(Por Juan Manuel Peratitis) - Tal como se anunció durante el fin de semana, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, arribó en helicóptero este lunes al predio de la Cárcel Federal de Coronda, ubicada a 1.000 metros al oeste de la Autopista Brigadier López y a 300 metros al norte de la Ruta Provincial N° 64, en el denominado Camino de las Moras.

Luego de una recorrida por las instalaciones, acompañada por el ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia, Pablo Cococcioni, por la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, y de funcionarios nacionales y municipales de Coronda -el intendente Ricardo Ramírez estaba de viaje- Bullrich habló sobre el avance de la obra que está llevando adelante la Unión Transitoria de Empresas Insa-Ocsa: “Estamos muy entusiasmados, desde el gobierno nacional, tanto el Ministerio de Seguridad, como de Economía y de Infraestructura, estamos acompañando a la empresa constructora que está avanzando en la construcción de esta cárcel, con la colaboración permanente del gobierno provincial y de la intendencia de esta ciudad”.

La pregunta más puntual estuvo referida a los plazos finales de ejecución de esta obra y ante eso la ministra ratificó lo que se venía afirmando últimamente: “Para no errarle, les digo que en diciembre estará terminada, va a ser un aporte muy importante para la situación que venimos llevando adelante Nación y Santa Fe en la lucha contra el crimen organizado, por lo que está pasando en la provincia, estamos cruzando los dedos, no podemos adelantarnos a los hechos, pero venimos con resultados positivos en cuanto al trabajo que estamos haciendo juntos”.

Recordemos que en 1997 se votó en Coronda en un plebiscito que dio por mayoría el sí para la instalación de ese penal federal en este distrito, en 2006 se puso la piedra fundamental, un par de años después cayó una licitación por supuestas irregularidades y no se reactivó sino hasta 2015 cuando tras un acta acuerdo entre la Municipalidad de Coronda y el Gobierno Nacional, por fin se licitó, adjudicó y comenzó la ejecución que ya lleva casi 9 años.

Acerca de cuántos presos finalmente se dispondrán en el Centro Federal Penitenciario del Litoral Argentino, nombre oficial de este presidio, la ministra enfatizó que “lo discutiremos en su momento, es una cárcel federal, la idea es hacernos cargo de ellos para liberar lugares provinciales. Insisto, estamos trabajando en conjunto. Hay muchos presos de alta peligrosidad que se van de manera inmediata a las cárceles federales, como Laferrara, el Plan Banderas marcha día a día, por eso vemos adónde va este preso o el otro, lo coordinamos con el ministro Cococcioni”.

Recordemos que el número establecido de capacidad de detenidos es de 462 y que en varias ocasiones desde el gobierno provincial aseguraron que lo ideal sería poder ubicar entre 900 y 1000 presidiarios. La provincia cuenta con 700 presos con causas federales, y en la Unidad 1 de Coronda hay unos 350. Si todas esas plazas se liberan, se descomprimiría la superpoblación en la cárcel provincial corondina, más allá de que llegarían algunos reclusos que quedan en comisarías de todo el territorio santafesino.

La funcionaria nacional ratificó lo positivo de esta obra: “Lo importante es que a una obra paralizada, el gobierno la puso en marcha. Mucho se dijo que no iba a haber nada de infraestructura. Pero como ven todo lo necesario se está llevando adelante” especialmente para “seguir la lucha en la zona de Rosario, pero también en la ciudad de Santa Fe donde los índices de homicidio son complejos, éste será un establecimiento con todas las condiciones y que nos va a permitir además el tratamiento para rehabilitación para volver a la sociedad a los detenidos”.

El presidente de la Nación, Javier Milei, afirmó que llamaría a un plebiscito si el Congreso rechaza el DNU de desregulación de la economía. En Argentina, los plebiscitos pueden ser vinculantes o no vinculantes. En el caso de un plebiscito vinculante, el resultado de la consulta es obligatorio para el gobierno.

