La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires ratificó este jueves el procesamiento de Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, en una causa que investiga el supuesto desvío de fondos del programa "Potenciar Trabajo". Pero la decisión no quedó ahí: se ampliaron las acusaciones al incluir los delitos de "amenazas coactivas" y "extorsión agravada", dando un giro clave en la causa.

El caso no es nuevo. En agosto, el juez Sebastián Casanello había procesado a Belliboni por "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública". Según los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, hay pruebas suficientes para sostener que el Polo Obrero y la organización El Resplandor desviaron fondos asignados mediante convenios con el ex Ministerio de Desarrollo Social.

El fallo apunta a que esos recursos, destinados a mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables, habrían sido utilizados con fines políticos partidarios. Los magistrados remarcaron que lo ocurrido va más allá del simple desvío de fondos, calificándolo como una "modalidad coactiva institucionalizada" dentro del Polo Obrero.

Entre las pruebas que pesan contra Belliboni, se destaca el hallazgo de cuadernos y planillas en comedores allanados. En esos registros se anotaba la asistencia de beneficiarios a movilizaciones políticas, incluyendo nombres, fechas y supervisores. La investigación también revela que quienes formaban parte del programa eran obligados a participar de estas actividades para mantener la ayuda estatal.

Además, la Cámara Federal pidió ampliar la mirada hacia posibles complicidades dentro del Estado. La resolución no solo apunta a Belliboni, sino también a otros miembros del Polo Obrero, como Mariano Centanni, ex tesorero de la organización. Ambos habrían direccionado los recursos hacia fines ajenos a los objetivos del programa, de acuerdo con la justicia.

Desde el Polo Obrero han negado las acusaciones y denunciado persecución judicial, mientras que la investigación sigue avanzando con el foco puesto en esclarecer el manejo de los fondos públicos.

Lo que está claro es que este fallo abre una nueva etapa en la causa, poniendo bajo la lupa no solo a los dirigentes sociales, sino también al vínculo entre las organizaciones y el aparato estatal. Una trama que sigue escribiéndose y que tendrá repercusiones tanto en lo judicial como en lo político.

A media mañana de este miércoles, una importante lista de puntos a lo largo del país sufrirán complicaciones en el tránsito. Dos de ellos serán en la provincia de Santa Fe.

Se esperan complicaciones en la circulación sobre distintos tramos de la autopista Rosario-Buenos Aires y la Ruta 11 a la altura de Tacuarendí, en el norte provincial.

El horario estimado para el inicio de las manifestaciones es a las 10 horas.

Sumado a las posibles complicaciones en el sur santafesino, a primera hora de la mañana se registraron bancos de niebla y neblina en los accesos a la ciudad de Rosario.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica probabilidad leve de chaparrones de lluvias para este miércoles en el noreste y sureste de Santa Fe.

La interrupción en el tránsito se da en el marco de una manifestación a nivel nacional, que contará con 100 cortes en todo el país durante esta mañana.

Un comunicado de la Unidad Piquetera indica que la misma tiene como eje exigir mejores salarios, empleo digno y luchar contra la pobreza, el ajuste y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El último antecedente de este tipo fue a mediados de marzo y anunciaron que para el 15 y 17 de mayo próximo planifican una “gran marcha”.

Mientras la presión piquetera sobre el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández se intensifica, incluidas las amenazas de Juan Grabois de dejar el Frente de Todos, los datos crudos muestran que el mayor esfuerzo fiscal del gobierno con cuentas en déficit fue a los planes asistenciales, cuenta que creció 297% en el primer semestre de este año respecto del mismo período de 2019.

En la primera mitad de 2019, la pobreza en el país era de 35,5% de las personas y la indigencia alcanzaba al 8%. El último dato disponible (primer semestre 2021) marca indicadores respectivos de 37,3% y 8,2%. La progresión sugiere que la mayor asistencia no es lo que revierte el drama social.

Un reciente informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino -el centro de estudio del economista Jorge Colina- compara para el mismo período que las asignaciones familiares (activos, pasivos y AUH) subieron un 10% y que las erogaciones en jubilaciones cayeron 3%.

“Comparando el primer semestre del 2022 con igual periodo del 2019, el gasto público nacional creció un 20% por encima de la inflación. Este fuerte aumento fue liderado por la expansión de los subsidios energéticos.

“Las transferencias monetarias a las familias también crecieron por encima de la inflación. Aumentaron un 13% real en 3 años, pero con comportamientos dispares entre componentes”, añade el informe”.

Mientras espera los datos de inflación, eventual suba de tasas y busca dólares para reservas, Sergio Massa recibió este lunes en su despacho a la titular de Administración Nacional de la Seguridad Social Fernanda Raverta y al secretario de Hacienda, Raúl Rigo, para evaluar cómo financiará el incremento a los jubilados con un “adicional” que reconoce implícitamente que el gobierno del Frente de Todos viene ajustando por el sector que menos capacidad de movilización tiene.

La UCR difundió a su vez hace una semana, un informe según el cual el “Estado Paralelo” de las organizaciones sociales manejó un presupuesto de $332.574 millones, mientras que los gobiernos provinciales manejaron 16.500 millones girados desde el ministerio de Desarrollo Social. De ese total Santa Fe recibió apenas 0,3%.

En las transferencias directas a personas, de los $332.574 millones un 42 % fue a la provincia de Buenos Aires y sólo un 4,8% tuvo por destino a beneficiarios santafesinos. Entre el 1 de enero y el 28 de julio, se distribuyeron en Santa Fe $6.179 millones del plan Potenciar Trabajo (sobre un presupuesto de $4.253 millones) y $9.696 millones del Plan Alimentar (el presupuesto era de $9.416 millones).

Las cifras, como las de Idesa, señalan que las organizaciones sociales son las que más acrecientan su participación en la ejecución del presupuesto, mientras que a su vez el distrito donde Cristina Fernández asienta su “cabeza de playa” política es el más beneficiado.

Eso no sólo en materia social sino también fiscal. Cabe recordar que la administración bonaerense recibió 41,7 % de las transferencias discrecionales (Santa Fe 5,7%) desde el gobierno central, por fuera de la coparticipación automática.

Mientras Sergio Massa promete bajar a 2,5% del PBI el déficit fiscal primario, Cristina Fernández mantiene vigente en el Senado su proyecto para repartir a 1,7 millones de personas, un monto equivalente a la canasta básica alimentaria de un adulto ($15.057). Lejos del mal llamado Salario Básico Universal que proponen los “cayetanos”, pero agregando un gasto de 0,5% del PBI a las complicadas cuentas nacionales.