El Juzgado Federal de Venado Tuerto sobreseyó a la joven María Victoria Marti en la causa conocida como “Novelino, Mauro Nahuel y otros s/Infracción Ley 23.737, asociación ilícita y otros”, en la cual estaba procesada y había permanecido en prisión preventiva por venta de drogas, entre otros delitos. 

La decisión se basa en la aplicación de la perspectiva de género, a partir de una ampliación de declaración indagatoria que solicitó la propia Marti luego de estar en prisión por más de un año y medio, cuando se atrevió a denunciar la violencia de género que ejercía su pareja Eric Gualpa, oriundo de Sancti Spiritu y miembro de la banda capitaneada por Mauro Novelino, el delincuente tantas veces mencionado por el intendente Leonel Chiarella en los últimos años.

En junio de 2020, en la Guardia del Juzgado Federal recibieron una denuncia anónima contra Novelino por comercio de estupefacientes, sumado a que habría estado planeando un atentado contra el edificio de calle Chacabuco al 700. De inmediato se abrió la investigación y el 19 de julio de 2020, en plena pandemia, ordenaron allanamientos y detenciones de varios miembros de la narcobanda en un operativo simultáneo donde las fuerzas policiales hallaron drogas y armas. Entre ellos, cayeron Eric Gualpa y María Victoria Marti, que esa noche se había quedado en casa de su novio, en Iturraspe al 700, aunque vivía con sus padres en el barrio de la Carne.

Para el caso de Marti, se dispuso el procesamiento con prisión preventiva por considerarla coautora del delito de tráfico de estupefacientes, entre otros.

Hasta que, tras más de 20 meses de detención, el 9 de marzo de 2022, María Victoria Marti accedió a una ampliación de la declaración indagatoria para profundizar sobre las particularidades de su relación con Gualpa, donde surgió que sufría violencia física y amenazas constantes hacia ella y su familia, sobre todo desde que le insinuó a Eric la posibilidad, conociendo sus andanzas al margen de la ley, de interrumpir una relación que se tornaba cada día más tóxica.

Tras la indagatoria, el caso sufrió un imprevisto giro de 180 grados, la defensora pública Silvina Costa asumió la defensa de la joven y el 27 de mayo de 2022 presentó un escrito instando su sobreseimiento y excarcelación. En tal sentido, sugirió la funcionaria que “no puede pretenderse que una persona, dos meses después de haber cumplido 18 años de edad, tenga plena autodeterminación y madurez, experiencia de vida, responsabilidad, etc.; ello es una ficción legal y en cada caso concreto deben de extremarse recaudos al momento de analizar su responsabilidad penal”. Además, recordó que Victoria carecía de antecedentes penales.

Además de aludir a la “perspectiva de género y el deber estatal de diligencia reforzada” en relación a las mujeres víctimas de violencia, especificó Costa que se encuentra acreditado, en atención a la nueva prueba incorporada al proceso, que “el ejercicio de poder efectuado por el señor Gualpa anulaba el consentimiento de voluntad de Victoria”.

Como consecuencia de la actuación de la defensora pública, se corrió vista al fiscal federal y se estableció el 3 de junio de 2022 el arresto domiciliario subsidiario de María Victoria, hasta que el 4 de julio de 2022 se dispuso el cese de su prisión preventiva. Y respecto del pedido de sobreseimiento, una vez declarada la incompetencia de la justicia federal para intervenir en la materia, se giraron los antecedentes al Ministerio Público de la Acusación (MPA), el órgano competente para llevar adelante dicha pesquisa.

En este marco, el 12 de abril de 2023, se lo imputó a Eric Gualpa por los hechos de amedrentamiento y amenazas en perjuicio de Victoria y su familia. Y ocho días más tarde se le dictó la prisión preventiva por violencia de género, al tiempo que continuaba con preventiva por la causa de narcotráfico en el fuero federal. 

Mientras esta nueva causa avanzaba en la justicia ordinaria, restaba resolver, en el ámbito federal, el pedido de sobreseimiento de Marti por los delitos de comercialización de estupefacientes y tenencia de arma de fuego.

El juez federal Aurelio Cuello Murúa, llegando al nudo de la cuestión, observó que “el caso debe ser analizado con perspectiva de género y dentro del marco normativo internacional y local para la protección de los derechos de las mujeres compuesto por la CEDAW, la Convención de Belém do Pará, la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (Ley 26.485), la Ley de Identidad de Género (Ley 26.743) y la Ley de Derechos y Garantías de las personas víctimas de delitos (Ley 27.372)”.

En uno de los párrafos sustanciales, el magistrado sostiene que el “pedido de sobreseimiento nos conduce en el plano jurídico, más concretamente en el derecho penal, a analizar qué líneas dogmáticas permiten hacer frente a este fenómeno, que requiere atención inmediata y brindar una respuesta cuando, como en el caso de autos, una mujer alegó miedo y amenazas, propias y a su familia, y que se encuentra ligada a un proceso penal por narcotráfico”. 

Y añadió: “Como advierte (Claus) Roxin, en los casos en que se trata de explicar el alcance de la intervención de cada una de las personas que se vinculan conjuntamente en un hecho delictivo, ‘se plantea la cuestión de si tiene dominio del hecho aquel que realiza el tipo completo de propia mano y dolosamente, pero que se encuentra coaccionado por otro o por una situación de peligro que se cierne sobre él’, tal sería el caso de Marti”.

Recurriendo una vez más al jurista alemán, argumenta Cuello Murúa que “éste enseña que, entre los defensores de la teoría del dominio del hecho, se destaca Welzel, quien defiende ‘la postura de que el estado de necesidad coactivo excluye la autoría del que actúa directamente’. Para ello, ha expresado que quien actúa coaccionado lo hace sin el dominio final del hecho por falta de voluntad, mientras que últimamente refiere a un dominio menor que denomina ‘inferior’ o ‘subordinado’”.

Adelantando su criterio de modificar la situación procesal de la joven, el juez federal especificó que “al momento de su detención, ésta contaba con apenas 18 años de edad; que su pareja, Gualpa, era mayor que ella; que sufría de violencia de género sistemática; y que su situación socio-económica, sin llegar a la vulnerabilidad, tampoco era la más propicia. En otras palabras, la nombrada reunía las características típicas de las mujeres vulnerables involucradas en el narcotráfico”.

En este orden, en su informe anual de 2018, la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) ha especificado que “en general, si bien son muchos los factores que explican la participación de las mujeres en el comercio de drogas, se ha demostrado que está condicionada por la vulnerabilidad socioeconómica, la violencia, las relaciones íntimas y las consideraciones de índole económica”.

