El Ministerio de Capital Humano y la empresa Rappi suscribieron un convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer la empleabilidad y promover la inclusión social, enfocado en los beneficiarios de los programas nacionales de empleo implementados por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

El convenio fue firmado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el gerente general de Rappi, Franco Lena; y el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero.

Tras la firma, la ministra Pettovello agradeció la confianza de las autoridades de la empresa y afirmó: “No podemos seguir hablando del mundo del trabajo de hace 80 años, donde alguien trabajaba en el mismo lugar durante 40 años. Ese mundo ya no existe”, y agregó: “Nosotros vinimos a cambiar el statu quo. No tenemos miedo y, por eso, podemos hacerlo.”

Este convenio tiene como objetivo establecer canales de colaboración y cooperación entre las partes para desarrollar acciones conjuntas orientadas a generar oportunidades de inclusión social y laboral, dirigidas a personas desempleadas, proporcionándoles habilidades y competencias demandadas en el mercado laboral.

Por parte de Rappi, Lena también expresó su agradecimiento, señalando: “Es la primera vez que un gobierno firma un convenio de estas características con nosotros” y destacó que “desde Rappi sabemos que cada vez que alguien se suma a trabajar con nosotros, con sólo una bicicleta y un celular, es una persona que sale de la pobreza.”

Finalmente, Cordero expresó su satisfacción, destacando que “más de 650,000 beneficiarios del programa Volver al Trabajo se inscribieron voluntariamente en el Portal Empleo, y este tipo de convenios son fundamentales para su inserción en el mundo laboral.”

Estuvieron presentes también la subsecretaria de Empleo y Formación Laboral, Eugenia Cortona; y, por parte de Rappi, el vicepresidente de Asuntos Corporativos, Martín Martorell; la directora de Operaciones para el Cono Sur, Micaela Moidownick; la directora de comunicación, PR y sostenibilidad para Cono Sur, Analía Ferreiro; y el director de Relaciones Gubernamentales para Cono Sur, Gabriel Buenos.

El 26,6% de la población nacional (12,2 millones) son niñas, niños y adolescentes; el 58,5% vive en hogares pobres y el 18,9 en la indigencia. Con estos datos, que describen un escenario complejo, arrancó su presentación Marisa Graham, Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, ante la comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, que preside la radical Roxana Reyes (Santa Cruz). Fue su primera exposición en el Congreso nacional luego de la asunción del gobierno de Javier Milei.

Junto con el defensor adjunto Facundo Hernández, trazó una radiografía de la situación de ese amplio sector social, con foco en temas centrales como las asignaciones, la alimentación y la salud. Y ofreció cifras pero también interpretaciones de esas cifras que permiten reevaluar y recalibrar algunos anuncios oficiales.

Vamos por partes: "Hay 9.602.428 personas que reciben asignaciones", fue el dato que recuperó en la presentación y corroboró luego en diálogo con Sur24 cuando volvió a destacar como positiva la decisión de duplicar el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH), de las asignaciones familiares y de la Tarjeta Alimentar. Aunque, como se verá, es una novedad que ofrece matices.

"Si bien esos incrementos en diciembre fueron importantes porque aumentaron el poder adquisitivo de las prestaciones, tuvieron una caída por inflación de enero, febrero y marzo. Ahí volvió a levantar un poco, porque en marzo había una adecuación trimestral por movilidad, pero no alcanza los niveles de diciembre: siempre van a la baja, producto del aumento de los precios".

El cálculo es el siguiente: "Los niños de hasta los 2 años de edad, si reciben la AUH más la Tarjeta Alimentar más el Plan de los 1000 días que también aumenta en mayo (pasa a casi 20 mil pesos), cubren el 73,2 % de la Canasta Básica Total. Pero los de 3 a 5 años, cubren el 50 %, y entre los 6 y 14, el 37,7 %".

¿Por qué se hace un corte a los 14 años? Porque hasta esa edad las familias reciben la Tarjeta Alimentar, "mientras que para chicos de 15, 16 y 17, que no la reciben, lo que se cubre de la CBT en un 16,9 %".

Por otro lado, la Defensoría viene planteando desde su creación que no es el 100 % de la Tarjeta Alimentar lo que se cobra, sino el 80, "porque el resto se retiene y se entrega acumulado cuando el padre o la madre (en general son madres) presentan las condicionalidades de Educación y Salud". Entonces, por mes no se reciben los 52.554 pesos (que sería el monto con aumento más ajuste trimestral) sino 42.000. Y, además, ese 20 % acumulado de 12 meses tampoco se entrega actualizado "por lo que al día de hoy significaría 10.511 pesos".

En otras asignaciones como el salario familiar, en el tramo 1 de trabajadoras y trabajadores registrados, se cobran 26.277 pesos, poco más de la mitad de la AUH. "Eso desprestigia el sistema de seguridad social para niñas, niños y adolescentes que, vale aclarar, no es un programa ni un plan, sino que surge del art. 26 de la Convención de los Derechos del Niño".

En el caso de las becas Progresar, "un excelente plan que esperamos que no se discontinúe", tuvieron muy buenos resultados para chicos y chicas de 16 y 17 años". En este punto aclara que antes existía a partir de los 18 y "por una incidencia importante de la Defensoría, el ex ministro (Jaime) Perczyk tomó nuestra solicitud de bajar el piso porque en esas edades tenemos el mayor desgranamiento". De esta manera, "los chicos que están en el Progresar mejoran un poco su condición, pero quedan aquellos de 15 años que no reciben ni esta beca ni la Tarjeta Alimentar, y son los más desprotegidos: es en esa franja donde siempre ponemos una mirada más punitiva que de protección de sus derechos".

A todo esto se suma un problema acuciante: el de comedores comunitarios y merenderos en los que se interrumpió la entrega de alimentos secos. "Hicimos un relevamiento de 223 comedores para establecer los que dejaron de recibir alimentos secos a principios de año. Mandamos pedidos de informes y tuvimos reuniones; sí se mantuvo la entrega de transferencias en aquellos que reciben fondos a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), pero no los que reciben alimentos secos en forma directa. Ese es un problema grave, porque muchos comedores o merenderos cerraron, pero colapsaron al que está a diez cuadras, una situación que observamos en forma directa y que trabajamos en conjunto con defensores provinciales, organizaciones sociales, curas villeros".

"La respuesta que tuvimos fue que hubo un cambio en la modalidad de prestación. Como Defensoría, no hacemos una crítica a la nueva modalidad, que no conocemos; pero pedimos que en esta y otras políticas, mientras se cambian las formas, no se interrumpa la prestación".

El tema derivó en distintas actuaciones, incluida una medida cautelar. Y hasta el viernes, cuando se hizo esta entrevista, el servicio no se había restituido.

Otro de los temas que preocupa a la Defensoría es el de seguridad alimentaria y el acceso económico a productos saludables, nutritivos y seguros. "Logramos que se cumpla con la Ley de Etiquetado Frontal. El tema que estamos trabajando con la Sociedad Argentina de Pediatría y el Ministerio de Salud (esperemos continuar con esta gestión) es el de los entornos escolares: en los kioscos y cantinas de establecimientos públicos y privados se venden bebidas azucaradas y alimentos que no cumplen con esos requisitos".

Pero las asignaciones y la alimentación de niños, niñas y adolescentes no son los únicos temas que preocupan a la Defensoría. En materia de salud, se tiene que el 35,6 % de toda la población utiliza el sistema público, pero en población infantil esa cifra aumenta al 44,9 %. "La preocupación es que, con mucha gente que migra de la salud privada, el sistema público se colapsa".

