Un accidente de tránsito que involucró a un colectivo de larga distancia y un camión cisterna se produjo aproximadamente a las 18 de este viernes  en el cruce de las Rutas 14 y A012, a la altura de la localidad de Piñero.

El impacto dejó como principal damnificado al conductor del colectivo, quien resultó aprisionado en la cabina, ya que la unidad de la empresa Central Alcorta fue afectada principalmente en la zona delantera, del lado del conductor.

Según testigos, el micro venía circulando por la Ruta Provincial 14, saliendo de Soldini, mientras que el camión pasaba por el cruce a través de la  A012. La colisión se habría producido cuando el micro de pasajeros, que circulaba de Rosario a Firmat, impactó el vehículo de carga en la parte final del cisterna. El camión, que era un chasis que transportaba combustible, pudo estabilizarse y frenar, y no habría sufrido daños graves.

La principal hipótesis sobre la causa del siniestro es una falla mecánica en el colectivo y el estado de la cinta asfáltica por la lluvia que afecta a sur santafesino. 

El único herido de consideración fue el colectivero, quien quedó atrapado. Testigos indicaron que sufrió un fuerte golpe en el brazo y en la cara. En tanto, los pasajeros fueron asistidos, pero no se registraron heridos de gravedad.

A pesar de haber quedado aprisionado por el golpe frontal y la complicación en sus piernas, el conductor estuvo consciente en todo momento y colaboró con los bomberos y rescatistas de la zona (Álvarez, Villa Mugueta y Pérez) que acudieron al lugar. 

Uno de los hermanos del gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, fue víctima de una entradera el domingo por la noche. El hecho ocurrió en la vivienda en la cual reside, ubicada en un barrio privado a las afueras de Piñero (unos 20 kilómetros al oeste de Rosario).

Al menos 3 personas ingresaron en el barrio Pinares del Sur, que tiene su ingreso principal por la ruta A012, y se dirigieron hasta la vivienda donde reside Martín, uno de los hermanos del gobernador. Al parecer, cortaron la luz y cuando el hombre salió a ver si el desperfecto era solo en su casa, fue sorprendido por varias personas.

Bajo amenazas, fue obligado a ingresar en la casa. Si bien no hay información oficial sobre el hecho, versiones señalan que Martín Pullaro fue maniatado, al igual que su esposa. Luego, al menos dos de los delincuentes ingresaron mientras un tercero se quedó en la puerta, y se llevaron teléfonos celulares, una notebook, dinero en efectivo y un aparato de DVR al que estaban conectadas las cámaras de seguridad.

Tras esto, se dieron a la fuga. Los dueños de casa lograron desatarse y dieron aviso al 911. Un rato más tarde llegó hasta el barrio personal de distintas reparticiones policiales, que realizaron diversas pericias. En base a una primera inspección realizada en el perímetro del barrio, se presume que los asaltantes llegaron y se fueron por una reja perimetral que da a una calle lateral. No se descarta que también haya participado una cuarta persona, que los esperaba en algún vehículo, con el cual escaparon del lugar.

La detención de una joven policía en la ciudad de Rosario que trabajaba en el servicio de Emergencia 911 y filtraba información a su pareja alojada en la cárcel de Piñero causó preocupación en el Ministerio de Seguridad y derivó en una decisión concreta. Por Directiva Nro. 11 y con fecha 20 de mayo, la cartera ordenó "diseñar e implementar inspecciones socio-ambientales en relación a los postulantes, cadetes, efectivos nombrados en comisión y efectivos confirmados, tanto de la Policía de Santa Fe como del Servicio Penitenciario".

La intención es que a través de estas mini auditorías se puedan "verificar componentes actitudinales que requieran cada uno de los respectivos perfiles funcionales, y detectar comportamientos, patrones de conducta, relaciones sociales, familiares, comerciales o de otro tipo, que puedan afectar negativamente el desempeño de los agentes o la confianza pública en las instituciones de seguridad".

Los protocolos de inspección y el orden de prioridades propuesto en cada caso deberán ser elevados para su aprobación. La disposición, a la que tuvo acceso El Litoral, deja sin efecto "toda resolución, directiva u orden en contrario, al tiempo que se considera vetada toda práctica que directa o indirectamente se oponga u obstaculice el cumplimiento de las citadas inspecciones".

Las tareas aludidas estarán a cargo de la Secretaría de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Seguridad, de la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Asuntos Penales.

El detonante de la resolución citada fue, como se dijo, la situación escandalosa que involucró a una suboficial de 21 años de la ciudad de Rosario, detenida este lunes mientras visitaba a su pareja en la cárcel de Piñero. El interno está acusado de ser partícipe en la balacera contra un colectivo ocurrido en septiembre del año pasado. Asimismo, se supo que un hermano de la agente será imputado en el transcurso de esta semana a raíz de un ataque a tiros registrado a principios de mayo, contra la casa de Norma Acosta, también en la ciudad del sur.

La joven policía gozaba de licencia por maternidad; de su relación con el interno alojado en Piñero, nació un bebé hace cinco meses. Se le imputa haber filtrado información sobre el funcionamiento de las cámaras de videovigilancia del 911 que su pareja utilizaba para perpetrar las balaceras.

El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro presidió este martes la licitación de la primera etapa del Centro de Reclusión para Internos de Alto Perfil (Ceriap) de la Unidad Penitenciaria N° 11 de Piñero. La obra tiene un presupuesto oficial de más de $ 109 mil millones y permitirá alojar a 1.152 reclusos en 4 minipenales conformado cada uno por 6 pabellones de 48 celdas construidos en 2 plantas, totalizando 288 celdas individuales por pabellón.

Hasta allí las explicaciones técnicas que presentó en detalle Diego Leone, Secretario de la Unidad Ejecutora en Infraestructura.

Pero la convocatoria fue una ocasión para analizar los hechos de inseguridad que sacudieron a la ciudad de Rosario en el primer tramo de este año. En ese sentido, Pullaro se mostró categórico: "Hay una política de seguridad sumamente robusta", afirmó.

El gobernador estuvo acompañado, además, por Lucía Masneri, secretaria de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, y por el senador provincial por Rosario Ciro Seisas, entre otras autoridades e integrantes del gabinete.