En síntesis, Cuello Murúa consideró que “la situación de violencia de género sufrida por Marti habría anulado su ámbito de autodeterminación, sea que se recurra para ello a decir que en la causa federal obró coaccionada y sin el dominio final del hecho por falta de voluntad”, dando lugar al sobreseimiento en los hechos que le fueran imputados, haciendo expresa mención que “la formación del presente proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubieren gozado”.

La defensa del capitán del Ejército Argentino denunciado por acoso sexual y hostigamiento laboral por una subalterna solicitó la aplicación de un “criterio de oportunidad”, que fue homologado por el juez Federal de Santa Fe Reinaldo Rodríguez. Con el consentimiento de la víctima, la causa por los hechos ocurridos entre 2018 y 2019 en el Batallón de Ingenieros Zapadores 1 de Santo Tomé concluirá sin llegar a juicio.

El ofrecimiento fue realizado por el abogado Ignacio Alfonso Garrone, representante del capitán Lucas Gonzalo Díaz. En su resolución, el juez valoró que “se cuenta con el consentimiento expreso de la víctima directa del hecho por el cual se encuentra procesado Díaz”, quién “explícitamente ha solicitado la imposición de ciertas condiciones al ofrecimiento originariamente realizado por el imputado, las que han sido receptadas en el acuerdo propuesto”.

“A ello se suma que conforme se desprende del correo electrónico enviado por la Dirección de Género del Ministerio de Defensa, la denunciante ha sido reincorporada al Ejército Argentino, comprometiéndose a abonarle los salarios de forma retroactiva desde el inicio del reclamo ante ese organismo”. En diciembre de 2019 el Jefe del Estado Mayor del Ejército, teniente general Claudio Pasqualini, ordenó su baja obligatoria a pesar de que la Junta Médica le diagnosticó un trastorno ansioso depresivo -como consecuencia del hostigamiento- que no guardaba relación con los actos de servicio.

Más de un tercio de las policías santafesinas aseguran haber sufrido acoso sexual en la institución

“Es posible afirmar que no existe controversia en cuanto a la aplicación del acuerdo presentado y que la solución propiciada aparece razonablemente justificada por la satisfacción de los intereses de la víctima, la voluntad del imputado expresada en el ofrecimiento realizado y la inexistencia de un interés público que prevalezca sobre la voluntad de aquéllos”, señaló el juez Rodríguez.

El magistrado homologó el acuerdo al que arribaron las partes, haciendo lugar al ofrecimiento de Díaz, quien en “el término de un año contado a partir de su notificación” deberá cumplir una serie de obligaciones: un pedido de disculpas a la denunciante, que se realizará a través de una publicación en el diario El Litoral, el pago de $3.000.000 -a ejecutarse en pagos mensuales- “en concepto de la reparación de los daños sufridos”, la realización -y acreditación- de un curso y/o capacitación sobre perspectiva de género en ámbitos laborales, y la prohibición de contacto con víctima por cualquier medio.

La causa federal inició en julio de 2021 con la denuncia de la cabo, y estuvo a cargo del fiscal federal Walter Rodríguez. Los hechos por los que el capitán terminó siendo procesado ocurrieron entre 2018 y 2019 en el Batallón de Ingenieros Zapadores 1 de Santo Tomé.

En junio de 2018, cuando la denunciante estaba comenzando su carrera militar (con 21 años), el capitán Díaz era su superior inmediato. En este contexto, “realizó un número indeterminado de manifestaciones inapropiadas, intimidatorias y de índole sexual, tanto verbales como escritas vía whatsapp, referidas a las características físicas y cualidades” de la cabo.

En agosto de 2019 la mujer debió ser intervenida a raíz de la ingesta de pastillas. Se constató que sufría una crisis de angustia, que según sostiene la causa federal estuvo motivada en el hostigamiento que venía sufriendo.

El fiscal encuadró el accionar de Díaz en el artículo 249 bis del Código Penal: “El militar que en sus funciones y prevalido de su autoridad, arbitrariamente perjudicare o maltratare de cualquier forma a un inferior, será penado con prisión de seis (6) meses a dos (2) años, si no resultare un delito más severamente penado”.

Luego, el capitán fue indagado y procesado por el juez Federal Marcelo Bailaque, quien sostuvo que “es posible afirmar que Díaz maltrató y perjudicó arbitrariamente a la ex cabo mediante la realización reiterada y sistemática de actos hostiles y humillantes mientras se desempeñó como su autoridad superior jerárquica”.

“Las mujeres tenemos mucho para aportar desde la política. No solo estamos para la foto, cumplir con un cupo o para aplaudir desde un costado de la mesa. Las mujeres podemos y queremos ser protagonistas del destino de nuestro país”, señaló la senadora nacional Carolina Losada durante el primer encuentro en la provincia de Santa Fe organizado por la Red de Mujeres por la Democracia -Women’s Democracy Network (WDN) que tiene como objetivo promover y potenciar el rol de las mujeres en los distintos espacios políticos y de decisión.

Esta organización internacional está dedicada al empoderamiento político de mujeres líderes, comprometidas con el fortalecimiento de las democracias paritarias mediante la realización de distintos talleres de capacitación para candidatas.

La participación de la senadora nacional y vicepresidente del Senado fue a su vez un ejemplo presente en el encuentro realizado en la capital provincial. “Queremos prepararnos juntas y compartir nuestras experiencias para que las mujeres podamos generar campañas electorales exitosas que nos permitan acceder a cargos públicos”, señaló Losada, en referencia a las acciones y testimonios que se compartieron durante la jornada que se enfocó en brindar y poner a disposición, diferentes herramientas para la planificación de campañas, estrategias de comunicación política, liderazgo, negociación, construcción de imagen personal y discurso con perspectiva de género.

“Las mujeres con fuerte vocación política tienen que estar preparadas para ocupar cargos de decisión en caso de que decidan ser candidatas, por eso nos parece sumamente importante que al mismo tiempo, nos comprometamos con transversalizar la perspectiva de género, aprender la una de la otra, potenciarnos juntas, trabajar codo a codo para que las mujeres podamos, cada vez más, estar presentes en los lugares de decisión y no ser sólo un elemento necesario para la foto o que nos sigan sentando al costado de la mesa”.

“El liderazgo femenino tiene atributos muy importantes que nuestro país no debería perderse y es por eso que, en nuestra condición de mujeres, más allá de la bandera política, tenemos que potenciarnos, seguir rompiendo esas barreras históricas para romper con los modelos del pasado”, agregó.

Durante su participación, la vicepresidente del senado dijo: “Si una mujer entra en política, la que cambia es la mujer, pero si entran muchas cambia la política”. “Fíjense cuántas somos hoy acá. Cuando me metí a trabajar en política, lo hice porque quería cambiar las cosas, entonces si somos tantas las que queremos cambiar las cosas, estoy segura que lo vamos a lograr”, finalizó.