En Argentina, hubo dos plebiscitos nacionales:

Plebiscito nacional de Argentina de 1984: Se realizó el 25 de noviembre de 1984 con el fin de obtener el parecer de la ciudadanía respecto a aceptar o rechazar el Tratado de Paz y Amistad firmado con Chile para resolver el Conflicto del Beagle.Se abre en una ventana nuevaes.wikipedia.orgPlebiscito nacional de Argentina de 1984

Plebiscito nacional de Argentina de 1994: Se realizó el 13 de mayo de 1994 con el fin de aprobar o rechazar la reforma de la Constitución Nacional.

Plebiscito nacional de Argentina de 1984: Se votó sobre la aprobación o rechazo del Tratado de Paz y Amistad firmado con Chile. El resultado fue favorable al tratado, con un 81,6% de votos a favor.

En 1994 se consultó por la Constitución.

Plebiscito nacional de Argentina de 1994: Se votó sobre la aprobación o rechazo de la reforma de la Constitución Nacional. El resultado fue favorable a la reforma, con un 86,7% de votos a favor.

Plebiscito nacional de Argentina de 1984: El sí ganó con un 81,6% de votos a favor.

Plebiscito nacional de Argentina de 1994: El sí ganó con un 86,7% de votos a favor.

El proyecto de nueva Constitución sometido este domingo a plebiscito en Chile fue rechazado por la mayoría de los ciudadanos y admitido por autoridades oficialistas y opositoras que coincidieron en señalar que no promoverán otro proceso para intentar actualizar la carta magna.

El rechazo al texto reunía 55,76% de los votos válidos contra 44,24% de aprobación cuando se había cumplido el conteo de 99,68% de las 39.728 mesas totales, informó el Servicio Electoral (Servel) en su sitio web.

Los chilenos votaron para decidir si aprobaban o rechazaban un proyecto de nueva Constitución escrito en su mayoría por partidos de derecha para que reemplazara a la elaborada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-90).

Les invito a que construyamos juntos una nueva etapa para Chile: de crecimiento para todos, justicia social y seguridad ciudadana. La patria necesita de todos y todas. pic.twitter.com/FnmqWHz3nq

El presidente Gabriel Boric afirmó este domingo noche que los dos procesos similares en dos años, ambos fracasados, "polarizaron el país", por lo que "la política ha quedado en deuda con Chile".

El mandatario invitó a "abandonar las trincheras y la imposición de visiones parciales" para atender los problemas prioritarios que apremian a los chilenos y, con una metáfora futbolística, pidió "pelota al piso, humildad y trabajo".

El resultado fue admitido también por el líder del Partido Republicano de extrema derecha, José Antonio Kast: "Una gran mayoría de chilenos ha rechazado la propuesta que nosotros impulsamos del Consejo Constitucional y reconocemos esa derrota", afirmó.

"Mi esperanza es que hoy se cierra una etapa triste de nuestra historia", agregó.

El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI, de orientación pinochetista y del cual se escindió el grupo de dirigentes que formó el Partido Republicano) había coincidido poco antes.

El resultado del plebiscito "es una muestra de un cansancio constitucional que tiene el país, y la responsabilidad que tenemos como partido es ser consecuentes con la ciudadanía", dijo.

"Este tema queda cerrado; los chilenos están hastiados y lo que ha ocurrido hoy es la mejor demostración y el reflejo; nosotros damos por cerrado este tema", agregó Macaya.

Boric, que impulsaba una iniciativa más progresista de carta magna que fuera rechazada en otro plebiscito en 2022, dijo al votar que valoraba el carácter democrático de la consulta cualquiera fuera su resultado.

"Nuestro gobierno seguirá trabajando con las prioridades de la gente, independientemente de lo que suceda hoy", dijo el mandatario en su centro de votación en Santiago y agregó que la consulta "fortalece la democracia más allá del resultado".

El proyecto de nueva Constitución sometido a plebiscito este domingo en Chile era rechazado por la mayoría de los ciudadanos cuando el escrutinio oficial ya había computado los resultados de más de la mitad de las mesas.

El rechazo al texto reunía 55,16% de los votos válidos contra 44,84% de aprobación cuando se había cumplido el conteo de 54,20% de las 39.728 mesas totales, informó el Servicio Electoral (Servel) en su sitio web.