A esto se suma la baja en la tasa de vacunación que, en la población infantil, "está por debajo de los niveles óptimos históricos del país". Ese nivel óptimo es el que impide que regresen enfermedades endémicas y fueron erradicadas, como el sarampión.

Pero hay otro tema "gravísimo" y es la falta de pediatras, que "no es decisión de ninguno de los tres poderes del Estado, pero es un problema grave que se repite en todo el país". En este tema se trabaja en conjunto con la Sociedad Argentina de Pediatría y Educación: "La carrera con la especialidad es larguísima, entre 10 y 12 años, y el pediatra, como el médico clínico, está muy mal pago".

"Tenemos que incentivar a las y los estudiantes para que elijan esta especialidad y para eso la única opción es reducir las residencias en Pediatría porque es un tema que se va a ver con el tiempo y es complicado".

La discontinuidad del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Enia), plantea un desafío prioritario en la agenda de la Defensoría y de numerosos organismos que se pronunciaron al respecto en los últimos días. "Desde su creación en 2017 este programa logró que bajara la tasa de embarazo adolescente e infantil donde, claramente, hay víctimas de un abuso. De 2019 a 2022, esa tasa descendió en un 52 % en adolescentes y un 61 % en niñas".

En este punto, Graham advirtió que "un buen plan que funciona y presenta buenos resultados, tiene que continuar; mejorado, aggiornado, pero no tiene que ser desarticulado". Y va más allá: "Hay que despojarse de los prejuicios porque el Enia logró un cambio cultural, de manera que las chicas se cuidan más porque tienen más información, y los varones tomaron conciencia de que también se tienen que cuidar".

"Todos los programas que Nación interrumpe o en los que desvincula personal impactan en las provincias", aclara la defensora. Esto es así porque "no hay niño que nazca o viva en la Nación: todos están en una jurisdicción".

El dato es oportuno porque también hubo desvinculaciones en el plan de 1000 Días y cambios en la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) que derivaron en interrupción de tratamientos, por ejemplo, oncológicos.

La recomendación general de Graham, para este y todos los temas de incumbencia de la Defensoría, es que "los intereses de niñas, niños y adolescentes tienen que estar en el centro de todas las políticas".

El Gobierno a través de la resolución 111/2024, publicada este jueves en el Boletín Oficial, oficializó el aumento de los montos de la Prestación Alimentar, un beneficio clave para las familias en situación de vulnerabilidad.

En un esfuerzo por mejorar la asistencia social a las familias en situación de vulnerabilidad, el gobierno ha ajustado los montos de la Prestación Alimentar. Esta prestación es un beneficio dinerario destinado a familias con hijos de 0 a 14 años que reciben la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, la Asignación por Embarazo o la Pensión para madre de siete o más hijos.

A partir de la liquidación de mayo de 2024, los nuevos montos de la Prestación Alimentar serán los siguientes:

Familias con un hijo de 0 a 14 años que perciban la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo o la Pensión para madre de siete o más hijos verán un aumento de $44,000 a $48,125.

Familias con dos hijos de 0 a 14 años que perciban la Asignación Universal por Hijo o la Pensión para madre de siete o más hijos verán un aumento de $69,000 a $75,468.

Familias con tres hijos o más de 0 a 14 años que perciban la Asignación Universal por Hijo o la Pensión para madre de siete o más hijos verán un aumento de $91,000 a $99,531.

Estos ajustes tienen como objetivo compensar el aumento del costo de vida y reforzar el poder adquisitivo de las familias vulnerables en un contexto de inflación creciente.

El gobierno también fortaleció las políticas de seguridad alimentaria en el país a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, parte del Ministerio de Capital Humano. Esta secretaría se encargará de diseñar e implementar políticas sociales de seguridad alimentaria dirigidas a la población en situación de vulnerabilidad social.

Asimismo, se prorrogó la emergencia alimentaria nacional hasta el 31 de diciembre de 2025, lo que permitirá continuar con programas cruciales como el Plan Nacional "Argentina Contra el Hambre", que busca garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de todas las familias argentinas, con especial atención a los sectores de mayor vulnerabilidad económica y social.

Resolución 111/2024 by El Litoral

En medio de una serie de reformas y replanteamientos de políticas sociales, el gobierno actual bajo la administración de Javier Milei propuso la posible inclusión en los nuevos planes sociales de una cláusula que permitiría la baja inmediata de los beneficiarios en caso de participación en actos de violencia o disturbios públicos, tales como cortes de ruta o manifestaciones violentas.

El borrador de esta normativa, que se encuentra bajo el expediente “EX-2024-23928359”, ha generado debate y controversia desde que se filtró a la prensa. Según el artículo 16 de los requisitos de uno de los programas que reemplazarán al Potenciar Trabajo, conocido como "Volver al Trabajo", se establece que aquellos beneficiarios que incurran en actos de violencia que alteren el orden público podrían ser dados de baja de manera inmediata del programa.

El documento, fechado el 11 de marzo pasado, identificado como "Referencia: EX-2024-23928359- -APN-SSGA#MCH - ANEXO I - LINEAMIENTOS GENERALES Y OPERATIVOS DEL PROGRAMA VOLVER AL TRABAJO", estaba a punto de ser firmado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Trabajo Omar Yasín. Sin embargo, la reciente salida de Yasín del gobierno ha detenido temporalmente el proceso, a la espera de la opinión de su reemplazante, el abogado Julio Cordero, quien podría introducir modificaciones al texto original.

La propuesta ha sido justificada como una medida para promover el orden público y desincentivar la participación en actos de violencia por parte de los beneficiarios de los programas sociales. Según funcionarios del Ministerio de Capital Humano, esta disposición estaría en línea con los dichos de la ministra Pettovello y de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quienes previamente habían expresado su apoyo a medidas que desincentiven los piquetes y manifestaciones violentas.

La discusión en torno a esta medida se intensifica en un contexto de reestructuración de programas sociales en Argentina. El Potenciar Trabajo, que será dividido en dos programas especializados, "Volver al Trabajo" y "Programa de Acompañamiento Social", ha sido objeto de críticas por su presunta ineficacia en la inserción laboral de los beneficiarios.

El "Programa Volver al Trabajo" estará dirigido a la población de 18 a 49 años, con el objetivo de fortalecer habilidades laborales y mejorar la empleabilidad para incorporar a estos individuos al mercado de trabajo formal. Por su parte, el "Programa de Acompañamiento Social" se enfocará en mayores de 50 años y madres de cuatro o más hijos, con el propósito de brindar apoyo integral para su inclusión social.

Sin embargo, la propuesta de incluir la baja inmediata por actos de violencia en los nuevos planes sociales ha generado preocupación entre diversos sectores de la sociedad y organismos de derechos humanos. Algunos críticos argumentan que esta medida podría vulnerar derechos fundamentales, como el derecho a la protesta y la libertad de expresión, al condicionar la asistencia social a la abstención de actividades de protesta legítima.

Por otro lado, el gobierno sostiene que la medida busca garantizar el uso adecuado de los recursos públicos y promover la inserción laboral a través de conductas socialmente responsables por parte de los beneficiarios de los programas sociales. Se espera que en los próximos días se aclaren más detalles sobre esta propuesta y se abra un espacio para el debate público al respecto.

Mientras tanto, la discusión sobre el futuro de los programas sociales en Argentina continúa, con miras a encontrar un equilibrio entre la asistencia social y la promoción del empleo formal, así como el respeto a los derechos individuales y la estabilidad del orden público.