El curso, que no tiene un fin partidario exclusivo, es parte de la tercera edición del entrenamiento para candidatas “Ask Woman To Run”, una adaptación del programa de la universidad de Yale, busca potenciar las capacidades de las mujeres para liderar en clave de género y alcanzar posiciones de decisión en los tres poderes del estado, movimientos sociales, partidos políticos, organizaciones sindicales y de la sociedad civil.

Se presentó la capacitación en género, correspondiente a Ley Micaela, destinada a personal e integrantes de la cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe.

La ley N° 27.499, conocida como “Ley Micaela”, establece la capacitación obligatoria en la temática de género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.

Con esta acción, el Senado ratificó su compromiso con el cumplimiento de dicha capacitación a través de la realización de un trabajo conjunto con el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la Provincia, entidad que, según dicta la norma, cumple el rol de autoridad de aplicación.

En este sentido, la vicegobernadora y presidenta del Senado, Alejandra Rodenas, expresó: “Es un día histórico porque estamos abriéndoles las puertas de este recinto a dos personas, Andrea y Yuyo, que representan una lucha individual pero que tuvieron la enorme capacidad de convertirla en una lucha colectiva. Ellos transformaron el dolor y la pérdida en un instrumento y dispositivo interesante y eficaz que permite el desarrollo de un aprendizaje transversal que hoy, llega al Senado de Santa Fe”.

“El Gobierno de Santa Fe tuvo a las políticas de género como una prioridad desde el inicio de la gestión. A lo largo y a lo ancho de todo el territorio las políticas de género hoy son una realidad porque hay un contexto político que las sostiene”, concluyó Rodenas.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Género y Diversidad, Florencia Marinaro, señaló que, por decisión del gobernador Omar Perotti, asumimos el compromiso de que la ley Micaela no sea sólo para sujetos obligados sino que llegue a cada rincón de la provincia, que llegue a clubes, sindicatos, colegios profesionales, asociaciones civiles, entre otros. Hoy estamos presentando esta capacitación para que trabajadores y trabajadoras del Senado puedan formarse en perspectiva de género y derechos humanos. Es un hecho histórico que quienes sancionan las leyes puedan realizar esta capacitación para poder transformar la vida de los santafesinos y santafesinas”, concluyó.

El acto contó con la especial presencia de Néstor “Yuyo” García y Andrea Lescano, padres de Micaela García, quienes en sus discursos sostuvieron que el camino iniciado no tiene banderas porque es de todos y todas: “La ley Micaela tiene que ser situada a cada realidad porque cada lugar es un mundo”, dijo Andrea en referencia a la aplicación territorial de la normativa y sentenció: “Nunca nadie ya está deconstruido”. También estuvieron presentes el secretario de Formación y Capacitación para la Igualdad, Luciano Fabbri; y la directora de Capacitación, Sol Rodríguez.

El curso de capacitación está estructurado en tres módulos; el primero plantea un recorrido por conceptos vinculados con el enfoque de género y diversidad. El segundo aborda la problemática de la violencia por motivos de género. Y el tercero se focaliza en la transformación de las prácticas a través de la incorporación de la perspectiva de género y diversidad.

El Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat organizó este jueves una mesa de trabajo y de intercambio de experiencias sobre la implementación de políticas con perspectiva de género en la planificación y diseño de la obra pública en la provincia de Santa Fe.

De la jornada participaron las ministras de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, y de Igualdad, Diversidad y Género, Florencia Marinaro; la directora de Relaciones Institucionales del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, María Pía Vallarino; la coordinadora de Políticas de Género y Diversidad del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, Florencia Moragas; autoridades de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), representantes de la Uocra y funcionarias provinciales de diferentes áreas del Ministerio de Infraestructura.

En la oportunidad, Frana destacó que “desde el inicio de la gestión, el gobernador Omar Perotti nos encomendó abordar la obra pública como una verdadera herramienta de inclusión e igualdad de oportunidades, y así nos pusimos a trabajar en el diseño y la implementación de estrategias para introducir en el mundo de la obra pública la mirada de género, y de esta manera, incorporar trabajadoras y disidencias al trabajo formal y fomentar la capacitación como estrategia de crecimiento del sector”.

“Desde esta perspectiva, buscamos disminuir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres en el mundo de la obra pública, que es uno de los principales dinamizadores de la economía tradicionalmente ocupado por masculinidades, y en este sentido, estamos desarrollando diferentes programas con esta mirada: en la construcción de los Centro de Desarrollo Infantiles, de los jardines pospandemia, de viviendas y soluciones habitacionales. Pero también entendemos que es necesaria la progresividad en la inclusión de nuevas normas para construir los consensos y contextos necesarios para su aplicación en normativas y políticas públicas”, aseguró Frana.

Finalmente, la ministra señaló que “fue muy rico el intercambio de experiencias y la posibilidad de sistematizar todas estas tareas e incorporar a la provincia a la Red Federal de Género y Diversidad. Por eso también fue muy importante la participación de nuestra ministra de Género, Florencia Marinaro. Por lo que considero como muy positiva y convocante el encuentro, para un programa de acción concreta que integra las acciones que ya estamos llevando adelante a este esquema federal”.

Por su parte, Marinaro manifestó que “hoy tuvimos una reunión necesaria y muy fructífera para abordar estos temas que, quizás a simple vista, parecieran que no tienen mucho que ver con género y diversidad y en realidad sabemos que esa mirada en este Gobierno es transversal. Sabemos que lo que se invierte en infraestructura tiene un fuerte potencial para cambiarle la vida a las mujeres y a las diversidades como, por ejemplo, la planificación y ejecución de infraestructura destinada al cuidado de las personas, una tarea altamente feminizada”.

“Uno de los pedidos de Omar Perotti es que Género no sea un compartimento estanco, por lo que es destacable que estemos aquí discutiendo cómo mejorar la obra pública para imprimirle aún más la mirada de género, algo que el Ministerio de Infraestructura ya está haciendo, para que sumen a las iniciativas que ya tenemos desde el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, como la creación de lactarios en parques industriales y todo lo que tiene que ver con nuestro programa Cuidar Santa Fe”, concluyó la ministra de Género.

Finalmente, Vallarino precisó que “la reunión trató de poner en común la agenda que cada uno está llevando al frente de su organismo y dentro de ambos ministerios de Infraestructura, el rol de las mujeres, los desafíos que se presentan y la agenda de este año”.

“Santa Fe tiene una agenda muy adelantada en materia de género, porque tiene un gabinete paritario y tiene funcionarias en sectores que son tradicionalmente ocupados por varones. Una cantidad de iniciativas y de políticas públicas muy innovadoras y mucha articulación también con las políticas nacionales, tanto en la agenda de género como en la de obra pública”, valoró.

Fue presentado en el Proyecto de Presupuesto para el próximo año y por tercer ejercicio en forma consecutiva durante el gobierno de Omar Perotti, el Anexo complementario indicado como Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG), que en esta edición incluye 48 programas llevados adelante por 12 ministerios, gobernación y dos empresas provinciales.