En ese marco, el mandatario destacó la fuerte inversión que se realiza en materia de seguridad desde la provincia que, entre otros números, se traduce en la cantidad de plazas que se van a ejecutar durante toda la gestión: serán 6.512 contra las 4079 que se hicieron desde 1984 a 2023.

En el caso de la obra que se licitó este martes, demandará 4 etapas: los 4 minipenales; el muro perimetral; la infraestructura, que incluye los servicios para su funcionamiento y por último, la tecnología.

Por sus características se enmarca en el criterio de alto perfil, ya que contará con doble muro, cerco perimetral de 10 metros de altura en su parte más elevada, un torreón de vigilancia cada 70 metros, una torre de 36 metros de alto que permite visualizar el penal y su entorno, 6 pabellones en cada minipenal, cada uno con celdas individuales, boxes individuales con comunicación a través de blindex, atención sanitaria intramuros y helipuerto para atender una emergencia, entre otras características.

La obra, que tiene plazo de inicio en abril y deberá estar lista para ser usada en septiembre de 2026, se suma a la ampliación de la unidad 5 de Rosario y de otros centros de reclusión que permitirán llegar a esas 6.512 plazas ejecutadas al final de la actual gestión.

El gobernador destacó la inversión en seguridad y ampliación de plazas penitenciarias.

"Es un hecho histórico para la ciudad, el país y Sudamérica", valoró Masneri a su turno a la vez que diferenció el concepto de "alto perfil" que tendrán estas unidades de las de "máxima seguridad".

"Es un término que acuñamos en 2015 cuando el gobernador era ministro de Seguridad y cuando nadie hablaba de presos especiales que pretendían seguir aterrorizando a la sociedad aun procesados o condenados". En esa línea garantizó que el centro tendrá "todas las medidas que podemos necesitar" para el control de los reclusos.

"Hoy, llegar con este diseño institucional nos permite mostrar que hay una política pública de seguridad muy clara", aseguró Pullaro quien insistió en que el gobierno "nunca va a dar un paso atrás, siempre vamos a ir para adelante".

Consultado sobre el recrudecimiento de la violencia en la ciudad de Rosario durante los primeros días del año, el mandatario santafesino admitió que "es innegable que los primeros días de 2025 tuvieron parámetos diferentes a los últimos meses de 2024". En ese punto, consignó que se observa una caída significativa del delito contra la propiedad que contabilizó 4700 hechos en enero de 2024 y 2100 en el mismo mes de 2025. "Eso tiene que ver con el control y el policiamiento (presencia de efectivos en las calles) que controlo todos los días".

En cuanto a la violencia lesiva distinguió los eventos interpersonales que ocupan un 50 % del total y heridos de armas de fuego que tienen que ver con un contexto criminal más complejo.

"Estamos trabajando en investigaciones para bajar los niveles de violencia que tienen que ver con homicidios, heridos de armas de fuego y disparos con armas de fuego sobre domicilios", agregó el gobernador para concluir en que "la prevención e investigación hacen que la impunidad sea menor".

Para Pullaro, quien habló también de "reacomodamientos" en los barrios como efecto de los mayores controles en las cárceles, la ciudad "sigue teniendo un control muy importante", por lo que "nunca más estos tipos se van a sentir dueños de la calle. Lo que no vamos a poder evitar es que un violento agarre un arma para matar a otro. Pero lo que tiene que saber ese violento es que no va a quedar impune: acá la perpetua es perpetua".

Luego de definir que "hay una política de seguridad sumamente robusta" e insistir en que "no me van a amedrentar", destacó el trabajo en conjunto con la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, y con el gobierno nacional, además de ponderar la comunicación permanente con Federico Angelini, subsecretario de Intervención Federal.

"La inversión en Santa Fe es única", dijo el gobernador para insistir en su consigna de "ni un paso atrás".

Por último y ya en línea con el proceso que se avecina para elegir a convencionales que reformarán la Constitución provincial (el propio Pullaro encabeza la lista por Unidos para Cambiar Santa Fe), avisó que "en la Constitución de Santa Fe no va a haber ningún concepto garantista si nos toca ganar las elecciones. No va a haber ningún criterio que proteja a los delincuentes. Tenemos que terminar con que los delincuentes son víctimas y por eso salen a robar y a matar".

Una suboficial de la Brigada Motorizada de Santa Fe ha sido arrestada recientemente, sospechosa de tener lazos con la organización criminal "Los Monos". La detención se llevó a cabo debido a su relación sentimental con Brian Joel "Gordo Cebo" Flores, un recluso conocido por su pertenencia a esta banda.

El arresto se produjo tras un allanamiento en una vivienda alquilada en la calle Biedma, un sitio previamente identificado por las autoridades como un centro de actividad narcótica. Aunque no se hallaron drogas ni otros objetos incriminatorios durante la operación, la Fiscalía decidió proceder con su detención.

La investigación fue conducida por la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y la sección de Asuntos Internos de la policía provincial. Los investigadores descubrieron que la suboficial visitaba con frecuencia a Flores en la prisión de Piñero, lo que generó sospechas sobre su posible participación en actividades ilegales.

El fiscal Franco Carbone, encargado del caso, anunció que la suboficial será imputada en breve por incumplimiento de deberes. A pesar de no encontrarse evidencia directa de su implicación en el narcotráfico, las autoridades consideran que su relación con Flores y su posición dentro de la fuerza podrían haber sido explotadas para beneficiar a la organización criminal.

La vivienda allanada había sido objeto de investigaciones anteriores debido a su conexión con las actividades de "Los Monos". Esta banda es conocida por su dominio del tráfico de drogas en la región y su implicación en numerosos actos de violencia y corrupción.

El ministro de Seguridad, Pablo Coccocioni, celebró que la Nación finalmente decidiese reanudar los trabajos para terminar la cárcel federal de Coronda. Sólo resta un 7% para finalizar la obra. Sin embargo, advirtió que los plazos para finalizarla se extenderán más allá de lo previsto y estimado por la provincia.

Consultado por El Litoral, después de ofrecer un desayuno para la prensa, el funcionario sostuvo que "siempre es una buena noticia" aunque reparó en que "los anuncios (de Nación) dan cuenta de que no será un plazo tan breve (para su finalización) como nosotros hubiéramos esperado; dado que falta muy poco, tenemos entendido que antes de fin de año planean ponerla operativa". Al respecto, recordó que en la provincia existen "700 presos a disposición exclusiva de la Justicia Federal, con lo cual entendemos que poner en marcha más de 400 plazas no va a eliminar el problema, pero lo va a disminuir sustancialmente".

