El pasado sábado 2 de agosto, en la rotonda de rutas 8 y 33 de Venado Tuerto, se llevó a cabo un acto convocado por la senadora provincial Leticia Di Gregorio, en el que se exigió al Gobierno nacional una pronta solución al grave estado de las rutas nacionales 7, 8 y 33, que atraviesan el departamento General López. Durante el encuentro, se procedió a la firma de un petitorio que será enviado a la Casa Rosada, con el objetivo de que las autoridades nacionales tomen medidas inmediatas.

A este reclamo se sumó también el sector Salud, que, a través de su vocero, el director del Hospital Gutiérrez de Venado Tuerto, Juan Bernardo Ferrer, hizo oír su voz en solidaridad con las víctimas de los accidentes viales. Acompañado por Guillermo Roncoli, coordinador regional del SIES 107, y Joaquín Sánchez de Bustamante, director regional de Salud, Ferrer destacó la gravedad de la situación y las consecuencias directas que el deterioro de las rutas trae para la comunidad.

El director del hospital expresó: “Todos sabemos, o hemos escuchado, de algún conocido o familiar que perdió la vida o sufrió consecuencias graves debido a accidentes en estas rutas nacionales. Como trabajadores de la salud, hemos sido golpeados por la pérdida reciente de dos compañeros, que mientras trabajaban para mejorar la salud en el sur de Santa Fe, perdieron la vida en un accidente en una de estas rutas. Esto nos impacta profundamente, y es en su memoria que no podemos quedarnos callados frente a esta situación”.

Ferrer continuó: “Hoy, con la presencia de la ministra de Salud de la provincia (Silvia Ciancio), el respaldo de los referentes de salud del sur de Santa Fe y el apoyo de quienes gestionan la logística sanitaria de la región, como el director del Hospital Alejandro Gutiérrez, reitero que necesitamos urgentemente que se reduzcan las muertes y las secuelas derivadas de los accidentes viales en las rutas nacionales. El gasto en salud se incrementa día a día, la demanda es cada vez mayor, y las respuestas que tratamos de dar son más exigentes. Pero para que la salud de nuestra gente mejore, necesitamos acciones concretas que vengan de todos los sectores, no solo del sector sanitario”.

Por último, el director del Hospital Gutiérrez cerró su intervención con un mensaje de esperanza: “Ojalá que este reclamo sea escuchado. Muchas gracias por darnos este espacio para expresarnos”.

Hagar Blau Makaroff

Mirador Provincial

La Multisectorial Humedales Rosario exhortó a la provincia de Santa Fe y al municipio de Rosario, entre otros, a formular una denuncia por inacción a la provincia de Entre Ríos y el municipio de Victoria por la continuidad de quemas de pastizales y actividades ecocidas que impera en los humedales.

Desde la ONG, Julieta Bernabé contó que “ya fue llevado el petitorio a la Casa de Gobierno provincial y la Municipalidad porque el Estado es garante de derecho, y ellos deben hacer la denuncia por la sociedad, ya que tiene las herramientas y recursos que no tienen los ciudadanos” a la vez que entienden que “las acciones de ecocidio son habilitadas al dejar hacer, por parte de la provincia de Entre Ríos”.

El pedido fue realizado este martes en sede de Gobernación y en la Municipalidad de Rosario, con copia al Concejo Municipal y la Defensoría del Pueblo de Santa Fe. La agrupación Salvemos los Humedales Villa Constitución realizó el reclamo desde esa ciudad. También se elevó a los municipios de San Lorenzo, Granadero Baigorria, Villa Gobernador Gálvez, Arroyo Seco y Villa Constitución.

“Confiamos que el gobernador Omar Perotti y el intendente de Rosario Pablo Javkin, al igual que cada uno de los intendentes al frente de los municipios alcanzados por este reclamo, accionen del único modo posible: respetando la voluntad de un pueblo soberano”, reza un comunicado de la Multisectorial que circuló desde el lunes.