Esta iniciativa se viene implementando desde el año 2021 a partir del trabajo conjunto entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, con el apoyo del financiamiento económico y técnico de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).

El Presupuesto con Perspectiva de Género es una herramienta que favorece la transversalización de la perspectiva de género en la gestión de la política pública. Ello resulta estratégico, ya que, si bien el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad debe, según su ley de creación, cumplir determinadas misiones y funciones, no puede abarcar hacia su interior acciones que son tareas específicas de otros ministerios (Salud, Educación, Trabajo, entre otros).

“Esta herramienta de gestión le permite al gobierno provincial poder incidir o identificar las acciones que ya realizan el resto de las carteras ministeriales y que incluyen, directa o indirectamente, las problemáticas que atraviesan las mujeres y disidencias de forma tal que desde el proceso de formulación, ejecución y evaluación de las acciones de política pública tengan en cuenta las diferencias de acceso, las brechas, el uso del tiempo entre varones, mujeres y disidencias, permitiendo promover la autonomía de mujeres y diversidades”, sostuvo la subsecretaria de Planificación, Evaluación y Cooperación Estratégica de Políticas de Políticas de Igualdad, María Eva Bellini.

Además, agregó que “es importante resaltar que este proceso metodológico es una línea de trabajo que tiende a ser acumulativa año tras año, y que no resulta acabada, es decir, pueden existir aún más acciones de política pública que tengan incidencia en disminuir brechas de género y no se encuentren etiquetadas para el año 2023”.

“El trabajo metodológico de identificación de cada acción de política pública implica etiquetar, a partir de diferentes interrogantes, si la misma contempla la perspectiva de género utilizando diferentes enfoques según la situación problemática que le da origen a esta acción, la forma en que se ejecuta o realiza, o por sus efectos o resultados”, señaló más adelante.

También, expresó que “asimismo, dicha identificación se cruza con poder distinguir si el financiamiento se encuentra dirigido específicamente a atender una situación donde la igualdad de género es un aspecto central o solo se considera la igualdad de género como complemento de la situación problemática que buscar resolver de forma indirecta. Para la primera situación se considera la totalidad del crédito financiero asignado a dicha acción, mientras que para la segunda se considera una ponderación del gasto equivalente al 40% según el criterio adoptado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​”.

Por otro lado, la funcionaria remarcó que “un último aspecto que se incorporó desde el PPG para el año 2022 es la infraestructura de cuidados, pasando de identificar 74 proyectos de obras principalmente referidas a cuidados en primeras infancias a 130 proyectos de obras para el año 2023. Las obras identificadas implican una inversión de 21.408 millones de pesos abarcando obras de salud, viales, energía, y agua”.

“En total, entre los programas y proyectos de obras identificados para el Presupuesto con Perspectiva de Género del año 2023, se proyecta una inversión de más de 77 mil millones de pesos”, finalizó la funcionaria.

En relación al primer PPG presentado por la presente gestión de gobierno en el 2021, la cantidad de acciones de política pública con impacto en género creció significativamente. Para el primer año, se identificaron 13 acciones, mientras que para el año 2022 las acciones identificadas crecieron a 25, más las obras de infraestructura de cuidados. En este sentido, se finalizará el año 2023 con 48 acciones identificadas y alcanzando más de 130 proyectos de obras de infraestructura.

Este proceso marca un fuerte avance en la transversalización de la perspectiva de género en la gestión pública. El avance del proceso metodológico permite visualizar que no se requiere modificar la totalidad de las acciones de política pública ni pensar exclusivamente en programas específicos para mujeres y disidencias, sino que resulta pertinente que las acciones existentes incluyan la perspectiva de género desde su formulación, ejecución y evaluación.

Pie de foto: La subsecretaria de Políticas de Igualdad, María Eva Bellini destacó los alcances de los 48 programas del gobierno provincial con perspectiva de género.

Dr. Claudio Heredia, Juez de Familia de Venado Tuerto.

Un Juzgado de Familia siempre refleja realidades sociales, en función de las causas que ingresan, y esto sucede también en Venado Tuerto, desde su creación hace una década. Desde fines de 2021, Claudio Heredia es el responsable del Juzgado de Familia de la 3° Circunscripción Judicial, en el rol de subrogante. Y el Derecho de Familia no es una especialidad nueva para él, pues además de haberla desarrollado en el ejercicio libre de la abogacía, actuó cinco años como director del Instituto de Familia del Colegio de Abogados regional. Allí, desde el otro lado del mostrador, descubría día tras día qué hacía falta cambiar para brindar un mejor servicio de justicia en esa rama caracterizada por el volumen y la emotividad de las problemáticas.

Previo a su ingreso, el juzgado del primer piso de los Tribunales de San Martín al 600 había estado un año sin un magistrado propio (desde la jubilación de su titular Nancy Grasso), y si bien cubrieron ese espacio, alternativamente, los jueces en lo Civil y Comercial, María Celeste Rosso y Gabriel Carlini, ellos mantenían sus actividades y era imposible abordar con buen ritmo la demanda cotidiana del único juzgado de temáticas familiares del sur sur provincial.

Hoy, con los expedientes casi al día, Claudio Heredia dedica 10 horas diarias a la función, en su despacho o en la zona, y una decena de audiencias cada día. Aun así, dijo que es indispensable la apertura del nuevo Juzgado de Familia que ya está aprobado para Venado Tuerto, pero aún sin asignación presupuestaria.

Sobre la actualidad de la repartición, sostuvo que “de acuerdo a las reformas introducidas en el Derecho de Familia, se busca que el juez sea proactivo, y en lugar de apagar incendios, busque evitarlos. A mí me gusta escuchar a la gente en las cuestiones de familia, tomando audiencias en el lugar; la clave es saber escuchar y brindar seguridad jurídica a través de la imparcialidad”. Y acotó que con su equipo intervienen en todos los conflictos de índole familiar, como divorcios, cuota alimentaria, responsabilidad parental, protección integral de la niñez en situación de vulnerabilidad y salud mental.

En 2010, tras la jubilación de Marcos Ferrarotti, Heredia ocupó por casi dos años el Juzgado Civil y Comercial de la 2° Nominación, que en esa época tenía a su cargo los asuntos de familia, ya que el Juzgado de Familia se creó en 2012. Y recuerda que mientras cumplió esa función, hace más una década, “observaba un crecimiento exponencial de los casos de violencia familiar, y luego, otra vez en el ejercicio de la profesión, como abogado, también veía ese desmadre. Hoy, en el Juzgado de Familia, recibimos 10 o 12 denuncias por día de violencia familiar, con algunos picos de 33 en un fin de semana largo”, graficó, y ratificó que la explosión se dio a partir de la pandemia.