El Gobierno oficializará en los próximos días la quita de los intermediarios de los planes sociales con la disolución de las Unidades de Gestión, que, según fuentes oficiales, implicaban al Estado un desembolso de alrededor de 34 millones de dólares al año, mientras que además cerrará 59 Centros de Referencia (CDR).

Las unidades se encargaban hasta ahora de controlar que los beneficiarios de la ayuda estatal cumplieran con las contraprestaciones necesarias para recibir el plan.

Esto se dispuso luego de que la gestión de Javier Milei definiera la eliminación del Potenciar Trabajo, que será reemplazado por dos nuevos programas sociales, también con el objetivo central de eliminar la intermediación, mediante el Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello.

La decisión sobre la desarticulación del Potenciar Trabajo y sus consecuencias en las unidades de gestión, se sumó a los reclamos previos que mantienen a los movimientos sociales en estado de alerta.

Las organizaciones podría definir mañana una serie de protestas para reclamar por la falta de alimentos en los comedores, pero también por los cambios en los planes.

En la decisión del Poder Ejecutivo de disolver los Potenciar Trabajo, las principales críticas del oficialismo estuvieron orientadas hacia las unidades, que son más de 300 en todo el país y dependían de movimientos sociales, organizaciones, cooperativas y municipios.

Las Unidades de Gestión, encargadas de coordinar y administrar las prestaciones y proyectos del programa, se han transformado en lo que algunos denominan "gerentes de la pobreza", controlando a los beneficiarios a través de mecanismos de presentismo y gestión burocrática que, "lejos de potenciar la autonomía y el crecimiento personal, han favorecido la intermediación y la perpetuación de la dependencia", sostienen en el Ministerio que encabeza Sandra Pettovello.

Además, Capital Humano informó que cerrará 59 Centros de Referencia (CDR) que "funcionan como cajas de la política y refugios de ñoquis del Estado" y destacó que con la medida se ahorrará 5.000 millones de pesos anuales.

"Se despedirá a más de 600 empleados públicos que cobraban un total de 4 mil millones de pesos por año. El cierre de los 59 locales implica un ahorro en el gasto de 88 millones de pesos anuales en alquiler. Se darán de baja 50 autos eliminando así un gasto de más de 20 millones de pesos por año. También se darán de baja 42 celulares", detalló la cartera en un comunicado.

Al respecto, se indicó que "los Centros reciben muy pocas consultas por día, en la mayoría de los casos no resuelven el trámite y solo derivan a la gente a otro organismo". "Son la imagen más clara de la burocracia del Estado", se agregó.

"Los trámites serán digitales para ahorrar gasto público, modernizar y ser más eficientes. También habrá una línea (0800-222-3294) donde quienes lo necesiten puedan comunicarse y realizar sus trámites en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia", se indicó.

El Ministerio de Capital Humano decidió reemplazar el Plan Potenciar Trabajo por dos nuevos programas, tras haber detectado "ineficiencias" en su funcionamiento, y creará el "Programa Volver al Trabajo" y el "Programa de Acompañamiento Social".

El monto de compensación para el trabajador será el mismo que el Potenciar Trabajo, $78.000, y el programa comenzará a funcionar en breve, según trascendió.

Con el primero, el propósito es "promover la capacitación y fortalecer el sistema formal de trabajo de quienes se desempeñan en el ámbito de la Economía Popular".

Se orienta a la población de 18 a 49 años y apunta a fortalecer las habilidades laborales y mejorar la empleabilidad, con el fin último de incorporar a estos individuos en el mercado de trabajo formal", se indicó en un comunicado.

En tanto que el segundo estará centrado en los mayores de 50 años y en las madres de cuatro o más hijos, dos grupos con desafíos particulares en términos de inclusión y que requieren de un apoyo más integral, es decir destinado a los "hogares con un alto grado de exclusión y vulnerabilidad social", según señaló la cartera que conduce Sandra Pettovello.

La novedad del "Volver al Trabajo" es que permite a los beneficiarios compatibilizar la asistencia recibida con ingresos de hasta tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), es decir ingresos mensuales de hasta $540.000 para aquellos que están formalmente empleados. El Potenciar Trabajo limitaba esta compatibilidad a un solo SMVM, "desincentivando, en la práctica, la búsqueda de trabajo formal", se indicó.

Los registros de Capital Humano arrojaron que, de un total de 1.400.000 participantes del Potenciar, "apenas el 1,3% consiguió transitar hacia un empleo formal, un porcentaje que pone de manifiesto una marcada ineficacia en el cumplimiento de los objetivos de empleabilidad del programa".

Los beneficiarios de los dos nuevos programas accederán a la ayuda de manera directa y sin la necesidad de realizar trámites adicionales. La segmentación en cada plan se realizará mediante una resolución que determinará la población objetivo de cada programa basándose en criterios de empleabilidad.

Para evitar la intermediación, Capital Humano tomó medidas como que "los beneficios económicos se asignarán y distribuirán directamente a los beneficiarios, lo cual asegura que los recursos lleguen efectivamente a sus destinatarios sin posibilidad de manejo discrecional".

Asimismo, se dispuso la eliminación de planillas de asistencia. El Gobierno suprimió la obligatoriedad de la presencialidad para las Unidades de Gestión, disminuyendo así su influencia y la posibilidad de control sobre los beneficiarios.

La cartera de Pettovello sostuvo que "esta intermediación no solo ha sido ineficaz para promover la integración socio-laboral de los beneficiarios en el mercado de trabajo formal, sino que también ha generado un circuito cerrado de gestión y control que ha beneficiado a las organizaciones sociales encargadas de la administración del programa, a quienes solo en 2023 se les transfirió la suma de u$s34 millones".

Según la información oficial, la estabilidad en el número de beneficiarios demuestra la incapacidad del programa para generar verdaderas oportunidades de desarrollo y salida hacia el empleo formal.

En ese aspecto, se indica que las únicas bajas registradas responden a situaciones de incompatibilidad, fallecimiento, jubilación o superación de la edad límite, evidenciando una falta de progresión real y sostenida hacia la integración socio- económica de los participantes.

El gobierno de Javier Milei aseguró este martes que está en marcha el proceso para suspender el pago de 160.000 planes sociales, que debían ser percibidos por beneficiarios de extrema vulnerabilidad social, pero que eran cobrados por gente que viajó al exterior. La medida implicará un ahorro de unos 12 mil millones de pesos mensuales.

Durante la habitual conferencia de prensa realizada en la Casa Rosada, el vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó que “en cualquier momento la baja se hará efectivo”, y explicó que los plazos son los que esperaban “para un proceso de tamaña envergadura”.

Los dichos de Adorni se dan luego de las demoras en frenar esas irregularidades. Es que a fines de octubre del año pasado, el titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS), Guillermo Marijuan, a través de una investigación preliminar, detectó que 159.919 beneficiarios del plan Potenciar Trabajo -el más vasto en dinero y en cantidad de personas que distribuye el Gobierno- viajaron al exterior, tanto en autos, como en aviones, yates y cruceros. “Esta circunstancia es palmariamente incompatible con el requisito de alta vulnerabilidad económica exigida por el citado Programa”, advirtió esa investigación.

Sin embargo, durante tres meses consecutivos (dos de ellos bajo la administración de Alberto Fernández) el Gobierno nacional siguió pagando esos fondos.

Tras un entrecruzamientos entre la base de datos del entonces Ministerio de Desarrollo Social y Migraciones, se pudo confirmar que salieron del país beneficiarios de ese plan social: 817 personas que viajaron en cruceros, 29.076 en avión, 83.974 en embarcaciones, 199.977 en ómnibus, 349.835 de forma particular por auto, y los restantes 149.227 con medio de transporte que no se especificaron. Vía aérea, 20.832 beneficiarios de planes viajaron desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, 6.595 desde el Aeroparque Jorge Newbery y los restantes 1.649 desde otros aeropuertos nacionales.