Respecto de la reciente sanción de la ley para expropiar terrenos en Piñero y construir allí la primera cárcel de alto perfil de la provincia, el ministro explicó que, a través de la Unidad Ejecutora diseñada por el gobierno, se harán "dos tipos de obra". "Primero -precisó-, el sector de alto perfil y por separado, el sector de peligrosidad mediana, es decir el estándar en construcción penitenciaria". Según mencionó, se abre ahora un período hasta que se concluya el proyecto definitivo. "Esto es así porque se trata de una obra nueva; no es cortar y pegar lo que ya se hizo y de hecho no hay modelos en Argentina que tengan este nivel de fortificación y de seguridad". Consultado sobre los plazos que manejan para su construcción, estimó que "la primera etapa con unas 500 plazas de alto perfil podría estar terminada en dos años". "El programa de obra pública para esta gestión del gobierno de cuatro años -completó- incluiría la generación de aproximadamente 4.000 plazas carcelarias. Con ello esperamos erradicar completamente el alojamiento de presos en dependencias policiales en la provincia", planteó.

El ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Pablo Coccocioni

Coccocioni admitió que persistirá por un tiempo la superpoblación carcelaria porque el problema "no es susceptible de ser modificado de manera instantánea, sino con programas de mediano y largo plazo". "Nosotros -indicó-, prácticamente habíamos terminado con ese problema; ustedes recordarán que quedaron hacia 2019 unos 495 presos en comisarías en toda la provincia. Pero hoy heredamos tres veces y media esa cantidad, con lo cual obviamente todas las comisarías y cárceles están sobreexigidas. Entendemos que, de aquí a un tiempo muy breve, hacia mediados de gestión, vamos a poder no sólo lograr que no haya detenidos en comisarías y alcaldías policiales, sino también reducir la sobrepoblación en Coronda, Piñero y Las Flores".

Consultado sobre la posibilidad de utilizar contenedores en Ciudad de Buenos Aires para alojar detenidos, Coccocioni opinó que "cada lugar tiene adoptar las medidas que se juzguen necesarias según la situación. En Santa Fe – explicó-, el tema carcelario no es una novedad que surgió de repente, sino que es un problema crónico que se viene agravando. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, hay una situación tal vez de emergencia porque no tenía sistema penitenciario y ahora lo debe empezar a erigir. Desde ese punto de vista, nos parece aceptable que se busquen las soluciones que ellos estimen más adecuadas. En el caso de Santa Fe – diferenció-, hacemos obra pública con otros parámetros constructivos que además ya tienen una calidad. La verdad es que los desarrollos de obra pública penitenciaria en la última década y media en Santa Fe hoy hasta están siendo copiados por otras provincias, con lo cual, es seguir por este camino y que nunca más se vuelva a cortar el proceso de construcción de cárceles", concluyó.

El traslado de 40 detenidos de Alcaidía de Melincué a la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Pieñero, reavivó un proyecto que lleva una década en carpeta: construir una cárcel en el extremo sur de la provincia de Santa Fe. 

El primero en reflotar la iniciativa fue el propio gobernador provincial Maximiliano Pullaro en su última visita a Venado Tuerto. En el mismo sentido se pronunciaron la subsecretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, y el delegado del Ministerio de Seguridad en el sur santafesino, Nahuel Pasquinelli. Sin embargo, el primero en hablar sobre la creación del Instituto Penitenciario Nº 12 en el departamento fue el entonces senador provincial y hoy ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, allá por el año 2014. 

En noviembre de 2014, a través de la Ley 13.447, se habilitaba al gobierno santafesino, a cargo de Antonio Bonfatti, a disponer de fondos para ampliar cárceles en la provincia y construir, tras el pedido del senador Lisandro Enrico, el Instituto Penitenciario Nº 12, una importante obra pensada para alojar a unos 160 presos, misma cantidad que venía teniendo la Alcaidía, aunque con una infraestructura precaria y prácticamente abandonada. 

Ya hacia 2015, el proyecto comenzó a tomar cada vez más fuerza, llegando incluso a evaluar posibles predios que pudieran contener este edificio y cumpliera con los requisitos básicos de accesibilidad. Allí surgieron como opción, lotes ubicados sobre la ruta 93, entre Melincué y Miguel Torres.

La obra incluía cuatro pabellones de dos pisos, con espacio cada uno para 40 reclusos -uno por celda- bajo la modalidad "celular". Para ello se requería de un predio de cuatro hectáreas, con doble cerco perimetral; además de contar con servicios para la atención primaria de la salud, escuela, talleres, espacios para esparcimiento y salón de usos múltiples.

A su vez, sumaba ocho celdas para resguardo físico y "Cámara Gesell". Según se estimaba, se debían incorporar cerca de 100 empleados del Servicio Penitenciario para que el lugar funcione con normalidad, significando fuentes de empleo para el departamento General López.

El consenso político que se había logrado en aquel entonces se encontró con posturas opositoras de un grupo de vecinos de Melincué, quienes no tardaron en mostrar su disconformidad, considerando que la construcción de una cárcel podía afectar el proyecto turístico que viene sosteniendo la localidad a partir de su riqueza natural e historia, y que derivó en la generación de emprendimientos gastronómicos y complejos de cabañas para recibir a la gente que llega a disfrutar de la tranquilidad de esta comuna sureña.

Durante varios meses hubo reuniones en Melincué, donde se fueron brindando más precisiones sobre la unidad penitenciaria y respondiendo las consultas e interrogantes de los ciudadanos. Ya en aquel entonces se empezó a barajar la posibilidad de convocar a un plebiscito para conocer la opinión de toda la comunidad. 

Los reparos impuestos por estos vecinos obligaron en aquel entonces a pensar en otras alternativas, incluso aparecieron localidades interesadas en albergar la institución, descubriendo en este proyecto una posibilidad de fuentes de empleo y desarrollo. Una de ellas fue Miguel Torres, cuyas autoridades se mostraron dispuestas a evaluar la iniciativa y trasladar la inquietud a sus habitantes. 

Con siete representantes de la gestión entrante y con las actuales autoridades del Servicio Penitenciario provincial, se llevó a cabo durante tres horas, la primera reunión de transición en el ámbito carcelario.

