El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, informó este viernes que dispuso la suspensión del pago a 4.588 beneficiarios del programa "Potenciar trabajo" por presentar "incompatibilidades para acceder a dicho plan".

"La investigación, llevada a cabo por el fiscal (federal Guillermo) Marijuan, arroja que, luego del entrecruzamiento de la base de datos de los beneficiarios del plan potenciar trabajo y de la nómina de los empleados públicos de 13 provincias, 4.588 personas presentarían incompatibilidades para acceder a dicho plan", explicó la cartera a través de un comunicado.

Según el Ministerio de Capital Humano, la investigación abarcó a Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz.

El martes pasado, el portavoz presidencial Manuel Adorni confirmó que el gobierno nacional había iniciado una auditoría "en todos los planes potenciar trabajo, que son más de un millón, para detectar irregularidades o planes asignados que no tengan justificación correcta".

En su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero señaló que, según investigaciones judiciales como la llevada adelante por el fiscal Marijuan, llegarían ser 160 mil los casos en los que se registraron irregularidades de diversa índole.

El fiscal Marijuan investiga supuesta defraudación en el otorgamiento de beneficios del programa Potenciar Trabajo y en relación a ello determinó que más de 8.000 empleados públicos en diez provincias perciben el plan, algo que es incompatible

El funcionario judicial había pedido información al respecto a todas las provincias y ciudad de Buenos Aires y en base a lo ya recibido se hizo un entrecruzamiento de datos y se determinó la irregularidad.

La fiscalía investiga posibles delitos de "violación de deberes" de funcionario público por omisión de controlar y "defraudación" y ya detectó 8535 casos.

Se trata de una investigación preliminar en el marco de la cual pidió que se suspenda o resuelva la baja del beneficio en los casos detectados y dio vista a las fiscalías federales de cada jurisdicción.

Marijuán ya presentó una denuncia penal que tramita en el juzgado federal de María Servini contra eventuales responsables de controlar la adjudicación de planes sociales.

Lo hizo luego de detectar que casi 160.000 beneficiarios de "Potenciar Trabajo" viajaron al exterior, muchos de ellos "en numerosas oportunidades".

El integrante del ministerio público pidió investigar "presuntas conductas ilícitas llevadas a cabo por aquellos funcionarios responsables del otorgamiento y/o contralor del Programa Potenciar Trabajo que, en principio, encuadran en el delito de violación de los deberes de funcionario público".

Los planes asistenciales -beneficios no contributivos- se multiplicaron en 2 décadas de 2,9 a 9,4 millones, con crecimiento o retracción económica y con gobiernos de diferentes signos, sin que se altere la evolución de la pobreza estructural (aunque se atemperan sus efectos) ni se verifique el recambio a planes de trabajo (empalmes) tantas veces anunciados.

Ante “la proliferación de los planes asistenciales”, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino advierte que “las evidencias muestran que tienen poco de solidaridad social y mucho de uso de la pobreza para la acumulación de poder político”.

Sin entrar en evaluaciones de especulación partidaria, el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) señala que “durante 2022, el 40% de los hogares recibió alguna asistencia social (el 50% de la población urbana ha sido asistida por alguno de los programas o complementos implementados). Sin estas asistencias, la tasa de indigencia habría alcanzado en vez de 8% a casi el 20% de la población, y la tasa de pobreza en vez del 43% al 50%”.

En su 20 aniversario, Idesa -el centro de estudios que dirige el economista Jorge Coilina- presentó un informe, definiendo bajo la denominación de “planes” a “dos tipos de beneficios no contributivos, es decir, beneficios para gente que no hace aporte porque no tiene un empleo formal.

“Por un lado -explicitó- los que tienen condiciones de elegibilidad reguladas objetivamente y son administrados por ANSES. Son la AUH, las moratorias previsionales y el Progresar. Por otro lado, están los que se reparten desde el Ministerio de Desarrollo Social bajo reglas subjetivas que dan pie a la discrecionalidad.

“Funcionan básicamente en respuesta a presiones e intereses políticos. Son principalmente los planes alimentarios y el plan Potenciar Trabajo. Las pensiones no contributivas por invalidez son un caso especial. Proliferaron discrecionalmente desde el Ministerio de Desarrollo Social y luego fueron traspasadas a la Anses”.