Toda esa pormenorizada investigación que se difundió hace más de dos meses y que involucra a 1 de cada 10 subsidios, no había tenido hasta ahora ningún resultado.

Los nombres de los beneficiarios estaban en bases de datos que las tenían en soporte magnético tanto el juzgado federal N° 11, a cargo de manera interina de Marcelo Martínez De Giorgi, como la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social de Marijuan, y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS). Ellos tienen el resultado del entrecruzamiento de los beneficiarios del Potenciar Trabajo con Migraciones.

Por cada plan se pagan 66 mil pesos por mes, lo que en total son 10.554.654.000 mensuales. “Al multiplicar este monto por todos los meses transcurridos desde, al menos, principios del año 2020 estamos hablando de una suma multimillonaria que habría perjudicado a las ya debilitadas arcas de la Nación”, indicó la investigación del fiscal Marijuan.

¿Ahora, por qué ocurrieron semejantes irregularidades? En la pesquisa que se difundió en octubre, el titular de la UFISeS no se anduvo con rodeos: “La falta de control de las personas que ingresan a este Programa como la ausencia de cualquier tipo de monitoreo sobre las que se encuentran inscriptas, demuestra una desprecio absoluto por parte de los funcionarios públicos que manejan esta cartera tan importante del Estado Nacional. Esta responsabilidad no solo recae sobre lo acontecido, pues en la medida en que no cesen estas conductas ilícitas, se continuarán pagando beneficios que no corresponden”, estimó.

“Este plan asistencial no resulta compatible y en consecuencia no puede ser percibido por aquellos individuos que se encuentran en condiciones económicas de realizar viajes al exterior del país. Se entiende que quienes viajaron, al menos en forma recurrente y a través de medios de transporte onerosos como resultan ser aviones y cruceros, no precisarían de ninguna contención estatal”, agregó Marijuan, con estricto sentido común.

El Potenciar Trabajo fue ideado por el Gobierno de Mauricio Macri y, llegados Alberto Fernández y Cristina Kirchner a la Casa Rosada, se convirtió en la “nave insignia” de la política de asistencia del cuarto gobierno kirchnerista. Emilio Pérsico, como secretario de Economía Social, y a la vez jefe indiscutido del Movimiento Evita, estuvo durante cuatro años de los dos lados del mostrador. Era el responsable de otorgar los planes y “conducía” una militancia que se “solapó” con los beneficiarios de los subsidios.

Culminados los gobiernos de Mauricio Macri y del dúo Fernández-Kirchner, los programas Potenciar Trabajar alcanzaron a más de 1.500.000 beneficiarios. En ese océano inmenso de necesitados y familias carecientes, la unidad fiscal de Marijuan detectó los 160 mil “planeros” en condiciones económicas de viajar en auto, en micros y hasta en avión y cruceros. Es una proporción del orden de 1 a 10.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunció este lunes que "todos aquellos que hayan promovido, instigado, organizado o participado" de cortes de calles "perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano" y los planes sociales.

"Los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle. Ya lo dijo el Presidente (Javier Milei): el que corta no cobra", indicó Pettovello en un mensaje difundido en las redes sociales de su Ministerio.

La ministra también anunció que el Gobierno comenzará "a auditar a todas las organizaciones que entreguen planes sociales", por lo que que se iniciará "un proceso para la eliminación de la intermediación" y que se eliminarán los "certificados de presencialidad que dan las organizaciones sociales".

"Por otra parte queremos darle tranquilidad a los beneficiarios de los planes. Deben saber que nadie puede obligarlos a ir a una marcha con la amenaza de dar de baja el plan. Por esa razón, suspenderemos el control de los certificados de presencialidad que dan las organizaciones sociales" a los manifestantes, explicó.

En su breve anuncio, Pettovello también se refirió a la movilización que el próximo miércoles realizarán en Plaza de Mayo las organizaciones de izquierda nucleadas en la Unidad Piquetera (UP) como respuesta a "los anuncios" de la semana pasada del ministro de Economía, Luis Caputo.

Dijo que "si bien es un derecho manifestarse, también lo es respetar el derecho de las personas a circular libremente para dirigirse a su trabajo".

"Para los próximos días, organizaciones piqueteras han convocado a una marcha de protesta. Queremos puntualizar que si bien es un derecho manifestarse, también lo es respetar el derecho de las personas a circular libremente para dirigirse a su trabajo", señaló.

Para la ministra, la "preocupación" del Gobierno son "las madres que concurren con sus hijos a las marchas, es innecesario exponerlos al calor y a la violencia de las manifestaciones".

"Esta situación en la nueva Argentina tiene que terminar. Para ser bien claros, los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y cortan la calle. Ya lo dijo el presidente, el que corta no cobra ", advirtió.

Pettovello remarcó que "la misión de Milei y todo el Gobierno es defender a las madres, niños y familias que necesitan asistencia en estos momentos difíciles" que atraviesa el país.

"Tengan la tranquilidad de que vamos a acompañar en esta difícil situación que nos dejó el Gobierno que se acaba de ir", añadió.

En ese sentido, la funcionaria destacó la decisión del Gobierno de "duplicar la AUH y aumentar un 50% la tarjeta alimentar".

"Estamos trabajando para que todos los ciudadanos podamos recuperar la dignidad del trabajo, la autonomía y la libertad", sostuvo.

El Gobierno Nacional oficializó el Programa de Inclusión Laboral que impulsará a los beneficiarios a ser insertados en el mercado laboral a la par que recibirán ayuda estatal. A través de la publicación del Decreto 565/2023 en el Boletín Oficial, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social pasará a estar a cargo del programa de capacitación laboral que buscará que las personas que se desempeñen en el ámbito de la Economía Popular sean incluidos en el sistema formal de trabajo.

Los ciudadanos que se encuentren inscriptos en calidad de titular en el Programa Nacional de Inclusión Socio-productiva y Desarrollo Social - Potenciar Trabajo que fue creado en 2020 por el Ministerio de Desarrollo Social también pasarán a estar enlistados en el Programa de Inclusión Laboral.

Según el 3° artículo del decreto, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Desarrollo Social deberán promover en conjunto políticas y programas de capacitación profesional, formación laboral, certificación de competencias y fortalecimiento del trabajo autogestivo.

En el mismo sentido, tendrán que desarrollar actividades socio-productivas, socio-laborales o socio-comunitarias que serán auditadas por la Unidad Productiva que se creará con el fin de garantizar su cumplimiento. Además, estarán encargados de la transferencia de créditos presupuestarios, bienes y dotación de personal que sean necesarios para que el programa sea implementado.

La medida fue adelantada el martes pasado por el ministro de Economía después de que manifestara: “Queremos que las personas beneficiarias de programas sociales, pasen a ser beneficiarias de programas de inclusión laboral. De esta forma, el candidato presidencial anticipó que “van a tener capacitación laboral obligatoria, inscripción en las bolsas de empleo de cada ciudad y de cada una bolsa de empleo”.

Por otro lado, el titular de la cartera económica señaló que el programa se consolidará junto a otra medida nombrada como “Puente al Empleo”, el cual buscará que la persona que cobre un plan social pueda trabajar en una empresa en simultáneo. En cuanto a este proyecto, Massa explicó que el beneficiario “va a mantener el beneficio durante un año y el empleador que lo tome, va a tener que completar el salario de convenio”, en referencia a los beneficios que obtendrían ambas partes.