Fue un encuentro de trabajo, según lo definieron a El Litoral, fuentes de ambas administraciones. Es más, no fue en el despacho de ningún funcionario, sino en el propio Complejo Penitenciario de Rosario. El intercambio incluyó, de hecho, una recorrida por las instalaciones de la Alcaidía y de la Cárcel de Mujeres.

El ministro de Seguridad, Claudio Brilloni. Crédito: Flavio Raina

Los referentes en materia de seguridad ya habían recibido información sobre la población carcelaria y personal penitenciario, en el encuentro que se había realizado con el ministro Claudio Brilloni, semanas atrás. Este martes, en cambio, los representantes del gobernador electo hicieron foco y reclamaron datos sobre las obras de infraestructura penitenciarias que se desarrollan en la provincia.

Según pudo saber este diario, la delegación de la nueva gestión requirió información sobre el estado de las obras, las fechas de entrega y los procesos licitatorios en marcha.

Actualmente, entre los trabajos que se llevan adelante se encuentran los que permitirán sumar tres módulos con dos pabellones cada uno para ofensores sexuales; dos estarán en el penal de Las Flores, dos en Piñero y los dos restantes, en Santa Felicia. Cada uno de esos pabellones tiene capacidad para 80 internos. Serán colectivos -no individuales- y permitirán sumar 480 nuevas plazas. Los trabajos están avanzados y restan concluir las obras complementarias.

También se encuentra en proceso de licitación la sub unidad IV en el Centro Penal de Rosario; ya está concluida la fase de gobierno pero resta la penal (celdas).

La situación de la obra de la cárcel federal que se construye en Coronda también fue parte de las consultas. El penal es ejecutado por el gobierno nacional y sumaría más de 400 plazas para descomprimir un sistema penal provincial que aloja a unos 500 internos federales. El plazo de finalización estaba previsto para setiembre pero se pospuso para noviembre. Las autoridades provinciales no pudieron dar precisiones sobre alguna fecha cierta de habilitación.

Por la actual gestión, estuvieron presentes en el encuentro el secretario de Asuntos Penitenciarios, Walter Gálvez; y el director del área, Gabriel Leegstra. Por la nueva administración, entre los siete referentes presentes se encontraba Lucía Masneri. Su nombre es uno de los que se baraja como posible titular de la repartición a partir del 10 de diciembre. Ya durante la gestión anterior se había desempeñado como Directora de Relaciones Institucionales del Servicio Penitenciario, cuando Maximiliano Pullaro ejercía el cargo de ministro de Seguridad.

Por Ivana Fux y Emerio Agretti

El ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Claudio Brilloni, confirmó que la entrevista periodística a Ramón Ezequiel Machuca, conocido como “Monchi” Cantero, líder de la banda narco “Los Monos”, fue autorizada por el gobierno provincial, previo cumplimiento de todos los recaudos formales y de seguridad. Pero también que no otorga crédito al contenido de sus dichos, en el sentido que la banda en cuestión ya no existe, y que se le adjudicaron delitos que no cometió.

Cantero, que está cumpliendo una condena de 37 años como jefe de una asociación ilícita e imputado por cuatro homicidios, fue entrevistado por Clarín en el propio establecimiento penitenciario de Piñero, lo cual tuvo su lógica secuela de reacciones y controversias.

“Monchi Cantero”, hermanastro del “Pájaro”, al momento de su detención en 2016. “La autorización que se le dio a este medio periodístico para ingresar a la cárcel para entrevistarse con Cantero recorrió todo el aspecto administrativo, tanto en el ámbito de la Justicia como de las reparticiones involucradas, así que en ese sentido se han tomado todos los recaudos. También se han tomado todos los recaudos de seguridad con respecto a los periodistas que ingresaron”, dejó en claro Brilloni, ante la consulta de El Litoral.

En la entrevista, “Monchi” Cantero se refirió a las diferencias con su medio hermano Ariel “Guille” Cantero, con quien compartió el liderazgo de “Los Monos” antes de la muerte de Claudio Ariel “Pájaro” Cantero. Reveló que su relación con “Guille” se deterioró tras la muerte de “Pájaro” y que desde entonces no han mantenido contacto cercano. También negó ser el responsable de algunos de los delitos que se le imputan, y aseguró que “Los Monos” ya no existen.

Al respecto, Brilloni aclaró que “yo no le creo nada. Es una persona que está acusada de cometer delitos, y no le creo nada porque en definitiva es la representación viva también de una de las historias más nefastas y más negras y más tristes que tiene la historia de nuestra provincia. Así que continuará donde tiene que estar: preso cumpliendo la condena”.

En otro tramo, se preguntó al funcionario sobre la sucesión de estafas, incluso con secuelas de muerte, que se producen con supuestas operaciones de compra de vehículos a través de las redes sociales, y si ello está centrado en una banda en particular que se dedique a ese tipo de prácticas.

“Hay organizaciones, hay bandas menores, minúsculas. O sea, en cuanto a la cantidad y a la complejidad, la verdad es que hoy por hoy ingresar a un sitio por Internet para hacer algún tipo de transacción todos lo tenemos al alcance de la mano. Entonces, en ese sentido, la agencia de Investigación Criminal que pertenece a la Policía de la Provincia de Santa Fe tiene una división que es de cibercrimen, que es la que se dedica a investigar todos estos tipos de de hechos. No en cuanto a la prevención, porque cada vez que alguien interactúa con las redes sociales o cualquier sitio de Internet también tenemos que ser muy cuidadoso de proteger y de cuidar la intimidad de las personas porque es una garantía constitucional. Pero todas las herramientas que necesitan en materia de cibercrimen, para la investigación de los delitos ligados a alguna estafa, la Agencia los tiene”, aseguró.

(Por Ivana Fux) – Habilitado el nuevo sistema de inhibición total de señal en la cárcel de Piñero, el Servicio Penitenciario inicia ahora los estudios de factibilidad para trasladar el mismo mecanismo a los penales de Rosario, Las Flores y Coronda. Pero los tres presentan la particularidad de que se encuentran enclavados en zonas urbanas. Por ello, queda prácticamente desestimada la posibilidad de una inhibición total. En cambio, se piensa en un sistema de bloqueo “parcial o sectorial”.

