Mientas el oficialismo afina el lápiz para consensuar internamente el borrador del reglamento que ordenará el funcionamiento de la Convención Constituyente en la provincia de Santa Fe, el peronismo abre el juego y comienza a recibir a diferentes actores sociales para escuchar demandas e inquietudes.

En su última reunión, el bloque de doce convencionales electos por el Partido Justicialista y encabezados por Juan Monteverde, resolvió encarar "la segunda etapa de la Constituyente de la gente", ahora, desde el nuevo rol consagrado por las elecciones del 13 de abril. La primera etapa se había desplegado como estrategia de campaña, con el propósito de acercar la propuesta del partido a distintos ámbitos. Ahora, se plantea un intercambio que buscará canalizar las principales preocupaciones sectoriales.

La primera convocatoria en el marco de esta ronda de conversaciones que promoverá el PJ tendrá lugar este miércoles en la sede partidaria. Allí, los invitados serán los sindicatos estatales. Fueron citados referentes gremiales tanto del sector docente como de la administración central, así como Luz y Fuerza, judiciales y municipales, entre otros.

La intención es mantener encuentros semanales de aquí al inicio de la Convención reformadora, prevista para el próximo 14 de julio. En la continuidad también serán convocados colegios de profesionales, cámaras empresarias y movimientos sociales, entre otros actores.

"El objetivo – dijo Monteverde a El Litoral- es primero escuchar todas las demandas y preocupaciones sectoriales ya que cuando planteamos la Constituyente de la Gente durante la campaña, fueron encuentros más transversales. Ahora, si bien plantearemos visiones generales sobre la futura reforma, lo que haremos es sobretodo escuchar. Hay mucha preocupación de los distintos sectores y en función del tiempo acotado, la idea es empezar por ahí", explicó.

Por el lado del oficialismo, este miércoles volverán a reunirse referentes de Unidos para intentar avanzar en el pulido de un borrador del reglamento interno que tendrá la futura Convención. Como informara El Litoral, la semana pasada, referentes radicales y funcionarios del gobierno llevaron a la mesa de la coalición un primer texto que es sometido ahora a discusión con todos los partidos de la alianza. Hay aspectos incorporados en el paper que generan controversia con algunos de los sectores - el doble voto del presidente de la Convención, por ejemplo – y que deben ser acordados para poder consensuar, luego, el texto con la oposición.

El peronismo, que también redacta su propio borrador, tampoco consiente - según pudo saber este diario- el doble voto, ni la exclusividad de los miembros de la comisión redactora que impediría que otros convencionales asistan - al menos como escuchas- a sus reuniones. Desde el partido se pone especial acento en los artículos del reglamento que deberán establecer con qué mayorías deberían aprobarse las reformas.

El presidente del Partido Justicialista, Guillermo Cornaglia, quedó facultado a convocar al congreso provincial partidario para definir el marco de alianzas electorales para el año venidero y la estrategia electoral así como eventualmente analizar la conducta de aquellos legisladores que resolvieron acompañar con su voto, en la Cámara de Diputados, la ley que declaró la necesidad de la reforma constitucional.

En los hechos, el congreso será convocado para el 28 de diciembre para definir el marco de alianzas o frente electoral. La novedad es que será un congreso virtual, según lo anunciado al término de la reunión de tres horas en el local de calle Crespo. El plazo para anotar las alianzas electorales vencerá el 2 de febrero pero todas las fuerzas política quieren tener los instrumentos legales definidos antes de fin de año debido a las dificultades que podría significar enero para reuniones congresos o asambleas.

En los hechos, en el justicialismo son varios los actores que analizan la posibilidad de concurrir a las elecciones de convencionales constituyentes por fuerza de la estructura o la alianza que defina el PJ. Uno de ellos es el propio senador nacional Marcelo Lewandosky quien no ha tomado participación en las reuniones partidarias. Miguel Rabbia, diputado de su sector, respetó la decisión del PJ y votó en rechazo al proyecto de reforma constitucional.

La reunión del Partido Justicialista de este viernes resolvió enviar al Tribunal de Disciplina y Ética la situación de los diputados que votaron aprobando el proyecto de ley sobre la necesidad de reforma constitucional con la posibilidad de resolver algún tipo de reproche a esa conducta en el congreso.