En el caso de los empleadores que contraten a titulares de programas de desarrollo social no deberán pagar cargas sociales durante los primeros dos años de trabajo de la persona en la empresa. Además, aquellos que hayan contratado antes de la oficialización de las medidas también gozarán de una extensión no pagar contribuciones hasta que se cumpla el plazo de los 24 meses.

“Es importante que generemos beneficios impositivos, eliminación de restricciones y garantía de oportunidades para que la Argentina del trabajo sea una realidad”, destacó el funcionario público en referencia a que políticas públicas contribuirán a que se garanticen los derechos plasmados en el artículo 14 y 14 bis de la Constitución Nacional, en donde se enfatiza que todos los ciudadanos tienen derecho a trabajar en condiciones dignas y equitativas de labor, ser protegidos por la ley, gozar de un salario mínimo, vital y móvil, contar con descanso y vacaciones pagas, entre otras.

En paralelo, Massa señaló que también se buscará integrar en el mercado laboral a las personas con discapacidad, con el mismo objetivo de que puedan acceder a los derechos mencionados anteriormente. Por esta razón, quedará abolida la restricción de que puedan acceder a un trabajo sin perder la pensión que reciben por ley.

“Un derecho protectivo que el Estado había diseñado, funciona como un límite para el desarrollo de las personas con discapacidad. Tomamos la decisión de eliminar esa barrera, que de alguna manera representa el límite entre la pensión y el trabajo”, argumentó el ministro al indicar que se había tratado de una “absurda contradicción” y que sería un paso hacia “un Estado que trabaje en el diseño de ciudades inclusivas”.

El ministro de Economía, Sergio Massa, solicitó a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, “tenga a bien proceder a la suspensión, en el marco de la normativa vigente, del beneficio social asignado a las personas que hayan sido imputadas en las diferentes causas por la comisión de los delitos descriptos”, en referencia a lo que refiere como “robos en poblado y en banda ocurridos la semana próxima pasada”.

Lo hizo a través de una notificación con fecha del viernes y fue publicada este sábado en el Boletín Oficial.

La instrucción es complementaria al otorgamiento, también dispuesto por el ministro, de un “aporte no reembolsable” de siete millones de pesos a los comerciantes que fueron “víctimas de los robos en poblado y en banda ocurridos la semana pasada”.

Tolosa Paz, a su vez, ya solicitó al Ministerio del Interior, a cargo de Aníbal Fernández, que le informe “el listado completo de las personas que han sido, y se encuentran, detenidas en virtud de su probable participación en los distintos hechos -ocurridos en el país y de público conocimiento, vulgarmente denominados “saqueos” y que podrían configurar eventuales infracciones –entre otros- a los tipos penales previstos en los arts. 167 inc. 2 (Robo calificado por ser cometido en poblado y en banda); 166 inc. 2 (Robo calificado por ser cometido con armas, o en despoblado y en banda); art. 163 inc. 2 ( Hurto calificado por ser cometido en ocasión […] o conmoción pública o de un infortunio particular del damnificado); Art. 209 (Instigación a cometer delitos)”.

El sábado se definió la entrega de 7 millones de pesos a comerciantes y empresas que se vieron afectados por los saqueos y hechos de violencia ante los locales durante la última semana.

Se trata de una respuesta desde el gobierno nacional ante la compleja situación que atravesaron casi todas las provincias del país en diferentes jornadas.

El monto fue otorgado por el Ministerio de Economía de la Nación, por medio de una nota presentada por su titular Sergio Massa a la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz.

En el documento se indica: “Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de hacerle saber que he dispuesto el otorgamiento de un aporte no reintegrable de siete millones de pesos a los comerciantes que resultaran víctimas de los robos en poblado y en banda ocurridos la semana próxima pasada”.

En septiembre, los jubilados y pensionados recibirán un aumento establecido por la Ley de Movilidad Jubilatoria. Cabe destacar que esta suba se aplicará a otros planes de la ANSES, como la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Por otro lado, tras el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), los jubilados pueden acceder a dos bonos extra. Los pagos se realizan de acuerdo con un calendario organizado por la terminación del número de DNI de los titulares.

Este aumento se determina según la fórmula establecida por la Ley de Movilidad Jubilatoria, que tiene en cuenta diversos indicadores económicos y salariales para garantizar una actualización justa y equitativa de los haberes.

Prestaciones generales

Otras prestaciones sociales y complementos:

Para los beneficiarios de AUH, este aumento también los afectará, ya que, del mismo modo que las prestaciones mencionadas, los siguientes grupos verán un incremento en sus ingresos para hacer frente a las necesidades de sus familias:

Aumentos

Por su parte, las jubilaciones y pensiones del régimen general contributivo y a las prestaciones no contributivas, el índice de recomposición que se aplicará en el noveno mes del año se conocerá durante este mes, luego de que el INDEC difunda su informe de salarios.

El porcentaje de este incremento, se conocerá a partir de la aplicación de la fórmula de movilidad de la ley 27.609, aprobada por el Congreso en diciembre de 2020. Sin embargo se estima que el incremento rondaría en un 23,32%, ya que se establece cuatro incrementos anuales (marzo, junio, septiembre y diciembre)

Por otro lado, Facundo Budassi, de CEPA, manifestó que con un aumento de alrededor del 23,32%, la jubilación mínima podría llegar a los $87.480 en septiembre, mientras que la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE) y Asignaciones Familiares recibirían $17.080.

Un informe revela que 253.184 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo no deberían recibir el cobro mensual de $27.275 -a valor noviembre- por las cuatro horas de labor que se supone realizan. Las incompatibilidades detectadas son: la compra de dólares con fines de ahorro en los últimos 6 meses y la presentación de declaraciones juradas de Bienes Personales.

El decreto número 728, firmado el jueves pasado por el presidente Alberto Fernández, prohíbe el ingreso de nuevos titulares a ese plan social y que los que son dados de baja sean reemplazados. Esos fondos, realza la normativa, será destinados a la adquisición de máquinas y herramientas para nuevos emprendimientos sociales.

El informe fue pedido el 30 de junio pasado por el entonces ministro del área Juan Zabaleta. Según fuentes del ministerio de Desarrollo Social, el entrecruzamiento de información aún no llegó al despacho de Victoria Tolosa Paz, pero que si esto sucede, y la funcionaria convalida la información, la decisión es dar de bajas a los que estén por fuera de las normas, ya sea por la compra de dólares, por la adquisición de un auto o por que perciben más de un plan social por valores superiores al salaria mínimo vital y móvil.

El pedido de informes al Ministerio de Desarrollo Social se respondió el día 24 de octubre, pero la nueva gestión está aún esperando dar con los datos.

El cruce de información se realizó sobre la identificación estadística de 1.383.279 de titulares del Potenciar Trabajo. La tarea, que demandó más de cuatro meses, detectó que 253.184 de ellos -el 18,30% del padrón de beneficiarios- realizaron una “manifestación patrimonial en las declaraciones juradas de Bienes Personales” y que 35.398, el 2,56%, “habían realizado alguna compra de divisas con fines de ahorro en los últimos 6 meses”.

“Si corroboramos incompatibilidades, vamos a depurar el padrón. La voluntad de este ministerio es acompañar el crecimiento del empleo registrado en la Argentina, que permitirá una mayor inversión por parte del Estado en bienes de capital para la Población Económicamente Activa de los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo”, aseguraron desde la cartera a cargo de Victoria Tolosa Paz y abundaron: “Necesitamos darle especialmente a la juventud las herramientas y las máquinas para que ese saber y esa experiencia se vuelquen en el sistema productivo”.

