santa Fe).

Mayra Vuletic: fiscal adjunta subrogante del Ministerio Publico de la Acusación para Venado Tuerto.

Rafaela Florit: fiscal adjunta subrogante del Ministerio Publico de la Acusación para Rufino.

Martín Manuel Torres: juez de Primera Instancia de Distrito en lo Penal también en el distrito judicial N° 1.

Nicolás Villanueva: juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial – 4ta. Nominación – para los tribunales de Rosario.

Fernando Alejandro Mecoli: juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial – 6ta. Nominación – también para Rosario.

Verónica Silvana Lamas González: jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Penal – Distrito Judicial Nº 2 – para Rosario.

Mauricio Sánchez: juez de Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral – Circunscripción Judicial Nº 4 – Tribunales con asiento en la ciudad de Reconquista.

Ramiro Avilé Crespo: juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial – 3era. Nominación – Distrito Judicial Nº 4 – para los tribunales de Reconquista.

Matías Raúl Colón: juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial – 1era. Nominación – Distrito Judicial Nº 5 para los tribunales con asiento en la ciudad de Rafaela.

Guillermo Adrián Vales: juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial – 4ta. Nominación – Distrito Judicial Nº 5 también para los tribunales de Rafaela.

La votación fue nominal en el caso de Claudia Rafaela Brown, desde ahora jueza del Tribunal Colegiado de Familia N.º 5, Circunscripción Judicial N.º 1, tribunales con asiento en la ciudad de Santa Fe.

El procedimiento demostró que su pliego contó un muy alto consenso de los diputados y los senadores provinciales, ya que 47 de ellos votaron a favor y solo hubo dos en contra, además de dos abstenciones por motivos completamente ajenos a la condiciones personales de la postulante: los diputados Carlos del Frade y Damaris Pacchiotti de Ciudad Futura se abstuvieron porque se oponen a la legislación vigente que le permite al Poder Legislativo santafesino ejercer “un control disciplinario directo” sobre los fiscales del MPA.

En contra votaron los diputados de Vida y Familia Nicolás Mayoraz y Juan Domingo Argañaraz. El primero, como jefe del bloque impugnó las “posiciones ideológicas” de la postulante porque notó opiniones favorables al concepto de subrogación de vientres y a la reasignación de género en menores de edad, a pesar de la opinión de los padres en la entrevista en la Comisión de Acuerdos.

(Por Luis Rodrigo) – La actividad legislativa en Santa Fe volverá luego del receso de invierno, con lo que el 28 de julio o a principios de agosto serán las próximas sesiones. Mientras tanto, durante el último jueves antes de las vacaciones, que se votan solo para los empleados (pero tampoco hay sesiones), ingresaron pliegos para jueces y fiscales del Poder Judicial de Santa Fe, donde ya es demasiado el tiempo que ha pasado sin que se cubran vacantes, lo que preocupa en ambos cuerpos.

Esos pliegos fueron elevados por el entonces gobernador Miguel Lifschitz (1955-2021) a la Asamblea Legislativa y aprobados en su totalidad el 28 de noviembre del 2019″. Sin embargo, “los 4 restantes nunca fueron remitidos como pliegos a la Asamblea Legislativa, es decir que están desde el primer día de gestión del actual Poder Ejecutivo a su disposición para ser remitidos como subrogantes en el caso de que fueran necesarios”, señaló.

Además, el representante por Iriondo reveló que durante la mañana del jueves 7 “estuvimos reunidos con el secretario de Justicia, Dr. Gabriel Somaglia, el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Dr. Jorge Baclini, la fiscal regional de Rosario, Dra. María Eugenia Iribarren, la intendente de Cañada de Gómez, Stella Clerici, el secretario de seguridad, Luis Leiva, el presidente de la Cooperadora Policial URX, Emerson Palmioli, y al coordinador del Centro Económico Maximiliano Ferraro”, donde nuevamente se realizó el pedido a las autoridades para las designaciones en el MPA en la zona sur.