Consultado por El Litoral, el titular del Servicio Penitenciario provincial, Walter Gálvez, anunció que “en diez días” se firmarán tres convenios con el INVAP para comenzar los estudios de factibilidad a fin de determinar qué sistema es más atinado para cada penal a inhibir.

“La intención es determinar qué es lo más conveniente para cada unidad porque cada una tiene su propia fisonomía. Y las tres están en zonas urbanas por lo que requerimos que nos asesoren respecto de si es pertinente una inhibición total o sectorial y parcial”, dijo el funcionario. “Y por la experiencia de Piñero – acotó-, vimos que por momentos costaba que la barrera de inhibición no superase los muros del penal y se extendiese a las empresas de servicio que estaban en los alrededores de la cárcel”. Gálvez descansó en “la experiencia” de la empresa israelí que proveyó los equipos tecnológicos, sobre todo en países de Centroamérica y África, que les ha permitido “desarrollar también sistemas de inhibición de manera parcial”.

– ¿Por lo tanto sería un sistema diferente al de Piñero?

– Sí, porque también son unidades diferentes. Piñero es un penal de máxima seguridad. Hay alojados allí 450 internos de alto perfil de los 2200 presos que tenemos en total. En cambio, Las Flores tiene otro tipo de detenidos. Ahí tenemos, además, pabellones más espaciados; y Coronda tiene su propia fisonomía también. Por eso no se puede instrumentar lo mismo. En Las Flores tenemos pocos internos de alto perfil, entonces allí quizá pueda plantearse un sistema de inhibición sectorial pero no en todo el perímetro de la unidad. Son tres penales diferentes. Coronda sí tiene presos federales vinculados a barras bravas, y ello amerita otro tipo de tratamiento.

– ¿La compra de esos equipamientos ya fue licitada?

– No, son tres estudios diferentes de factibilidad que se deberían estar terminando en sesenta días. Y a partir de allí, se inicia el expediente para la compra de los equipos. Pero el camino ya está desandado.

– Por la experiencia de Piñero, la posible instalación de los equipos va a trascender la actual gestión, entonces…

– Posiblemente, pero el piso que se deja es mucho más alto que el que recibimos. Quien asuma adoptará la decisión política que crea más conveniente, pero nosotros dejaremos todo listo. A tal punto es de avanzada el equipamiento, que la semana pasada nos visitaron funcionarios del sistema federal porque también en el sistema nacional carcelario tienen serios problemas. Ésta es la única cárcel del país que tiene esta tecnología.

El sistema de inhibición total en Piñero implicó la instalación de 8 inhibidores en la zona del cerco perimetral de seguridad y en lugares estratégicos para inhibir sectores de interés. El mecanismo genera una señal de interferencia en las diferentes bandas seleccionadas de manera que cualquier teléfono celular al momento de querer intentar conectarse a la red celular, encuentre primero la señal de inhibición. Cada inhibidor consta de dos gabinetes metálicos con sistemas de refrigeración forzada. En su interior están instalados los diferentes módulos conectados a ocho antenas direccionadas a una altura de diez metros. El sistema es monitoreado de manera remota, desde un software de gestión.

Así como sorprendió el empate entre los precandidatos a gobernador Maximiliano Pullaro y Marcelo Lewandowski en el ámbito de la población carcelaria que participó de las elecciones primarias el pasado domingo, también llamó la atención que quien ganara en la categoría “diputados” fuese precisamente quien intensificó los controles en los penales a través de los scanners, body scanners y los propios inhibidores. Sí, fue Omar Perotti quien ganó la elección según el escrutinio de la población carcelaria.

El actual gobernador triunfó cómodamente en la interna de su partido superando tanto a Marcos Cleri, como a Eduardo Toniolli y Leandro Busatto; pero con sus 70 votos, también se convirtió en el postulante más votado teniendo en cuenta el resto de los espacios políticos. El segundo lugar quedó para Amalia Granata con 48 votos; y el tercero, para el actual concejal de esta ciudad, Juanjo Piedrabuena. El cantante de música tropical obtuvo 31 votos.

El ministro de Seguridad de la provincia, Claudio Brilloni, brindó detalles de la instalación, período de prueba y puesta en marcha del sistema de inhibición de señal implementado en la Unidad Penitenciaria N°11, ubicada en la localidad de Piñero. Dicho sistema fue desarrollado por Invap y posee aparatología proveniente de Israel, país pionero en tecnología para defensa y seguridad.

“El sistema anterior era obsoleto, no por el sistema en sí, sino por las nuevas tecnologías que son incorporadas en materia de comunicación. Entonces, cumpliendo directivas expresas del gobernador Omar Perotti en la lucha sin cuartel que tenemos contra la delincuencia, ya desde hace un año y medio estamos con esta gestión de incorporar un sistema de inhibición que esté acorde a las nuevas tecnologías”, explicó el ministro de Seguridad.

Y detalló: “Estamos hablando de una erogación cercana al millón de dólares para incorporar esta tecnología que nos permite ya pasar a la etapa de prueba, e iniciar con una fase uno, que es la inhibición total en el interior de la cárcel. Hemos empezado con Piñero, pero obviamente vamos a seguir con Las Flores, Coronda y las otras cárceles de Rosario y todo el ámbito de la provincia”.

A continuación, recordó que a esta nueva tecnología se suman los scanners corporales y arcos detectores de metales, y que la misma respeta los derechos de los detenidos: “Las comunicaciones, conforme reza la Constitución Nacional, están garantizadas, habida dado cuenta que hay un régimen de visitas, que la correspondencia se puede llevar adelante si es que así lo desean y, además, en los pabellones tenemos las líneas telefónicas fijas, o comúnmente conocido como teléfono público, desde los cuales se van a poder comunicar”.

Sobre el final, Brilloni remarcó que “el objetivo de los inhibidores” es que alguien que intente delinquir con el exterior tenga ningún tipo de comunicación”.

SISTEMA DE INHIBICIÓN Inicialmente, Invap realizó un relevamiento de campo donde dimensionó el sistema, haciendo simulaciones de coberturas de señal, para analizar que potencia debían tener los equipos de inhibición. Luego de un análisis de mercado de distintos tipos de tecnologías se seleccionó a la empresa proveedora, proveniente de Israel, para trabajar sobre el diseño del equipamiento. Asimismo, Invap participó de testeos de fábrica en el lugar de origen y, finalizado el proceso de importación, comenzó con la instalación, configuración y puesta en marcha a cargo de ambas prestadoras.