“¿Cuál fue la evolución de los beneficios no contributivos en las últimas 2 décadas? Según datos de los Presupuestos Nacionales se observa que en el 2002 había 2,9 millones de beneficios no contributivos concentrados en el plan alimentario y el Plan Jefas y Jefes de Hogar. En el 2012 había 9,4 millones de beneficios no contributivos porque se sumaron la AUH, las moratorias previsionales y pensiones no contributivas por invalidez”.

Añade el análisis de Idesa que “en el 2022 se llega a unos 14,1 millones de beneficios no contributivos fundamentalmente impulsados por el Progresar y el Potenciar Trabajo. Estos datos muestran la impresionante expansión de los beneficios no contributivos. El proceso se dio con crecimiento económico (entre los años 2002 y 2012, el PBI per cápita aumentó un 58%), pero también con estancamiento (entre los años 2012 y el 2022 el PBI per cápita se contrajo un -5%).

“Lo cierto -añade- es que, desde la crisis del 2002, los beneficios no contributivos prácticamente se quintuplicaron. Llama la atención que la expansión se dio con la economía en crecimiento y en contracción y con diferentes gobiernos. Sugiere que se trata de otra ‘política de Estado’ no explícita, pero ampliamente compartida”.

Empleos pobres

“Frente a la pobre creación de más y mejores empleos, y la imposibilidad de generar mejores remuneraciones, el gasto en transferencias sociales ha sido el mecanismo por excelencia más eficiente para mantener una relativa paz social. Sin este aumento en el gasto social la pobreza sería muy superior”, sostiene la UCA. Según los registros de la ODSA en base a datos del Banco Mundial y el ministerio de Economía de la Nación, – a valores de 2010,- en 2017 el salario real equivalía a poco más de US$90 y el PBI per cápita algo más de US$ 130; hoy esos valores bajaron a US$70 en el primer caso y por debajo de US$120 en el segundo.

¿Transitorios?

Recuerda Idesa que en el marco de la crisis del 2002 “se justificó la distribución de 2 millones de Planes Jefas y Jefes de Hogar. Su masividad se presentó como transitoria. La crisis económica se superó más rápido de lo previsto gracias a la bonanza internacional, pero la crisis laboral no se revirtió. Si bien le siguió una década en la que el empleo formal aumentó, la cantidad de personas con trabajos informales (asalariados no registrados y cuentapropistas informales) nunca disminuyó de los 7,5 millones. Esto demostró que la insuficiente generación de empleos de calidad trasciende los ciclos económicos. Con el estancamiento que se inicia en el 2012, la proliferación del asistencialismo se potenció”.

Desde el ODS/UCA advirtieron en similar sentido que “una particularidad del ciclo económico actual (posterior a la pandemia) es que coexiste un importante crecimiento del empleo (el concepto incluye los planes), pero no se recuperan los ingresos laborales. Por consiguiente, no es de extrañar que el nivel de incidencia de la pobreza de trabajadores persista en niveles elevados entre 2019-2022, muy por encima de los registrados en 2017.

“La novedad -advierte el informe- es que, mientras que hasta 2020 la pobreza de trabajadores se incrementaba de manera transversal en el mercado de trabajo, entre 2020 y 2022 se ha venido explicando centralmente por una mayor pobreza entre trabajadores del sector micro informal (tanto asalariados como no asalariados) y trabajadores del sector público (en especial, destinatarios de programas de empleo). Este comportamiento obedecería a un aumento de la participación del segmento informal en el total del empleo”.

Recortes y empalmes

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, dará de baja 154.221 planes Potenciar Trabajo si sus beneficiarios no validan su condición. Los pagos no serán cancelados de inmediato; se habilitará la baja para aquellos que dentro de 60 días no respondan a los requerimientos del ministerio.

En noviembre el presidente Alberto Fernández ordenó no aumentar los programas y puso en marcha “el empalme” de planes sociales y trabajo rural para 250 mil personas con ocupaciones temporales, que podrán seguir cobrando las asignaciones y el salario durante los primeros seis meses de contratación.