"Sostenemos la legalidad de lo actuado. La habilitación correspondiente la proporcionó la Ley de Presupuesto 2023 votada por los distintos bloques legislativos, incluso de los que hoy están gobernando", afirmó el ex ministro de Trabajo de la provincia, Juan Manuel Pusineri, al conocerse la decisión del gobierno provincial de dejar sin efecto cuatro decretos de la última semana del gobierno de Omar Perotti con pases a planta de agentes.

Son cuatro los decretos conocidos con objeciones a otros tantos decretos de la gestión anterior y que comprende a 191 agentes que -de acuerdo a la actual administración- no deben pasar a planta permanente del Estado santafesino.

Las observaciones apuntan a 24 pases en el ex Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad; 134 del ministerio de Educación; 6 del entonces ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología y 27 en la Empresa Santa Fe Gas y Energías Renovables SAPEM.

Así el decreto 0012 deja de lado 24 designaciones de personal de la Universidad Nacional de Rafaela que cumplían funciones de capacitación sobre el programa Micaela en territorios. "Ese personal no tenía ningún vínculo jurídico previo con el Estado provincial que permita su inclusión en los términos del Decreto 0641/23" se expresa en los fundamentos.

Por el decreto 0013, se dejan sin validez el pase a planta de 134 personas al Ministerio de Educación contenidas en sendos decretos del 6 y 7 de diciembre último. "Ninguno de los agentes incluidos en las normas de referencia ha tomado posesión de los cargos respectivos", dice en parte de los considerandos. Se trata de personas que prestaban servicios en programas del Ministerio de Educación de la Nación en la provincia, la mayoría financiados por el gobierno central en tareas administrativas en Santa Fe.

En el caso del decreto 0022, alcanza a 6 personas provenientes de un acuerdo entre el ex ministerio de Producción y la fundación Potenciar por el cual ésta entidad formaba equipos de asistencia local. El contrato aclaraba que las partes manifestaban que el acuerdo "de manera alguna incorpora al profesional como empleado de la Fundación" por lo tanto no existe vínculo jurídico previo estas personas y la Administración Pública provincial.

Por último, el decreto 0023 contempla el caso 27 personas que cesaron su vínculo como contratados de la Empresa Santa Fe Gas y Energías Renovables Sapem.

Pusineri destacó la validez de las designaciones en las carteras de Igualdad y de Educación. "La habilitación correspondiente la proporcionó la Ley de Presupuesto 2023 votada por los distintos bloques legislativos, incluso de los que hoy están gobernando. Las paritarias se celebraron y ejecutaron en función de ello y en cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal". El ex ministro de Trabajo hizo notar que los decretos no fueron objetados por el Tribunal de Cuentas.

"Los fundamentos expuestos para desvincular a trabajadores no logran superar la base de legalidad sobre la que se asientan los actos administrativos dictados por nuestra gestión. Es más, en sus fundamentos se sostiene que no se trata de la potestad autoanulatoria del Estado con lo que es evidente que no está en juego la legitimidad de aquellos actos, que se ajustan a la normativa y materializan obligaciones contraídas en el marco de la negociación colectiva, que se encuentra inscripta por la O.I.T dentro de los principios fundamentales del trabajo de reconocimiento efectivo para los Estados" le señaló a El Litoral.

En los cuatro decretos actuales firmados por el gobernador Maximiliano Pullaro y los responsables actuales de las áreas: Victoria Tejeda, José Goity, Gustavo Puccini y Lisandro Enrico, se parte del dictamen de la comisión creada por el gobernador el 13 de diciembre para revisar las designaciones de los últimos meses de la gestión de Perotti.

Coinciden los cuatro decretos en que no se dio aún la efectiva toma de posesión de los 191 agentes por lo que "no está perfeccionada la relación de empleo público" y que en varios de ellos falta la firma del ministro de Economía (Walter Agosto).

"Son acuerdos derivados de la paritaria de marzo del año pasado" acotó Pusineri. "Son trámites culminados en diciembre de acuerdos de principios de año" acotó.