La decisión no contó con el aval de Juan Manuel Pusineri, integrante de la mesa y que está encolumnado con el sector que orienta Omar Perotti. El ex ministro de Trabajo dijo que sancionar a legisladores por el voto era insostenible desde lo jurídico y desde lo político. Justificó su opinión en que no hubo ninguna violación a los principios del Partido Justicialista.

La discusión está planteada en el seno del justicialismo ante la falta de resolución del Congreso partidario sobre reforma constitucional. Ya en la reunión de la mesa partidaria provincial con legisladores y partidos aliados, el perottismo había expresado que no podía dar instrucciones cuando legisladores provinciales habían presentado proyectos de reforma y previo a eso habían manifestado su voluntad de avanzar en la votación de esa norma. Pero además hubo varios dirigentes que salieron a respaldar la decisión de avanzar con la reforma constitucional como el rosarino Roberto Sukerman o el ex diputado Leandro Busatto. "Me considero un privilegiado por haber representado doce años al pueblo de Santa Fe; pero hoy siento una envidia de quienes van a dar un debate histórico" había dicho Busatto el pasado jueves minutos antes del inicio del debate en la Cámara de Diputados.

Varios intendentes también había dado su aval a la reforma y el último lunes se reunieron en Las Parejas para analizar cómo posicionarse ante el debate que se viene.

La conducción partidaria admite que hay dirigentes que ya piensan una estrategia propia para concurrir a la elección de convencionales constituyentes.

"El gobernador elige meter la mano en los bolsillos de activos y pasivos en lugar de reclamar a la Nación los recursos que le corresponden a Santa Fe por ley", sostiene un documento emitido por la mesa de acción política que se reunió este viernes, en la sede partidaria de calle Crespo, encabezada por Guillermo Cornaglia. El documento apunta a cuestionar el proyecto de emergencia y reforma previsional que elevó el Poder Ejecutivo a Legislatura el miércoles último y que tiene preferencia en Senado para jueves venidero.

El proyecto que está en manos del Senado fue analizado el jueves por el interbloque de diputados justicialistas que aprovechó la suspensión de la Asamblea Legislativa para empezar a discutir -críticamente- el mensaje. Celia Arena, Marcos Corach, Walter Agosto, Sonia Martorano, Miguel Rabbia, Lucila De Ponti y Verónica Porcelli Baró Graf estuvieron en la mesa haciendo un primer análisis pero sin emitir una opinión oficial. Al retirarse del encuentro Rabbia definió a Pullaro como unitario y centralista y le pidió que vaya al gobierno a reclamar los fondos que le corresponden a Santa Fe por la deuda de la Caja.

En tanto, la mesa política del PJ señala que "la declaración de emergencia requiere una situación de carácter excepcional que ponga en serio riesgo la continuidad del sistema, el cumplimiento efectivo de las obligaciones estatales y un contexto que requiera medidas extraordinarias. Ninguna de estas condiciones están presentes en la situación actual".

Para el peronismo, "la Caja de Jubilaciones tiene números razonables referidos tanto a la cantidad de jubilados y pensionados como al número de aportantes. Esto da cuenta que la gestión, a través de las diferentes administraciones ha sido racional y equilibrada". Acota que "el mayor inconveniente que encuentra el organismo previsional es la falta de cumplimiento del Gobierno nacional para con los recursos que debe aportar de acuerdo a lo estipulado en el traspaso de las cajas previsionales provinciales al Estado Nacional. El gobernador elige meterle la mano en el bolsillo a trabajadores activos y pasivos en lugar de reclamar al Gobierno Nacional los recursos que le corresponden a nuestra provincia por ley".

La mesa de acción política se conformó la semana pasada en Rosario y ayer se vio, entre otros a Alejandra Rodenas, Sergio Aladio, Marcos Cleri, Eduardo Tonioli, Patricia Boni y Martín Quiróz. El documento plantea que "recorriendo cada artículo del mensaje subyace la clara intención de un gobierno que sólo toca los números en perjuicio de los trabajadores activos y pasivos. No hay índice, porcentaje, alícuota o cantidad de años de aportes que los beneficie. Todo lo contrario, son la mayor variable de ajuste".