El artículo sexto del decreto presidencial número 728 es muy claro en la determinación de ir achicando los planes sociales y reemplazarlos por trabajo genuino.

El texto especifica que, a partir del viernes pasado -fecha de su publicación en el Boletín Oficial-, “no podrá ampliarse el número de titulares de los siguientes programas: Programa Nacional de Inclusión Socio productiva y Desarrollo Local ‘Potenciar Trabajo’, ‘Potenciar Inclusión Joven’, ‘Nexo’ Y ‘Plus Esencial’”.

El Gobierno nacional anunció este jueves un decreto para avanzar en el proceso de vinculación de planes sociales con empleo genuino. De esta manera, a partir de su entrada en vigencia, no se otorgarán nuevas altas en los programas Potenciar Trabajo, Potenciar Inclusión Joven, Nexo y Plus Esencial.

En su lugar, las transferencias previstas serán destinadas a las unidades de gestión productiva para la adquisición de bienes de capital y la inserción laboral.

Por ese tema, este jueves por la tarde el presidente Alberto Fernández recibió en su despacho de Casa Rosada al jefe de Gabinete, Juan Manzur; al ministro de Economía, Sergio Massa, y a las ministras de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, y de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.

El decreto instruye además a la Oficina Nacional de Contrataciones a incorporar en los pliegos de bases y condiciones generales, un margen de preferencia para los oferentes que acrediten un mínimo del 5% de trabajadores vinculados o trabajadoras vinculadas al Programa “Puente al Empleo”.

Otorga en favor de las Cooperativas de Trabajo de la Economía Popular el 30% de la Obra Pública Nacional con montos de hasta $ 300.000.000, bajo la modalidad de contratación que corresponda.

Asimismo, instruye a los ministerios de Desarrollo Social, de Trabajo y de Economía a designar a sus representantes en el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (Cepssc), creado por la Ley 27.345 de Emergencia Pública.

También convoca a las organizaciones inscriptas en el Registro de Asociaciones de Trabajadores de la Economía Popular y de Subsistencia Básica, a designar los representantes que integrarán el referido Consejo.

El Cepssc tiene como misión promover una “Agenda para la institucionalización y el Desarrollo de la Economía Popular”, con los siguientes objetivos: el fortalecimiento productivo, la formalización de los trabajadores y las trabajadoras, y el fomento del acceso al crédito y del compre estatal para los emprendimientos de la Economía Popular.

El Gobierno oficializó este martes la creación del programa “Puente al empleo”, que busca transformar los planes sociales en empleo formal. 

La iniciativa, que consta de 20 artículos y entrará en vigencia el 1 de octubre, fue publicada en el Boletín Oficial a través del decreto 551/2022, firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y los ministros Sergio Massa (Economía), Claudio Moroni (Trabajo) y Juan Zabaleta (Desarrollo Social). 

El objetivo del Programa es “transformar de manera gradual y con un criterio federal a los programas sociales, educativos y de empleo en trabajo registrado de calidad”, destaca el decreto. 

Además, remarca que apunta a “mejorar la empleabilidad y la generación de nuevas propuestas productivas y promover la inclusión social plena de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y económica”. 

“No va a haber más altas de planes sociales”, dijo el ministro de Desarrollo Social

En el marco del Programa, los empleadores del sector privado que contraten nuevos trabajadores que participen en los programas sociales, educativos o de empleo lo harán por un plazo de 12 meses, según indica en sus artículos. 

Durante el plazo en que se desarrolle la relación laboral, el empleador, una vez que se acoja al Programa, deberá considerar e imputar la asignación dineraria de los programas sociales, educativos o de empleo a cuenta del pago de la remuneración. 

Producida la discontinuidad del contrato de trabajo, los trabajadores tendrán la posibilidad de continuar percibiendo las asignaciones dinerarias que brindan dichos programas, si el número de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social no supera los 12 meses. 

En caso que el período de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social se encuentre entre los ocho y los 12 meses, los trabajadores podrán optar entre la posibilidad de permanecer en el programa de origen o acceder a la prestación por desempleo. 

Alberto Fernández firmó el decreto para convertir planes sociales en trabajo

Para las relaciones laborales que se inicien en el marco del Programa, la reducción de las contribuciones patronales será del 100%. 

Además, el Decreto invita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir o a dictar medidas de similar tenor para compatibilizar los programas sociales, educativos y de empleo locales con el trabajo registrado. 

El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, consideró que “Puente al Empleo” es parte de un conjunto de políticas que implementa el Gobierno nacional para “fortalecer” la generación de puestos laborales, al referirse al decreto del presidente Alberto Fernández que oficializó la puesta en marcha de ese programa. 

“A partir de este decreto vamos a crear programas que amplían y dan fortaleza a una política que venimos profundizando desde el año pasado para generar puestos de trabajo. Vamos a seguir acompañando las políticas para fortalecer la creación de empleo”, señaló Zabaleta en declaraciones formuladas esta mañana a Radio 10. 

Kicillof aumentó un 60% los planes sociales bonaerenses

El ministro explicó que, desde principio de año, vienen firmando convenios con las cámaras empresariales de diferentes sectores “para crear empleo”. 

Zabaleta indicó que el beneficiario del Plan Potenciar Trabajo accederá a través del nuevo programa “al empleo registrado”, y “se le brindará el salario de convenio”. 

El titular de la cartera de Desarrollo celebró el hecho de que haya en la actualidad 60 mil beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo que “ingresaron al empleo registrado”. 

Por lo tanto, esperan que con el crecimiento económico previsto para el año entrante, y la estabilidad, posibilitarán que las personas se queden en sus trabajos una vez que terminen los 12 meses de subsidio del Estado Nacional. 

Producida la discontinuidad del contrato de trabajo, los trabajadores tendrán la posibilidad de continuar percibiendo las asignaciones dinerarias que brindan dichos programas, si el número de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social no supera los 12 meses, según se establece en los fundamentos de la norma que crea este programa. 

“Cada uno de los Estados provinciales capacitan a los beneficiarios y, una vez que ese período de formación se completa, los trabajadores ingresan a las empresas a prestar funciones. Todos los empleadores se pueden sumar al programa Puente de Empleo. Ya sean pymes o grandes empresas. De esta forma, el Estado acompaña a cada trabajador de la Argentina, recorriendo cada lugar del país”, concluyó. 

Axel Kicillof, gobernador bonaerense, anunció un aumento del 60% en los montos de los distintos programas sociales que otorga su jurisdicción. Lo hizo tras un encuentro con el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, el ministro de Hacienda, Pablo López, y la subsecretaria de Políticas Sociales, Juliana Petreigne.

El anuncio se produce en el marco de los acuerdos paritarios con gremios estatales y la suba de sueldos en la Policía bonaerense y el servicio penitenciario; así como el 50% para los jubilados y pensionados de menores ingresos. De esta manera, la Administración Kicillof destinará un refuerzo mensual de $ 1,6 millones mensuales “para acompañar y dar respuesta a las necesidades de los grupos sociales alcanzados”.

Las personas comprendidas son las que aplican a los Programas Más Vida, que llega a madres cabeza de hogar; las Unidades de Desarrollo Infantil (UDI), los programas para las Casas de Encuentro Comunitario, programas con asistencia alimentaria inmunodeprimidas; hogares para personas con discapacidad, personas mayores, entre otros.

“Los aumentos en los programas sociales significan un esfuerzo importante para acompañar a quienes más lo necesitan en este momento. Buscamos garantizar los derechos de los bonaerenses, fortaleciendo las políticas de inclusión destinadas a las niñeces, los jóvenes, las personas con discapacidad y las personas mayores”, explicó Petreigne.