“Estos casos de violencia familiar exigen la adopción de medidas urgentes y por lo general actúa en primer lugar el fiscal del Ministerio Público de la Acusación; en el Juzgado de Familia recibimos las denuncias en la mañana y en un par de horas están todas las notificaciones realizadas. Y si la Fiscalía decidió una exclusión de hogar, nosotros verificamos que se lleve a cabo, siempre a partir de la atenta escucha a las personas involucradas, en el marco de una audiencia para interiorizarnos de la problemática”, ilustró Heredia.

“Por lo común, la mujer que presenta una denuncia ya atravesó una serie de circunstancias, como bien lo resume una campaña de concientización contra la violencia de género cuyo eslogan era: ‘El golpe es el último acto de violencia’. Entonces, ante la denuncia, el Estado no debe responder con indiferencia ni liviandad, sino a través de medidas urgentes y eficaces, por ejemplo, exclusión del hogar de la persona denunciada. Hay veces en que no basta con esa medida -agregó-, sino que se contemplan rondas de custodia policial o botón de pánico. Claro que también se constata si hay golpes y lesiones, pero ésa es tarea de los fiscales que investigan penalmente; mi responsabilidad es la protección de esa mujer y esos niños en situación de vulnerabilidad, es decir que la prioridad es la medida preventiva, y luego, en conjunto con el MPA, se dilucida si realmente hubo golpes o lesiones”.

En igual sentido, precisó que la aplicación de la Ley Integral de Protección a la Mujer invita a evaluar las situaciones “con perspectiva de género” y añadió que no todos los episodios violentos se vinculan con la agresión física, sino que también los hay en los planos psicológico, económico, emocional y sexual.

“Yo soy partidario de imponer sanciones severas a quienes incumplen una cuota alimentaria o un régimen de comunicación, porque se trata de derechos humanos reconocidos en convenciones internacionales y donde están los niños de por medio. Dichas sanciones pueden ser pecuniarias, a través de multas por incumplimiento o multa diaria (por cada día de atraso), o bien conminatorias, que pueden ir desde el retiro de una licencia de conducir hasta la aplicación de un trabajo comunitario”, sostuvo el juez Heredia.

“Siempre digo que el juez de Familia debe hacer docencia y acompañar de cerca la problemática. Sería más sencillo dictar una resolución sin verle las caras a los involucrados, pero no concibo la Justicia con esa frialdad, y menos aún en el área de Familia, porque no estamos litigando el cobro de un cheque o de un pagaré, sino que estamos hablando de emociones”, redondeó.

Si bien a principio de año el Juzgado de Familia y el Ministerio Público de Acusación diseñaron estrategias a los efectos de brindar un servicio de justicia ágil y eficiente, Claudio Heredia admitió que “hay infraestructuras que no dan abasto”, dimensionó que en estos momentos “hay 10 mil expedientes activos en el Juzgado de Familia” y recordó que el organismo a su cargo es el único en la 3° Circunscripción con especificidad en la materia, en tanto que los juzgados de Firmat, Melincué y Rufino, si bien atienden cuestiones de familia, son de fueron pleno, con mayor incumbencia en temas civiles y laborales.

El Gobierno provincial cerró la preinscripción a la línea de formación Economía del Conocimiento con Perspectiva de Género con más de 2.000 personas preinscriptas. La propuesta, que se encuentra enmarcada dentro del programa Santa Fe Capacita, busca que mujeres y personas de la diversidad sexual mejoren sus condiciones de empleabilidad formando talento en habilidades digitales.

El objetivo central de este programa es lograr la autonomía económica de mujeres y diversidades sexuales, reduciendo las desigualdades estructurales existentes en el acceso a derechos. Se busca generar herramientas para aumentar los conocimientos técnicos, habilidades y actitudes del talento local. A su vez, se incentiva a la articulación público-privada, incorporando al sector empresarial en los compromisos que ayuden a reducir brechas.

El programa es llevado adelante de manera conjunta por los ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de Igualdad, Género y Diversidad, y de Producción, Ciencia y Tecnología, y “busca brindar herramientas para que las mujeres y las personas de la diversidad sexual mejoren su empleabilidad en un sector pujante, con mucha necesidad de mano de obra calificada”, sostuvo la ministra de Igualdad, Género y Diversidad, Florencia Marinaro.

“Este número de personas preinscriptas demuestra justamente la necesidad de formarse en estas áreas del conocimiento y en ese sentido estamos muy orgullosas de haber logrado una articulación que permita la realización de estos cursos”, dijo Marinaro, quien agregó que “teniendo en cuenta la alta demanda también se definió lanzar una segunda edición que contemple nuevas cohortes para quienes no queden seleccionados o seleccionadas en esta instancia”.

Mientras, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri, sostuvo que “valoramos la necesidad de generación de oportunidades en un campo que hoy tiene todo para expandirse, por ello, desde una vocación igualadadora convocamos a las mujeres y disidencias a formarse en diversos cursos que les brinden herramientas para desenvolverse en el plano de la economía del conocimiento”.

El ministro remarcó también que “este programa brinda una respuesta a las desigualdades en el acceso a espacios específicos de conocimiento donde se busca capacitar a personas para que puedan incorporarse al sector productivo, desde una perspectiva de género. De esta manera, el gobierno de la provincia de Santa Fe apuesta a la producción del trabajo y esta fuerte vinculación con el sector privado, es la clave para el desarrollo de las comunidades”.

Finalmente, la secretaria de secretaria Ciencia, Tecnología e Innovación, Marina Baima, expresó que “el interés por formarse muestra el potencial que tiene la provincia en innovación y el desarrollo de una economía basada en el talento y el conocimiento. Desde el Gobierno de Santa Fe queremos un ecosistema que construya los desafíos del futuro, por eso trabajamos iniciativas sobre el talento como un modelo que une a la academia, el sector privado y al Estado en plena cooperación, y este programa es el reflejo de esto”.

Quienes se preinscribieron recibirán las confirmaciones vía correo electrónico, por lo que se solicita que revisen la carpeta “spam” o “correo no deseado” a la espera de la confirmación o de requerimientos de más información para completar el proceso.

Las capacitaciones a las que las personas interesadas pudieron preinscribirse son: Introducción a la Programación y Desarrollo Web, Programación Angular, Programación Net, Alfabetización Digital, Diseño para Redes Sociales con Illustrator y Photoshop, Marketing Económico para Emprendedores, Community Manager y Marketing Digital y Comercio Electrónico y Programación Full Stack.

Los cursos son gratuitos y con modalidad virtual, presencial o híbrida, estarán a cargo de las organizaciones Potrero Digital, Cooperativa Redjar, Contratá Trans y Cooperativa Profesionales de Informática Santa Fe (Coprinf). Cada curso otorga el correspondiente certificado.