Más adelante afirma que "el proyecto lesiona fuertemente los derechos de los trabajadores como aquellas fórmulas que comienza con una declaración de emergencia previsional y establece aportes solidarios que no sólo impactarán sobre los activos, sino que avanza con un fuerte recorte sobre los magros ingresos de jubiladas y jubilados". Cuestiona además la decisión de modificar la movilidad, el cálculo del haber y el derecho a pensión, y ataca el régimen opcional docente "decretando el fin del 82%". Si este proyecto avanza con la aprobación de estos flagrantes cambios, activos y pasivos verán afectadas gravemente sus condiciones de vida y lesionados derechos fundamentales".

También cuestiona la delegación de facultades legislativas para incrementar la edad de acceso a la jubilación y le pide al gobierno " que demuestre audacia y firmeza para reclamar a la Nación los fondos que nos deben a santafesinos. Pretender colocar como variable de ajuste a los trabajadores y jubilados es un acto de total injusticia que denota cobardía y falta de creatividad".

El diputado Walter Agosto ingresó un pedido de informes para conocer las gestiones que realiza el Poder Ejecutivo a fin de evitar que el Gobierno Nacional vete la ley sobre movilidad previsional y de la seguridad social", aprobada el 22 de agosto de 2024 por el Congreso de la Nación.

Esa ley prevé, además de una mejora en los haberes, la obligación del Gobierno Nacional de cancelar las deudas que mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos a la Nación, "situación que beneficiaría notablemente a la provincia de Santa Fe".

Luis Rodrigo El Litoral Lo impulsó el bloque Juan Domingo Perón de los senadores peronistas del Nes, lo respaldó la bancada de Lealtad también justicialista pero más cercana al gobernador Omar Perotti y lo votó favorablemente toda la Cámara de Senadores de la Provincia, sin disidencias entre los legisladores radicales. Por unanimidad, los senadores provinciales santafesinos aprobaron un proyecto de comunicación en el que se “insta” a los legisladores nacionales por Santa Fe a votar favorablemente en el Congreso de la Nación el acuerdo que pretende firmar la Casa Rosada con el Fondo Monetario Internacional. La expresión importa más por la lectura que permite puertas adentro del peronismo santafesino que lo que pueda significar en el plano nacional. Y también, en la vereda de enfrente, porque todos los senadores radicales tomaron la misma posición: los que se sumaron recientemente a Juntos por el Cambio y dejaron el Frente Progresista, el senador Leonardo Diana (UCR-FPCyS- San Jerónimo) que se mantiene en ese frente, y Hugo Rasetto (UCR-US-Iriondo) que siempre fue partidario de Cambiemos.

El texto fue presentado por el senador Joaquín Gramajo (PJ-Nes-9 de Julio) y contó con el apoyo de sus compañeros de la bancada Juan Domingo Perón que encabeza Armando Traferri (PJ-Nes-San Lorenzo). Durante la primera sesión del año, antes de su tratamiento sobre tablas, pidieron poder firmar también la propuesta del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales los justicialistas de la otra bancada, que preside Alcides Calvo (PJ-Lealtad-Castellanos), un dirigente muy cercano al titular del Poder Ejecutivo Provincial. La minuta no mereció debate, ni otras consideraciones sobre cómo el tema ha dividido aguas en la coalición de gobierno. Sólo habló Gramajo para destacar la necesidad de dotar al país de “previsibilidad” y no dejar caer en el default a la Argentina, también como una manera de apostar por la producción y el trabajo. En Santa Fe, tanto el gobernador Omar Perotti como los principales cuadros del peronismo, entre ellos el ex ministro de Defensa Agustín Rossi, han manifestado públicamente su respaldo a la intención gubernamental de acordar con el organismo de crédito. En rigor, no hay dirigentes de peso en el mapa de la bota que hayan mostrado una posición como la de Máximo Kirchner que dejó la presidencia del bloque del oficialismo en la Cámara baja del Congreso de la Nación. Gramajo no habló del llamado kirchnerismo duro que se opone pero advirtió que las encuestas de opinión muestran que el 80% de los encuestados creen necesario un entendimiento con los acreedores, sólo un 9% no y el resto no sabe o no responde. En los considerandos, con números y criterios como los exhibidos por las autoridades económicas a nivel nacional, justifica por qué es mejor no romper con las reglas de juego a nivel mundial. Lo votado pide a los diputados y senadores nacionales de Santa Fe que “posibiliten el tratamiento y den el voto afirmativo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional del Crédito con facilidades extendidas”. “Cada senador provincial es la voz de cada uno de los 19 departamentos y creo que es correcto que cada legislador nacional apoye este acuerdo que se está tratando en estos momentos con el Fondo para así garantizar el futuro de la Argentina”, dijo Gramajo.