La previsión de una inflación interanual del 70% obliga a la gestión bonaerense a adecuar y recalcular metas en lo que hace a sueldos y prestaciones sociales que dependen de sus propios fondos.

Por su parte, Kicillof señaló: “Estamos convencidos de que el Estado es el que debe tenderle la mano al que lo necesita, por eso seguimos impulsando políticas de desarrollo y contención social”, señaló al anunciar más ayuda social.

“Los aumentos rigen desde mayo y tienen como objetivo acompañar a los bonaerenses que más lo necesitan”, expresó Larroque, por su parte.

Junto a otros 15 diputados, Waldo Wolff de Juntos por el Cambio presentó un proyecto de ley para suspender planes sociales a quienes cometan delitos o contravenciones durante protestas. “El derecho a manifestarse no puede colisionar con el de circular y trabajar libremente”, argumentó el diputado.

La propuesta llega luego de que el Gobierno nacional afirmara que no quitará los planes sociales a las personas que participaron del acampe en la 9 de Julio la semana pasada.

El ministro de Desarrollo Juan Zabaleta, descartó por completo la posibilidad de restarle la asistencia social a las personas que salen a cortar las calles. “El lunes dije que había que dejar de apretar a los argentinos y lo vuelvo a decir: no hay que cortar las calles. Tampoco el camino es amenazar con sacar una asistencia a quien lo necesita”, aseguró el funcionario.

Encabezados por  Wolff, el texto de los legisladores de la oposición va en línea con lo que pidió el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien exigió castigar a los piqueteros con la quita del beneficio estatal no solo por la interrupción del tránsito sino también por la utilización de menores en la protesta.  Fernando Iglesias, Alejandro Finocchiaro y Cristian Ritondo son otros de los firmantes.

El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, confirmó que “no va a haber más altas de planes sociales”. El funcionario lo dijo mientras se realizan las protestas de diferentes organizaciones frente a la sede ministerial. Por su parte, los manifestantes plantearon quejas por el incumplimiento de los programas.

Zabaleta advirtió que no admitirá que haya “extorsión” por parte de los manifestantes. El funcionario también remarcó que el objetivo del Gobierno es lograr la vinculación de los programas sociales con empleo genuino.

“Más allá del reclamo, la decisión del ministerio es permitir que cada beneficiario del programa Potenciar Trabajo pueda elegir en qué unidad de gestión desempeñarse. Estamos convencidos de darles la libertad de elegir dónde quieren trabajar, en qué rubro, en qué oficio. Pretendemos darle centralidad al empleo”, detalló.

El ministro insistió en que la decisión está tomada. “No va a haber más altas de planes sociales y tampoco va a haber ajuste -afirmó-. Al pedido de más altas de planes estamos respondiendo con la posibilidad de aportar materiales y herramientas para poder generar trabajo”, señaló.

El presidente Alberto Fernández firmó este lunes el Decreto 711/2021 para convertir los planes sociales en empleo genuino y registrado en el sector privado, el cual será publicado en las próximas horas en el Boletín Oficial. Uno de los objetivos principales del Gobierno nacional es que “los distintos programas de empleo, inclusión laboral y desarrollo socio-productivos destinados a personas desempleadas o con trabajos precarizados se transformen en mecanismos que incentiven la incorporación de estos trabajadores al empleo asalariado registrado, o a otros modos de desarrollo de actividad productiva ajustados a las formalidades tanto registrales como tributarias”, indica el escrito en sus considerandos. Para cumplir este objetivo se requerirán modificaciones en el Programa de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo local “Potenciar Trabajo” y del Programa de Inserción Laboral creado por el Ministerio de Trabajo. El Decreto dispone a los Ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo a realizar modificaciones en sus programas de formación, empleo e intermediación laboral, con el objetivo de convertir las diferentes prestaciones de asistencia a personas desempleadas o con trabajos precarizados en “incentivos para la contratación de sus beneficiarios y beneficiarias bajo la forma de empleo asalariado registrado en el sector privado”. La prestación se considerará “parte integrante del salario respectivo en forma total o parcial, en la forma, plazo y condiciones que se determinen para cada sector de actividad”. Producida la discontinuidad del contrato de trabajo, las personas beneficiarias tendrán la posibilidad de volver a percibir la asistencia que establece el Programa, si el número de cotizaciones al sistema de Seguridad Social no supera los 12 meses dentro de los dos años anteriores al cese del contrato laboral.

El presidente Alberto Fernández anunció este viernes un decreto por el cual quienes perciben planes sociales podrán acceder a un empleo privado “sin perder ese derecho”, y ratificó la intención de arribar a un acuerdo por la deuda con el FMI, al hablar en el cierre del 57 Coloquio de IDEA.

“Cambiar planes por empleo debe ser nuestro primer objetivo”, dijo el jefe de Estado. Sostuvo que “la asistencia del Estado no puede ser el remedio para la falta de empleo”. Señaló, además, que cuando concluyó el gobierno de Cristina Kirchner en 2015 había menos de 200 mil planes sociales mientras que cuando él asumió en 2019, se habían multiplicado y ya había unos 800 mil.

Fernández dijo que la decisión de su gobierno es llegar a un “rápido acuerdo” con el FMI, pero siempre y cuando se trate de un “buen acuerdo”. “Debemos resolver el problema de la deuda haciendo que sea sostenible”, sostuvo Fernández.

Ante los empresarios, dijo: “Nuestra decisión de encontrar un rápido acuerdo con el FMI es absoluta, pero un rápido acuerdo no debe evitar un buen acuerdo”. Recordó que el préstamo del FMI por USD 57.100 millones representó el “mayor otorgado por el organismo a un país miembro”. Cuestionó que el crédito fue dado “en un marco de fuga de divisas que contradijo lo estatutos del FMI”.

Señaló que “ese crédito estamos obligados a pagarlo en tres años. Eso significa que en 2022 y 2023 debemos pagar más de USD 19.000 millones en capital e intereses en cada año”. Sobre los problemas de deuda, Fernández destacó que “en parte hemos resuelto la cuestión acordando con los acreedores privados, hemos ganado tiempo y logrado una reducción de la deuda de más de 37.000 millones de dólares”.

“Ahora estamos discutiendo el mayor préstamo otorgado por el FMI a un país miembro. Esa suma era equivalente al 11 por ciento del PBI de Argentina y fue dado en un marco de fuga de divisas que contradijo los mismos estatutos del organismo de crédito internacional”, criticó. Dijo que se debe “resolver el problema de la deuda haciendo que la misma sea sostenible, es decir, que no nos condene a la postergación de Argentina. Debemos crecer, acumular reservas y empezar a cumplir”.

“Necesitamos que las tasas se reduzcan y ganar tiempo para empezar a pagar y extender al máximo posible los tiempos de deuda”, sostuvo el jefe de Estado. “Debemos crecer, acumular reservas y empezar a pagar”, sostuvo el jefe de Estado.

Fernández convocó a los empresarios a “unir esfuerzos y encontrar acuerdos en la construcción de una nueva sociedad”. El mandatario dijo que “la salida de la pandemia nos impone el deber moral y ético de poner manos a las obras para construir una sociedad nueva, donde el desarrollo sea constante, los desequilibrios estructurales desaparezcan y la justicia social deje de ser una consigna y se convierta en una realidad”.

Destacó que “el primer gran problema que Argentina debe enfrentar con decisión es terminar con la desocupación creando empleo genuino”. “Hemos llegado a un punto que es el corolario de una pandemia y de políticas que previamente se aplicaron en nuestro país que dejaron una economía estancada y altamente endeudada”, señaló el Presidente.