Son 5.400 los casos de pases a planta que están siendo analizados bajos los alcances de la comisión creada por Pullaro el 13 de diciembre bajo el decreto 0038/23. Los cuatro decretos conocidos en las últimas horas alcanzan a 191 personas que todavía no habían hecho la respectiva toma de posesión del cargo. En Casa Gris se asegura que la restricción de pases no alcanzará a personal de salud ni en el caso de educación de personal con tareas en aulas o en conducción de establecimientos. Pero también se reveló que se conocerán nuevas revocatorias según el consejo de la Comisión.

Juan Chiummiento El Litoral Según el último reporte oficial, 143.182 personas integran la planta del Estado santafesino. Casi cuarenta años atrás, cuando José María Vernet reemplazó al último interventor de la dictadura, la cifra era menos de la mitad (68.319). En el medio, cada gobernador dispuso modificaciones que fueron marcando una época. De todos, el que más incrementó la cantidad de empleados fue Antonio Bonfatti, quien al finalizar su mandato dejó un 18% más de personal del que había recibido al iniciar su gestión: entre 2011 y 2015, la plantilla de empleados pasó de 117.331 a 138.233, con fuertes saltos en salud, seguridad y educación, categorías que siempre representan casi el 70% de la planta total.

Apenas detrás de Bonfatti quedó el propio Vernet, quien tuvo que recomponer un Estado que la dictadura se había encargado de achicar al máximo posible. Entre diciembre de 1983 e igual período de 1987 hubo una masiva incorporación de empleados públicos, aumentando 16,7% la planta estatal. Los principales rubros que influyeron en ese movimiento fueron la incorporación de más de 4.500 docentes, al tiempo que se multiplicó diez veces el personal designado en el Poder Legislativo. Más allá de esos dos gobernadores, luego se pueden encontrar dos grupos: los que ampliaron la planta en cantidades cercanas a los 10 puntos porcentuales (Reviglio, el primer mandato de Reutemannn y el segundo de Obeid) y los que estuvieron en torno a los 5 puntos porcentuales (el primero del “turco”, el segundo del ex piloto, Binner y Lifschitz). La primera gestión de Reutemann presenta una característica que lo distingue del resto: mientras que el personal del escalafón general prácticamente no se movió, hubo incorporaciones masivas en educación (en línea con las reformas impuestas por el menemismo) y fuertes recortes en salud. Entre 1991 y 1995 se incorporaron más de 10.000 docentes al sistema educativo, en tanto que la planta sanitaria perdió unos 500 profesionales.

El gobierno que continuó, que marcó la llegada de Jorge Obeid, fue más bien austero: apenas incorporó 737 personas a la planta estatal. Cuando el “turco” volvió a la Casa Gris, la cosa fue diferente: la plantilla creció más de un 10%, empujada por la incorporación de 4.000 personas dentro del escalafón general y la incorporación de casi 1.000 empleados de Aguas.

Como se citó previamente, el gobierno que más incrementó la plantilla fue el del socialista Antonio Bonfatti, que incorporó más de 20.000 empleados. Si bien hubo incrementos en casi todas las categorías, hubo dos donde particularmente se puso énfasis: educación y seguridad. Dentro del primer grupo, se formalizó la creación de 7.000 cargos docentes. Respecto al segundo, se da una particularidad: al tiempo que fue el período en el que se dispararon los índices de homicidios, fueron los años donde mayor cantidad de policías se incorporaron al sistema de seguridad (más de 5.000). Entre 2011 y 2015 también hubo un fuerte incremento del personal dentro del denominado escalafón general (unos 5.000), así como también en la planta del sistema de salud, donde se sumaron unos 1.500 profesionales. Ya que nos referimos al sistema sanitario, hay que decir que las cifras reflejan a las claras la preponderancia que el socialismo le puso al área. Al tiempo que hubo mucha inversión en hospitales y centros de salud, entre 2007 y 2019 se sumaron unos 300 profesionales por año, cifra cuatro veces superior al promedio de los 24 años donde gobernó el justicialismo.