“El Dr. Gutiérrez expresó que la Corte ya viene reclamando -como es habitual- por los canales institucionales dispuestos, la pronta cobertura de las vacantes referidas y de otras que se extienden en el mapa judicial Santafesino. Asimismo, recordó que en ocasión del discurso de apertura del año judicial en curso, hizo especial hincapié en la importancia de cubrir los cargos de manera definitiva, y no a través de la figura del juez subrogante que tiene una transitoriedad dispuesta por la ley”, sostiene un comunicado de Cornaglia.

Se estima que para el 18 de agosto será convocada la Asamblea Legislativa que ponga a consideración los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo provincial. La fecha permite que antes la Comisión de Acuerdos que componen diputados y senadores pueda tomar las entrevistas del caso a los postulantes y producir los correspondientes dictámenes, mientras se cumplen los plazos para que se presenten eventuales impugnaciones a los propuestos que a continuación se consignan.

Circunscripción Judicial Nº 1. Distrito Judicial Nº 1, de la ciudad de Santa Fe se propone como jueza de primera instancia de distrito en lo laboral, 2da nominación: Ramoneda, Mariana Patricia; como juez penal de primera instancia de distrito: Torres, Martín Manuel; y como jueza del Tribunal Colegiado de Familia N°5: Brown, Claudia Rafaela.

Circunscripción Judicial Nº 2, Distrito Judicial Nº 2 de la ciudad de Rosario, como juez de primera instancia de Distrito en lo Civil y Comercial, 4ta nominación: Villanueva, Nicolás; como juez de primera instancia de distrito en lo Civil y Comercial de la 6ta nominación: Mecoli, Fernando Alejandro; como jueza penal de primera instancia de distrito: Lamas González, Verónica Silvana.

Circunscripción Judicial Nº 4, Distrito Judicial Nº 4, ciudad de Reconquista como juez de la Cámara de Apelación en los Civil, Comercial y Laboral: Sánchez, Mauricio; como juez de primera instancia de distrito en lo Civil y Comercial de la 3ra nominación: Avilé Crespo, Ramiro.

Circunscripción Judicial Nº 5, Distrito Judicial Nº 5, ciudad de Rafaela, como juez de primera instancia de distrito en lo Civil y Comercial de la primera nominación: Colon, Matías Raúl; como juez de primera instancia de distrito en lo Civil y Comercial de la 4ta nominación: Vales, Guillermo Adrián.

Ministerio Público de la Acusación, Circunscripción Judicial N°3 de la ciudad de Venado Tuerto, como fiscal titular: Raposo, Iván Gastón; como fiscal titular en Rufino: Menéndez, Mauro.

Mario Cáffaro El Litoral El Poder Ejecutivo remitió este viernes diez pliegos con otros tantos nombres para ocupar cargos vacantes en cuatro de las cinco circunscripciones judiciales en que se divide la provincia. El viernes anterior,  el propio Ejecutivo había incluido el tratamiento de pliegos entre los temas habilitados para el presente período de Extraordinarias. Los nombres remitidos corresponden a un cargo para la circunscripción judicial con cabecera en Santa Fe; cuatro para la de Rafaela, dos para la de Reconquista y tres para la de Rosario. De aquí en más entrarán a correr los plazos de 30 días que tiene el Poder Legislativo para el tratamiento en el recinto, caso contrario quedarán aprobados en forma ficta como indica la Constitución provincial. La Comisión de Acuerdos se reunirá el miércoles para abrir los pliegos y fijar los pasos, entre ellos la realización de entrevistas a los postulantes y la fecha en que se hará la Asamblea Legislativa. Cinco de los diez postulantes habían sido remitidos sobre fines de octubre y retirados antes de la Asamblea para evitar el rechazo. “Hay predisposición a conversar, pero no hablamos de nombres en particular” señaló un jefe parlamentario opositor. Otro hizo notar que deberán analizar el reglamento debido a que algunos de los postulantes ya habían sido entrevistos por Acuerdos en la ocasión anterior. La Corte Suprema de Justicia en la voz de su presidente, Rafael Gutiérrez, en el mensaje de apertura del año judicial reclamó por la cobertura de vacantes. Los Colegios de Magistrados y los Colegios de Abogados se han expresado advirtiendo por las dificultades en el funcionamiento del Poder Judicial ante la cantidad de vacantes. Los diez pliegos firmados por el gobernador Omar Perotti integran el segundo mensaje con propuestas para jueces. La primera fue en octubre y de los catorce números apenas la mitad tuvieron el visto bueno legislativo.