La economía del conocimiento es el conjunto de actividades económicas que requieren de recursos humanos que generan valor y ofrecen a la sociedad nuevos productos y servicios para ser aprovechados por todas las ramas de la producción. En Argentina concentra el 12% de las empresas y el 13% del empleo registrado privado, constituyendo el cuarto complejo exportador del país. En la provincia de Santa Fe se encuentra en plena expansión, contemplando alrededor de 2.700 empresas que emplean a más de 48 mil personas.

El programa Santa Fe Capacita, llevado adelante por el Ministerio de Trabajo, busca mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas desocupadas y/u ocupadas con necesidades de recalificación, a través de proyectos de capacitación laboral, para una posterior vinculación con posibilidades concretas de inserción laboral, prestando especial atención a los colectivos vulnerables.

En el marco de los actuales cambios tecnológicos y de empleabilidad, la economía del conocimiento ocupa un lugar relevante y se encuentra en plena expansión.

En este sentido, los ministerios de Igualdad, Género y Diversidad y de Trabajo Empleo y Seguridad Social, a través de la Dirección Provincial de Formación y Capacitación, propone la creación de una línea específica de formación dentro del programa “Santa Fe Capacita” que priorice el acceso de mujeres y personas de la diversidad sexual a formaciones de la economía del conocimiento que mejoren las condiciones de su empleabilidad.

El juez Rodolfo Mingarini fue destituido de su cargo por unanimidad de los integrantes del jury de enjuiciamiento, que avaló las acusaciones por mal desempeño del magistrado, sobre todo en casos de violencia de género.

Ofició de vocero del tribunal el diputado Maximiliano Pullaro, uno de los integrantes del cuerpo, que formuló declaraciones a la prensa al término de la reunión, que se desarrolló a puertas cerradas, mientras fuera de Tribunales se manifestaban organizaciones de mujeres.

El legislador indicó que se unificó el pronunciamiento, al que algunos miembros del tribunal adhirieron en su totalidad, y otros lo hicieron con sus propias consideraciones. Pero que se trató de una decisión unánime, que tuvo en cuenta “la falta de perspectiva de género en diferentes fallos, pero además la existencia de un patrón. Por eso se entendió que no podía permanecer como juez de la provincia de Santa Fe”.

La denuncia fue formulada por el procurador Jorge Barraguirre y toma en cuenta nueve resoluciones en las que intervino Mingarini. En términos generales, Barraguirre denunció al juez por falta de idoneidad técnica al momento de resolver en los conflictos judiciales, por lo que incumplió el artículo 88 de la Constitución Provincial que argumenta que los “magistrados y funcionarios del ministerio público son inamovibles mientras conserven su idoneidad física, intelectual y moral y el buen desempeño de sus funciones”. Además, considera que cometió una falta grave al Código de Ética que tienen los jueces y magistrados del Poder Judicial y que fue adaptado por la Corte Suprema de Santa Fe en el acuerdo N°10 del 20 de marzo del 2002. El mismo contempla los derechos de las mujeres.

El tribunal estuvo integrado, además de Pullaro (en representación de la Cámara de Diputados), por el senador Armando Traferri (por Senadores), Julio Pagano y Héctor Ferrero, de los Colegios de Abogados de Reconquista y Rafaela; y los seis ministros de la Corte, Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Mario Netri, Daniel Erbetta y María Angélica Gastaldi.

En la tarde de este martes se desarrolló, en la Sala de las Mujeres de la Casa del Bicentenario de la ciudad de Venado Tuerto, una actividad de “Capacitación sobre Violencia de Género, y actuaciones en lo administrativo y Judicial”, a cargo de la fiscal de la Circunscripción Judicial N°3 Dra. Andrea Cavallero, el Comisario Supervisor Dr. Rodrigo Domínguez, el Inspector Dr. Alejandro Riera, destinada a personal a cargo y responsable de las distintas dependencias de la Unidad Regional. El objetivo es jerarquizar la labor de nuestras fuerzas de seguridad adecuando sus conocimientos y brindando nuevas herramientas para poder dar respuesta eficaz a las nuevas realidades sociales con perspectiva de género. La actividad se desarrolló en cumplimiento con la Ley Provincial 13.891 y el Decreto Reglamentario 192/2020 “Ley Micaela”, del gobierno de la provincia de Santa Fe.

Se contó con la presencia del Jefe de Unidad Regional, Director Daniel Acosta, Jefe de AUOP Comisario Supervisor Anselmo Rocca, Jefe de Agrupación Cuerpo Comisario Supervisor Evers Iriarte y el Coordinador del Ministerio de Seguridad Dr. Sergio Maidana.

(Télam) – La figura de la “reina” y los concursos de belleza con los que culminaban las más de 300 fiestas nacionales y otras cuantas provinciales fueron eliminados en más de 70 ciudades y carnavales de todo el país desde 2013, en el marco de la creciente problematización de la violencia simbólica en la que se incurre al fomentar este tipo de certámenes.

Más de medio siglo atrás, comenzaron en numerosos pueblos y ciudades argentinas las primeras ediciones de sus respectivas fiestas tradicionales, con el objetivo de fomentar el turismo y la economía de cada región.

Los más particulares aromas, sabores, creencias, danzas, música y vestimentas autóctonas convocaron desde entonces a grandes afluencias de turistas para la Fiesta Nacional del Chamamé, en Corrientes, la de la Vendimia, en Mendoza o la de la Cerveza, en Villa General Belgrano, entre otras.

La gran mayoría de estas celebraciones finalizaba con la elección de una “reina”, jóvenes mujeres que eran evaluadas, principalmente, por su aspecto físico y que en muchos casos eran acompañadas de una “reinita” de entre tres y seis años.

Pero desde 2012 se comenzó a sentir con cada vez más fuerza el reclamo encabezado por el movimiento feminista en Argentina, a partir del cual se instaba al Estado en todos sus niveles a dejar de avalar estas instancias en las que “se incurre en violencia simbólica contra las mujeres”.

Las pioneras en este cuestionamiento fueron un grupo de mujeres de Bahía Blanca, pertenecientes a la organización Acciones Feministas.

Considerando la existencia ya de la Ley 26.485, que establece a la violencia simbólica como un tipo de agresión contra la mujer, “era una contradicción que el Estado convocara a cosificar y elegir como si fuese un adorno a una mujer en una fiesta popular, bajo patrones claramente sexistas”, manifestó a Télam Verónica Bajo, integrante de Acciones Feministas.

“Me preguntaba qué tenía que ver la mujer con la producción de calamares y langostinos”, contó la activista feminista acerca de los inicios de esta problematización que ellas iniciaron precisamente con la Fiesta Nacional del Calamar y el Langostino, que se celebra cada año en su localidad.