Finalmente se llevó adelante el proceso de instalación en lugares estratégicos para inhibir los sectores de interés, teniendo en cuenta la autonomía en el abastecimiento de energía eléctrica y el monitoreo interno y remoto.

El equipo israelí que adquirió la provincia para inhibir de manera total la cárcel de Piñero en primera instancia, y la de Coronda, después, ya está en el país. Se encuentran en Aduana para su correspondiente proceso de nacionalización y se estima que a mediados de junio, estará en funcionamiento. Se trata de una herramienta fundamental para bloquear las comunicaciones que entablan internos alojados en esos penales – a pesar de que el uso de celulares está prohibido- con interlocutores que terminan ejecutando los planes criminales que se diseñan intramuros.

Según estimó el titular del Servicio Penitenciario provincial, Walter Gálvez, “en 15 días” comenzarían las pruebas preliminares de los equipos.

“Hoy estamos trabajando sobre las 8 torres donde se encuentran las garitas. Allí ya funciona todo el equipamiento nacional; sobre él se está actuando y creemos que lo vamos a poder ensamblar en un par de semanas. Y en 10 ó 15 días a partir de ello, el sistema tendría que estar operativo. Por pliego – acotó-, en la primera quincena de junio, el sistema debería estar funcionando. No se pueden exceder de allí. Estamos muy expectantes porque esto se suma a los sistemas de control que ya están instalados en las unidades penitenciarias de la provincia, como los scanners, la cinta transportadora y body scanners donde los resultados son sorprendentes”, sostuvo.

Gálvez resaltó que se trata de un “sistema nuevo, importado de Israel y con una tecnología inédita, que no existe en el país. Esto es una novedad para todas las unidades penitenciarias de la Argentina. Por lo tanto, hay mucha expectativa por ver cuándo y cómo empieza a funcionar el sistema, y los resultados que arrojará”.

Advirtió, en otro orden, que tan importante como la instalación de los equipos es la capacitación que deberá tener el personal. “Se están buscando los perfiles (de los trabajadores), y vienen desde Israel la semana que viene a hacer la capacitación junto a personal del INVAP”, adelantó.

Según explicó, el equipamiento consta de una central desde donde se monitorea el sistema en su totalidad. “Nadie puede tocarlo, manejarlo, cambiarlo de lugar o modificar las antenas porque inmediatamente las alertas suenan. Estamos muy esperanzados en que este sistema puede dar los resultados que estamos esperando”, expresó.

Gálvez se refirió, en otro orden, a la inscripción que cerró días atrás para incorporar nuevos agentes en el Servicio Penitenciario. Recordó que se disputaban seiscientos lugares para que se anotasen los aspirantes y se iniciara luego el proceso de selección. Pero manifestó que del total, sólo un ínfimo porcentaje de los interesados pertenecen a Rosario. Es un dato contradictorio, si se repara en que algunos de los principales penales están radicados en el sur provincial. Según mencionó, de los inscriptos de manera on line, entre el “8 y 10%” eran oriundos de esa ciudad, con el agravante de que al momento de cumplir con toda la documentación exigida, sólo se presentaron doce personas.

“Ocurre lo que ocurrió históricamente – dijo-. Tuvimos un muy buen porcentaje de inscriptos, pero del universo total, una pequeña porción es de Rosario. Eso nos obliga a seguir con el sistema del traslado del personal, con todo lo que ello implica en cuanto a costos para la provincia y esfuerzo para el personal”.

El funcionario insistió en que éste es un fenómeno que se da año tras año, aunque admitió que en esta ocasión, el desinterés fue más marcado. “Más allá de los esfuerzos que se hicieron en municipios y comunas para lograr inscriptos, hay otras alternativas laborales que son elegidas antes que el Servicio Penitenciario – planteó-. La gran cantidad de gente es del norte provincial, del departamento Vera, sobre todo; y del Gran Santa Fe o Coronda. Pero del sur, son siempre pocos los inscriptos”.

Gálvez reconoció que el riesgo que implica la profesión y los bajos salarios inciden negativamente en la convocatoria. “Entiendo que debe ser así, pero esto es con lo que contamos hoy . Hace 15 días salieron casi 300 agentes que están trabajando en las unidades de Rosario pero son todos de la zona del Gran Santa Fe o de Coronda. No nos quejamos, pero evidentemente, esto requiere también de un esfuerzo grande de todo el Servicio Penitenciario en el armado de la estructura para todos los días”, concluyó.

Un hombre de 26 años fue demorado tras intentar ingresar teléfonos celulares a la Cárcel de Piñero, ubicada en el departamento Rosario, escondidos en un televisor.

Los dispositivos se encontraban dentro de la estructura de la TV de tubo de 14”, donde también se descubrieron tres cables USB y dos auriculares.

El hecho ocurrió este martes en horas de la tarde, cuando los agentes del servicio penitenciario detectaron la anomalía gracias al sistema de escáner.

El escáner en funcionamiento con el televisor.

Los detectores de metales fueron entregados a esta cárcel y la de Coronda por parte de la provincia de Santa Fe el pasado 30 de diciembre.

El visitante que había arribado a Piñero para ver a un preso del pabellón 6 fue demorado de forma inmediata, según informaron fuentes oficiales. Fue trasladado a la Comisaría 4° y quedó a disposición de la Justicia.

De momento no se conocen los pormenores del caso ni el origen de los celulares.

Cabe recordar que la introducción de elementos prohibidos en una institución penitenciaria es un delito penado por la ley y puede ser castigado con una pena de prisión.

En relación, se presentó esta semana un hábeas corpus correctivo tras el reclamo de 12 mujeres ante la provincia para prohibir el uso de escáneres en el pabellón 9 de la Cárcel de Coronda, argumentando que las radiaciones provocan “daños en la salud”.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal llevó adelante en la madrugada y la mañana de este martes 28 de marzo una serie de allanamientos en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y celdas de los penales ubicados en Piñero, Coronda, Rawson y Ezeiza. Se trata de una investigación contra un sector de la banda Los Monos sospechada de estar vinculada a al menos dos homicidios y uno de los ataques a balazos contra la empresa Televisión Litoral.

