El presidente Javier Milei brindará este viernes a las 19 un mensaje por cadena nacional, luego del fallo de la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos que resultó favorable para la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF.

Desde el Gobierno confirmaron que la alocución se emitirá en ese horario, minutos antes del partido amistoso de la Selección argentina, y se espera que el mandatario haga referencia directa a la decisión judicial conocida este mismo viernes.

La resolución de la Justicia estadounidense revocó la condena que obligaba al Estado argentino a pagar cerca de 18.000 millones de dólares, en el marco del litigio iniciado por la expropiación de la petrolera.

El fallo ordena revisar la sentencia previa, lo que representa un giro clave en uno de los juicios internacionales más importantes para el país en los últimos años.

Tras conocerse la decisión, Milei celebró públicamente el resultado y lo calificó como un hecho histórico. En declaraciones realizadas durante una actividad oficial, sostuvo: “Es el mayor logro jurídico de la historia. La Cámara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina”.

Además, el mandatario vinculó el origen del conflicto con decisiones tomadas durante la expropiación de la empresa, en una crítica directa a la gestión anterior.

El discurso por cadena nacional genera expectativa sobre los anuncios o definiciones que pueda realizar el Presidente, tanto en relación al impacto económico del fallo como a la estrategia futura del Gobierno en materia energética y judicial.

La intervención se producirá en un contexto donde el Ejecutivo busca capitalizar el resultado como un respaldo en el plano internacional y una señal positiva para la economía argentina.

La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, rechazó el pedido del Gobierno argentino de suspender temporalmente la sentencia que ordena la entrega del 51% de las acciones de YPF. Esta decisión mantiene firme la condena que obliga al país a pagar unos 16.000 millones de dólares a los beneficiarios del juicio por la nacionalización de la petrolera realizada en 2012.

El especialista Sebastián Maril confirmó la noticia a través de sus redes sociales y detalló que, pese al revés judicial, Argentina anticipó que continuará su defensa legal en Estados Unidos, incluso llegando hasta la Corte Suprema si fuese necesario.

La jueza Loretta A. Preska, quien lo habilitó.

Entre los principales argumentos, la defensa argentina sostiene que la orden de Preska viola el derecho federal norteamericano, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y los principios de cortesía internacional. También se menciona la Declaración de Interés emitida por el Departamento de Justicia estadounidense durante la gestión de Trump, interpretada como un “apoyo” a la posición.

La negativa de la jueza llega en un momento crítico para la Casa Rosada, que busca ganar tiempo para negociar o revertir el fallo, mientras la amenaza de ejecución se hace cada vez más concreta.

El 7 de julio, el fondo Burford Capital —principal beneficiario del fallo— se opuso formalmente a la suspensión del “turnover” (entrega de acciones). En su presentación judicial incluyó la traducción de una reciente conferencia de Axel Kicillof, exministro de Economía y figura clave en la expropiación de 2012, como supuesto indicio de que el país no tiene intención de cumplir voluntariamente.

Argentina fracasa en frenar el embargo y debe entregar YPF. Crédito: Xinhua.

Desde la Procuración del Tesoro criticaron esta jugada, señalando que “empeora la posición argentina” ante la justicia estadounidense. Según argumentan, se busca instalar la idea de que el país actúa de mala fe, lo que podría acelerar la ejecución de la sentencia.

La situación recuerda el origen del conflicto: en 2012, el Estado argentino expropió el 51% de YPF. Posteriormente, Burford compró los derechos de litigio de las quiebras de Petersen Energía y Eton Park, que habían demandado a Argentina por no haber realizado una oferta pública de adquisición tras la nacionalización.

Tras más de diez años de proceso, el fallo desfavorable se transformó en la mayor condena internacional contra el país.

Ante la firmeza de la jueza Preska, el Gobierno argentino contempla varios caminos para intentar frenar o suavizar el impacto de la sentencia. Entre ellos se destacan:

Mientras tanto, el Gobierno articula una estrategia diplomática y judicial que incluye la búsqueda de respaldos externos. Cuenta con un dictamen del fiscal estadounidense Damian Williams, que advirtió sobre el posible desconocimiento de inmunidades soberanas si se concreta el embargo. También analiza sumar amicus curiae de países que históricamente mostraron simpatía, como Uruguay y Paraguay.

La audiencia urgente convocada por la jueza será clave para definir el futuro del expediente: si Argentina logra más tiempo para revertir el fallo o si enfrenta nuevas sanciones y la inminente pérdida del control sobre YPF.

El fallo por la nacionalización de YPF no solo representa una amenaza económica, sino que también impacta políticamente. Con un monto de condena que ronda los 16.000 millones de dólares, el caso se transformó en el mayor juicio perdido por la Argentina en el exterior.