Consideró que “ya es hora de que tratemos de profundizar nuestros acuerdos y minimizar nuestras diferencias”.

Sostuvo que “la asistencia del Estado a los sectores más postergados es sólo un paliativo para sobrellevar la pobreza” y advirtió que “no existe otro remedio que la inversión privada, que asocia el capital al trabajo, para lograr un desarrollo sostenible en nuestra sociedad”.

Fernández destacó los nuevos acuerdos que impulsó el Gobierno nacional con empresarios y sindicatos de la construcción, del sector rural, gastronómicos y hoteleros, suscriptos en las últimas semanas, con el objetivo de que “los que hoy son beneficiarios de planes puedan ser empleados en la actividad privada sin perder ese derecho”. También resaltó las medidas impulsadas a través del Consejo Económico y Social, que fueron “el resultado del acuerdo de los que producen, de los que trabajan y del Estado”.

“Si algo caracterizó al espacio político que hoy gobierna Argentina, es la promoción de la inversión empresaria y la creación de empleo. Y con ese mismo espíritu actuamos hoy”, insistió. Aseguró que la generación de trabajo es “algo que también debemos abordar en forma conjunta y sin estigmatizaciones”. “No debemos ver al trabajo como un costo, sino como una inversión”, añadió.

Del panel de cierre del evento, que se realizó bajo el lema “Logremos una Argentina sostenible”, participaron también Paula Altavilla (vicepresidenta 2° de IDEA, presidenta del 57° Coloquio y Country President- CEO de Schneider Electric); Roberto Murchison (presidente de IDEA y del Grupo Murchison); y Daniel González (director Ejecutivo de IDEA).

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, aseguró que esta tarde el oficialismo presentará formalmente ante ese cuerpo un proyecto de ley que procura convertir los planes sociales “en trabajo genuino”, con impacto en diversas actividades de la economía nacional que se están reactivando, según confirmaron fuentes parlamentarias. De hecho, Massa ultima los detalles del proyecto que presentará esta misma tarde y decidió suspender el viaje que tenía previsto realizar a Roma para participar de la 7ma Cumbre de Presidentes de Parlamentos del G20, en la que finalmente tendrá una participación de manera virtual. “Mañana ingresaremos la ley que convierte los planes sociales en trabajo genuino. Con metas, capacitaciones y herramientas de promoción para salir de la emergencia del plan y construir un puente hacia el trabajo para casi un millón de argentinos y argentinas”, había publicado ayer Massa en su cuenta en la red social Twitter. Las fuentes adelantaron que el proyecto contempla “un alivio económico para pymes, capacitación, y establecer un puente del plan social a un plan de empleo”. El presidente Alberto Fernández destacó desde el comienzo de su gestión la decisión gubernamental de transformar los planes sociales en trabajo, lo cual se concretó en anuncios en diversos rubros en los últimos días. Fuentes oficiales habían adelantado que el Gobierno nacional avanza en su objetivo de reconvertir los planes sociales en puestos de trabajo genuino, una idea que Fernández viene expresando desde el comienzo de su mandato, y ya incorporó a trabajadores rurales y de la construcción al plan que forma parte de la reactivación económica y de la etapa actual de la pospandemia. También Massa había destacado esa idea durante recorridas diversas, por ejemplo en una pyme de impresiones gráficas en el municipio de Pilar. “Ese trabajo es el que tenemos que recuperar y potenciar, transformando los planes sociales en planes de empleo. El plan social es la emergencia, lo permanente y digno es el trabajo. Tenemos que hacerlo por Ley, para obligar al Estado a recorrer ese camino”, había expresado en esa ocasión el exintendente de Tigre. En esa línea, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, también destacó ayer que el Gobierno busca “reconvertir los planes sociales en empleo genuino” con diversas iniciativas para la reconstrucción del país. “Toda herramienta, instrumento o decisión que vaya en el camino al trabajo genuino, registrado y la reconstrucción del empleo, el Gobierno del presidente Fernández no va a tener dudas en discutirlo; así lo hacemos con empresarios y empresarias, con dirigentes de organizaciones sociales y sindicatos”, indicó. Si bien la decisión había sido tomada antes de la irrupción del coronavirus, la emergencia sanitaria obligó al Poder Ejecutivo a reordenar sus prioridades, por lo que recién iniciado 2021 el Gobierno retomó ese punto de la agenda enfocado en la coexistencia entre la asistencia social y el mercado laboral. Así, tanto el Presidente como los dos ministros de Desarrollo Social de su gestión (Daniel Arroyo, de 2019 a 2021, y su sucesor, el actual ministro Zabaleta) pusieron el foco en la necesidad de transformar los distintos planes en puestos de trabajo, en un acuerdo tripartito con las cámaras empresarias y las organizaciones de trabajadores. El primer paso fue dado en agosto pasado con el sector rural, en el que un total de 250 mil personas pasaron a desempeñar sus funciones en el terreno mientras mantienen la asistencia del Estado, sin perder las asignaciones ni ninguna de sus atribuciones. A ese inicio le siguió el programa “Construir Trabajo e Igualdad”, anunciado el lunes último por el Gobierno, que implica la transformación de planes en trabajo en el sector de la construcción.

Análisis en la Rosada

El miércoles por la tarde, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y los dirigentes de la CGT Andrés Rodríguez y Gerardo Martínez coincidieron en la importancia tanto del proyecto de reconversión de la ayuda estatal en trabajo genuino como en el del “Régimen de fomento al desarrollo agroindustrial federal”. La reunión se realizó en el despacho de De Pedro en casa Rosada, donde el ministro y los dirigentes de la central sindical repasaron distintos temas de agenda, como la situación general de la economía, de los sectores de la producción y el trabajo, informaron fuentes oficiales. “La cultura del trabajo debe construirse a través del diálogo entre todos los sectores y creando las condiciones necesarias para poder transformar los subsidios, los planes y el permanente acompañamiento del Estado en políticas públicas que generen empleo de calidad”, resaltó De Pedro. El titular de Interior destacó que el proyecto de reconversión de planes “era una demanda genuina que venía escuchando en cada recorrida, en cada contacto con la gente”. De Pedro aseguró que “las condiciones que se dan entre lo que es la formalidad y la informalidad, en la distancia entre tener trabajo o no, se va resolviendo con acompañamiento desde el Estado con medidas urgentes; teniendo en claro que este es un camino de transición y que el verdadero objetivo es generar que cada plan y cada ayuda se transformen en soluciones de fondo a partir de la creación de puestos de trabajo”.

Nuevo pedido de Guzmán al FMI

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que los intereses aplicados por el FMI a los créditos “desestabilizan” la economía e impiden la recuperación de los países, por lo que reiteró su pedido de reducirlos. “Las cargas de la deuda insostenibles impiden que los países establezcan caminos de recuperación y crean una dinámica económica y social desestabilizadora”, señaló el ministro. Guzmán dijo que “la mayoría de los países, cuando realizan reestructuraciones de deuda soberana, no obtienen el alivio de carga necesario para restaurar la sostenibilidad” de sus economías. Agregó que los países “no tienen la capacidad de luchar de la forma necesaria para lograr una resolución efectiva para la crisis de la deuda soberana y es evidente que necesitamos reformas”. El ministro reiteró las críticas al FMI al intervenir en conferencia en la XV Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad). Consideró que la situación financiera internacional “no es buena” y reclamó reformas, al sostener que “hay deficiencias estructurales que dañan las posibilidades de desarrollo”. Pidió “la creación de un mecanismo multinacional de reestructuración de deuda soberana debe partir de los principios de sostenibilidad, transparencia y trato equitativo”.