Próximamente también realizarán el mismo reclamo al gobierno provincial de Buenos Aires, y municipios de San Pedro, Ramallo, San Nicolás, “denunciando también el municipio entrerriano de Gualeguay en su inacción”.

Ya se estima un millón de hectáreas afectadas en menos de dos años, y a estas sumaron “el continuo avance de actividades ganaderas y emprendimientos inmobiliarios” que dañan y degradan estos ecosistemas.

La referente destacó que “además de quemas se están levantando kilómetros de terraplenes que levantan los cursos de agua, afectando a los humedales. Lo hacen para la siembra y de alta cantidad de ganado. Es una destrucción muy grande”.

Reconoció que ahora frente a la costa rosarina hay menos quemas, pero “frente a otras localidades vienen haciendo meses y meses de quemas, y a eso se suma un alto porcentaje de caza ilegal”.

Recordó que “algunos de los terraplenes fueron denunciados hace años pero no se hace nada desde el gobierno entrerriano. Los terraplenes son de 10 kilómetros, cortan los arroyos, secan las lagunas y hacen tierra firme para siembra y ganadería”.

Cinco presidentes en la Corte. Carlos Ensinck (Rosario): Mabel Eusebio (Rafaela); Patricia Virgili (Reconquista); Andrés Abramovich (Santa Fe) y Alberto Turcato (Venado Tuerto).

Sobre el mediodía de hoy, las autoridades de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, encabezadas por su presidente Roberto Falistocco, recibieron en el Palacio de Justicia de Rosario a los representantes de la Federación de Colegios de Abogacía de Santa Fe, que fueron a plantear sus pesares por el mal funcionamiento del sistema informático Sisfe, que adquirió trascendencia estratégica desde el año pasado, cuando la pandemia obligó a reemplazar la tradicional presencialidad en los ámbitos tribunalicios.

Entre los participantes del cónclave se destacó la presencia del presidente del Colegio de Abogados de la 3° Circunscripción, Alberto Turcato, quien de regreso a Venado Tuerto adelantó a Sur24 que la reunión se extendió por dos horas y media y las respuestas fueron positivas. “Los colegios de abogacía le entregamos un petitorio al presidente de la Corte (Roberto Falistocco), quien reconoció las fallas técnicas que viene presentando el sistema informático en los últimos tiempos, con el consiguiente perjuicio del servicio de justicia”, señaló el dirigente.

Cabe acotar que el Sisfe permite consultar los expedientes del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe que tramitan por ante los Juzgados y Tribunales de Primera y Segunda Instancia, incluida la Secretaría Técnica de la Corte Suprema de Justicia, en las materias civil y comercial, laboral, familia, extracontractual, circuito y contencioso administrativo.

Los abogados aprovecharon la oportunidad para solicitar otro tipo de mejoras en el procedimiento porque aun cuando funcionaba correctamente, “sólo podíamos cargar escritos judiciales durante el horario matinal, y nosotros necesitamos que ese material pueda ingresar a Tribunales en cualquier momento del día, incluso los fines de semana y feriados. Y que luego el juzgado los procese cuando corresponda, pero que el sistema nos habilite a cargarlos en cualquier momento”.

En la misma línea, detalló que el sistema sólo permite cargas de hasta tres mega y consideró que “ese límite es insuficiente, porque en materia laboral, por ejemplo, donde hay que acompañar mucha prueba documental, es indispensable aumentar esa capacidad”, aclarando que ese problema no sólo afecta a nuestra región sureña, sino que lo están sufriendo los abogados de toda la provincia de Santa Fe.

Otro aspecto que los colegios de abogados hicieron saber ante la Corte Suprema es que muchos juzgados, incluso cuando están probadas las fallas del sistema, no reciben los escritos a través de correo electrónico, como está previsto con acuerdo del Máximo Tribunal. “Habrá que unificar criterios, porque algunos juzgados lo admiten y otros no”, manifestó.