Los operativos fueron ordenados por los fiscales Valeria Haurigot, Franco Carbone y Federico Rébola, que integran la Brigada Especial de Balaceras, Extorsiones y Amenazas, junto a los fiscales Patricio Saldutti y Alejandro Ferlazzo, de la Unidad de Homicidios Dolosos.

Fuentes judiciales y policiales indicaron a este diario que los allanamientos están vinculados con maniobras delictivas que, desde la cárcel de Ezeiza, estaría ordenando Cristian ‘Pupito’ Avalle, conocido por formar la segunda línea de mando de la banda «Los Monos», y tener vínculo estrecho con Ariel ‘Guille’ Cantero, Leandro ‘Pollo’ Vinardi y Damián ‘Toro’ Escobar.

Voceros indicaron que se presume que Avalle habría planificado el ataque a tiros contra el frente de la empresa Televisión Litoral, ubicada en avenida Presidente Perón al 8100, ocurrido el 12 de diciembre del año pasado y que también habría tenido participación en los homicidios de Miguel Ángel Roulin y Ricardo Carrizo, ambos cometidos a fines del año pasado.

Las viviendas allanadas están ubicadas en Paraguay al 2800 y Corrientes al 3800 (barrio Corrientes, también conocido como La Lata); Camino Nuevo a Soldini 2800 (barrio Tío Rolo); Boquerón 600, Alzugaray al 500 y colectora Juan Pablo II, entre Bermúdez y pasaje 529 (barrio Molino Blanco); Virasoro 300 bis y Tafí al 3900 (barrio Tablada); Maestros Santafesinos al 4800 (barrio Fonavi Municipal); Casiano Casas al 1000 (barrio Parque Casas); Violeta al 1900 (barrio Las Flores) y 3 de febrero al 100, San Luis al 800 y Alvear al 1000 (zona centro);

En Villa Gobernador Gálvez se allanaron casas ubicadas en Remedios de Escalada al 200; San Nicolás al 2400; Bomberos Voluntarios al 2400; Lavalle al 200; Irala 700 bis; Levalle al 2500; Bolívar al 1500; Soldado Aguirre al 1600 y Nogués al 400.

Además se produjeron requisas en celdas ubicadas en los complejos penitenciarios: Federal N° 1 de Ezeiza; e Instituto de Seguridad y Resocialización, Unidad 6 de Rawson (Chubut) y en los penales santafesinos Modelo U1 de Coronda y Unidad Penitenciaria N° 11 de Piñero.

En total fueron detenidas en forma preventiva 11 personas, y tras distintas averiguaciones, cinco quedaron tras las rejas y a disposición de la Justicia: Elvio O., Valeria A., Matías B., Alan G. y Milagros A. Las otras 6 personas, identificadas como Cristian A., Naomi S., Gladis R., Anabella R., Lorena M. y Lucía Z., quedaron a disposición del fuero federal.

En el marco de los operativos se secuestraron 3 pistolas y 1 revólver; cargadores y municiones de diferentes calibres; 3 autos (dos con pedido de secuestro por robo); 2 motos (una con captura activa por robo); varias chapas patente; 169 envoltorios de cocaína, fraccionados y listos para narcomenudeo, un indoor con plantas de marihuana; documentación relevante para las distintas causas; tarjetas bancarias; varios teléfonos celulares; elementos de almacenamiento de datos y más de 300 mil pesos en efectivo.

(Por Ivana Fux) – El Servicio Penitenciario de la provincia de Santa Fe ya recibió los nuevos scanners y detectores de metales que serán colocados en las cárceles de Coronda y Piñero. Así lo confirmó a El Litoral el director del área, Gabriel Leegstra, quien estimó que en marzo estarían funcionando. El equipamiento es idéntico al que ya funciona en la nueva Alcaidía de Las Flores; fue dispuesto allí para optimizar los controles en el ingreso tanto de las visitas como del personal carcelario.

“Hemos recibido esta semana los nuevos equipos. Se trata de scanners de bulto, body scanners y el arco de detección metálica tanto para la cárcel de Piñero como de Coronda. Con esto, ponemos a ambos penales en el mismo nivel que los sistemas de control que tiene la nueva alcaidía de Las Flores”, dijo Leegstra. El funcionario destacó que con estos instrumentos “estaremos sumando a la seguridad interna, tanto con la requisa de la visita cono con el personal carcelario”.

A partir de ahora, se aguarda que la empresa proveedora instale los equipos y el software correspondiente. Se hará, luego, un estudio de impacto radioactivo porque se trata del uso de rayos X; y finalmente, se capacitará al personal. “Por eso hablamos de que recién en marzo podrían estar funcionando”, explicó.

Como se observa en la pantalla lo que detectan los scanners. Foto: Gentileza.

Con esta tecnología se aspira a reducir el ingreso de teléfonos celulares – por ejemplo- a los penales, pero también de sustancias y otro tipo de elementos prohibidos para los internos.

Consultado respecto de cómo ha sido la experiencia a partir de la utilización de estos mecanismos de control en la nueva Alcaidía de la ciudad inaugurada recientemente, Leegstra sostuvo que se trata de “un aprendizaje permanente”. “Eso es así – explicó- porque si bien son máquinas, están manejadas por seres humanos. El personal está aprendiendo día a día para poder detectar los distintos elementos que pueda portar la visita o el personal. Y se ha reducido muchísimo el ingreso sobretodo de celulares. Pero también se agudiza el ingenio de quienes buscan otras maneras de pasar estos elementos, a pesar de los controles; es un juego permanente. Tenemos que ir detectando también cómo se las ingenian para ingresar cosas prohibidos”, sostuvo.

Durante la madrugada del jueves dos camiones de gran porte protagonizaron un choque en ruta provincial 14 y ruta nacional AO12 (jurisdicción de Piñero), el que dejó como saldo una persona lesionada.

Del hecho se tuvo conocimiento minutos después de las 2 cuando distintos llamados telefónicos al 911 dieron cuenta de un siniestro vial de magnitud en el citado cruce de rutas.

En el lugar por causas que se tratan de establecer colisionaron un camión Iveco, con acoplado, cargado con cereal, al mando de Horacio Brunetti, mayor de edad, y otro camión Scania, con acoplado, guiado por Gustavo Varella (30), domiciliado en Norberto de la Riestra de la ciudad de Buenos Aires.