Por su parte, Perla Prigoshin, la directora de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género (Consavig), dependiente del Ministerio de Justicia, expresó que “para que se llegue a matar a una mujer primero se deben instalar determinadas ideas en la subjetividad, la violencia simbólica está en el germen de todas las violencias”.

El problema radica en que, a través de ciertos criterios de selección como la altura, el peso, el color de ojos, tez y pelo, la soltería y la edad, se envía “un mensaje a todas las mujeres”, estableciendo determinados estereotipos que ponen a muchas mujeres en “verdaderas situaciones de riesgo”, en muchos casos traducidos “en desórdenes alimentarios”.

“Nosotras presenciamos situaciones en las que les medían las piernas a las participantes y nos hicieron llegar casos en los que debían dejar bajo declaración jurada sus medidas y luego se cotejaban”, relató Bajo.

Desde Acciones Feministas recurrieron entonces a la Consavig, que desde sus inicios trabajaba con violencia simbólica y que desde 2013 impulsó la campaña nacional “Ciudades sin Reinas”, entendiendo que la promoción de estos certámenes condena a muchas mujeres a la “frustración permanente”. En 2014, Chivilcoy fue la primera ciudad en “dejar el reinado” y recién en 2016 se le sumó Bahía Blanca

Actualmente son 74 las localidades que eliminaron estos certámenes o los reemplazaron por otras actividades. Buenos Aires y Río Negro son las provincias con más ciudades adheridas, con 17 y 11 respectivamente, según los datos de la Consavig.

En el conteo no están consideradas sin embargo las ciudades que sólo cambiaron el nombre de “reina” por “embajadora” sin modificar las características evaluadas, ya que en definitiva a lo que se apunta es a la “erradicación de los concursos de belleza”.

Al respecto, la abogada afirmó que “cada vez se entiende más el sentido de terminar con los concursos por lo corrosivos que son”, aunque remarcó que es necesario seguir avanzando por las localidades que aún los mantienen.

Los argumentos de quienes están en contra apuntan a que esto “siempre fue así” y que ayuda a fomentar el turismo, “como si lo único que pudiese promover el turismo de un pueblo fueran los cuerpos de las mujeres”, cuestionó Prigoshin y afirmó que no se trata de “dejar la tradición ni el turismo, sino dejar de cosificar mujeres”.

En este sentido, la directora nacional de Fiestas Nacionales y Eventos,Fernanda Rodríguez, señaló que “el rol de las mujeres en los festejos no es un tema menor” y aseguró que trabajar por la igualdad de género “tiene un impacto positivo directo sobre la economía por lo que las mujeres representamos como trabajadoras de la industria, y las Fiestas Populares no escapan a esto”.

Además, manifestó que “de ninguna manera afecta o afectará los objetivos turísticos y/o económicos de los festejos; todo lo contrario, nutrirá los mismos haciéndolos cada vez más participativos e igualitarios”.

Por su parte, Gisela Estremedor, coronada como Reina Provincial del Agricultor en General Conesa y luego princesa de la Fiesta Nacional de la Manzana de 1999 en General Roca, señaló a Télam que estos concursos no hacen más que reforzar “los estereotipos de mujer y la gordofobia imperante”, entre otros aspectos, ya que “no había ni una mujer que se corriera de la norma”.

“Si bien mi experiencia personal no fue traumática, pensar esto en términos individuales no sirve, sino que es necesario poner en perspectiva que nada tiene que ver con las fiestas tradicionales que un grupo de varones eligiendo a una mujer por cómo luce”, expresó la rionegrina, quien actualmente reside en Bahía Blanca.

La elección de la Reina del Agricultor fue eliminada en 2020, al igual que la de la Reina de la Manzana a partir de la decisión de la intendenta de General Roca, María Emilia Soria.

“Algunas conquistas parecen menores pero cuando la resistencia es tan grande hay que celebrarla y seguir avanzando”, concluyó la “exreina”.

El Primer Encuentro Provincial de Mujeres y Disidencias de la Música, denominado “Caminos recorridos y obstáculos por vencer”, será una jornada que contará con charlas, conversatorios, talleres y música. La actividad se llevará a cabo este domingo, desde las 15 horas, en el Molino Fábrica Cultural de la ciudad de Santa Fe.

El encuentro provincial tiene por objetivo conocer, intercambiar y debatir acerca de la participación y los roles que tienen las mujeres y disidencias en la música, además de consolidarse como un espacio de visibilidad, participación y comunicación hecho por y para las mujeres y disidencias músicas (cantautoras y cantautores, instrumentistas, compositoras y compositores, productoras y productores, entre otras). “Ser un punto de referencia tanto para músicas emergentes como para músicas consagradas”, señalan desde la organización.

Al mismo tiempo, busca generar un espacio de aprendizaje, formación y reflexión para favorecer el avance hacia la equidad real, un empoderamiento que impulse un cambio en la escena musical y se propone investigar la situación de la mujer y disidencias en la música de Santa Fe y Argentina de forma interseccional (identidad de género, etnia, clase, orientación sexual, residencia).

– Inicio Musical: “Ensamble de bombos, folklore feminista”.

-Presentación de “Brotecitos“, cancionero travesti-trans-no binario con Paula Rivera, vice presidenta de INAMU.

– Charla Mujeres Instrumentistas en escena: Rocío Elizalde-Trombonista, licenciada en música- integrante de Latido Americano, escuela de percusión corporal; Andrea Gracia, licenciada en percusión y composición; Fernanda Lagger, saxofonista y docente; Elina Goldasck, flautista e investigadora. Modera: Luisina Vanoni, cantante y profesora.

– MUJERTROVA: “cantautoras, un plano artístico y social” con Ana Suñe, cantautora y Paula Ferré, de Buenos Aires, fundadora del movimiento MUJERTROVA.

– Vocalidades disidentes: “Disparadores y reflexiones para una pedagogía vocal no binaria” con Luchi de Gyldenfeldt, licenciada en Artes Musicales Orientación Canto Lírico, titular de cátedra canto disidente de la UNA (Universidad de las Artes Buenos Aires).

Modera: Susana Caligaris, cantante lírica, profesora de canto y fundadora Santa Fe Lírica.

– Taller colaborativo: “Transfeminismos, músicas e identidades”, a cargo de Victoria Polti, flautista y performer, antropóloga de Bs. As. Moderadora: Cecilia Arellano, cantante y profesora de canto.

– Conversatorio: “Ley de Cupo en festivales de música”, a cargo de Celsa Mel Gowland , ex vicepresidenta del INAMU.

– Cierre a cargo de Copla- Rap/ Itatí Barrionuevo & Maca Revolt.