También “solicitamos la celebración de audiencias de manera virtual para que no se sigan retrasando los procesos que ya debieron reprogramarse como consecuencia de la pandemia. No queremos que todo vuelva a dilatarse”, exclamó.

En líneas generales, “quedamos conformes con el compromiso de la Corte para solucionar estas anomalías”, dijo Turcato. Y, a su vez, admitió que no consideraron prudente, al menos por el momento, el reclamo de la vuelta a la presencialidad, sobre todo porque “creemos viable una solución en el corto plazo, porque es lo más prudente en el medio de una crisis sanitaria y porque el Sisfe es un sistema tecnológico que más tarde o más temprano iba a tener que implementarse. No nos quejamos de la virtualidad, sólo exigimos que funcione correctamente”, abundó.

En la mañana de hoy, un grupo de abogados autoconvocados se manifestó frente a los Tribunales de calle San Martín, haciendo oír su descontento -algunos con mayor vehemencia- ante las dificultades que se les presentan para desplegar su actividad profesional. Al respecto, Turcato aclaró que se trató de una “expresión espontánea de los colegas”, sin ninguna vinculación directa con el Colegio de Abogados de la 3° Circunscripción, aunque “en línea” con los mismos reclamos que la Federación de Colegios de Abogacía elevó este mediodía en la sede rosarina de la Corte.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Este jueves, integrantes de los Bloques de Senadores y Diputados de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Santa Fe mantuvieron una reunión de trabajo a los fines de evaluar el impacto de las últimas medidas anunciadas por el Gobierno de la Provincia -a través del Decreto N° 386- y demás aspectos relacionados a la segunda ola de la Pandemia del Covid-19.

El encuentro (presencial-virtual), estuvo encabezado por los presidentes de los Bloques de Senadores y Diputados, Felipe Michlig y Maximiliano Pullaro, respectivamente, con la presencia de los senadores Rodrigo Borla y Leonardo Diana; los diputados Marcelo González, Fabián Bastía, Jimena Senn, Silvana Di Stéfano y Sergio Basile. En tanto, otros legisladores del interbloque participaron virtualmente.

A su término, todos coincidieron en trazar un diagnóstico de suma preocupación con relación a la actual situación de la pandemia, lo cual se plasmó en un petitorio -con carácter de urgente- elevado al Gobernador de la Provincia, Omar Perotti, basado en tres ejes fundamentales: 1.- La cuestión sanitaria; 2.- La situación económica y 3.- La distribución de recursos a los gobiernos locales.

Cuestión sanitaria

En cuanto a la vacunación se requirió que sea “más uniforme ya que existe una diferencia porcentual entre los distintos departamentos. En algunos se vacunó alrededor del 20 por ciento de la población objetivo, mientras que en otros ya se superó el 35 por ciento siendo que son regiones en rojo por la gran cantidad de contagios”. Al respecto “por suerte vemos que la Ministra de Salud, Dra. Sonia Martorano, oportunamente tomó nota de este reclamo y esa diferencia porcentual se va achicando”.

Atento a que las vacunas que llegan a la Provincia no son en el número deseado, se insistió con que “se lleve a cabo gestiones de compra de dosis por medios propios y/o con las provincias que integran la región centro, tendientes a complementar las que provee el Estado Nacional”.

Asimismo, se requirió intensificar la campaña con un criterio más preciso en las distintas franjas determinadas, priorizándose a otros ciudadanos que tienen edad avanzada y/o comorbilidades aún no han sido contemplados, ni convocados, pese a estar inscriptos, lo cual es preocupante porque son personas con mayor grado de riesgo”, señalaron.

También se requirió que exista mayor cantidad de testeos en todo el territorio provincial y se asegure mayor presencia policial para controles en rutas y en accesos, además para fortalecer operativos de los gobiernos locales.

Se insistió con la refuncionalización y jerarquización de los Comités de Emergencia Departamental que han demostrado ser una eficaz herramienta de coordinación y de conocimiento territorial para tomar las mejores decisiones en relación con la pandemia.