La Secretaría de Asuntos Penitenciarios de Santa Fe, dependiente del Ministerio de Seguridad, realizó este martes por la mañana una nueva requisa en la Unidad Penitenciaria Nº11 de Piñero, donde se secuestraron 30 celulares, 2 tarjetas SIM y anotaciones que fueron derivadas a la Fiscalía en turno.

El procedimiento se inició este martes a las 6 de la mañana y finalizó a las 11:30 en el Pabellón 4; participaron la Guardia Operativa de la Restitución del Orden (GORO), el Grupo de Operaciones Especiales de Piñero (GOEP) y el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía de Santa Fe.

Al respecto, el secretario de Asuntos Penitenciarios, Walter Gálvez, indicó que “por indicación del ministro (de Seguridad) Jorge Lagna iniciamos una requisa masiva en el Pabellón 4, del Módulo A, y en algunos pabellones de detenidos de alto perfil, con el fin de incautar elementos que posibiliten la comunicación de los internos con el exterior para la realización de ilícitos”.

En esa línea, detalló: “Tuvimos resultados muy positivos y que serán de gran importancia para las causas judiciales en curso, porque incautamos 30 celulares, anotaciones vinculadas a investigaciones judiciales abiertas y 2 tarjetas SIM que estaban en manos de presos de alto perfil”.

En el marco de una investigación llevada a cabo por personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Venado Tuerto de la Policía Federal Argentina, se logró desbaratar una banda que se dedicaba a la comercialización y distribución de estupefacientes, modalidad narcomenudeo.

En total, se desarrollaron 22 allanamientos en el ámbito de la ciudad de Venado Tuerto, María Teresa, en la Unidad Penitenciaria U-11 Piñero, U-1 Coronda, del Servicio Penitenciario Provincial y en la U-7 Resistencia del Servicio Penitenciario Federal de esa ciudad (Chaco), lográndose la detención de dos mujeres y la identificación de otras 11 personas, todas mayores de edad, como así también secuestraron más de 12 kg de marihuana, en sus diferentes estados; cocaína; una importante cantidad de dinero; teléfonos celulares; motocicletas; automóviles; un arma de fuego calibre 32 y municiones.

Las órdenes de allanamientos fueron dispuestas por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Venado Tuerto a cargo del Dr. Aurelio Cuello Murúa, con la conducción investigativa delegada en la Fiscalía Federal de Venado Tuerto a cargo del Dr. Javier Arzubi Calvo.

En Venado Tuerto, los allanamientos tuvieron lugar en los barrios Ciudad Nueva, San Vicente, San José Obrero, Villa Casey, Alejandro Gutiérrez, Güemes y Centro II.

El Litoral La Policía Federal allanó una celda en la cárcel de mujeres de Rosario y otra en la de Piñero en busca de teléfonos celulares. En la primera está alojada Vanesa Saravia, más conocida como la “Curandera” o la “Mae umbanda”, quien cumple condena como organizadora de una banda narco. Ella tenía un aparato escondido en una ventana. La segunda es ocupada por Juan Pedro “Pato” Calderón, que en los próximos meses enfrentará un juicio por infracción a la ley de estupefacientes. El procedimiento realizado este viernes fue ordenado por el juez federal Reinaldo Rodríguez, a pedido del fiscal que interviene en la causa, el doctor Gustavo Onel. Tanto la “Curandera” como “Pato” son presos de alto perfil, que eran investigados desde tiempo atrás por el funcionario del Ministerio Público Fiscal, quien -entre otras medidas- había solicitado escuchas telefónicas. Así se pudo comprobar que tanto la mujer como el hombre se comunicaban por teléfono con distintos miembros de sus organizaciones para dirigir las operaciones ilegales desde prisión. La resolución judicial también insta a las autoridades penitenciarias a que prohiban “las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móviles dentro de los establecimientos penitenciarios” y que se impida “que las personas mencionadas se comuniquen con el exterior sin un adecuado control”.

Carlos Retamal (El Litoral)

Uno de los presos que logró escapar de la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero a fines de junio fue capturado este miércoles en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), lugar al que había ingresado horas antes tras ser baleado en un violento episodio con características sicarias, registrado en la zona noroeste.

Se trata de Daniel David Piscione, quien había sido llevado en un auto particular, durante la noche del martes, al Hospital. Según fuentes policiales, había dado un nombre falso (Gabriel Juncos) y contó que fue baleado cuando estaba en una vivienda ubicada en Garzón al 100 bis, de barrio Ludueña, zona en la que ya hubo varias balaceras y ataques con características sicarias.

Piscione había dicho al personal del destacamento policial que había sido atacado a tiros por personas desconocidas, y quedó internado con pronóstico reservado.

Pero horas más tarde, personal de la Brigada Operativa de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) logró establecer que había dado un nombre falso y que en realidad se trataba de uno de los presos que huyó de Piñero tras una intensa balacera.

Voceros de la AIC señalaron que, de acuerdo a investigaciones preliminares, Piscione ingresó al Heca desde un domicilio donde se encontraba en la noche del martes junto a su pareja, en la zona noroeste de Rosario. Allí, habrían ingresado hombres armados que le efectuaron disparos, aunque los tiros estaban dirigidos hacia una vivienda lindera.

Personal del gabinete criminalístico de la AIC levantó del lugar 6 vainas servidas calibre 9 mm, 4 vainas servidas calibre 45 y una bala de plomo encamisada, además del teléfono celular del evadido.

En la tarde del domingo 27 de junio, ocho reclusos se escaparon de la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero tras una intensa balacera. Con el hallazgo de Piscione (quien estaba preso por robo calificado y cumplía condena de 8 años y 9 meses de prisión), ya son 6 los presos que fueron recapturados.

Uno de los que falta apresar es Claudio Javier “Morocho” Mansilla, quien estaba transitando un juicio oral y público por doble homicidio agravado, ocurrido en septiembre de 2018 en Villa Banana. Y el lunes 28 de junio iba a ser sometido a audiencia imputativa en el marco de dicho juicio.

También es señalado como el instigador, desde la cárcel, del crimen de un joven de 21 años, ocurrido en abril pasado en una esquina de la zona sudoeste.

El otro es Martín Alejandro Cartelli, de quien no se dieron mayores datos. Los dos tienen pedido de captura internacional, al igual que Piscione.