Los chilenos votaron para decidir si aprobaban o rechazaban un proyecto de nueva Constitución escrito en su mayoría por partidos de derecha para que reemplazara a la elaborada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-90).

La tendencia fue reconocida sin demora por Javier Macaya, presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido de orientación pinochetista y uno de los principales responsables de la redacción del proyecto consultado.

El resultado del plebiscito "es una muestra de un cansancio constitucional que tiene el país, y la responsabilidad que tenemos como partido es ser consecuentes con la ciudadanía", dijo.

"Este tema queda cerrado; los chilenos están hastiados y lo que ha ocurrido hoy es la mejor demostración y el reflejo; nosotros damos por cerrado este tema", agregó Macaya.

El presidente Gabriel Boric, que impulsaba una iniciativa más progresista de carta magna que fue rechazado en otro plebiscito en 2022, dijo al votar que valoraba el carácter democrático de la consulta cualquiera fuera su resultado.

"Nuestro gobierno seguirá trabajando con las prioridades de la gente, independientemente de lo que suceda hoy", dijo el mandatario en su centro de votación en Santiago y agregó que la consulta "fortalece la democracia más allá del resultado".

Las mesas de votación cerraron a las 18 (misma hora en la Argentina) y comenzó entonces el conteo de los votos "a viva voz", como es tradición en el país, donde las autoridades de las mesas computan los sufragios uno a uno frente al público y los medios de comunicación.

Más de 15 millones de personas estuvieron habilitadas para sufragar en 3.000 centros de votación en Chile y otras 120.000 en el exterior.

Debido a la obligatoriedad de la votación, se percibieron largas filas en las comisarias para excusarse por estar a más de 200 kilómetros del lugar de sufragio.

Según datos de Carabineros, más de 300.000 personas realizaron la solicitud de manera online, de las cuales más de 200.000 fueron validadas en las comisarías de manera presencial.

El número de solicitudes fue más del doble comparado con el primer proceso constitucional, en el que fueron cerca de 103.000 las excusas registradas.

Otras figuras políticas se acercaron a votar en sus respectivas mesas, incluyendo los expresidentes Michelle Bachelet, Ricardo Lagos y Sebastián Piñera, así como el líder de ultraderecha José Antonio Kast.

Bachelet, que se manifestó "en contra" del borrador de nueva Constitución, afirmó que prefería "algo malo que algo pésimo".

Lagos, que también es de centroizquierda y se opone al nuevo texto, dijo que esperaba "que se cierre la discusión constitucional con un resultado claro" y que Chile salga de la votación "más fuerte, más integrado".

El conservador Piñera, que está a favor, dijo al votar que Chile necesitaba "estabilidad y unidad". "Yo estoy seguro de que una de las dos opciones, y ustedes saben cuál es, cierra mejor el proceso y nos da mejores herramientas y oportunidades para empezar a derrotar a la delincuencia y la violencia que están desatadas en nuestro país", agregó.

Kast, líder del Partido Republicano, responsable de la mayor parte de la redacción del texto, dijo tras votar que esperaba que "sean muchas las personas que emitan su sufragio y que prime la paz, la cordura, la libertad y que gane el sentido común".

Chile se rige por la Constitución de 1980, que tuvo una importante reforma en 2005 durante el gobierno de Lagos pero que fue el centro de los reclamos ciudadanos en el estallido social de octubre de 2019.

Eso derivó en un primer proceso constitucional, redactado en su mayoría por convencionales de izquierda e independientes, que finalmente fue rechazado por 61% de los chilenos en un plebiscito el 4 de septiembre de 2022.

Aquella votación constituyó un gran revés para Boric, uno de los principales impulsores de la fallida reforma.

El presidente de izquierda, en el poder desde marzo de 2022, no expresó su intención de voto sobre el nuevo borrador de Constitución, lo que le valió críticas de la oposición.

La vocera del gobierno, Camila Vallejo, llamó a no "confundir" a la ciudadanía y rechazó que la elección sea una evaluación del gobierno, sino que se vota por aprobar o rechazar este nuevo texto constitucional.

El borrador de carta magna rechazado este domingo contenía 182 páginas, 17 capítulos, 216 artículos y 62 disposiciones transitorias que se redactaron en cinco meses de trabajo.