Se reflejó el mal estado de la infraestructura hospitalaria en general, falta de recursos humanos y el mal estado de las ambulancias, muchas en estado obsoleto. También se propuso que el Gobierno analice la posibilidad de implementar el Boleto Gratuito para Trabajadores de la Salud Pública.

Situación económica

Los legisladores radicales repararon en la imperiosa necesidad de brindar asistencia a sectores afectados por la pandemia, señalando que “la misma tuvo y tiene un impacto económico, social y productivo que no tiene antecedentes comparables por su intensidad y duración. En solo un año el PBI cayó un 9,9 por ciento pero para algunos sectores tal caída fue de mayor gravedad. El sector hoteles y gastronomía cayó un 49 por ciento El transporte cayó un 17 por ciento, la construcción un 22% y los servicios comunitarios un 38 por ciento. Son unos ejemplos de esas caídas superiores a la media”.

Por tal motivo, exigieron que se operativice la aplicación de la Ley Provincial N° 14.009 que “sancionamos en octubre del año pasado y luego fue promulgada por el Poder Ejecutivo”.

“Esta Ley de Emergencia provincial al sector turístico y otras actividades, establece diferimientos, prórrogas y exención de impuestos, readecuación de la metodología de factores de servicios de energía eléctrica y agua y otorgamiento de subsidios o aportes no reintegrables hasta un monto de $500.000 por beneficiario, además de líneas de crédito, hasta el 30 de junio 2021, otorgando la facultad al P.E. de prorrogar por 6 meses. Además, crea el Fondo de Asistencia Financiera específico por 800 millones de pesos”.

Recursos para Gobiernos locales

Otra cuestión directamente vinculada a la pandemia que los legisladores reclaman al Gobierno Provincial es “la escasa distribución de los recursos creados por Ley N° 13.978, -conocida como Fondo COVID para municipios y comunas-Al presente, ya con el avance de la 2° ola, la Provincia solo transfirió $884 millones, menos del 30% de los $3000 millones aprobados por dicha Ley para atender necesidades derivadas de los efectos de la pandemia y emergencia sanitaria, social y alimentaria.”

Asimismo, se hace notar que la distribución del “Plan Incluir” no llega en un plano de igualdad para todos los MMyCC de la Provincia, estando “contaminado de favoritismos y discriminación política, según el signo partidario de los gobiernos locales”.

“Del total de lo distribuido del “Plan Incluir” en la Provincia -según presupuesto 2020-, el 59 por ciento de los Municipios y Comunas del oficialismo recibieron estos aportes, y tan solo el 11,6 por ciento de los MMyCC de la oposición. En cuanto a cifra por habitantes, esto significa que los gobiernos oficialistas recibieron 358 pesos y los de la oposición 96 pesos por personas, la relación es casi de 4 a 1, según se desprende de la información oficial”. Además, agregan que “la Ley de presupuesto cuenta con partida por $4.000 millones para el programa Incluir destinado a Municipios y Comunas”. “También, la Ley 14.025 – Tributaria 2021 incluye un capítulo especial de Exenciones Especiales para actividades afectadas por la pandemia”, menciona el documento.

Consideraciones generales

Finalmente, los legisladores radicales manifiestan que “el petitorio pretende poner sobre la mesa los problemas que venimos señalando desde hace meses, que se agravaron, y que la provincia no está atendiendo en la medida deseada. También brindamos las herramientas a nuestro alcance por la importancia de empoderar con recursos a los gobiernos locales, y la urgencia de asistir económicamente, con eficiencia y un criterio de solidaridad, a los sectores afectados por las restricciones”.

“Necesitamos un diálogo profundo, urgente, transversal, para afrontar una situación muy concreta como es frenar los contagios, y avanzar, con recursos, en una batería de políticas de asistencia económica a los afectados por las restricciones”.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]