A 15 años de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), referentes en la temática coincidieron en que la norma implicó un “cambio de 180 grados” en el abordaje de la sexualidad en la escuela y que “abrió caminos” hacia a otros hitos del acceso a derechos, como el matrimonio igualitario y la IVE. “La sanción de la ESI fue el inicio de un camino a construir que recuperaba reclamos de la sociedad civil y experiencias educativas aisladas, para plasmarse en el reconocimiento de un derecho que iba a llevar a la implementación de otros”, dijo a Télam Celeste Adamoli, directora de Educación para los derechos Humanos, Género y ESI de la cartera educativa nacional. Para la funcionaria, la ley marca “un cambio de paradigma” tanto por su condición de integralidad” como porque desde un inicio “entró en diálogo con toda una agenda de derechos”.

Sancionada el 4 de octubre de 2006, la ley 26.150 establece el derecho de todos los y las estudiantes a recibir contenidos de educación sexual integral en las escuelas públicas y privadas del país, desde el nivel inicial hasta la formación técnica no universitaria y el nivel superior docente; entendiendo por integralidad la articulación de “aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos”, que deben ser abordados de manera transversal. Además, crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral cuyos lineamientos son de cumplimiento obligatorio por todas las jurisdicciones a partir de “acciones sistemáticas” diseñadas por cada institución “en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros”. La especialista de FUSA, organización dedicada a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes, Daniela Giacomazzo, explicó que “toda educación es sexual, pero existen diferentes tradiciones o paradigmas que coexisten en tensión”. “Por un lado, está el paradigma moralista que se propone atrasar el inicio de las relaciones sexuales, que concibe un solo modelo de familia, promueve la abstención y tiene una visión amenazante de la sexualidad”, dijo. “Luego está el modelo biomédico basado en la genitalidad que solo habla de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) y los embarazos adolescentes, con un acercamiento a la sexualidad como una práctica con efectos no deseados”, agregó. En cambio, la ley 26.150 se inscribe en el “enfoque integral” que implica pensar a la sexualidad “desde perspectiva de derechos, crítica y con involucramiento de la comunidad educativa”, que además “fomenta la igualdad de género, el respeto a la diversidad, el diálogo intergeneracional y un acercamiento positivo a la sexualidad como disfrute”. “Antes la educación sexual no era obligatoria y estaba ligada a contenidos curriculares específicos, como biología y el cuidado de la salud”, dijo Adamoli.

La presidenta de la Asociación Argentina de Educadores Sexuales (AAED) Marta Cerutti, explicó que por entonces las charlas y talleres eran “a demanda”, y se organizaban cada vez que “una escuela nos llamaba porque había una chica embarazada o porque necesitaban hablar de VIH”, lo que dejaba la iniciativa en manos les docentes y la educación sexual reducida a “la prevención de situaciones no buscadas”. La especialista explicó que antes de la ESI no existía un marco regulatorio específico, sino normas generales -como la ley antidiscriminatoria o la de protección integral a los derechos de niñas, niños y adolescentes- o leyes muy puntuales como la que prohíbe a los establecimientos educativos obstaculizar la cursada de alumnas embarazadas y la que creó el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable. Cerutti recuerda que “fue muy difícil” el proceso que concluyó con la aprobación de la ESI casi por unanimidad, “porque en la elaboración del proyecto participaron tanto organizaciones de la sociedad civil que trabajaban la temática como la Iglesia y algunos políticos que se oponían a todo cambio”. Pero las resistencias no se diluyeron con su aprobación, sino que persisten contra su plena implementación como lo demuestra una encuesta de percepción realizada por FUSA a unos 400 adolescentes y jóvenes todo el país según la cual el 54% recibió educación sexual pero de manera parcial y el 21% no recibió ningún tipo de instrucción al respecto. Para monitorear el cumplimiento de la ESI, el Ministerio de Educación conformó este año el Observatorio Federal ESI (OFESI) integrado por representantes de los ministerios provinciales, organismos estatales, legisladores, organizaciones docentes, estudiantiles y de la sociedad civil, universidades y agencias ONU. “Hay resistencias intraescolares -falta de formación docente, un ideario institucional conservador o temores familiares por desinformación-, pero también resistencias a nivel social al empoderamiento de las niñas, niños y adolescentes (NNYA) por la persistencia de lógicas machistas, paternalistas y adultocéntricas”, dijo Giacomazzo. Por otro lado, está la resistencia organizada, como la que representan el movimiento internacional “Con mis hijos no te metas” que “se opone dentro de una lógica conservadora a la enseñanza de la ESI” y para ello apelan incluso a fake news.

En paralelo a la resistencia a la ESI, la plena implementación de esta ley fue una de las consignas de la “marea verde” (“Educación sexual para poder decidir”). En 2018 ganó espacio en la agenda pública la necesidad de reforma de la ESI que se plasmó en diferentes proyectos de ley, algunos promocionados como alternativos y no complementarios de la IVE. En general planteaban la eliminación del artículo 5 que habla del “ideario institucional”, pero también que la ley fuera declarada de orden público e incluir en su letra normas posteriores como la de parto respetado, matrimonio igualitario, identidad de género, antitrata, cupo trans y otras. “Es perfectible y necesita aggiornarse, pero es una muy buena ley que marcó un vuelco de 180 grados y un puntapié para seguir trabajando derechos”, dijo Cerutti. En ese sentido, destacó que “introdujo temas que no estaban contempladas en las currículas”, como el derecho de los adolescentes a ir solos a una consulta sobre salud sexual a partir de los 13 años o a decidir sobre sus propios cuerpos, lo que “mejoró la relación de las y los adolescentes con el sistema de salud, incrementándose las consultas”, pero también permitió prevenir e identificar situaciones de abuso. De hecho, en 2020 un informe del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires dio cuenta de que entre el 70 y el 80 por ciento de las NNYA que llegaron allí por hechos de abuso sexual, pudieron denunciarlos gracias a las clases de ESI. “Me gusta pensar la ESI como un lente que te permite mirar el mundo de otro modo, lo que implica una responsabilidad muy grande de la escuela que, como integrante del sistema integral de protección de derechos, tiene que tener los elementos para poder acompañar estos procesos”, concluyó Adamoli.

El Área de Género de la Comuna de Maggiolo, sigue capacitando en Ley Micaela N° 27499, la cual establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en funciones públicas.

El pasado 28 de julio, las trabajadoras sociales María José Bazan, Verónica Gómez, la psicopedagoga Martina Perillo, junto a la psicóloga Fabiana Feltrinelli y la profesora Débora Mondino, capacitaron al personal del Hospital Samco y al personal de la Subcomisaría N° 11 en materia de género. Debido a los protocolos de sanidad la misma fue llevada a cabo de manera online.

“Estas capacitaciones tienen como objetivo primordial transmitir herramientas y construir nuevos sentidos comunes, que cuestionen la desigualdad y la discriminación, las cuales aporten a la adquisición de estas herramientas para identificar estas desigualdades de género y poder elaborar estrategias en conjunto para su erradicación”, expresan desde la Comuna.