El texto no estuvo exento de polémica. Los sectores progresistas del país opinaron que significaba un "retroceso" en materia de derechos, principalmente por el riesgo que habría corrido la ley de aborto en tres causales, mientras la derecha lo definió como la "Constitución de la seguridad".

El borrador constitucional contemplaba un retiro del pago de contribuciones a la primera vivienda, la libertad de elección de salud y el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos.

La libre elección en materia de salud habría podido dar rango constitucional a las prestaciones de salud privada de Chile, algo muy criticado por el oficialismo debido a los altos costos del sistema.

Además, el texto consultado proponía reducir la cantidad de diputados de 155 a 138 y establecer que los partidos políticos necesitaran superar un umbral de 5% de los votos para poder entrar en el Congreso.

El gobierno había anticipado que si la iniciativa sometida a referendo era rechazada, no apoyará un tercer intento de sancionar una nueva carta magna.

Con eso coincidió esta noche el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona: "En este período político no hay ni una posibilidad de iniciar un tercer proceso constitucional", sostuvo.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Luego de jornadas de serios incidentes, con movilizaciones en las ciudades de Comodoro Rivadavia, Rawson, Trelew y Puerto Madryn, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, anunció este mediodía la derogación de la ley de zonificación minera y el llamado a un plebiscito, con el objetivo de frenar la reacción popular contra la medida.

Arcioni había promulgado la semana pasada la ley que favorece la megaminería, aprobada por la Legislatura local. Ante el clima de fuerte rechazo social que generó la sanción, el mandatario decidió dar marcha atrás con su aplicación.

Además de la suspensión de la ley, el mandatario provincial incluyó un llamado –en un plazo que sería de 180 días– para convocar a una consulta popular con el fin de que la ciudadanía se exprese a favor o en contra de la normativa.

La semana pasada, la Legislatura autorizó la zonificación minera en dos departamentos de la meseta (Telsen y Gastre) con una ajustada mayoría de 14 votos contra 11, lo que generó una fuerte reacción de los vecinos en toda la provincia con multitudinarias marchas y serios incidentes.

Esa aprobación, criticada por la Universidad Nacional de la Patagonia y por representantes del Conicet, motivó en los últimos días fuertes protestas que provocaron graves daños en la Casa de Gobierno provincial y en otros edificios del centro cívico de Rawson.

La iniciativa oficial que provocó la resistencia popular permitirá la minería metalífera química en algunas zonas de la provincia. Se trata de la reglamentación de la Ley 5.001 que prohíbe la megaminería con uso de cianuro en la jurisdicción, pero que en uno de sus artículos permite que se determinen áreas en las que podría permitirse.

Quienes se oponen al proyecto oficial sostienen que fue hecho casi a la medida de la empresa canadiense Pan American Silver que espera hace 11 años explotar el proyecto Navidad en la meseta, en búsqueda de plata y plomo del yacimiento con un método distinto al cianuro pero no menos nocivo: el xantato.

El xantato y la policriamida son dos de los reactivos rechazados por los vecinos por su potencial contaminante. Al reaccionar con la poliacrilamida, el xantato genera bisulfuro de carbono que es un compuesto del cual se puede obtener ácido sulfúrico. Aunque no existe una normativa que en la Argentina prohíba el uso de esta sustancia, hubo un proyecto en el Senado en 2015 que nunca prosperó.

Tras la derogación de la ley de zonificación minera, el senador chubutense por Juntos por el Cambio, Ignacio Torres, cuestionó el accionar de Arcioni. “No puedo creer que se plantee el veto como haciéndole un favor a los chubutenses. Nos toman el pelo, se creen que comemos vidrio. El que incendió la provincia es Arcioni y ahora se queja del olor a humo”, aseveró “Nacho” Torres.

Y agregó: “Yo nunca vi a alguien tan cínico y una dirigencia política tan mediocre como estamos viendo en mi provincia. Nadie puede imponerle a un pueblo lo que el pueblo no quiere. Y más cuando no tenemos gasas en los hospitales, cuando hace más de cuatro años que no tenemos clases regulares y cuando no nos pueden garantizar ni siquiera la seguridad”.

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