Los nombres para los cuales el Ejecutivo pidió acuerdo son los siguientes:

Para los tribunales de Santa Fe,  Mariana Patricia Ramoneda como jueza de primera instancia de distrito en lo Laboral de la segunda nominación, juzgado que se encuentra hoy vacante. Para Rosario, los propuestos son para ocupar tres juzgados de primera instancia de distrito en lo Civil y Comercial. Los candidatos son Ricardo Alberto Ruiz para el de primera nominación;  Fernando Alejandro Mecoli en sexta nominación y Nicolás  Villanueva en cuarta nominación. Los tres están vacantes de los 18 que tiene el fuero en esa ciudad. En cuanto a los tribunales de Reconquista, el nombre propuesto para el completar la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral es el de Mauricio Sánchez mientras que para el juzgado de distrito en lo Civil y Comercial de la tercera nominación el candidato es Ramiro Avilé Crespo. Finalmente para Rafaela son cuatro los postulantes. Pedro Sebastián Pusineri es propuesto para ocupar la vacante en la sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral. Los otros tres postulantes son para otros tantos juzgados de primera instancia en lo Civil y Comercial. Matías Raúl Colón para primera instancia: Guillermo Adrián Vales para el segunda y Jorgelina Raquel Basano en cuarta nominación. Hoy solo uno de los cuatro juzgados de primera instancia tiene su titular, tema que motivó preocupación tanto del Colegio local como de la Corte que en la última semana dispuso una serie de medidas tendientes a atender esa situación hasta tanto sean designados los titulares.

Los candidatos a ocupar cargos en la justicia que ya habían sido remitidos en octubre pasado y retirados cuando no tenían número para ser aprobado son los Ruiz (Rosario), Ramoneda (Santa Fe), Sánchez, y Avilé Crespo (Reconquista) y Colón (Rafaela).

El Poder Ejecutivo, en otro decreto, habilitó cuatro nuevos proyectos para el presente período de Extraordinarias, todos los cuales refieren a reformas de leyes vinculados a los procesos electorales y todos apuntan a propiciar el voto de adolescentes de 16 y 17 años en las elecciones provinciales y comunales. Entre ellos está el mensaje adelantado en la semana por El Litoral sobre el voto para jóvenes de 17 y 18 años en las elecciones provinciales y municipales. No obstante, hay proyectos sobre la materia ingresados por Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) el 23 de noviembre de 2020; Rubén Giustiniani y Agustina Donnet (Igualdad) el 3 de mayo de 2021; y de Oscar Martínez (Frente Renovador) del 23 de agosto del año pasado. En todos los casos se apunta a modificar el artículo 2 de la ley 4990 (ley electoral santafesina) para incorporar al padrón a esos menores, siempre en forma optativa. Del Frade agrega otro artículo para introducir un cambio en la ley orgánica de municipios. El objetivo en este último caso es para habilitar que desde los 18 años y con dos de residencia en la provincia, se pueda ser candidato a intendente o concejal. Hoy la edad mínima para desempeñar los cargos municipales está en 22 años. A partir del proyecto de Giustiniani y Donnet  se realizó en el recinto de Diputados una audiencia pública para discutirlo. Participaron integrantes de organismos electorales de varias provincias, jóvenes y expertos en derecho constitucional. Un tercer proyecto sobre la materia es de Oscar Martínez (Frente Renovador) y también es anterior al del Ejecutivo. Lo ingresó el 23 de agosto y también destaca que en 2012 fue sancionada la Ley Nacional N.º 26.774 que dio ese derecho a los adolescentes. La sanción de la ley 26.774 en octubre de 2012 significó la ampliación del derecho al voto, optativo, en las elecciones nacionales a los jóvenes de 16 y 17 años. Los que se oponen a avanzar con la ley se atienen al texto de la Constitución provincial que en el articulo 29 dispone que “son electores todos los ciudadanos, hombres y mujeres, que hayan alcanzado la edad de diez y ocho años y se hallen inscriptos en el Registro Cívico Provincial”.