El presidente Javier Milei y su equipo buscan atenuar los efectos del fallo y evitar que la entrega del 51% de las acciones de YPF afecte la estabilidad de la empresa y complique aún más el panorama financiero nacional.

En un contexto de restricciones externas, déficit y negociaciones con organismos internacionales, el desenlace del caso YPF aparece como una pieza clave para definir la hoja de ruta económica del Gobierno en los próximos meses.

La jueza Loretta Preska, del tribunal del segundo distrito sur de Nueva York, ordenó a la República Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF como parte del cumplimiento de la sentencia en el juicio por la expropiación de la petrolera, realizada en el año 2012 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

La decisión fue comunicada este lunes y representa un nuevo revés para el Estado argentino en los tribunales estadounidenses. Si bien el fallo es apelable, marca un punto clave en el extenso litigio iniciado por los fondos Burford Capital y Eton Park, que adquirieron los derechos del juicio iniciado originalmente por Petersen Energía.

El Estado deberá transferir el 51% de las acciones de YPF, según el fallo. Foto: Reuters

El dato fue difundido primero por el analista financiero Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, quien sigue de cerca las derivaciones judiciales del caso. La orden judicial contempla que el Estado argentino transfiera las acciones bajo custodia estatal a los beneficiarios de la demanda como parte de la ejecución de sentencia.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que había intervenido en calidad de "amicus curiae", se había pronunciado recientemente en favor de la posición argentina, señalando que no debía ejecutarse una entrega forzosa de activos soberanos.

Sin embargo, Preska desestimó ese argumento. Aunque la jueza reconoció que el Estado argentino mantiene su derecho a apelar la sentencia, su resolución autoriza a los demandantes a avanzar con la ejecución del fallo, incluyendo la apropiación del paquete accionario mayoritario de la petrolera.

Burford y Eton Park buscan ejecutar la sentencia en tribunales de EE.UU. Foto: Reuters

YPF fue reestatizada en 2012, cuando el Estado argentino adquirió el 51% de las acciones que estaban en manos de Repsol. La operación fue avalada por una ley del Congreso, pero según la demanda, no se respetaron los derechos de los socios minoritarios, lo que motivó el millonario reclamo.

Ahora, el caso podría seguir en instancias de apelación, aunque la decisión de Preska vuelve a poner presión sobre el país en el frente judicial y financiero internacional.

Un empleado de Tenaris, la empresa del Grupo Techint, denunció que en la planta de la localidad de Senillosa, en Neuquén, fue abusado sexualmente por compañeros en los vestuarios del lugar y en la combi que los traslada al trabajo.

Según la denuncia del trabajador, el abuso ocurrió en la planta que tiene la empresa en la localidad de Senillosa, en la provincia de Neuquén. El joven contó que sus compañeros lo llevaron a la zona del vestuario, donde lo manosearon y lo tocaron, e incluso los lastimaron con distintos objetos.

La agresión volvió a repetirse cuando todos se subieron a la combi de traslado y, en ese caso, la situación fue más grave, porque el abuso fue a la vista de los supervisores que no intervinieron para detenerlo.

El empleado planteó el caso en el área de transparencia de Tenaris. Relató lo ocurrido y aportó una descripción física de los abusadores o sus apodos ya que no los conocía por sus nombres.

El área legal inició una investigación. Analizó las cámaras de seguridad y pudo determinar por el día y el horario de los hechos quiénes eran los otros empleados que habían ingresado a la zona de vestuarios o subido a combi. Así los pudo identificar. Además, sumó el testimonio de otros empleados. Algunos de ellos testigos directos de lo que había ocurrido que corroboran los hechos.

Inclusive, las fuentes consultadas señalaron que los testigos narraron que no era la primera vez que ocurría, sino que se trata de una suerte de rito de iniciación y que ellos mismos también habían sido víctimas pero que no se habían animado a denunciarlo. Las fuentes adelantaron que la causa penal podría extenderse a esos otros hechos.

Al momento de contar lo que sucedió, la Justicia constató que las lesiones del trabajador eran producto de un ataque sexual. Si bien el caso se conoció en las últimas horas, la presentación de la denuncia se hizo hace un mes.

Los implicados en la agresión sexual serían cinco operarios. Sin embargo, la empresa emitió un comunicado donde precisó que dispuso sanciones disciplinarias para once empleados. Algunos de ellos fueron suspendidos y otros despedidos.

Desde la empresa informaron que “no tolerarán ningún tipo de abuso, acoso, coerción o bullying, ya sea sexual, físico, psicológico o de cualquier otra índole”. Además, precisaron que la compañía cuenta con una “Línea Transparente” para que sus empleados puedan denunciar de manera segura y confidencial “acciones y desvíos al Código de Conducta”.