El del fondo fue uno de los pocos temas que merecieron intervenciones de los legisladores, en la primera sesión del período extraordinario del año, que estuvo a cargo del presidente provisional del Senado, Rubén Pirola (PJ-Nes-Las Colonias). José Baucero (PJ-Nes-San Javier) pidió que la Provincia adhiera al tratado Regional Norte Grande para que se incluyan los departamentos del norte: 9 de Julio, Vera, General Obligado, San Cristóbal, San Justo y San Javier la suerte de ese bloque. El legislador advirtió que hay pedidos de las provincias del NEA y del NOA para que el mismo trato en subsidios a la energía para usuarios de capital federal y el Gran Buenos Aires se extienda al norte del país, entre otros reclamos.

Germań Giacomino (UCR-Constitución) elogió la reformulación del proyecto sobre la ruta 90, que reutilizará su hormigón. Deben repavimentarse 37 Km. Por otra parte, Giacomino también habló del caso de la maestra asesinada en Alto Verde, Vanesa Castillo, cuyos deudos ahora -por un fallo de la justicia- deben afrontar el costo de su abogado, pese a haber ganado el juicio. Expresó su contrariedad frente al tema y dijo que un eventual remedio a situaciones como la señalada es que Santa Fe adhiera a la Ley Nacional Nº 27.210 que crea el “Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género” y un “Cuerpo Permanente de Abogadas y Abogados para el Patrocinio Gratuito de Víctimas de Violencia de Género” en el ámbito del Ministerio de Igualdad y Género, con el objetivo de garantizar el acceso gratuito a la justicia de las víctimas de esos delitos. El tema ingresó para su futuro tratamiento, cuando se habiliten las sesiones ordinarias después del 1ro de mayo, o antes si así lo entiende la Casa Gris durante el presente período extraordinario de sesiones.

Todos los senadores expresaron a través de sus bloques los deseos de una pronta y completa recuperación para sus pares Felipe Michlig y Ricardo Kaufmann, del radicalismo y el peronismo, que se sobreponen en sus hogares de cuadros de Covid-19.

Sobre tablas, sin debate y por unanimidad, el Senado provincial avanzó con la ley que renueva la vigencia de una norma que evita los desalojos en predios rurales. Se trata de un mensaje del Poder Ejecutivo que prorroga por 2 años la vigencia de la Ley N°13.666. La media sanción pasó a la Cámara de Diputados. Además, la Cámara alta renovó preferencias dentro del temario pedido por el gobierno santafesino que eventualmente se tratarán en la próxima sesión. En un caso, para autorizar la venta de una propiedad del Estado santafesino en Alta Gracia (Córdoba) donde funcionaba una colonia de vacaciones. El Ejecutivo planea usar lo obtenido para crear centros recreativos con el mismo fin social en lugares turísticos dentro del mapa de la bota. Del mismo modo, está en agenda el proyecto de ley sobre el Consenso fiscal firmado el año pasado a nivel nacional y las dos autorizaciones pedidas a las Cámaras para tomar préstamos para obras publicas. En un caso, con el Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe, para la obra “Acueducto Interprovincial Santa Fe – Córdoba”, con unos 25 millones de dólares (el mensaje habla de 7,6 millones de dinares kuwaitíes). Y en el otro, con el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura (FFFIR), para el financiamiento del Proyecto “Readecuación de las obras de mitigación contra inundaciones y estabilización de las barrancas Zona Este de la ciudad de San Javier”, por 35 millones de dólares.