Luego de las advertencias realizadas por la Ministra de Salud, Sonia Martorano, y la resolución del Ministerio de Gestión que permite el aforo total en todas las actividades de la provincia, el diputado Sergio Basile, presentó un pedido de informe ante la posibilidad de que haya un rebrote de casos de Covid19.

En la minuta solicitó un informe detallado de las medidas a tomar ante un rebrote y si se tiene en cuenta la posibilidad de que exista una convivencia en la circulación del virus de influenza con el del Covid19. “Vemos algunas señales de desorganización que son preocupantes. Si bien el gobierno actual puede tener las mejores intenciones, si hay algo que se demostró en este tiempo que llevan frente a la gestión, es la lentitud para tomar algunas decisiones y ejecutarlas. Esto, sumado a que un ministerio anuncia la apertura de aforo total y otro está advirtiendo sobre un posible rebrote de Covid, nos pone en alertas para solicitar, con las herramientas que tenemos desde la Cámara de Diputados, un informe para conocer si hay un plan de contención o si van a estar improvisando sobre la marcha”, dijo.

Luis Rodrigo El Litoral Luego de un cuarto intermedio de casi cuatro horas en el que el Poder Ejecutivo Provincial pudo retirar cinco pliegos antes de su seguro rechazo, la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad y sin debate a sólo siete de los catorce postulantes a jueces de primera y de segunda instancia. Por otra parte, cayeron en el tratamiento con votación nominal por mayoría otros tres propuestos por la Casa Gris, dos de ellos se postularon como magistrados y el restante como director obrero del Ente Regulador de los Servicios Sanitarios (Enress). La sesión de los 50 diputados y 19 senadores quedó en suspenso ni bien comenzó. Se alegó que aún no había dictámenes de la Comisión de Acuerdos, pero en realidad había ocho recomendaciones de la bicameral para el rechazo. Entre las 13.30 y las 17.20 del jueves 25 y antes de que sesionen las cámaras el gobernador Omar Perotti aceptó el retiro de cinco de los nombres que había impulsado y ya le habían anticipado que no tendrían chances de pasar el filtro legislativo. Esa decisión hizo que tres propuestos fueran rechazados por mayoría, siempre con el oficialismo en minoría y con algún otro apoyo desde bloques chicos de Diputados. Los pliegos de los doctores Ricardo Ruiz, María Ramoneda, Mauricio Sánchez, Ramiro Avilé Crespo y Matías Colón no fueron tratados por la oportuna decisión de retirarlos. En cambio, se rechazaron los de David Lisandrello y Estaban de la Cruz Márquez. Es curioso el caso del pliego de Mario Gabriel Mehauod que el Ejecutivo envió para ocupar la silla del director obrero en el Enress. Su nombre fue el producto de un acuerdo entre los gremios sanitaristas de Santa Fe y Rosario que ahora el último desconoció y objetó formalmente. Con un detalle nada menor, Mehauod pertenece al único gremio con afiliados en el órgano de control. Fuera del palacio legislativo, dirigentes del Sindicato Santa Fe de Trabajadores de Obras Sanitarias no lograban salir de su asombro por la decisión de los senadores y los diputados que por 42 a 16 rechazaron su postulación. Por unanimidad fueron consagrados los siguientes magistrados: Jorge Raúl Candioti de primera instancia en lo laboral (Santa Fe); María Victoria Acosta de primera instancia en lo laboral (Santa Fe); Luciana Paula Martínez del tribunal colegiado de responsabilidad extracontractual (Rosario); Sebastián Rupi de primera instancia de Circuito (Villa Gobernador Gálvez); María José Alvarez Tremea de cámara de apelación en lo civil, comercial y laboral (Rafaela); y Duilio Hallil juez de cámara de apelación en lo civil, comercial y laboral (Rafaela). Por otra parte, también con votación nominal fue aceptado como juez de cámara de apelación en lo civil, comercial y laboral (Rafaela) Pablo Ricardo Lorenzetti, con 63 votos en favor de su magistratura y dos rechazos del bloque del Frente Social y Popular.